En medio de una creciente ola de
violencia en el País, la Auditoría Superior de la Federación reportó que la
mayoría de los municipios presentan irregularidades en el gasto de los recursos
de seguridad pública en 2016
En Ensenada, Baja California, la ASF
tuvo que solicitar la reintegración de 41 millones 503 mil pesos, luego del mal
manejo aplicado a esos fondos, en donde 38 millones 691 mil 200 pesos se
traspasaron a otras cuentas bancarias
Juárez, Chihuahua, municipio con graves
problemas de seguridad, se dio el lujo de devolver 3.7 mdp a la federación, por
no aplicarse en seguridad
Para retener inversiones y captar nuevos
capitales que permitan la creación de empleos de mayor calidad y mejor
remunerados, las autoridades deben atender el clima de inseguridad que se vive
en el país, dice Gustavo de Hoyos Walther
Gustavo de Hoyos Walther dijo que
acudirá al Congreso de la Unión para demandar que en el próximo periodo
ordinario de sesiones sea prioridad la revisión del marco legal de la actuación
de las Fuerzas Armadas en la estrategia de seguridad
“El sector patronal reclama que la
Procuraduría General de la República y cada una de las procuradurías de los
estados intensifiquen su trabajo de persecución de los delincuentes”
Gustavo de Hoyos Walther
Presidente de la Coparmex
La ASF establece que en nueve meses el
órgano de seguridad recibió 203 mil 248 bienes, entre uniformes, material de
seguridad y prendas de protección, por un monto de 238 millones 847 mil 800
pesos
El incumplimiento de la Secretaría de
Gobernación en sus metas del programa de Fomento de la Cultura de la
Participación Ciudadana en la Prevención del Delito puede tener impacto en el
incremento de la violencia que ha repuntado en todo el país
Otro renglón en donde la ASF encontró
falta de transparencia en el manejo de los recursos destinados al
fortalecimiento de la seguridad pública, fue en el de la capacitación y
aplicación de los controles de confianza de los elementos
Algunas de las acciones que no fueron
cumplidas por la Segob, pese a contar con los fondos económicos, fueron en
relación con la atención a los factores de riesgo, como los embarazos de
temprana edad, el consumo de drogas y el abandono escolar
2,452 Homicidios dolosos se registraron
en mayo pasado en México, es la cifra más alta en los últimos 20 años
1 millón 074 mil Pesos pena impuesta a
la Policía Federal por el atraso en la entrega de bienes
7,700 Pesos costo de cada uniforme de
gala para dama de la Policía Federal
166 Actividades de estrategia para la
prevención social del delito en todo el país planeó la Segob
153 Actividades del total planeado por
la Secretaría de Gobernación, se llevaron a cabo
108 Municipios más conflictivos habrían
sido beneficiados con las acciones programadas en 2016
34.9 Por ciento del total de policías
del país inscritos en el Servicio Profesional de Carrera, afirma la ASF, fue
capacitado
Los índices delincuenciales
van al alza en todo el país. Con 2 mil 452 homicidios dolosos, mayo se
convirtió en el mes más violento de los últimos 20 años.
De acuerdo con el informe de
la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en una gran cantidad de
municipios que recibieron recursos como parte del programa de Otorgamiento del
Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública, no
hubo cabal trasparencia en el ejercicio de los fondos federales destinados a la
seguridad.
Las observaciones que hizo la
ASF van desde subejercicios, falta de control interno y violación a la
normatividad de adquisiciones hasta incumplimiento de metas y transparencia,
eventos que ocasionaron quebrantos a la hacienda pública federal al no haberse
ajustado la aplicación de los fondos destinados al fortalecimiento de la
seguridad, tal como lo establece la norma federal.
En el municipio de
Aguascalientes, la autoridad local incurrió en inobservancias de la norma
administrativa, principalmente en materia de transferencia y destino de los
recursos y transparencia, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública
Federal por un importe de 4 millones 211 mil 600 pesos.
Lo mismo sucedió en el
municipio de Jesús María, también del estado de Aguascalientes, en donde la ASF
tuvo que solicitar la devolución de 161 mil 500 pesos a la tesorería de la
federación, luego dichos fondos que se debieron aplicar a los costos de
dictámenes de control de confianza de policías locales, nunca se ejercieron.
En el municipio de Ensenada,
Baja California, la ASF tuvo que solicitar la reintegración de 41 millones 503
mil pesos, luego del mal manejo aplicado a esos fondos, en donde 38 millones
691 mil 200 pesos se traspasaron a otras cuentas bancarias, y 2 millones 730
mil 900 pesos no fueron pagados a proveedores que incumplieron en la entrega de
bienes; allí, 81 mil 100 pesos simplemente no fueron utilizados para fortalecer
la seguridad pública municipal.
En Tijuana, Baja California,
la autoridad local incumplió con las obligaciones de transparencia sobre la
gestión del fondo federal de apoyo para seguridad pública, ya que el municipio
no publicó -en su página de internet, ni en medios locales de difusión- los
informes trimestrales sobre la información relacionada con el ejercicio y
destino de los recursos del programa, en donde se dejó de ejercer el 1.7 por
ciento de los 54 millones 789 mil pesos recibidos.
En el municipio de La Paz,
Baja California Sur, uno de los focos en donde se ha concentrado la violencia
en los últimos meses, la ASF tuvo que reclamar la devolución de 3 millones 411
mil 600 pesos, de los cuales 3 millones 080 mil 200 pesos simplemente no fueron
ejercidos, en tanto que otros 331 mil 400 pesos resultaron de la “la falta de
aplicación de penas convencionales a los proveedores por el retraso en la
entrega de los bienes”.
En Los Cabos, Baja California
Sur, otra de las ciudades más violentas del país, la ASF reconoció en su
informe del 2016, que hubo “irregularidades administrativas en el rubro de
transferencia de recursos y rendimientos financieros”, pues aunado al retraso
con que se hizo la entrega de participaciones por parte del Gobierno estatal,
también “el municipio incurrió en inobservancias de la normativa,
principalmente en materia de transferencia de recursos, destino de los recursos
y transparencia; así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de
la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público”.
En el municipio de Campeche
también saltaron a la luz las dudas sobre el manejo de los fondos destinados a
la seguridad; allí, la ASF determinó “incumplimientos de la normativa en
materia de transparencia, en virtud de que el Gobierno del estado de Campeche
no sujetó a evaluaciones de desempeño los recursos, para verificar el grado de
cumplimiento de objetivos y metas”, lo que hizo que no se aplicaran fondos por
726 mil 900 pesos.
En el municipio de Carmen,
también en Campeche, el órgano fiscalizador tuvo que solicitar la devolución de
632 mil 600 pesos que no se aplicaron en pago de becas a aspirantes a policía
municipal, diplomado para mandos de la policía y cursos de capacitación y
equipamiento para personal de seguridad pública, pese a que esos recursos que
ya estaban autorizados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
la ASF reclamó la devolución de un millón 641 mil pesos, luego que 835 mil 500
pesos no se reflejaron en las compras argumentadas de bienes para la policía
local, y otros 805 mil 500 pesos se utilizaron para pagar bienes que no se
ajustaron a las características y especificaciones solicitadas en los contratos
de compra de la dirección de seguridad pública de ese municipio.
LA LISTA SIGUE
En la capital de Chihuahua,
el órgano fiscalizador solicitó la devolución del 0.3 por ciento de los 50
millones 935 mil 500 pesos destinados al fortalecimiento de la seguridad
pública municipal, luego que esa proporción no fue utilizada por
“incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos,
adquisiciones, así como de evaluación y cumplimiento de metas, objetivos e
indicadores”.
Lo mismo sucedió en
Cuauhtémoc, Chihuahua, otro municipio con más homicidios dolosos de todo el
país, en donde la administración municipal no hizo uso del 2.7 por ciento de
los 12 millones 269 mil 700 pesos destinados al fortalecimiento de la seguridad
pública local, esto como resultado de “incumplimientos de la normativa en materia
de transferencia de recursos, registro e información financiera de las
operaciones, transparencia, así como evaluación y cumplimiento de metas,
objetivos e indicadores”.
Otro municipio con graves
problemas de seguridad, pero que devolvió fondos a la federación, luego de que
no fueron aplicados en su programa de seguridad pública, fue Juárez, en el
estado de Chihuahua, en donde la federación reclamó la devolución por 3
millones 731 mil pesos, luego que se encontró que no se pagó la evaluación del personal
policiaco adscrito al municipio.
A la lista de municipios que
no cumplieron cabalmente con el manejo de los fondos federales otorgados para
el fortalecimiento de la seguridad pública, también se suman Saltillo,
Coahuila, que dejó sin ejercer en el 2016 el 1.1 por ciento de los 44 millones
860 mil 200 pesos otorgados por la federación; Villa de Álvarez, Colima, que
tuvo que devolver un millón 754 mil 500 pesos que no ejerció oportunamente; el
municipio de Durango, que no ejerció el 3.3 por ciento de los 20 millones 209
mil 800 pesos que recibió para mejorar la seguridad pública local.
Otros municipios observados
por la ASF, por el incumplimiento en el manejo de los fondos destinados al
fortalecimiento de la seguridad pública local son Gómez Palacio, Lerdo y Pueblo
Nuevo, en Durango; Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Naucalpan y Nezahualcóyotl, en
el Estado de México; Irapuato y León, en Guanajuato; Acapulco, en Guerrero;
Guadalajara, en Jalisco, La Piedad y Tarímbaro, en Michoacán; Cuautla y
Cuernavaca, en Morelos; Bahía de Banderas y Tepic, en Nayarit.
PIDE COPARMEX REVISIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
El presidente de la Coparmex,
Gustavo de Hoyos Walther pidió a las autoridades encargadas de las tareas de
seguridad atender el clima de inseguridad que se vive en el país, uno de los
temas estratégicos que se deben resolver y abatir.
Durante su mensaje semanal,
el líder empresarial afirmó que solo de esta forma se puede alcanzar un
verdadero bienestar que sirva para retener inversiones y captar nuevos capitales
que permitan la creación de empleos de mayor calidad y mejor remunerados.
“Esta lastimosa realidad
requiere con urgencia que todos aportemos a una serie de análisis sobre los
cambios estructurales y tácticos que se necesitan en México en materia de
seguridad. Reiteramos que el modelo de incorporación de las tareas de seguridad
que se concentraron en la Secretaría de Gobernación debe de ser revisado a
fondo”, señala.
Según lo señalado por el
representante de los órganos empresariales, la incidencia delictiva ha
alcanzado niveles alarmantes en muchas entidades del país, situación a la que
tienen que hacer frente día a día muchos de los agremiados a Coparmex, lo cual
se traduce no solo en un freno a la competitividad sino que atenta contra la
tranquilidad de las comunidades.
“En nuestras visitas a los
Centros Empresariales de todo el país, los socios y los consejeros de COPARMEX
nos han expresado su inquietud creciente por el alza de los delitos como
homicidios, robos a comercios que se traducen en una afectación de la
tranquilidad en las ciudades y en los estados”.
Gustavo de Hoyos también
apuntó que acudirá al Congreso de la Unión para demandar que en el próximo
periodo ordinario de sesiones sea prioridad la revisión del marco legal de la
actuación de las Fuerzas Armadas en la estrategia de seguridad, así como la
discusión de la Ley de Seguridad Pública que contempla el mando mixto para
coordinar a los cuerpos policiacos.
“Y en tanto se resuelve el
marco normativo y se revise el diseño institucional de los cuerpos y
corporaciones de seguridad el sector patronal reclama que la Procuraduría
General de la República y cada una de las procuradurías de los estados
intensifiquen su trabajo de persecución de los delincuentes.
“Es impostergable que los
gobernadores y los alcaldes asuman plenamente y cuanto antes la responsabilidad
primaria en materia de seguridad para la protección física y patrimonial de los
ciudadanos”, dijo.
El presidente de Coparmex
pidió también que se actualicen los códigos penales para que haya una revisión
exhaustiva de la tipificación de los delitos, y sobre todo una correcta
instrumentación a efecto de que los criminales no vuelvan a las calles de forma
inmediata.
“Con estas acciones y
propuestas el sector patronal reafirma su compromiso de trabajar y aportar
propuestas que coadyuven a identificar los focos rojos en materia de seguridad
y a diseñar nuevas formas de coordinación y gestión eficaces, para abatir los
delitos que más afectan a la sociedad”.
El líder del organismo
patronal también tuvo palabras de solidaridad con el gremio periodístico por la
situación de violencia que lo ha alcanzado, por el asesinato de siete
comunicadores durante el año y por las múltiples denuncias de amenazas.
“Exigimos que se investigue
hasta las últimas consecuencias, y desde luego que el peso de la ley caiga
sobre los responsables de cada uno de ellos. No podemos tolerar más impunidad
en México”, remarcó.
“Exigimos que se investigue
hasta las últimas consecuencias, y desde luego que el peso de la ley caiga
sobre los responsables de cada uno de ellos. No podemos tolerar más impunidad
en México”.
SIN CLARIDAD LA POLICÍA FEDERAL
Entre las observaciones que
la ASF ha realizado a la aplicación de los fondos de la cuenta pública del
2016, destacan las señaladas a la Policía Federal, en donde no existe claridad
en el manejo del dinero que se destinó al programa de Adquisición de Vestuario,
Uniformes, Materiales de Seguridad y Prendas de Protección, según el resultado
de la auditoría financiera y de cumplimiento marcada con el número
16-5-04L00-02-0020.
En este renglón se establece la
“falta de aplicación de penas convencionales” por un monto de un millón 074 mil
pesos, por concepto del atraso en el cumplimiento de la entrega de 2 mil 108
bienes (grados) los cuales debieron entregarse a más tardar el 31 de diciembre
de 2016, según lo establecido en el correspondiente contrato marcado con el
número SEGOB/PF/CSG/DRM/C040-A/2016.
En su informe, la ASF
establece que en la Policía Federal se recibieron, en el periodo del 5 de
octubre de 2015 al 8 de julio de 2016, un total de 203 mil 248 bienes, entre
uniformes, material de seguridad y prendas de protección, por un monto de 238
millones 847 mil 800 pesos, pero se registraron notas de entrada con precio
unitario de un peso, y con la observación de “Sin pedido y sin contrato Ad
Cautelam”, para posteriormente, ser modificadas con el precio unitario señalado
en el contrato.
“Las notas de entrada al
almacén de la Policía Federal no cumplieron con los requisitos establecidos
para la recepción de los bienes”, dice el informe de la ASF, “no se contó con
la justificación ni autorización para efectuar cambios en los bienes
solicitados en el contrato número SEGOB/PF/CSG/DRM/C040-A/2016 de 490 uniformes
de gran gala y 490 zapatos para caballero, y en su lugar se recibieron el mismo
número de bienes para dama, los cuales tuvieron un costo menor de 7 mil 700
pesos”.
Por lo anterior, la ASF
determinó “recuperaciones probables por un millón 074 mil pesos”, que dieron
origen a 10 observaciones, de las cuales tres fueron solventadas por la entidad
fiscalizada antes de la integración del informe, en tanto que las otras siete
dieron curso a nueve recomendaciones, cuatro promociones de responsabilidad
administrativa sancionatoria y un pliego de observaciones.
En el renglón de Servicios de
Mantenimiento a Vehículos, Aviones y Helicópteros, también la Policía Federal
fue objeto de observaciones por parte del órgano fiscalizador de la federación,
pues se determinó que esa dependencia “pagó en demasía por 108 mil 300 pesos,
debido a que los entregables de las refacciones se facturaron a un precio
superior al establecido en el anexo técnico del contrato”.
SEGOB TAMPOCO CUMPLE
A lo anterior se suma también
la deficiencia de la propia Secretaría de Gobernación, dentro del programa
Fomento de la Cultura de la Participación Ciudadana en la Prevención del
Delito, en donde la ASF detectó irregularidades en las metas trazadas.
De acuerdo con la Auditoría
de Desempeño 16-0-04100-07-0016, se establece el incumplimiento de actividades
en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia en las 32
entidades federativas.
Según los datos de la ASF, la
Secretaría de Gobernación planeó 166 actividades de estrategia para la
prevención social del delito en todo el país, de las que solamente se llevaron
a cabo 153, es decir el 92.2 por ciento de la meta; de las 75 actividades
programadas con la participación de la Comisión Intersecretarial, solamente se
realizaron 58, que representan sólo el 77.3 por ciento de la meta establecida.
El incumplimiento de la
Secretaría de Gobernación en sus metas del programa de Fomento de la Cultura de
la Participación Ciudadana en la Prevención del Delito puede tener impacto en
el incremento de la violencia que ha repuntado en todo el país en este año,
pues muchas de las acciones programadas en el 2016 estaban destinadas a
aplicarse en los 108 municipios más conflictivos de todo el país.
Muchas de las acciones que no
fueron cumplidas por la Secretaría de Gobernación, pese a contar con los fondos
económicos para ello, fueron en relación con la atención a los factores de
riesgo, como los embarazos de temprana edad, el consumo de drogas, el abandono
escolar, la falta de oportunidades laborales, la carencia de la participación
ciudadana, los entornos de ilegalidad, los espacios públicos insuficientes y
deteriorados, y la marginación y exclusión social.
Otro renglón en donde la ASF
encontró falta de transparencia en el manejo de los recursos destinados al
fortalecimiento de la seguridad pública, fue en el de la capacitación y
aplicación de los controles de confianza de los elementos de seguridad pública
por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
a fin de contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia en el
país.
En ese sentido, se encontró
que el Secretariado Ejecutivo evaluó a 332 mil 364 policías inscritos dentro
del Servicio Profesional de Carrera, que equivalen al 99 por ciento de todos
los policías del país, de los que 291 mil 337, que representan el 87 por
ciento, acreditaron con el principio de integridad, sin embargo, la entidad
fiscalizada -dice el informe- sólo dispuso de información respecto de la
capacitación del 34.9 por ciento, es decir un total de 117 mil 237 elementos,
por lo que no fue posible validar si el 65.1 por ciento restante se encontraba
capacitado para desempeñar sus funciones, a fin de proteger a la población.
(REPORTE INDIGO/ J. JESÚS LEMUS /MARTES
4 DE JULIO DE 2017)