miércoles, 14 de febrero de 2018

UNA EJECUCIÓN EN EL ENTORNO CORRUPTO DE CÉSAR DUARTE


CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La ejecución del empresario Martín Leopoldo Anchondo Ordóñez con más de 10 disparos en septiembre de 2014 dejó dudas que no fueron resueltas por la administración de César Duarte Jáquez ni por la de Javier Corral Jurado.

Anchondo fue favorecido por el gobierno duartista como proveedor, como beneficiario de la construcción del Centro Deportivo y de Esparcimiento Familiar (Cedefam) para policías estatales en más de 35 mil hectáreas, que no se utilizó, y es señalado por productores del acuífero El Sauz-Encinillas como prestanombres de propietarios de predios que utilizan agua de pozos sobreexplotados.

También dueño de gasolineras, Anchondo fue asesinado la noche del 22 de septiembre de 2014 en la ciudad de Chihuahua, después de la visita del exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien inauguró el Cedefam con Duarte.

El empresario viajaba en su camioneta pickup GMC Denali color guinda, cuando un comando armado lo emboscó en el cruce de las avenidas Teófilo Borunda y La Junta, para acribillarlo con fusiles AK-47 y calibre 9 milímetros.

Más de dos años y medio después, su hijo Martín Anchondo Ronquillo, de 29 años, se encontraba en su casa del fraccionamiento Puente de Piedra, donde tuvo una discusión fuerte con su escolta Edgar Omar Carreón Macinas, quien lo mató y se suicidó al verse rodeado de soldados y policías.

Los agentes ministeriales catearon la vivienda de Anchondo Ronquillo, donde hallaron drogas y armas de fuego. Los primeros reportes policiacos indicaron que se trataba de una casa de seguridad.

Además, tras la ejecución de Anchondo Ordóñez en 2014, el entonces titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Enrique González Nicolás, declaró que la línea de investigación más fuerte era el involucramiento del empresario en el robo de hidrocarburos.

Las investigaciones iniciales de la FGE indicaron que compraba gasolina a una red de delincuentes dedicados a abrir tomas clandestinas de gasolina y les debía 5 millones de pesos.

En ese entonces no se aclaró que Anchondo Ordóñez era uno de los principales proveedores del gobierno estatal en varios giros ni se difundieron resultados concretos de la indagación.

Durante varios meses la reportera solicitó al área de comunicación social de la FGE información sobre el avance de la averiguación correspondiente, pero no hubo resultados.

No obstante, este semanario averiguó que en 2012 Anchondo Ordóñez fue dado de baja como proveedor de maquinaria pesada seminueva del ayuntamiento de Cuauhtémoc, por incumplimiento de contrato (MCU-CAAS-03/2011), pero continuó surtiendo al gobierno de Duarte.

En agosto de 2014, el entonces gobernador priista pidió al Congreso del estado que autorizara la desafectación del régimen de dominio público de un inmueble ubicado en la reserva Robinson de la capital del estado.

En la superficie de 35 mil hectáreas se encontraba un balneario, llamado Robinson, que fue transformado en el Cedefam. Al personal de la FGE se le descontaba una cantidad mensual por el derecho de usarlo, pero nunca funcionó. Esto ocasionó inconformidad e incluso manifestaciones al final del sexenio de Duarte.

La actual fiscalía tampoco dio a conocer el estado en el que recibió el inmueble.

Los diputados de la legislatura pasada cedieron a Anchondo Ordóñez la propiedad del gobierno estatal, que está dividida en dos polígonos, según el decreto 518/2014 IV P.E, publicado en el Periódico Oficial del Estado. El predio está inscrito con el número 106, folio 106 del libro 3309 de la Sección Primera del Registro Público de la Propiedad del Distrito Morelos, en Chihuahua.

Duarte pidió que a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, cuyo titular era el también priista Guillermo Márquez Lizalde, se realizara “la traslación de dominio y titularidad del derecho de propiedad respectivos a la enajenación a título oneroso del señor Martín Leopoldo Anchondo Ordóñez”.

El Ejecutivo envió al Congreso, el 13 de mayo de 2014, el oficio con el decreto mediante el cual se establece que el 24 de febrero de 2000 el gobierno estatal adquirió una reserva territorial en el ejido Robinson del municipio de Chihuahua.

“En esa reserva se han otorgado terrenos a diferentes sectores de la sociedad, con usos habitacionales, comercial, áreas de equipamiento y servicios para la cual se contó en su momento, con las autoridades (…) en razón de que existen compromisos de gobierno del estado para seguir dotando de espacios en dicha reserva territorial, el caso concreto con el señor Martín Leopoldo Anchondo Ordóñez, es el motivo por el que solicitamos al Congreso su autorización para enajenar el título oneroso a dicho predio, una superficie de 35, 506.20 metros cuadrados”, dice a la letra el documento aprobado por los diputados locales en agosto siguiente.

El 8 de marzo de 2000 la adquisición de dicha superficie fue avalada por las siguientes secretarías: Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comunicaciones y Transportes, de Contraloría y Desarrollo Administrativo, Salud, Agraria, y de Turismo, así como por el Banco de México y el Tribunal Superior Agrario.

“La Secretaría Agraria exporta una superficie de 829-10-26-50 hectáreas de agostadero común y de temporal de uso individual de terreno del ejido Robinson”, especifica el decreto de Duarte.

Antes de eso, en 1999, el gobierno del estado pidió a la Secretaría Agraria la expropiación del terreno para promover el desarrollo y equipamiento urbano, para lo cual indemnizó a 60 propietarios con más de 41 millones de pesos.

El empresario también era dueño de yonkes o deshuesaderos junto con su hermano César Anchondo Ordóñez; además de proveedor gubernamental de material de construcción, edificación de obras en general, terracería, pavimentación, venta y renta de maquinaria pesada, entre otros rubros.

En 2014 obtuvo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas los contratos 115, 123, 131, 151, 153, 154, 155, 163, 166, 167, 168, 169, 107, 171, 172, 175, 180, 460, 461, 470, y otros 20.

Con la Secretaría de Hacienda quedaron registrados los contratos C-15-13730, C-14-13730, A-29-137730 y B-29-13730.

PRESTANOMBRES

Durante el sexenio pasado, en la región de El Sauz, municipio de Chihuahua, se otorgaron varios permisos para explotar pozos para el riego de nogales y alfalfa, cultivos que según los productores locales absorben más agua que otros.

Los ejidatarios denuncian que Anchondo, como otras personas, adquirió terrenos a bajo precio para cultivar en esa zona tradicionalmente nogalera. Afirman que el empresario sembró alrededor de 3 mil árboles que se mantenían –como los cultivos de miles de propietarios así favorecidos por las autoridades estatales– del acuífero El Sauz-Encinillas, del que depende 50% del abasto de la capital.

El 3 de mayo de 2013 la agencia Apro dio a conocer que la disputa por el agua tenía confrontados a ganaderos y agricultores en varios poblados de la región por la sobreexplotación de pozos y el cambio irregular de uso de suelo de ganadero a agrícola.

En el sexenio de Duarte se interpuso una demanda porque las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Junta Central del Agua y Saneamiento (JCAS) privilegiaron el riego agrícola ilegal a costa del uso doméstico y, según los denunciantes, beneficiaron entre otros particulares al agricultor Sergio Aguilar Weber.

Meses después, los promoventes también señalaron a Anchondo Ordóñez como prestanombres de funcionarios beneficiados con esos permisos.

En 2013 los productores le advirtieron al delegado de la Conagua, Alexandro Lebarón González, que esa situación podría tornarse violenta, pues tan sólo ese año había 31 denuncias por los pozos construidos ilegalmente en la comunidad de San Agustín, de la misma región.

Los inconformes señalaron también que hombres armados vigilaban los pozos de los particulares e impedían que los productores se acercaran a sus predios.

Al enterarse de la situación, el entonces presidente de la JCAS, Raúl Jabalera Leal –uno de los principales colaboradores de César Duarte– confirmó que trabajadores de su dependencia tenían que ir escoltados cuando iban a esa zona para hacer alguna diligencia.

Indicó asimismo que la JCAS tenía un convenio con la FGE para rastrear acueductos en El Sauz, así como en San Rafael, municipio de Urique, y en San Juanito, Bocoyna.

Jabalera Leal agregó que en esos recorridos también participaba personal militar, de la Conagua y de la Procuraduría General de la República (PGR), aunque descartó que ellos fueran quienes amenazaban a los productores.

Según éstos, el acuífero en la propiedad de Aguilar Weber está conformado por 12 pozos en una superficie de 200 hectáreas, y la JCAS redujo en 50% el suministro de agua a la capital a fin de conectar a la red seis de los pozos ubicados en el ejido de Sacramento e incluir los de Aguilar Weber, pero los productores lo impidieron porque ponía en riesgo a las familias que viven alrededor y dependen del uso agrícola y doméstico del agua.

Recalcan que este recurso natural fue sobreexplotado con la complicidad de autoridades estatales y federales a partir de 1994, cuando se violó la veda establecida en 1978, y la extracción continúa.

El predio de Aguilar Weber está a la altura del kilómetro 40 de la carretera a Ciudad Juárez y a cuatro kilómetros de la carretera. Los productores que se encuentran más cerca de la carpeta asfáltica no se explican por qué no se les ha dado permiso para explotar pozos.

Según los productores, los nogales, alfalfa y la avena requieren mayor cantidad de agua para su riego, y es lo que sembraron los particulares que se convirtieron en ejidatarios o productores de la zona el sexenio pasado, cuando otras superficies cercanas carecen de líquido suficiente.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en 2013 había en esa región entre 600 mil y 700 mil nogales, y su número se ha incrementado desde entonces.

Este texto se publicó el 11 de febrero de 2018 en la edición 2154 de la revista Proceso.


(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ PATRICIA MAYORGA / 13 FEBRERO, 2018)

LA ESTRATEGIA DEL MIEDO SE DESVANECE


CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Erráticas, las estrategias para infundir miedo en el electorado se desvanecen. Apelar al prejuicio, la amenaza y el peligro que entraña la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, lejos de influir en el ánimo electoral, resulta risible, anticlimática.

No es fácil para los priistas (y panistas-perredistas, esa gente del Pacto por México), configurar el mal en el adversario, porque sus cargas, que son las cargas del mal gobierno de Enrique Peña Nieto y de los miembros de su partido expuestos por corrupción, lo superan todo.

Lo intentan una y otra vez, sin éxito. López Obrador tiene apoyo de Rusia y de Nicolás Maduro, se ha dicho desde algunos conciliábulos de la inteligencia estadunidense. El desmontaje es espontáneo, entre otros motivos porque a los promotores mexicanos –entre los que se cuentan propagandistas del modelo emergente que representaba el grupo de países Brasil, Rusia, India y China, BRIC— se les pasó observar que la “Guerra Fría” se terminó hace casi tres décadas y que el capitalismo ruso es tan norteamericano como Donald Trump.

También porque la injerencia y los negocios trasnacionales al amparo del poder, señaladamente con estadunidenses, se han fomentado en los últimos sexenios como insignia del progreso que, sin embargo, no se han reflejado más que en el desmantelamiento de la industria nacional pública y privada. O bien, porque se diga que hay dinero venezolano detrás de López Obrador, afirmación ridícula al observar que el gobierno de Maduro no tiene ni para pagar su membresía en la ONU por segundo año consecutivo.

Son varios sexenios en los que además de injerencias, la corrupción se internacionalizó como en el caso de la poderosa brasileña Odebrecht, precisamente en el sector energético, donde la reforma en la materia se implementa agotando la última fuente de riqueza que quedaba pendiente de privatizar y cuyos beneficiarios son inversionistas extranjeros que designan gerentes de entre la vieja tecnocracia priista.

López Obrador es intolerante y autoritario, es otra afirmación que se basa en las reacciones que en muchos momentos ha tenido frente a la crítica y el escrutinio público. Es verdad que el candidato tiene exabruptos, que descalifica y reprueba en lugar de responder y transparentar. Pero en el comparativo sale ganando.

Imposible cuestionarle autoritarismo desde las filas de los perpetradores (y justificadores) de Atenco, Oaxaca y Lázaro Cárdenas en 2006, que son los mismos de los electricistas de 2009 y de Cananea en 2010. Los autores que, en alternancia partidista, radicalizaron su embestida en la represión de marchas desde diciembre de 2012; de los maestros desde 2013; de los estudiantes de Ayotzinapa de 2014; de los mixtecos de Nochixtlán en 2016, y de los miles de asesinados, desaparecidos, detenidos, torturados y hostigados en unos 300 movimientos sociales aislados, opositores a proyectos energéticos, mineros y de infraestructura con beneficiarios privados.

El PRI, inmerso en una crisis interna por su supervivencia, lanzó un spot el pasado lunes titulado “Un día sin el PRI”, con estampas de programas sociales que, conforme al mensaje, pueden perderse. Fracaso de spot: en título por reversible; en narrativa por ser discurso de Peña Nieto, su principal lastre y, en contenido visual, porque muestra los hospitales, escuelas y viviendas magníficas e impolutas, que no existen.

Hasta los creadores del “peligro para México” en 2006, dicen que ya no funcionará la estrategia del miedo, pero hay una obstinación que, por otra parte, empieza a configurar un escenario, ahí si peligroso, como lo es que la apuesta por el tabasqueño deje esta precaria, defectuosa e indeseable democracia nuestra aun peor, con un presidente sin contrapesos.



(PROCESO/ ANÁLISIS/  ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA/14 FEBRERO, 2018)

SOLICITUD DE LA RENUNCIA DE OCHOA REZA DIVIDE A DIPUTADOS PRIISTAS



CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al tiempo en que uno de los operadores del PRI en Durango anunciaba su adhesión a Morena, un grupo de diputados federales del PRI exigió la renuncia del líder nacional de su partido, Enrique Ochoa Reza, por “el desaseo” en la designación de candidatos a senadores.

Por la mañana, en un desayuno privado, legisladores priistas reclamaron a su coordinador, el diputado del Estado de México Carlos Iriarte Mercado, el actuar del líder nacional priista y le pidieron fuera el conducto para demandar la renuncia de Ochoa Reza.

En el desayuno, los diputados priistas manifestaron su molestia por la forma en la que se han designado a los candidatos a puestos de elección popular e incluso reclamaron que su dirigente nacional no se hubiera molestado siquiera en hablar con ellos como parte de la operación cicatriz.

De acuerdo con versiones de diputados federales, el reclamo al nuevo coordinador llegó al grado de pedir que hablara con el presidente Enrique Peña Nieto y le hiciera ver la molestia de la fracción priista.

Ante las versiones que ya circulaban por la red, la fracción del PRI emitió un comunicado donde rechazaba “categóricamente haber debatido, discutido o decidido solicitar la renuncia de su dirigente nacional, Enrique Ochoa reza”.

El texto de tres párrafos agrega, “por ello, desmiente tajantemente las versiones periodísticas que han circulado la tarde de este martes en portales informativos”.

Y cierra, “Los más de 200 diputados federales del tricolor, encabezados por su coordinador, Carlos Iriarte Mercado, refrendan su respaldo al presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Enrique Ochoa Reza”.

Por la mañana, Otniel García Navarro renunció a la bancada y en conferencia de prensa anunció que se sumaba a la fracción de Morena y dijo que trabajaría en Durango para impulsar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República.


(PROCESO/ JESUSA CERVANTES/ 14 FEBRERO, 2018)

LAS HORAS FINALES DE ENRIQUE OCHOA EN EL PRI


CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La mañana de este martes 13 fue de mala suerte para el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza. Después de discutir la agenda legislativa del día, la mayoría de los casi 200 diputados federales priistas presentes pidieron a su coordinador, Carlos Iriarte, que le exigiera al presidente Enrique Peña Nieto que “quitara ya” al dirigente nacional del CEN del tricolor.

Si él no se lo planteaba a Peña Nieto, ellos lo harían de manera pública, amagaron los legisladores al exalcalde de Huixquilucan, quien el pasado jueves 1 sustituyó a César Camacho.

Las expresiones más comunes en contra de Ochoa Reza fueron el descontento por su mal trato, porque se sienten “lastimados”, “agraviados” y “encabronados” con las formas en que el exdirector de la Comisión Federal de Electricidad ha conducido el partido desde que sustituyó a Manlio Fabio Beltrones, en julio de 2016.

A la rebelión interna de los diputados federales del PRI se sumó la renuncia del legislador duranguense Otoniel García, quien se cambió a la bancada de Morena, que ahora suma 50 legisladores. Si suma dos defecciones más, este partido coordinado por Rocío Nahle se volvería la tercera fuerza política de la Cámara de Diputados, sólo por debajo del PRI (204 ahora) y del PAN (109) y por arriba del PRD, que tiene sólo 51.

En las reglas no escritas del PRI, cuando la bancada de una de las dos cámaras se rebela contra su dirigente nacional, lo que está en juego es la viabilidad del mismo líder. Y en los códigos del Grupo Atlacomulco, todo es sacrificable, con tal de salvar al aún presidente en funciones, Enrique Peña Nieto.

Las horas finales de Ochoa Reza comenzaron a escribirse con la precampaña presidencial que culminó esta semana. El propio Ochoa se encargó de colocar el clavo final a su pésimo desempeño: durante un mitin en Tabasco, el sábado 10, calificó de “prietos” a los priistas que se suman a Morena, y en plan sexista y con pésimo sentido del humor afirmó que “los prietos no aprietan”.

Tan orgulloso estaba Ochoa Reza con su ocurrencia que subió un mensaje a Twitter y un video con el fragmento de su alegato ante los tabasqueños. Ambos tuvieron que ser borrados de inmediato tras el escándalo generado en las redes sociales. Su disculpa sólo ahondó el descontento adentro y fuera del PRI

“El día de hoy en Tabasco me referí a los PRIistas que se han pasado a Morena como PRIetos. Mi comentario jamás fue referido a las personas que tienen mi mismo color de piel, del cual me siento muy orgulloso. Ofrezco sincera disculpa. Esta campaña será de propuestas y unidad”, redactó Ochoa Reza.

No pocas mujeres priistas se sintieron más ofendidas porque ni siquiera se disculpó por la evidente expresión machista y sexista.

Ochoa Reza se volvió Trending Topic ese sábado 10 y borró al propio aspirante presidencial José Antonio Meade. En 60 días de precampañas el desempeño del líder nacional del PRI sólo suma negativos:

1. El precandidato Meade no pudo remontar del tercer lugar en las encuestas con un lejano 16 a 18% de las preferencias electorales, según la mayoría de los sondeos.

2. De las ocho entidades donde habrá elecciones concurrentes para gobernador y jefe de Gobierno, en ninguna el PRI encabeza las encuestas. Ni siquiera en donde gobierna, como es el caso de Yucatán, donde el candidato panista encabeza las preferencias, o donde cogobierna con el Partido Verde, como Chiapas, donde Morena está al frente de las encuestas.

3. Ni qué decir de la Ciudad de México, donde el precandidato Mikel Arriola se declaró en contra de las adopciones de parejas del mismo sexo y del uso recreativo de la mariguana. Ochoa Reza ni siquiera le recordó al exdirector del IMSS que la Suprema Corte de Justicia ya había resuelto esta disputa en 2010 y que el propio Peña Nieto propuso en 2016 una iniciativa para legalizar las parejas del mismo sexo y sus derechos, incluida la adopción.

4. Ochoa Reza se metió a un concurso de insultos, increpaciones y ataques en una precampaña donde la agresividad de los voceros del PRI sólo ayudó a hundirlos. Y fue igual de agresivo que el jefe de campaña, Aurelio Nuño; el vocero “adquirido” del PAN, Javier Lozano, y el propio precandidato José Antonio Meade.

5. El descontento contra Ochoa Reza se incrementó en vísperas de la definición de las candidaturas a diputados locales, federales y senadores que estarán en juego en 2018. El verticalismo, la cerrazón, la falta de negociación y el maltrato a políticos priistas con más trayectoria (y mañas) que él le han cobrado la factura en menos de dos años.

6. Ochoa Reza manejó mal y de malas el caso de la detención de Alejandro Gutiérrez, ex colaborador de Manlio Fabio Beltrones en la dirigencia nacional priista, y se dedicó a atacar al gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

7. Por último, Ochoa Reza representa a Luis Videgaray al interior del PRI. Ni el respaldo de Peña Nieto y menos las sonrisas forzadas de José Antonio Meade cuando está a su lado han ayudado a Ochoa. Por el contrario, se le acusa de sectario y de marginar a los múltiples y ambiciosos liderazgos locales priistas que ya olieron la derrota en 2018.



(PROCESO/ ANÁLISIS / JENARO VILLAMIL/ 13 FEBRERO, 2018)

VI AL MANDO MINISTERIAL QUE ENCABEZÓ MI SECUESTRO EN LAS OFICINAS DEL PROCURADOR DE NL: EMPRESARIO


MONTERREY, NL (apro).- El empresario neolonés Agustín Villarreal Budnik denunció que el comandante ministerial que encabezó su secuestro se encuentra en las oficinas del actual procurador Bernardo González.

En un oficio que fue entregado hoy a la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, del que Apro tiene copia, señaló:

 “Siendo el martes 6 de febrero del 2018 a las 12 del mediodía esperando una cita previa en la Procuraduría del estado de Nuevo León con usted señor procurador y habiendo pasado 10 minutos después del mediodía vi pasar en la antesala donde estaba sentado a más de 20 ministeriales.

“Uno de ellos lo identifiqué plenamente como el que me secuestró… el nombre del policía ministerial que me secuestró es Alfredo Ortega Trujillo”, agrega el texto de quien es propietario de la empresa Ladrillera Mecanizada.


(PROCESO/ JUAN ALBERTO CEDILLO/ 14 FEBRERO, 2018)

ACUSADOS DE DESAPARICIÓN FORZADA, VINCULAN A PROCESO A 19 POLICÍAS DEL CUERPO ÉLITE DE JAVIER DUARTE


XALAPA, Ver. (apro).- La juez de control, Alma Leyda Sosa Jiménez, decretó la vinculación a proceso de los 19 elementos y exelementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, entre ellos los mandos policiacos Arturo Bermúdez Zurita, Roberto González Meza y José Óscar Sánchez Tirado, ratificándose la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y concediendo un plazo de cuatro meses más para la investigación complementaria.

En una audiencia maratónica que arrancó a las 11 de la mañana de ayer y concluyó este miércoles a las 5 horas, los ex policías, que pertenecieron a un grupo de élite en el sexenio del priista Javier Duarte de Ochoa y que se dedicaban a levantar a todo aquel sospechoso de ser Zeta, fueron recluidos en el Cereso de Pacho Viejo por el delito de “desaparición forzada”.

 “Con todas sus consecuencias, imputados por el delito de desaparición forzada en agravio de quince personas, entre ellas, mujeres y menores de edad”, leyó la jueza.

La defensa de los imputados solicitó a Sosa Jiménez que se omitieran las identidades de sus defendidos, con fundamento en el artículo 15 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que trata del derecho a la intimidad y a la privacidad, razón por la que la identidad de los 16 policías rasos imputados por desaparición forzada quedó en reserva, no así la de los tres mandos policiacos, cuyos nombres y detenciones fueron muy publicitadas por la Fiscalía General del Estado (FGE).

“En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable”, refiere el artículo 15.

Ante esto, la jueza instruyó al fiscal General, Jorge Winckler Ortiz, abrir una carpeta de investigación a los medios de comunicación que hayan violado la petición de la defensa.

La jueza apuntó en el periodo de abril a octubre de 2013, en la administración del exgobernador priista Javier Duarte de Ochoa, se mantuvo una política ilegal en combate a la delincuencia organizada, privando de la libertad y de la vida a presuntos integrantes de la célula delictiva de Los Zetas.

Señaló que el grupo Fuerza de Reacción de Seguridad Pública tenía como objetivo detectar, detener y obtener información de presuntos integrantes de la delincuencia organizada, mediante tortura y abuso sexual.

La Fiscalía General del Estado (FGE) dejó entrever que existen más casos de desaparición forzada en la región de Xalapa, Coatepec, Emiliano Zapata y Río Blanco.

Sosa Jiménez subrayó que -de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía- hay 53 municipios veracruzanos donde por lo menos existe un evento de desaparición forzada.


(PROCESO/ NOÉ ZAVALETA, 14 FEBRERO, 2018)

PEJELEAKS

Pejeleaks es la nueva pieza en la contienda presidencial mexicana. Amaneció en la red el 4 de febrero con claridad de su objetivo. “Durante los últimos 20 años, Andrés Manuel López Obrador ha buscado posicionarse como el líder que apunta el reflector hacia las deficiencias y errores de la democracia mexicana y de la clase gobernante, ocultando sus propias contradicciones y actos de corrupción”, estableció en su manifiesto. “PejeLeaks responde a la necesidad de poner a López Obrador bajo ese mismo reflector, estableciéndose como una plataforma que documenta y pone en evidencia a través de investigaciones periodísticas, su faceta más oscura y desconocida”. Desde entonces, han publicado dos investigaciones documentadas sobre el primogénito y el hermano de López Obrador, y 11 pequeños videos contra colaboradores del candidato, ubicados en dos categorías, “Los Impresentables” y “Los purificados”.

El portal de Pejeleaks esconde su origen y financiamiento, pero no su misión. De antemano, aunque no todas las categorías de información tienen contenido aún, establecen sus prioridades: AMLO, Familia, Colaboradores. En los primeros días la familia ha sido objeto. Este domingo publicaron la relación sentimental entre el hijo mayor de López Obrador, José Ramón, con la asistente por más de 15 años de la directora de La Jornada, Carmen Lira. La relevancia pública expuesta por el portal, es cómo durante el Gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, ese diario fue el mayor beneficiado en publicidad, al sugerir un conflicto de interés. En descargo, a La Jornada no le fue tampoco mal durante los gobiernos de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera. El domingo anterior, el blanco fue Pedro Arturo, su hermano, a quien le documentaron su enriquecimiento a partir de haber obtenido contratos públicos de manera, afirma Pekeleaks, “ilegal”.

Pejeleaks exhibe sus recursos. Su diseño es limpio y fresco, mientras que su programación permite navegar fácilmente. Hasta ahora no ha mostrado ninguna filiación partidista, que no sea el ir pegando con un piolet la muralla que protege a López Obrador -su próxima investigación, anuncian, aparecerá el próximo domingo-, ni ha llamado al voto por nadie. De hecho, no hay información sobre ningún otro actor político salvo el tabasqueño. Pero sobre de él, todo lo que pueda lastimarlo. Videos de menos de tres minutos ya aparecieron sobre Ebrard y Miguel Barbosa, sobre Lino Korrodi, Napoleón Gómez Urrutia y Evaristo Hernández, donde el portal exhibe las contradicciones de López Obrador. En 2015 lo llamó “político corrupto”, pero un año después, lo abrazó con elogios en Morena. El video más dañino, sin embargo, es sobre Héctor Díaz Polanco, miembro de la dirección de Morena, a quien le encontraron un discurso en donde dice que su partido busca formar parte de “la transformación de América Latina que se inició en Venezuela”.

La aparición de Pejeleaks forma parte de uno de los nuevos fenómenos mediáticos en México, donde el precursor más sobresaliente es Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, que con capitales privados -no se sabe si el portal contra López Obrador los tenga detrás- impulsan una agenda como organización no gubernamental, pero a través de la poderosa plataforma de un equipo de investigación periodística que genera materiales que publica en distintos medios de comunicación mexicanos. Es una evolución importante de una ONG, cuyo modelo surgió de ProPublica, “una redacción independiente y sin fines de lucro que produce periodismo de investigación con fuerza moral”, y cuya misión es “exponer los abusos del poder y las traiciones a la confianza pública del Gobierno, el sector privado y otras instituciones”. ProPublica fue creada en 2007 y su trabajo es financiado en buena parte por fundaciones de multinacionales, que es el modelo de operación que tiene Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad.

ProPublica no es tan relevante para los estadounidenses como la ONG encabezada por Claudio X. González Guajardo, porque mientras aquella entra en un universo de medios que sí invierten recursos para realizar investigaciones y producir un periodismo de calidad, en México se llevan varios años de desinversión en ese campo, ocasionado más por intereses particulares y conflictos de interés que quedarían expuestos o motivarían a la auto censura, que por razones financieras. Las dos organizaciones son esencialmente lo mismo en su arquitectura y misión, pero operando en ecosistemas distintos. Por ello, la ONG de González Guajardo tiene un impacto superior a nivel nacional que ProPublica, por las debilidades de los medios, aunque sus motivaciones políticas parecen en ocasiones superiores a las del bien común de la información.

Pejeleaks entró en esta misma ruta donde el tradicional trabajo de una ONG multiplica su impacto por la plataforma periodística que ha adoptado. Pero el nuevo portal contra López Obrador, sin embargo, no busca ser un guardián contra los abusos de los poderosos, como es la esencia de la definición clásica del periodismo de investigación, sino está enfocado en el candidato presidencial y, mediante la socialización de información poco conocida o novedosa, aportar elementos de análisis y reproducción sobre aspectos desconocidos de él.

“No hay institución impenetrable, ni documento completamente confidencial”, señala en su manifiesto. “Numerosos ciudadanos han arriesgado su seguridad para proporcionarle a PejeLeaks información inédita que demuestra la corrupción, el nepotismo y los conflictos de interés de López Obrador, su familia y sus colaboradores. La ciudadanía tiene derecho a conocer al verdadero López Obrador. Con la elección presidencial en puerta, PejeLeaks ofrece la oportunidad, por primera vez, de un voto plenamente informado”. Los cañones contra López Obrador están apuntándolo y advirtiendo lo que viene. Quieren que rinda frutos el actor político que no está muy acostumbrado a ello.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa

(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 14/02/2018 | 04:06 AM


EL ESCANDINAVO OCHOA

Enrique Ochoa es el presidente del PRI históricamente con la lengua más larga. De la cola, ni hablar. La tiene corta. Pero más grande que su soez comportamiento son sus mañas y formas. Todo confluyó el fin de semana cuando en Tabasco habló de “los prietitos de Morena”, para referirse a los priistas que dejaron al partido para sumarse al de Andrés Manuel López Obrador. Involuntariamente gracioso, se atropelló con su boca. Horas después tuvo que pedir disculpas, recordando su propio color de piel. Ochoa, quien en los últimos meses se ha dedicó a poner epítetos y vituperios a los precandidatos Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, coronó así la precampaña. Si alguien fue grosero y grotesco en este periodo, Ochoa ganó de calle el primer lugar.

Llegó al PRI por decisión del Presidente Enrique Peña Nieto, quien de esa forma mandó un mensaje al partido que por la boca de Ochoa hablaría él, y que sería el transmisor de sus decisiones ejecutivas. Se podría alegar que se le pasó la mano al dirigente quien, además de la retórica tramposa, siempre usa el mazo sobre los adversarios del candidato del partido en el poder, José Antonio Meade, para minarlos. Visto cómo terminaron las encuestas de preferencias electorales en la precampaña, su gestión fue un fracaso. Se incrementó la percepción de victoria de López Obrador y ha hablado tanto de la corrupción de Anaya, que está en camino de blindarlo de esas imputaciones.

Su lengua lo coloca siempre en la ruta del bumerán. En diciembre, cuando Anaya tuvo una de sus varias escaramuzas con El Universal, que no ha dejado de publicar documentos de presunta corrupción del precandidato del Frente opositor, Ochoa le exigió que dijera los nombres de los medios que consideran no dicen la verdad, porque no se podían realizar señalamientos sin ofrecer pruebas. Afirmó también que respetaba la libertad de expresión y reconocía que los medios de comunicación son críticos. Menos de un mes después, avaló el amago del equipo de campaña de Meade de demandar al portal Animal Político por haber publicado que durante su gestión como Secretario de Desarrollo Social, hubo desvíos por 540 millones de pesos. El portal no descubrió el hilo negro. Divulgó un reporte de la Auditoría Superior de la Federación. Pero aún si se hubiera equivocado, la amenaza lanzada para inhibir, sólo es propia de mentes autoritarias.

Ochoa ha sido el campeón de las analogías de López Obrador con Venezuela. Una propuesta de nación estatista del precandidato de Morena, ha sido suficiente para equipararlo con Presidente Nicolás Maduro, que ha ido cerrando, mediante la utilización de los recursos que le dio la democracia a Venezuela, la vida democrática en aquella nación. El argumento siempre ha sido simplista y omite, porque uno no puede pensar que sea ignorante, las diferentes composiciones de poder y contrapesos en el Congreso y la Suprema Corte de México y Venezuela, la vitalidad de un sector privado que allá ha sido timorato y estado desorganizado y, quizás lo más importante, que mientras López Obrador choca sistemáticamente con las Fuerzas Armadas, Maduro depende del Ejército para mantenerse en el poder.

El líder del PRI polariza, pero no sólo fuera del partido, sino en su interior. No ha sido un dirigente que cohesione, porque carece de autoridad moral y política entre la base militante, al ser un tecnócrata con poca vida partidista. Sin embargo, lo que se ve fuera del partido no es lo que sucede adentro. Ochoa es bastante bien apreciado por el equipo cercano al Presidente Peña Nieto, porque consideran que ha peleado en la arena pública, con estridencias y excesos quizás, pero de manera permanente, sin ser el líder ortodoxo del pasado que optaba por el trabajo sordo sin confrontación. “Lo que tiene Enrique”, dijo una persona que lo conoce bien, “es que es un soldado que hace lo que le digan. Si le piden que se pare de manos y luego se tire por la ventana, él dirá ‘sí señor’ y lo hará”. Es decir, le es funcional al Presidente y al coordinador de la campaña presidencial, Aurelio Nuño, aunque en los cuartos de guerra priistas lleguen a discrepar con él.

Ochoa forma parte de uno de los cuatro cuartos de guerra de la campaña, el que se reúne alrededor de las siete de la noche todos los días, donde participan casi una veintena de priistas experimentados –es el lugar donde Nuño pensó que podría abrevar de su conocimiento-, donde a veces les hacen caso y en otras los ignoran. No se integra los otros cuartos de guerra, que son el de comunicación y estrategia –el más importante-, el de voceros y el jurídico, lo que de alguna manera, aunque no lo digan internamente de esa forma, tiene acotado su acceso a información al desconocer en su totalidad lo que piensa y ordena Nuño.

Las llamadas en la prensa para que lo renuncien, no están cayendo en tierra fértil. Su trabajo, donde importa, está bien valorado. El Presidente Peña Nieto lo dejará al frente del PRI el tiempo que considere necesario y si piensa que el arranque de campaña a finales de marzo requerirá un nuevo dirigente, entonces procederá. Por lo pronto, ya colocó a un experimentado operador, en la línea de sucesión, Rubén Moreira, el ex Gobernador de Coahuila, nombrado el fin de semana secretario de Organización, el número tres del PRI. Ahí estará en la reserva estratégica hasta que desde Los Pinos decidan que la vida priista de Ochoa se agotó.

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(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 13/02/2018 | 03:00 AM)   

LA VENGANZA DE ELBA

La maestra Elba Esther Gordillo comenzó la venganza contra el Presidente Enrique Peña Nieto, a quien responsabiliza directamente de meterla a la cárcel acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero. La maestra quiere que el PRI pierda la Presidencia y que se desintegre la candidatura de José Antonio Meade. El vehículo es el apoyo a Andrés Manuel López Obrador, y la acción más dramática tras ese respaldo, se dio este fin de semana al intentar reventar la XLIV Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional en Puerto Vallarta, que debe iniciar este lunes, donde concluiría su periodo legal como líder del magisterio y sería electo quien realiza esa función desde que fue detenida hace cinco años, Juan Díaz.

La contraofensiva inició el viernes, cuando en forma casi coordinada, se presentó un amparo interpuesto por tres maestros del sindicato en Baja California, Campeche y Chiapas para suspender de manera provisional las funciones de Díaz, como presidente del Consejo General. Con ello, quieren impedir que en la reunión en Puerto Vallarta, se regularice su interinato y sea electo presidente del Consejo General en relevo de Gordillo. Dos jueces, en Campeche y Chiapas, desestimaron la solicitud de suspensión por tratarse, precisamente, de un interinato. Pero uno en Tijuana le dio entrada. Quien convenció al juez de otorgar la suspensión fue Juan Iván Peña Neder, ex funcionario de la Secretaría de Gobernación en el Gobierno de Felipe Calderón, que estuvo preso hasta 2013 por haber presuntamente traficado con permisos para casinos.

Peña Neder es una figura interesante en el entramado de la ofensiva de la maestra contra el Presidente Peña Nieto y sus colaboradores. Hace tiempo se vinculó con el yerno de la maestra, Fernando González, con quien organiza actos con los grupos integrados a las llamadas redes sociales progresistas de Morena y con comités en todo el país. González dijo que él no estaba detrás de los amparos, pero su camarada de acciones políticas en los últimos meses sí. Peña Neder ha estado muy cerca del círculo interno de la maestra, y fue quien llevó a René Fujiwara con López Obrador. Morena ha dicho que Peña Neder no es miembro del partido ni tiene funciones asignadas de manera oficial, lo que no ha impedido que junto con González lleven meses trabajando para López Obrador.

La ofensiva no para ahí. La búsqueda de venganza sigue en Puerto Vallarta, un territorio controlado por Díaz, quien supuestamente tiene garantizados los delegados suficientes para mantener el mando del sindicato. La cara pública de la oposición es la de Rafael Guzmán Ochoa, quien fue secretario general del sindicato bajo la presidencia de Gordillo, y que se sumó a la campaña de la candidata de Morena al Gobierno del estado de México, Delfina Gómez. Guzmán Ochoa ha buscado sistemáticamente minar a Díaz, pero no lo ha logrado.

Los dos maestros se dieron un mano a mano en laa elección de secretario general de la Sección 36 del sindicato en el estado de México en 2016. En aquella votación, Gordillo le pidió armar una planilla con Alberto Hernández Meneses, quien había sido dirigente de esa sección, y que era apoyado -con el único fin de controlar esa sección- por el entonces Gobernador Eruviel Ávila, y por la ex Senadora Ana Lilia Herrera. Era la primera vez desde 1936, cuando se fundó el sindicato, que no había una planilla de unidad y al final, Díaz ganó la votación con el 65 por ciento del respaldo a su candidato, contra 35 por ciento que obtuvo el apadrinado por Guzmán. Él no es el enemigo de quien, según observadores de la vida política del sindicato, Díaz se debe cuidar. El adversario real es el maestro Moisés Jiménez.

Jiménez es una fuerza que puede ser más destructora que las viejas caras conocidas. Fue dirigente de la Sección 15 en Hidalgo, y perseguido por los ex gobernadores, Miguel Ángel Osorio Chong y Francisco Olvera -hoy responsable del PRI en la Ciudad de México-, y que tiene diferencias con el actual Gobernador Omar Fayad. Fue nombrado en diciembre coordinador nacional de Estructura y Redes de Morena, reclutado por el equipo de López Obrador no por ser un generador de votos, sino porque, como apuntaron los observadores del sindicato, les va a aportar el know how de la organización territorial para la defensa del voto, que es donde el candidato presidencial tiene vulnerabilidades.

La lucha por el control del sindicato es fundamental para los intereses de la maestra. Con el control del magisterio, puede ir alineándolo al proyecto de López Obrador de revocar la Reforma Educativa en caso de llegar a la Presidencia. La razón por la cual el equipo de Peña Nieto decidió meterla a la cárcel era porque estaban convencidos de que no podría hacerse esa reforma con ella al frente del sindicato. Gordillo está convencida que Peña Nieto, a quien consideraba su amigo, la traicionó. Junto con él, todo su equipo. Sólo ha cambiado su opinión sobre el ex Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de quien hoy piensa que no lo dejaron apoyarla.

La venganza de la maestra, explicado por expertos en el tema, es atacar al Presidente sin confrontarlo directamente. Pero el objetivo principal de su regreso político, desde la prisión domiciliaria que vive, es apoyar la derrota de Peña Nieto y Meade. Que pierda la Presidencia es su principal anhelo, sin importar tanto quién gane. En 2006 esa también era su ambición, que perdiera Madrazo. En aquella ocasión, cobró la factura que le debían. En esta, la guerra está en marcha.

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(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 12/02/2018 | 03:00 AM)  

EL ESTADO AUTORITARIO ANULA LA DEMOCRACIA EN MÉXICO Y DEJA SIN SENTIDO LAS ELECCIONES: MEYER


En el marco de conferencia internacional “Democracia y autoritarismo en México y el mundo, de cara a las elecciones 2018”, realizada por la UNAM, Lorenzo Meyer y Diego Valadés resaltaron que “estamos en condiciones de mejorar la democracia a partir de incentivar la calidad del voto”. O bien, a partir de mejorar la participación por parte

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- El autoritarismo es una tradición y una herencia en México, y la corrupción ha servido para mantener un control impositivo sobre la estructura política y social que desdibuja y limita la vida democrática, coincidieron este día académicos e investigadores.

Lorenzo Meyer Cossío, profesor emérito del Colegio de México (Colmex), dijo en conferencia que en nuestro país cargamos con “una enorme carga histórica autoritaria que nos estamos quitando. Con presión desde arriba para que no se quite; con luchas desde abajo que aún no son suficientes”.

En su visión histórica, Meyer refiere que el Estado y la Nación mexicanos nacieron antidemocráticos y autoritarios. Y, en ese sentido, en nuestro país “no hay posibilidad de que las elecciones tengan sentido”.

El colonialismo; una Constitución “democrática que no funciona” –la de 1917–; la creación de un partido de Estado –lo que ahora es el Revolucionario Institucional (PRI)–; el rompimiento con el Estado benefactor en la década de los ochenta, entre otros factores, son parte del proceso histórico que “ha estado en contra de nosotros en materia de democracia y mucho en favor del autoritarismo”, explicó el historiador.

La consecuencia, a su juicio, es el sistema que hoy tenemos y que “no es autoritario ni democrático, pero que está en un momento de flujo”.

Para el historiador, aunque sí hay practicas de corte plural y alternativa, en el marco de las elecciones de 2018 “no hemos tenido elecciones genuinas”, y el problema es que a lo largo de los últimos años estos procesos democráticos sólo se han diferenciado por ser “más o menos fraudulentas”.

Diego Valadés, profesor emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo por su parte que la democracia es “un fenómeno realmente reciente” en México y el mundo.

El investigador refirió que hay cinco características principales para definir una democracia.

Uno: el ejercicio del voto libre e igualitario, del que al igual que Meyer, dijo que en México “no es libre por estar cooptado por el Estado”, ya sea por ejemplo, a partir de prácticas clientelares de vieja usanza -compra de votos, dádivas, etcétera-.

Dos: el ejercicio responsable del poder, del que Valadés refirió que “estamos en una situación crítica de corrupción e incompetencia política” donde “los gobernantes no representan a la sociedad“.

Tres: pluralismo, que “implica hoy que la mayoría no puede imponer su criterio a la minoría y no tienen derecho a excluir. Mientras no tengamos derechos para incluir a las minorías no tendremos un régimen plural”, señaló el especialista de la UNAM.

Cuatro: distribución del poder, punto en el que “estamos rezagados” por la concentración del mismo en una elite política y social.

Cinco: el constitucionalismo normativo, es decir, “aquél que se cumple”. Y como no lo haga -como a veces sucede en México-, “no puede haber Estado democrático”, concluyó.

En el marco de conferencia internacional “Democracia y autoritarismo en México y el mundo, de cara a las elecciones 2018”, realizada por la UNAM, Meyer y Valadés concordaron en que “estamos en condiciones de mejorar la democracia a partir de mejorar la calidad del voto”. O bien, a partir de mejorar la participación por parte de la sociedad civil.

No obstante, por las carencias expuestas, los académicos mencionaron que aún enfrentamos el riesgo de regresar al autoritarismo en México. Y la corrupción, la falta de transparencia y de rendición de cuentas son reflejo de este riesgo.

A estos reflejos de retroceso, también se suman las coaliciones partidarias actuales -e.g. PAN-PRD-MC, PRI-PVEM-PANAL, MORENA-PT-PES, etcétera-, que según Valadés, conllevan la posibilidad de generar hegemonías por coalición.

En ese talante, recordó que el PRI hegemónico nació como una confederación de organizaciones y partidos. “Esto no es muy diferente” de lo de ahora, reflexionó.


(SIN EMBARGO/ EFRÉN FLORES/ FEBRERO 14, 2018, 3:10 PM)

NAVARRETE: A ANAYA SE LE DIJO QUE EL CISEN LO SEGUÍA; PAGARON EN REDES PARA DIFUNDIR EL VIDEO, DICE


El titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, explicó que el seguimiento de las actividades públicas de los precandidatos y candidatos, así como el contexto y contenido de sus actos y actividades proselitistas, forman parte del análisis cotidiano que históricamente realiza el Cisen, y son también parte de un convenio con los partidos políticos.

“El pasado domingo 11 de febrero se dio cobertura al cierre de precampaña de diversos partidos políticos por parte de diversas instituciones públicas. En el caso que nos refiere [el de Ricardo Anaya Cortés] se elaboró previamente una orden de operación para planear la cobertura sin [interactuar] con el precandidato o su equipo, porque así se acordó con todos los actores involucrados en la reunión señalada, particularmente con autoridades del Gobierno local veracruzano”, detalló el Secretario de Gobernación.

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- El Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, informó este día que Ricardo Anaya Cortés estaba al tanto del seguimiento que le haría el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), pues fue algo que se acordó con los partidos que forman la coalición “Por México al Frente”.

En conferencia de prensa, Navarrete Prida explicó que el incidente entre un trabajador del Cisen con Anaya Cortés ocurrió el pasado 11 de febrero, sin embargo el precandidato presidencial decidió denunciarlo dos días después– en el marco del cierre de precampañas–, pagando publicidad en redes para viralizar su video.

“El pasado domingo 11 de febrero, se dio cobertura al cierre de precampaña de diversos partidos políticos por parte de diversas instituciones públicas. En el caso que nos refiere [el de Anaya], se elaboró previamente una orden de operación para planear la cobertura sin [interactuar] con el precandidato o su equipo, porque así se acordó con todos los actores involucrados en la reunión señalada, particularmente con autoridades del Gobierno local veracruzano”, detalló el Secretario.

Agregó que en la reunión se confirmó que el equipo de campaña de Anaya Cortés estaba enterado de esta estrategia. Al Cisen, dijo Navarrete Prida, le correspondió ocuparse del trayecto desde la carretera 045 del Fortín-División de acceso a Puebla a la carretera 150 de México a Veracruz, y que esto se hizo de manera visible con vehículos oficiales.

El titular de la Segob precisó que a las 17:24 horas de ese domingo, Anaya cruzó la carretera. A su arribo a la gasolinera– que el precandidato deja ver en su video– el agente del Cisen lo esperó, sin esconderse, como lo señala el panista.

La parte del incidente que no mostró Ricardo Anaya, de acuerdo con Navarrete, fue que él mismo comentó al empleado que para esos casos se le tenía que avisar, por lo que se le respondió que, previamente con Gobierno del estado y otras instituciones, se había tenido una junta en donde se acordaron las actividades de seguimiento.

 “El Cisen tiene la obligación de monitorear eventos de trascendencia nacional sin que se pueda calificar de espionaje”, recalcó.

Agregó que el seguimiento de las actividades públicas de los precandidatos y candidatos, así como el contexto y contenido de sus actos y actividades proselitistas, forman parte del análisis cotidiano que históricamente realiza el Centro.

Por este motivo, agregó, el seguimiento a la cobertura del cierre de precampaña de Ricardo Anaya en Coatzacoalcos, Veracruz, fue por protocolos ya establecidos. “La presencia y cobertura en la carretera [del Cisen] durante el trayecto era con el propósito de informar sobre alguna eventualidad”.

Navarrete Prida reconoció que el personal del Cisen sí pudo haber incurrido en una presunta irregularidad, pues debió informar del incidente con Anaya Cortés a los partidos y sus superiores, pero no fue así.

Después de que Ricardo Anaya difundió un video en el que acusaba espionaje, el subdirector del Cisen en Veracruz fue suspendido, y la dependencia continúa deslindando responsabilidades de carácter administrativo, señaló el Secretario de Gobernación.

Antes del mensaje de Alfonso Navarrete, el vocero del Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Rodríguez Doval, calificó de irresponsable que agentes del Cisen sigan a los precandidatos a la Presidencia del país sin avisarles.

“Durante varios días han estado siguiendo a Ricardo Anaya, incluso el propio secretario de Gobernación así lo reconoció, él mismo reconoce que el Cisen está dando seguimiento, dice él, a todas las campañas políticas, pero es una enorme irresponsabilidad que haya agentes del Cisen, que no avisan a los precandidatos que los están siguiendo, que están invadiendo sus espacios vitales”, insistió el panista.

En entrevista con Samuel Cuervo para Milenio, el Rodríguez Doval dijo que justo ayer había “un personaje” esperando a Anaya afuera de su casa a las 7:00 de la mañana.

“Eso está muy lejos de ser un seguimiento institucional, eso más bien parece un espionaje, eso más bien parece la utilización de los recursos públicos, de las instancias públicas, de los órganos de inteligencia del Estado mexicano para perseguir a los opositores del actual gobierno, y eso es algo muy grave y algo muy delicado”, afirmó.


(SEMANARIO ZETA/ REDACCIÓN / FEBRERO 14, 2018, 1:37 PM)

AUMENTO A TARIFA Y REDISTRIBUCIÓN DE TRANSPORTE EN MEXICALI


Fotos: Eduardo Villa

El mismo colegio que recomendó el incremento del transporte público en Tijuana fue contratado por el Ayuntamiento de Mexicali para determinar el valor de la tarifa de camión que hoy en día alcanza los 13 pesos, uno de los más altos del país. Actualmente, este servicio usado por el 8 por ciento de los mexicalenses se da a través de  24 rutas mal diseñadas que deben redistribuirse. La última solicitud de aumento de los transportistas fue de 17.50 pesos. Los investigadores señalaron que el factor  más importante a analizar para establecer un incremento es la inflación, que en Mexicali llega a más del 7 por ciento

Desde hace 13 meses, el tema de la tarifa del transporte es una bomba de tiempo que amenaza con estallar en Mexicali. Ante le negativa de los usuarios por la falta de calidad, los transportistas argumentan que los desmedidos incrementos del diésel, la inflación por encima de la media nacional y el precio del dólar, son las variables necesarias para que se lleve a cabo un incremento a la tarifa, pese a ya ser uno de las más altas en el país y que se otorga con deficiencias en el servicio.

Durante la primera semana de febrero, sectores empresariales presionaron para una pronta solución al tema de la tarifa, pues afirman que la incertidumbre solo frena los trabajos de modernización de la misma, y mientras el Ayuntamiento promete dar respuestas puntuales y técnicas a través de un estudio, los transportistas afirman que sus ingresos no son suficientes para solventar los gastos operativos.

En este momento donde todas las voces públicas se concentran en el inminente incremento,  el regidor Ventura Campos considera que el Ayuntamiento no debería enfocarse solo en la economía de los empresarios, sino en el de la ciudadanía que exige un servicio de calidad: “los transportistas deben entregar algo a cambio”.

DE LOS MÁS CAROS Y MENOS USADOS DEL PAÍS

Entrevistados autoridades y transportistas de la capital bajacaliforniana, ninguno aceptó  decir que Mexicali tiene uno de los sistemas de transportes más caros del país, pero el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) lo confirma, y en términos de precios altos, Mexicali compite con municipios como Tijuana, Torreón, La Paz, Matamoros, los cuales tienen tarifas diferenciadas.


RAFAEL NARANJO, LÍDER DEL SECTOR TRANSPORTISTA

De hecho, desde el gobierno justificaron la onerosa tarifa. El director del Sistema Municipal del Transporte, Luis Alfonso Vizcarra, recordó el aumento del precio de los combustibles de manera considerable en los últimos años, además de la inflación y el precio del dólar.

Sin embargo, para el presidente del Consejo del Transporte, Manuel Díaz Lerma, y el líder de los transportistas Rafael Naranjo, el principal motivo es el poco uso que dan los mexicalenses a este medio de transporte, ya que en la capital del Estado solo el 8 por ciento de la ciudadanía usa esta alternativa, lo que está muy por debajo de la media nacional que es el 45 por ciento.

Esto quiere decir que los mexicalenses no recurren al camión para llegar a sus destinos, lo que para Díaz Lerma es comprensible, máxime cuando un usuario no tiene la certeza de que llegará a tiempo a su destino si utiliza el colectivo.

“Entonces tenemos que tener certeza de a qué hora pasará el camión, debemos garantizarlo porque eso determina si la gente lo usa o no”, afirmó Díaz Lerma, quien señaló que actualmente esperan respuesta del estudio realizado por el Colegio de Economistas de Tijuana para emprender las acciones en busca de modernizar el transporte. Sin embargo, no descartó que esto conlleve un incremento en el precio del mismo.

Vizcarra, director de Transporte, también refirió la urgencia de promover el uso del transporte público en Mexicali, pues esto ayudaría a mantener o incluso disminuir el precio del transporte, además de tener otros beneficios ambientales que también son un problema en Mexicali.

Brianda García, una estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), opinó que 13 pesos es una cifra muy alta para la calidad de los camiones que operan en la localidad: “sobre todo porque hay muchos compañeros que usan hasta dos camiones para llegar a un destino y otros dos para regresar a su vivienda”.

Al respecto, Rafael Naranjo aseveró que los 320 camiones que operan en Mexicali tienen menos de 10 años, por lo que consideró que se trata de un transporte moderno, pues por reglamento, todo camión que supere esa edad debe ser reemplazado.

El representante del sector transportista afirmó que iniciando 2017, solicitaron un incremento a la tarifa de transporte público -cada dos años tienen derecho a pedir un ajuste- debido a los altos costos del combustible y los efectos de la inflación. En ese momento pidieron que el ajuste fuera de 13 a 17.50 pesos, pero tras el último arreglo de 2018, esta cifra podría haber caducado.

Al ser cuestionado directamente, el empresario de Malpica señaló que no podría dar un precio, ya que se mantiene a la espera de los resultados del estudio que realizan académicos del Colegio de Economistas.

Por su parte, el presidente del Colegio, Domingo Ramos Medina, quien es uno de los encargados del estudio, dijo que no podría establecer -por el momento- una tarifa ideal, pero señaló que la inflación sería el factor más importante a analizar para establecer un incremento y mismo que está por encima de la media nacional -7.5 por ciento, aproximadamente-

Por otro lado puntualizó que a pesar de que existen incrementos, no pueden dejar de verse, también hay errores administrativos de las empresas, los cuales no deberían cargarse al usuario, por lo que pretenden encontrar un punto de equilibrio entre el pago del usuario y el ahorro operativo de los concesionarios.

DEFICIENTE SISTEMA DE TRANSPORTE

Aunque el sector transportista afirma que mantiene unidades modernas, el sistema es deficiente e inoperante. Actualmente son 24 rutas de transporte público que deben solventar las necesidades de los ciudadanos que salen a sus trabajos, pero éstas no se encuentran bien distribuidas.

El director de Simutra afirmó que es necesario modificar los trayectos establecidos, con el objetivo de volver más eficiente el transporte; por lo que se tiene contemplado diseñar rutas troncales como la Ruta Express 1 que abarcará todo el Bulevar López Mateos hasta el Corredor Palaco, otra en Lázaro Cárdenas y la última de Benito Juárez hacia el Sur, que conectaría con las primeras dos.



Además es necesario diseñar trayectos subyacentes para mejorar la conectividad.

“No es suficiente lo que tenemos. Hay rutas donde tenemos competencia con los mismos concesionarios, digo, esto también tiene que darse en algunas rutas, pero éstas deben tener rutas distintas, donde no se compitan entre sí y demos un servicio al usuario. Todo este esquema es para que se tenga mejor servicio”.

Díaz Lerma agregó que cuentan con rutas de hasta 45 kilómetros, mientras que otras son 20, lo que afirmó es un error e incluso consideró que debería haber tarifas diferenciadas, dependiendo las distancias que recorran.

Ante esto pretenden lanzar dos rutas piloto de 20 o 25 kilómetros de longitud para determinar la viabilidad de las mismas y así comenzar con la reestructuración del sistema.

Referente al Sistema Rápido de Transporte, que se ha convertido en un “elefante blanco”, Vizcarra aseveró que se autorizaron formalmente 73 millones de pesos para emprender el proyecto, a lo que se le agregarán 18 millones más de recursos municipales, con lo que se pretende ponerlo en marcha en los próximos meses, comentó que  solo falta la creación del fideicomiso, lo cual es responsabilidad de Banobras.

El director del Simutra confía que este proyecto será un parteaguas, pero reconoció que no solucionará todos los problemas del sector.

 NO DEBEMOS PONER POR ENCIMA LAS FINANZAS DE LOS EMPRESARIOS: VENTURA

El regidor del PRI, Ventura Campos, rechazó respaldar un incremento a la tarifa del transporte sin un compromiso a cambio:

“Vemos la economía de las empresas, pero no del ciudadano. Si hacemos buenos encarpetados, si se fusionan las empresas no tan pequeñas y hacer un estudio sobre el ahorro y el acomodo de rutas, tal vez podríamos mantenerlos. Es el punto primero, antes de pasar al aumento tradicional”.

Aseveró que el transporte público es “modesto” y el precio del mismo es alto, aunque reconoció que los concesionarios no son precisamente personas de dinero, por lo que se necesitan acciones más allá de un simple aumento, que finalmente tendría que incrementarse dentro de otros tres años, sucesivamente.

En la misma sintonía se manifestó el regidor Héctor Guzmán, pues consideró que aumentar el precio solo representaría una aspirina para un mal superior, por lo que espera que los resultados de dicho análisis dejen en evidencia los criterios de oportunidad.

45 AÑOS EN EL MISMO “ESTIRA Y AFLOJA”

Rafael Naranjo afirmó que actualmente se gasta entre el 50 y el 60 por ciento de los ingresos en el combustible de las unidades, las cuales además sufren desperfectos mecánicos, además de desgastes en neumáticos, discos y requieren refacciones, así como sueldos, seguros, el pago del financiamiento de las unidades de reciente adquisición y gastos generales de una empresa.

Ante esto, Díaz Lerma comentó que existe un malentendido entre la autoridad y los transportistas desde hace 45 años, ya que los últimos exigen a los primeros subir las tarifas y estos acceden con pocas o nulas contemplaciones.

De igual manera, las autoridades no han dado las herramientas necesarias para que los concesionarios otorguen el mejor servicio, pues existen vialidades dañadas, una mala semaforización y una pésima distribución de la ciudad, la cual cuenta con enormes trayectos que complican llevar los servicios, entre ellos el trans

PROTESTAN POR AUMENTO A LA TARIFA DE TRANSPORTE

Una veintena de integrantes del Frente Cívico Mexicalense (FCM), encabezado por Sergio Tamai, llevaron a cabo protestas en el Palacio Municipal y el Congreso del Estado de Mexicali, exigiendo que no se permita un nuevo incremento a la tarifa del transporte público.

La situación llegó al grado que en la primera manifestación, quemaron una piñata con el rostro del presidente del Index, Salvador Maese; mientras que en la segunda arrojaron huevos hacia una de las entradas del Poder Legislativo, como mensaje de repudio a la intención de hacer conciencia y no permitir una tarifa superior a los 13 pesos, que ya de por si es alta, aseguran los afectados.

Desde el pasado miércoles, integrantes del FCM arribaron a las instalaciones del Palacio Municipal con pancartas y consignas contra los líderes camioneros, exigiendo sostener una reunión con el Presidente Municipal, Gustavo Sánchez Vásquez. Sin embargo, fue Luis Alfonso Vizcarra, director del Sistema Municipal del Transporte, quien recibió al contingente al que le explicó, no había información clara que estableciera el aumento.

Ese mismo día, manifestantes llevaron a cabo la quema de la piñata con el rostro de Salvador Maese, quien en días pasados pidió urgentemente dar solución a la tarifa del precio del camión, el cual tendría un virtual incremento.

Tamai continuó con  la protesta el día jueves, acompañado de líderes de colonias y simpatizantes, con quienes  llegó a las instalaciones del Congreso del Estado, debido a que la diputada Claudia Agatón emitiría un posicionamiento contra el reajuste del precio.

Sin embargo, guardias del Congreso del Estado impidieron a los manifestantes ingresar al recinto, por lo que terminaron arrojando huevos al edificio.

“Ayer nos manifestamos, hablamos con Claudia Agatón, que vendríamos pacíficamente, pues se les ocurre decirnos que no vamos a pasar; pues el pueblo está enojado, el pueblo no puede ser burlado de esta manera y cada vez que no nos dejen entrar, les arrojaremos huevos”.

USUARIOS ARREMETEN CONTRA EL CAMIÓN

“Deficiente”, “pésimo” y “malo”, son los adjetivos utilizados por los usuarios de transporte público en Mexicali, los cuales afirman que tienen que pagar hasta 10 pasajes para cumplir con todas las diligencias que realizan en un día.

En un sondeo realizado por ZETA, en diversas paradas de camión se pudo constatar que existen algunos sitios donde pasan varios camiones con horarios similares, pero en la gran mayoría no se tiene certeza de cuándo llegarán a levantarlos, además que gran parte de las vialidades carecen de puntos de ascenso y descenso de pasaje.



Foto: Cristian Torres

Tomasa, una usuaria constante, residente del ejido Puebla, afirmó que su principal queja son los choferes, ya que son muy groseros con la gente; además que las condiciones de las unidades y las rutas están mal trazadas, pues tiene que tomar dos camiones para llegar a cada destino.

Evangelina, originaria de Guadalajara, aseguró que le parece bien dicho aumento, ya que los camiones están vacíos la mayoría de las veces, aunque afirmó que le llama la atención el precio, pues de donde es cobran 7 pesos.

Sergio, un hombre mayor, comentó que los camiones tardan hasta una hora en pasar, además que aun así tiene que caminar.

Sobre el precio comentó que deja mucho que desear, puesto que en su experiencia, dijo tener que tomar varios camiones, por lo que prácticamente trabaja para pagar sus traslados a bordo de la unidad de transporte público.

Reclamó que antes tenían una ruta llamada ProHogar, que si bien se hallaba en mal estado, cubría una gran ruta que le facilitaba su trayecto, pero ésta dejó de pasar sin tener certeza de los motivos.

Guadalupe y Rubí, dos estudiantes del Cobach José Vasconcelos, lo calificaron de “deficiente”, ya que tardan bastante tiempo en llegar y no tienen la certeza de cuándo pasará, por lo que a veces llegan tarde a su destino.

Ambas dijeron estar conformes con el precio que pagan, pero señalaron que tendrían complicaciones si éste incrementa.

Una señora que no quiso proporcionar su nombre, comentó que llega a utilizar hasta 10 camiones al día, debido a que lleva a su nieto a la escuela.

Agregó que paga solo seis tarifas de 13 pesos en ir y venir con su nieto, pero que además tiene que visitar a su madre, por lo que pagaría otros cuatro pasajes, con lo que al final termina gastando 113 pesos solo en trayectos. Eduardo Villa Lugoporte.

Al final, las omisiones de la autoridad y la administración de los concesionarios terminarán por golpear nuevamente –como en cada administración- a la ciudadanía, solo que esta vez sería con un análisis técnico cuyo costo supera los 300 mil pesos, los cuales fueron pagados con dinero público


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / EDUARDO VILLA LUGO/ LUNES, 12 FEBRERO, 2018 12:00 PM)