Un
ejidatario logró revelar que la familia de Juan Camilo Mouriño –quien fuera
secretario de Gobernación durante el régimen calderonista – estaba vinculada a
un despojo de tierras en Campeche. Y la misma indagatoria, realizada por el
activista Pedro Celestino May Can, sacó a la luz los nombres de algunos
testaferros de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz actualmente preso en
Guatemala. Pese al valor de dicha investigación, las autoridades no solucionan
el problema original ni frenan el acoso contra el indígena.
CAMPECHE,
Camp. (Proceso).- Hace nueve años Pedro Celestino May Can comenzó una lucha
legal contra el despojo de tierras en el ejido de Lerma, en Campeche. Su
investigación reveló que el clan Mouriño estaba vinculado a las
irregularidades. Y hoy, los datos y pruebas que reunió han ayudado a documentar
otro caso de corrupción en México: el del exgobernador de Veracruz Javier
Duarte.
En
la indagatoria de May Can la Procuraduría General de la República (PGR) y el
Sistema de Administración Tributaria (SAT) hallaron información útil para
fincarle cargos a Javier Duarte, actualmente detenido en Guatemala, y a sus
presuntos cómplices por delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión
fiscal.
El
robo de terrenos indagado por May Can se remonta al gobierno de Felipe Calderón
e involucra a miembros del PAN, pero también a prestanombres de Duarte, que
presuntamente realizaron operaciones de compraventa de terrenos de Lerma
aledaños al Country Club de los Mouriño. La intención, sospecha hoy la PGR, fue
blanquear recursos supuestamente robados al erario veracruzano.
Las
averiguaciones oficiales para desentrañar el despojo buscan, entre otras cosas,
aclarar cuánto costaron los predios, cómo, quién y en dónde los pagó, qué más
se les dio a los poseedores originales y por qué muchos de los involucrados no
reportaron ni pagaron al SAT el correspondiente impuesto por la operación.
LOS VÍNCULOS
“(Hace
unos meses) me vinieron a visitar unas personas del SAT. Se identificaron y me
mostraron un ejemplar de la revista Proceso en el que aparecían las
declaraciones que les di para un reportaje en 2012 sobre el despojo de tierras
en Lerma y en el que se mencionaron los nombres de varios de los personajes
que, hoy resulta, son también presuntos cómplices del exgobernador de
Veracruz”, comenta May Can a la reportera.
En
dicho reportaje, publicado en noviembre de 2012, el semanario dio cuenta de que
“próximo a extinguirse el calderonato, que la llevó a la cúspide del poder, la
familia del desaparecido Juan Camilo Mouriño (quien fuera secretario de
Gobernación)” apretaba el paso para consumar el sueño de su patriarca, Carlos
Mouriño Atanes: apropiarse del ejido Lerma, cuyas tierras ya comercializaba
para su Campeche Country Club.
Asimismo,
detalló las irregularidades mediante las que, con la complicidad de
funcionarios de todas las instancias del sector agrario y municipal, así como
notarios públicos –todos vinculados a los Mouriño– se consumó el despojo.
Juan
Camilo Mouriño y Calderón. Foto: Miguel Dimayuga.
La
operación fue dirigida por Antonino Almazán Arteaga, ex delegado del Registro
Agrario Nacional (RAN) en Yucatán. Él, de acuerdo con documentos que posee este
semanario, registró a su nombre y de sus familiares mil 900 lotes ejidales sólo
en aquella entidad, pero desde hace años también es frecuentemente mencionado
en casos de despojo en Campeche y Quintana Roo.
En
aquel reportaje se identificaban, como empleados de Almazán y presuntos
testaferros de los Mouriño, a Moisés Manzur Cisneyros, empresario que
perteneció al entorno más cercano a Javier Duarte, y Alfonso Ortega López,
quien hace unos meses confesó cómo era el sistema de ingeniería financiera con
el que el exgobernador de Veracruz lavaba dinero.
También
se identificó a Miguel Velázquez Nieva, el topógrafo que firmó el plano del
deslinde de los terrenos de Lerma. A él supuestamente se le asignaron 600
parcelas; a Cruz García Ramírez, quien se benefició con 42 terrenos; a Luis
Alberto Cu Flores, que recibió 19; a Jorge Enrique Pérez Ruiz –hermano de Geni
Pérez Ruiz, abogada de Almazán y exempleada de la Procuraduría Agraria–, quien
consiguió 61 lotes, y Abel Muñoz Lagunes, que se hizo de 51.
De
igual manera se mencionó a María Isabel Riveroll Mendoza, Santa Bartola Acuña
–contadora de Almazán–, Héctor Apolinar Huesca, Jorge Enrique Pérez Ruiz,
Eugenia del Socorro Pérez Ruiz, Damián Víctor Manuel Urtusuástegui y Pablo
Gómez Rico.
A
la postre, la mayoría de ellos –cuyos nombres también figuran en los padrones
de ejidatarios o posesionarios de tierras ejidales en lugares vecinos, como
Tulum y Holbox, en Quintana Roo– resultaron implicados en el caso Duarte, quien
gobernó Veracruz de 2010 a 2016.
AÑOS DE IRREGULARIDADES
El
despojo de Lerma comenzó a gestarse a principios de 2008, en el sexenio de
Calderón. Las primeras reuniones para convencer a los ejidatarios de vender sus
tierras se efectuaron en la sede del PAN municipal de esa ciudad, según May
Can:
“Nos
mandaron llamar a 20 ejidatarios que ellos consideraban líderes a una junta en
el PAN municipal. Acudimos, y el que salió a atendernos fue (Georg Rubén)
Silesky Mata, quien era en ese entonces secretario de acuerdos del Tribunal
Agrario en Campeche”, relata May Can.
Tiempo
después Silesky Mata fue ascendido a magistrado del Tribunal Agrario en
Quintana Roo. De ese estado se fue a Oaxaca, con el mismo cargo.
May
Can, quien fue dirigente del Movimiento Campesino Tierra y Justicia, comenta
que en aquellas reuniones se les presentó el proyecto de Lerma como “un nuevo
Campeche”.
A
por lo menos una de esas juntas –realizada en el hotel Francis Drake, en el
centro de la ciudad– acudieron el entonces diputado panista Juan Carlos Lavalle
Pinzón y su primo, el actual senador Jorge Luis Lavalle Maury, rememora el
luchador social.
“¡Eso
es una total y absoluta mentira, es una difamación!”, replica en entrevista
aparte Lavalle Maury: “No sé quién esté inventando todo eso, pero yo nunca he
tenido nada que ver con asuntos de tierras en Lerma”.
Acepta
conocer a Antonino Almazán. Aclara que alguien se lo presentó hace muchos años
en el aeropuerto local, pero asienta que nunca tuvo tratos con él “y menos de
tierras”.
En
cuanto a Velázquez Nieva y el resto de los personajes que hoy se mencionan como
prestanombres de Duarte, sostiene que no los conoce, que nunca los ha visto ni
sabe quiénes son. Asienta que tampoco identifica a Silesky Mata.
Lavalle
Maury es el mismo que, en abril de 2009 y como coordinador de campaña de Mario
Ávila Lizárraga (el entonces candidato del PAN a la gubernatura), fue acusado
por el Grupo Megamedia –editor de El Diario de Yucatán– de intentar sobornarlo
con recursos de la Lotería Nacional. El señalamiento también fue contra Carlos
Mouriño Terrazo, hermano de Juan Camilo.
Como
legislador federal, Lavalle Maury impulsó el desmantelamiento, que está en
puerta, de la planta termoeléctrica de Lerma, ubicada a unos metros de la
entrada al Country Club de los Mouriño.
Para
tentarlos a ceder sus tierras y moverlos a convencer al resto de los
ejidatarios, recuerda May Can, los funcionarios-empresarios les ofrecieron,
para empezar, camionetas Tornado, “y nos tiraron las llaves de algunas. Yo no
acepté, pero Silesky Mata me advirtió que lo tendría que hacer”.
Así
empezó su tormentosa disputa legal en defensa de su ejido.
En
este contexto, abunda, el actual gobernador, Alejandro Moreno Cárdenas (priista
que habrá de gobernar de 2015 a 2021), lo hizo encarcelar por invasión, lo
sentenció a tres años de cárcel y lo dejó en libertad pero con medidas de
restricción que le impiden hacer declaraciones o acercarse a personas
implicadas en el caso.
Al
salir de la cárcel se le detectó un cáncer. Cuando el padecimiento entró en
fase terminal decidió romper su mordaza. Milagrosamente logró superar la
enfermedad, “lo que me regresó el brío para continuar mi batalla legal”.
Hasta
el momento ha podido dejar a salvo –como tierras ejidales– 360 hectáreas. Sin
embargo, los miembros del comisariado, bajo el control de Velázquez Nieva y
Santa Bartolo, siguen traficando con las tierras que quedaron mediante
procedimientos irregulares.
Un
hombre identificado como Martín Alvarado, presunto empleado de la Procuraduría
Agraria en Mérida, parece ser el encargado de vender las tierras asignadas a
Velázquez Nieva, delinea May Can.
LOS EJIDATARIOS QUE NO LO SON
El
21 de agosto de 2011 irrumpieron en Lerma Moisés Manzur, Apolinar Huesca
Damián, Pablo Gómez Rico, Santa Bartolo Acuña y Rafael Gerardo Rosas Bocardo.
En una asamblea se les intentó reconocer como ejidatarios. La reunión se
disolvió debido a la oposición de May Can y su grupo.
Pero
Gabriela Albarrán, comisaria municipal de Lerma en el periodo 2012-2015 –y con
fechas anteriores a 2011– expidió cartas en las que “reconocía” como habitantes
de la zona a esas personas, quienes en realidad eran prestanombres de Duarte,
según May Can.
Esa
documentación ya no está en los archivos de la comisaría municipal, que preside
Omar Alberto Uc Sánchez. Se quemó en un incendio del inmueble o la extravió la
anterior administración, asegura, nervioso, el oficial mayor Ángel Chan Novelo,
quien indica a la corresponsal que cualquier explicación al respecto la
solicite “por la vía institucional al ayuntamiento de Campeche”.
May
Can cuenta: “Nosotros solicitamos por escrito las cartas de avecindados que
expidió la comisaría municipal a estas personas y nos respondieron que no hay
archivos, que todos se los llevó la anterior administración. Pregunté al
comisario si denunció, porque eso es un delito, y si no lo hizo, él sería
cómplice, porque no es posible que se desaparezcan así nada más todos los
registros de un pueblo. No ha respondido”.
Y
asevera que no sólo ahí están desapareciendo documentos relativos al caso
Lerma. También en el Registro Agrario Nacional (RAN).
“Lo
bueno que tenía ya todas mis copias de las actas de asamblea, porque la PGR fue
a visitar a los del comisariado y ellos dijeron que yo no soy ejidatario, que
fui a extorsionarlos y a pedirle al comisario 1 millón de pesos. Con mis actas
demostré quiénes mienten aquí.”
Comenta
que impugnó todas las asambleas celebradas desde 2007 en las que se
reconocieron nuevos ejidatarios. En este sentido dice que los 16 presuntos
prestanombres de Duarte fueron indebidamente reconocidos hasta en seis
asambleas diferentes como avecindados.
“No
se explica uno cómo pudo suceder si no es por la corrupción. Se supone que ni
el propio sistema del RAN lo permite. Sólo una vez puede darse ese
reconocimiento y aquí lo hicieron hasta seis veces con las mismas personas y
los mismos predios, supongo que previendo que, si en una asamblea se anulaba
alguna declaratoria, pues estaban otra y otra”, añade.
Entre
las actas de asamblea que May Can impugnó está la del 1 de agosto de 2010, en
la que se asignaron a Mauricio Teodoro Jiménez Canet Villegas las parcelas 420,
699 y 670, que suman una superficie de 90 hectáreas. Ese terreno fue vendido
por el excomisario ejidal Ángel Felipe Dzib Can.
También
repudió la asamblea del 7 de junio de 2009, en la que entraron como ejidatarios
Abel Muñoz Lagunes, “soltero, agrónomo, de 25 años, originario de Córdova,
Veracruz”; Cruz García Ramírez, “soltero, empleado, de 31 años de edad y
originario del ejido Benito Juárez, Carmen (Campeche)”; Miguel Velázquez Nieva,
“soltero, agrónomo, de 28 años, oriundo de Benito Juárez, Carmen, Campeche”.
Otra
importante reunión que May Can desconoce es la del 25 de enero de 2009, cuando
fueron “reconocidos como posesionarios” y se les asignaron parcelas a Muñoz
Lagunes, ingeniero agrónomo nacido en Córdova el 10 de noviembre de 1983,
soltero; a Velázquez Nieva, “ingeniero agrónomo nacido el 14 de octubre de
1981, soltero”, y a García Ramírez, comerciante, soltero, originario del ejido
Benito Juárez, Carmen, nacido el 3 de mayo de 1978.
También
recibió el “título” Luis Alberto Kuk Flores, de la ciudad de Campeche, nacido
el 3 de junio de 1961, soltero, comerciante y con domicilio fiscal en Torres de
Cristal –sede del Grupo Energético del Sureste, corporativo de los Mouriño–. Él
es el posesionario de varios de los lotes donde los Mouriño edificaron
infraestructura aledaña al Country Club, como el Colegio Cumbres y un hospital.
De
igual manera impugnó la asamblea del 21 de agosto de 2011, que se caracteriza
porque fue la primera cuyas actas fueron firmadas por personas fallecidas.
Aquel día fueron reconocidos como avecindados y ejidatarios Moisés Manzur
Cisneyros y Alfonso Ortega López.
El
6 de noviembre de 2011 fueron aceptados, con igual calidad, María Isabel
Riveroll Mendoza, José Juan Janeiro Rodríguez y Rafael Gerardo Rosas Bocardo.
May Can también repudia la junta en que ocurrió esto.
El
11 de diciembre de 2011, en tanto, de nuevo entraron como avecindados y
ejidatarios Velázquez Nieva, García Ramírez, Muñoz Lagunes, Ortega López, Manzur
Cisneyros, Riveroll Mendoza, José Juan Janeiro, Rosas Bocardo, Jorge Enrique
Pérez Ruiz, Santa Bartolo Acuña, Eugenia del Socorro Pérez Ruiz, Héctor
Apolinar Huesca Damián, Víctor Manuel Urtusuástegui Astorga y Pablo Gómez Rico.
“Falta
que la autoridad decrete la nulidad. Estamos presentando pruebas, pero voy
despacio porque no está fácil conseguir el dinero para la documentación
certificada”, explica.
Apunta
que aunque sigue el tráfico de tierras, el RAN no debe registrar ninguna acta
de asamblea en la que se reconozcan nuevos avecindados o ejidatarios en tanto
no se resuelva este caso.
“Lo
que queremos es demostrar que ninguna de esas personas es, ni ha sido nunca,
avecindado en Lerma, por lo que su reconocimiento como ejidatarios es ilegal.
Queremos que los presenten ante la justicia y que las tierras regresen al
ejido.”
Este
reportaje se publicó en la edición 2122 de la revista Proceso del 2 de julio de
2017.
(PROCESO/
REPORTAJE ESPECIAL/ ROSA SANTANA / 5
JULIO, 2017)