La definición del sexenio del
Presidente Enrique Peña Nieto quedó escrita el jueves pasado con una tarde de
perros en Jalisco, a propósito de las denuncias de espionaje contra
periodistas, abogados de derechos humanos y activistas. En cuestión de horas
amenazó a quienes denunciaron que los espiaban con tomar represalias, y reculó
su lance intimidatorio al afirmar que respetaba la libertad de quienes, poco
antes, amagó con censurar. El Presidente pagó con críticas e insultos en las
redes sociales sus señalamientos, en una escena shakesperiana, donde él, solo
en el centro del escenario, fue fustigado y linchado sin que nadie de quienes trabajan
para él, saliera en su defensa.
Un gobierno completo vio la
aniquilación pública de su jefe, sin entenderse cómo permitieron el juicio
sumario de la opinión pública, y se escondieran para evitar que la indignación
se volteara contra ellos. Una vez más, como tantas veces en el sexenio, Peña
Nieto caminó sobre una plancha de fuego que lo consumió, mientras que sus
colaboradores, en silencio, observaban el sacrificio. El libreto se repite. El
Presidente que los cuida sin que lo protejan, que los defiende sin recibir
reciprocidad, sacó la cara y el coraje por quienes debían, como obligación
ética ante su jefe, haber sido los que enfrentaran el tsunami de acusaciones.
No era él quien debía haberse
metido a la arena pública para hacer una defensa de su gobierno. Nosotros no
espiamos, dijo con una contundencia que sus asesores debían haber evitado y
blindarlo del bumerán que significa involucrarse en el tema del espionaje de un
gobierno. No lo ayudaron a refinar su discurso ni a atemperar su tono. Fue como
si en el gobierno sólo existiera él, y únicamente él fuera la voz de la
administración. ¿Cómo pudo asegurar con tanta convicción que su gobierno no
espía salvo a criminales? Su gobierno es una democracia, dijo sofísticamente,
como si las democracias no espiaran a sus ciudadanos. Cuán equivocado está.
Las democracias sí espían,
como la Agencia Nacional de Seguridad lo hizo con miles de personas –incluido
él- en aras de la seguridad de los Estados Unidos, país donde un Presidente,
Richard Nixon, espió a sus adversarios políticos y con ello transgredió la ley
que le costó la jefatura de la Casa Blanca. Las democracias espían, la mayor
parte de las veces escudadas en la protección de los intereses nacionales,
violando la ley. Los asesores y los colaboradores del Presidente nunca debieron
haber permitido que hablara sobre este tema, porque lo colocaron en el límite
de la legalidad por asegurar cosas que, o no debería conocer, o si los
desconoce, no debería de tocar.
Hay ejemplos históricos que
enseñan cómo se cuida a un presidente para no incurrir en un probable delito.
En Estados Unidos, la más grande democracia, cuando el Presidente John F.
Kennedy autorizó la Mongoose Operatioon para derrocar al régimen de Fidel Castro
en Cuba, la CIA no le informó que también trataría de asesinarlo, no por
saltárselo, sino para evitar que en caso de que le llegaran a preguntar si él
había ordenado el crimen, dijera no saber sin cometer perjurio. En México,
cuando la subsecretaría de Telecomunicaciones, Purificación Carpinteyro, quiso
entregarle al Presidente Felipe Calderón un disco con grabaciones ilegalmente
realizadas al Secretario de Comunicaciones, Luis Téllez, el Secretario de
Gobernación, Fernando Gómez Mont, se interpuso e impidió que las recibiera,
porque eso llevaría al Mandatario a una probable situación de ilegalidad.
Ese tipo de acciones se hacen
para darles a los presidentes salidas plausibles, mediante las cuales se les
mantiene ignorantes de acciones que realizan sus colaboradores que pueden ser
ilegales. Un presidente que no sabe que se comete una ilegalidad, no viola la
ley. Un colaborador que por cualquier razón viola la ley, incluso con la
intención de salvaguardar la seguridad del Estado, puede ser destituido sin
afectar al presidente o al gobierno. Mantener ajeno al presidente de esas
acciones es una obligación de sus colaboradores. Permitir que Peña Nieto se
metiera al tema del espionaje e hiciera afirmaciones tajantes para negarlo, lo
dejó sin márgenes de operación y sin puertas de escape, para él y para su
gobierno.
Hasta este momento, todas las
evidencias sobre el espionaje señalan a una rama del gobierno como la
responsable, por el hecho aún no controvertido de que el programa Pegaso,
utilizado para intervenir la vida privada de 88 personas, sólo se vende a
gobiernos. En el caso mexicano, los únicos contratos conocidos fueron para la
Secretaría de Gobernación, el Cisen y la PGR. Si el Presidente negó “de manera
categórica” que su gobierno espiaba a personas no vinculadas al crimen
organizado o al terrorismo, uno puede asumir que la información se la
proporcionaron el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el
Procurador, Raúl Cervantes. Si el Presidente manifestó con firmeza la inocencia
de su gobierno, ¿se puede presumir que conoce quién utiliza fuera del gobierno
programas para espiar?
El Presidente nunca debió
haberse referido al tema del espionaje por lo delicado del tema en sí mismo.
Pero igualmente, es injusto para Peña Nieto que su equipo lo haya abandonado en
la arena pública en la batalla legal y política. Es inconcebible que nadie de
sus colaboradores saliera a pararse frente a la opinión pública y defenderlo.
La estrechez de miras, o lo timorato, o lo perverso del gabinete y el staff presidencial,
o todas ellas juntas, quedó expuesta en esa tarde de perros que vivió su jefe y
que sigue pagando.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/
Raymundo Riva Palacio/ 26/06/2017 | 01:00 AM)
