La pesadilla nayarita no se acaba ni con
la nueva gubernatura. Antonio Echevarría García (PAN-PRD), quien asumió el
cargo en septiembre, ha mantenido la fiscalía de justicia que controlaba Édgar
Veytia, detenido en marzo en Estados Unidos, acusado de narcotráfico. Y ahí
está el problema porque la dependencia sigue trabajando para los cárteles, según
las denuncias del Colectivo Familias Unidas por Nayarit, integrado por quienes
han perdido a hijos, hermanos y padres durante la oleada de secuestros que no
para desde junio último; con sus propios medios, ellos y ellas han empezado a
descubrir fosas clandestinas…
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-
Antes de su huida y posterior captura en Estados Unidos en marzo de 2017 bajo
cargos de narcotráfico, el ex fiscal general de justicia de Nayarit Edgar
Veytia traicionó al Cártel de los hermanos Beltrán Leyva al dejar el estado en
las garras del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ahora, los estragos
de esa alianza salen a la luz pública en forma de restos humanos localizados en
fosas clandestinas.
Después de las elecciones
estatales, en junio de 2017 se desató una oleada de desapariciones de jóvenes
de entre 16 y 35 años en territorio nayarita. Las familias de esas víctimas
estiman que desde entonces se acumulan ya 350 casos.
Quienes buscan a sus hijos,
hermanos y padres denuncian que elementos de la Fiscalía General de Justicia de
Nayarit están involucrados en los levantones y señalan al gobernador Antonio
Echevarría García, quien asumió el cargo en septiembre último, de mantener
dicha dependencia tal y como la dejó Veytia.
Los entrevistados recuerdan
que el mandatario estatal, en su toma de posesión, prometió detenciones de
policías estatales corruptos y una limpia contra las autoridades que saquearon
el estado. Ni una cosa ni otra ha ocurrido, aseguran.
Además de la pesadilla que
implica para estas familias la desaparición de un hijo o de un hermano, cada
vez que van a interponer una denuncia o intentan preguntar por el seguimiento
de sus casos, sostienen, deben tolerar las amenazas y otros maltratos de parte
de las autoridades.
Algunos padres de familia,
quienes prefirieron que se reservara su identidad, aseguran que integrantes de
la fiscalía están coludidos con los cárteles que operan en la entidad.
Otras familiares dicen tener
reportes de que sus hijos fueron llevados a la sierra nayarita para cultivar
enervantes y que los jóvenes están bajo el poder de Luis Antonio Torres
Valdivia, ex comandante de la fiscalía y hombre de confianza del ex fiscal,
tema que este semanario dio a conocer en su número 2113 bajo el texto titulado
Activa, la red mafiosa del ex fiscal
Édgar Veytia.
Las autoridades federales
también los han maltratado: en junio último, este grupo de familiares acudió a
la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en el estado. En
una primera instancia, el delegado Efraín Alonso Gastélum Padilla se negó a
recibir sus denuncias. Un mes después, luego de que intervino el entonces
gobernador Roberto Sandoval, Gastélum sólo aceptó 21 casos. La mayoría de las
versiones de las víctimas coinciden en que sus hijos, a la fuerza, fueron
subidos a vehículos de la Fiscalía de Nayarit.
Pero las investigaciones no
han avanzado y ante la impotencia por no obtener respuestas de las autoridades
estatales y federales, este grupo de personas solicitó ayuda a la abogada
Mayela Ruiz Madrazo, quien en 2016 pidió a la Secretaría de Gobernación activar
una alerta de violencia de género.
En entrevista, asegura que
hay indicios de la relación de las autoridades en los levantones y que, por tal
motivo, el 25 de agosto presentó una queja ante la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) contra la fiscalía estatal y la PGR, dependencias
denunciadas por acciones u omisiones en perjuicio de las víctimas.
En la denuncia, la abogada
expone que sólo en Tepic desaparecieron 103 personas, de las cuales 63 siguen
sin aparecer, 32 víctimas murieron y ocho fueron encontradas heridas; sin
embargo, de estas últimas dos fueron levantadas de nuevo. El 9 de octubre, la CNDH admitió la queja y
abrió el expediente CNDH/1/2017/6930/Q.
LOS FAMILIARES HALLARON LAS FOSAS
Nuevamente, la falta de
avances impulsó a este grupo de víctimas a formar el Colectivo Familias Unidas
por Nayarit y a crear un perfil en Facebook que se convirtió en una opción
alternativa de denuncia para otras familias que han perdido a alguien. Hasta el
momento, en esa red social existen 80 fichas con fotos e información detallada
de las personas que se buscan.
Santiago Pérez Becerra es uno
de los fundadores de ese colectivo que ya encontró fosas clandestinas en la
zona conocida como El Pantanal, donde fueron descubiertos 33 cuerpos.
Cuenta que su hijo Santiago
Eloir desapareció el 22 de junio de 2017. “Él es soldador y trabajaba en la
empresa Nayco. A lo mejor no viene al caso, pero él estaba separado de su
esposa, decidieron platicar y quedaron de verse el viernes por la tarde. No me
respondió las llamadas que le hice el jueves ni el viernes. El sábado llamé a
mi nuera y me dijo que tampoco le contestaba”.
El señor Santiago confiesa
que se alarmó y que, sin éxito, fue a buscarlo a su trabajo y a los lugares que
solía frecuentar con sus amigos. Inmediatamente acudió a la fiscalía a
interponer la denuncia, pero sólo le tomaron un reporte y como constancia del
hecho le escribieron un número en un pequeño papel.
Fue hasta el 7 de julio
cuando las autoridades estatales se comunicaron con el señor Pérez para que
interpusiera la denuncia. “Cuando acudí otra vez, me trataron con prepotencia y
regaños. No recuerdo los nombres de quienes me agredieron, pero me intimidaron.
Ministerios públicos, comandantes y policías se molestan porque uno pide
información. Todas estas anomalías ocurren porque la actual autoridad mantiene
al personal del exfiscal”, indica.
Mientras las autoridades
estatales les daban largas en sus casos, a algunos integrantes del colectivo
les llegaron rumores de que, entre huertas de mango, aguacate y yaca, podría
haber fosas clandestinas.
No esperaron más: vía
WhatsApp se organizaron los integrantes del colectivo para salir el sábado 13
hacia El Pantanal, en el municipio de Xalisco.
“Nos quedamos de ver a las
ocho de la mañana. En la huerta iban 10 mujeres adelante y tres hombres las
seguíamos. De repente, escuchamos la voz de un hombre que les dijo: ‘¿A dónde
van tan bonitas, mujeres?’, y uno de nuestros compañeros le respondió que
venían con nosotros.”
El extraño se disculpó y les
preguntó qué estaban buscando. “A esa persona le explicamos que estábamos
buscando una huerta y que éramos familiares de desaparecidos y que salimos a
buscar indicios de un entierro.
“El señor respondió que no
había nada donde estábamos, pero que hace tres meses olía feo más adelante,
donde están unos bambús. Nos aseguró que no se trataba de un animal, porque
esos están en la superficie del suelo y son comidos por zopilotes. Nos dijo que
siguiéramos.”
Y así lo hicieron. Los
integrantes del colectivo Familias Unidas avanzaron hasta toparse con un señor
que dijo ser “mayor del Ejército” y que así se hacía llamar: El Mayor. También
les advirtió que estaban en propiedad ajena y que no los dejaría pasar.
Pérez explica que rodearon el
lugar y que 40 minutos después llegaron a una zona de árboles de aguacate y
siguieron unos 2.5 kilómetros. Entre parcelas de caña de azúcar hallaron un
bambú y, en seguida, otro más frondoso; a la derecha había un árbol de
aguacate.
“Sabíamos cómo buscar por
pláticas con otros colectivos que nos compartieron su experiencia y por videos
de YouTube. En el lugar clavamos las varillas de 1.5 metros de altura que
llevábamos. Al sacar la punta veíamos si tenían un olor putrefacto. Un
compañero señaló una zona, clavé una varilla y, al momento de sacarla, por el
olor supimos que era el sitio…
“Escarbamos unos 70
centímetros. Lo primero que descubrimos fue un cráneo y la parte del hombro
izquierdo; al parecer el cuerpo estaba recostado sobre su hombro derecho.
Detuvimos la labor y le pedí a una señora que llamara a la fiscalía, con el
comandante Alfonso (Salazar Velasco), quien le respondió que iban para allá.”
El Pantanal está a unos 20
minutos de la fiscalía, pero las autoridades tardaron casi hora y media en
llegar. Enviaron al comandante (Miguel) Villegas. “Nos preguntó quién iba al
frente. La gente respondió que yo. Me pidió que me acercara, quería saber quién
nos informó de las fosas. Le conté el encuentro con el señor y con el mayor del
Ejército, pero no me creyó. Él quería saber si no había sido por una llamada
anónima. Le dije que no.
“Insistió en que no le
mintiera y me amenazó diciendo que si se enteraba que había sido una llamada o
por otro medio, tendría consecuencias y hasta detenciones. Nuevamente me
atemoricé. En Nayarit nadie confía en la fiscalía. Cuando fue detenido Veytia,
allí se quedó mucha gente que laboraba en complicidad con él”, dice el señor
Santiago.
–¿Los cuerpos encontrados
fueron sepultados en tiempo de Veytia?
–De la fosa descubierta el
sábado, los cuerpos parecían haber sido sepultados hace meses. Estaban como
momificados pero completos. De algunos se alcanzaba a ver parte de los huesos,
otros tenían seca la piel. De la fosa número uno se sacaron nueve cuerpos; de
la segunda, seis, parecía que tenían más tiempo enterrados, porque ya no tenían
tejidos, ni grasa, sólo hueso. De la fosa tres se sacaron 18 cuerpos lo que
hacen un total de 33 ya recuperados. Al parecer, son 30 hombres y tres mujeres.
“La mayoría (de los cuerpos)
estaba atado de pies y manos, sus ojos estaban cubiertos con una cinta gris
metálica. En la fosa tres, el lunes y el martes la gente de servicios
periciales sacó casquillos y ojivas calibre 9 milímetros y de AK-47. En esas
tres fosas ya concluyeron los trabajos.
“A unas 28 familias nos
dejaron estar presentes al momento de exhumar los cuerpos. Luego, los de
servicios periciales de la PGR se ausentaron el último día cuando se
recuperaron cuatro cráneos y el cuerpo de otra persona”, explica.
“A JARA SE LO LLEVÓ LA PGR”
La señora Rosa Jara es mamá
de Alejandro López Jara, quien desapareció en el fraccionamiento Villa del
Prado. La mujer relata: “Se lo llevaron el jueves 22 de junio de 2017 a las
18:30 horas en Tepic, junto con otros tres jóvenes y una señorita. Yo vivo en
Mazatlán, Sinaloa. Él fue a Nayarit a estudiar gastronomía.
“Ese día quedamos de
llamarnos en dos horas. Le marqué y no me contestó. Me mandaba a buzón. Hablé
con sus compañeros y uno de ellos, Paco, como a las 22 horas, me dijo ‘venga,
porque a Jara se lo llevó la PGR’.”
Era medianoche, la señora se
fue directo a la PGR; igual que en los otros casos, dice, las autoridades
federales la recibieron con maltratos. En la fiscalía estatal le dicen lo de
siempre: tienen que pasar 76 horas para poder denunciar.
El caso de la señora Rosa
Jara destaca porque cuenta que al día siguiente que interpuso la denuncia en la
fiscalía dos veces llamó al celular de su hijo y un hombre le contestó. “Al
preguntar por mi hijo me dejaron de hablar, y en una segunda llamada oí como
personas amordazadas”.
Pero hay más: el perfil de su
hijo en Facebook sigue activo. Al mes de su desaparición publicaron la foto de
un cerro. “Desde hace tres meses mantengo una pelea constante con la PGR para
que la policía cibernética investigue, pero me ignoran”, se queja.
Al colectivo le han llegado
rumores, como los que les advirtieron de las fosas clandestinas que recién
descubrieron. Les dicen que en la Sierra del Nayar muchos jóvenes trabajan
cultivando amapola. “En la parte de Jesús María nos entrevistamos con algunos
indígenas coras. Dicen que ven entrar camionetas con muchos jóvenes. Quiero
pensar que esas fotos de cerros que aparecen en la cuenta de Facebook de mi
hijo son de la sierra en donde lo tienen” dice la señora Jara.
“Hemos insistido a la PGR, a
la Marina, al Ejército, al gobierno estatal que haga un operativo aéreo a la
Sierra del Nayar, pero se han negado. El comandante Villegas dice que él subió
y no encontró nada, pero no le creemos.”
Este reportaje se publicó el 21 de enero de 2018 en la
edición 2152 de la revista Proceso.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ PATRICIA DÁVILA , 27 ENERO, 2018)
