El grupo de Rastreadoras
Sabuesos Guerreras A.C., en búsqueda realizada en la comunidad de San Pedro,
Navolato, halló lo que puede ser una fosa clandestina.
En el lugar ya se encontraron
placas de Jalisco, unos harapos que parecen fueron una camiseta y una cachucha.
La líder de la agrupación
señala que acudieron a la búsqueda, a un año de la desaparición de dos agentes
de la Policía Municipal de Culiacán, Reyes Yosimar García y José Antonio
Saavedra, el 26 y 23 de enero de 2017, respectivamente.
En el sitio de la búsqueda se
localizaron hace meses los restos de otro agente municipal desaparecido también
durante enero de 2017.
En el interior de una bolsa negra,
fue localizada una cabeza humana y un narcomensaje, en las inmediaciones de la
colonia Residencial Barcelona.
Fue alrededor de la 14:23
horas de este martes, cuando se indicó
que sobre bulevar Acapulco se hallaba un bulto con lo que al parecer se trataban
de una cabeza cercenada.
Agentes municipales
confirmaron el hallazgo, así como un mensaje
escrito en una lona blanca que a la letra decía: “SIGUE LA LIMPIA CONTRA LOS RATAS, ATT: CTNG”
Agentes ministeriales se
encargan de la escena del crimen.
Tres personas que se
encontraban al interior de un taller mecánico,fueron acribilladas por un desconocido que ingresó de forma sorpresiva;
el saldo fue de una persona muerta y dos gravemente heridas.
Arma corta y un solitario
atacante son los únicos datos que se establecieron en la escena del crimen
donde se ubicó a las tres víctimas, de las cuales una llevaba un arma de fuego
entre sus ropas.
Los hechos ocurrieron pasadas
las 17:00 horas de este martes en un inmueble marcado con el número 2501 de la
avenida Bernardo Reyes, en la colonia Flores Magón, una demarcación de
condición humilde ubicada al Oriente de Mexicali.
Los pocos datos obtenidos por
las autoridades establecieron que las tres personas se encontraban conversando
al interior del negocio cuando se acercó un individuo desconocido que abrió
fuego en su contra.
Pecho, brazo y pierna, son
los tres puntos donde recibió impactos cada individuo, quienes no pudieron
defenderse ante el fugaz ataque; del asesino sólo se supo que huyó a pie.
Las víctimas fueron
identificadas como Librado Gurrola Quintero de 42 años de edad–quién traía el
arma de fuego-, Mario Farías Canchola de la misma edad, y Miguel Aguilar
Escamilla de 57, los dos últimos bajo cuidados médicos, mientras que el primero
perdió la vida en la escena.
“Pero la realidad que vive México está
muy lejana de la retórica presidencial”. Foto: Cuartoscuro
El Presidente de México,
Enrique Peña Nieto, no tiene calidad moral para hablar de justicia y seguridad.
No tiene hechos que le respalden, ni cifras para presumir un real combate al
narcotráfico y al crimen organizado. De hecho, la persona en la que delegó la
política de combate a la inseguridad, lo abandonó aun con un año de gobierno
por delante.
Efectivamente, Miguel Ángel
Osorio Chong, quien quiso convertirse en el policía de la política al
concentrar en la Secretaría de Gobernación que encabezó durante cinco años, las
acciones de seguridad, operación policíaca y combate al crimen, no solo no dio
los resultados esperados, sino que durante su labor, se incrementaron los
homicidios, crecieron las células del narcotráfico, se consolidaron cárteles, y
México llegó a los primeros sitios de las estadísticas internacionales de los
países más inseguros, más violentos y más impunes.
Aun así, el ejecutivo
nacional arremetió. Leyó ufano en uno de sus discursos: “No puede haber borrón
y cuenta nueva. Dejar hacer y dejar pasar a los criminales, significaría
fallarle a la sociedad y traicionar a México”. Si por sus palabras es evaluado,
Enrique Peña Nieto ha traicionado a México.
“Desde el inicio de mi
Administración hemos hecho la parte que nos corresponde en la lucha contra las
organizaciones delictivas, y lo seguiremos haciendo con determinación hasta el
último día de esta gestión”, completó el Presidente Peña al inaugurar un
Batallón de Infantería en Jalisco.
Pero la realidad que vive
México está muy lejana de la retórica presidencial. Es cierto que en este
sexenio se “ha dejado de hacer, se ha dejado pasar” en materia de seguridad. Si
bien no hay un acuerdo de facto con los criminales, ni se negocia oficialmente
con ellos, si existen acuerdos ilícitos que permiten a los delincuentes seguir
en su escalada de violencia y drogas en total impunidad a partir de la
corrupción.
Veamos, en promedio en México
y durante la administración federal que encabeza Enrique Peña Nieto, asesinan
de manera violenta y por asuntos relacionados con la inseguridad pública, el
crimen organizado y el narcotráfico, a un promedio de 1 mil 900 personas. El
año 2017, octubre fue el mes más violento en el país cuando esa cifra se alzó
hasta las 2 mil 700 víctimas.
A septiembre de 2017 y
contando desde el día en que Peña Nieto tomó posesión, en el semanario ZETA de
Baja California se contabilizaron 104 mil 602 ejecutados. Si sumamos los 2 mil
700 de octubre, y asignamos el promedio de 1 mil 900 por mes a los meses de
noviembre y diciembre, se contabilizan 111 mil 102 ejecutados en los cinco años
del gobierno peñista.
Normalmente relacionados con
el narcotráfico estos homicidios dolosos no se resuelven. Se cuentan pero no
cuentan. Sirven para la estadística y como parámetro de medición de la
violencia en el país, no solo de autoridades que deberían accionar estrategias
de combate para contener la violencia, sino para organizaciones de la sociedad
civil, y aún más para la medición de la inseguridad en el mundo. De ahí que
México siempre ocupe los primeros lugares en la materia.
Otro hecho. La impunidad. La
Procuraduría General de la República mantiene un alto nivel de impunidad,
especialmente en los asesinatos, que aun originados en delitos del fuero
federal como narcotráfico y crimen organizado, ignorar esas investigaciones y
las dejan en los estados de la República en el fuero común, como si se tratase
de cualquier otro homicidio. En esas condiciones, la impunidad en los casos de
ejecuciones alcanza niveles de 90 por ciento.
De acuerdo al Índice Global
de Impunidad 2017, realizado por la Universidad de las Américas en Puebla,
México es el cuarto país con mayor impunidad en el mundo. El indicador en
materia de seguridad, justicia y derechos humanos, ubica el nivel de impunidad
en 69.21 por ciento en nuestro país. Si consideráramos ese indicador sobre los
111 mil 102 ejecutados en cinco años, resultaría que 76 mil 893 ejecuciones
permanecen en la impunidad.
Los desaparecidos es otro
rubro en el que el Presidente Peña ha fallado a los mexicanos, y de acuerdo a
su parámetro, los ha traicionado. De acuerdo al Registro Nacional de Datos de
Personas Extraviadas o Desaparecidas, a agosto de 2017 se contabilizaban en el
país 32 mil 277 personas desaparecidas. Es justo recordar que en febrero de
2013 la Secretaría de Gobernación, ya en facultad de Osorio Chong, dio a
conocer –para sustentar la violencia y la inseguridad en el sexenio de Felipe
Calderón Hinojosa- que en México se registraban poco más de 26 mil
desaparecidos.
En estricto sentido y con
cifras del gobierno federal, esos datos indican que durante el sexenio de
Enrique Peña Nieto, los desaparecidos incrementaron en 6 mil 277, tan solo en
números oficiales y descartando en automático los casos resueltos, si es que
los hubo.
Un tema muy relacionado con
las más de mil 75 fosas clandestinas que entre 2007 y 2016 se han localizado en
México de acuerdo al informa Violencia y terror. Hallazgos sobre fosas
clandestinas en México, realizado por la Universidad Iberoamericana.
Otra falla: Mientras parece
que el cártel de Sinaloa está siendo desmantelado poco a poco por la autoridad
federal, con la ayuda de las corporaciones de investigación y antinarcóticos de
los Estados Unidos (así cayó Joaquín Guzmán Loera luego que se escapó en el
sexenio de Peña), el cártel Jalisco Nueva Generación ha tenido un ascenso
impresionante durante este sexenio, hasta llegar a controlar la criminalidad y
el trasiego de drogas en 22 de 32 estados de la República Mexicana, mientras su
líder, Nemesio Oseguera “El Mencho”, goza de impunidad al encabezar una de las
organizaciones delictivas más sanguinarias de los últimos años.
La impunidad que el gobierno
federal provee al narcotráfico y al crimen organizado inicia cuando renuncia a
su facultad y obligación de investigarlos a partir de las delegaciones de la
Procuraduría General de la República en los Estados, oficinas que han sido
reducidas a tramitadoras y representaciones de un centralismo que no resuelve a
lo lejos los delitos locales.
Al igual que Felipe Calderón,
aun cuando en otra medida, el Presidente Peña descargó la persecución del
narcotráfico en el Ejército Mexicano y la Armada de México, instituciones que
coordinadas con fuerzas policíacas de los Estados Unidos, fueron las encargadas
de aprehender a los pocos criminales que fueron capturados este sexenio.
Tan es su respaldo a la
persecución de criminales por parte de las fuerzas armadas, que ahora pretende
con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, dar facultades legales a los
militares y marinos en materia civil. Que persigan la criminalidad y provean
seguridad en municipios y estados, antes que depurar las policías civiles y
combatir la corrupción en las mismas.
Sí, México es uno de los
países más inseguros en el mundo, y esa violencia e inseguridad incrementó en
el presente sexenio, y sí, de acuerdo a sus palabras, Enrique Peña Nieto ha
traicionado a México al no ejercer el Estado de Derecho, al no detener a los
asesinos ni a los secuestradores, al no aprehender a los narcotraficantes y no
encontrar a los desaparecidos.
(SIN EMBARGO/ ADELA NAVARRO BELLO/ ENERO 17, 2018,
12:00 AM)
Este año inició a tambor batiente en
Chihuahua. La investigación sobre las irregularidades cometidas en la
administración del priista César Duarte Jáquez arrojó algunos nombres que
llegan a las más altas esferas del PRI, lo que generó una respuesta brisca de
parte del Gobierno federal: la Secretaría de Hacienda detuvo los recursos que
por Ley le corresponden al estado, denunció Javier Corral Jurado, actual
Gobernador de Chihuahua. Hoy, el Gobierno de esa entidad y el federal se
encuentran en medio de un conflicto abierto y frontal.
El abogado Paulo Díez Gargari, quien
mantiene una serie de litigios abiertos contra la empresa OHL, se sumó a la
batalla legal que la entidad emprendió y para él no hay otra opción: el
Gobierno de Enrique Peña Nieto debe entregar los recursos sin condición y
extraditar a César Duarte. “No hay nada más que discutir, nada más que
acordar”, afirma.
Y esa negociación que no está en la
mesa, dice, es el “pacto de impunidad” que permitió a la administración federal
tener “el control” de los alcances que tuvo la detención de Javier Duarte de
Ochoa y Roberto Borge Angulo, “es el miedo terrible del Presidente Enrique Peña
Nieto por ser llevado a los tribunales, obligado a rendir cuentas y
eventualmente ir a prisión”.
Ciudad de México, 17 de enero
(SinEmbargo).– Chihuahua inició la investigación para lograr la detención y
extradición del ex Gobernador César Duarte Jáquez, y en el camino se topó con
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y su decisión de no
transferir los recursos que, por Ley, le corresponden.
El actual Gobernador del
estado norteño Javier Corral Jurado notó que era necesario iniciar una
estrategia jurídica y solicitó al abogado Paulo Díez Gargari elaborar esa
estrategia.
El abogado, que tiene ya una
historia de batallas con OHL y el Gobierno del Estado de México, ya tiene
trazado el plan: se presentarán una o dos controversias ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN), por una violación grave del pacto federal
generada por una afectación presupuestal y porque existe la intención de
impedir al gobierno de Chihuahua ejercer sus competencias en materia de lucha
contra la corrupción, previstas en el Artículo 113 de la Constitución.
“Esas son las dos exigencias
del Gobierno de Chihuahua: entreguen los recursos sin condición y extraditen a
César Duarte. No hay nada más que discutir, nada más que acordar”, comenta en
entrevista con SinEmbargo.
Desde su perspectiva este
caso no tiene margen de derrota, sólo un enemigo poderoso que sabe defenderse.
En el fondo, dice, lo que
está de por medio es el “miedo terrible del Presidente Enrique Peña Nieto por
ser llevado a los tribunales, obligado a rendir cuentas y eventualmente ir a
prisión. Ese miedo hace que el Gobierno federal actúe de una manera absurda,
irracional y violenta que es que lo que vemos con [el caso] Chihuahua”.
Lo que el Gobierno de Peña
Nieto quiere impedir, añade, es la extradición del ex Gobernador sin tener
control de los alcances de la investigación, como dice que lo tuvo en Veracruz
con Javier Duarte de Ochoa y en Quintana Roo con Roberto Borge Angulo.
Actualmente, la Fiscalía
General del Estado de Chihuahua realiza una investigación sobre la
triangulación de recursos públicos para financiar campañas del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) en 2016, en la que estaría involucrado el ex
Gobernador César Duarte y otros miembros del tricolor, como el ex dirigente
nacional priista Manlio Fabio Beltrones, y el ex secretario general adjunto
priista, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien está señalado de desviar 250
millones de pesos.
Para Javier Corral, esto es
una señal de que el Presidente Peña está preocupado por los alcances de las
investigaciones contra Duarte y contra quien resulte implicado. Por eso dice
que si el gobierno no claudicará, pero Chihuahua tampoco lo hará en su lucha
contra la corrupción.
No obstante, Fernando Galindo
Favela, subsecretario de Egresos de la SHCP, ha señalado que se “le ha cumplido
a los chihuahuenses”, entregando, a través del Gobierno del estado, los
recursos económicos que le corresponden por ley.
El Fondo de Fortalecimiento
Financiero, que es donde se supone que deben salir los recursos, es un fondo
que la Secretaría de Hacienda administra con absoluta discrecionalidad.
Datos obtenidos de un estudio
elaborado por México Evalúa, muestran que este fondo durante el 2017 tenía un
presupuesto autorizado de 3 mil 300 millones de pesos. Al 30 de septiembre de 2017,
se habían ejercido más de 32 mil millones de pesos.
La entidad que más recibió
fue el Estado de México: 5 mil 300 millones de pesos en 2017, mientras que el
estado que menos recibió, fue Chihuahua: 60 millones de pesos.
“Que no nos digan que no hay
un castigo a un pueblo. No al gobierno, porque la lucha va más allá del
gobierno”, sostuvo Díez.
El abogado Paulo Díez Gargari
llevará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el reclamo del Gobierno
de Chihuahua al Gobierno de Enrique Peña Nieto. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo
–¿Cómo describiría una batalla en la que se lucha
contra Hacienda?
–No creo que ese sea el
rival. El rival es el sistema y es mucho más que sólo la Secretaría de
Hacienda. Pensamos presentar ante la SCJN, me parece el lugar privilegiado para
el diálogo democrático; es un lugar privilegiado para llevar los temas de la
agenda nacional y este, el de Chihuahua es uno de ellos, porque tiene que ver
con la Constitución, tiene impacto federal y está en medio de la lucha contra
la corrupción y la impunidad.
Esta lucha siempre es
desigual. Casi, por definición, los corruptos son los poderosos y más en una
sociedad como la nuestra, pero al final del día tenemos derecho, instituciones
y ahí se tiene que dar la batalla. Y si los tribunales nacionales no fueran
suficientes para eso, están las instancias internacionales. Lo importante en
estas batallas es librarlas hasta el final, porque la apuesta de los corruptos
es que su contraparte, no tendrá la fuerza para aguantar el tiempo ni los
recursos necesarios para esto, pero la batalla hay que darla aunque sea
desigual.
–Si partimos de que es el sistema, ¿qué ocurre ahí
para que se utilice a una de las secretarías más importantes del país para este
tipo de fines?
–Es terrible y es una de las
cosas que llevaremos a la Corte porque se trata, ni más ni menos, que del uso
de la Hacienda Pública como un medio de control político para premiar a los
gobernadores bien portados y para castigar a los rebeldes. Esto no debe ser y
es justo lo que está de fondo. El Fondo de Fortalecimiento Financiero, que es
donde se supone que deben salir los recursos, es un fondo que la Secretaría de
Hacienda administra con absoluta discrecionalidad y le distribuye más dinero a
aquellos estados en los que tiene un interés particular y partidista,
desgraciadamente.
Un ejemplo numérico: este
fondo, durante el 2017 tenía un presupuesto autorizado de 3 mil 300 millones de
pesos. Al 30 de septiembre de 2017, se habían ejercido más de 32 mil millones
de pesos. Un sobre ejercicio increíble. Y la entidad que más recibió,
adivinaste, es el Estado de México: 5 mil 300 millones de pesos en 2017,
mientras que el estado que menos recibió, fue Chihuahua: 60 millones de pesos.
El promedio por estado sería como de mil millones de pesos y Chihuahua está con
60 millones. Que no nos digan que no hay un castigo a un pueblo. No al
gobierno, porque la lucha va más allá del gobierno.
Lo primero que a mí me motivó
aceptar la invitación del Gobernador Corral, es la lucha contra el agravio casi
vergonzoso cometido contra la gente, porque cuando el Gobierno federal niega
estos recursos al Gobierno del Estado de Chihuahua, no lo afecta a él, afecta
al pueblo porque le impide al gobierno cumplir con sus tareas básicas:
seguridad pública, salud, educación.
Lo que es verdaderamente
grave es una intención del Gobierno federal de impedir que las investigaciones
y los procesos penales en curso en Chihuahua, algunas de las cuales involucran
a personajes del más alto nivel del PRI Nacional, vayan adelante. El sistema,
el Gobierno federal, el Presidente Peña y el PRI saben que esto puede ser el
principio del fin del régimen. No es exageración. Todos sabemos que vivimos en
un país en el que la corrupción es quizás, el problema más grave. Nunca antes
habíamos tenido una investigación bien hecha y perfectamente documentada de
principio a fin y eso es lo que aterra al sistema, lo que explica su reacción
tan violenta.
No es lo mismo extraditar a
Javier Duarte o a Roberto Borge que a César Duarte. En el caso de los otros dos
están protegidos o encapsulados por el pacto de impunidad que desgraciadamente
no se queda en el PRI, es un pacto transversal que afecta a otros partidos
políticos, e incluso, a buena parte del sector privado. Esa es la diferencia.
Extraditar a un Gobernador o procesarlo, incluso encarcelarlo, no destruye el
pacto de impunidad. Puedes traerlos bajo una investigación acotada, que se
conozcan los alcances y en el caso de Chihuahua esa posibilidad no existe y es
lo que hace novedoso este caso. Si el Gobierno federal pudiera llegar a un
acuerdo con el estado de Chihuahua para traer a César Duarte y delimitar los
cargos, ya lo tendríamos aquí y por eso la respuesta.
–Están también los funcionarios de Hacienda que han
salido a argumentar el tema del dinero de Chihuahua, con argumentos como que no
depositaron por un error en un número de cuenta. ¿Cuál es el nivel de los
funcionarios en este tema?
–Esta es una comedia de
equivocaciones de principio a fin. Justo en el momento en el que el gobernador
Corral daba su mensaje a medios de comunicación el pasado 8 de enero, la SHCP
publicó un comunicado de prensa en el que según ellos trataban de explicar qué
es lo que ocurría y que ellos cumplían con el marco legal. Pero en realidad era
un tema engañoso y no se refería a lo que el Gobernador estaba exigiendo.
Hacienda habló de las participaciones federales y a las aportaciones de fondos
federales que se hacen al amparo de la Ley de Coordinación Fiscal. A lo que se
refería el Gobernador era un subsidio por 700 millones de pesos que estaba
pactado en un convenio y que tenía que haberse cumplido. El subsecretario
Miguel Messmacher Linartas fue uno de los que estaba presente en esa reunión en
la que el Secretario José Antonio González Anaya, le dice al Gobernador Corral
que no le daría los recursos hasta no saber el alcance de las investigaciones y
los procesos penales.
Sale Messmacher en una
entrevista y en más de una ocasión señaló que la Secretaría no iba a entregar
esos recursos hasta que no supiera el alcance de la investigación. Eso es una
barbaridad porque pareció que decía que no se iban a liberar los recursos hasta
que el proceso penal en contra de Alejandro Gutiérrez y de algunos otros
miembros del PRI, probablemente, concluyeran. Y eso puede tomar meses o años.
Es un sinsentido.
Cuando escuché eso no lo
podía creer porque es una confesión de delitos. Era el Subsecretario
reconociendo lo que Corral había denunciado y reiterando que no iban a entregar
los recursos. La SHCP se dio cuenta y el Secretario empezó a decir que lo que
no había era suficiencia presupuestaria. Estuvo la ocurrencia anterior de un
número de cuenta equivocado y ante eso no hay nada que decir, si un niño lee
las primeras planas de los diarios entenderá que aquello es de risa. Me parece
vergonzoso que la Secretaría recurra a un argumento como esos.
En cuanto a la suficiencia
presupuestaria, el tema deriva de un convenio firmado el 14 de diciembre. Es un
convenio para el otorgamiento de subsidios por 700 millones de pesos que deriva
del Fondo para el Fortalecimiento Financiero. Es verdad que la entrega de esos convenios
está sujeta a la disponibilidad presupuestal. Pero esto se firma el 14 de
diciembre y por lo tanto hay disponibilidad, si no la hubiera no se firma el
contrato. Ahí había un compromiso ya formal. Tenían que entregarse esos
recursos. Disponibilidad presupuestal había y de sobra, porque Messmacher había
dado conferencias en las que anunció que el año se iba a acabar con excedentes
muy importantes, pero en el último boletín, el del domingo 14 de enero, dicen
que tampoco Tlaxcala y Zacatecas tuvieron disponibilidad presupuestaria y eso
es mentira.
En el caso de la retención de
recursos para los ciudadanos de Chihuahua no se puede dejar que la Secretaría
de Hacienda piense que los mexicanos somos tontos, dice Díez Gargari. Foto: Cri
Rodríguez, SinEmbargo
Hay un estudio de México
Evalúa, en el que se puede ver que el Estado de México ha recibido 5 mil 251
millones hasta el 30 de septiembre, y Chihuahua 61 millones. Estos señores
dicen que no hubo disponibilidad para Tlaxcala, pero se le puede decir al Secretario,
con cifras y documentos que está mintiendo: Tlaxcala, al 30 de septiembre,
había recibido ya 224 millones casi cuatro veces más que Chihuahua.
No podemos seguirnos
comportando más de esta manera y dejar que la Secretaría de Hacienda piense que
somos unos tontos que no leemos. Los ciudadanos tenemos que mantenernos cada
vez más exigentes y poner alto a las ocurrencias […]. En el caso Tlaxcala es
claro que está mintiendo.
En el estudio de México
Evalúa del Fondo de Fortalecimiento Financiero, señala que en 2016 tuvo un
presupuesto autorizado de mil 560 millones de pesos, pero se ejercieron 64 mil
millones de pesos. De esos recursos Hacienda no le rinde cuentas a nadie. No
nos dice por qué los distribuye como lo hace, ni cuándo ni nada.
En 2017, lo aprobado eran 3
mil 344 millones de pesos, pero al 30 de septiembre se habían gastado 32 mil
806. Es al final del año cuando más presupuesto se reparte de este fondo, de
modo que es probable que este año tengamos un total de 50 mil millones de
pesos. Eso es año tras año.
Cuando vemos las cifras del
Estado de México, lo primero que salta es 5 mil 291 millones de pesos en el año
de la elección para Gobernador. Ese es el uso partidista, estos son los
disfraces de aparente legalidad que utiliza el gobierno para llevar a cabo
actos que son delictivos; transferir miles de millones de pesos cada año del
presupuesto federal a las campañas políticas, a sus gobernadores bien portados,
a los de su partido y a los que ellos escogen de la oposición –a lo que me refería
con el pacto de impunidad–. Por eso el sistema ha sido tan eficaz en su faceta
corruptora. Es un modelo diseñado por el PRI y ha logrado silenciar e
incorporar a muchos otros gobernadores de otros partidos políticos.
–¿Cómo se le hace para obtener
resultados concretos? El dinero que se transfiere a las campañas es una especie
de secreto conocido por todos y que se repite.
–En la estrategia jurídica
vamos a llevar a cabo varias acciones. La más importante es que desde el punto
de vista del Gobierno del estado son una o dos controversias constitucionales
que van a atacar el incumplimiento de la SHCP en la entrega de recursos y
segundo, la omisión del Gobierno federal de solicitar la extradición de César
Duarte. Ambos están relacionados: la falta de entrega de los recursos está
absolutamente relacionada con la extradición de César Duarte, que ha sido
retrasada por el Gobierno federal a pesar de las 10 órdenes de aprehensión
emitidas por tribunales estatales y una orden de aprehensión federal emitida
por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
El Gobierno federal no hace
nada porque no tiene las condiciones, como las tuvo en otros estados, para
traer al ex Gobernador. En Chihuahua no controlan ellos y esta represalia de no
entregar el recurso justo reprende eso, esa negativa marca una primer gran
diferencia. El Gobernador Corral ha sido muy claro en decir que no se negociará
nada y en exigir los recursos sin condición alguna. La controversia
constitucional es un mecanismo de control de la regularidad constitucional de
normas jurídicas o de actos. Tradicionalmente la Corte había admitido el criterio
de que las controversias tenían que estar relacionadas con una invasión de la
esfera competencial de los estados, pero poco a poco ha ido flexibilizando ese
criterio, de modo que ahora basta con que haya un indicio de un agravio al
Estado, que puede ser un tema presupuestal o cualquier otro ámbito previsto en
la misma Constitución.
La novedad es esa: vamos a ir
a la SCJN a decir que no sólo se trata de una violación muy grave del pacto
federal que me genera una afectación presupuestal terrible, que me impide
cumplir con mis funciones básicas como estado, sino que además, existe la
intención de impedir al Gobierno de Chihuahua que ejerza sus competencias en
materia de lucha contra la corrupción que están previstas en el Artículo 113 de
la Constitución. Esas son las dos exigencias del Gobierno de Chihuahua:
entreguen los recursos sin condición y extraditen a Duarte. No hay nada más que
discutir, nada más que acordar.
El priista César Duarte Jáquez y el
Presidente Enrique Peña Nieto. Foto: Cuartoscuro
–Usted mencionó el descontento social que podría
ocasionar que esta lucha que inicie no llegue a buen puerto. Usted que ya ha
librado otras batallas, ¿qué ve en el caso Chihuahua que lo lleva a poner todas
las fuerzas?
–A nivel personal me parece
conmovedor y muy esperanzador. Lo que yo vi en Chihuahua este fin de semana era
algo que no había visto. Una concentración de personas que no parecían
acarreadas, que estaban por su propia voluntad, con mucho ánimo, muy molestos,
sintiendo el agravio del Gobierno federal. Yo estuve ahí para hacerle ver a la
gente que no es solo una lucha de Chihuahua ni por el pueblo de Chihuahua
solamente. Es una batalla mucho más amplia, por México, contra la corrupción y
la impunidad.
Viendo ese ánimo social en un
país que a veces parece tan apático, ya cansado, frustrado de que nunca hay
resultados, es muy esperanzador ver a los chihuahuenses con mucha alegría,
dispuestos a dar la batalla y creo que nos corresponde a todos los demás
acompañarlos en la medida que podamos.
Me entrevisté allá con gente
de la sociedad civil, empresarios y personas físicas. Todos están muy
entusiasmados y me manifestaron que ellos están dispuestos a emprender su
propia batalla y acordamos que la estrategia jurídica trabajaría en la
promoción de amparos que serán presentados por ellos contra esos dos actos, a
un nivel distinto. Es doblemente motivador porque cruza con este camino que
emprendí hace algunos años de la lucha contra la corrupción y la impunidad,
primero centrado en el caso OHL y luego más allá, en el caso del Estado de
México.
Yo creo que eso le preocupa
al Gobierno federal, que soy yo quien está encabezando la defensa jurídica de
Chihuahua, porque entienden lo que eso significa, que puede haber este tipo de
investigaciones en otros estados. Sin embargo, la diferencia es que en el
Estado de México no hubo alternancia y en Chihuahua sí y además el gobernador
es peculiar, por decirlo de alguna manera, en el espectro político-partidista.
No es un individuo que uno pueda encasillar y esa independencia es la que nos
tiene aquí.
Hubo un tema que yo denuncié,
no solo en los medios sino ante la Procuraduría General de la República (PGR) y
ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Este desvío de mil 600
millones de pesos que se hizo en septiembre de 2016, de otro aparente subsidio
–completamente ilegal– y que directamente a financiar la campaña política de
Alfredo del Mazo para Gobernador en el Estado de México. ¿Cuántas veces se ha
repetido esto en los estados de la República? Eso es lo que tenemos que empezar
a investigar seriamente a partir de Chihuahua. El hecho de que la sociedad vea
que sí se puede, que aunque el enemigo es grande y poderoso, si se hacen bien
las cosas, cuando se actúa correctamente, es posible ganar las batallas, no solo
pelearlas.
Yo me considero en algunas
cosas un soñador, pero no soy de los pelean sus batallas para perderlas,
algunas se podrán perder, pero todas las peleo para ganarlas y estoy seguro que
esto se va a ganar porque no existe margen para la derrota. Si esta pelea no
gana Chihuahua, el daño para el país será enorme en términos de esta
frustración social tan grande que hoy ya existe y que crece cada vez que la
sociedad cree que se ganarán casos que están perfectamente documentados y se
pierden. Hoy tenemos la oportunidad de empezar a cambiar la historia. De
cambiar este régimen de impunidad y permitir que nuestro país comience a
retomar el rumbo, un rumbo que no tenemos.
–¿El caso Chihuahua le dará otro tinte al último año
de administración de Enrique Peña Nieto?
–No hay duda. La violencia de
la reacción del Gobierno federal no se explica sino en función del miedo
terrible de Peña Nieto por ser llevado a los tribunales, obligado a rendir
cuentas y eventualmente ir a prisión. Eso es lo que está en juego. Ese miedo
hace que el Gobierno federal actúe de una manera absurda, irracional y violenta
que es que lo que vemos con Chihuahua. La corrupción es el problema más grave
de México, pero cuando la corrupción la vinculas al financiamiento ilegal de
los partidos políticos, entonces lo que era un acto ilegal de corrupción
aislado, se convierte en la norma, en algo permanente, porque el corruptor y el
corrompido siguen ligados en el tiempo y se ven obligados a mantener esta
relación perversa en la que hay que seguir corrompiendo y mantener los
privilegios.
(SIN EMBARGO/ DANIELA BARRAGÁN/ ENERO 17, 2018, 12:05
AM)
Chihuahua puede representar la rebelión
que requiere nuestro país, esta nación que cae y cae bajo la corrupción y la
violencia. Foto: Cuartoscuro
El “Ya Basta” del 1 de enero
de 1994 levantado por las comunidades indígenas zapatistas de los Altos de
Chiapas, cimbró al país, frente a un gobierno que no enfrentaba el grado de
decadencia que vive actualmente. A 24 años del levantamiento zapatista, surge
el “Ya Basta” de Chihuahua encabezado por el Gobernador Javier Corral.
El gobierno federal nunca
había enfrentado a un Gobernador que no se sometiera a sus prácticas, como dice
Denise Dresser, de la zanahoria y el garrote. Ningún gobierno federal había
vivido la experiencia y las consecuencias de que un gobierno estatal y su
estructura judicial investigara a fondo la corrupción de un gobierno anterior,
a tal grado de que llegara a las propias estructuras del gobierno central, al
tumor central.
Las investigaciones
emprendidas por el poder judicial de Chihuahua han llegado a altas dirigencias
del partido oficial y el gobierno central ha pretendido detenerlas a través de
retirar recursos a esa entidad. De la investigación del poder judicial
chihuahuense que exhibe las prácticas de corrupción desde altos mandos del
partido oficial se ha pasado a la denuncia de los mecanismos por los cuales el
gobierno central pretende detener esas investigaciones y a lo que llevarían:
más órdenes de aprehensión. La fiscalía de Chihuahua está haciendo lo que nunca
ha hecho la PGR.
Los medios de comunicación
nacionales, en su gran mayoría, han minimizado los hechos, han dado gran
espacio a las repuestas del gobierno: los acusados han sido torturados y estas
denuncias forman parte de una estrategia electoral del Frente.
El gobierno de Chihuahua ha
tenido cuidado en que esta lucha no sea aprovechada por la alianza del
PAN-PRD-MC, por lo que el propio Corral explicó: esta lucha va mucho más allá
de las elecciones. Uno puede imaginarse las ganas de Anaya de estar al lado de
Corral en el mitin que ocurrió este domingo. Pero esta lucha no debe
contaminarse por las elecciones, va mucho más allá. El apoyo que ha recibido
Corral viene desde el conjunto de los empresarios de su Estado hasta de académicos
y activistas de izquierda.
Conozco a Corral de su
trabajo al frente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información
combatiendo la Ley Televisa, de cómo enfrentó al propio Presidente Fox desde el
Senado, de cómo diferenció, en varias ocasiones, su voto de la bancada de su
partido, de cómo creó un gabinete plural dándole más importancia en seleccionar
aquellos que podrían ayudarle a realizar un buen gobierno que a posturas
partidistas o ideológicas.
Este domingo Corral llamó a
la insurrección pacífica de Chihuahua, a no doblegarse frente a las presiones
del gobierno central, a acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a
viajar a los Estados Unidos a hablar con los congresistas y exigir la extradición
del ex Gobernador Cesar Duarte, a iniciar una Marcha de Ciudad Juárez a la
Ciudad de México.
Corral y su equipo están
haciendo lo que Vicente Fox se negó a hacer, lo que Felipe Calderón tampoco
hizo, y lo que muchos gobernadores de oposición nunca se atrevieron a hacer:
investigar las finanzas y la corrupción en los gobiernos anteriores.
El “Ya Basta” zapatista se
levantó en el gobierno de Salinas, ahora se levanta el “Ya Basta” de Chihuahua,
del estado más grande del país. En el gobierno de Salinas también se dio otro
levantamiento, el del navismo en San Luis Potosí, frente al fraude electoral.
El Dr. Salvador Nava inició la Marcha por la Dignidad y la Democracia desde San
Luis Potosí a la ciudad de México. Diferentes líderes sociales y de partidos de
oposición, de derecha y de izquierda, acompañaron al Dr. Nava en diversos
momentos de esa marcha. Salinas sabía que si el Dr. Nava llegaba a la capital,
enfrentaría una gran crisis política. El Dr. Nava le dio una salida a Salinas,
retirar del gobierno de SLP al espurio, Fausto Zapata, al Gobernador impuesto
por el fraude, que las mujeres potosinas no dejaban entrar al Palacio de
Gobierno. Al llegar la marcha a Querétaro, Salinas removió a Fausto Zapata. El
Dr. Nava no reclamaba la gubernatura para él, muy pocos sabían que había
iniciado la marcha con un cáncer ya muy propagado en su cuerpo.
Este domingo, Corral anunció
una Marcha de Ciudad Juárez a la Ciudad de México que representa una profunda
amenaza a un gobierno profundamente en crisis. Corral les da la salida: pidan
la extradición de Cesar Duarte y cumplan con la entrega de los recursos
acordados a Chihuahua. Sin embargo, anuncia que las investigaciones
continuaran.
Chihuahua puede representar
la rebelión que requiere nuestro país, esta nación que cae y cae bajo la
corrupción y la violencia. Y no estoy con el Frente y pienso que lo mejor sería
que Javier Corral presente su renuncia al PAN para deslindar esta lucha de
cualquier uso partidario que se le quiera dar, él mismo ha tenido cuidado en que
esto no ocurra, ya que esta batalla está muy por encima del proceso electoral y
debe unirnos a todos los que estamos hartos de la corrupción en nuestro país y
deseamos la democracia.
(SIN EMBARGO/ ALEJANDRO CALVILLO, ENERO 16, 2018,
12:05 AM)
