Improductiva
inversión de 150 MDP
Don
Joaquín Soto Domínguez fue dotado con 10 hectáreas de tierra migajón arenoso en
la zona de Tres Garantía, un terreno accidentado en medio de dos valles
agrícolas: El Fuerte y Guasave, pero no las puede cultivar, y hacer de ella el
sustento en el ocaso de su vida.
De
su situación, él tiene a responsables. El gobierno, los grandes agricultores,
los de monocultivos intensivos —porque tienen disponibilidad total de agua—, y
las mafias en los módulos de riego, que se apropiaron del derecho del agua.
Para él, esto son los peores enemigos de otros sinaloenses, son los criminales
adinerados, los caciques, los explotadores.
Por
eso don Joaquín está condenado a vivir en la miseria, a depender de la
naturaleza, de la lluvia y poder sembrar maíz de subsistencia, o si pretende
ganar unos cuantos pesos, cártamo o sorgo. “Lo que alcance a sembrar de
temporal, la semilla que tenga a la mano. Lo que sea, para poder cobrar el
Procampo”.
—¿Puede
vender la cosecha?
—No.
No tengo ganancia.
—¿Por
qué?
—Porque
no es buena producción. La cosecha no es suficiente. Es sin calidad comercial.
Sólo para el ganado.
A
unos metros de su parcela pasa el canal principal. Pero no se le tiene
permitido tomarla por no tener concesión, aunque el derecho se le otorgó desde
hace más de 40 años, cuando se puso en práctica el proyecto Huites, que dio
origen a la presa “Luis Donaldo Colosio”, en la boquilla de Santiago, en Choix,
Sinaloa; aguas arriba sobre el río Fuerte, y en la práctica hace un lustro,
cuando el Gobierno Federal invirtió 150 millones de pesos en la construcción de
un cárcamo de bombeo en el cerro Nohme de 30 metros de longitud por 12 metros
de alto y 11 metros de ancho, además de una línea de conducción con cero
pérdida por filtración.
La
infraestructura no puede tener utilidad porque no hay agua que bombear, afirma
Carlos Salas Padilla, coordinador de las unidades de riego Urceva y Udrala, y
regar seis mil hectáreas de los ejidos Las Vacas Ampliación, Joaquín Amaro,
Revolución, Francisco I. Madero, José
María Morelos, Aguas de las Arenas.
Y
no la hay porque el dirigente de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego
(Anur), Quintín Suárez Andujo se apropió del agua, y junto con la dirigencia de
la Red del Valle de El Fuerte, se han resistido a ceder un solo litro a los
temporaleros, cuyo derecho al líquido está en un decreto nacional, ahora
reconocido por un segundo decreto que da por terminada la veda a la extracción
del río Fuerte, dijo.
“Prácticamente
se roban el agua de otros usuarios. Ellos, los módulos y Quintín se reparten
con la cuchara grande, y hasta aprueban riegos ilegales dando agua a precarios
y haciéndose ciegos y sordos a la extracción de agua para nuevos productores
agrícolas que salieron del gobierno de Mario López Valdez. Desmontaron grandes
extensiones, y tienen riego por goteo, subterráneo, y a nosotros, que tenemos
un decreto e infraestructura nos ignoran y hasta nos combaten en los juzgados.
Todo es una tranza, disfrazada pero tranza”, dijo.
Hasta
ahora, la concesión de riego para Urceva y Udrala ha sido combatida en los
juzgados de Distrito Quinto, Sexto y Séptimo en donde los módulos de riego,
Sevelvampo, Batequis, Río Fuerte, Sevelbampo interpusieron los juicios de
amparo 179/2017, 225/2017, 226/2017; 159/2017, 176/2017, 229/2017 y 231/2017
por los módulos Taxtes, Nohme, Ruiz Cortines y Guasave; y recientemente el 232
por el Santa Rosa, respectivamente.
“Son
tretas legales para retardar las nuevas concesiones”, dijo.
Los
temporaleros afirmaron que su lucha continuará en cualquier frente que los
productores adinerados y amafiados detenten. “No vamos a ceder, ni por miedo ni
por hostigamiento”, dijo Salas.
Su
dicho fue aparejado con acciones, puesto que las manifestaciones a las afueras
del distrito de Riego 075, de la Red del Valle de El Fuerte, de la sede de la
Judicatura Federal, y hasta en la vivienda de Suárez Andujo se consumaron.
La
movilización puso a la defensiva a la Anur, y respaldada por los presidentes de
los módulos de riego salieron a dar la cara a las acusaciones.
Quintín
Suárez dijo no impedir la entrega de nuevas concesiones, pues no tiene
facultad, aunque reconoció que defiende el derecho de los asociados y de
precarios a regar una zona ya concesionada.
Afirmó
que es la Conagua la instancia que repartirá las nuevas dotaciones, siempre y
cuando acredite que hay agua disponible, que la red de distribución soporta
mayores cargas y que las necesidades de la población no podrán reducirse.
(RIODOCE/
LUIS FERNANDO NÁJERA/ LOS MOCHIS / 12 JUNIO, 2017)
