Señala
que se favorece "la actuación unilateral, discrecional y ausente de los
débiles controles de la ley" en México.
Foto:
Salvador Cisneros/ CuartOscuro
La
Ley de Seguridad Interior, aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados
y que está en vías de ser analizada por el Senado, contiene puntos que
preocupan a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos.
En
una carta del representante en México del Alto Comisionado, Jan Jarab, señala a
los senadores 14 de esos puntos, como la “ambigüedad de conceptos”, la
“violación al principio de necesidad”, el “papel indebido de las Fuerzas
Armadas” y el “sometimiento de la autoridad civil al mando militar”.
Así
mismo, subraya la “ausencia de controles”, la “ausencia de políticas de
fortalecimiento de las instituciones”, la “indebida regulación del uso de la
fuerza”, la “indebida protección y garantía de los derechos humanos”, además de
las “afectaciones a la protesta social” y la “ausencia de transparencia”.
También
anota la “lesión a la autonomía”, la “inconstitucionalidad e
inconvencionalidad”, el “ámbito de excepción del derecho procesal administrativo”
y la “ausencia de explicitud de los principios rectores”.
Cada
uno de ellos es explicado en un documento anexo. Por ejemplo, se expone que “el
Presidente de la República podría en determinados supuestos ordenar acciones
bajo el amparo de la ley sin estar sujetas a temporalidad alguna o a un marco
de actuación determinado, lo que favorecerá la actuación unilateral,
discrecional y ausente de los débiles controles de la ley”.
Las
transferencias se hicieron, de acuerdo con los testimonios, cuando Lozoya era
parte del equipo de campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.Quinto Elemento Lab
Luis
Alberto Meneses Weyll, ex director de Odebrecht en México hasta mediados de
este año, se presentó el 16 de diciembre de 2016 en la sede de la Procuraduría
General de la República, en el municipio de Guarulhos, estado de Sao Paulo, en
Brasil.
En
compañía de sus abogados, Meneses acudió voluntariamente para presentar su
declaración como parte de su “delación premiada” con la justicia de Brasil.
Ante
los fiscales André Bueno de Silverio y Daniel Ferebek San Paioma, renunció a su
derecho a guardar silencio y aceptó que la sesión se grabara para ser
incorporada en las declaraciones juradas que constan en el expediente del
proceso penal 6655.
Su
testimonio, ya en manos del Tribunal Superior de Justicia de Brasil, forma
parte de las investigaciones del caso conocido como Lava Jato, la mayor
investigación sobre corrupción en la historia de América Latina.
Los
fiscales brasileños investigan la trama de corrupción en cuyo centro se
encuentran el consorcio constructor Odebrecht y políticos de América Latina,
comenzando por Inazio Lula Da Silva y decenas de presidentes, ministros,
diputados e integrantes de la clase política de una decena de países del continente
y de la África de habla portuguesa.
Hasta
ahora 78 altos ex ejecutivo de Odebrecht han acordado sumarse a las delaciones
premiadas. Pero sus testimonios no bastan para reducir el tiempo de cárcel o
recibir condenas más benignas. Los delatores deben aportar datos y documentos
que corroboren sus dichos, además de ayudar a revelar la estructura jerárquica
de la organización criminal y su modus operandi.
La
información que proporcionen también debe ayudar en la prevención de nuevos
delitos y en la recuperación del producto del delito.
Si
los colaboradores mienten o proporcionan información errónea, los potenciales
beneficios se eliminan y el juez a cargo de la causa puede incluso aumentar las
penas.
De
hecho, aunque el acuerdo se establece entre fiscales y colaboradores premiados,
el juez no está obligado a respetarlo y tiene la última palabra para determinar
si la información proporcionada vale la pena y merece ser tomada en cuenta. Si
no lo considera así, puede invalidar cualquier convenio pactado.
Información
de calidad y susceptible de ser corroborada a cambio de una menor condena es la
premisa de la “delación premiada”.
Como
parte de la investigación, Luis Alberto Meneses se presentó a rendir su
testimonio sobre la manera en que presuntamente corrompió a Emilio Lozoya, ex
director general de Pemex y un hombre muy cercano al presidente Enrique Peña
Nieto, a cambio de ayuda para obtener contratos de la petrolera estatal.
No
es el único testimonio. Al suyo se suman el de Luiz Mameri, vicepresidente de
para América Latina y África, y de Hilberto da Silva, director del Sector de
Operaciones Estructuradas o Departamento de Sobornos de Odebrecht, como lo
bautizó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Esta
era la instancia encargada de armar los esquemas financieros y hacer las
transferencias de los pagos indebidos a los políticos y funcionarios.
La
información, los documentos y los videos fueron obtenidos por la organización
mexicana Quinto Elemento Lab como parte la Red de Investigaciones Periodísticas
Estructuradas, articulada por IDL Reporteros (Perú) e integrada por periodistas
de La Nación (Argentina), La Prensa (Panamá), Armando Info (Venezuela), O Globo
(Brasil) y Sudestada (Uruguay).
Los
tres coinciden: Odebrecht pagó “propinas” o sobornos por al menos 10 millones
de dólares a Emilio Lozoya Austin, que fueron transferidos a las cuentas
bancarias que él proporcionó.
Las
transferencias se hicieron, de acuerdo con los testimonios, cuando Lozoya era
parte del equipo de campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y,
posteriormente, cuando era director general de Pemex.
Esto
es lo que Luis Meneses Weyll contó a los fiscales brasileños.
TC -05 by Aristegui Noticias on Scribd
PP-05 by Aristegui Noticias on Scribd
Luis Weyll-Anexo 4 by Aristegui Noticias
on Scribd
(ARISTEGUI NOTICIAS/ REDACCIÓN AN/.
INVESTIGACIÓN DE QUINTO ELEMENTO LAB./
DICIEMBRE 5, 2017 6:01 AM)
Además,
abordamos la discusión de la Ley de Seguridad Interior en el Senado y el
informe de la ONU y de la CIDH sobre el periodismo bajo condiciones de terror
en México.
(ARISTEGUI NOTICIAS/ Redacción AN/ 05 DE
DICIEMBRE 2017)
Organizaciones
civiles y partidos de oposición sostuvieron que la Ley de Seguridad Interior
fue aprobada con fallas inconstitucionales, que afectan los derechos humanos de
los mexicanos.
La
minuta será mañana discutida por el Senado de la República en medio de
peticiones de desechar la propuesta que incluyen las de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y el Representante de la Oficina en México
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Jan
Jarab, así como de decenas de organizaciones civiles mexicanos y del
extranjero.
Ciudad
de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- Organizaciones de la sociedad civil,
organismos internacionales y diputados de oposición acusaron que la Ley de
Seguridad Interior contiene fallas constitucionales que contravienen a los
derechos humanos, por lo que pidieron no aprobarla.
El
pasado jueves la Cámara de Diputados aprobó con 248 votos a favor, 115 en
contra y 48 abstenciones la Ley de Seguridad Interior, y los últimos llamados a
no aprobar la minuta se dan a tan sólo horas de que el Senado de la República
la discuta y eventualmente la apruebe.
El
Diputado Víctor Sánchez Orozco expuso que el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) aplicó la “aplanadora”, sin discutir a fondo la iniciativa,
presentada por el jefe de la bancada del PRI César Camacho Quiroz en noviembre
del año pasado.
“El
PRI se aferró a sacar una ley que de origen es inconstitucional, porque el
artículo 73 de la Constitución no da facultades al Congreso de la Unión para
legislar en materia de seguridad interior”, señaló Orozco, quien fue
coordinador de delegados regionales en la Procuraduría General de Jalisco.
El
jueves pasado la Cámara de Diputados aprobó la Ley de seguridad Interior. Foto:
Rashide Frías, Cuartoscuro
En
entrevista, el General Francisco Gallardo Rodríguez explicó que la minuta que
está por aprobarse “no obstante que es de carácter ilegal, es inconstitucional
porque contraviene los artículos 129 que tiene que ver con la civilidad del
Estado, y que dice que en tiempos de paz, el Ejército no podrá realizar
funciones”.
Sin
embargo, la lista de inconstitucionalidades es más amplia. La organización
Mexicanos Unidos enlistó entre otros artículos que se violentaron el número 21,
que asigna las tareas de seguridad pública a las policías del país; y el 29,
que dispone en qué casos se pueden suspender las garantías individuales.
“Creo
que de origen es inconstitucional y en consecuencia, si en el Poder Legislativo
alcanzamos el 33 por ciento de los diputados podemos ir a una controversia
constitucional. Creo que la Suprema Corte de Justicia va echar para atrás esa
ley”, sostuvo el Diputado Orozco.
¿Por
qué decir NO a la #LeydeSeguridadInterior?@diegoluna_, @ErnestoLPV
@cataperezcorrea, @erendiritas , @AlfredoLecona y @MaElenaMorera nos dicen de
qué va y porqué es un peligro.#SeguridadSinGuerra pic.twitter.com/hSA50EWgUu
—
Cencos (@cencos) 5 de diciembre de 2017
La
Organización de Naciones Unidas también manifestó su preocupación por esta ley
y advirtió de posibles violaciones a la Constitución Política de México, así
como inconvencionalidad “a los criterios que han planteado tanto organismos de
Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de derechos humanos”.
En
una misiva enviada al Senado de la República, Jan Jarab, representante de la
Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, expuso que una reforma así “generaría riesgos para la vigencia de los
derechos humanos, no aportaría soluciones reales para enfrentar los enormes
retos que en materia de seguridad enfrenta el país, fortalecería el statu quo, reduciría
los incentivos para profesionalizar a las instituciones civiles y favorecería
la consolidación del paradigma militar en materia de seguridad, el cual no ha
reducido la violencia y ha aumentado las violaciones a los derechos humanos”.
Y
criticó que “la ley utiliza conceptos ambiguos y laxos que favorecen una
aplicación extensiva, discrecional y arbitraria. Conceptos tales como
‘seguridad interior’, ‘acciones de seguridad interior’, ‘amenazas a la
seguridad interior’, ‘riesgo a la seguridad interior’, entre otros, se definen
de manera laxa. Algunos otros, como el concepto de “actos de resistencia”
carecen por completo de definición a pesar de su relevancia.
La
ONU y la CIDH se pronunciaron sus preocupaciones respecto a la Ley de Seguridad
Interior. Foto: Rashide Frías, CuartOscuro
Por
su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también
manifestó en un comunicado su preocupación debido a que normalizaría la
actividad de las Fuerzas Armadas en las calles. “En México, la experiencia
demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad
interna en general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los
derechos humanos”.
En
su visita a México en 2015, la Comisión recordó haber constatado que la
participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad aumentó los casos
de ejecuciones extrajudiciales, tortura, y desaparición forzada, así como
mayores niveles de impunidad.
En
el sexenio foxista se presentaron mil 135 quejas ante la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) contra las fuerzas armadas, de acuerdo con datos
recolectados por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez. En tanto que
en 10 años que abarcan el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y los primeros
cuatro de Enrique Peña Nieto se presentaron más de 10 mil 751 quejas.
La
CIDH reiteró la recomendación hecha antes en el informe sobre los derechos
humanos del país de desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las
Fuerzas Armadas, “las obligaciones asumidas por los Estados exigen políticas
públicas sobre seguridad y combate al crimen que prioricen el funcionamiento de
una estructura institucional eficiente. Ésta debe garantizar a la población el
efectivo ejercicio de los derechos humanos relacionados con la prevención y el
control de la violencia y el delito, incluido el crimen organizado. En este
sentido, es imperativo que el Estado mexicano reafirme su compromiso con los derechos
humanos atendiendo las recomendaciones y los llamados de las organizaciones de
la sociedad civil, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de
organismos internacionales. Por ello el Estado debe evitar la militarización de
la seguridad pública, adoptar las medidas necesarias para fortalecer la
policía, y garantizar un sistema de justicia autónomo e independiente”.
RIEGOS CONTRA LA LIBRE PROTESTA
Esta
mañana organizaciones de la sociedad civil como Defensoría de Derechos Humanos
General Gallardo A.C. y Mexicanos Unidos advirtieron de los riegos que podría
conllevar la ley de Seguridad Interior a la libre protesta.
El
próximo julio México elegirá 3 mil 400 cargos a nivel local y federal, incluida
la Presidencia de la República.
“Esta
ley de seguridad interior es parte de una estrategia para atemorizar al pueblo
de México, y hay coyuntura electoral. Hay un gran riesgo de que no triunfe el
candidato del sistema y están pensando desde ahora cómo van a reprimir la
protestas, porque ya se prevé el fraude”, sostuvo Enrique González Ruíz,
miembro de la Defensoría de Derechos Humanos General Gallardo A.C.
Una
óptica con la que concuerda el partido Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena) en el Congreso. “Se coarta el derecho a la libre manifestación. El
Presidente quiere que nos manifestemos sin decir nada. ¿Cómo vamos a expresar
nuestro malestar, si se supone que cuando alguien se manifiesta es porque hay
una afectación de derechos?”, dijo el Diputado federal Alfredo Basurto Román,
quien es miembro de la Comisión de Defensa.
Al
preguntársele por qué no hubo participación dicha Comisión, como sí la hubo de
la de Gobernación, explicó que “Se pidió más bien la opinión de la Comisión de
Seguridad Pública, y se le dio otro tinte y jerarquización porque en la de
Gobernación están todos los coordinadores”.
La
ONU en su anexo a la carta enviada a la Cámara alta se pronunció en el mismo
sentido: No obstante que la ley regula tanto las ‘amenazas a la seguridad
interior’ como el ‘riesgo a la seguridad interior’, “la norma prevista en el
artículo 8 sí incluye a la protesta dentro del ámbito material de la norma pues
solamente impide que la misma sea considerada ‘amenaza’, más no ‘riesgo’.
Además,
el hecho de condicionar las movilizaciones a su realización pacífica a efecto
de excluirlas –parcialmente- del objeto material de la ley trastoca el
principio de racionalidad y necesidad, pues permitiría que aquellas que no se
realicen de manera pacífica puedan estar sujetas al alcance de la ley y de las
autoridades encargadas de su aplicación, incluidas las Fuerzas Armadas. Lo
anterior, al arbitrio de la autoridad”.
Diputados
protestaron contra la Ley de Seguridad Interior, pero el PRI, sus aliados y una
fracción del PAN avalaron la modificación constitucional el pasado jueves.
Foto: Saúl López, CuartOscuro
Para
el Diputado federal, la discusión en el Senado mantendrá las posturas ya planteadas
por las bancadas en la Cámara baja, y en donde el Partido Acción Nacional (PAN)
se presentó dividido a la hora de votar con 48 abstenciones, 14 a favor y 17 en
contra.
El
Diputado panista Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Pública,
expuso que su bancada lamentó que la aprobación de la ley de Seguridad Interior
no fuese acompañada con la aprobación de una Ley de Mando Mixto, que pondría a
ciertas policías municipales bajo el mando estatal.
“[Los
del PRI] se quieren congraciar con las Fuerzas Armadas aún cuando no represente
una solución de fondo al país. Nosotros respetamos a las Fuerzas Armadas,
fuimos el primer grupo político que presentó una iniciativa en noviembre del
2015 al respecto. Por eso la postura generalizada de abstención”, indicó.
La
minuta ahora deberá ser discutida por el Senado de la República este martes en
las comisiones de Defensa Nacional, Gobernación, Marina y Estudios
Legislativos.
En
redes sociales, doscientas organizaciones civiles que conforman el colectivo
#SeguridadSinGuerra iniciaron una recolección de firmas (AQUÍ) para que los
senadores no den luz verde a la iniciativa presentada por el PRI, además de una
campaña de correo electrónicos a los 128 legisladores que conforman el órgano
legislativo para que voten en contra.
(SIN EMBARGO/ JUAN LUIS GARCÍA
HERNÁNDEZ/ DICIEMBRE 5, 2017/ 12:05 AM)
De
manera innecesaria, Andrés Manuel López Obrador, quien sería Presidente de la
República si en estos momentos se realizaran las elecciones presidenciales,
dijo estar abierto a analizar la propuesta de darle amnistía a los líderes de
los cárteles de las drogas a cambio que se comprometan con la paz. La propuesta
no viene incluida en el proyecto de nación que dio a conocer en noviembre, pero
no es algo que haya estado fuera de su cabeza durante algún tiempo. La
diferencia es que, si en otros momentos parecía una más de sus ocurrencias,
hoy, ante la inminente campaña electoral, se convierte en un arma. La más
letal, en su contra, la disparó el jefe de gobierno de la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera, quien afirmó que esa idea haría de México un narcoestado.
López
Obrador tiene una lengua muy suelta, que como dice unas cosas, dice otras, y se
corrige sin prurito alguno. Así sucedió con su propuesta de descentralizar las
secretarías de Estado, que menos de 24 horas después rectificó y dejó en su
lugar actual a dependencias como las que albergan las Fuerzas Armadas. Ya
explicaría las razones de ese cambio, dijo para justificar su súbito cambio de
señal, sin que hasta ahora haya aportado claridad sobre la marcha para atrás.
Pero ahora, con la amnistía que propone para los líderes de los cárteles de las
drogas, volvió a lastimar a las Fuerzas Armadas y, sobretodo, a los familiares
de decenas de miles de víctimas de la cruenta lucha contra las bandas
criminales.
No
entiende mucho López Obrador del tema del narcotráfico, aunque critica de
manera regular todo tipo de estrategia. No combatir al narcotráfico durante los
primeros ocho meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, ignora, provocó el
reforzamiento de los cárteles de las drogas y el inicio del fin de la inútil
estrategia de seguridad en la administración, que en buena medida le costó la
candidatura presidencial a su arquitecto, el Secretario de Gobernación. La
propuesta de amnistía la acompaña de una estrategia integral que, si se excluye
el perdón a criminales, es lo mismo que propuso el ex Presidente Felipe
Calderón en 2009, y buscó concretar Peña Nieto desde el principio de su
gestión. La única analogía con su propuesta es con Vicente Fox, quien la
planteó como ex Presidente en 2011.
Lo
preocupante no es la falta de novedad en sus ideas, sino lo reiterativo de su
propuesta para perdonar criminales, que sugiere que no es una “locura”, como
calificó presidente del PAN, Ricardo Anaya, sino una semilla que está
floreciendo en su cabeza.
Alexia
Incómoda, el nombre bajo el cual conversa una de las personas más informadas en
seguridad y política que habitan el universo de Twitter, recordó el lunes, como
contexto de los dichos de López Obrador, que esa propuesta la ha hecho a lo
largo de todo el año, comenzando en Sinaloa, cuando la Marina realizó
operativos quirúrgicos en contra de las bases de apoyo de Joaquín “El Chapo”
Guzmán, y cuando en febrero sus comandos abatieron a Juan Francisco Patrón
Sánchez, apodado “El H-2”, quien era el jefe de plaza del Cártel de los
hermanos Beltrán Leyva, enemistados con Guzmán y el Cártel del Pacífico desde
2008, en Nayarit. La historia del perdón a criminales por parte de López
Obrador no es nueva. La idea de cómo se puede trabajar desde el poder con el
narcotráfico, tampoco. Quizás, tampoco originalmente de él.
El
pacto con los narcos desde el poder ha dominado los libretos más exitosos en la
producción de telenovelas de Epigmenio Ibarra, director general de Argos
Comunicación, que desarrollan las vinculaciones criminales con funcionarios de
los tres niveles de gobierno. La historia de las narconovelas producidas por la
empresa co-fundada por Ibarra en 1992, comenzó en 1996 con “Nada Personal”. En
2012 produjo “Infames”, que planteó la relación de los líderes del narcotráfico
con una poderosa Secretaría de Hacienda, donde la mano derecha del titular era
familiar de uno de los líderes. La más famosa de todas sus narconovelas es “El
Señor de los Cielos”, que recrea la vida de Amado Carrillo, el jefe del Cártel
de Juárez, y jefe de todos los barones de la droga, que acordaba con la
Presidencia la pax narca, cuya primera temporada se transmitió en 2014. De ella
se desprendió “El Chema”, en 2016, que recrea la vida de “El Chapo” Guzmán.
Ibarra,
quien ha trabajado o estado cerca de López Obrador desde hace unos 15 años, es
uno de los principales responsables del aparato de propaganda del precandidato
presidencial, quien a través de sus redes sociales hizo virales temas como el
movimiento #YoSoy132, o cruzadas contra Peña Nieto en el mundo virtual, como el
aglutinado en el hashtag #RenunciaYa. Paralelamente, ha hecho a Peña Nieto
responsable del “crimen de Estado” por la desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa en 2014. Probablemente, vista la propuesta en este contexto, es
Ibarra quien sembró en su cabeza la idea de amnistiar criminales.
López
Obrador, en todo caso, es el responsable de sus palabras, al ser el diseminador
y promotor de esta propuesta y pensar incorporarla a su proyecto de nación.
Bien se vería México de concretarla: el Ejército y la Marina a los cuarteles;
los jefes de los cárteles de la droga, asesinos de militares y policías, a las
calles. La pax narca renacería bajo su gobierno. A menos que rectifique la
propuesta.