Después
de décadas de conflicto, las Farc y el gobierno buscan que los agricultores
colombianos sustituyan sus campos de coca por cultivos legales, pero las
ganancias de la coca siguen siendo demasiado tentadoras y muchos desconfían de
las promesas de las autoridades.
LOS
RÍOS, Colombia .— Más o menos cada tres meses, Javier Tupaz, padre de seis
hijos, baja la colina desde su casa de tablones de madera para trabajar en su
laboratorio de cocaína en la jungla.
Al
igual que todos en su poblado, Tupaz depende del negocio de la coca para
obtener efectivo, y ha sobrevivido durante décadas de guerra en Colombia. La
producción no se detuvo durante el conflicto que parecía no tener fin entre los
guerrilleros y el gobierno colombiano, que trató de destruir sus cultivos de
coca en múltiples ocasiones. Él simplemente volvía a plantarla.
Sin
embargo, Tupaz cree que hay una cosa a la que sus cultivos podrían no
sobrevivir: la paz.
El
acuerdo de paz que se firmó el año pasado entre el gobierno y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia, las Farc, puso fin al conflicto más
antiguo del continente americano. Pero el gobierno colombiano también ve en la
paz la mejor oportunidad que Colombia ha tenido en décadas para acabar de una
vez con el tráfico de drogas controlado por los guerrilleros, y poder
sustituirlo con cultivos legales, aunque sean menos lucrativos.
“Celebramos el acuerdo; después de todo, el
conflicto terminó”, dijo Tupaz, de 44 años, al lado de uno de sus enormes
barriles de droga. “Pero, por otra parte, las Farc tenían el control aquí; uno
podía cultivar coca, tener un laboratorio y estaba protegido”.
Pedro
Emilio Culchas con sus cultivos de pimienta, que comenzó a sembrar en 2007 en
sustitución de la coca Credit Juan Arredondo para The New York Times
La
paz significa que los soldados ya no tienen que abrirse paso a tiros en el
territorio de los rebeldes para arrancar plantas de coca ni desmantelar
laboratorios de droga. Ahora las Farc, que formalmente entregaron las armas en
junio, han unido fuerzas con el gobierno para que los campesinos dejen de
cultivar coca, en una de las primeras colaboraciones entre los hasta hace poco
enemigos.
Afuera
de Los Ríos, la comunidad en la que vive Tupaz, los rebeldes ahora aparecen
vestidos de civiles junto a los funcionarios del gobierno, intentando convencer
a los campesinos de que planten cultivos como la pimienta negra y el palmito.
“Sin
la guerra con las Farc se nos presenta una gran oportunidad”, explicó el
vicepresidente Óscar Naranjo, un general retirado que pasó buena parte de su
carrera luchando contra los guerrilleros.
Hay
cierta urgencia detrás de los esfuerzos por sustituir los cultivos. El año
pasado, incluso cuando el gobierno y las Farc estaban negociando la paz, el
cultivo de coca en Colombia se disparó: una cantidad récord de tierras fueron
destinadas a este cultivo, señaló la Oficina Nacional de Políticas de Control
de Drogas de la Casa Blanca.
Ahora,
como parte de su plan de reconstrucción de los departamentos colombianos en la
jungla y asolados por la guerra, el gobierno promete entregar dinero a las
primeras 50.000 familias productoras de coca que acepten la oferta de
sustitución: un pago mensual de unos 325 dólares por el primer año que los
campesinos abandonen el cultivo de coca, seguido de subsidios para plantar
nuevos cultivos y educación sobre cómo hacerlos crecer.
Colombianos
que cultivan coca en La Florida durante un seminario de buenas prácticas para
la sustitución Credit Juan Arredondo para The New York Times
Pero,
aunque haya incentivos, el general Naranjo advirtió que no desaparecerá el uso
de la fuerza.
“No
todos querrán sustituir sus cultivos”, dijo, en especial aquellos que tienen
fuertes lazos con la industria del narcotráfico. “Y para ellos habrá
erradicación manual forzada”.
Desde
el pequeño terreno cercano a su pueblo, Tupaz dice que le parece como si la
historia se repitiera.
Tupaz
recuerda que a principios de 2000 el gobierno le entregó dos vacas a cada
familia para que dejaran de producir coca, un plan que condujo a que los
precios del ganado se desplomaran cuando la gente vendió los animales. O cuando
a los funcionarios se les ocurrió la idea de cultivar vainilla, proyecto que
fracasó porque en Los Ríos nadie sabía cómo cultivarla. Luego hubo una ocasión
en 2010 cuando Tupaz, después de tantas fumigaciones a sus plantas de coca,
prefirió abandonar el cultivo de droga y recorrer un camino lodoso hasta el
banco local del pueblo para solicitar un préstamo con el fin de plantar 8000
metros cuadrados de cacao.
“Tenían
apenas este tamaño cuando también los rociaron”, dijo, levantando la mano unos
cuantos centímetros del suelo, mientras relataba cómo los aviones militares
arrojaron químicos que acabaron matando sus cultivos legales.
Las
fumigaciones se detuvieron en 2015 porque la Organización Mundial de la Salud
vinculó el herbicida utilizado para esa labor, el glifosato, con el cáncer.
Mary
Fanny Ruales y su familia fueron de los primeros en sustituir sus cultivos
cuando aún no se ofrecían subsidios. Credit Juan Arredondo para The New York
Times
Para
muchos en la Colombia rural se trata de una cuestión matemática: la hoja de
coca que se usa para hacer cocaína es mucho más rentable que cualquier otra
cosa que se pueda cultivar aquí.
“Estamos
rodeados de campos de coca. Pagan el doble”.
ALIRIO HERNÁNDEZ, LÍDER DE UNA ASOCIACIÓN
LOCAL DE AZUCAREROS
Para
llegar a Los Ríos, una comunidad de 32 familias, hay que caminar por lodazales
y ríos durante más de una hora; no hay hospitales ni mercados cerca, ni
prácticamente ninguna industria, con excepción de la de las drogas. Los lugareños
dicen que los tiempos de paz los ponen entre la espada y la pared: la
criminalidad de la coca o la pobreza aún más profunda que enfrentarían al
plantar otra cosa.
“Lo
hemos aceptado: ganaremos menos con otros cultivos”, dijo Edward Cuaran, un joven
de 23 años que cultiva coca y regresó a Los Ríos, a pesar de haber obtenido un
título universitario, porque no pudo encontrar trabajo. “Pero ¿qué otra cosa se
puede hacer aquí?”.
Los
precios de la coca ya han disminuido debido a la gran cantidad de coca plantada
y a que actualmente hay menos guerrilleros metidos en el narcotráfico, lo cual
deja a muchos agricultores sin comprador.
El
gobierno legalizó la marihuana —que los rebeldes han traficado desde siempre—
para fines médicos, dejándola principalmente en manos de las grandes empresas.
Hasta ahora se han otorgado pocas licencias, y los pequeños agricultores se
quejan de que se les ignoró en el proceso. Esto ha hecho que se tengan que
tomar decisiones difíciles en lugares como Corinto, un pueblo a 482 kilómetros
de Los Ríos, ubicado a los pies de montañas cubiertas de arbustos de marihuana.
Una
persona lava las hojas de coca, primero con gasolina y después con agua, para
recopilar el extracto en barriles y después acidificarlo y mezclarlo con
cemento. Credit Juan Arredondo para The New York Times
Hace
poco, en una reunión de decenas de campesinos, una mujer comenzó con una
oración para pedir a Dios que los ayudara “a sustituir los cultivos ilegales
por legales”. Edward García, el alcalde de Corinto, explicó en términos
generales un paquete gubernamental para los lugareños sobre un pizarrón blanco,
mientras algunos tomaban notas. “No van a esperar para siempre a que nos
sumemos”, dijo, advirtiendo que el ejército ya estaba patrullando los límites
del pueblo.
Unos
cuantos campesinos han logrado una sustitución exitosa en el transcurso de los
años. Cerca de la frontera con Ecuador, Pablo Ángel Cuaran cortó de un
machetazo una pequeña palmera y después abrió el tronco para mostrar su
interior jugoso: el palmito, que había comenzado a cultivar hacía una década.
Ahora planta este cultivo junto con otros miembros de una cooperativa de
campesinos que negoció con el gobierno local para que por fin les llevara
energía eléctrica a cambio de poner fin a sus cultivos de coca.
Ahora
los cultivos legales se extienden a lo largo de 80 hectáreas de llanos, que incluyen
una fosa común donde los combatientes paramilitares enterraron a decenas de
víctimas.
Una
enorme cruz marca el lugar, que ahora está cubierto con un nuevo cultivo de
palmas. Cuaran dijo que cuando era niño y los campos eran de coca se podía ver
a un hombre con una bata blanca en el camino, desmembrando cuerpos con un
machete.
“Antes
uno tenía mucho dinero pero nunca estaba en paz”, dijo Cuaran.
Pablo
Ángel Cuaran cultiva palmito desde 2007. Credit Juan Arredondo para The New
York Times
A
unas cuantas horas en auto, en La Carmelita, una región con un puñado de
poblados al lado de un campo de desmovilización rebelde, 500 familias ya se
inscribieron en el nuevo programa de sustitución de cultivos del gobierno. En
junio comenzaron a arrancar sus plantas de coca, dijo Aldemar Yandar,
coordinador local del programa.
“Mucha
gente piensa que, si no es coca, no se puede plantar aquí, y eso simplemente no
es cierto”, dijo Yandar. “La gente pronto verá lo que su vecino está haciendo y
querrá hacer lo mismo”.
Sin
embargo, el atractivo de la hoja de coca siempre está cerca. La cantidad de
trabajadores de una planta de procesamiento de caña de azúcar subsidiada por el
gobierno cerca de La Carmelita ha disminuido; ahora emplea a una docena de los
más de 30 que tenía el año anterior. La mayoría de los empleados se fueron a
cultivar hoja de coca y la planta azucarera ya no pudo encontrar quien cubriera
las vacantes, explicaron los trabajadores. La producción ha caído a la mitad.
“Estamos
rodeados de campos de coca”, dijo Alirio Hernández, un líder en la asociación
local de productores. “Pagan el doble”.
“Tal
vez regresemos a la violencia si el gobierno no mantiene su parte de este
acuerdo”.
CAMPO ELÍAS CHAGUA, UN AGRICULTOR DE
COCA
El
vicepresidente Naranjo se mantuvo optimista. Dijo que, dado que el gobierno ya
no está enfocado en la guerra con los guerrilleros, por fin podrá construir los
caminos y la infraestructura necesaria para crear mercados para los cultivos
legales, mientras asesta el golpe final a los narcotraficantes restantes.
No
obstante, Naranjo reconoció que eso tal vez no le funcione a todos, como en el
caso de las poblaciones que no están conectadas a caminos o las comunidades que
se asentaron en los parques nacionales de manera ilegal, donde el cultivo de
coca se ha expandido en años recientes.
“A
estas familias habrá que reubicarlas”, sentenció el vicepresidente.
Factores
como el que el Putumayo esté retirado y que haya una falta de acceso a caminos
han contribuido a que muchos campesinos continúen cultivando coca. Credit Juan
Arredondo para The New York Times
Campo
Elías Chagua, un agricultor de coca de 50 años que vive a las afueras de un
pueblo llamado La Hormiga, espera no tener que irse.
Una
mañana hace poco, Chagua se encontró con que ya se había extendido una densa
selva de enredaderas y aves tropicales en su campo de coca, salpicado de
árboles de cacao y de carambolas, una fruta verde en forma de estrella. Su hijo
de 27 años y él pasaron el día recolectando la cosecha de los arbustos de coca
en el terreno, mientras otro agricultor de coca, Arnulio Quiñones, los miraba.
“Las
Farc mantenían el orden”, dijo la esposa de Chagua, Mariana Narváez, recordando
los viejos tiempos. Pero ahora se preguntan: ¿lo hará el gobierno? Aquí todavía
no hay energía eléctrica ni agua corriente. Y ahora los funcionarios les están
pidiendo que dejen de cultivar coca.
“Tal
vez regresemos a la violencia si el gobierno no mantiene su parte de este
acuerdo”, dijo Chagua.
Aquel
día visitaron el laboratorio de un vecino, que estaba procesando pasta de
cocaína con ayuda de una persona a la que había contratado para ello. El olor a
gasolina y hojas frescas inundaba el aire.
“Él
simplemente no podría subsistir de la pimienta negra”, dijo Quiñones.
(THE NEW YORK TIME EN ESPAÑOL/ NICHOLAS
CASEY /18 de julio de 2017)