miércoles, 20 de diciembre de 2017

URGENTE RESOLVER EL PROBLEMA DE LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN GUAYMAS: PROFE GUZMAN


De grave califica el  profesor José Guzmán López González, regidor  propietario del PRD en el puerto, el problema de recolección de basura en Guaymas, urge una solución sería y responsable.

Lo anterior lo expresó  en una entrevista  realizada en la planta baja de palacio municipal, donde se le inquirió sobre problema de recolección de basura existente en el puerto.

Actualmente, dijo,  el Ayuntamiento está haciendo esfuerzos importantes a través de Servicios Públicos Municipales para responder a la enorme demanda de recolección de basura que está requiriendo la ciudadanía guaymense.

Y señaló que no obstante a los esfuerzos realizados por Servicios Públicos Municipales, el problema sigue vigente y en ascenso, debido a que son muchas familias guaymenses,  las que están comenzando a sufrir el grave problema de los malos olores a causa  de la descomposición de los alimentos y los productos perecederos, por los acumulamientos  de basura que son preocupantes focos de infección que se genera en miles de hogares del puerto.

“Esta problemática es generada por la falta de cumplimiento a las cláusulas  del contrato leonino que en la administración de Antonio Astiazarán Gutiérrez firmó con  Promotora Ambiental SA (PASA), conflicto que no debe de ser politizado sino que más bien deben de buscarse soluciones que le pongan fin en forma definitiva a este problema”, puntualizó.

El regidor perredista sostuvo que mucho se ha hablado del incumplimiento del Ayuntamiento de Guaymas a la empresa PASA, situación que no justifica la suspensión del servicio, ya que la empresa acreditó su capacidad financiera para la firma de este contrato.

“El Ayuntamiento de Guaymas en la actualidad tiene que hacer frente a un enorme endeudamiento producto de decisiones mal tomadas por administraciones municipales anteriores que hoy significan una carga financiera y económica que le impiden cumplir al municipio con el pago mensual de más de 2 millones de  pesos a la empresa PASA”, precisó.

Comentó que estos errores del pasado, podemos establecerlos de la manera siguiente: Antonio Astiazarán Gutiérrez (2006-2009) despidió a un importante número de trabajadores de Servicios Públicos Municipales que tuvieron que ser liquidados en gran parte en la actual administración (2015-2018). Luego la administración de César Lizárraga Hernández y Mónica Marín (2009-2012), dejaron una deuda de 6 millones de pesos, que irresponsablemente Otto Claussen Iberri se negó a pagar, convirtiéndose en una carga para la actual administración municipal por un monto de alrededor de 18 millones de pesos, donde el actual gobierno municipal tiene que hacer un desembolso inicial de 3 millones de pesos y 12 documentos de un millón de pesos mensual.

Recalcó que el gobierno municipal de Otto Claussen Iberri contrató un endeudamiento por el orden de los 365 millones de pesos, un costo para la actual administración municipal un poco más de 2 millones de pesos mensuales a pagar por 20 años, y aunado a esto, en la actualidad se sufre el recorte en las participaciones estatales de 3 millones de pesos mensuales.

“Tan grave es el quebranto financiero y económico de Guaymas, que ha generado una falta de pago a la empresa PASA por 18 millones de pesos acumulados en la actualidad”, terminó diciendo.

(ALZA LA VOZ PRD GUAYMAS/ 20 DE DICIEMBRE 2017)






‘QUEDARSE ES MORIRSE’: LOS JUBILADOS VENEZOLANOS OBLIGADOS A MIGRAR POR LA CRISIS


Venezolanos hacen fila para recibir comida gratuita en una cocina en Los Teques, al sur de Caracas. La convulsión del país ha causado que muchos residentes con mucho tiempo en Venezuela migren al extranjero. Credit Meridith Kohut para The New York Times

CARACAS – María Abad Cruz, de 90 años, está a punto de migrar por cuarta vez en su vida. Puede que esta sea la más difícil.

En unos meses, si todo sale según el plan de sus hijos, se habrá mudado a España, país en el que nació, para dejar atrás Venezuela, el país en el que ha vivido la mayor parte de su vida y que ama como a ningún otro, incluso cuando ese amor no ha sido muy correspondido en los últimos años.

En Venezuela conoció a su esposo, crió a sus tres hijos y sufrió un pesar tan profundo que huyó temporalmente a España, aunque regresó después porque en ningún otro lugar se ha sentido como en casa tanto como lo ha hecho en tierra venezolana.

Sin embargo, ante la profundización de las crisis económicas y políticas, la vida se ha vuelto demasiado difícil para Abad Cruz y ahora, aunque aún se resiste, comienza a caer en cuenta de que lo mejor es irse.

“Venezuela, para mí, es lo más grande que hay”, dijo Abad Cruz. “Pero en este momento es imposible”.

Durante las últimas dos décadas cientos de miles de venezolanos —algunos estiman que la cifra alcanza los dos millones— han emigrado; la tendencia se ha acelerado en los últimos años durante la gestión de Nicolás Maduro, quien ha sido calificado por varios como autocrático.



Un anciano toma una siesta bajo un grafiti en Caracas de los ojos penetrantes del presidente Hugo Chávez; el líder fue amado y odiado por igual. Credit Meridith Kohut para The New York Times

La mayoría de los emigrados son jóvenes venezolanos en la cima de su vida laboral. Sin embargo, también hay un número de venezolanos de edad avanzada que han salido por prácticamente las mismas razones, como la escasez de alimentos y medicinas y las tasas en aumento de pobreza y crimen.

Muchos han terminado por seguir los pasos de sus hijos, nietos, sobrinos y bisnietos, que les han urgido a dejar el país.

Sin embargo, la decisión de irse representa ansiedades e incertidumbres únicas para las personas de mayor edad: no saben si tendrán acceso a servicios médicos en los países de destino y dudan sobre la pérdida de redes de amistades y de comodidades acumuladas durante su vida, así como si tendrán que empezar de nuevo en un lugar justo cuando esperaban ya estar disfrutando de la jubilación.

Ligia Reyes Castro, de 71 años, y su esposo, Mario Reyes Trujillo, de 76 años, comenzaron a pensar en mudarse hace dos años.

Reyes Trujillo, quien ha pasado su vida a cargo de pequeños negocios, sufre de glaucoma. Con la creciente escasez de medicina, se ha convertido en un sufrimiento casi diario para él visitar hasta siete farmacias en una búsqueda usualmente inútil de las gotas que necesita para los ojos.

A Reyes Castro, una empleada jubilada del Ministerio de Educación de Venezuela, su doctor le dijo que la lesión cancerosa que tiene en la frente era probablemente el resultado de todas las horas que había tenido que estar formada en las filas bajo el sol esperando para comprar comida o retirar dinero del banco.

A medida que la inflación se ha disparado, el valor de la pensión de la pareja ha disminuido. El último frasco de tres mililitros de gotas que Reyes Trujillo compró le costó más de la mitad de su pensión mensual.



La hora del almuerzo en la cocina en Los Teques, donde las personas comienzan a formarse a las seis de la mañana para recibir su ración de comida. Credit Meridith Kohut para The New York Times

“Queremos vivir en tranquilidad”, dijo Reyes Castro en su casa de cuatro habitaciones en las colinas de Los Teques, un área suburbana al sur de la capital donde han vivido desde que se casaron hace cincuenta años. “Es una angustia demasiado fuerte para nosotros”.

Con el estímulo de un hijo que recientemente migró a Chile y de una sobrina que vive en Ecuador, ellos planean salir de Venezuela a principios del próximo año con destino a Quito. Tienen suficientes ahorros como para pagar por su vuelo y planean vender una de las dos casas de su propiedad para abrir un pequeño negocio en el lugar donde se establezcan. Reyes Castro tiene la idea de abrir un restaurante o un negocio de fotocopiado.

Aún no saben cuándo o qué tan rápido podrán obtener el permiso para trabajar legalmente. Pero el reto más grande, afirman, es dejar atrás una familia muy unida. Muchos de sus familiares viven a una distancia lo suficientemente cercana para ir caminando o a unos minutos en auto, incluida la madre de 100 años de Reyes Castro.

“Toda nuestra vida está aquí, tenemos nuestras raíces, nuestra casa, hemos vivido bien aquí, tenemos a nuestra familia”, dijo Reyes Castro, e hizo una pausa, “pero un mal gobierno”.

Los venezolanos de mayor edad que han migrado recientemente afirman que, posiblemente, las dificultades de abandonar el país son casi tan arduas como el reto de comenzar de nuevo en el ocaso de la vida.

“Es muy duro, muy fuerte….” , dijo Fernando Galíndez, de 75 años, quien abandonó Venezuela con su esposa y su hijo hace varios años y se estableció en el sur de Florida.

En Venezuela, Galíndez estaba a cargo de una exitosa compañía de diseño de exteriores; su esposa era directora de Mercadotecnia en la filial venezolana de una multinacional. Pero la inseguridad se volvió tan intensa que decidieron irse. Su familia vendió todo lo que pudo y se mudaron a Doral, en Florida.



Más de cien personas esperan en la fila desde antes del amanecer con la esperanza de comprar alimentos con precios controlados en La Trinidad, Venezuela. Credit Meridith Kohut para The New York Times

Durante el tiempo que necesitaron para obtener sus permisos de trabajo, se acabaron sus ahorros. Sin embargo, Galíndez finalmente encontró trabajo como profesor adjunto de Ciencias en la Universidad de Miami Dade y su esposa fue contratada como administradora en una compañía.


Para quienes piensen en migrar, Galíndez tiene un consejo: “Tienes que entender que ser un migrante significa empezar de cero”.

La urgencia actual de los venezolanos por cruzar las fronteras es un cambio de patrón en una tendencia migratoria de varias generaciones. Durante décadas, Venezuela fue un destino para migrantes económicos y refugiados políticos que buscaban la seguridad y una nueva vida en un país que alguna vez fue uno de los más ricos de América Latina. Ahora, muchos venezolanos de avanzada edad, al decidir adónde escapar, se reconectan con esas raíces extranjeras, algunas prácticamente olvidadas.

María Mata, una trabajadora social jubilada de 67 años, planea migrar a Alemania, el lugar de nacimiento de sus abuelos.

Dos de tres de sus hijos ya se han mudado al extranjero: uno a Irlanda y el otro a España. Ahora, Mata y su tercer hijo, Eduardo Delgado, de 39 años, planean mudarse juntos a Múnich. Ambos han obtenido la ciudadanía alemana con base en el linaje de su familia.

“Ahora me siento como una extranjera en Venezuela, no es la Venezuela que yo conozco”, dijo Mata durante una entrevista en una panadería en Caracas, cerca de su casa. “Es difícil quedarse en un país cuando la identidad se ha perdido. Es muy muy triste”.

Mata dijo que ella espera encontrar empleo en Alemania, cualquier trabajo que genere un ingreso y le permita ahorrar un poco. Ella ha escuchado que hay trabajo como cuidadora de ancianos y enfermos.

No es lo que tenía en mente cuando era joven y miraba hacia un futuro como jubilada en Venezuela.

“Trabajas con miras a tus años dorados, ahorras”, dijo ella. “Y entonces todo se va en tratar de sobrevivir”.

No tenía alternativa, dijo: “Quedarse es morirse”.



Mariana Marrugo, de 73 años, al centro, llegó a las cuatro de la mañana con la esperanza de comprar alimentos. Después de varias horas, un representante del supermercado les dijo que no habían recibido el cargamento y que lo intentaran al día siguiente. Credit Meridith Kohut for The New York Times

En octubre, Carmen María González de Álvarez, de 58 años, hizo en sentido contrario el viaje de sus padres desde Europa. Ellos habían nacido en Las Palmas, en las islas Canarias de España y en 1953 migraron a Venezuela, donde nació González de Álvarez.

En la vuelta al lugar de origen de su familia, ella viajó acompañada de su esposo, Nelson, de 64 años, y de su hijo, Nelson Luis, de 30.

La familia se vio obligada a dejar todo lo que habían construido en Venezuela porque cuidar a Nelson Luis, quien sufre de epilepsia convulsiva, se había convertido en algo demasiado difícil en el colapsado sistema de salud de Venezuela. Sus ahorros se fueron en las costosas medicinas de su hijo.

Para empeorar las cosas, el trabajo de Nelson Álvarez como agente inmobiliario se había extinguido: pasó un año sin vender una propiedad. “Nos estábamos desangrando”, dijo. “Si esperábamos seis meses, nos íbamos a quedar sin nada”.

González de Álvarez y su hijo llegaron con la ciudadanía española, que ofrecía ventajas clave como el acceso a servicios sociales. Aun así, ha sido una dura transición para la familia.

“Una decisión extremadamente dolorosa y difícil para cualquier ser humano”, dijo Álvarez. “Imagínese para mí, que tengo 64 años. ¿Quién me dará trabajo?”.



Carlos Adán Ribas, de 71 años, vende ropa usada y otros objetos que encontró en la basura en Caracas. Credit Meridith Kohut para The New York Times

La familia también tuvo que separarse de la protección de una familia unida y de su comunidad en el municipio de El Hatillo, donde Álvarez era un líder ciudadano.

“Imagínese: tan pronto como salía de la casa, la gente me saludaba en la calle”, dijo. “Aquí no conozco a nadie”.

Abad Cruz, que tiene 90 años, dice que lo que va a extrañar de Venezuela son cosas que ya no existen; ella tiene experiencia en la pérdida.

“No hay alimentos, no hay medicina, no hay nada”, dijo en una entrevista en su apartamento, sentada en una silla de ruedas.

Nacida en España, Abad Cruz migró a Venezuela en 1952 cuando tenía 25 años, se enamoró del país y de un ingeniero civil que pronto se convirtió en su esposo y con quien tuvo tres hijos. Después de la muerte de su marido en 1963, regresó a España con sus hijos y vivió allá durante dos décadas, aunque extrañaba Venezuela.

“Siempre he sido venezolana”, dijo.

Regresó en 1985 y desde ese entonces ha vivido en Caracas.



Maria Abad Cruz, de 90 años, afuera de su casa en Caracas. Ella planea mudarse a España, el país donde nació, aunque se resiste a dejar atrás la Venezuela que ama. Credit Meridith Kohut for The New York Times

Abad Cruz se limpió las lágrimas de las esquinas de sus ojos mientras recordaba cómo era Venezuela en la época en que las personas se vestían elegantemente antes de visitar la plaza Bolívar, la simbólica plaza en el centro de Caracas, un área hoy asediada por el crimen.

“Hoy ahí matan”, dijo. “Todo ha cambiado”.

Su última visita al lugar no fue agradable: encontró un sitio muy diferente al que ella recordaba y no le gustó. “Le dije a mi hija: ‘Sácame de aquí’”, recordó la mujer.

Aun así, aunque calificó el actual estado del país como “lamentable”, todavía no se ha hecho por completo a la idea de dejar Venezuela. Sus hijos la han presionado pero ella aún tiene dudas.

“No sé si vamos a ir a España pero estamos pensando hacerlo porque no podemos vivir aquí”, dijo. Abad Cruz toma veintiún medicamentos y cuenta con una enfermera de tiempo completo: todo es pagado por sus hijos, uno de los cuales vive en el extranjero. Pero su situación es insostenible, explicaron los familiares, lo que convierte a España y su sistema de salud en una mejor alternativa.

Abad Cruz dice que entiende lo sabia de esa decisión. Aun así, pensar en otra migración le resulta doloroso. Pero también sufre cuando piensa que tendrá que seguir viviendo la espiral descendente de la situación en Venezuela.

Al preguntarle si dejaría Venezuela con la esperanza de que algún día podría regresar, pensó la pregunta con mayor detenimiento. “No lo creo”, dijo. “Pero la mantendré en mi corazón por el resto de mi vida”.


(THE NEW YORK TIME EN ESPAÑOL/ KIRK SEMPLE 11 DE DICIEMBRE DE 2017)

ASÍ SE IMPARTE LA JUSTICIA MILITAR EN MÉXICO


El sistema penal adversarial y acusatorio, identificado también como justicia oral, llegó a la justicia militar. Desde su entrada en vigor, en 2016, alrededor de 650 causas penales se han abierto en la II Región Militar que incluye los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora. Aunque el delito militar más frecuente es la deserción, también se han presentado casos de homicidios. Aquí un vistazo al centro de detención militar, sus Juzgados y su sistema de procuración de justicia 

Desde la prisión militar de Mazatlán, Sinaloa, un soldado adscrito hasta hace semanas a la II Región Militar con base en Mexicali, Baja California, espera en su celda el inicio de su juicio por el delito de homicidio.

Temprano, el viernes 20 de octubre de 2017, apenas pasadas las ocho de la mañana, un militar cayó al piso en la cocina del cuartel en Mexicali. Aunque personal médico castrense llegó hasta él para curar sus heridas, lo encontraron sin signos vitales.



Testigos relataron que fue una riña. Dos elementos se involucraron en una discusión que se tornó en un ataque físico y uno de ellos tomó un cuchillo para apuñalar a su compañero. Las lesiones le costaron la vida a uno y su libertad al otro.

“Se trató de un homicidio circunstancial, no hubo premeditación ni alevosía”, comenta el Teniente Coronel Salvador Candelario Martínez Cruz, juez militar de Control, uno de los únicos seis en el país, desde el Juzgado Militar dentro del Cuartel Morelos en Tijuana, Baja California.

Ese soldado ha sido el único en ocupar una de las ocho celdas, cada una de unos ocho metros cuadrados, que conforman el centro de detención militar, a un costado del Juzgado en la II Zona Militar en Tijuana.

De ahí que la construcción de cemento con pesadas puertas metálicas luzca casi nueva. En cada celda, una plancha se levanta a centímetros del piso y ofrece un espacio para colocar colchón, almohada, sábana y cobija que forman una cama. Una división separa al retrete.

A la par que inició el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) en Tijuana, en Juzgados estatales y federales, también lo hizo dentro de la justicia militar. Desde entonces, en junio de 2016, el Juzgado Militar en Tijuana ha abierto 650 causas penales en contra de elementos de la Segunda Región Militar.

Estos procesos han derivado de carpetas de investigación iniciadas en agencias del Ministerio Público Militar ubicadas en esta ciudad, en La Paz, Baja California Sur y en Hermosillo, Sonora.

Como juez de Control, el Teniente Coronel Martínez Cruz determinó legal la detención del soldado que en octubre asesinó a su compañero, lo vinculó a proceso, le dictó prisión preventiva como medida cautelar y estableció el plazo de investigación para que el agente del Ministerio Público concluyera la carpeta.

Después de ello, el detenido fue enviado a la prisión militar de Mazatlán, Sinaloa. Ahí, uno de los tres tribunales de justicia militar que existen en el país, se encargará de la etapa intermedia del proceso y, de ser encontrado culpable, un juez de ejecución le impondrá una pena.

ZETA recorrió las instalaciones. donde elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que cometen delitos del orden militar son puestos a disposición de la justicia.

DESERCIÓN, PRINCIPAL DELITO MILITAR

Cuando se habla de disciplina castrense, existen dos tipos de violaciones: los delitos y las faltas. El primero radica en una infracción que ataca los intereses jurídicos del Ejército y, por lo tanto, se le reprime con una pena.

En cambio, una falta conlleva una corrección disciplinaria para quien la comete porque vulnera el orden general en la institución.

Según la información más reciente para su consulta en la Sedena, del 1 de enero al 15 de diciembre de 2016, mil 140 miembros de las Fuerzas Armadas en todo el país fueron encontrados culpables de un delito del orden militar.

El 75 por ciento de los registros corresponden al delito de deserción, con 855 sentencias ejecutoriadas. Le siguen los delitos de desobediencia con 116 delitos, abandono de servicio con 71 registros, 33 cargos por infracción de deberes correspondientes a cada militar según su comisión o empleo, y después, 23 delitos de abuso de autoridad.

En menor medida se encuentran traición a las Fuerzas Armadas (17), contra el honor militar (9), insubordinación con vías de hecho causando lesiones al superior (8), infracción de deberes especiales de marinos (5) y contra la administración de justicia (3).

Del total de conductas delictivas, los soldados concentran el mayor número de delitos, seguidos de los cabos, también se procesó a tenientes, sargentos, mayores, tenientes y coroneles; mientras que a ningún general brigadier, general de brigada ni general de división se le presentaron cargos.

Sobre la proporción de delitos, el juez militar de Control confirma que las cifras nacionales coinciden con la de la Segunda Región Militar. “De 100 carpetas que se judicializan, un 80 por ciento son delitos de deserción en que el personal se va y ya no regresa, así que van a prescribir”, señala.

Otro 14% corresponde a deserción, pero sí concluyen en juicios, mientras que 6% restante lo componen delitos como abuso de autoridad, insubordinación, abandono de servicio o abandono de plaza.

DE JUECES Y JUZGADOS

Después de la redistribución jurisdiccional con la más reciente reforma, se establecieron 33 agencias del Ministerio Público Militar en todo el país, una por entidad federativa.

Se nombraron seis jueces militares de Control en: Tijuana, Baja California; Mazatlán, Sinaloa; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León; Villahermosa, Tabasco; y dos en la Ciudad de México.

Estos jueces tienen las facultades de calificar la detención de legal, el auto de vinculación a proceso de los imputados, establecer medidas cautelares para ellos y dar la periodicidad para que el MP concluya su investigación. De ahí se pasa a la etapa de acusación.

Para ello, están integrados tres tribunales de Justicia Militar en el país. Uno en Sinaloa, otro en Jalisco y uno más en la Ciudad de México. Cuentan con tres jueces, mientras que la segunda y última instancia en el sistema de justicia militar está conformada por el Tribunal Superior Militar, con cuatro magistrados y un presidente.

El Juzgado Militar en Tijuana corresponde al de la II Región Militar, por lo que atrae los casos ocurridos en Baja California, Baja California Sur y Sonora. Sin embargo, en ninguna de estas entidades existen prisiones militares, solamente en Jalisco, Sinaloa y Ciudad de México.

De las casi 500 carpetas de investigación abiertas este año en la Segunda Región Militar, 194 se abrieron en Tijuana, mientras que en 2016 se judicializaron 157 carpetas en esta ciudad.

Para Tijuana, por ejemplo, el órgano de justicia militar está compuesto, además del juez militar de Control, por el agente del Ministerio Público Militar, Dagoberto Morgan López; el secretario técnico jurídico, Óscar Eloy Hernández Olivares; y el defensor público Juan Luis Naranjo Romero.

… Y CASTIGOS

De acuerdo con el Código Militar de Procedimientos Penales, los delitos que conllevan la prisión preventiva como medida cautelar son los relacionados con delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la Ley.

Sin embargo, este mismo Código establece que “cuando en un delito o falta del orden militar, estuviese implicado un civil, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”, esto permite que el proceso se libre en el fuero común o federal y no en el militar.

De las 650 carpetas de investigación radicadas en la Segunda Región Militar, 110 concluyeron en sentencias por medio de procedimientos abreviados, explicó el juez militar de Control.

Para ello, se aplica la imposición de la mitad de la pena mínima. Por ejemplo, para una pena de seis meses de prisión, se resta una tercera parte de la pena y el resultado se divide a la mitad.

“Eso permite que se puedan ir el mismo día que se inicia el proceso, en cuestión de horas se realizan las audiencias”, explicó el Teniente Coronel Martínez Cruz.

Sin embargo, explica el mismo encargado de la impartición de justicia militar, en tres entidades del país, el Código Militar de Procedimientos Penales está pensado para dictar castigos ejemplares que demuestren las consecuencias de delinquir al personal militar.

En el caso de delitos contra la salud, quien sea encontrado culpable, es dado de baja del Ejército de manera automática y la pena máxima considerada es de 25 años de prisión. También, todo militar que haya cometido un delito que se castigue con pena mayor a dos años, deberá ser dado de baja de la Sedena.

No obstante, hay otros delitos establecidos en la Ley militar que implican graves castigos aunque la conducta no sea precisamente del tipo penal. Está el caso de abandono de servicio que se configura cuando un militar se aleja más de 60 kilómetros de su base o guarnición, incluso si se trata de su día de descanso, sin notificar a las autoridades militares.

Se trata de una Ley que se remonta a los tiempos cuando el método de transporte más común era el caballo, así que la distancia parecía ser razonable, pero no se ha modificado desde entonces.

Militares consultados al respecto indican que en esencia, la disciplina que conlleva esta conducta es tener control y conocimiento del personal militar alrededor del país, ya sea en caso de que se les requiera para una tarea como auxilio en un desastre civil, o incluso por su seguridad.

Por este motivo y en cumplimiento a la Ley militar, si un castrense arriba a un sitio más allá de 60 kilómetros de su base, debe notificar su llegada a las autoridades militares del sitio al que arriba.

Otro de los peores delitos dentro de la justicia militar, es el de traición a la patria o traición a las Fuerzas Armadas mexicanas, ya que conlleva una pena máxima de 60 años de prisión.

Entre los once preceptos que configuran este delito, está el utilizar “la fuerza, embarcación, aeronave o cualquier otro bien o recurso humano que tenga bajo su cargo o mando a favor de cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa”.

También será sujeto a esta pena quien “proporcione a cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa, protección o facilidades en la plaza o puesto confiado a su cargo, así como adiestramiento, capacitación o conocimientos militares”.

En el centro de detención militar que se ubica en el Cuartel Morelos, los detenidos no pueden pasar más de 144 horas -seis días- antes de ser reubicados en una prisión militar.


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA  /INÉS GARCÍA RAMOS LUNES, 18 DICIEMBRE, 2017 12:00 PM)

15 FUNCIONARIOS ASESINADOS EN 2017

Desde custodios, policías, comandantes, hasta al comisionado Estatal de los Derechos Humanos, son los cargos de servidores públicos que han sido atacados que -al estilo del narcotráfico- en Baja California Sur, particularmente en La Paz y Los Cabos. A los tres oficiales de la turística los emboscaron; los agentes se quejan de la autoridad, critican el hecho de que el Alcalde no acuda a los sepelios de los oficiales, y las malas condiciones en que laboran. Las hipótesis sobre el atentado arroja una pregunta clave: ¿iban por uno de los policías o es otro ataque a las instituciones? De enero a diciembre van más de 630 ejecutados en BCS

“Una camioneta familiar de color dorado y un automóvil de color negro fueron los que agredieron a los compañeros; supuestamente lo que se dice es que poco antes hubo contacto con los sicarios, lo que dio tiempo a los agentes a prepararse para un posible atentado. Lo siguiente fue un intercambio de balas”, relató un miembro del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública en Baja California Sur respecto al atentado contra dos Policías Ministeriales.

En punto de las siete horas del viernes 1 de diciembre, una serie de ráfagas de arma de fuego despertaron a los habitantes de las colonias como Arcoíris, Camino Real y Ayuntamiento, del Municipio de La Paz. Dos agentes de la Policía Ministerial fueron emboscados cuando circulaban por las calles Artículo 115 y Gil B. Morales. Hombres armados abrieron fuego desde unidades automotrices con rifles automáticos hacia el automóvil Mitsubishi Lancer, color gris, de la Policía Ministerial.

De entrada, Jesús Adolfo Meza Dimas, agente de investigación, resultó con heridas en el cráneo y pierna; su compañero Óscar Altamirano salió ileso gracias al chaleco antibalas, además logró que los agresores huyeran del lugar tras repeler la agresión.

Según las fuentes de inteligencia, los agentes se encontraban en servicio realizando recorrido de reconocimiento, cuando los sicarios les cerraron el paso, “hubo un intercambio de palabras y de pronto inició el enfrentamiento, eso dio tiempo a la respuesta de los agentes”, dijo la fuente de la Policía Ministerial.

Apenas eran las 7:02 am., del viernes y las alertas ya estaban encendidas. Sentado en la banqueta, el agente Altamirano relató cómo ocurrieron los hechos, iniciando por la manera en que se le fue cerrado el paso y la respuesta que se tuvo.

“Vecinos informaron de haber escuchado fácil 50 detonaciones de arma de fuego, al ver la unidad de la Ministerial, pudimos constatar que lo que los vecinos nos informaron no está alejado de la realidad”, expresó uno de los agente del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública que acudió al llamado.

Pero la situación empeoró, al día siguiente (02 de diciembre), a las 4:35 pm., tres elementos adscritos a la recién nombrada Policía Turística a cargo de la SSP, fueron emboscados por un comando armado.

El Comandante Juan Pedro Polo Arreola, de la Policía Municipal y enviado a cubrir la tarea a través del Mando Mixto, así como el Comandante Supervisor Cristian Alberto León Aguiar y el agente Edmundo Vega Martínez, fueron decretados caídos en cumplimiento del deber al circular por las calles Paseo Álvaro Obregón y Antonio Rosales, de la colonia Centro.

Extrañamente, la tarde del homicidio de los tres elementos no fue activado el Código Rojo de búsqueda de los sicarios, las fuerzas de seguridad solo contaban con la descripción de la camioneta, una unidad de color blanco.

Los policías fueron asesinados a bordo de la unidad de la SSP, matrícula 00001, automóvil tipo Charger de modelo reciente; los elementos habrían sido nombrados en el encargo apenas el 27 de octubre, cuando el subsecretario de Seguridad Pública, Armando Nava Sánchez, puso en marcha las operaciones de la Policía Turística, donde comentó:


Foto: Cortesía.- 15 atentados contra servidores públicos se han registrado en lo que va del 2017, igual número han caído en cumplimiento del deber

“Que son 25 oficiales de la Policía Estatal y Municipal Preventiva, quienes a partir de hoy brindan seguridad y servicios de orientación a quien lo necesite, para prevenir delitos de robo, principalmente; los cuales han sido capacitados en el idioma inglés, a fin de ofrecer un trato de calidad y calidez para todos”, comentó.

“Está conformado por 25 oficiales, entre ellos elementos estatales y municipales. El cincuenta por ciento o sesenta por ciento de los oficiales que estamos actualmente domina habilidades en el 70 por ciento de inglés, siendo una herramienta fundamental para darle una gran atención al turismo”, externó el oficial caído Cristian Alberto, esto el día de la puesta en marcha de la Policía Turística.

Esta unidad atiende el cuadrante que se compone desde la calle Norte hasta 5 de Febrero, como límite, desde la avenida Álvaro Obregón o Malecón hasta la calle Revolución; asimismo, la cuadrilla tendrá presencia en las playas, desde Coromuel hasta Tecolote.

Apenas un mes con el encargo y ya estaban en la mira del narco, “quizá sean los compañeros que menos tenían que ver con tareas de combate al narco y fueron blanco fácil; nadie hubiera pensado lo peor. Hoy el mensaje queda claro, que todos los que portamos el uniforme estamos en riesgo y ésta es una lamentable historia que solo nos queda seguir el ejemplo”, dijo el elemento.

La lamentable tragedia fue traducida por cada uno de los elementos de la Policía Municipal, quienes conocían a Polo Arreola, a quien describieron como una persona con mucha humanidad, accesible y muy trabajador.

“Le ponía muchas ganas, y no significa que sea el único que lo hace, pero era una persona honrada, no se metía con nadie, siempre al tiro obedeciendo las órdenes tal cual se indicaban; en su trayectoria no hay nada que le puedan buscar y vincularlo con la delincuencia como se ha tratado con otros elementos. Era muy dedicado a su familia y hoy es una pena que todos debemos cargar; deja en desamparo a sus hijos y esposa”, manifestó con mucho dolor uno de los policías municipales en su sepelio.

LA HIPÓTESIS DEL CRUEL ASESINATO

Según la hipótesis manejada por agentes de investigación, los tres oficiales de la Turística fueron ejecutados por sicarios que se encontraban a menos de dos metros de distancia de ellos, y quienes dispararon a través de la ventana de una camioneta: “son los únicos datos que nos han dado, ni siquiera tenemos la instrucción de perseguir y detener. Esos son los datos que tenemos a 48 horas del homicidio, pero obviamente por debajo llega más información y los compañeros estamos muy dolidos por tal situación”, manifestó uno de los agentes municipales que participa en el Mando Mixto.

Alrededor de las 4:20 pm., los oficiales daban rondines en la zona, fue aproximadamente 10 minutos después cuando los agentes a bordo de la unidad se encontraron con sus agresores. “Según la posición de los cuerpos, su muerte fue casi instantánea, no tuvieron tiempo para reaccionar, solo estuvieron invadidos por la nube de plomo y pólvora. El vehículo fue atravesado de lado a lado, incluso los mismos oficiales, esto debido a la cercanía en que fueron agredidos”, señaló uno de los elementos de investigación.

Todo quedó registrado en la cámara de vigilancia, situada en la cuchilla de Álvaro Obregón y Mutualismo, a solo 30 metros de donde ocurrió el atentado. La autoridad no ha revelado la razón por la cual, los sicarios actuaron en contra de los oficiales.

De entrada, los perfiles de los oficiales están siendo revisados, así como las imágenes captadas por la cámara de vigilancia, las cuales ya están siendo examinadas para dar con los presuntos responsables.

“Nosotros lo único que vimos es a la camioneta que estaba en la calle junto con la unidad, la vimos como si vieras pasar un carro normal, no pusimos atención. Después de un rato escuchamos un ruido ensordecedor que se prolongó por unos segundos, luego vimos que la camioneta se va a exceso de velocidad”, expresó uno de los comerciantes del Parque Cuauhtémoc.

Se cree que la camioneta en que viajaban los sicarios, circulaba por Álvaro Obregón hasta llegar a Antonio Rosales, allí se encontró a la unidad de la Policía Turística, después del atentado pudo haber huido por Rosales, en dirección hacia arriba y doblado a la derecha por Francisco I. Madero.

La hipótesis es que sicarios hayan ido por uno de los elementos, el cual según inteligencia militar, “está plenamente identificado y estamos en ese hilo”; la otra vertiente que tienen en el papeleo es causar desestabilización en las corporaciones de seguridad y enviar un mensaje claro de ataque frontal a las instituciones que vienen a “afectar” el trabajo de las diferentes células criminales.

Lo inevitable es que, los oficiales fueron ejecutados en la zona dorada de La Paz, lo que causó que varios turistas se asustaran; por otro lado, el desconcierto de los oficiales de Seguridad Pública los ha llevado a ver riesgoso el trabajo de protección a la ciudadanía, cuando una vez más se han visto vulneradas las insignias, pues con este caso ya suman 14 de agresión contra las fuerzas del orden y servidores públicos, esto apenas en lo que va de 2017. Un caso insólito para Baja California Sur, donde siempre había sido de respeto a las instituciones.

LOS TURÍSTICOS CAÍDOS

Los elementos de la Policía Turística cayeron en cumplimiento de su deber atacados a balazos, lo que resulta una mala determinación y coincidencia para algunos; aunque no se ha revelado alguna versión por parte de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), se cree que fueron utilizados rifles AK-47.

Cristian Alberto León Aguiar.- se desempeñaba como Supervisor Comandante de la Policía Turística, registrado en la Subsecretaría de Seguridad Pública como Oficial de la Policía Estatal Preventiva (PEP), en el folio 792.

Estuvo involucrado en marzo de 2015 por una agresión a reporteros que le implicó su remoción de las calles y colocado en trabajos de oficina por su mala conducta; en mayo de 2016 estuvo implicado en otro hecho y fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública, tras la detención de un presunto sicario.

Esto tras el atentado que sufriera el Comandante General de la Policía Estatal Preventiva, Luis Alejandro Osorio Álvarez; los sicarios consiguieron herirlo y huir de la escena en la colonia Diana Laura, sin embargo, fueron alcanzados por oficiales en la estación de Gas localizada sobre Forjadores; allí policías dieron muerte a uno de los sicarios dentro del vehículo, uno más huyó hacia las instalaciones de la gasera, lo que desató una segunda balacera.

Lamentablemente allí murió un civil, Víctor Manuel Morales Zúñiga, sin embargo, se detuvo a un presunto sicario que precisamente el agente estatal Cristian Alberto pateó en el suelo y quedó registrado en video, por ello fue sancionado por la autoridad.

Desde ese entonces, el elemento hubo de estar “apagado” por los mandos por sus antecedentes. Fue hasta el 27 de octubre que, tanto el Subsecretario de Seguridad Pública, como el Comisario de la PEP, Víctor Beltrán Peña, dieron luz verde para ocupar un cargo de cercanía con la gente en la Policía Turística.

Juan Pedro Polo Arreola.- Comandante de la Policía Turística que se desempeñó por 11 años al servicio de la Policía Municipal. Contaba con 39 años cumplidos.

Su labor y desempeño lo llevó a formar parte del Mando Mixto adscrito a la Policía Turística a cargo de la Subsecretaría de Seguridad Pública (SSP), cargo que desempeñaba con antelación cuando dicha institución pertenecía a la municipal.

“Siempre fue un líder con toda decencia; siempre mantuvo alineada a la institución y era el primero que nos pedía que estuviéramos alineados, que la ciudadanía viera que cumplimos nuestra labor y desde luego, atender al turista siempre dando una buena cara. A él lo mirabas con nosotros dando recorridos, solo se movía cuando era solicitado de la Dirección, pero al rato volvía”, dijo uno de los compañeros cercanos en la Policía Turística, cuando pertenecía al municipio.

Contaba con una licenciatura en Criminología por la Universidad Mundial, al concluir ingresó a la Policía donde murió en cumplimiento de su deber.

Edmundo Vega Martínez.- Elemento de la Policía Turística, con apenas cuatro meses de servicio tras formar parte de la nueva era de Cadetes de la Academia de la Policía Estatal Preventiva.

Adscrito a la Turística apenas hacía un mes de inaugurada, desde entonces era aprendiz de los elementos de experiencia, como el Comandante Polo; su encargo era atender directamente las solicitudes de los comandantes.

FUNCIONARIOS ATACADOS

Son al menos 15 atentados en lo que va del año, en contra de servidores públicos de la entidad. Los ataques han sido dirigidos principalmente en La Paz y Los Cabos; los más afectados son agentes adscritos a la Subsecretaría de Seguridad Pública (SSP), con ocho elementos caídos; de estos, cinco miembros de la Policía Estatal Preventiva; le sigue la Policía Ministerial, con tres agentes sin vida y dos policías agredidos a tiros; Policía Municipal con dos elementos; Secretaría de Marina, un efectivo; y el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

El atentado de los dos agentes de la Policía Ministerial, los tres caídos de la Turística y uno más que se suma a la ola de agresiones contra servidores públicos, ocurrió la madrugada del miércoles 6 de diciembre en el domicilio ubicado en Plancton y Santa Rosa, de la colonia Miramar, en el municipio de La Paz, donde hombres armados dispararon en repetidas ocasiones hacia la vivienda.


“Entraron incluso hasta el patio de la vivienda, pero el compañero repelió la agresión, lo que dio tiempo para que huyeran y llegaran las unidades de la Policía Ministerial”, refirió un agente de investigación.

La vivienda del Policía Ministerial, Eduardo González Reynoso, recibió al menos 150 impactos de bala, desde el interior disparó contra sus agresores y logró salvar su vida y la de su familia, la cual se encontraba en el interior.

“Estamos revisando el caso, si es que se trata del compañero o de sus familiares, a los cuales se tiene un historial que revisamos y tenemos el caso en investigación”, agregó el agente de la Ministerial.

Los atentados se enumeraron de la siguiente manera:

15 de enero.- ejecutan a Rosario Cadena Cota, custodio del Cereso de La Paz, en la colonia Ruiz Cortines.

21 de febrero.- dos agentes de la Policía Ministerial privados de la vida a bordo de una unidad, en San José del Cabo, en el municipio de Los Cabos.

El 5 de abril.- murió a las afueras del Cereso de La Paz, Salvador Díaz Moreno, Comandante de la PEP.

1 de mayo.- en el fraccionamiento Villas del Cortés, San José del Cabo, municipio de Los Cabos, marinos atacaron a los ocupantes de una vivienda tras ser agredidos a tiros, el saldo fue de siete civiles abatidos y un efectivo de la institución.

5 de junio.- Carlos Paul, subdirector del Cereso de Los Cabos, fue ejecutado cuando salía de su casa en San José del Cabo.

3 de julio.- custodio herido a las afueras del Cereso de La Paz.

7 de julio.- en el interior de una vivienda de la colonia Ayuntamiento fue privado de la vida un policía estatal, identificado como “El Colomo”.

12 de julio.- policía municipal de La Paz fue ejecutado en colonia Santa Fe.

25 de agosto.- servidor público del C4 privado de la vida en el interior de su vivienda, en la colonia Ayuntamiento, junto con su esposa.

19 noviembre.- ejecutan al Comandante Fernando Rojas de la Policía Ministerial, el cual se encontraba adjunto a labores del Centro de Control Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4).

20 de noviembre.- privado de la vida junto con su hijo, Silvestre de la Toba Camacho, Presidente de la Comisión Estatal de la Derechos Humanos (CEDH).

30 de noviembre.- fue levantada Flor González Castro, quien se desempeñaba como custodia del Cereso de La Paz, por la noche fue encontrada sin vida en la colonia Centro.

1 de diciembre.- emboscaron a policías ministeriales con rifles de alto calibre, resultando un lesionado.

2 de diciembre.- tres elementos de la Policía Turística emboscados por sicarios mientras circulaban por la zona dorada de La Paz.

6 de diciembre.- atentado contra el oficial de la Ministerial, Eduardo González y su familia; hombres armados dispararon e ingresaron a la parte trasera del domicilio, mismos que fueron ahuyentados por el agente que accionó su arma de cargo.

INDIGNANTE DESENLACE DIVIDE AL MANDO MIXTO

Alrededor del mediodía del 4 de diciembre, familiares y amigos dieron el último adiós a Juan Pedro Polo Arreola, Comandante de la Municipal, uno de los tres policías turísticos caídos en el Malecón de La Paz. El Comandante Polo pertenecía a la Policía Municipal, además estaba adscrito a la Turística Estatal a través del Mando Mixto.

Fue su último pase de lista en compañía de elementos que lo vieron crecer en los 11 años de servicio, el alcalde Armando Martínez Vega, así como el director general de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal (Dgsppptm), Eladio Amaya Muñiz, no estuvieron presentes en la ceremonia organizada por los elementos municipales.

“Qué bueno que la familia se negó a que a nuestro amigo Polo le hicieran un homenaje en gobierno, él se merece el respeto de todos los compañeros, no el cinismo por el que estamos tan jodidos. Nosotros los policías, quienes les damos la seguridad a la ciudadanía y somos los peores pagados, los más despreciados, los que dejan al final y aparte contamos con prestaciones mínimas, es más, algunos ni siquiera pueden acceder a un crédito porque el patrón no ha pagado al Issste, así de olvidados estamos”, externó una oficial de la municipal.

Las sirenas se hicieron sonar una vez más en recuerdo del Comandante Polo. Decenas de elementos de seguridad de la Municipal y de Corporaciones Estatales estuvieron presentes, sus rostros cubiertos de incertidumbre por los hechos.

“Por qué en la muerte de los compañeros no están presentes las autoridades, qué acaso somos menos o valemos menos. No señor, somos quienes a cada día nos rompemos la espalda para cuidar a nuestra gente, porque aquí vivimos y aquí tenemos a nuestras familias. El llamado enérgico es que las policías tengan el respeto que se merece y la atención que se demanda”, finalizó la agente.

De fondo amenizaba la banda de guerra con sus últimas notas dedicadas al “amigo que se nos fue”, exclamó un elemento.

“Nuestros compañeros no están saliendo a las calles, no hay las garantías suficientes para que podamos estar tranquilos o por lo menos trabajar con dignidad; estamos expuestos y esto es más que una prueba de que necesitamos el respaldo de nuestros líderes, no solo órdenes, sino respaldo y es un reclamo que tenemos y esperamos nos escuchen. Subirse con un Estatal es riesgoso, sabemos que algunos no andan tan bien”, lanzó uno de los Comandantes Presentes en el sepelio.

11 años de servicio, periodo en el que se ganó la confianza de todos los elementos y de la misma ciudadanía. Los elementos de la Policía Turística que cayeron en cumplimiento de su deber, junto a Polo Arreola, también fueron despedidos por sus compañeros y familiares, tras un hecho sin precedente en Baja California Sur.

Pero esto se deriva desde el mes de septiembre, cuando se registró una manifestación en el Palacio de Gobierno, donde elementos del Mando Mixto (Policía Municipal y Estatal) lanzaron consignas contra el ex comisario de la Estatal, Arnulfo González Mireles, en cuyo lugar fue nombrado Víctor Beltrán Peña.

Desde ese entonces se sabía que las inconformidades eran reales, por lo que sostuvieron una reunión con autoridades municipales; en esa ocasión hicieron llegar una carta en papel a ZETA, en donde expusieron decenas de inconformidades, sobre todo de maltrato y denigración.

“El principal reclamo que tenemos, con este dolor que nos parte, es que termine el Mando Mixto; estamos cansados de ser los gatos de los oficiales de la Estatal, se creen que son más que uno, pero nosotros tenemos más experiencia en esto; además, ellos, está más que demostrado que están sucios y nos arrastran a este tipo de situaciones que es lamentable, y no digo que todos los agentes estén sucios, porque hay nuevos elementos, pero los mañosos siguen haciendo de las suyas, no hace falta que se mencionen, la cabeza de la seguridad sabe quién y cómo”, agregó el Comandante de la Municipal.

Incluso, en el propio sepelio del Comandante Polo surgieron las inconformidades, por lo que, de acuerdo con la expresión de comandantes presentes, señalaron que habría una reunión de mandos a las 15 horas de ese mismo 4 de diciembre, en donde expondrían el miedo a seguir operando con Estatales, al igual que solicitar la terminación del Mando Mixto.

De tal suerte que dicha solicitud surgió para negar la ruptura del Mando; miembros de Seguridad Pública y pertenecientes al Grupo de Coordinación, confirmaron que sigue en pie el Mando Mixto.

“Solo habrá algunos cambios, seguimos operando de la misma manera, pero para ofrecer una mejor cobertura y estrategia, se entregarán 15 unidades patrulla a la municipal y le trataremos de dar un giro para seguir cumpliendo con nuestra tarea de brindar seguridad a nuestros pobladores”, comentó la fuente a ZETA.

Policías ministeriales publicaron una carta, esto a través de un perfil no oficial creado por los agentes, donde señalaron lo siguiente:

“Por el exceso de trabajo, no había podido publicar nada de los hechos violentos que ocurrieron hace un par de horas, en los cuales mis hermanos de armas han CAÍDO EN EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER.

“Sé que no hay palabras que pueda consolar la pérdida de un hijo, hermano, padre, esposo y amigo. Pues somos todo además de ser POLICÍAS.

“Estas líneas son para todos nosotros, pues todos sentimos la pérdida de nuestros hermanos CAÍDOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER”, señala la entrada.

Para finalizar la intervención, manifiestan que fue un ataque cobarde contra los compañeros oficiales, “que DEP Policías caídos en cumplimiento de su deber”, dice.

Los últimos dos meses han traído al menos 230 muertes que están relacionadas con la delincuencia organizada, justamente el secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contempla, en los Datos Abiertos de Víctimas del Fuero Común, que en Baja California Sur se registraron 536 homicidio dolosos de enero a octubre de 2017, siendo octubre el mes con mayor número de registros, con135; le sigue marzo con 75; enero con 55, entre otros.

Sin embargo, no contempla aún noviembre, donde, de acuerdo con los datos obtenidos por ZETA, se tiene una contabilización de 100 personas asesinadas de manera violenta, lo que da como resultado 636 homicidios dolosos del primero de enero al 30 de noviembre; el equivalente en homicidios da como resultado dos muertos por día. Obviamente los meses más violentos han sido octubre y noviembre con 235 muertos, entre ellos seis atentados contra servidores públicos, seis de ellos muertos en cumplimiento del deber.

TURISMO PENDE DE UN HILO

 “Nos deja un profundo vacío, nadie como él buscó siempre que los derechos de la Policía Municipal se respetaran. Hoy, él lo único que desearía es justicia, no solo para él, sino para toda la gente paceña que estamos atrapados entre dos frentes que están disputando la venta de qué sé yo, pero es algo que a nosotros nos tiene sin cuidado, lo que nos preocupa es lo que le está pasando a nuestros inocentes, la gente que de verdad trabaja y son callados por las balas de la delincuencia”, lamentó un familiar de Polo Arreola.

Esto lleva a reflexionar sobre lo que hay en juego entorno a la violencia que se vive, la cual afecta enormemente a la riqueza que provee el turismo a Baja California Sur, estamos hablando de cerca de 125 mil millones de pesos al año.

“El 75% de los ingreso se recaban en actividades turísticas, es decir, el PIB en 2017, el Gobierno de Baja California Sur recabó un total de 125 mil millones de pesos. Para 2018, con el Impuesto de Aprovechamiento al Turismo que aún no se implementa, se espera recabar un total de 540 millones de pesos más”, fue comentado a ZETA por personal de la Secretaría de Finanzas y Administración Pública.

Si esa cantidad deja de entrar a las arcas gubernamentales, Baja California Sur sería borrada por completo del mapa, ya que tres cuartas parte de los recursos provienen del Turismo.

Por ello es vital que haya resultados en cuanto a la mitigación de los daños colaterales que ha producido la delincuencia organizada. Joel Vargas Aguiar, diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), exigió a las autoridades a dar resultados.

“Exhortamos a las autoridades a que se esclarezcan todos los delitos cometidos, sobre todo estos lamentables porque enlutan a familias sudcalifornianas; son servidores públicos que hacen su trabajo pensando en regresar a sus casas y ahí están estos resultados que aún no llegan a Baja California Sur en materia de seguridad”, expresó.

Reconoció que el interés o la mina de oro de este Estado es el turismo, por ello se debe luchar para restaurar la buena imagen de la entidad y sus destinos.

“Si algo tiene que cuidar Baja California Sur es el turismo, creo que es un serio llamado, que seriamente se tienen que replantear las cosas, en cuanto a la estrategia y en cuanto a las personas. Creo que se tiene que revisar desde lo más alto a lo más bajo en esta estrategia de seguridad que no ha dado resultado y por supuesto, que preocupa al Estado y lo que pudiera significar en repercusión negativa hacia el turismo”, lanzó Vargas Aguiar.

La ruptura interna del Mando Mixto solo pone en evidencia que los agentes de seguridad pública, al menos en La Paz, están cansados y la triple ejecución de los elementos de la Turística solo fue la gota que derramó el vaso.

Desde luego que el ataque a los policías en plena zona dorada vulnera la seguridad y pone en tela de juicio la labor que está desempeñando el Mando Mixto para resguardar la zona, sobre todo se ve la ausencia de la Gendarmería, la cual habría sido enviada para proteger la zona turística.

“Todos los hechos lamentables que suceden en La Paz son temas que nos convulsiona; lo dije y hemos sido muy claros con todo lo que nos duele, y desde luego a la familia desearles, como autoridad, que transite en el tema espiritual que pronto haya fortaleza, pero eso no quita que nuestra obligación sigue pendiente, acatando la instrucción que hay del Mando Mixto, de la estrategia que manda el Sistema Nacional; no hemos fallado en algún tema de que haya sido señalada La Paz de que no hayamos cumplido. Nosotros acatamos lo que nos dicen”, consideró Armando Martínez Vega, alcalde de La Paz ante el triple asesinato.

El mensaje de las autoridades locales es que visiten la ciudad, que disfruten de las bellezas que ofrece el municipio, aunque a su vez haya una disputa entre células criminales, principalmente emanadas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de Sinaloa.

“Han pasado hechos en nuestro municipio, no tenemos por qué señalar ninguno, nosotros hemos fortalecido la seguridad, decirle a la gente que viene a La Paz que venga pensando en esa tranquilidad que siempre hemos presumido. Nosotros estaremos reforzando todos los eventos donde tengamos capacidad de cubrirlo y por supuesto, hemos sido portavoces ante el Mando Mixto de que nos refuerce y nos ayude. La idea es que el que venga se vaya convencido de que La Paz sigue siendo un destino bonito y en paz, y todo el esfuerzo que estamos haciendo es para regresar esa paz que todos presumimos”, agregó Martínez Vega.

Es claro que la tranquilidad se les ha ido de las manos, pese a ello siguen con la esperanza de recuperarla sin hacer cambios de raíz. Existe temor en la población, sobre todo al salir, incluso a través de redes sociales como Facebook y WhatsApp han surgido cadenas en las que hablan de toques de queda y la cancelación de eventos como el Carnaval 2018. El servidor público los desmintió y dijo que la ciudadanía debe salir a las calles y tomarlas, antes que entregarlas a la delincuencia organizada.

“Que se utilice malecón, que vayan a la ExpoCiencia, que este carnaval de manera irresponsable se estaba diciendo que se había cancelado, yo nunca comenté que se iba a cancelar el carnaval por tema de seguridad, que tenemos la obligación de reforzar como lo hemos hecho por tratarse de una fiesta familiar, lo haremos, porque es nuestra responsabilidad y no de ahorita, siempre que hay un evento masivo se tiene que resguardar a todas las familias que vayan”, finalizó el alcalde Paceño.


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/ ANTONIO CERVANTES/ MARTES, 12 DICIEMBRE, 2017 12:00 PM)

“DESHONROSO Y UNA BURLA REGRESO DE REGIDOR DETENIDO POR LAVADO DE DINERO A CABILDO”: PES

Luis Torres Santillán, preso por lavado de dinero en Estados Unidos, regresó como regidor después de declararse culpable de un delito fiscal y cumplir su sentencia. La oposición en el Cabildo de Tijuana lo ve como un compromiso de campaña más del alcalde Juan Manuel Gastélum, el cual expone la doble moral del PAN

A un año de que Luis Torres Santillán fuera detenido por lavado de dinero en California, el empresario regresó a ocupar su cargo como regidor en Tijuana, el cual aseguró, fue respaldado por el Partido Acción Nacional (PAN).

Para el también regidor Manuel Rodríguez Monárrez, del Partido Encuentro Social (PES), la segunda fuerza política en Cabildo, el regreso del edil panista “es una cuestión deshonrosa y una burla para la ciudadanía en un gobierno donde el alcalde Gastélum prefiere voltear a un lado para hacer cumplir los compromisos de campaña”.

En papel, Luis Torres Santillán fue uno de los aportadores de dinero a la campaña a alcalde de Juan Manuel Gastélum “El Patas”, pero Rodríguez Monárrez lleva la relación de compromiso a esferas más altas.

“¿De dónde viene el dinero que el empresario (Luis Torres) movía? Sus nexos familiares están probados. Muchos de los negocios que realiza el gobernador son a través del pariente político de este regidor, Fernando Beltrán”, precisó el regidor pesista.

Rodríguez Monárrez basó su razonamiento en cómo “las decisiones que toma el alcalde se dedican a pagar compromisos de campaña, lo vimos con Turbofin (empresa arrendadora de camiones de basura), el relleno sanitario y lo seguimos padeciendo con el tema de las luminarias”.

El regidor de oposición también comentó que los partidos políticos que integran el Cabildo no fueron tomados en cuenta sobre el regreso de Luis Torres, sino que el alcalde panista se reunió en privado con su fracción política para informarles de ello.

En agosto, Torres Santillán llegó a un acuerdo con la Fiscalía del Condado de San Diego, la cual lo acusaba de 10 cargos por lavado de dinero. Se declaró culpable de un delito fiscal al convertirse en un accesorio para transacciones monetarias sin la licencia requerida.

A cambio fue sentenciado a 22 horas de servicio social, tres años de libertad condicional y una multa de 675 dólares, mientras que los 20 días que pasó en prisión le fueron suficientes para que no se le dictara más tiempo tras las rejas.

Si bien, los regidores no deben contar con antecedentes penales al momento de su registro para ocupar este cargo de elección popular, ya que se trata de una sentencia en Estados Unidos, abogados consultados por este Semanario, explicaron que por ocurrir en el extranjero, difícilmente se puede vincular para hacer cumplir este precepto.

“Es una cuestión de interpretación porque antecedentes penales son antecedentes penales aquí y en China, y en el deber ser se requieren valoraciones éticas y morales que le corresponden al PAN para respaldar su regreso”, opinó el regidor Rodríguez Monárrez.

“ME DECLARÉ CULPABLE, PERO HAY QUE DARLE VUELTA A LA PÁGINA”: LUIS TORRES

El lunes 11 de diciembre, Luis Torres Santillán se presentó en el Ayuntamiento para presentar su solicitud de reintegración a su cargo como regidor. Al día siguiente ya estaba despachando en su oficina y en cuestión de días se encargó de hacer cambios en su personal administrativo.

Este 16 de diciembre se cumplirá un año de que el regidor fuera detenido en la frontera durante un operativo de agencias federales estadounidenses que lo citaron en oficinas de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) para renovar su tarjeta Sentri.

Torres Santillán fue identificado como parte de una red de lavado de dinero, integrada por otros empresarios tijuanenses y sus familias, como David y Claudia Espinoza, ésta prima de la esposa del regidor, así como Karla y Jorge Escalante, esposa e hijo del ex dirigente de Coparmex, Jorge Escalante.

Si bien, la Fiscalía retiró los cargos de lavado de dinero a cambio de su confesión, reclasificando este delito. El regidor expresó: “hay que darle la vuelta a las páginas. Me declaré culpable, pero las cosas pasan y hay que aprender”, a través de una entrevista telefónica.

De acuerdo con el empresario, quien también fue consejero de Coparmex, se dedicará de lleno al tema de seguridad pública, comisión cuya presidencia había obtenido en las únicas dos semanas que ocupó el cargo en diciembre de 2016.

“Darle más certeza a la policía y acercar a la gente a que denuncie, que era la prioridad que teníamos como sector empresarial”, dijo en específico de sus planes de trabajo.

Sobre el rompimiento que podría darse en las actividades que realizó su suplente Vicente Jiménez, el regidor en funciones opinó: “el tema de un regidor es meramente funcional” y no pudo encontrar diferencias entre sus formas de trabajo, más allá de “un poco de experiencia laboral” por su parte.

De la respuesta que obtuvo del Partido Acción Nacional acerca de su regreso, el cual lo llevó a ocupar ese cargo, aseguró: “me dijeron que no tenían ningún inconveniente”. Acerca del respaldo que ofrecerá a las decisiones del alcalde, precisó: “no soy panista registrado, en mi familia había tendencias panistas, pero tengo mi propia cabeza, sé pensar por mí mismo. Sabré tomar mis decisiones para el bien de la ciudad”.

No obstante, calificó el primer año de administración de “El Patas” como “un gobierno estable con lo que ha podido hacer, se puede hacer muchísimo más, vale la pena resaltar que se han sacado los temas”.

Por otra parte, al regidor se le cuestionó si cree que su reincorporación pueda traer una imagen negativa al ya por sí desgastado Ayuntamiento, a lo que respondió: “estoy conforme conmigo mismo y sé que puedo apoyar y aportar mucho por la ciudad”.

La empresa del padre de Luis Torres Santillán, Productos Diamond, y en la cual éste labora en un puesto directivo, se dedica a la venta de granos, principalmente en la cadena Calimax, de la familia Fimbres, otra de las de mayor arraigo en la sociedad tijuanense.

Al respecto, el regidor Manuel Rodríguez Monárrez expresa: “si quien hubiera cometido esa situación hubiese sido su suplente, ¿qué consideraciones hubiera tenido el PAN para él al no venir de una familia encumbrada en Tijuana? Para mí es un acto de doble moral. A unos se les perdona cualquier omisión si son hijos de la alta sociedad y a otros que no tienen el mismo pedigree no les aplicarían los mismos juicios morales”.


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INÉS GARCÍA RAMOS/ LUNES, 18 DICIEMBRE, 2017 12:10 PM)