En una de las historias de terror que
salen a flote tras la detención del exfiscal nayarita Édgar Veytia, el
empresario inmobiliario Eduardo Valencia denuncia que es objeto de una
persecución y del despojo de su patrimonio por mil 800 millones de pesos,
encabezado por Veytia y con la complicidad de diversas autoridades municipales,
estatales y federales.
GUADALAJARA (Proceso
Jalisco).- Postrado en una cama de hospital, recuperándose de las heridas casi
mortales que el pasado 27 de marzo le propinaron dos internos de nuevo ingreso
en la cárcel municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, el desarrollador
inmobiliario, Eduardo Valencia Castellanos, de 46 años, narra por teléfono cómo
estuvo involucrado el exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia, en el despojo de su
patrimonio estimado en mil 800 millones de pesos, así como en el
encarcelamiento “ilegal” que padece desde hace tres años y medio.
Valencia Castellanos. Opresión. Foto:
Especial
Édgar Veytia, “fiscal de
hierro” y hombre de confianza del gobernador priista de Nayarit, Roberto
Sandoval, es señalado por Valencia no sólo de controlar las áreas de seguridad
sino también el sistema judicial de Nayarit e incluso instancias federales en
la entidad.
El pasado 27 de marzo, cuando
Veytia fue detenido en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, Valencia
Castellanos creyó que iba a morir.
Desde hace siete años el
empresario ha sido acusado de delitos como delincuencia organizada, despojo de
inmuebles y fraude.
Cuando la fiscalía estatal le
atribuyó lavado de dinero (averiguación previa AP/PGR/NAY/BUC-1/087/2010)
también trató de implicar a su papá y a su tío, Eduardo y Javier Valencia
Gallardo. Salieron bien librados porque la imputación se basaba en que su
familia es originaria de Michoacán, de donde son originarios diversos
narcotraficantes apellidados Valencia, y en su millonario patrimonio. Cuando
comprobó que su dinero provino de transacciones mobiliarias, el caso se
archivó.
No obstante, Valencia
Castellanos está preso desde el 28 de noviembre de 2013 por un presunto fraude
contra un grupo de extranjeros que le compraron unos condominios.
Estas propiedades se ubican
en el desarrollo Acqua, de 43 mil metros cuadrados a pie de playa en la
localidad de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, y cuestan entre
200 mil y 1 millón de dólares.
En las 142 querellas, los
agraviados señalaron la mala calidad de sus propiedades y alegaron su derecho a
usar áreas privadas como el spa, beach club y restaurante como si fueran
comunes, así como la falta de escrituras.
Al respecto, el acusado envió
a este semanario varios amparos que le concedió en diferentes fechas el Juzgado
Segundo de Distrito. Los amparos 497/2015-IV y 1721/2013-III coinciden en que
no se acredita el cuerpo del delito por fraude genérico y fraude específico,
por lo que se le concede la protección federal contra el auto de formal prisión
dictado el 4 de diciembre de 2013 por el juez de Primera Instancia de Ramo
Penal de Bahía de Banderas.
El amparo 497 fue concedido
por el secretario encargado de juzgado Octavio Ernesto Ponce de León, y el 1721
por la juez Margarita Nahuatt Javier. Mientras que en el amparo 1073/2015-IV,
el juez Segundo de Distrito, Armando Díaz López, le concedió protección al
encontrar que la resolución del juez de Primera Instancia incumple “con los
requisitos de fundamentación y motivación que exige la Constitución dejando en
indefensión al quejoso”, es decir Valencia Castellanos.
Éste comenta que desde su
detención ha sido constante la violación a sus derechos humanos y jurídicos.
Indica que Veytia rindió protesta como fiscal general de Nayarit el 18 de
febrero de 2013 y a los pocos días él acudió a su oficina con su abogado y
primo Francisco Valencia Camacho, pero al hablar con él se dieron cuenta de que
era parcial:
“Cuando me entrevisté con
Veytia él me decía: ‘Aquí yo soy la ley, aquí yo soy el poder y tus abogaditos
de cuello blanco me vienen guangos. Aquí, si yo quiero, vas a estar el resto de
tu vida preso, y si quiero te puedo expropiar todos tus bienes. Es mejor que
negocies con nosotros’.
“Yo le decía ‘es que esto no
es una negociación, es una extorsión, es un fraude. Yo no puedo negociar una
situación que es en contra del derecho y que va en contra de mis intereses de
forma injustificada e infundada’.
“Así se manejaban en Nayarit.
Si les gustaban tus propiedades se las quedaban. Tengo amigos con hoteles en
los que les han sembrado droga para asegurarles las propiedades y se las han
quedado vía decomiso a valores. De risa”.
–Por lo que dice, Veytia no
sólo tenía el control de la fiscalía, sino de varias instancias –se le comenta
al indiciado.
–De todo. Los delegados de la
PGR, de Hacienda, del Seguro Social, el Poder Judicial de Nayarit… No se movía
nada sin que él diera la autorización.
LA RECOMENDACIÓN
Los padres de Valencia
Castellanos interpusieron dos quejas ante la Comisión de Defensa de los
Derechos Humanos para el estado de Nayarit (CDDH), que derivaron en la
recomendación 07/2016 dirigida al presidente municipal de Bahía de Banderas, el
priista José Gómez Pérez, porque se detectaron tratos crueles, inhumanos y
degradantes contra reclusos de ese penal, entre ellos el empresario.
En esa recomendación se
relata que el 27 de noviembre de 2015 el padre de Valencia Castellanos informó
por teléfono a la comisión que su hijo fue llevado a una celda de castigo y se
le mantenía aislado, por lo que el órgano autónomo abrió la queja DH/461/2015.
El 9 de diciembre, personal
de la CDDH se entrevistó con el procesado, quien describió los hechos del 20 de
noviembre anterior: un grupo de encapuchados, “sin mediar palabra y sin
identificarse me trasladaron hacia el muro lateral de ingreso a las crujías,
donde me gritaron que me quitara los zapatos (…) acto seguido, vuelven a
sujetarme y me encierran en un calabozo que mis compañeros de prisión suelen
llamar La Loba, lo que es una covacha que se hace bajo las escaleras que dan
acceso a las celdas superiores”.
“Una vez dentro de mi
cautiverio me percaté que el lugar estaba lleno de orines, ya que ese mismo día
desalojaron del mismo espacio a un compañero, el cual padece de incontinencia
urinaria”. La Loba, dijo, no contaba con iluminación ni baño, había cucarachas
y alacranes, y por las tardes y noches atraía una gran cantidad de zancudos.
Añadió Valencia Castellanos que
“fueron casi tres semanas que se me mantuvo bajo una fuerte presión psicológica
(…) Hace una semana (1 de diciembre) se me concedió la suspensión provisional”.
Se refiere a que el juez
Tercero de Distrito en Materia de Amparo Penal le otorgó la suspensión
provisional 2225/2015 para que el alcalde de Bahía de Banderas, así como el
director y subdirector de la cárcel municipal lo sacaran de la celda de
castigo, pero los funcionarios fueron omisos, aún bajo advertencia de que se
les impondría una multa económica y se procedería en su contra por abuso de
autoridad.
Por eso el empresario señala
en su declaración ante la CDDH: “Si algo me llega a pasar o a mi familia, hago
totalmente responsable a las personas y a las autoridades que me tienen
detenido aquí, como lo son mis clientes y el personal de la Fiscalía y del
Poder Judicial del estado de Nayarit”.
En la recomendación se lee
que al día siguiente de que acudió la comisión, Valencia Castellanos se
comunicó con el visitador general Roberto Lomelí para informarle que “una vez
que nos retiramos de esa cárcel, un interno del mismo penal a quien apodan
Sammy le robó una tarjeta telefónica”. Cuando le reclamó “lo ingresaron a la
celda número 15, donde internan a los locos (…) Cabe hacer mención que quien
realizó este movimiento de celda fue el alcalde, quien le informó que dicha
determinación de cambiarlo de celda venía de muy ‘arriba’”.
En su respuesta a la
recomendación, la directora de Seguridad Pública municipal de Bahía de Banderas
descartó cualquier violación a las garantías y derechos de los internos, aunque
204 de ellos se hacinan en un espacio de 16 celdas varoniles y una femenil,
planeado sólo para 95 personas.
El 16 de abril de 2016 la
mamá de Valencia Castellanos presentó la queja DH/103/2016, según la cual desde
que ingresó a la cárcel su hijo es objeto de maltrato psicológico por los
custodios para que entregue el celular que tiene escondido. De nuevo la directora
de Seguridad Pública tachó de falsa la acusación.
El 10 de agosto de 2016,
personal de la CDDH acudió a la cárcel municipal para realizar sus actividades
de Supervisión Nacional Penitenciaria, y encontraron a dos internos encerrados
en La Loba, con lo que confirmaron que existen tratos crueles, inhumanos y
degradantes en ese reclusorio.
Cuando los visitadores le
hicieron la observación al alcaide de la cárcel municipal, “el servidor público
giró instrucciones a un comandante a efecto de que pusiera a los referidos
internos fuera de dicho espacio o covacha y fueran asignados a una celda”, se
lee en el acta circunstanciada. También se asentó que el espacio de castigo
carece de sanitario, no hay intimidad y por sus reducidas dimensiones los
internos sólo pueden estar de pie cerca de la reja, pues “al interior el
espacio se va reduciendo conforme la inclinación de la escalera”.
Por ese motivo el titular de
la CDDH, Huicot Rivas Álvarez, emitió la recomendación 7/2016 dirigida al
presidente municipal José Gómez Pérez para que se retiren los barrotes del área
de castigo y se modifique el reglamento de la cárcel “para establecer un
procedimiento disciplinario” y se elimine la suspensión de las visitas. Además,
solicitó que se garantice “la integridad física, psíquica y moral de los
presos”.
Eso último se incumplió con
Eduardo Valencia, quien el 27 de marzo fue brutalmente golpeado por un par de
internos.
LOS HOMBRES DE VEYTIA
En entrevista telefónica con
Proceso Jalisco, el visitador general Roberto Lomelí dice que la CDDH abrió una
queja por la agresión más reciente contra Valencia Castellanos. Estima que la
investigación concluirá el próximo agosto y entonces se podría emitir otra
recomendación. Por lo pronto se solicitó a la Dirección de Seguridad Pública
aplicar medidas cautelares para garantizar la integridad física de Valencia
Castellanos.
Al respecto el empresario
señala que Ricardo Rosales, subdirector de la cárcel de Bahía de Banderas y
gente de confianza de Veytia, permitió la agresión que casi le cuesta la vida.
Sus atacantes, cuyos apellidos considera falsos (Hernández Hernández y López
López), ingresaron al reclusorio por el delito menor de resistencia a la
autoridad, que amerita fianza. Sin embargo fueron enviados al área donde se
encontraba Valencia Castellanos y –relata éste– “sin mediar palabra, a las 7:30
de la mañana, me golpearon, al punto que me dieron por muerto”.
Fue trasladado en una
patrulla al Hospital San Javier Nuevo Vallarta con fractura de cadera,
contusiones cerebrales y otras lesiones de consideración.
Apenas había ingresado al
nosocomio cuando un enviado de Ricardo Rosales, llamado Antonio, pretendía
sacarlo. Pero uno de los médicos le advirtió que el paciente estaba grave y si
lo trasladaba a otro sitio tenía que firmar una responsiva por su vida. El
enviado desistió.
“Tengo la sospecha fundada
que intentaban rematarme”, comenta Valencia, quien se enteró que a los cuatro
días de la agresión los dos golpeadores quedaron libres, “pese a que existe la
tentativa de homicidio y sin reparar el daño. Ahí es donde se ve la impunidad”.
Posteriormente Valencia
Castellanos solicitó seguir su proceso en libertad bajo caución, pues los
delitos de que lo acusan no son graves y no tiene otros antecedentes penales,
pero aún no hay respuesta. Hasta el momento ha erogado 700 mil pesos en gastos
médicos y cada 12 años tendrá que cambiar la prótesis de cadera, además de que
aún requiere operarse la nariz y un pómulo.
LA INTROMISIÓN DEL FISCAL
El complejo Acqua tiene un
valor en el mercado de 100 millones de dólares, es decir, mil 800 millones de
pesos. En 2005 Valencia Castellanos comenzó a vender 330 condominios
distribuidos en dos torres y la construcción concluyó dos años después.
El desarrollo fue recibido
por parte del departamento Desarrollo Urbano del ayuntamiento de Bahía de
Banderas y la mayoría de los compradores fueron extranjeros.
Uno de ellos fue el
canadiense Charles André Baccichet, quien –a decir de Valencia– en 2005 compró
en preventa ocho inmuebles, que pagó en efectivo. En 2009, un año después de
que se terminó de edificar el complejo habitacional, Baccichet le hizo una
petición inusual: “Que se los escriture a su nombre, cuando los contratos están
a nombre de diversas personas”.
El empresario se negó “porque
sería doble venta. Además, en ese año entró en vigor la ley contra el lavado de
dinero, donde los notarios y los desarrolladores teníamos que avisar de
operaciones sospechosas en efectivo”.
En respuesta, el canadiense
contrató al abogado Raúl Ruiz González, quien en 2011 “instruyó a Baccichet a
que generara inconformidad con muchos condóminos extranjeros a quienes les
había prevendido para que presentaran denuncias penales por fraude”, prosigue
Valencia Castellanos.
Sostiene que Ruiz y Baccichet
le pidieron 2 millones de dólares para retirar las querellas, además de que el
segundo les prometió a otros extranjeros que les iban a dar más departamentos
si denunciaban al vendedor.
En ese proceso legal los
acusadores “suben al barco a (Édgar) Veytia y al presidente del Supremo
Tribunal de Justicia, (Pedro Antonio) Enríquez Soto, para justificar mi
aprehensión por medio de las inconformidades, que ya estaban prescritas porque
las denuncias son de 2011 y los contratos de 2005. Son temas de interpretación
de contrato y son civiles, no penales”, argumenta Valencia Castellanos.
Enfatiza que al entrar Veytia
al proceso, sus demandantes ya no pedían 2 millones de dólares sino todo el
complejo inmobiliario. Se giraron varias órdenes de aprehensión en su contra y,
ante la imposibilidad de defenderse jurídicamente, se trasladó a la Ciudad de
México, desde donde interpuso amparos.
La contraparte no se quedó
quieta: “Me doy cuenta que comienzan a hacerme fraude falsificando pagarés, que
habían presentado para su cobro, otra vez a mis espaldas y en juicios espurios
de 90 días. Una de las sentencias es por más de 600 millones de pesos,
subvalúan mis bienes y se adjudican más de mil 500 millones nada más en una de
cinco sentencias”. Aun así, sus acusadores afirman que aún les debe 400
millones de pesos.
Uno de esos juicios
mercantiles contra su empresa, Flamingos Acqua, se radicó en el Juzgado Segundo
de lo Civil de Primera Instancia (expediente 99/2013), adonde se presentaron
como prueba copias simples de unos pagarés.
Tras enterarse de que había
perdido parte de su patrimonio, Valencia Castellanos presentó un amparo que fue
enviado al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil,
Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales de Nayarit.
En su alegato, Valencia
Castellanos menciona que en todo lo actuado (autos, decretos, sentencias
interlocutorias y definitivas, procedimientos de ejecución, remates y
adjudicaciones) se falsificó su firma para dar contestación a la demanda en la
que actuó “supuestamente como representante legal”. También califica de ilegal
la adjudicación de casi un centenar de inmuebles de su propiedad, pues se hizo
mediante un pagaré falsificado. Sin embargo, la autoridad federal le negó su
protección con el argumento de que aún no se resuelve el juicio biinstancial
1373/2013, derivado del 99/2013.
Subraya que para adquirir un
crédito empresarial no sólo se necesitaba su firma, sino también la de su socio
estadunidense Robert Albert Hartye Jr., dato que no tomaron en cuenta sus
defraudadores. Detalla que los supuestos pagarés por casi 3 millones de dólares
fueron signados en 2005, cuando Hartye aún era su socio, con intereses de 8%,
los cuales fueron refinanciados a 50 millones de dólares en 2013.
De acuerdo con el folio
mercantil 25576 del Registro Público de Comercio, el 17 de marzo de 2005
Valencia Castellanos y Hartye formaron la empresa Flamingos Acqua S. de R.L. En
julio siguiente se unió a la sociedad Sierra Madre Investment, LLC, que poseía
40% de las acciones. El 22 de febrero de 2006 se acordó que esta última cedía
su capital en partes iguales a Valencia y a José Luis Abunader Espino, que se
quedaron como socios únicos.
Según el folio mercantil
9808, el 16 de octubre de 2013 el juez Segundo de Primera Instancia del ramo
civil de partido judicial de Bucerías ordenó la adjudicación de las acciones de
Valencia Castellanos a Rodrigo Hicks Macías Valadez, mientras que las de
Abunader se le otorgaron a Guillermo Robles Zúñiga. Éste último dejó la empresa
y su lugar en la gerencia fue ocupado por Jorge Antonio Patrón Pedroza.
En esta situación, enfatiza
Valencia Castellanos: “Ya no denuncio esto para recuperar mis bienes, sé que me
van acabar matando (…) He conseguido sentencias de amparo; aun con el
autoritarismo del PRI he logrado peritajes oficiales donde me conceden que no
es mi firma (…) En la época que dicen que estuve aquí firmando los pagarés, yo
vivía en Estados Unidos, lo tengo acreditado con documentos de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, con tarjetas de crédito, con los vouchers que yo
firmaba”.
El resto de las pruebas
documentales las subió el propio Valencia Castellanos al sitio
http://eduardovalencia.esy.es/ a fin de evidenciar las múltiples
irregularidades cometidas por las dependencias a las que señala de complicidad
con Veytia.
PRESUNTA COMPLICIDAD FEDERAL
Por recomendación de un
amigo, Valencia Castellanos contrató al abogado Diego Ruiz Durán, socio de
Humberto Castillejos Cervantes, actual consejero jurídico de la Presidencia de
la República.
Recuerda que en una reunión
que sostuvo con Ruiz Durán, en la que también estuvieron Pablo Fernández de
Cevallos –sobrino del político panista Diego Fernández de Cevallos–, ambos le
pidieron, supuestamente de parte de Aurelio Nuño, del propio Castillejos y de
Peña Nieto, que accediera a perder su patrimonio. No aceptó. Por eso considera
que en la oficina jurídica de la Presidencia se fraguó el despojo de sus bienes
a través “del narcoestado que impera en Nayarit”.
Tras un segundo encuentro con
Ruiz Durán en el despacho de Castillejos (CLG Abogados, Consultoría, Litigio,
Gobierno), ubicado en Mazatlán 102, colonia Condesa de la Ciudad de México,
Valencia fue detenido el 28 de noviembre de 2013.
Para ello se montó un
operativo con al menos 30 policías judiciales. Uno de ellos le informó que
estaba detenido porque el auto que manejaba tenía reporte de robo. “Yo no me
estaba subiendo a mi carro. Le dije: dime cuál de los (autos) que están
estacionados, de los que ves aquí enfrente, tiene el reporte de robo. Se quedó
callado. Me sujetaron, me dieron unas cachetadas y me subieron a una patrulla a
la fuerza”.
Asegura que su aprehensión
fue ilegal porque la policía capitalina no contaba con orden de aprehensión ni
convenio de colaboración con Nayarit para localizarlo. Al otro día fue
trasladado de la procuraduría local a la cárcel Venustiano Carranza de Tepic,
pese a que era un juez de Bahía de Banderas quien lo requería.
En Tepic –ciudad donde Veytia
inició su carrera policiaca como director de Seguridad Pública cuando el
presidente municipal era el actual gobernador Roberto Sandoval–, el recluso
Blas Esparza Leyva, quien tenía el control de la prisión, le advirtió que
estaba ahí “por órdenes de Veytia y lo que él ordenara iban hacer conmigo”,
refiere Valencia Castellanos.
A los dos días de su
detención se presentó en el penal el secretario del Juzgado de Primera
Instancia de Bucerías. “Pedí que estuviera presente el juez, pero se rieron. En
el Código de Procedimientos Penales de Nayarit, a petición de parte es una
obligación que esté en la audiencia el juez (…) Me leyeron brevemente de qué me
acusaban (fraude). Pedí tener acceso al expediente para preparar mi defensa,
según el artículo b, fracción VIII constitucional… Se rieron y me dijeron:
‘¡Estás en Nayarit!’”.
Indica que al interior de la
cárcel lo presionaron para desistirse de los amparos, pero no cedió. Entonces,
dice, le dieron una golpiza y a mediados de enero de 2014 lo trasladaron a la
cárcel municipal de Bahía de Banderas, donde “para atender más de 20 denuncias
penales, me dan 10 minutos con mis abogados”, se queja.
En una búsqueda que realizó
este semanario encontró una carta que publicó Giussepe Viola en el portal
saboravallarta.com para denunciar el presunto fraude.
Viola se presenta como asesor
legal para inversionistas extranjeros y afirma que Valencia Castellanos “no
hizo la entrega obligatoria de los títulos de propiedad a los legítimos
propietarios que invirtieron en el desarrollo” y que se dio a la fuga cuando se
presentaron las querellas contra él.
Dice Viola que ese momento
fue aprovechado por Raúl Ruiz y Baccichet, “éste último un canadiense con
antecedentes penales en su país (…), quienes pasaron a manejar el desarrollo
como un feudo privado”.
Al respecto, Valencia
Castellanos asegura que “no se escrituró a Manuel Figueroa”, cliente de Viola,
porque “no acreditó el pago del condominio”.
Este reportaje se publicó en la edición 655 del
suplemento Proceso Jalisco del 28 de mayo de 2017.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ REDACCIÓN/
2 JUNIO, 2017)
