En México alzar la voz y reclamar
justicia por los desaparecidos se paga con la muerte. La misma suerte la corren
los periodistas. Ayer en Sinaloa la violencia cobró la vida del reportero
Javier Valdez
“Estamos regresando a la guerra sucia de
los 70’s, pero de una forma más violenta, pues antes era solo el Estado el que
perseguía, y ahora es el Estado en alianza con el crimen organizado”
Alfredo Rojas Duran
Integrante de la Fundación Unidos por la
Paz y la Justicia
Casi el 10 por ciento de los familiares
de víctimas de homicidio y desaparición han disminuido su reclamo de justicia,
a causa de las amenazas de muerte que pesan sobre ellos
Isela González Díaz, dirigente de la
organización Sierra Madre A.C, consideró que los órganos encargados de la
investigación de los asesinatos de activistas alegan la falta de recursos
humanos y materiales para brindar seguridad a las familias de las víctimas
Aunque no existe un reporte oficial, el
recuento de las víctimas ha podido llevarse por los datos periodísticos
disponibles
Heriberto López Gastélum, quien durante
siete meses buscó a su hijo desparecido de 17 años, fue acribillado en una
tienda en Sonora
Con el asesinato del periodista Javier
Valdez Cárdenas, registrado ayer en Sinaloa, oficialmente ya son cinco
informadores que han sido asesinados en lo que va del año.
Pero extraoficialmente son siete
Javier Valdez Cárdenas, era especialista
en temas de narcotráfico y autor de los libros ‘Narcoperiodismo’, ‘Los
Huérfanos del Narco’ y ‘Miss Narco’
6 de cada 10 Personas que buscan
justicia para sus familiares víctimas de homicidio o desaparición, se encaran
con amenazas contra su propia integridad física
1,700 Activistas de toda América Latina
han recibido amenazas de muerte
La criminalización de las
víctimas de desaparición se asoma como un tema menor frente al nuevo fenómeno
que cobra fuerza cada vez más en nuestro país: el asesinato de sus padres y
familiares que, buscando la justicia para sus desaparecidos o dar con sus
restos, sólo encontraron la muerte.
Desde el 2015 a la fecha ya
son 9 las personas que, al sumarse a movimientos sociales en reclamo de
justicia para sus familiares desaparecidos o asesinados, han tenido que correr
la misma suerte que sus víctimas; todos fueron asesinados por comandos armados
que finalmente truncaron el llamado lanzado.
El caso más reciente es el de
la activista de Tamaulipas, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, ejecutada por
un comando armado que llegó hasta su domicilio, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
El único “delito” cometido
por la activista fue haber reclamado justicia para su hija Karen Alejandra
Salinas Rodríguez, desaparecida y asesinada en junio del 2012.
La situación que se vive en
México sobre los ataques a los padres y familiares que exigen justicia para sus
víctimas ya fue reconocido por la Organización de las Nacionales Unidas (ONU) a
través de la oficina local del Alto Comisionado para los Derechos Humanos,
desde donde se señaló la existencia de “factores estructurales que han colocado
a las familias de personas desaparecidas en una grave situación de
vulnerabilidad”.
Por ello, el Alto Comisionado
de la ONU para los Derechos Humanos en México le recordó al Gobierno federal su
deber.
“(Que) adopte las medidas
necesarias para garantizar que todas las víctimas y sus familias sean
eficazmente protegidas contra cualquier acto de agresión, máxime para quienes
han solicitado al Estado el cumplimiento de dicho deber”, dijo.
Los asesinatos de familiares
que reclaman justicia para las víctimas, es sólo la punta del iceberg. De
acuerdo al defensor de derechos humanos, Jesús González Ramírez, de la
organización Alianza Cívica Nuevo León, en entidades como Guerrero, Tamaulipas,
Veracruz, Coahuila, Nuevo León y Michoacán, el índice de amenazas contra
familiares de víctimas ya es alarmante.
En las estimaciones del
activista se considera que, en las entidades más convulsionadas por la
violencia, al menos seis de cada 10 personas que buscan justicia para sus
familiares víctimas de homicidio o desaparición, se encaran con el problema de
las amenazas contra su propia integridad física.
El abogado Alfredo Rojas
Duran, integrante de la Fundación Unidos por la Paz y la Justicia, señaló que
un estudio reciente de esa organización revela que en América Latina va al alza
el fenómeno de criminalización y persecución de activistas, en donde se hostiga
por igual a los defensores de los recursos naturales y opositores a los
megaproyectos, que a los que abogan por
los derechos humanos que buscan justicia para las víctimas desaparición y
homicidio.
En el caso de México, dijo
Rojas Duran, la persecución es terrible llevando el crimen organizado al Estado
a la ejecución de la política de crímenes de Lesa Humanidad.
“Estamos regresando a la
guerra sucia de los 70’s, pero de una forma más violenta, pues antes era solo
el Estado el que perseguía, y ahora es el Estado en alianza con el crimen
organizado”, explica el abogado, “el crimen organizado es el que ordena al
Estado”.
De acuerdo a las cifras de
Alfredo Rojas Duran, en toda América Latina, en donde se incluye a México entre
los principales países, se tiene un recuento de mil 700 activistas que han
recibido amenazas de muerte, como resultado de su labor de divulgación y
visibilidad de los problemas sociales derivados de la violencia.
Por esa razón, al inicio de
este año, el relator especial sobre la situación de Personas Defensoras de
Derechos Humanos, Michel Forst, al emitir su informe tras una visita de
observación a nuestro país, hizo un llamado a la autoridad mexicana para
proteger y garantizar mejores condiciones de trabajo para las personas que
luchan por el respeto a los derechos humanos, entre ellas los familiares de
víctimas.
ESTADO DE IMPUNIDAD
En solo 2 años y cinco meses,
México se ha colocado como el primero de los países de América Latina en cuanto
al número de asesinatos de líderes defensores de los derechos humanos, de
acuerdo a la opinión del poeta y activista social Javier Sicilia, quien
atribuyó esa situación “al estado de corrupción del gobierno mexicano, que está
trabajando al servicio del crimen organizado”.
Dijo que solo así se entiende
el estado de descomposición en el que se encuentra el sistema “de partidocracia
del país”, el que ha llevado a la inseguridad absoluta a todo el país, “donde
los defensores y activistas son los primeros en ser blanco de la política de
extermino que se practica con total impunidad”.
Es una impunidad que crece
todos los días, explicó la activista y dirigente de la organización Sierra
Madre A.C, Isela González Díaz, pues consideró que los órganos encargados de la
investigación de los asesinatos de activistas, alegan de manera frecuente la
falta de recursos humanos y materiales para cumplir con el cometido de brindar
seguridad a las familias de los afectados.
Pero lo más lamentable es que
el estado de impunidad, que se fermenta todos los días con las amenazas a los
que buscan que se respete el estado de derecho, hace que muchos de los
familiares de las víctimas de homicidio y desaparición, cejen sus intenciones
de búsqueda de justicia anteponiendo su propia seguridad personal, dijo Jesús
González Ramírez.
A la fecha, de acuerdo a
representantes de organizaciones integradas dentro de la agrupación Servicios y
Asesoría para la Paz (SERAPAZ), casi el 10 por ciento de los familiares de
víctimas de homicidio y desaparición han decidido disminuir su activismo social
en reclamo de justicia, a causa de las amenazas de muerte que pesan sobre
ellos.
Ya son cientos de personas
las que, luego de iniciar labores de activismo social para alcanzar justicia
para sus familiares afectados por la violencia, han tenido que dejar de lado su
lucha a causa del desplazamiento forzado o de las amenazas en relación a su
integridad física.
LA LISTA DE LA VERGÜENZA
No hay un registro nacional
sobre las personas que ahora son víctimas luego de exigir justicia para sus
familiares, pero de acuerdo a los datos periodísticos de los últimos dos años,
en todo el país han sido asesinados al menos 9 jefes de familia que reclamaron
esclarecer el asesinato o desaparición de sus hijos o parientes.
El 15 de febrero del 2015, en
el estado de Guerrero, fue asesinada Norma Angélica Bruno Román, quien se había
lanzado al activismo social en reclamo de justicia para su prima Ivette Melissa
Flores, que desapareció a manos de un grupo armado el 2 de marzo del 2013.
A Norma Angélica la
asesinaron dos sicarios frente a sus tres hijos, a las afueras del panteón
Cristo, en el municipio de Chilpancingo, a donde había llegado para participar
en el sepelio del también activista José Ramón Bernabé Armenta, ejecutado de la
misma forma en una cancha de futbol, dos días antes.
A Miguel Ángel Jiménez
Blanco, lo asesinaron el 8 de agosto del 2015. Él era dirigente de la Unión de
Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y se había
autoimpuesto la encomienda de buscar a los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre
los que se encuentra Cirino Tejeda Meza, familiar en grado de sobrino.
El dirigente de la UPOEG fue
asesinado a bordo de un taxi en la comunidad de Xaltianguis, en el municipio de
Acapulco, en donde había participado en la excavación de fosas clandestinas y
ubicó al menos una docena de cuerpos de personas desaparecidas, la mayoría
víctimas de secuestro.
Con la misma suerte corrió
Luis Abraham Cabada Hernández, quien fue asesinado en Sinaloa, el 19 de
diciembre del 2015. Su cuerpo, con al menos tres impactos de bala en el costado
izquierdo y en la cabeza, fue encontrado en el fraccionamiento Rincón del
Humaya, en el municipio de Culiacán.
Luis Abraham Cabada Hernández
se había sumado al movimiento nacional de búsqueda de desaparecidos desde hacía
dos años, con la intención de ubicar el paradero de su hermano Jorge Cabada
Hernández, y sus primos Juan Emério Hernández Argüelles y Abraham Hernández
Picos, que desaparecieron en la colonia Las Quintas de Culiacán, la madrugada
del 30 de junio de 1996.
A Brenda Carrero la
asesinaron en el estado de Guerrero el 22 de abril del 2015, ella se disponía a
salir de su domicilio en el municipio de Chilpancingo cuando fue interceptada
por dos hombres que le dispararon a quemarropa. Brenda era activista del
colectivo Guerrero por Las Mujeres, al que se sumó un año antes en busca de su
hermano Joel Carrero Hernández, desaparecido el 2 de enero del 2014.
En el Estado de México fue
asesinada, el 15 de enero del 2016, la señora Cornelia San Juan Guevara, quien
integraba al movimiento Por Nuestros Desaparecidos. Fue activista por más de un
año y se dedicó a buscar en fosas clandestinas los restos de su hijo Osvaldo
Espejel Guevara, quien desapareció el 3 de agosto del 2010.
Un comando armado de por lo
menos cinco personas ingresó al domicilio de Cornelia San Juan, en donde sin
mediar palabra fue acribillada por disparos de al menos tres tipos de armas
largas. Ella murió sin conocer el paradero de su hijo, que fue secuestrado
también desde el interior del mismo domicilio por un comando de al menos 10
hombres.
José Jesús Jiménez Ganoa,
quien participaba activamente en la búsqueda de su hija Jenny Isabel Jiménez de
23 años, fue ejecutado a balazos en el municipio de Poza Rica, el 22 de junio
del 2016. Fue emboscado cuando viajaba al lado de su esposa Francisca Vázquez
Mendoza, luego de una reunión con activistas para programar la búsqueda de
fosas clandestinas en el estado de Veracruz.
Jiménez Ganoa, quien recibió
al menos 12 impactos de Ak-47, era integrante y vocero de la Brigada Nacional
de Búsqueda de Personas Desaparecidas y también formaba parte de la
organización Búsqueda de Familiares María Herrera, A.C. en Poza Rica, una de
las organizaciones más activas en la búsqueda de personas desaparecidas en esa
entidad.
A Heriberto López Gastelum lo
mataron el 30 de noviembre del 2016, cuando se encontraba haciendo unas compras
en una tienda ubicada en las calles Jesús García y Edmundo Taboada, en la
colonia Náinari del Yaqui, en el municipio de Cajeme, en Sonora; tres personas
se acercaron hasta donde él estaba, para descargarle al menos siete disparos de
rifle AR-15.
López Gastelum había dedicado
todos sus esfuerzos de los últimos 7 meses para dar con el paradero de su hijo
de 17 años de edad, también de nombre Heriberto Gastelum, quien desapareció en
esa misma localidad el 3 de marzo del 2016, luego de ser secuestrado por un
comando armado en donde actuaron elementos de la Policía municipal.
Otra víctima de la búsqueda
de justicia para su familiar fue Gerardo Corona Piceno, asesinado en el
municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, en el estado de Jalisco, el 19 de
abril del 2017; él estaba en busca de su hermano Álvaro Corona Piceno,
desaparecido el 3 de agosto del 2013.
Gerardo Corona siempre
aseguró que su hermano había sido víctima de secuestro por parte de elementos
policiales de la Fiscalía General del Estado, asegurando tener pruebas que
implicaban a varios de los elementos de esa corporación, por eso era frecuente
su protesta de caminar frente al Palacio de Gobierno en la ciudad de
Guadalajara, exhibiendo en una pancarta los nexos de corrupción de la Policía
estatal.
La víctima más reciente de
los activistas fue Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, que fue asesinada en
Tamaulipas el pasado 10 de mayo del 2017. Ella denunció la liberación irregular
del secuestrador y homicida de su hija Karen Alejandra Salinas Rodríguez, quien
desapareció en el 2012 y cuyo cuerpo fue encontrado en una fosa clandestina en
el 2014.
PADRES ASESINADOS BUSCANDO A SUS FAMILIARES
>> Norma Angelica Bruno Román asesinada en
Guerrero el 15 de febrero del 2015
>> Miguel Ángel Jiménez Blanco ultimado en
Guerrero el 8 de agosto del 2015
>> Luis Abraham Cabada ejecutado en Sinaloa el
19 de diciembre del 2015
>> José Jiménez Ganoa ultimado en Veracruz el 22
de junio del 2016
>> Cornelia San Juan Guevara asesinada en el
Estado de México el 15 de enero del 2016
>> Brenda Carrero acribillada en Guerrero el 22
de abril del 2015
>> Heriberto López Gastelum ejecutado en Sonora
el 30 de noviembre del 2016
>> Gerardo Corona Piceno acribillado en Jalisco
el 19 de abril del 2017
>> Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez asesinada
en Tamaulipas el 10 de mayo del 2017
OTRO ATAQUE A LA PRENSA
El periodista y director de
diario Río Doce del estado de Sinaloa, Javier Valdez Cárdenas, fue acribillado
el medio día de este lunes, en la calle Vicente Rivapalacio, en la colonia
Jorge Almada, casi frente a las oficinas del medio que fundó y destinó para
brindar información relacionada al narco.
“Uno más... los ojos, los
oídos y los labios de la sociedad, son castigados por el crimen organizado, que
se ha coludido con el crimen organizado”, lamentó el poeta y activista Javier
Sicilia, quien recordó que la violencia no es fortuita y que es producto
directo de la corrupción del gobierno.
Con Javier Valdez Cárdenas,
oficialmente ya son cinco los periodistas que han sido asesinados en lo que va
del año. Pero extraoficialmente son siete.
Una cuenta trágica que
mantiene la constante registrada en los últimos años en México, en donde, en
promedio, cada mes o menos, un periodista es ejecutado.
“Por eso no nos sorprende que
México sea el segundo país más violento del planeta, sólo después de Siria”,
explicó Javier Sicilia a Reporte Índigo.
De acuerdo al activista
Alfredo Rojas Duran, el patrón de agresiones de los grupos delincuenciales,
está bien definido en México.
“Siempre son atacados
aquellos que se oponen a proyectos invasivos de desarrollo, los que defienden
los derechos humanos y los periodistas que dan voz a las denuncias de la
población afectada”, dijo.
La lista de asesinatos de
periodistas en este año inició el 2 de marzo con el homicidio en Guerrero de
Cecilio Pineda Birto. Siguió luego Ricardo Monlui Cabrera, ejecutado en Veracruz
el 19 de marzo. El día 23 de ese mismo marzo fue ejecutada en Chihuahua
Miroslava Breach, a la que le siguió, en Baja California Sur, Maximino
Rodríguez, ejecutado el 14 de abril.
El 29 de abril, aun cuando no
ha sido reconocido como una agresión a la prensa por los organismos defensores
de derechos de periodistas, fue ultimado en la ciudad de Puebla el periodista
Erick Bolio López. Ese mismo día, pero en el estado de Morelos, fue asesinado
el comunicador Filiberto Álvarez Landeros, cuya muerte tampoco fue reconocida
como agravio a la prensa.
Ahora, la muerte de Javier
Valdez Cárdenas, un periodista especializado en temas de narcotráfico, quien
era corresponsal de La Jornada y de la Agencia France Press, autor de los
libros “Narcoperiodismo”, “Los Huérfanos del Narco” y “Miss Narco”, sigue
aumentando la cuenta y evidencia los riesgos señalados por organizaciones
internacionales promotoras de la libertad de expresión, que indican que México
es el país más peligroso para el ejercicio periodístico.
El último mensaje que
escribió el periodista en sus redes sociales, apenas unas horas antes de su
ejecución, se antoja premonitorio, como una clara advertencia sobre la
condición de riesgo para ejercer el periodismo en México: “que no te toque bola
negra, ni te alcance la voladora”, dejó la sentencia.
(REPORTE INDIGO/ J. JESÚS LEMUS/ Martes
16 de mayo de 2017)
