Los
gigantes mineros han recibido un trato de privilegio inaudito. Se les han
perdonado pagos de impuestos por cientos y cientos de millones de pesos; se les
han construido obras con dinero público y se les ha ofrecido un marco de
impunidad. Todo a cambio –en el mejor de los casos– de una promesa de progreso
para las comunidades en que se asientan. Pero uno de los análisis más rigurosos
realizados a la fecha desmonta esa falsedad: las empresas extractivas perpetúan
la pobreza y expolian. Sólo, pues, se enriquecen ellas y las autoridades que
las favorecen.
CIUDAD
DE MÉXICO (Proceso).- La promesa de que el desarrollo y la abundancia vendrán
de la mano de proyectos mineros es un engaño: los municipios de Mazapil,
Zacatecas; Ocampo, Sonora; o Eduardo Neri, Guerrero, se dedican a la extracción
de oro desde hace décadas, y más de 20% de su población vive en la pobreza
extrema.
Más
de la mitad de los 22 municipios mexicanos que concentran la producción
nacional de oro sufre una tasa de pobreza extrema mayor al promedio nacional, y
76% de ellos rebasa el promedio nacional de población en situación de pobreza,
según el Anuario 2016 de las actividades extractivas en México, que publicó la
organización Fundar la semana pasada.
“Nos
arriesgamos a poner este tipo de datos porque son centros históricos de
producción minera, algunos de esos municipios han extraído oro desde principios
de siglo, los proyectos mineros siempre se presentan bajo el discurso del
desarrollo, que es en realidad un mito”, explica la investigadora Beatriz
Olivera, una de las autoras del informe, en entrevista.
Según
Olivera, llegó el momento de reflexionar sobre el trato que goza la minería en
el país, pues la extracción de minerales es una de las actividades más
contaminantes y generadoras de conflictos sociales en el país, y –en contraste–
el sector minero contribuyó con apenas 0.32% de los ingresos del gobierno
federal en 2016.
La
Secretaría de Economía (SE), que regula el sector minero en México, cierra los
ojos ante los abusos de las empresas desde hace años: no sanciona a las que
evaden impuestos, no inspecciona las obras ni tampoco lleva un registro
detallado de los consorcios mineros, pese a las reiteradas observaciones y
recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en los últimos
ocho años.
En
2015, por ejemplo, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) cobró derechos
adicionales apenas a una de cada 10 empresas obligadas, y la SE no tomó medidas
para sancionar a las que omitieron el pago.
Para
colmo, el año pasado fue la ASF la que identificó a por lo menos 59 empresas y
grupos mineros que evadieron “presuntamente” el pago de derechos mineros, y
exigió al SAT que las investigara.
Entre
ellas destacan subsidiarias de poderosas empresas mexicanas, ya sea Grupo
México (propiedad de Germán Larrea) o Industrias Peñoles (de Alberto
Bailleres), empresas de capital canadiense como Gold Resources Corporation o
Argonaut Gold Inc., y gigantes internacionales de la minería y la metalurgia
como ArcelorMittal.
Según
Olivera, este andamiaje institucional fue “probablemente” diseñado para ser
ineficiente. “Lo que podemos afirmar es que las empresas mineras actúan en este
país con muchísima impunidad, escudándose detrás del argumento de los empleos.
Pero es cínica y descarada en este sentido”, añade.
TRATO DE FAVOR
Grupo
México pagó una multa de apenas 23 millones de pesos por su responsabilidad en
el derrame de 40 mil metros cúbicos de una mezcla de sulfato de cobre y metales
pesados en el río Sonora, que provocó su filial Buenavista del Cobre el 6 de
agosto de 2014.
En
paralelo, la compañía –que fue señalada por la ASF como probable evasora de
impuestos– creó un fideicomiso de 2 mil millones de pesos para revertir las
afectaciones directas de la contaminación a 22 mil personas.
El
caso del derrame de tóxicos en el río Sonora –calificado en su momento del
“mayor desastre ambiental en la historia de la industria minera de México– se
abordó durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se llevó
a cabo en Ginebra el jueves pasado, y en la que se presentó el Informe Final
sobre México del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos.
Este
documento subrayó que, si bien Grupo México se comprometió a instalar 28
plantas de tratamiento de agua con tecnología de filtración de metales pesados
y una clínica especializada, el consorcio construyó solamente una planta –que
no está en pleno funcionamiento–, mientras que la obra de la clínica “nunca se
llegó a completar”.
Al
ser catalogado como un sector estratégico para la economía nacional, la minería
tiene prioridad sobre las demás actividades y cuenta con una legislación que
incita a los estados y municipios a actuar a favor de las empresas mineras en
caso de conflicto social.
A
la fecha existen 25 mil 178 títulos de concesiones mineras vigentes en el país,
las cuales cubren más de 21 millones de hectáreas, y mil 609 concesiones se
encuentran en Áreas Naturales Protegidas (ANP).
El
estudio de Fundar subraya que el gobierno mexicano otorgó mil 36 títulos de
aprovechamiento de agua al sector minero, equivalentes a 436 millones de metros
cúbicos del líquido cada año, la mitad del cual se extrae en tres estados:
Sonora, Zacatecas –dos regiones de alto estrés hídrico– y Michoacán.
El
trato tan favorable a la industria minera no sólo viene del Ejecutivo: el
pasado 9 de mayo un grupo de diputados priistas presentó una propuesta de
reforma al artículo 33 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que, de
aprobarse, permitiría a las empresas mineras deducir de sus impuestos 100% de
los costos de exploración de yacimientos.
Para
justificar su propuesta, los priistas aseveraron que México “dejó de ser un
lugar atractivo para la inversión minera” debido a la depreciación del precio
de los minerales y de la reforma fiscal de 2014.
“Es
un cheque en blanco para las empresas mineras, porque les va a permitir
invertir grandes cantidades en exploración y recuperar esos costos. La
exploración no es una actividad que no perjudique las comunidades o no tenga
impactos ambientales”, se indigna Olivera.
Por
si fuera poco, el pasado miércoles 7, la agencia Reuters informó que seis
empresas mineras canadienses –entre ellas el gigante Goldcorp– reclaman al SAT
más de 360 millones de dólares –más de 6 mil 400 millones de pesos, al cambio
actual– en devoluciones de Impuesto al Valor Agregado.
NEGLIGENCIA DOLOSA
En
diciembre de 2013, el gobierno mexicano instauró tres nuevos tipos de derechos
mineros, que las empresas tendrían que pagar a partir de 2015: el derecho
“especial” establece un cobro de 7.5% de los ingresos sobre las ventas
derivadas de las actividades extractivas, el “extraordinario” plantea un cobro
adicional de 0.5% sobre la venta de oro, plata y platino, y el “adicional”
plantea una recaudación para los concesionarios que no realizaron obras.
Con
estos derechos, el gobierno federal pretende compensar los daños que genera la
minería en los municipios y los estados donde se extraen los minerales, y sacar
un mayor provecho de la industria, pues entre 2006 y 2015 recaudó apenas 1.3%
de las ganancias del sector.
Sin
embargo, la incompetencia de la SE y del SAT –dolosa o no– permitió a la gran
mayoría de las empresas mineras evadir el pago, y si bien el SAT recaudó 2 mil
612 millones de pesos de los derechos mineros en 2015, la cantidad debió ser
mucho mayor.
Lo
anterior quedó plasmado en un informe sobre la recaudación y aplicación de los
derechos mineros, que la ASF terminó el pasado 24 de noviembre. Olivera subraya
el carácter “bastante irreal” del documento que, según ella, debió haber
detonado una comparecencia de Ildefonso Guajardo Villarreal, el titular de la
SE, en el Congreso.
Según
la ASF, la SE no incluyó, en su padrón de títulos de concesiones mineras, la
identidad de la gran mayoría de los concesionarios –es decir, aparecen sin
razón social ni Registro Federal de Contribuyentes– y la dependencia no
registraron los volúmenes de oro, plata o platino que extrajeron, por lo que
tampoco registraron los ingresos que obtuvieron por su venta.
Este
es un problema mayor, ya que el padrón es el documento que la SE comparte con
el SAT –desde la firma de un “acuerdo de intercambio de información”, en
noviembre de 2015– y que sirve de base para la recaudación de los derechos
mineros.
Dadas
las carencias del documento, “ni el SAT ni la SE han contado con la información
adecuada para determinar los sujetos obligados al pago de los derechos”,
deploró la ASF.
Así,
de los 17 mil 402 títulos de concesión minera vigentes en 2015, apenas 227
empresas pagaron derechos, pese a que por lo menos 2 mil 884 (10 veces más)
estaban obligadas de hacerlo. Ciento cuarenta empresas pagaron el especial, 80
aportaron el extraordinario y siete fueron tasadas con el adicional.
La
ASF observó que la SE no inició los trámites para cancelar los títulos de
concesión de las empresas que no pagaron los derechos y exigió al SAT que realizara
inspecciones fiscales a 59 grandes empresas mineras, a las que el órgano
fiscalizador identificó como “presuntos evasores”.
MUERTOS Y DESTRUCCIÓN
La
Compañía Minera Cuzcatlán es una de las empresas de las que la ASF sospecha que
evadió el pago de derechos. Desde 2011, esta filial del grupo canadiense
Fortuna Silver Mines extrae grandes cantidades de oro y plata de las entrañas
de un cerro cercano al municipio oaxaqueño de San José del Progreso. La
concesión corre hasta el año 2050.
En
2015 incluso sacó cantidades récord de minerales: una tonelada de oro y 138
toneladas de plata. A escasos dos kilómetros de la mina, el municipio –de 6 mil
600 habitantes– sobrevive en condiciones muy precarias: cuatro de cada 10
habitantes padecen pobreza extrema y nueve de cada 10 son pobres.
Rosalinda
Dionisio Sánchez, una de sus habitantes, recuerda en entrevista que el proyecto
minero “llegó con la promesa del desarrollo de las comunidades, como para
convertirlas en ciudades de primer mundo”.
Pero
según Dionisio, quien forma parte de la Coordinadora de Pueblos Unidos del
Valle de Ocotlán, los beneficios han sido escasos para la comunidad: como seis
de cada 10 minas en el país, el capital de la empresa es canadiense, y tanto
los ingenieros como los trabajadores especializados vienen de otros estados de
la República. Los habitantes empleados en la mina cocinan, limpian y mantienen
los viveros, sostiene.
Los
únicos “locales” que sacaron provecho de la mina fueron los integrantes de los
tres gobiernos municipales que se sucedieron desde 2011, subraya la pobladora.
Añade que, hasta la fecha, los pobladores no saben si la empresa entregó dinero
al municipio. Insiste en que, si así fue, las autoridades no informaron en qué
lo invirtió.
La
única certeza que tienen los opositores es que cuatro personas fueron
asesinadas en torno al proyecto minero desde 2011: dos opositores y dos
promotores, quienes fallecieron en un atentado que Dionisio califica de
“escenario preparado para culpar a personas de la coordinadora”. La mujer
indica que también recibió amenazas por su oposición al proyecto.
De
acuerdo con el informe de Fundar, existen por lo menos 35 conflictos
socioambientales en México causados por la industria minera, y en 2016, 10 de
las 63 agresiones contra activistas fueron perpetrados en contextos de
oposición a la minería.
“Nosotros
pedimos que la empresa se vaya de la comunidad porque tenemos la certeza de
que, así deje dinero o algunos proyectos, no nos va a garantizar la salud;
hemos salido a investigar y la mayoría de las minas dejan destrucción de la
tierra. Nosotros nos hemos enfocado en la agricultura, nos preocupa cómo
quedará nuestro pueblo. Si vamos a generar dinero con base en muertos y
destrucción, entonces no la queremos”, añade.
DINERO OPACO
Según
la ASF, el gobierno federal recaudó 4 mil 315 millones de pesos de los derechos
mineros en 2015 y 2016. Este dinero fue depositado en el Fondo para el
Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, mejor conocido
como Fondo Minero, que opera la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu), dirigida por Rosario Robles.
De
este monto, en septiembre de 2016 la Sedatu había aprobado 725 proyectos de
infraestructura básica en 146 municipios, por sólo 843 millones de pesos. Estas
obras consistieron, en su mayoría, en “la pavimentación de calles con concreto
hidráulico, la instalación de sanitarios, la reconstrucción de carreteras y el
mantenimiento del alumbrado público”, según la ASF.
De
nuevo, Olivera asevera que la Sedatu resulta poco transparente en el manejo del
Fondo Minero, y la falta de información impide verificar que el fondo cumpla
con su función de redistribución.
“La
Sedatu emite informes sobre los proyectos de inversión aprobados. Son archivos
en formato PDF que dicen: ‘En tal municipio se realizaron estas 25 obras que
son rehabilitación de un camino’, pero nunca dicen cuánto gastaron. Descubrimos
algunas incongruencias, como municipios que reportan hasta tres o cuatro veces
los montos que han recibido. Son casos que llaman mucho la atención y no
podemos decir otra cosa sino que son muy sospechosos”, señala.
Y
añade: “Lo que nos preocupa es que todas esas actividades, en un contexto
electoral, deberían tener mayor transparencia. Para que no se preste a desvíos,
a favores. Es importante evaluar en dónde se están haciendo esos proyectos
porque inclusive compañeros de comunidades nos señalaron que se construyen y
rehabilitan solamente a los caminos que conectan a la mina”.
Este
reportaje se publicó en la edición 2121 de la revista Proceso del 25 de junio
de 2017.
(PROCESO/
REPORTAJE ESPECIALMATHIEU TOURLIERE/ 1 JULIO, 2017)
