Pocas veces se le ha visto
tan activa en un proceso electoral a la Fepade. Su fiscal, Santiago Nieto,
asegura que castigará el uso ilegal de recursos en las campañas sin importar
que funcionario o que partido político lo cometan
“Vamos
a ir contra quien haya cometido un ilícito, no tenemos ni juicios sumarios ni
absoluciones sumarias. No importa quién sea el infractor”
Santiago Nieto Castillo
Titular de la Fepade
El titular de la Fepade aseveró que se
ha actuado con imparcialidad contra varios partidos políticos y consejeros
electorales, para acreditar las conductas delictivas a las que han incurrido
“La función de fiscal no es para hacer
amigos, es una función incómoda para muchas personas, pero se trata de hacer
valer la ley”
2,026 Indagatorias integró la Fepade
durante el proceso electoral de 2015
92 Por ciento fueron por alteración al
Registro Nacional Electoral
8 Por
ciento por compra de votos y obstrucción de la autoridad electoral
72 Por ciento de investigaciones en
elecciones del 2017 acusan a la compra del voto
+23 Por ciento de indagatorias en
delitos electorales este año en relación al 2015
479 Expedientes de posibles ilícitos ha
integrado la Fiscalía en cuatro entidades
El proceso electoral del
próximo 4 de junio en el Estado de México, Coahuila, Veracruz y Nayarit, se
observa particularmente complicado, no solo porque ya se presenta como el
termómetro de las votaciones presidenciales del 2018, sino por la alta
competitividad electoral y la amenaza del uso de recursos públicos con fines
electorales.
En ese contexto, un actor
fundamental del proceso será la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales (Fepade) de la PGR, la que se observa más activa que nunca
en la persecución de los delitos electorales.
El titular de esta fiscalía,
Santiago Nieto Castillo aseguró que no habrá tregua para nadie que infrinja la
ley y trate de influir de manera ilícita en los resultados electorales.
Nieto Castillo dijo además
que está dispuesto a cumplir, sin importar las consecuencias, con la función
encomendada, para garantizar que los comicios venideros se ajusten en el plano
de la legalidad y la transparencia y que abonen al fortalecimiento de la democracia
en el país.
Por eso, indicó, la Fepade realiza un trabajo “sin filias ni
fobias”. No importa qué actor político, funcionario público o partido se tenga
que perseguir y no importa si la infracción es del mismo partido del presidente
de la República.
“Vamos a ir contra quien haya
cometido un ilícito, no tenemos ni juicios sumarios ni absoluciones sumarias.
No importa quién sea el infractor”, detalló.
Como encargado de órgano
perseguidor de los delitos electorales, Nieto Castillo ya comenzó a dar
muestras de que van en serio: a la fecha, la Fiscalía ha integrado 479
expedientes de posibles ilícitos en los cuatro estados con procesos electorales
en puerta.
Veracruz es el que mayor
cantidad de expedientes incriminatorios registra. Allí se han integrado 266
averiguaciones previas y 42 carpetas de investigación, que en su mayoría tienen
que ver con actos de alteración al Registro Nacional Electoral, muchos de ellos
propiciados desde la administración del entonces gobernador Javier Duarte de
Ochoa.
La segunda entidad con mayor
incidencia de posibles delitos electorales es el Estado de México, en donde se
han podido integrar 10 averiguaciones previas y 131 carpetas de investigación,
que han generado un total de 141 expedientes incriminatorios. La mayoría de las
denuncias también versan sobre la alteración al registro electoral.
Coahuila, en donde
recientemente la Fepade decomisó colchonetas, despensas y cobijas, retenidas
por la administración de Torreón para entregarse en apoyo al candidato del PRI
a la gubernatura, se ha iniciado una averiguación previa y 24 carpetas de
investigación.
En tanto en Nayarit, aunque
sólo se ha iniciado una averiguación previa y cuatro carpetas de investigación,
podría ubicarse uno de los mayores ilícitos de este proceso electoral, pues la
Fepade investiga al candidato independiente Hilario Ramírez, “Layín” por el uso
de recursos ilícitos.
Una de las líneas de
investigación en ese caso apunta al manejo de fondos entregados por el ex
fiscal Edgar Veytia.
“(En este caso) hay la
presunción de manejo de recursos ilícitos, que es un delito equiparable al
lavado de dinero, y se investiga con otras instancias institucionales que
tienen injerencia sobre esta materia”, explicó Nieto Castillo.
El fiscal agregó que no se
descarta que los fondos de financiamiento a la campaña de “Layín”, provengan
del ex fiscal acusado de narcotráfico en Estados Unidos.
¿UNA ELECCIÓN SUCIA?
Proporcionalmente, la
elección local que viene para el Estado de México, Coahuila, Veracruz y Nayarit
es una de las que más expedientes de ilícitos electorales registra.
A solo unos días de iniciado
el periodo de campañas, ya se han sumado 479 indagatorias, contenidas en 278
averiguaciones previas y 201 carpetas de investigación, por posibles delitos
electorales.
Esta cifra es alta, si se
considera que en el proceso electoral del 2015, cuando hubo elecciones en 14
estados del país, la Fepade integró 2 mil 026 indagatorias, de las cuales el 92
por ciento fueron por alteración al Registro Nacional Electoral y solo el 8 por
ciento por compra de votos, condicionamiento de programas institucionales y
obstrucción de la autoridad electoral.
Al inicio de las campañas
electorales de los cuatro estados con comicios en el 2017, de acuerdo a cifras
de la Fepade, apenas el 28 por ciento de las investigaciones iniciadas tienen
que ver con alteración al registro electoral, en tanto que el 72 por ciento de
las indagatorias acusan la posibilidad de compra de votos, condicionamiento de
programas sociales y peculado electoral, “delitos que están relacionados con
actividades de partidos y funcionarios públicos”.
De acuerdo a Nieto Castillo,
las investigaciones por posibles ilícitos electorales que se llevan a la fecha
significan poco más del 23 por ciento en relación a las registradas en todo el
proceso electoral del 2015. Sólo que ahora son únicamente cuatro estados y no
14.
Aún así, el Fiscal no anticipó
juicios sobre una elección sucia. Más bien señaló un cambio en la dinámica de
los delitos electorales.
“Es que se reciben más
denuncias, y se inician más carpetas con temas no relacionados con el registro
electoral, sino con la jornada electoral”, explicó. “Yo diría que se apunta
como una elección en donde la ciudadanía presenta más denuncias”.
Y eso se sustenta en las
estadísticas: nunca, como hasta ahora, la Fepade había hecho tan notorio su
trabajo de persecución del delito electoral, en donde desde ministros de culto
hasta funcionarios públicos de primer nivel han sido llevado a la justicia
penal electoral.
DOS CASOS EMBLEMÁTICOS
Uno de los casos que han
posicionado al organismo como autónomo en la persecución de los delitos
electorales, es el del ex dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de
México (PVEM) y ex subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la
Secretaría de Gobernación, Arturo Escobar y Vega.
A este exfuncionario, la
Fepade logró procesarlo y obtuvo una orden de aprehensión al señalarlo como
responsable de violar la ley electoral, luego que se demostró que celebró un
contrato con una empresa para la entrega indebida de 10 mil monederos
electrónicos para coaccionar el voto.
A causa del señalamiento de
la Fepade, Escobar y Vega fue separado de la subsecretaría de Gobernación para
encarar la acusación sin el cobijo institucional.
Aún cuando la orden de
aprehensión girada en contra del exlíder del PVEM no causó efecto, a la fecha
este funcionario se mantiene alejado de la vida política.
Otro caso en donde la Fepade
tuvo éxito fue en el del secretario de Desarrollo Social de Colima, Rigoberto
Salazar Velasco, a quien se le señaló por el presunto uso de programas
sociales, a favor del candidato del PRI en la pasada elección de gobernador.
Salazar Velazco fue absuelto
por el tribunal unitario del Trigésimo Segundo Circuito del Poder Judicial de
la Federación, pero, la intervención de la Fepade hizo que el proceso electoral
local fuera anulado y reprogramado.
“Lo que puedo decir, es que
(desde la Fepade) se actúa con imparcialidad, sin filias ni fobias, para que se
sancione a quienes han cometido delitos. No perseguimos partidos sino delitos”,
remarcó.
POLÍTICA DE ‘CORTE PAREJO’
Santiago Nieto Castillo, es
mesurado. Mide bien sus palabras. Las razona. Habla despacio, pero firme. No
hay rastro de emociones en su rostro. Clava la mirada, para que anclen sus
palabras. Resalta que no va contra nadie en especial, pero tampoco va a tolerar
delitos electorales durante su gestión. Es una especia de política de “corte
parejo”.
“Hemos actuado contra
funcionarios del PAN, Consejeros Electorales, funcionarios del PVEM, contra el
PRD, contra del PRI, en contra de Movimiento Ciudadano… se trata de actuar con
imparcialidad para acreditar la conducta delictiva”, explicó.
Aseguró que no tiene miedo de
tocar intereses. El titular de la Fepade está cierto de su trabajo. “Yo creo
que la función de fiscal no es para hacer amigos, es una función incómoda para
muchas personas, es una función no reconocida en términos de afectos, pero se
trata de hacer valer la ley, y esto implica estar en situaciones encontradas”.
Los delitos electorales,
explicó, son conductas particularmente relevantes: la compra de votos, el
condicionamiento de programas sociales, lo que hacen es plantear que es una
dádiva del gobierno, pero se trata de un derecho a la población, en razón de lo
establecido en la Constitución.
“Por eso es muy importante
señalar que no se pueden utilizar programas oficiales con fines electorales”,
insistió.
EN COAHUILA, CONTRA PRI
En Coahuila, un estado
gobernado por el PRI, la Fepade ha iniciado 24 carpetas de investigación: una
en Monclova, dos en Piedras Negras, una Ramos Arizpe, 14 en Saltillo y una en
San pedro. Allí también ya se inició una averiguación previa, en el municipio
de Sabinas.
De todas las indagatorias, se
ha fincado responsabilidad contra el PRI en tres expedientes. Mientras que el
PAN ha sido el denunciante en la integración de cinco carpetas, donde los
ilícitos van desde recoger credenciales para votar de los ciudadanos,
condicionar la prestación de servicios públicos, destinar bienes públicos en
apoyo o perjuicio de candidatos, hasta proporcionar apoyo oficial a candidatos
o partidos políticos.
El caso más destacable es el
manejo indebido de recursos y apoyos que otorgó el Fondo para la Atención de
Emergencias (FONDEN), consistente en más de 13 mil colchonetas, despensas y
cobijas, las que no se entregaron a la población por parte del Gobierno
municipal de Torreón, con la intención de distribuirse con fines electorales, a
favor del candidato del PRI al gobierno estatal.
ESTADO DE MÉXICO, ‘TURISMO ELECTORAL’
A unos días de iniciadas
campañas electorales en el Estado de México, la Fepade ha iniciado ya 131
carpetas de investigación, de las que 112 son por alterar el Registro Federal
de Electores, con la práctica del turismo electoral, es decir, cuando un
ciudadano de otro estado falsea datos para registrase en la entidad.
También se iniciaron tres
carpetas de investigación por recoger credenciales a los ciudadanos; tres, por
solicitar votos por paga; siete, por destinar bienes públicos a favor de
candidatos; dos, por alterar o destruir documentos electorales; una, por
condicionar la prestación de servicios; una por la designación de funcionarios
electorales a cargos de elección; una por ejercer presión para inducir al voto,
y otra más por intimidación electoral.
En esa entidad, donde
gobierna el PRI, también se han iniciado 9 averiguaciones previas por el delito
de alteración al Registro Federal de Electores, y otra más por apoderarse,
destruir, alterar, poseer, usar, adquirir, vender o suministrar de manera
ilegal materiales públicos electorales.
De acuerdo a la Fepade, la
denuncia del partido Movimiento Ciudadano ha hecho que se abra un expediente
por posibles ilícitos electorales, el PRD ha denunciado también dos ilícitos,
Morena uno y el PAN otro más, donde ha resultado inculpado en cuatro ocasiones
el PRI y en una el PRD.
NAYARIT, LOS FONDOS ILÍCITOS
En Nayarit se han abierto
cuatro carpetas de investigación; una por los posibles ilícitos de
obstaculización al desarrollo del proceso electoral, otra por solicitar voto
por paga y dos más por realizar, destinar o recibir aportaciones de dinero
ilícito a favor de algún candidato, cuando existe una prohibición legal para ello.
Aquí también se ha iniciado
una averiguación previa por altear el registro electoral, el que ocurrió en el
municipio de Ixtlán del Río, en tanto que las carpetas de investigación
abiertas se han radicado en los municipios de Acaponeta, San Blas y Tepic,
donde el asunto relevante es el programa de Seguro Alimentario, manejado por el
gobierno estatal a favor del candidato del PRI.
VERACRUZ, PRIMERO EN IRREGULARIDADES
De las cuatro entidades que
celebrarán elecciones en junio, Veracruz es en la que más averiguaciones
previas y carpetas de investigación por posibles delitos electorales registra;
aquí se han abierto un total de 308 expedientes, de los que 266 son averiguaciones
previas y 42 son carpetas iniciales de investigación.
En el estado, el PAN ha sido
denunciante de un acto de alteración del registro electoral, y el PRD denunció
el apoderamiento de documentos electorales en el municipio de Tantoyuca; de los
expedientes abiertos, al PAN se le ha fincados responsabilidad en uno de ellos,
y al PRI, junto con el partido local Alternativa Ciudadana, se le ha fincado
responsabilidad en otro más.
(REPORTE INDIGO/ J. JESÚS LEMUS/ Lunes
17 de abril de 2017)