La Auditoría Superior de la Federación
reveló en su Informe de la Cuenta Pública 2016 el caos que existe en el manejo
de recursos para la prevención de riesgos y en los programas de protección
civil, un desorden que fue evidente en los sismos del mes de septiembre
Las políticas y los fondos
económicos para prevenir o actuar ante los desastres en México son un caos.
La Auditoría Superior de la
Federación (ASF) reveló en su Informe de la Cuenta Pública 2016 que tanto el
Gobierno federal como los locales mantienen un desorden no sólo en el ejercicio
de los recursos para prevenir riesgos, sino en la política pública sobre el
tema.
En diversas auditorías hechas
a fondos, programas y estrategias de protección civil y otras relacionadas con
desastres, el común denominador es la falta de atención al tema.
Esta realidad saltó a la
vista a raíz de los sismos que afectaron a diversos estados en septiembre
pasado: construcciones en zonas de peligro, desconocimiento de los atlas de
riesgo, falta de servicios básicos y el retraso en la reconstrucción son el
resultado de las fallas en este tema.
En la auditoría realizada a
la Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil, por ejemplo, la ASF
revela que sólo 5 de 32 estados y 327 de 2 mil 458 municipios han actualizado
su atlas de riesgo.
Una de las principales fallas
está en el Programa de Prevención de Riesgos, manejado por la Secretaría de
Desarrollo Urbano, Territorial y Agrario (Sedatu), en el que fueron detectadas
varias irregularidades.
Por las condiciones de
México, las políticas y acciones de prevención y protección civil son vitales;
cada falla podría costar vidas.
COSTO DE LOS DESASTRES
Y para muestra, un botón.
Entre el 2000 y el 2012 fueron afectadas:
SECTORES COSTO ECONÓMICO
Viviendas
23 mil millones de pesos
Escuelas 4 mil 560
millones de pesos
Inmuebles del sector salud 4 mil 272 millones de pesos
Carreteras 58 mil millones de
pesos
MÉXICO EN RIESGO
El Programa Nacional de Protección Civil
2014-2018 estipula que la ubicación geográfica y las condiciones del territorio
hacen que México sea susceptible a daños por terremotos, ciclones, volcanes o
inundaciones
La protección civil es uno de
los temas estratégicos para el país. La ASF cita al Programa Nacional de
Protección Civil 2014-2018 donde se estipula que ubicación geográfica y las
condiciones del territorio hacen que México sea susceptible de ser dañado por
terremotos, ciclones, volcanes o inundaciones.
Al combinarse ese peligro
latente con las altas concentraciones poblacionales y “elevados grados de
vulnerabilidad física y social”, se tiene el contexto perfecto para que
constantemente se enfrente el riesgo de un desastre.
“La exposición a estos
fenómenos, los asentamientos humanos en zonas de peligro, el escaso
ordenamiento del territorio y la vulnerabilidad física de la infraestructura
expuesta, aunado a la fragilidad social de amplios sectores de la sociedad,
provocan pérdidas materiales y humanas que representan un alto costo económico
y social para el país”, cita la ASF.
Y para muestra un botón.
Entre el 2000 y el 2012 fueron afectadas 1 millón 169 mil viviendas por
desastres, lo que causó un efecto económico de casi 23 mil millones de pesos.
Un total de 23 mil 935
escuelas fueron afectadas; esto representa 5 escuelas cada día, durante esos 12
años. El costo fue de más de 4 mil 560 millones de pesos.
El sector salud fue otro de
los afectados, tanto por inmuebles dañados como por toda la atención posterior
a los desastres. En ese periodo se gastaron 4 mil 272 millones de pesos en ese
rubro.
En carreteras, los desastres
naturales costaron más de 58 mil millones de pesos en 12 años; de cada peso del
Fondo Nacional de Desastres, 57 centavos fueron enviados a la reconstrucción de
carreteras y caminos.
Después de los sismos de
septiembre pasado, el Gobierno federal ha fijado un costo aproximado de 48 mil
millones de pesos para la reconstrucción.
Estas cifras son un claro
ejemplo de que la prevención y la protección civil deberían ser temas
prioritarios para los tres niveles de gobierno. Sin embargo, la ASF detectó
fallas que pegan directo al corazón de este tema.
El Gobierno federal ha fijado el costo
aproximado de 48 mil millones de pesos para la reconstrucción, cifra que
refleja que la prevención y la protección civil deberían ser temas prioritarios
para los tres niveles de gobierno
SEDATU, OPACIDAD TOTAL
La ASF detectó que la Sedatu aprobó
otorgar subsidios para 81 proyectos, de los cuales sólo el 8.6 por ciento
cumplió con todos los requisitos establecidos; los demás, incumplían con las
reglas de operación
El desorden en el crecimiento
de los núcleos urbanos del país es una de las principales causas por las que
pueden ocurrir desastres a raíz de los fenómenos naturales.
Para comenzar a paliar esta
situación, en el 2016 el Presupuesto de Egresos incluyó un “Programa de
Prevención de Riesgos” dentro del esquema presupuestario de la Secretaría de
Desarrollo Urbano, Territorial y Agrario (Sedatu).
Con un presupuesto de 125
millones 709 mil pesos se buscaba dar subsidios a los tres órdenes de gobierno
para incentivar el crecimiento ordenado; sin embargo, no se tuvo cuidado en el
ejercicio de esos recursos.
Las irregularidades
ocurrieron cuando ya Rosario Robles Berlanga era secretaria de esa dependencia,
cartera que tomó en agosto del 2015.
La primera irregularidad
detectada por la ASF es que la Sedatu aprobó otorgar subsidios para 81
proyectos, de los cuales solo el 8.6 por ciento cumplió con todos los
requisitos establecidos; los demás, incumplían con las reglas de operación y
aun así recibieron el dinero.
“En los 74 proyectos con al
menos un incumplimiento de los requisitos o con la inexistencia del expediente
técnico, la dependencia entregó 106,225 miles de pesos (106 millones 225 mil
pesos), que representaron el 87 por ciento del presupuesto ejercido del
programa, sin que se señalaran las causas por las cuales la secretaría otorgó
dichos subsidios”, establece la ASF.
Y no sólo eso; la Sedatu no
dio acompañamiento o asistencia técnica a los proyectos que financió.
En el ejercicio de los recursos,
el caos total. La Sedatu no demostró con documentos que se transfirieron los
recursos de acuerdo con los montos máximos de aportación federal que se
establecieron en las reglas de operación, y tampoco comprobó que se respetaran
los plazos para terminar las obras.
Además, se dieron recursos a
dependencias que ni siquiera estaban autorizadas para recibirlos, como la
Secretaría de Finanzas de Coahuila y la Secretaría de Finanzas de Guerrero; y a
municipios que tenían un muy bajo nivel de riesgo.
Los recursos de ese programa,
sostiene la Auditoría Superior, se desembolsaron de manera discrecional.
“La dependencia tampoco
realizó el seguimiento a los proyectos aprobados (…) debido a que las
instancias ejecutoras no le reportaron avances y resultados físico-financieros
(…) por lo que no se aseguró que los recursos entregados a los beneficiarios se
destinaron a la ejecución de los proyectos.
“La entidad fiscalizada no
acreditó de qué manera esos proyectos se orientaron a fortalecer e impulsar
acciones de planeación, prevención y la correcta ocupación del territorio, a
fin de disminuir la vulnerabilidad de los asentamientos humanos”, sentencia la
ASF.
La Auditoría afirmó que no
tiene manera de saber si esos 125 millones de pesos que debieron ser utilizados
para disminuir riesgos se ejercieron para ese fin; no hay manera de dar
seguimiento al ejercicio del dinero público.
Se dieron recursos a dependencias que no
estaban autorizadas para recibirlos, como las Secretarías de Finanzas de
Coahuila y de Guerrero; y a municipios que tenían un muy bajo nivel de riesgo
RESULTADOS A MEDIAS
La ASF detectó un
subejercicio de 42 por ciento de los recursos en el Fondo para la Prevención de
Desastres Naturales manejado por la Secretaría de Hacienda
Otros fondos y programas
relacionados con la prevención o la atención de desastres también fueron
auditados por la ASF, y los resultados no son alentadores.
En el caso de la evaluación a
la Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil, coordinado por la
Secretaría de Gobernación, la ASF determinó que en términos generales sí
cumplió con su cometido de alertar a la población sobre peligros por fenómenos
naturales.
Sin embargo, la Auditoría
menciona en ese informe que solo 5 de las 32 entidades federativas y 327 de los
2 mil 458 municipios del país actualizaron sus atlas de riesgos.
En cuando al Fondo para la
Prevención de Desastres Naturales, manejado por la Secretaría de Hacienda, la
ASF detectó un subejercicio de 42 por ciento de los recursos.
Para 2016, dicho Fondo
contaba con 358 millones 718 mil pesos asignados, de los cuales sólo se
ejercieron 205 millones 309 mil pesos; el resto fue transferido a un Comité
Técnico.
A pesar de ello, la ASF
determinó que en 13 años de operación, este Fondo sí ha contribuido a tener una
política de fomento a la prevención.
La ASF determinó que en 13 años de
operación, el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales sí ha contribuido
a tener una política de fomento a la prevención
(REPORTE INDIGO/ IMELDA GARCÍA/ NOV 2, 2017)