lunes, 5 de febrero de 2018

PAGARÁN 43 MDP POR 66 PATRULLAS RENTADAS; PUDIERON COMPRAR 70


Foto: Eduardo Villa

Sin tener certeza de cuánto se recibirá del programa Fortaseg, el Ayuntamiento de Mexicali comprometió millones propios y federales para mantener el arrendamiento de 66 patrullas de la Policía Municipal, por el que en 17 meses invirtió 43 millones de pesos, con lo que habría podido comprar hasta 73 vehículos más austeros y con un periodo de vida de tres años

A través de una adjudicación directa, el Ayuntamiento de Mexicali continuó con el arrendamiento de patrullas que para finales del año representaría un costo total de 43 millones de pesos, recurso con el que pudieran adquirirse alrededor de 70 unidades de un modelo más austero y con duración de tres años.

La novedad es que para mantener dicho contrato se tiene contemplado el pago de por lo menos 5 millones de pesos directos de las arcas municipales, pretendiendo pagar el resto con recursos del programa Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), del que esperan recibir 27 millones de pesos para este rubro.

Nuevamente la ganadora es la empresa Lumo Financiera del Centro, SA de CV, SOFOM, ENR, que por ampliar el contrato recibirá 32 millones 606 mil 988 pesos más, por unidades que tienen ya cinco meses de uso y cuyo valor debería reducirse.

Para el director de la Policía Municipal, Alonso Ulises Méndez, es algo positivo, ya que desde la adquisición de las unidades preventivas se logró disminuir la incidencia delictiva en un 5 por ciento en comparación con el año pasado, además de terminar con los incrementos registrados durante los primeros seis meses del año.

De igual manera, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP), ve como una medida positiva el arrendamiento de unidades, ya que están mejor equipadas y representan un ahorro en el tema de mantenimiento, pero señaló que hay detalles que permanecen en duda.

A LA LARGA PAGARÁN MÁS POR PATRULLA

Tres días antes de terminar el año, el Ayuntamiento de Mexicali decidió renovar el contrato con Lumo Financiera del Centro SA de CV, SOFOM, ENR -propiedad de varios priistas mexiquenses ligados al Gobierno Federal, entre ellos Luis Humberto Montaño García-, para el arrendamiento de 66 unidades equipadas con GPS, radios y una serie de especificaciones de primer nivel.

El contrato inicial de seis meses, que concluía el 5 de enero, fue de 12 millones 506 mil 921.08 pesos, pero se redujo a 11 millones 605 mil 996 de pesos, debido a que se reajustó el contrato a cinco meses, además de solicitar una serie de modificaciones en las unidades, entre estas,  las exigencias del GPS y una jaula para elementos K9.



Dicho recurso provino del programa Fortaseg, programa del Gobierno Federal, etiquetado específicamente para renta y, de no aprovecharlo, se perdería, comentó la regidora Edwuviges Pío Rodríguez.

Sin embargo, debido a que todavía no se cuenta con este, el Ayuntamiento tuvo que desembolsar dinero propio para cubrir con las primeras mensualidades y esperan pagar mínimo alrededor de 5 millones de pesos, pero podrían ser más de 2 millones extra en caso de la tardanza en la liberación del recurso, que normalmente se entrega a mediados del mes de abril. Esto sin contar la posibilidad de recortes presupuestales que afecten este programa.

El oficial mayor Óscar Ortega Vélez, dijo que aunque no les otorgara todo el recurso, se cuenta con solvencia para cubrir la totalidad del contrato, e incluso podría redirigir dinero federal de otros rubros para cubrir las necesidades.

Sobre los ahorros, informó que por cinco meses de la operación de las unidades se tuvo un ahorro en mantenimiento de 4 millones de pesos, es decir, menos del recurso correspondiente a los primeros meses del arrendamiento en 2018.

El funcionario afirmó que existe la posibilidad de expandir el contrato durante 2019, aunque esperarían a finales de año para tomar una decisión. De confirmarse y mantener el mismo contrato, se habrían pagado más de 70 millones de pesos por vehículos que tendrán que devolverse.

En entrevista realizada en julio de 2017, Alonso Ulises Méndez Manuel-Gómez, director de la Policía Municipal, expuso que con los 12 millones de pesos invertidos habrían comprado entre 20 o 30 patrullas.

Dejando la cifra en 25 autos, en 17 meses se pudieron comprar alrededor de 70 unidades, cuya duración sería de tres años, y de extenderlo todo 2019 se habrían obtenido más de 120, dependiendo de diversos factores como la inflación y tipo de cambio.


Fotos: Eduardo Villa.- Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Alejandro Vázquez

Pese a ello, Ortega Vélez considera que fue una excelente inversión por diversos factores, entre ellos que las unidades se encuentran cubiertas con un seguro amplio -utilizado en cuatro ocasiones debido a choques- y se reparan de manera inmediata a través de la aseguradora. Además, los servicios a los vehículos se les dan de manera puntual, ya que se comprometieron con la empresa a cumplir con ellos la fecha que corresponde.

“Tenemos siempre 66 unidades trabajando con sus respectivos servicios”, anotó.

Por su parte, Pío Rodríguez argumentó que el beneficio más grande es tener 66 unidades vigilando las calles de forma inmediata, lo que traería mayor seguridad en zonas prioritarias,

Para Alejandro Vázquez Valadez, presidente del CCSP en Mexicali, es muy positivo el arrendamiento, ya que permite tener una gran cantidad de unidades de manera inmediata para la atención de la ciudadanía, pero hay puntos que deben evaluarse, por ejemplo, que en este nuevo contrato se rentaron las mismas unidades, es decir, vehículos ya usados cuyo valor es inferior y se pagó lo mismo.

Cabe señalar que por cada unidad rentada, el Ayuntamiento habría pagado más de un millón de pesos, de compararse con los tres años de vida que tiene cada patrulla, mientras que al ser comprada, según el último contrato disponible en la página del Ayuntamiento de Mexicali -diciembre de 2016-, cada vehículo costaría alrededor de 600 mil pesos.

FUE ADJUDICACIÓN DIRECTA, PERO NO ES ILEGAL: OFICIAL MAYOR

Pese a que el contrato se llevó a cabo de manera directa en favor de la empresa Lumo Financiera del Centro, SA de CV, SOFOM de ENR, esto no es ilegal, afirmó el oficial mayor Óscar Ortega Vélez, ya que el reglamento para el aprovechamiento de recursos federales permite llevar a cabo este tipo de contratos siempre y cuando se realicen en las mismas condiciones en que se hicieron el año anterior.

Sobre el recurso perteneciente al Ayuntamiento, que se rige bajo Ley de Adquisiciones local, cuyo tope para un proceso sin licitar es de 200 mil pesos, Ortega  indicó que la Ley Federal establece contratos con recurso mixto, por lo que no existiría problema en un futuro.

En la adjudicación directa AA-802002998-E21-2017, en la que se establece el arrendamiento, el titular de la Policía Municipal, Alonso Ulises Méndez, justificó que el no renovar el contrato atentaría contra la seguridad de la ciudadanía, ya que de las 600 patrullas requeridas para la operatividad diaria, solo se contaba con 332, es decir, poco más de la mitad.

Fotos: Eduardo Villa.- Ulises Méndez, director de la policía municipal

Agregó que dichas unidades se distribuyeron en las zonas prioritarias de la localidad y eso alteraría el orden público, y podría  generar pérdidas económicas al no aprovechar el contrato en las mismas condiciones.

Méndez Manuell-Gómez destacó que el arrendamiento de patrullas ayudó de forma importante a la disminución de la incidencia delictiva en comparación con el año anterior, de un 3 a 5% en promedio, pero aseveró que se logró controlar la tendencia delictiva que iba en aumento en comparación con el año anterior.

La regidora Pío Rodríguez aseveró que en todo momento se revisó que no se violara ningún reglamento para poder realizar la adjudicación, incluso, dijo, Sindicatura Municipal estuvo al pendiente del proceso.

LUMO FINANCIERA,  EMPRESA LIGADA AL PRI MEXIQUENSE

Lumo Financiera del Centro, SA de CV, SOFOM de ENR, es una empresa establecida en Tlalnepantla, Estado de México, fundada en 2011 y propiedad de Luis Humberto Montaño García, ex funcionario en la administración estatal de Arturo Montiel, donde convivió con el hoy Presidente dela República, Enrique Peña Nieto, a quien apoyó en su campaña cuando este último aspiraba a la gubernatura; fue nombrado subcoordinador de Vinculación y Participación Política del Partido Revolucionario Institucional.

Según el Registro Público de Comercio, además de Montaño García -que también fue diputado suplente en la LVIII Legislatura federal- varios de sus socios formaron parte del Gobierno Federal o están vinculados con gente cercana a Peña Nieto.

Alejandro Francisco Campos Rueda es otro de los priistas del Estado de México, quien incluso aparecía en  la lista para integrar el Senado de la República por parte del PRI en los años 2000 y 2006 para una diputación federal; su hermano, Rubén Alejandro, trabajó en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado de México.

Otro socio de Lumo Financiera es José Rafael Barrón Sánchez, quien durante los años 2013 y 2015 fue director general de Control de Juicios de Amparo, de la Procuraduría General de la República (PGR), según el portal Declaranet del Gobierno Federal; dejó el puesto y al poco tiempo se integró al negocio.

También trabajó durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, donde fue sancionado por la Auditoría Superior de la Federación, según los expedientes DGR/A/10/2013/R/09/26 y DGR/D/10/2013/R/09/35.

Miriam Álvarez del Castillo Delgado es la última integrante del negocio con más de 50 contratos con el Gobierno Federal bajo el esquema de arrendamientos, además de otros tantos pertenecientes  a gobiernos locales donde también se denunció la inflación de precios.

Lo interesante en Del Castillo Delgado es que fungió como directora general de Contraloría de Grupo MONEX, empresa relacionada y cuestionada por su intervención en favor de la campaña del Enrique Peña Nieto.

Lumo Financiera del Centro es la empresa favorita del Gobierno Federal para el arrendamiento de vehículos de cualquier tipo, y ha sido una de las más beneficiadas en la política de renta de automóviles oficiales emprendida por el Ejecutivo federal, la cual ha etiquetado recursos específicos para este concepto, imposibilitando o reduciendo la posibilidad de adquirir sus propias de unidades.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA  /EDUARDO VILLA LUGO /LUNES, 5 FEBRERO, 2018 12:00 PM)


MÁS DESVÍOS DE CÉSAR MORENO: EMPRESAS RECIÉN CREADAS, FIMBRES Y NÓMINAS SIN PAGAR


En 2016, el gobierno de César Moreno contrató un crédito de 160 millones de pesos para reestructurar la deuda pública y crear obra pública en Tecate, pero se desvió para pagar a empresas jaliscienses recién creadas y sin constancia de haber prestado servicios que no pudieron comprobarse. Funcionarios de primer nivel como Bartolomé Lam recibieron pagos excesivos y hasta para la radio de Javier Fimbres, observa la Auditoría

Meses antes que César Moreno González de Castilla concluyera su periodo como alcalde, el Ayuntamiento de Tecate contrajo una fuerte deuda que comprometería futuras participaciones federales.

El 23 de febrero de 2016, se celebró el contrato de crédito por 160 millones de pesos con el banco Bansi. Del total, 71 millones 619 mil 45 pesos estaban destinados para reestructurar la deuda contraída por el antecesor de César Moreno, el también priista Javier Urbalejo Cinco. Mientras que los 88 millones 380 mil 955 pesos restantes se invertirían en obra pública.

Los destinos de este crédito, aprobado para su contratación únicamente con estos dos fines de manera exclusiva, fueron otros, lo que constituye graves incumplimientos tanto a la Ley de Deuda Pública como a la Ley de las Responsabilidades de los Servidores Públicos, determinó la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC).

De entrada, no se pagó la totalidad de la reestructura de la deuda pública. El 24 de enero de 2017, Financiera Local, empresa con la que Urbalejo Cinco contrajo la deuda, requirió el pago faltante de un millón 673 mil 138 pesos, entre saldos no pagados y penalizaciones.

En cuanto a las 29 obras en las que se utilizarían más de 88 millones de pesos, como rehabilitaciones de parques, la construcción de un puente peatonal y habilitaciones de canales, la Auditoría no pudo encontrar evidencia de ellas.



Tecate en Pie de Lucha exige a la alcaldesa investigar desvíos

Así se dio a conocer en el reportaje “César Moreno desapareció 137 mdp en obra pública”, publicado el 29 de diciembre de 2017 y en las que se describe cómo esas 29 obras forman parte de construcciones, reparaciones y equipamientos inconclusos o que ni siquiera fueron iniciados.

¿A DÓNDE SE FUE EL DINERO?

Tras hallar estas irregularidades, la ASEBC indagó hasta encontrar a dónde fueron a parar estos millones. “El recurso fue utilizado en conceptos distintos al contratado, hasta por un monto de 62 millones 884 mil 317 pesos que principalmente fueron traspasados a cuentas bancarias de pago de sueldos, compensaciones y prestaciones al personal”.

De igual forma, se realizaron transferencias a cuentas del Fortamun 2016 (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios) y para pagar obras públicas que databan de 2014 y 2015, para las cuales el Ayuntamiento ya había recibido los recursos correspondientes para su ejecución.

Entre estos proyectos ya financiados, pero a los que se volvió a invertir dinero público, destaca Hábitat, un programa federal de desarrollo urbano y ordenamiento territorial enfocado a los habitantes de las zonas urbanas más marginadas.

El órgano fiscalizador también encontró que “el municipio utilizó recursos del crédito destinado a proyectos de inversión pública productiva, realizando pagos por 21 millones 455 mil 40 pesos mediante transferencias electrónicas directamente a las cuentas bancarias de siete empresas”.

DESVÍOS A EMPRESAS NUEVAS EN JALISCO Y RADIO DE FIMBRES

Cuatro de estas empresas, que suman transferencias por más de 20 millones de pesos, coinciden en ser de reciente creación, no tener presencia en internet -a pesar de recibir millones de pesos en contratos- y estar ubicadas a más de 2 mil kilómetros de distancia, hasta Jalisco.

Una de estas es Asesoría y Planeación Estratégica Horn, la cual recibió 8 millones 352 mil pesos. Se trata de una empresa creada en 2014, apenas a dos años de haber sido contratada por el Ayuntamiento de Tecate. Está ubicada en Guadalajara, Jalisco, y tiene a Mario Alberto Moreno Ayala y Carlos Armando Viramontes Salas como sus socios, según resultados arrojados en una consulta en la Secretaría de Economía.

El caso se repite con Soluciones Integrales Emmaso, formada en 2012 y que en dos transferencias recibió 4 millones 872 mil pesos.

Con domicilio en Guadalajara, Jalisco, se dedica a la compra, venta, distribución y otras actividades comerciales relacionadas con artículos electrónicos. Está constituida por Fabián Rangel García y Luis Fernando Estrada Martínez, y tiene como administrador general único a Eduardo Rangel González.

Con un millón 740 mil pesos cobrados, Industrias Recizap dice dedicarse a la comercialización, fabricación, reciclaje y otras actividades comerciales relacionadas con el plástico, papel, cartón y sus derivados.

Al igual que las anteriores, Industrias Recizap, creada en 2013, tiene su domicilio en Zapopan, Jalisco, y como socios a Javier Nava Ramírez (padre) y Javier Nava Gómez (hijo).

Por su parte, Servicios Administrativos Génova recibió 5 millones 568 mil pesos. La empresa ubicada en Guadalajara, Jalisco, fue creada en 2014 y tiene como socios a Martín Delgadillo Tejeda y Julio César Aranda Meza.

Rubens Asesores, sin registro en la Secretaría de Economía, recibió 870 mil pesos el 24 de noviembre de 2016, una semana antes de que concluyera la administración municipal. Mientras que 53 mil 40 pesos se destinaron a los conceptos de “gastos notariales” y “honorarios fiduciarios”, sin que el gobierno municipal aportara siquiera una cuenta de referencia a la que se haya realizado la transferencia.



Cabildo que aprobó desvíos. Abel Rivera, regidor con César, jefe de Transparencia con Nereida

La AESBC también señaló que “se utilizaron recursos del crédito citado para pago de pasivos provenientes del ejercicio 2015 por un millón 302 mil 749 pesos por servicios de difusión institucional en radio, incumpliendo con el destino del crédito”.

Se trata de dos pagos hechos a Radio Baja y Radio Cuchuma, ambas son propiedad del tecatense Javier Fimbres Durazo, quien durante años ha concentrado hasta el 80 por ciento del presupuesto del Ayuntamiento de Tecate destinado a la publicidad.

El yerno del septuagenario priista, Francisco Palacio Manjarrez, fue secretario de Gobierno durante la administración de César Moreno. En 2016 protagonizó una persecución desde la Aduana de Tecate, cuando agentes federales le ordenaron detenerse para revisar una Suburban negra, sospechosa de tráfico ilegal de mercancías.

1 MDP EN PAGOS DE NÓMINA DESAPARECIDOS

En sus observaciones referentes a la cuenta pública 2016, la ASEBC también encontró que el Ayuntamiento de Tecate devengó 927 mil 859 pesos a través de tres cheque que justificó servirían para efectuar pagos en efectivo de nóminas a personal de confianza, seguridad pública o policías y de base, en febrero de 2016.

No obstante, “no mostraron evidencia de la persona que realizó el cobro de los cheques, así mismo, se desconoce el motivo el cual las nóminas se pagaron en efectivo”, explica la ASEBC en sus observaciones.

Lo anterior incumple con lo establecido en la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado. La situación se repitió en el último trimestre.

Entre el 10 de junio y el 22 de diciembre de 2016 (el último mes correspondiente al gobierno de Nereida Fuentes), las nóminas de personal de base y confianza carecen de 673 firmas, lo que significa que no existe evidencia de que el personal haya recibido los pagos.

Se trata de pagos destinados a personal de Seguridad Pública, Policía Comercial, Desarrollo Social, Tesorería, Obras Públicas, entre otros, pero que no se puede comprobar si los recibieron o no.

No era la primera vez que lo hacían. De acuerdo con la Auditoría, el Ayuntamiento de Tecate fue objeto de la misma observación en el ejercicio fiscal 2015.


MÁS IRREGULARIDADES EN FINIQUITOS, INDEMNIZACIONES Y VACACIONES

De acuerdo con el órgano fiscalizador en Baja California, el gobierno municipal de Tecate calculó y registró indebidamente un importe de un millón 87 mil 625 pesos por concepto de indemnización a personal de confianza que continuó laborando después del 30 de noviembre de 2016, cuando salió la administración de César Moreno.


Nereida Fuentes, cómplice / Juan Bartolomé Lam Canto se embolsó $61,600 pesos ilegales

Lo anterior porque se trató de renuncias, 17 funcionarios recibieron indemnizaciones improcedentes, siendo las más destacadas:

* Juan Carlos Fraijo Lino, coordinador de Asuntos de Cabildo y Gobierno: 122 mil 723 pesos

* Abel Rodríguez Gutiérrez, director de Evaluación: 110 mil 723 pesos.

* Eduardo Morsa Isabeles, coordinador de Delegaciones: 98 mil 723 pesos.
* Jorge Luis García Silva, control presupuestal: 74 mil 477 pesos.

* Juan Carlos Fraijo Lino, chofer y policía: 71 mil 999 pesos.

* Judith Barona Aguilar, directora jurídica: 70 mil 497 pesos.

Hubo otros pagos por finiquitos que no procedieron, por ejemplo el de Camerino Rocha Mora, quien recibió un finiquito por 196 mil 202 pesos, pero fue cancelado el 30 de diciembre de 2016, ya que labora en la actual administración como jefe del Departamento de Reglamentos.

Otros 178 mil 649 pesos se pagaron, de manera injustificada, por concepto de vacaciones y prima vacacional a 13 empleados de confianza.

De estos casos, sobresale el ex director de Seguridad Pública, Juan Bartolomé Lam Canto, quien recibió 61 mil 600 pesos de más por concepto de vacaciones y prima vacacional. También se encuentra Fernando Martínez Grajeda, jefe de Contraloría Interna Municipal, con 36 mil 637 pesos que no debió haber recibido.

Así como Javier Vázquez Abril, jefe del Rastro Municipal, con 16 mil 713 pesos, y Misael Contreras Acedo, jefe del Departamento de Presupuesto, con 12 mil 826 pesos.

“NEREIDA NO HACE NADA”: TECATE EN PIE DE LUCHA

A través de la voz de Antonio Juárez, vocero e integrante del movimiento Tecate en Pie de Lucha, se ha encargado de denunciar estas irregularidades detectadas por la ASEBC, las cuales compartieron con ZETA.

Sin embargo, la exigencia de que se investigue al ex presidente municipal César Moreno y a sus funcionarios, se extiende a la alcaldesa Nereida Fuentes, quien consideran, protege a su antecesor.

“Esto es un problema de César Moreno que involucra a Nereida Fuentes, que no conforme con haber leído y aprobado el crédito de 160 millones de pesos cuando fue secretaria de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, está convirtiéndose más en su cómplice”, denunció el joven activista.

En reiteradas ocasiones, el colectivo Tecate en Pie de Lucha ha solicitado información sobre los movimientos del dinero público que hizo el ex alcalde, ya sea en mesas de trabajo con funcionarios actuales o a través de solicitudes de información en la Unidad de Transparencia, sin obtener respuesta.

“Lo primero que dijo es que no sabía, pero ahí está su firma (en los dictámenes de aprobación de cuentas públicas), así que finge no recordar o firmó sin fijarse”, declaró Juárez.

La protección que César Moreno reciba en el actual Ayuntamiento va más allá de la alcaldesa; también sus ex colaboradores ocupan posiciones clave en el juego de la complicidad.

Corresponde investigar estos desvíos millonarios al síndico procurador Gerardo Sosa Minakata, quien fue el secretario particular del ex alcalde, mientras que Abel Rivera, actual jefe de la Unidad de Transparencia, fue regidor priista en el Cabildo de Moreno y quien aprobó también los dictámenes que derivaron en este desvío.

Es así como el contubernio se extiende a la administración de Nereida Fuentes.


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA  /INÉS GARCÍA RAMOS /LUNES, 5 FEBRERO, 2018 12:00 PM)



SUFRE INFARTO PRESUNTO ASESINO DEL CARDENAL POSADAS


Más de un mes hospitalizado Humberto N. “La Rana” del Cártel Arellano Félix

Guadalajara, Jalisco.- El ex comandante policial, Humberto N. alias” La Rana”, presunto homicida del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, sufrió un infarto que obligó a las autoridades excarcelarlo de penal de máxima seguridad de Puente Grande y enviarlo al Hospital Civil de esta ciudad.

El recluso, gatillero del Cártel Arellano Félix y quien lleva preso más de 16 años sin recibir condena por el asesinato del prelado y seis personas más en el aeropuerto tapatío el 24 de mayo de 1993, lleva más de un mes hospitalizado en la sala chica ante un importante dispositivo de seguridad.

La información fue confirmada por la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número 2 “Occidente”, al Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal de Guadalajara, ante quienes familiares del reo promovieron una demanda de garantías quejándose de la deficiente atención médica que en el reclusorio se brindaba al imputado.

La autoridad penitenciaria informó que el traslado se hizo de manera urgente desde el pasado 29 de diciembre debido al infarto agudo de miocardio sufrido por el interno y que se encuentra bajo la supervisión médica de la Unidad de Cuidados Coronarios del Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”.

Humberto N. “La Rana” ingresó al penal federal de Jalisco en julio de 2001 después de fue detenido en la ciudad de Tijuana bajo la falsa identidad de Carlos Durán Montoya. E diciembre de 2015 fue trasladado al Cefereso 13 Oaxaca y a mediados de 2017 ganó un amparo para ser devuelto a Puente Grande.

Durante su estancia en la cárcel de máxima seguridad de Oaxaca la salud del quejoso empeoró. Según juicios de amparo promovidos en esa entidad, “La Rana” padece de la vista, hipertensión y tiene problemas en uno de sus pies que está en riesgo de ser amputado.

Además del homicidio del Cardenal Posadas, Humberto N. enfrenta diferentes causas penales por otros crímenes, entre ellos el del ex procurador de Jalisco, Leobardo Larios Guzmán.

Se desconoce cuánto tiempo permanecerá el prisionero en el nosocomio público de Guadalajara.


(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  ZETA/ LUNES, 5 FEBRERO, 2018 11:26 AM)

“GRUPO MELO NO RESPETÓ ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EDIFICACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO EL PEDREGAL”: ASTIAZARÁN ORCÍ


Fotos: Agustin Reyes

Grupo Melo no respetó el estudio geotécnico que le fue autorizado para la edificación del fraccionamiento El Pedregal, “hay varios corresponsables ejecutores de obra que deben responder ante este problema”, entre los que se podrían encontrar la constructora, la empresa que realizó el estudio y la propia autoridad municipal en turnó que debió supervisar la correcta ejecución, señaló el Dr. Jorge Astiazarán Orcí, ex alcalde de Tijuana, quién reconoció que su administración sí otorgó las licencias para esa obra, pero no en las condiciones en las que se llevó a cabo.

En entrevista para ZETA, el ex presidente municipal anotó “no se cumplieron en las últimas etapas, si se hubiera cumplido al pie de la letra lo que establecen los estudios y los planos no hubiésemos tenido este problema”.

Precisó que los permisos se solicitaron en mayo, pero el Instituto Municipal de Planeación -IMPLAN- consideró necesario requerir otros estudios, dado que el terreno en el que se edificaría el fraccionamiento estaría rodeado de cerros, entre ellos el estudio geotécnico, en el que se determinó cortes de diferente nivel y altura que evidentemente “no se respetaron”, lo que podría ser la causa del deslizamiento de tierra que a la fecha ha causado el derrumbe de 89 viviendas de la colonia Lomas del Rubí.

Al respecto, el Ing, Roberto Sánchez, quién fuera Secretario de Administración Urbana y Ecología -SDUE- en el XXI Ayuntamiento, expuso que revisó la autorización para la edificación del fraccionamiento, y para el mes de mayo de 2016 ya habían cumplido con todos los requisitos, pero IMPLAN solicitó a través del perito responsable de la obra el estudio geotécnico, para determinar las condiciones del terreno a profundidades mayores.

“Ellos, a través de su técnico el Ingeniero Mascareño -Francisco Javier- se rehusaban a realizarlo, porque ya era demasiada información, que ya era innecesaria -argumentaron-, sin embargo, nosotros los obligamos a que lo hicieran y lo entregaron para el mes de octubre. Una vez que se revisó se integró el expediente que quedó listo en noviembre, al momento de verificar que cumplieron con todos los requisitos les otorgamos la autorización con la licencia de construcción”, detalló.

Y agregó, “el estudio geotécnico nos revela información que nos obliga a diseñar obras de infraestructura de protección por si hubiera alguna falla geotécnica o algunas condiciones inadecuadas o inestables del terreno, al revisar había que edificar lo que nos recomendaba el especialista, respetar ciertos procedimientos en la construcción, como es cortes a diferentes niveles y a diferentes alturas y no sobrepasar esas alturas, para no perder la estabilidad del talud”.

“En la información que nosotros tenemos es que, aparentemente, no respetaron ese procedimiento y se pasó de las alturas recomendadas por el estudio geotécnico y se hacen cortes más altos de lo que establece la recomendación del estudio geotécnico, lo cual ha provocado estos asentamientos”, señaló.

Ante ello, tanto el exalcalde como el ex titular de SDUE, consideraron “el Ayuntamiento tiene la obligación de hacer visitas periódicas para verificar que lo que está en el expediente del proyecto se esté cumpliendo cabalmente en la obra, pero que además estén respetando el reglamento y esas visitas periódicas deben acreditarse y quedar asentadas en una bitácora de obra que debe estar en este momento actualizada con esas visitas que se han hecho este año y el año pasado”.

Antes de señalar cuando se otorgó el permiso, deben revisar y dar a conocer lo asentado en esas bitácoras, de la cual la empresa y la Dirección de Desarrollo Urbano -DAU- deben tener registro, “ahí se van a encontrar todos los elementos para poder verificar en donde han estado los problemas que han generado este derrumbe”.

Además, continuó recordó Roberto Sánchez, el reglamento actual del Ayuntamiento establece que las empresas que se dedican al estudio de mecánica de suelo y los estudios geotécnicos, deben hacer también visitas periódicas, sobre todo cuando hay movimientos de tierra con corte de talud, “para estar verificando que se estén haciendo conforme al proyecto que ellos hicieron porque son corresponsables y que además deben estar verificando cualquier situación que no fue asentada en el proyecto original o en el estudio que se hizo y poderla resolver inmediatamente”.

Para el ex presidente municipal de Tijuana, el hecho de que la administración de Juan Manuel Gastélum Buenrostro lo responsabilice de todo lo que sale mal en su gobierno es solo una forma de evadir su responsabilidad, “el querernos responsabilizar es poner una cortina de humo en esta situación. Si llueve nos culpan, si no llueve nos culpan, prácticamente a 14 meses de haber culminado nos culpan de todo a nosotros”.

“Yo creo que nosotros cumplimos con todo, estamos muy tranquilos y como le vuelvo a referir, sigo dedicado a la medicina, vivo en la misma casa, tengo el mismo carro, tengo la misma esposa, estoy muy tranquilo, lo demás es grilla”.

En tanto, Roberto Sánchez indicó, “estamos en la mejor disposición de hacer todas las aclaraciones que sean necesarias, afortunadamente documentalmente estamos protegidos, hemos hecho las cosas conforme lo marcan los reglamentos, a la fecha han sido solo temas mediáticos, a la fecha no he recibido una sola llamada o una sola notificación de que me presente a aclarar algún tema. Estamos contentos con el trabajo que hicimos, sabemos que nos faltó mucho por hacer, pero estamos contentos con lo que se hizo y se hizo bastante bien”.


(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  ISABEL MERCADO LUNES, 5 FEBRERO, 2018 01:06 PM)

RIÑA FAMILIAR TERMINA EN BALACERA EN MEXICALI


Cinco balazos terminaron con la vida de un hombre de 54 años de edad, luego de una reyerta familiar en la colonia Unión Pioneros, en la zona Oriente de Mexicali, y cuyo responsable fue identificado como el yerno de la víctima.

Eran las 07:00 horas en el reloj cuando vía central de emergencias se reportó una balacera en dicha zona ubicada en la Delegación González Ortega, también conocida como Palaco, hasta donde se movilizaron policías de la Zona Oriente y paramédicos de la Cruz Roja.

Y es que el quejoso indicó que una persona había resultado herida tras recibir por lo menos cinco proyectiles de arma de fuego en diversas partes de cuerpo.

Según lo referido por vecinos, la noche anterior se desenvolvía una reunión familiar, la cual se salió de control tras una pelea entre el presunto responsable y el occiso ya identificado como Eduardo Jacobo Andrade de 54 años de edad.

Se desconoce ciertos detalles todavía, pero el hoy prófugo tomó el arma de fuego y disparó contra la víctima, el cual murió minutos después en si vivienda marcada con el número 3224 de la avenida Río Suchiate Norte, casi esquina con la calle Décima.

El presunto responsable huyó acompañado de una mujer a bordo de una camioneta Blazer, color guinda.


(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  EDUARDO VILLA LUGO /LUNES, 5 FEBRERO, 2018 01:36 PM)

VA POR 100 CRIMINALES DE TRES CÁRTELES


Foto: Jorge Dueñes

Mientras supervisa una de las unidades de sección militar, que destacados en la II Zona y dentro de la Operación Invierno Seguro, se instalan en cada una de las delegaciones de la ciudad para patrullar la zona y combatir el crimen en coordinación con autoridades federales y del Estado, el General Comandante de la II Zona Militar, Enrique Martínez, explicó cómo se ha dado la atomización de los cárteles, a quiénes persiguen, cómo ha repuntado la drogadicción y cómo desde la legalización de la marihuana en Estados Unidos, en Baja California se trafica más droga “dura”: fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina. También, a detalle, las operaciones del Ejército

El tráfico de drogas en Baja California está cambiando.

Los cárteles trasiegan más droga por mar y carretera que por aire.

Y son distintas las sustancias ilícitas que trafican, particularmente desde la legalización del consumo recreacional de la marihuana en varias entidades de Estados Unidos.

Evidenciando que la legalización de una droga no significa el fin del narcotráfico o de la insana guerra que estos libran, ante la baja en la comercialización de la marihuana, a esta frontera llegan más drogas sintéticas.

Hace unas semanas en Ensenada, elementos del Ejército Mexicano confiscaron 414 kilos de metanfetamina, 45.5 kilos de fentanilo, 39 kilogramos de cocaína y ocho kilos de heroína.

La marihuana, evidentemente, ya no es el negocio.

En otro decomiso, también por parte de soldados destacados en la II Zona Militar, decomisaron 391 kilos de metanfetamina, 83 kilos de cocaína, un kilo de heroína y un kilo de fentanilo. Días después, en El Chinero, allá por el área de San Felipe, otro decomiso: 319 kilos de metanfetamina, 10 kilos de fentanilo, 2.3 kilos de heroína y 2 mil 132 dosis de una sustancia que aún se desconoce cuál droga es.

En una camioneta sport para cuatro pasajeros, los soldados en el punto de revisión de El Centinela localizaron 50 kilogramos de metanfetamina en la llanta de refacción.

La realidad, explica el General Comandante de la II Zona Militar, Enrique Martínez, es que en Baja California hay un serio problema de drogadicción.

Efectivamente, una queja es la constante en las colonias de Baja California, refiere el General Enrique Martínez: “En las colonias ahorita el número de denuncias es del consumo de drogas, de gente que vende droga, que la distribuye, los picaderos famosos, las tienditas, y algunas personas que se dedican a eso. Ahorita que estamos desplegados, tienen más interacción con la gente, pero las denuncias van en ese sentido.


“De los cinco municipios lamentablemente en todos se venden droga, de acuerdo al número de población, ahí más o menos. A mí me llama la atención que por ejemplo en San Quintín, San Vicente o esas zonas agrícolas tienen mucha gente Triqui que ‘ahí venden droga’, entonces, cómo es posible que detuvimos unas personas con mil dosis, y era martes, se puede decir que apenas le estaban dando, y el jueves lo vuelven a refaccionar. Entonces, sí hay un consumo fuerte de droga. Ese consumo de droga creo que es la piedra angular de todo este problema, si hay un consumo de drogas fuerte, pues hay muchos vendedores de droga, y sí, hay una pugna entre diversas facciones o cárteles que quieren encargarse de ese negocio que es bastante redituable”.

Mientras supervisa las unidades de sección conformadas por 30 elementos del Ejército Mexicano apostados en cada una de las delegaciones de Tijuana, el General Martínez reflexiona sobre el nuevo comportamiento del narcotráfico en México: “Es un fenómeno que pasó en todo el país, la atomización de los cárteles, aquí hay tres, pero dentro de los tres hay diferentes facciones, ‘son de Sinaloa, pero son de fulano de tal, que estos son de Jalisco pero estos son de ellos, estos de los Arellano asociados con Jalisco’, y lamentablemente, cuando hay una detención, saltan varios que quieren ser líderes de esa facción y empiezan otra vez las pugnas. Y definitivamente hay que seguir aplicando la Ley, no hay más, que si sale uno, sigue otro, y seguirlos apresando y aplicarles la Ley”.

En ese sentido, en coordinación con instituciones del Estado y de la Federación, en la II Zona Militar han trazado un plan: “Es apoyo a la seguridad pública para reducir los índices, hay una mesa de inteligencia que determina quiénes son los líderes que están provocando esta ola de violencia y se trabaja con las autoridades a que salgan las órdenes de aprehensión y se vayan procurando”.



Explicó:

“No hemos dejado de pensar en aquellos como ‘La Rana’, pero no están en Baja California. Lo que se pidió fue que detectáramos en las colonias quiénes están operando para esas personas, y esos son (por los que van). Y pues buscando ahora sí que se obsequien esas órdenes de aprehensión.

“Estamos hablando de los principales objetivos en Mexicali, Tijuana y Ensenada; estamos hablando de cien personas, más o menos. Hay desde operadores, que en una colonia sabemos que es el que mueve todo, hasta el que es jefe de esa demarcación o de esa zona. Órdenes de aprehensión donde más hay, si no me equivoco, fue en Mexicali, no debemos tener más de veinte órdenes de aprehensión, no ha habido elementos del juicio que permitan a la autoridad, a pesar de que hay el compromiso de ellos”.

El patrullaje del Ejército en el Estado lo hacen 900 elementos, recientemente arribaron más de 300 para reforzar Tijuana, donde las unidades de sección se ubican por delegaciones, además, refiere el General, “tenemos en todas las garitas, tenemos cuatro fuerzas de reacción: una en Ensenada, una en Tijuana, una en Mexicali y una en San Quintín; son cinco fuerzas, y una en San Felipe. Donde hay una unidad, siempre tenemos personal disponible para salir a realizar desde la aplicación del Plan DN-III hasta operaciones para reducir la violencia, o atender alguna queja ciudadana o reforzar a la autoridad.

“Las cinco Bases de Operaciones Mixtas que están en los diferentes municipios, tenemos quince destacamentos de seguridad que van desde todas las garitas, hay personal militar, son instalaciones estratégicas; tenemos en la planta de Pemex, en Mexicali. En todos los aeropuertos. Tenemos cinco puestos militares de seguridad, que son los que ustedes conocen como retenes: El Centinela, El Ajusco, Ojos Negros, El Rosario, San Agustín y Popotla. Y El Chinero, también. Popotla es una Base de Operación Móvil, El Chinero en Mexicali, está el puerto de San Felipe…”.

Y con la inversión del Gobierno del Estado, 30 millones de pesos que provienen del Fideicomiso Público de Administración de Fondos de Inversión del Tramo Carretero Centinela-Rumorosa (Fiarum), de las cuotas que pagan quienes transitan por La Rumorosa, se modernizará el punto de inspección de El Centinela en la salida de Mexicali, “se le van a hacer instalaciones más modernas, no modernas en cuanto a tecnología, sino dignas para que la gente que llega la pueda revisar más eficientemente, para empezar una sombra ahí grande para que la gente que llega y se baje no esté a las inclemencias del tiempo. Se va a hacer una sala de espera para todos los que llegan de autobús, y un dormitorio para el personal, para mejorarle sus condiciones de habitabilidad, que están permanentemente ahí”.



La modernización comenzó el 22 de diciembre de 2017 y constará de dos etapas, la primera a concluir en abril, que es techumbre y ampliación de carriles de revisión, y para noviembre de 2018, se terminará la sala de espera y los dormitorios para el personal militar.

En tanto, para vigilar el espacio aéreo, el Ejército cuenta con dos helicópteros en la II Región Militar y un escuadrón aéreo.

“Parte de las operaciones importantes que tenemos, es un despliegue, el despliegue general también responde a las operaciones de intercepción aérea, se puede decir que se han erradicado del Estado, pero sí hemos tenido, principalmente el año pasado que tuvimos once avionetas que se aseguraron con carga, y luego aseguramos cinco cargas que habían bajado y no se puedo asegurar la avioneta, y donde ellos prefirieron ya no usar ese tradicional método de transporte hacia el Estado. Los problemas, vaya, en Mexicali, que se junta mucho con toda la zona de San Luis Río Colorado, esa parte del Valle de Santa Clara, la zona de Ojos Negros y Valle de la Trinidad eran los principales”, detalló el General.

La disminución de los ilícitos aterrizajes de aeronaves cargadas de droga también se dio en Ojos Negros y el Valle de la Trinidad, donde de un año a otro, con la inspección militar, se ha reducido en un 90 por ciento el trasiego de droga por esa vía y en esa zona. Los criminales también cambiaron la estrategia ante la operación militar:

“Ellos empezaron a modificar su patrón. Teníamos aseguramientos en el día y de repente todos eran en la noche, pero como contamos con medios de intercepción, que ahí se ve un helicóptero que tenemos permanente en San Felipe con dos aviones, que usamos para intercepción y otro escuadrón de aviones en Ensenada, con eso hacemos la intercepción en la costa. Entonces, todo lo que es Valle de Trinidad, Ojos Negros, toda esa zona, efectivamente dejaron de caer”.



Y no se trata de la eliminación de pistas clandestinas, de hecho el General Enrique Martínez comenta que habiendo tanta planicie en la geografía de Baja California, e importantes vías de comunicación, las mismas son utilizadas como pistas de aterrizaje: “Detectamos entre los aseguramientos que usan desde la carretera principal como forma de aterrizaje hasta caminos a entradas a ranchos hasta zonas planas del Estado. Yo ya les había enseñado unas fotos, ‘bueno cómo bajo aquí’, si el camino principal de terracería comúnmente viene en esta zona, sí, y bajó en otro lado de un barbecho. Pues es lo que les ayuda, les facilita las zonas planas. Esta operación no la hemos podido dejar, les digo que tenemos helicópteros, tenemos dos aviones”.

De las herramientas para combatirlos, expuso:

“Tenemos dos helicópteros aquí en la Región, que cuando uno desde Hermosillo, Puerto Peñasco, lo vamos modificando, y otro entre Ensenada y San Felipe, que también es el que nos ayuda para la intercepción.

“Tenemos un escuadrón de aviones, y el despliegue de dos en Puerto Peñasco, dos en San Felipe también para la intercepción. Estos son antecedentes de lo que se hizo el año pasado, se estableció igual que ahora, diversas operaciones para reforzar sobre todo en Tijuana, a la autoridad en lo que ellos capacitan a los policías. Se trata de una idea de otras partes. El año pasado se hicieron tres operaciones: Frontera Segura, que el nombre es lo de menos, y fue en febrero y marzo de 2017, se trabaja con autoridad, no trabajamos independientes, trabajamos con el Estado. Por ejemplo, las Bases de Operaciones Móviles que en un momento dado es un puesto de seguridad, nada más estar checando los militares el tráfico, impunemente a los maleantes”.

OPERACIONES ESPECIALES

Hace algunas semanas concluyó la Operación Frontera Segura, pero ha habido otras. “Tuvimos la Operación Ímpetu, que también tuvo sus resultados, todo esto fue el año pasado, del 17 de julio al 17 de agosto; la Operación Tucán, también tuvo detenidos, poco más de marihuana, esto debió ser entre septiembre y octubre”.


Actualmente se lleva a cabo la Operación Invierno Seguro que, informa el General Enrique Martínez, “va a durar dos meses, nosotros empezamos el 8 de enero y va a ser hasta el 8 de marzo, recibimos como apoyo a casi 400 personas de ciertas entidades y sumamos con la gente que aquí, que nos quedó de aquí de Tijuana, que no es mucha, y así hemos estado llevando las operaciones”.

Se realiza en Tijuana y por delegación, incluye una unidad de inspección con 30 elementos, “hay cuatro vehículos, 15 y 15 van patrullando la misma colonia, por si tenemos alguna denuncia poder abarcar más”. Algunos de esos grupos son de Infantería, otros de Caballería.

A la fecha, con Invierno Seguro ha habido los siguientes resultados:

“37 detenidos, 14 por faltas administrativas, 348 por dosis marihuana, 20 por cocaína, dosis de diferentes drogas, una de malaria, siete armas cortas, dos cargadores 53 cartuchos, 14 vehículos asegurados y vehículos con reporte de robo asegurados. Aquí lo principal es que están en las colonias, por ejemplo, en El Pípila tenemos una base de operaciones y ahí está atendiendo. Tenemos conocimiento de quiénes denuncian, pero normalmente ellos consultan. Gente que roba hasta para hacer eso, ‘oiga, se robaron tubos…’”.

De hecho en comparación con 2016, en 2017 el Ejército realizó más aseguramientos de droga: “Hubo más decomisos de drogas duras, de drogas de diseño, metanfetaminas, cristal, eso es lo que hubo más, decomiso y avionetas. Tuvimos más plantíos destruidos de amapola y de marihuana, y esas son las diferencias principales”.

Y a pesar que Baja California no es una región productora de drogas, sí registraron un aumento en sembradíos descubiertos:

“Hubo un incremento de los plantíos de amapola, sigue habiendo plantíos de marihuana, no en grandes cantidades, pero sigue habiendo, tampoco en grandes extensiones”.


Los decomisos de drogas “duras”, insistió, se incrementaron a partir de la legalización de la marihuana en varios estados de la Unión Americana. Además, por las condiciones geográficas del Estado: “Tenemos una península muy grande. Tenemos dos líneas de análisis, sobre todo, una cubre nuestros radares hasta el Paralelo, entonces esa es una opción. La otra, por mar. Por los aseguramientos que tuvimos el año pasado, muchos, sobre todo ahí en Ensenada, desde Punta China, muchos lugares pequeños, si recuerdan hasta en Rosarito hubo aseguramientos, y tenemos mil millas, o más de mil millas de litorales, y por los dos lados”.

En los puntos de revisión, por ejemplo en El Centinela, los soldados cuentan con tecnología especializada para la intercepción de droga en compartimentos ocultos o dobles fondos, “tenemos ahí un aparato de Rayos X donde se observa cuando hacen modificaciones para ocultar paquetes; la Policía Federal tiene una de Rayos Gamma, que ese es para el transporte pesado. Encontramos 50 kilos de metanfetamina en las llantas. Hay gente que luego la mete a los bastidores de las puertas, ya ve que está hueca, con el ZBV sale perfectamente”.

Se refiere al Z Backscatter® Van, mejor conocido como ZBV, cuya descripción en la página de internet aparece así: “Es el sistema de inspección de vehículos y de carga más cómodo, versátil y efectivo del mercado. Además de la tecnología Z Backscatter, creada y perfeccionada por AS&E, ZBV con la opción Tx-View ofrece detección mejorada de amenazas metálicas al proporcionar imágenes de transmisión de doble energía de los vehículos y la carga analizada. Las imágenes de Z Backscatter de fácil lectura revelan de forma rápida y clara amenazas como explosivos, sustancias, divisas y artículos de fraude comercial como alcohol y cigarros”.

LAS PUGNAS

En los últimos meses, los actos de violencia han ocurrido con mayor frecuencia en el municipio de Ensenada. Esto tiene que ver con el movimiento de los cárteles de una zona a otra, dependiendo la inspección que por parte de las autoridades suceda. Por ejemplo, el General dijo que los jefes de célula de los cárteles Arellano, Jalisco y de Sinaloa, no se encuentran en Baja California porque han sido denunciados de manera constante. Sus nombres y sus caras son tan visibles, que debieron salir de la región.

En el puerto ocurre -a proporción- lo mismo:

“En Ensenada es la pugna igual, si mal no recuerdan, hubo varias facciones, varias detenciones, y de repente, una facción que trabajaba para Sinaloa, pues ‘ahora yo soy Jalisco’, la famosa ‘Señora Acero’, entonces se pelean. Yo creo que Ensenada, más que la venta de droga, que sí hay, y hay en las comunidades de Maneadero y todas esas, San Vicente -nos platican los líderes-, tanto de los trabajadores como de los patrones, como que los jóvenes ahora, tenemos cinco mil Triquis ahí, o cinco mil gentes de población que ya vive ahí prácticamente, en la tarde no tienen nada que hacer, se la pasan desde vandalizando carros, casas, roban, y consumiendo. Hemos buscado con ellos un acercamiento con programas de prevención para el consumo, pero también se quiere, porque se ha buscado, independientemente de los recorridos y estar tratando de disuadir, hacer campañas sociales.

“Por ejemplo en Vicente Guerrero tenemos un predio que estamos ocupando solo con una base en operaciones esporádicas, porque es un terreno grande, que nos piden hacer una cancha de futbol, primero que de basquetbol, pero determinamos que fuera de futbol y de basquetbol y que se le permita a los niños ir. Nos pasan cosas muy curiosas que ustedes no saben. ‘Oiga, ¿y ustedes pueden poner el material para que se haga la obra?’, oiga, pues convoque a la comunidad al municipio, busquen. Y luego, ‘Póngannos instructores para que vaya el militar’… Oiga no, yo no tengo instructor, yo tengo soldados”.

Total, “pusimos dos, una que tenemos en Popotla y otra la pusimos en la salida del Bulevar 2000”.

Rosarito es otro municipio conflictuado por el narcomenudeo, que cuenta con dos puntos de inspección militar: “Ahí tenemos la de Popotla ya históricamente, es la que va a atender los problemas de la población en Rosarito, y pusimos una a la salida del Bulevar 2000, nos están prestando un local en Rosarito para que ahí los asimilemos a todo lo que es el Bulevar 2000, en esa parte Norte y Este de Rosarito”

COORDINACIÓN REQUIERE ACELERAR EL PASO

Ciertamente en Baja California las corporaciones policíacas civiles no han atravesado por una real depuración en muchos años, aun cuando ha habido bajas por mal desempeño, por denuncias, por haber sido detenidos los oficiales in fraganti o porque no aprobaron los exámenes de Control, Evaluación y Confianza; una campaña de depuración no se ha encabezado desde la entrada del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid.

Sin embargo, son las corporaciones y las instituciones con las que ha de trabajar en coordinación el Ejército.



“Hemos trabajado el Grupo Coordinación, se presentó, hubo una reunión en Tecate y se presentaron algunos avances, se hablaron números, pero la verdad, necesitamos acelerar ese paso, fue lo que se dijo, ‘okey, vamos en avance’ sobre todo en depuración, en exámenes de confianza, en reclutamiento vamos bajos, y en equipamiento.

“Ha habido un avance, pero ha sido marginal, se espera que podamos atender toda esta situación, pues vamos bajos, sabemos que no se hace de un día para otro, ya lo hemos hablado, un policía no se entrena de un día para otro, se necesita para iniciar una capacitación básica, para poder cuidar un crucero, pero ya capacitarlos para el resto de las actividades ya lleva más tiempo. Entonces, vamos a seguir insistiendo, por ahí quedamos en hacer un equipo multidisciplinario con la Secretaría de Seguridad Pública y nosotros vamos a ir a cada municipio aprovechando el canje de armas que se hace cada seis meses con las corporaciones e ir a checar todas esas partes, ellos tienen que ponerles especial atención, en ese sentido yo voy a entrevistarme con todo los presidentes municipales y Secretaría de Seguridad Pública y ver esos problemas ya en cortito; esos problemas específicos que nos estén causando alguna detención de las acciones.

“Como les digo, el Grupo Coordinación, en forma general, por toda Tijuana y Mexicali, Tecate, nos dicen que tienen la mejor disposición, han asignado como Tijuana ha asignado recursos, pero esto no se da de un día para otro, ni el policía se hace de un día para otro, lo que queremos es no dejar esas acciones y coordinar con ellos qué más se puede hacer. Mexicali ha estado muy activa en cuanto a comité de defensa, vecinales”, indicó.

En efecto, los ciudadanos se han organizado en los municipios para cuidar sus zonas de residencia ante la escasez de policías para patrullar las ciudades. Particularmente en el caso de Mexicali, el General mencionó:

“El año pasado, por octubre, noviembre, decía al presidente municipal, volvemos a lo mismo, necesitamos información para atacar a aquellos puntos donde hay más vulnerabilidad. Yo como militar informado es difícil que alguien se acerque por temor a que lo estén viendo que está denunciando, o que vengan, a veces se hace por los medios, pero hay cierto escepticismo; entonces les digo, ustedes tienen los comités, a todas las gentes en las bases, las delegaciones y colonias, hágannos llegar la información, y ahí empiezan a organizarse, el esfuerzo de proponerse”.

LOS CÁRTELES

Después de la narcoguerra que de 2007 a 2010 sostuvieron los cárteles Arellano Félix y de Sinaloa, en Baja California también se modificó el organigrama criminal. Hoy día, información oficial da cuenta de la participación delincuencial de tres cárteles: Arellano, Jalisco Nueva Generación y Sinaloa. Aun cuando los cabecillas no están radicados de manera permanente en esta entidad, sus células criminales funcionan con mando a distancia.


Aun así, para el General Enrique Martínez la organización criminal más notoria es una: “Ahorita sigue predominando, lo que yo tengo entendido, el Cártel Sinaloa, pero juntándose el Cártel de Tijuana con el Cártel Jalisco, pues hacen una fuerza de 50 y 50…”.

Ante ello, “en la mesa de inteligencia estamos buscando quiénes son los principales generadores de violencia e intercambiar información, para que ellos sean ahora sí los que ejerzan los arrestos. Hay una mesa de judicialización que depende de la PGR donde coordina con el Estado para sacar las órdenes de aprensión; tenemos pendiente el compromiso de ir con Seguridad Nacional, hemos complementado órdenes de aprehensión de delincuentes no tan peligrosos como los que nos están generando problemas”.

Y van por más.


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / ADELA NAVARRO BELLO Y ROSARIO MOSSO CASTRO/  LUNES, 5 FEBRERO, 2018 12:00 PM)