En lo que va del año cuatro periodistas
han sido asesinados y más de 20 agredidos. Un informe de Reporteros sin
Fronteras (RSF) concluye que México es uno de los países más peligrosos para
los comunicadores
De acuerdo a la organización Reporteros
sin Fronteras, este 2017 se apunta como un año violento para la prensa mexicana
Martín Méndez Pineda no contó con el
respaldo de su Gobierno estatal; salió de Guerrero por sus propios medios y
solicitó el asilo político en la garita de El Paso, Texas
37 Millones de pesos es el fondo
remanente del Mecanismo de Protección para 2017
79 Asesinatos de periodistas registrados
en México en los últimos 10 años
10% Casos han concluido en una sentencia
condenatoria
119 Homicidios indica la CNDH se han
registrado del 2000 a la fecha
50 Atentados a medios de comunicación
documenta la CNDH del 2000 a la fecha
La libertad de expresión se
observa severamente amenazada en México. En apenas cuatro meses se han
registrado cuatro homicidios de periodistas, agresiones a 25, amenazas de
muerte contra al menos otros 7 y el autoexilio de dos comunicadores.
De acuerdo a organizaciones
internacionales, este saldo se atribuye a la corrupción y la impunidad en las
esferas policiales, y a la creciente presencia del crimen organizado.
En su informe “Clasificación
Mundial de la Libertad de Prensa 2017: un Mapa del Mundo Cada vez más Sombrío”,
publicado ayer por la organización Reporteros Sin Fronteras, se establece que
México, es “un caso preocupante”, pues en 15 años descendió del lugar 75 hasta
la posición 147, en la lista de los países en donde el ejercicio del periodismo
es más seguro.
De acuerdo al informe de esta
organización, la más importante en cuanto a la revisión de condiciones para la
libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo en el mundo, este año
se apunta, otra vez, como ha sido la constante en los últimos 10 años, como un
año violento para la prensa mexicana.
Los cuatro homicidios de
periodistas que van a la fecha, así lo presagian.
El autoexilio anunciado por
la periodista Patricia Mayorga Ordoñez, corresponsal de la revista Proceso en
Chihuahua, se suma al del periodista de Guerrero, Martín Méndez Pineda,
reportero del diario Novedades de Acapulco, quien también decidió salir del
país, ante la serie de amenazas de muerte vertidas en su contra a causa de su
trabajo periodístico.
Patricia Mayorga dejó su
natal Chihuahua luego de una serie de amenazas que se presumen provienen de
quien o quienes mandaron asesinar a la periodista Miroslava Breach, según
confirmó una fuente del Gobierno estatal de Chihuahua, en donde se estableció
que la periodista había realizado algunas investigaciones conjuntas con la
periodista asesinada el pasado 23 de marzo.
Por su parte, con sus propios
medios, Martín Méndez Pineda decidió salir del país el pasado 2 de febrero,
luego que elementos de las fuerzas federales, concretamente de la Gendarmería,
lo amenazaron de muerte tras una serie de coberturas para el diario Novedades
de Acapulco, que daban cuenta de la brutal violencia que se vive en la entidad.
A estos hechos se suman las
amenazas de muerte que se han vertido contra otros periodistas, dos del estado
de Puebla, dos de Guerrero, uno de Veracruz, uno de Tamaulipas y otro más de
Michoacán, quienes denunciaron los hechos ante el Mecanismo Federal de Protección
a Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobernación, desde donde se les implementaron medidas de protección.
“México sigue gangrenado por
la corrupción y la violencia del crimen organizado, muy presentes en ciertos
estados de la república: en Veracruz, Michoacán y Tamaulipas, investigar un
tema delicado puede poner en peligro a un periodista rápidamente”, concluye el
informe dado a conocer por la represente de Reporteros Sin Fronteras en México,
Balbina Flores.
La presentación del informe
que expone los riesgos de la prensa a nivel mundial, pero que insiste en las
condiciones de impunidad en nuestro país, coincide con el primer aniversario de
la muerte del periodista Francisco Pacheco Beltrán, asesinado en Guerrero, en
cuya investigación no hay avances, y más bien su familia fue obligada al
desplazamiento a causa de amenazas con ella.
ASESINATOS SIN PISTAS
Igual que el de Francisco
Pacheco Beltrán, también se encuentran sin avance en las investigaciones los
homicidios de Adrián Rodríguez, en Chihuahua; Aurelio Cabrera Campos, en
Puebla; Agustín Pavía, Marcos Hernández Bautista, Salvador Olmos García y Elido
Ramos, en Oaxaca; Pedro Tamayo, Manuel Torres González y Anabel Flores, en
Veracruz, y Moisés Lutzow, en Tabasco, todos asesinados el año pasado.
Los asesinatos de periodistas
registrados en lo que va de este año, mucho menos tienen avances; el caso de
Cecilio Pineda, en Guerrero, todavía no apunta ni a las razones por las que fue
ejecutado. El homicidio de Ricardo Monlui Cabrera, en Veracruz, cuenta con
cinco hipótesis que van desde la riña personal hasta la ejecución del narco.
En el caso del homicidio de
Miroslava Breach, se ha intentado esclarecer el asesinato por parte de la
Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en base a un ejecutado que se insiste
en señalar como el autor material, partiendo de un mensaje encontrado a un
costado del cuerpo de quien en vida era Gabriel Ochoa Cárdenas.
El otro caso empantanado es
el del periodista de nota policiaca, Maximino Rodríguez Palacios, del colectivo
Pericú, de La Paz, Baja California Sur, en donde las autoridades ministeriales
ni siquiera han establecido los posibles móviles del asesinato, el que se
registró apenas el pasado 14 de abril, en donde se pretende desvincular el
homicidio con su actividad periodística.
SIN DINERO, PARA PROTEGER A PERIODISTAS
De acuerdo a datos que obran
en el Mecanismo de Protección a Periodistas, de los 25 comunicadores que -en lo
que va de este año- han sido objeto de agresiones físicas, y de los siete que
cuentan con amenazas de muerte, a solamente cinco de ellos se les ha podido
dotar de seguridad personal, el resto cuenta sólo con un “botón de pánico”.
El Mecanismo de Protección a
Periodistas, que a la fecha otorga protección a 509 personas, entre periodistas
y personas defensoras de los derechos humanos, no cuenta con fondos suficientes
para atender la demanda de los que son agraviados por el ejercicio de sus
funciones, reconoce el diputado de Morena, Virgilio Caballero Pedraza,
integrante de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a
Periodistas y Medios de Comunicación.
La razón por la que el
mecanismo no cuenta con fondos para la protección de periodistas y personas
defensoras de derechos humanos, es porque en el Proyecto de Egresos de la
Federación 2017, no se destinaron fondos a esa partida, que es dependiente de
la Secretaría de Gobernación.
Cabe señalar que el Mecanismo
de Protección opera con los fondos aportados al fideicomiso que con este fin
fue puesto en operación desde el 2012, cuando se aportaron 40.8 millones de
pesos. Al inicio de la actual administración el fondo se robusteció hasta
llegar a 127. 5 millones de pesos, pero luego se dejó de invertir en la
seguridad de los comunicadores.
En el 2014, este mismo fondo
bajó a 118 millones de pesos. Para el 2015 se dispuso de solo 102 millones de
pesos, monto que descendió en el 2016 a 88.9 millones de pesos. En el 2017 no
se destinó recurso alguno a este fideicomiso, por lo que el Mecanismo de Protección
ha tenido que trabajar con los fondos remanentes del periodo anterior, los que
a la fecha se ubican en menos de 37 millones de pesos.
Ese es el monto total con que
hoy cuenta el Mecanismo de Protección para atender las solicitudes de
protección y seguridad de los comunicadores y personas defensoras de derechos
humanos, mismas que van al alza en lo que va de ese año, con relación al mismo
periodo del año pasado, por lo que se estima que los recursos podrían verse
totalmente agotados entre septiembre y octubre próximo.
AUTOCENSURA, EL MEJOR CAMINO
Otra estadística que revela
el estado de la libertad de expresión en México es el que refiere que, de los
siete periodistas amenazados de muerte, todos han optado por seguir en el
ejercicio periodístico, pero ahora sin tocar temas de corrupción, violencia y
narcotráfico, atribuidos como principal causa para el origen de sus amenazas.
Por eso, la organización
civil chilena Corporación Latinobarómetro, que se dedica al análisis de
estudios de opinión de impacto social, colocó a México, al cierre del primer trimestre
del 2017, como el cuarto país en América Latina con mayor autocensura, solo
después de Ecuador, el Salvador y Guatemala.
A nivel mundial, de acuerdo a
Reporteros Sin Fronteras, las condiciones de violencia para los periodistas
mexicanos ubican a nuestro país por debajo de naciones como Siria y Afganistán,
dos estados que oficialmente se encuentran en guerra civil. Resaltando que, en
México, los periodistas “realizan su labor informativa con valor y grandes
esfuerzos”, esto a causa del “deterioro constante de la seguridad”.
Y es a causa de la
inseguridad que muchos periódicos en todo el país han optado por la
autocensura, como ocurre en el estado de Tamaulipas, donde el crimen organizado
ha obligado a muchos medios a no publicar la situación real que sucede en las
regiones, según lo explicó el periodista Enrique Juárez, del periódico El
Mañana de Ciudad Victoria.
Los estados que mayor
autocensura registran en sus medios locales de información son Tamaulipas,
Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Veracruz y Oaxaca, en donde decenas de medios han
optado por no publicar información relacionada con la presencia del crimen
organizado, ni hechos de violencia, a fin de no exponer a sus reporteros a los
riesgos de agresiones anónimas.
IMPUNIDAD, LA CONSTANTE
En los últimos 10 años, en
todo el país se han registrado un total de 79 asesinatos de periodistas, de los
que 47 corresponden al periodo de gobierno del expresidente Felipe Calderón
Hinojosa, y 31 a lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto,
siendo el año más violento el 2016, cuando se documentaron 11 homicidios de
comunicadores, casi uno por mes.
El 2017 ya se asoma como uno
de los años que podría superar cualquier cifra anterior, pues en menos de
cuatro meses ya se han registrado cuatro asesinatos de periodistas, de los que
oficialmente no se han esclarecido las causas, mucho menos se ha dado con la
detención de los homicidas, tanto materiales como intelectuales.
“La impunidad en que
permanecen los crímenes cometidos contra la prensa alimenta un círculo vicioso
que se perpetúa”, reconoce la organización Reporteros Sin Fronteras, en donde
se toma por ejemplo los últimos cuatro homicidios de este año, en donde no
existen avances sustanciales en la investigación para el esclarecimiento de los
hechos.
El problema de la impunidad
en los crímenes contra los periodistas mexicanos es reconocido de la misma
forma por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en donde se
señala que, de todos los crímenes cometidos contra comunicadores, del 2000 al
2017, menos del 10 por ciento de los casos ventilados ante tribunales han
podido concluir con una sentencia condenatoria que sancione a los responsables.
Los datos de la CNDH indican
que, del año 2000 a la fecha, se han registrado 119 homicidios de periodistas,
en donde 12 eran mujeres. También se tienen documentados los casos de
desaparición de otros 20 comunicadores, de los que 20 son mujeres. Y se han
registrado 50 atentados contra instalaciones de medios de comunicación.
De todos estos casos, solo 5
de los 50 atentados a instalaciones a medios cuentan con un procesado en
prisión, en 10 casos existen procesados por igual número de homicidios, pero en
el caso de los desaparecidos no existe ningún avance de las investigaciones que
pueda ubicar el paradero de alguno de los comunicadores.
Pero las cifras de la CNDH se
quedan cortas frente a las emitidas por la Fiscalía para la Atención de Delitos
Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), pues aquí se indica que, de
julio del 2010 a diciembre del 2016, de las 798 denuncias que se recibieron en
esa instancia, por agresiones a periodistas, solo se tiene registro de dos
sentencias condenatorias, es decir el 99.7 por ciento de las agresiones
continúan en la impunidad.
De acuerdo a los datos
aportados por la FEADLE, a través de una respuesta emitida por la Oficina de
Transparencia y Apertura Gubernamental, mediante el oficio PGR/UTAG/00882/2017,
los casos de agresiones a periodistas que han sido atraídos por esa
dependencia, van al alza; entre los años 2013 al 2016 se atrajeron 48 casos de
delitos contra periodistas, en donde los abusos de autoridad fueron los más
insistentes.
En el periodo del 2013 al
2015 fueron 14 asuntos de abuso de autoridad, 13 de amenazas, tres de daño a
propiedad ajena, ocho por homicidio, tres por lesiones, uno por privación
ilegal de la libertad, cuatro por robo, uno por tentativa de robo y otro más
por tentativa de homicidio, los que se registraron en Baja California,
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México,
Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, San Luis Potosí, Tabasco,
Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.
PONEN TIERRA DE POR MEDIO
Las condiciones de
inseguridad para el ejercicio periodístico en México, no pueden ser mejor
evidenciadas que con el autoexilio que se han impuesto ya dos comunicadores:
apenas hace dos días, la periodista de Proceso, Patricia Mayorga Ordoñez,
decidió radicarse en Estados Unidos para conservar su vida.
En esta decisión la
periodista fue auxiliada por el Gobierno estatal de Chihuahua, que ayudó en los
trámites de solicitud de exilio al gobierno de Estados Unidos, así como en el
operativo para trasladarla de la capital del estado a un sitio en la frontera
norte, donde el gobierno norteamericano dio entrada a los trámites de solicitud
de exilio.
Patricia Mayorga tomó la
decisión del autoexilio, luego de recibir amenazas de muerte de quien o quienes
se estima se encuentran detrás del asesinato de la también comunicadora
Miroslava Breach. Y es que las dos reporteras realizaron trabajos conjuntos de
investigación sobre la presencia de células del narcotráfico entorno a algunos
proyectos mineros y de desplazamiento poblacional en la sierra Tarahumara.
El que no corrió con la
suerte de contar con el respaldo de su Gobierno estatal fue el periodista
Martín Méndez Pineda, quien por sus propios medios salió de Guerrero el pasado
2 de febrero para poner a salvo su vida. Esta decisión la tomó luego de recibir
amenazas de muerte por parte de elementos de la Gendarmería destinados a la
entidad para el combate a las células del crimen organizado.
Martín Méndez Pineda hizo
solo el trayecto desde Guerrero hasta Ciudad Juárez, luego que desde hacía
semanas había venido recibiendo amenazas de muerte por parte de ocho elementos
de la Gendarmería, a los que señaló de violentar garantías constitucionales de
unos detenidos, tras un incidente automovilístico registrado en las inmediaciones
de Acapulco.
El periodista de solo 23 años
de edad, movido por el instinto de la conservación, se presentó sin mayor
compañía en la garita fronteriza de El Paso, Texas, en donde ante funcionarios
del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas solicitó el asilo político
bajo el argumento del riesgo que corre su vida en suelo mexicano.
Este caso es acompañado por
Reporteros Sin Fronteras, donde se ha dado a conocer que el periodista
guerrerense sigue internado, en el centro de detención de El Paso, en donde ya
cumple 82 días sin que se resuelva su caso. Martín Méndez Pineda es
representado por el abogado Carlos Spector, quien confía en una solución
favorable para el comunicador.
(REPORTE
INDIGO/ J. JESÚS LEMUS / JUEVES 27 DE ABRIL DE 2017)
