martes, 17 de octubre de 2017

PRESIÓN DE EU PARA DETENER A “CUINIS” Y CJNG

La presión de Estados Unidos ha movido a autoridades mexicanas a buscar la desarticulación financiera y detener a los miembros de la familia González Valencia, involucrados en el financiamiento y lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación. Elvis, uno de los “Cuinis”, está nuevamente en la mira de la PGR, tras verle salir en diciembre de 2016 del penal “Altiplano”. Familiares de los nominados por el Departamento del Tesoro han sufrido e aseguramiento de bienes muebles e inmuebles en Guadalajara

Apenas lo liberaron, previo a la última Navidad, y a las pocas semanas le dictaron orden de aprehensión. Ya les había ganado el camino y es hora que no lo pueden recapturar. Se trata de Elvis González Valencia, uno de los miembros de la familia de “Los Cuinis”, sobre quienes el gobierno norteamericano ha incrementado la presión para detenerles.

Con las recientes designaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro estadounidense, el apremio para poner tras las rejas a los participantes de los grupos criminales que conforman el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han obligado a nuevas acciones de autoridades mexicanas y a buscar protección jurídica por parte de traficantes, lavadores de dinero y prestanombres.

Durante los últimos dos años, la Procuraduría General de la República (PGR),a través de sus unidades especializadas adscritas a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), ha efectuado cateos y materializado aseguramiento de inmuebles vinculados con la organización delictiva, pero no ha detenido a los integrantes empoderados ni a su líder, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

Los más recientes familiares políticos o directos del michoacano son Rubén Oseguera González “El Menchito”, que continuamente entra y sale de prisión, y Abigael González Valencia “El Cuini”, ambos aprehendidos en 2015. Mientras que en 2016, la Policía Nacional del Uruguay detuvo en Punta del Este a Gerardo González Valencia “El Lalo”.

Los nombres de las tres personas que la OFAC agregó el 14 de septiembre último a las listas de cabecillas del narcotráfico y/o lavadores de dinero sucio: Alfonso Corona Romero, su hijo Edgar Alfonso Corona Robles y Salime Abouzaid El Bayeh, están relacionados no solo con Jessica Johanna Oseguera González, hija de Nemesio, sino con la cuñada del capo, Berenice González Valencia, a quien la Policía Federal busca con motivo de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEITA/076/2015, integrada por la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA).

Tan luego se conoció de las nominaciones del gobierno estadounidense, representantes legales de los implicados acudieron ante la justicia federal para solicitar su protección. Alfonso Corona padre y su vástago presentaron escritos para demandar el amparo de jueces federales en la ciudad de Zapopan, Jalisco. Ambos temen ser aprehendidos.

ELVIS, CASO COTIDIANO

La detención, enjuiciamiento y exoneración de algún presunto delincuente, premiado con la libertad y la supuesta enmienda del Ministerio Público Federal de volver a solicitar su captura cuando ya se les escapó, no es novedosa, sino más bien reiterada. Eso mismo ocurrió con Elvis González Valencia, presunto operador financiero de “Los Cuinis” y del CJNG.

Fue pública la noticia de la captura de Elvis. El sábado 4 de diciembre de 2015 fue presentado de urgencia en un hospital privado de Guadalajara, herido de bala en un hombro y antebrazo. Según su versión, fue agredido a balazos en el municipio de San Miguel el Alto cuando detuvo su vehículo sobre una carretera para desahogar una necesidad fisiológica. Por ser cuñado del “Mencho”, la SEIDO lo trasladó a Ciudad de México y lo arraigó. En Jalisco, la Fiscalía General aseguró que González Valencia estaba señalado en tres averiguaciones previas por delitos del fuero común como daño en las cosas y extorsión.

Luego de cumplir con el arraigo, la PGR lo consignó sigilosamente ante un juez federal y lo internó en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 “Altiplano”, en el Estado de México. Nunca se informó del delito imputado ni se le volvió a mencionar. ZETA conoció de su presencia en el penal de máxima seguridad, en Almoloya de Juárez, por sus juicios de amparo por la falta de atención médica derivada del balazo recibido y problemas de salud que pedían la asistencia de un otorrinolaringólogo.

Del seguimiento realizado por este Semanario, un año después trascendió que el 15 de diciembre de 2016, Elvis solicitó nuevos amparos por la carencia de servicios especializados de salud, mas cuando trataron de notificarle la admisión de los recursos para pedirle la ratificación de los escritos, los directivos del reclusorio federal informaron a los jueces que “el quejoso fue egresado de dicho centro penitenciario” en la misma fecha de la promoción de garantías.

Muy hábil, González Valencia, que ya sabía de su inminente excarcelación, había presentado otro escrito en el que reclamaba la posibilidad de que a su salida de prisión la autoridad ministerial pudiese ejecutar actos de “retención ilegal, golpearlo, torturarlo, incomunicación o cualquier otro que constituya desaparición forzada”.  Nadie le molestó y pudo irse a casa. Los jueces buscaron, en vano, algún domicilio externo para notificarle los acuerdos de sus recursos. La PGR no reaccionó en lo inmediato.

Fue hasta iniciado el año en curso, cuando el Ministerio Público federal ejercitó nuevamente acción penal en contra de Elvis, uno de los menores de “Los Cuinis”. En el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, en Puente Grande, Jalisco, se obtuvo la orden de aprehensión que actualmente pesa en contra del antes exonerado, dentro de la causa penal 6/2017. De los asuntos locales pendientes en Jalisco, la Fiscalía General no se pronunció ni durante el encierro del hoy prófugo, ni después.

LOS SOCIOS DE BERENICE

El 28 de febrero de 2015, agentes federales del grupo especial del Gabinete de Seguridad atraparon en Puerto Vallarta, al único “Cuini” detenido hasta el momento en prisiones mexicanas, y próximo a ser extraditado a  Estados Unidos: Abigael González Valencia, presunto empresario que también se hacía llamar Paul Jonathan Tak Toledo alias “El Cuini” o “Cachetón”. Con él cayeron también Gilberto Mendoza González o Nicolás Murillo Alfaro “El Tapanco”; Óscar Betancourt Bermúdez, Miguel José Leone Martínez y Laura Alexandra Sánchez Ruiz. Los refundieron en la cárcel acusados por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de cocaína en su hipótesis de fines de venta, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y delincuencia organizada, al estimar que pertenecen al CJNG.

Durante las investigaciones, además de corroborar lo que PGR ya sabía del parentesco político de Abigael con “El Mencho”, por estar casado este último con Rosalinda González Valencia, hermana del primero, que otros miembros de esa numerosa familia estaban implicados en el financiamiento de actividades de narcotráfico y lavado de dinero para la organización criminal, cuyo inicio ocurrió tras una escisión en el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Milenio, luego de la muerte del capo Ignacio “Nacho” Coronel en julio de 2010.

Durante 2015 y 2016, autoridades federales se dedicaron a ubicar a diversos integrantes de la familia González Valencia, sobre todo de Berenice, una de las menos mencionadas. Así se encontraron nexos de la mujer y su sobrina Jessica Johana con Salime Abouzaid El Bayeh, una joven tapatía de ascendencia libanesa y cuya familia ahora padece del aseguramiento de varios de sus bienes muebles e inmuebles, presuntamente ligados al CJNG.

Salime, de la que antes solo se conocía su existencia en litigios en materia familiar por un divorcio en 2008 y las secuelas de esa sentencia, trabajó para el restaurante japonés Mizu Sushi Lounge, que administraba la hija de “El Mencho”, y también desempeñó un papel en el periódico Unomasuno, designado el 16 de diciembre de 2015 por el Departamento del Tesoro por el supuesto apoyo que brindaba al grupo criminal. Presuntamente la mujer era más que una empleada.

En sus pesquisas, la UEITA aseguró casas y vehículos propiedad de los hermanos de Abouzaid El Bayeh y otros de sus parientes, conocidos en Guadalajara por tener un lugar relevante en la sociedad como comerciantes y empresarios, al estimar que existían indicios de que los bienes son producto del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

Así, la PGR decretó aseguramiento precautorio de una residencia ubicada en la calle Unidad Nacional número 1275, en la colonia Conjunto Patria, en Zapopan. Un juez especializado en cateos de Ciudad de México autorizó la irrupción en la vivienda al estimar fundada la petición ministerial, que señala que Berenice González Valencia, hermana de Abigael, “cumple con una función de operadora financiera, utilizando el referido inmueble a fin de consumar actividades delictivas de carácter federal”. El dueño del inmueble desconoce a la presunta delincuente y busca acreditar que el inmueble le fue donado por sus padres hace varios años.

El Ministerio Público federal aseguró que algunos de los vecinos del lugar dijeron que era un secreto a voces que en ese lugar “se guardaban armas y droga y las autoridades no hacían nada”. Resultado del cateo se localizó una enorme caja fuerte (1.80 metros de altura x 1.10 metros de ancho o fondo), con documentos varios; un tocador en el que había dos armas de fuego calibres 38 súper y nueve milímetros; así como dos cargadores y una bolsa con cartuchos; y en la cochera dos camionetas y un automóvil sedán.
En otras residencias de la familia de Salime, luego de realizar “una búsqueda minuciosa en todas las áreas, se hace constar que no se localizó objeto, instrumento o producto de los delitos que se investigan”, pero igualmente, el fiscal federal decretó su aseguramiento. Incluso, la casa de una mujer de segundo apellido Valencia, que no tiene calidad de inculpada y que se localiza en el número 980 de la calle Paseo  de los Virreyes, condominio 7, interior 2 en la colonia Virreyes Residencial, en Zapopan, también fue inmovilizada.

LA DEFENSA LEGAL

Familiares de Salime, entre ellos algunos hermanos, ya acudieron ante jueces federales de amparo en Jalisco, obteniendo varios de ellos el otorgamiento de garantías para que el fiscal investigador exprese detalladamente los indicios existentes de que sus bienes son producto o instrumento de delito, y sí estos son suficientes para privarles de su uso y aprovechamiento, en tanto avanzan las investigaciones.

Por su parte, Rosalinda González Valencia y Jessica Johanna Oseguera, esposa e hija de “El Mencho”, líder del CJNG, han buscado asiduamente el amparo tanto en Jalisco como en Ciudad de México, en contra de alguna posible orden de aprehensión en su contra, pero las autoridades responsables han contestado en todas las ocasiones que no existe dicho acto reclamado.

Alfonso Corona Romero y su hijo Edgar Alfonso Corona Robles también corrieron en busca de la protección constitucional al enterarse de la nominación de la OFAC y temer alguna orden de captura que se les hubiese dictado en México. Sus demandas fueron admitidas en el Juzgado Tercero de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, donde ya se realizan los trámites de rigor.

A quien le fue negado un amparo en contra del aseguramiento de sus bienes es Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, esposa de Gerardo González Valencia “El Lalo”, detenido en Uruguay, donde ambos, junto con sus hijos, pretendían hacer una vida alejada de la vigilancia policial en un lujoso chalet.


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/  INVESTIGACIONES ZETA/LUNES, 16 OCTUBRE, 2017, 12:00 PM)

CERVANTES LLEGÓ, SE FUE, Y MÉXICO NUNCA SUPO SU FORTUNA; QUISO SER FISCAL Y APENAS SI FUE PROCURADOR


México amanece sin Fiscal General –una figura clave del Sistema Nacional Anticorrupción- y sin Procurador General de la República. Mientras, se mantiene como el país más corrupto de América Latina, según el indicador Latinobarómetro. Raúl Cervantes Andrade decidió renunciar a la Procuraduría General de la República después de un año de gestión durante el cual, cinco Gobernadores de su partido, el PRI, emprendieron la huida, mientras que se iniciaron averiguaciones en contra de miembros del Gabinete federal.

Su trayectoria fue marcada por la opacidad tanto de su fortuna como de su desempeño, así como un embrollo político por esa aspiración suya que no pudo cumplir de convertirse en Fiscal General. En los 12 meses en la PGR, ganó casi dos millones y medio de pesos; pero en su declaración patrimonial dejó claro que no deseaba hacer públicos sus bienes como tampoco sus posibles conflictos de intereses. Él, quien en su semblanza en el Senado escribió que era miembro del Consejo de Administración de varias empresas que ha asesorado.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).– Hace un año, pese a todo, Raúl Cervantes Andrade tenía más que ganar que perder. Frente a sí estaba la oportunidad para despejar la nube de desconfianza que cubría a la Procuraduría General de la República después de la endeble “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero.

Pero un año después, prefirió dimitir. Y esos 12 meses, en los que fue Procurador, bastaron para dejar una trayectoria en la que se impuso la opacidad tanto de su gestión como de su fortuna, así como un embrollo político por esa aspiración suya de convertirse en Fiscal General que desembocó en un Sistema Nacional Anticorrupción incompleto, sin el pilar fundamental.

Hoy, México, que en días recientes apareció hundido en el Índice de Transparencia Internacional como el más corrupto de América Latina, amanece sin Fiscal porque los partidos políticos no aceptaron a Cervantes Andrade; pero también sin Procurador.

En las manos de quien ayer renunció cayó la crisis detonada por la corrupción de los ex Gobernadores y otras figuras de alto cargo de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI). Y él, como fumarolas, los dejó escapar.

Durante cuatro años, varias Organizaciones no Gubernamentales pugnaron por la construcción de un Sistema Nacional Anticorrupción, un edificio legal que tenía como pilares a siete instituciones –entre ellas la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República- destinado a combatir una lacra que le cuesta a México casi el 10 por ciento del Producto Interno Bruto, según el Consejo Coordinador Empresarial.

Cervantes Andrade, Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana –la misma donde estudió Enrique Peña Nieto– y quien fungió como abogado nacional del PRI con cinco de sus dirigentes, fue propuesto para el principal cargo de la Procuraduría por el Presidente de la República. El 26 de octubre, el pleno del Senado ratificó su nombramiento, así como su licencia para dejar la curul en esa cámara, con 81 votos a favor, tres en contra y una abstención.

Llegó para sustituir a Arely Gómez, quien siempre mostró un perfil más técnico que político. Gómez se fue a la Secretaría de la Función Pública, un cargo que permaneció vacante desde que Virgilio Andrade Martínez lo dejara el 18 de julio de 2016. El encargo que había tenido Andrade Martínez fue investigar si el Presidente y el entonces Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, habían incurrido en conflicto de intereses al adquirir mansiones con un crédito otorgado por el Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, contratista millonario del Gobierno. Su resolución, muy cuestionada, fue que no hubo práctica anómala.

En el movimiento de fichas, a Andrade Cervantes le tocó el trabajo más arduo: la PGR, el eje por el que han pasado todos los conflictos de justicia ocurridos desde que en diciembre de 2012 arrancó el peñanietismo. Las tragedias de Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato y Nochixtlán se encuentran en gruesos expedientes en esta instancia. La fuga del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte –ya detenido- también es una carpeta ahí. Los presuntos sobornos a Emilio Lozoya Austin, ex Director de Petróleos Mexicanos por la empresa brasileña Oderbrecht, integran una averiguación previa. El socavón de diez metros que se abrió en el paso exprés de Morelos y que implicó a Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes, también.

De la posición ya había caído Jesús Murillo Karam, al presentar una “verdad histórica” endeble sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, un episodio que convirtió a la PGR en una de las instituciones con menor credibilidad, según todas las encuestas de percepción, en casi un sepulcro político, mientras que el grito de “Nos faltan 43” reventaba en las calles.

Ahí llegó Raúl Cervantes, el hombre que había sido diputado en dos ocasiones y hasta el día de su nombramiento fue Senador. El que había contendido para integrarse como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero que tuvo que declinar luego de que ciudadanos recabaran firmas para evitar que personas ligadas a partidos políticos ocuparan una silla en la Corte.

Y, como en otros nombramientos, en la propuesta del Presidente no pesó que Cervantes Andrade fuera primo de Humberto Castillejos, ex asesor jurídico de la Presidencia y quien también asesoró al ex Procurador Eduardo Medina Mora, quien desde 2014 es Ministro de la SCJN. Tampoco su lazo parental con Alfredo Castillo Cervantes, quien fue comisionado para la paz en Michoacán después de haber ocupado varios cargos, y ahora es Director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).


Raúl Cervantes en una imagen de julio de 2012, cuando fungía como defensor jurídico de la campaña de Enrique Peña Nieto. En esa ocasión asistió a la PGR para presentar una demanda contra las imputaciones del PAN y PRD sobre un presunto lavado de dinero utilizado en esa campaña presidencial del PRI. Foto: Cuartoscuro

¿QUÉ GANÓ CERVANTES ANDRADE?

En su año de gestión, el ex Procurador asentó en su declaración patrimonial que no estaba de acuerdo en hacer públicos sus bienes patrimoniales ni sus posibles conflictos de intereses. La publicidad de la declaración patrimonial era una de las propuestas para cimentar al Sistema Nacional Anticorrupción, pero el Presidente Enrique Peña Nieto vetó la Ley respectiva.

Después de una campaña de difusión de meses, organizaciones de la sociedad civil recabaron 634 mil firmas para que la bautizada “Ley 3de3” fuera aprobada. Pero no pasó. La madrugada del 15 de junio de 2016, la discusión en el Senado se centró en si las tres declaraciones debían ser públicas. Luego, el PRI y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) colocaron en el dictamen aprobado la acotación de que las declaraciones patrimonial y de intereses debían ser públicas sólo cuando no afectaran “la vida privada”.

Y al final, sólo se le hizo una adenda al artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y no sólo quedó a voluntad de los funcionarios si publican o no sus fortunas, la de impuestos quedó fuera.

De modo que, en este escenario, Raúl Cervantes puede irse sin decirle a los ciudadanos si su fortuna creció o se achicó mientras fue servidor público. El Portal de Obligaciones y Transparencia informa que el Procurador mexicano tiene al mes como salario bruto, 205 mil 122 pesos. Así que este año, Cervantes Andrade percibió dos millones 461 mil 464 pesos.

En cuanto a sus posibles conflictos de interés, por la semblanza que aceptó publicar en la página institucional del Senado de la República, es posible saber que fue abogado de empresas en los sectores de autotransporte, aviación, telecomunicaciones, energía, satélites, ferrocarriles y medio ambiente. Él mismo lo dice en dicho documento. En algunas empresas de esos sectores es miembro del Consejo de Administración.

El 18 de julio, el Presidente promulgó el marco normativo del SNA. La Secretaría de la Función Pública (SFP) y la PGR adquirieron mayores atribuciones para desmantelar redes de cómplices y castigar el peculado, el abuso de autoridad, los llamados “moches” y la colusión de intereses, entre otros delitos de daño a la Nación.

Si bien estaba llamado a esclarecer escándalos de corrupción, él mismo protagonizó uno. Una investigación periodística de Claudio González Caraza, de Mexicanos contra la Corrupción reveló que adueñaba un auto Ferrari 458 Coupé de 8 cilindros, modelo 2011, que fue facturado en 3 millones 890 mil 932 pesos en Morelos, entidad donde no se paga el impuesto de la tenencia.


Juan Silva Meza, entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Ricardo Anaya, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; Raúl Cervantes Andrade, Senador del PRI en funciones, y Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, en el Primer Informe de Gobierno de EPN. Foto: Cuartoscuro

***
Cuando asumió como Procurador tenía 53 años de edad y el peso de la acusación de su ex esposa, Angélica Fuentes Téllez quien en un programa de radio había declarado: “Duré un año de casada. Me divorcié porque me golpeó. Por ahí alguien me dijo un día: “Te pegó”. Y le dije: “No, no me pegó, me golpeó”. Los golpes se quedan marcados en el físico” –reveló la empresaria de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Pero nada parecía perturbarlo con gravedad.

Aquel día de su nombramiento, en el Senado, Cervantes Ahumada escuchó de la Senadora por el Partido de la Revolución Democrática, Angélica de la Peña: “¿El nombramiento suyo es como Procurador General de la República o ya camina usted hacia ser el nuevo Fiscal General de la República?”

No negó su pretensión. “Sí, vengo, y lo dice ese comunicado, y se los digo abiertamente, y lo he verbalizado todo el tiempo: en breve generar una ley que tenga la potencia, la credibilidad y funcionalidad de lo que necesita México para ejercer la acción penal, y que el transitorio habilitaría que fuera yo Procurador que pasaría a la Fiscalía”.

Luego, quien duraría sólo un año en el cargo, señaló la urgencia de aprobar las leyes faltantes para convertir a la PGR en la Fiscalía General, así como el artículo transitorio que lo convertiría a él en titular de la Fiscalía.

Pero pronto, lo bautizaron “Fiscal carnal” por su cercanía con el Presidente. Y ya no pudo deshacerse del epíteto. El PRD, PAN y el mismo PRI votaron en contra del pase automático para que el Procurador se convirtiera en Fiscal general y permaneciera nueve años más en el cargo.

El tiempo corría en contra. El Sistema Nacional Anticorrupción, cuyas leyes había promulgado un año antes el Jefe del Ejecutivo, debía estar listo el 19 de julio. Y su avance se entrampaba por el pendiente del Fiscal. No iba a ser Cervantes Andrade, pero entonces, ¿quién? La fecha llegó y el sistema tuvo que nacer sin fiscal.

El cáncer avanzó, se reprodujo y sus metástasis brotaron en los tres niveles de Gobierno; pero también en los empresarios y los ciudadanos. En 2016, a la pregunta si respecto a hace un sexenio, el país era menos, más o igual de corrupto, las respuestas de más pasaron de 36 a 50 por ciento entre diciembre y marzo, según la encuesta GEA-ISA. Por su parte, la segunda edición del estudio México: Anatomía de la Corrupción, presentado en octubre 2016 por el Instituto Mexicano de la Competitividad y la organización Mexicanos contra la Corrupción, indicó que la mexicana era en su conjunto una sociedad que estaba dispuesta a incurrir en corrupción “si de ella obtiene un beneficio personal”.

En octubre de este año, México se convirtió en el país más corrupto de América Latina según encuestas ordenadas por Transparencia Internacional.

El diseño del SNA tomó cuatro años. En un proceso sin precedentes, Gobierno y organizaciones civiles debatieron para agrupar y alinear a siete instancias gubernamentales en el combate a la corrupción bajo una sola política. Pero se entramparon en el nombramiento del Fiscal.

La figura es tan fuerte que está dotada de facultades para no sólo ir en contra de personajes; sino para desarticular redes. ¿Quién y cuándo se decidirá? No hay fecha para ello. El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dijo ayer en el Foro “Impulsando a México”, organizado por el diario El Financiero que la dimisión de Cervantes Andrade dificultará que el Senado nombre Fiscal General. Planteó que quizá, “el tema se tenga que dejar hasta pasada la elección de 2018”.

“Creo que la definición de un Fiscal o un Procurador idóneo, con credenciales para desempeñar esa responsabilidad no puede estar secuestrada por la efervescencia política. Creo que difícilmente estaríamos en condiciones, creo yo que el Senado, a quien le corresponde el nombramiento, no tendrá condiciones para definir a un Fiscal y a lo mejor tendríamos que esperar a que ocurra la elección de julio del próximo año para que entonces se decante un poco la efervescencia”, dijo Peña Nieto.
Será entonces, quizá, cuando se pueda ver a los ojos al monstruo de la corrupción. Por lo pronto, México amanece sin Procurador ni Fiscal que procure justicia.


Octubre de 2016. Entre abrazos, Raúl Cervantes se despide de su coordinador Emilio Gamboa Patrón tras solicitar licencia para para poder ser candidato a Procurador General de la República. Foto: Cuartoscuro


(SIN EMBARGO/ LINALOE R. FLORES/ OCTUBRE 17, 2017, 12:05 AM)

76% SE SIENTE INSEGURO EN MÉXICO: INEGI; CIUDADANOS DENUNCIAN SUS CASOS CON #NOSESTÁNROBANDO


La percepción de la inseguridad en México aumentó en el mes de septiembre. De acuerdo con el Inegi, el 76 por ciento de la población mayor de 18 años considera que vivir en su ciudad es inseguro, el mayor registro que se tiene en México desde septiembre de 2016.

Las ciudades más inseguras son: Villahermosa (Tabasco), Coatzacoalcos (Veracruz), región norte y oriente de la Ciudad de México, Reynosa (Tamaulipas) y Ecatepec de Morelos (Estado de México). El 62.5 por ciento de la población manifestó que debido a la inseguridad modificó sus hábitos respecto a “llevar cosas de valor como joyas, dinero o tarjetas de crédito”, mientras que 54.3 por ciento reconoció haber cambiado hábitos respecto a “permitir que sus hijos menores salgan de su vivienda”.

Los resultados de esta encuesta se producen en medio de la iniciativa ciudadana#NosEstánRobando, que gana fuerza en la red social Twitter y donde ciudadanos de distintas partes del país comparten anécdotas de inseguridad y sus opiniones de cómo ésta afecta a su vida cotidiana.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- El 76 por ciento de la población mayor de 18 años considera que vivir en su ciudad es inseguro, la mayor percepción de inseguridad que se tiene en México desde septiembre de 2016, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los resultados de esta encuesta se producen en medio de la iniciativa ciudadana#NosEstánRobando, que gana fuerza en la red social Twitter y donde ciudadanos de distintas partes del país comparten anécdotas de inseguridad y sus opiniones de cómo ésta afecta a su vida cotidiana.

De acuerdo con el Inegi, las ciudades más inseguras son: Villahermosa (Tabasco), Coatzacoalcos (Veracruz), región norte y oriente de la Ciudad de México, Reynosa (Tamaulipas) y Ecatepec de Morelos (Estado de México), con 98.4, 97.0, 94.8, 93, 93.6 y 93.5 por ciento, respectivamente.

De acuerdo con la encuesta, el 81.8 por ciento de la población siente inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 74.6 por ciento en el transporte público, 68.1 por ciento en las calles que habitualmente usa y 67.7 por ciento en el banco.


En abril de este año, un hombre fue asesinado por dos sujetos que viajaban en una motoneta, después de salir de un banco. Los hechos ocurrieron en el Estado de México, uno de los estados más inseguros, según la encuesta del Inegi. Foto: Cuartoscuro.



De acuerdo con la encuesta, el 81.8 por ciento de la población siente inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública y 74.6 por ciento en el transporte públic. Foto: Cuartoscuro.

La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 80.3 por ciento, mientras que los hombres se ubicaron en 71.1 por ciento.

El 62.5 por ciento de la población en México manifestó que debido a la inseguridad modificó sus hábitos respecto a “llevar cosas de valor como joyas, dinero o tarjetas de crédito” por temor a sufrir algún delito; mientras que 54.3 por ciento reconoció haber cambiado hábitos respecto a “permitir que sus hijos menores salgan de su vivienda”; 52.3 por ciento cambió rutinas en cuanto a “caminar por los alrededores de su vivienda, pasadas las ocho de la noche” y 33.4 por ciento cambió rutinas relacionadas con “visitar parientes o amigos”.

PREVÉN QUE INSEGURIDAD AUMENTE

La encuesta arrojó que el 35.5 por ciento de la población de 18 años y más consideró que en los próximos 12 meses la situación de la delincuencia en su ciudad seguirá igual de mal. Por otra parte, 37.4 por ciento de la población mencionó que la situación empeorará en los próximos 12 meses, lo que representa un aumento en este indicador de 3.3 puntos porcentuales respecto a septiembre de 2016.

Los resultados del decimoséptimo levantamiento de la ENSU revelaron que, durante el tercer trimestre de 2017 el porcentaje de la población que mencionó haber visto o escuchado conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda fue: consumo de alcohol en las calles (65 por ciento), robos o asaltos (64.9 por ciento), vandalismo en las viviendas o negocios (50.9 por ciento), venta o consumo de drogas (43.1 por ciento), bandas violentas o pandillerismo (34.8 por ciento) y disparos frecuentes con armas (33.8 por ciento).

Respecto al tercer trimestre de 2016 se presentó un aumento de dos puntos porcentuales en cuanto a la atestiguación de robos o asaltos; mientras que, para los casos de vandalismo en las viviendas o negocios y bandas violentas o pandillerismo, se observaron disminuciones de 3.5 y 2.1 puntos porcentuales, respectivamente.

DESEMPEÑO DE AUTORIDADES

La policía municipal fue la menos eficiente en su desempeño, con el 40.3 por ciento en la evaluación de los ciudadanos, seguida de la policía estatal (50.4 por ciento), Policía Federal (65 por ciento), Gendarmería Nacional (72.5 por ciento), Ejército (84.6 por ciento) y la Marina (87.3 por ciento).

La encuesta del Inegi, levantada en el mes de septiembre de 2017, genera información sobre diversos aspectos de seguridad pública: sensación de inseguridad por temor al delito; expectativa social sobre la tendencia del delito; atestiguamiento de conductas delictivas; cambios de rutinas o hábitos por temor a ser víctima del delito; percepción del desempeño de las policías Preventiva Municipal, Estatal, Federal y la Gendarmería Nacional y, a partir del primer trimestre de 2016, incluye información respecto a la sensación de inseguridad en lugares físicos específicos, sobre conflictos sociales en el entorno, desempeño gubernamental y la incorporación en el tercer trimestre del Ejército y la Marina en las instituciones a valorar.

#NOS ESTÁN ROBANDO

Con el hashtag #NosEstánRobando, ciudadanos de distintas partes del país compartieron en la red social Twitter anécdotas de inseguridad y sus opiniones de cómo ésta afecta a su vida cotidiana.

La iniciativa surgió en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, gracias al proyecto periodístico TerritorioMX. “Comparte tu historia de robo en la ciudad, ¿cómo nos afecta la inseguridad?”.

En cuestión de horas, habitantes de la capital del país y de otros estados se sumaron y compartieron sus experiencias.



En julio pasado, un presunto asaltante fue asesinado a balazos por un pasajero. El señalado como delincuente fue abatido cuando intento despojar de sus pertenencias a pasajeros de un camión del transporte público cuando circulaban en avenida Felipe Carrillo Puerto y Lago Chiem, en la colonia San Juanico, perímetro de la delegación Miguel Hidalgo. Foto Armando Monroy, Cuartoscuro.

“Abrieron el carro, se metieron a la casa de mi suegra, nos robaron computadora y dinero”; “El sábado, una amiga que vive en la Americana [Guadalajara], me contaba cómo se habían metido a su casa Las amarraron mientras robaban”; “Mi sobrina de 16 años acompañó a su novio a la puerta. Solo vio la pistola apuntándoles. Le robaron celular y la mochila”; y “En Chapalita, hay un modus operandi para robar a chavitas. Hacen como que las secuestran, pero lo que hacen es robar autos”, fueron algunas de las experiencias que compartieron los ciudadanos.

Otros, acusaron que los políticos son quienes #NosEstánRobando: “[En Guadalajara], el Alcalde Enrique Alfaro de MC puso a un político al frente de la policía”; “No son delincuentes: Son políticos Esperen…es lo mismo!”; “Emilio Gamboa es Mafioso pero con estilo, los palos de golf los lleva el ayudante, eso si, en aeronave militar, como no”.


(SIN EMBARGO/ REDACCIÓN / OCTUBRE 17, 2017, 9:29 AM)

OTRA MATANZA EN EDOMEX, AHORA EN HUEHUETOCA: 4 HOMBRES Y UNA MUJER SON EJECUTADOS EN UN AUTO


Vecinos de Puente Grande, Huehuetoca, escucharon detonaciones de armas de fuego; posteriormente se percataron que al menos seis personas habían sido baleadas en un vehículo. Dos de las víctimas– padre e hijo– fueron identificados por los colones como narcomenudistas.

Hace seis días, cinco miembros de una familia, de entre 14 y 51 años de edad, fueron hallados semienterrados en una jardinera de su casa en Tultepec. Todos estaban atados de pies y manos.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- Los cuerpos de cinco hombres y una mujer fueron hallados al interior de un automóvil en el municipio de Huehuetoca, Estado de México. Este es el segundo multihomicidio cometido en la entidad en una semana.

El hallazgo se realizó durante la madrugada del lunes, luego de que vecinos de la comunidad de Puente Grande alertaran a las autoridades sobre personas lesionadas con arma de fuego en un Jetta color arena, estacionado en la calle Francisco Villa.

Tras la denuncia, policías municipales acudieron al lugar, donde encontraron casquillos percutidos calibre 9 milímetros y .223. En el asiento del piloto estaba una mujer y un hombre de copiloto, otros tres hombres viajaban en la parte de atrás; la sexta víctima quedó tendida junto al vehículo.

Los vecinos aseguraron que el hombre que quedó tirado en la acera era apodado “El Fanta”, mientras que “El Fantita”, su hijo, fue una de las víctimas asesinadas al interior del carro. Ambos fueron identificados por colonos como presuntos narcomenudistas.

Las autoridades desplegaron un operativo que se extendió al barrio de Salitrillo, donde lograron la detención de un hombre que portaba un arma de fuego larga, por lo que se cree que está relacionado con el homicidio de las seis personas.

La Fiscalía de Justicia del Estado de México (FGEM) inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos.


(SIN EMBARGO/ REDACCIÓN / OCTUBRE 17, 2017, 10:06 AM)