miércoles, 5 de abril de 2017

CON TODAS LAS DE LA LEY LA CAPTURA DE PISTOLEROS DESPUÉS DE BALACERA EN COL. SANTA ROSA EN SAN JOSÉ DEL CABO


La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Delegación Baja California Sur, obtuvo del Juzgado Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, auto de vinculación a proceso contra cinco adultos y un menor de edad.

De acuerdo con el Informe Policial Homologado, elementos de la Policía Ministerial del Estado, realizaron la detención de seis hombres, en un domicilio ubicado en Callejón sin nombre entre Hacienda de Corralejo y Guadalupe Victoria, de la colonia Invasión Santa Rosa, en San José del Cabo, donde se suscitó un enfrentamiento a balazos entre los elementos policiacos y los civiles.

Ahí, se les logró asegurar cinco armas de fuego, tipo largas, calibre 7.62 x 39 mm y .223 mm, 343 cartuchos útiles de los calibres antes descritos y siete cargadores más.

Por tal motivo, el Juez de Control, calificó de legal la detención de los imputados y dictó auto de vinculación a proceso por el delito de Portación de Arma de Fuego, Posesión de Cargadores y Cartuchos de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

La autoridad judicial estableció como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa para los cinco adultos, quienes se encuentran recluidos en el Centro de Reinserción Social (CERESO) y el adolescente se encuentra en el Centro de Internamiento y Tratamiento para Adolescentes (CITA La Paz).


(COLECTIVO PERICU/ REDACCIÓN/ ABRIL 3, 2017)

ROBAN 2 MIL KM DE CABLE A CFE, LA MISMA DISTANCIA ENTRE BCS Y YUCATÁN

En la división sureste, que abarca municipios de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, ocurrieron 53 hurtos que significaron pérdidas por un millón 754 mil pesos.



 (Foto: Archivo / Cuartoscuro)

Entre 2012 y 2015, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le fueron robados 2 mil 144 kilómetros de cable, casi el equivalente a recorrer en línea recta, desde Cabo Pulmo, en Baja California Sur, hasta Dzilam de Bravo, Yucatán.

En algunas entidades de la República, los montos que la empresa paraestatal ha perdido por los robos ascienden a más de un millón de pesos, de acuerdo con información obtenida por Aristegui Noticias vía Transparencia.


Distancia medida con la herramienta gaia.inegi.org.mx

La División de Distribución de la zona Veracruz fue la que más ha sufrido a manos del hampa en el periodo analizado, pues le fueron sustraídos 126 mil 885 metros de cable en 2012; 73 mil 339 en 2013; 60 mil 596 en 2014, y 53 mil 70 en 2015, ocupando el primer lugar a nivel nacional.

Mientras que la División de Distribución Jalisco ocupó el segundo lugar, ya que entre 2012 y 2015 le robaron 226 mil 933 metros de cable. De ellos, 152 mil 249 corresponden a las zonas de Altos, Chapala, Ciénega, Costa, Minas, Santiago, Vallarta y Tepic, sustraídos durante 2012.

Por otro lado, en la División Sureste —que abarca los municipios de Chontalpa, Huatulco, Oaxaca, San Cristóbal, Tapachula, Tehuantepec, Tuxtla y Villahermosa— se registraron 53 hurtos de cable que significaron pérdidas por un millón 754 mil 976 pesos; no obstante, sólo fueron interpuestas 39 denuncias.

Explora en este mapa interactivo las cantidades de cable robado por municipio:

La Gerencia Regional de Transmisión de Baja California reportó pérdidas por más de un millón 250 mil pesos, debido al robo de 6 kilómetros de dicho material.

Asimismo, la Gerencia Regional de Transmisión Peninsular fue víctima del robo de cantidades de cable tan grandes como un carrete de una tonelada de peso, hecho por el que se presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) en 2013.

Los precios del cobre y el fierro que se extraen del cable robado pueden variar en el mercado negro, dependiendo de la entidad. En el municipio de Morelia, Michoacán, el kilo de cobre se compra en 65 pesos, y el de fierro en 1.50; en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el cobre alcanza los 105 pesos por kilo y el de fierro llega a 3.50 pesos; mientras que en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, el precio del cobre fluctúa entre los 65 y 70 pesos el kilo y el de fierro alcanza los 12.80.

Entrevistados por separado, el senador morelense Rabindranath Salazar y el vocero del extinto Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Humberto Montes de Oca, coincidieron en señalar que han recibido reportes de personas vestidas con uniformes de la Comisión Federal de Electricidad que se llevaron cable de cobre durante el reemplazo de éste por material de aluminio.

“CFE pierde anualmente casi 63 millones de pesos por el robo de cable conductor de electricidad”, aseguró Salazar. “Hubo una serie de denuncias de ciudadanos que señalaban diversas anomalías, ellos mencionaban que llegaban camionetas con logos de la CFE o empresas contratistas con logos de la CFE y que retiraban cantidades no cuantificadas de cableado para colocar el nuevo cableado de aluminio; sin embargo, no se sabe qué se estuvo realizando con el cable retirado”.

El vocero del SME comentó: “Con el pretexto de reemplazar el cobre, las empresas contratistas lo retiraban de la red aérea y subterránea, se lo llevaban a los centros de distribución o a donde estaban ellos concentrados y luego lo desaparecían“.


(ARISTEGUI NOTICIAS/ MAURIZIO MONTES DE OCA/ ABRIL 5, 2017 9:36 AM)

TARJETA “LA EFECTIVA” EN EDOMEX, VINCULADA A PROTAGONISTA DEL ESCÁNDALO OHL


Apolinar Mena, destituido y luego reintegrado al gabinete por Eruviel Ávila, era dueño de la marca.

Juan Omar Fierro y Sebastián Barragán
La tarjeta “La Efectiva” que entrega el gobierno del Estado de México a beneficiarios de programas públicos fue objeto de denuncias penales por su presunto uso electoral en los comicios estatales y federales de 2012, 2014 y 2015, sin que las quejas presentadas por el PRD y el PAN contra el PRI hayan prosperado.

Para este 2017, un nuevo elemento de análisis se suma a las denuncias que han hecho los partidos políticos de oposición: entre 2011 y 2016 el uso y explotación de la marca “La Efectiva” correspondió a un funcionario del gobierno del Estado de México que estuvo vinculado a los escándalos de supuesta corrupción que han afectado a la empresa OHL, constructora del Viaducto Bicentenario en tierras mexiquenses.

Se trata de Apolinar Mena Vargas, actual Secretario Técnico del Gabinete en el gobierno del Estado de México y uno de los hombres más cercanos al Gobernador Eruviel Ávila Villegas, quien no dudó en reincorporarlo a su gabinete luego de que lo despidiera como Secretario de Comunicaciones en mayo del 2015.

Mena Vargas obtuvo el registro de la marca “La Efectiva” para 14 giros distintos en octubre del 2011 y fue titular de los derechos para la explotación del nombre de esta tarjeta hasta el pasado 11 de febrero del 2016, cuando finalmente transfirió los derechos para el uso de la marca al gobierno del Estado de México.

De acuerdo con documentos del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI), Apolinar Mena, en su calidad de particular, fue el titular de la marca utilizada por el gobierno del Estado de México para repartir becas, compensaciones económicas y otros beneficios de programas sociales entre 2011 y 2016, lapso de tiempo que abarca las elecciones federales realizadas en 2012 y 2015, así como los comicios estatales celebrados en 2014.

A pesar de que la transmisión de derechos se hizo a título gratuito el año pasado, se desconoce si el aprovechamiento de la marca “La Efectiva”, generó algún tipo de costo para el gobierno del Estado de México.

LA HISTORIA OCULTA DE “LA EFECTIVA”

El nombre de la tarjeta “La Efectiva” apareció por primera vez en los comicios estatales de 2011, cuando el entonces alcalde de Ecatepec, Eruviel Ávila Villegas, fue nominado candidato a gobernador del Estado de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Enrique Peña Nieto se perfilaba como candidato presidencial de ese mismo instituto político.

“La Efectiva” fue una de las promesas de campaña del actual gobernador mexiquense, por lo que diversos documentos del IMPI dan cuenta de que su registro estuvo asociado al PRI y al Partido Verde, siglas que aparecen vinculadas al registro de la marca.

El trámite para reservar el nombre y la imagen de la tarjeta con beneficios y descuentos sociales se inició el 24 de mayo del 2011, cuando Ávila Villegas todavía se encontraba en campaña para llegar a la gubernatura del Estado de México.

El 11 de octubre de 2011, el IMPI concedió el uso de la marca “La Efectiva” a Apolinar Mena Vargas en rubros como servicios de publicidad, apoyos económicos, programas sociales y servicios médicos.

Los derechos de uso y explotación de la marca incluyeron expresiones como “Eruviel, Gobernador del Estado de México”, “PRI Verde”, “Unidos por TI”, “Piensa en Grande y “Beneficiarios de Programas Sociales”.

Los derechos de explotación para el diseño de “La Efectiva” incluyen la impresión de los colores y logotipos del PRI en los plásticos que serían entregados a los beneficiarios de los programas sociales del gobierno del Estado de México.

Otras frases que el amigo de Eruviel Ávila decidió proteger ante el IMPI junto con el registro de la marca “La Efectiva” fueron “Con mi tarjeta, nuevos programas y más apoyo para la familia”; “Eruviel, Gobernador del Estado de México” y “Con tu apoyo, lo haremos realidad”, entre muchas otras.

Durante los cinco años que Apolinar Mena fue titular de “La Efectiva”, los registros marcarios que vincularon a la tarjeta con el PRI y el Partido Verde, se mantuvieron sin cambios y pudieron seguir así hasta el año 2021, pero el escándalo del caso OHL sacudió al gobierno del Estado de México.


AUDIOS DEL CASO OHL IMPACTAN A “LA EFECTIVA”

Operador político de Eruviel Ávila Villegas, Apolinar Mena Vargas fue designado como Secretario de Comunicaciones cuando el priista asumió la gubernatura del Estado de México, cargo en el que se mantuvo sin sobresaltos hasta el 6 de mayo del 2015, cuando se dio a conocer un audio que lo vinculó con un presunto acto de corrupción.

En el audio que se difundió a través de redes sociales, Mena negocia con un alto directivo de OHL, Pablo Wallentin, su estancia en un lujoso hotel ubicado en Cancún, Quintana Roo, la cual tuvo un costo de 124 mil pesos por un lapso de cinco días.

Durante la charla telefónica, Wallentin se compromete a reponer esos recursos al entonces Secretario de Comunicaciones, pero el político mexiquense negó que eso hubiera ocurrido. La respuesta de Apolinar Mena fue publicada en Youtube, pero no en el canal del gobierno mexiquense, sino en otro denominado OHL Aclaraciones.



Eruviel Ávila obligó a su amigo a renunciar y le impuso una multa de 184 mil pesos, pero en septiembre de 2015 lo reintegró a su equipo de trabajo como Secretario Técnico del Gabinete, con el argumento de que no se encontraron elementos para procesarlo por corrupción.

En coincidencia con el escándalo OHL; Apolinar Mena inició el trámite para transferir los 14 registros de marca y diseño de “La Efectiva” al gobierno de Eruviel Ávila, el cual comenzó el 25 de mayo de 2015, es decir ocho días después de su despido temporal.

Los documentos obtenidos por Aristegui Noticias señalan que la transmisión de derechos se hizo por un acuerdo entre Mena Vargas y la Consejería Jurídica del Estado de México, a cargo de la abogada Luz María Zarza Delgado, sin que se haya recurrido al uso de recursos públicos para liquidar los intereses del actual Secretario Técnico del gobierno de Eruviel Ávila.

“La presente cesión (de derechos) tiene carácter gratuito, renunciando el cedente (Apolinar Mena) a cualquier reclamación posterior por este concepto”, afirma la segunda cláusula del contrato firmado por ambas partes.


“LA EFECTIVA” Y SUS LIGAS CON EL CASO MONEX

“La Efectiva” opera con el esquema de la empresa “Sí Vale”, de acuerdo a la página oficial del Estado de México sobre este programa:

CAPTURA DE PANTALLA 2017-04-04 A LAS 22.30.29

Originalmente esta empresa tenía la razón social “Prestaciones Universales” y estaba bajo la cartera de Monex.

Durante la campaña electoral de 2012, Monex fue acusada de servir como plataforma de compra ilegal del voto precisamente mediante tarjetas donde se depositaba dinero.

Una investigación de este equipo cuando trabaja en radio, concluyó que Monex usó a la marca “Sí Vale” para estas operaciones (Ver Caso Monex: el recuento)



(ARISTEGUI NOTICIAS/ REDACCIÓN AN/ ABRIL 5, 2017 9:30 AM)


PEMEX REVELA LISTA DE CONTRATOS CON ODEBRECHT


Reiteran su compromiso para colaborar en el esclarecimiento de los hechos

Milenio | Ciudad de México.- Petróleos Mexicanos reveló este miércoles los contratos celebrados de 2010 a la fecha con Odebrecht y Braskem, empresas brasileñas acusadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por dar sobornos para obtener contratos en diferentes partes del mundo.

En el comunicado se detalla que Pemex tiene cuatro contratos con la empresa brasileña, el primero de suministro de etano fue firmado en febrero de 2010 con Braskem. Los contratos son:

"Pemex reitera su compromiso para colaborar en el esclarecimiento de los hechos hasta sus últimas consecuencias y agradece el trabajo institucional de PGR tanto a nivel nacional como con las 12 procuradurías internacionales con las que se ha venido trabajando.

Pemex en un ánimo de mejorar prácticas en materia de transparencia y de informar oportunamente a la sociedad, continuará comunicando los avances de las investigaciones en cuanto las autoridades competentes así lo vayan autorizando", finaliza el texto.


(ZOCALO / MILENIO/ Redacción/ 05 DE ABRIL 2017)

SE ENTREGA POLICÍA FEDERAL; PROTEGÍA A LOS BELTRÁN LEYVA

El elemento, se entregó voluntariamente a autoridades de Estados Unidos esta semana



Manelich Castilla Cravioto, comisionado general de la PF. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México.- Un elemento de la Policía Federal, identificado como Iván Reyes Arzate, que desde su posición obstruyó las investigaciones en contra del cartel de los Beltrán Leyva, a cambio de beneficios personales, se entregó voluntariamente a autoridades de Estados Unidos esta semana.

Durante un mensaje a medios, Manelich Castilla Cravioto, comisionado general de la Policía Federal (PF), informó que la mala actuación del elemento, a quien sólo identificó como Iván “N”, se derivó de investigaciones entre ambos países, México y Estados Unidos, en contra del grupo criminal, desde noviembre del año pasado.

Reyes Arzate tenía 16 años en la PF, a donde había llegado procedente de un cargo, también como investigador, en la Procuraduría General de la República (PGR), indicaron fuentes del Gabinete de Seguridad.

El ex elemento estaba asignado al grupo antidrogas, de la División de Investigación de la corporación federal, en donde mantenía un enlace con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

“A principios del mes de noviembre de 2016, se detectó que el hoy ex elemento de la PF mantenía una presunta relación con un operador de una organización criminal.

“Por ello la Unidad de Asuntos Internos de la PF mantiene una investigación abierta sobre el caso, además de que el elemento fue separado del cargo desde el mismo mes de noviembre de 2016”, explicó Castilla Cravioto.

El comisionado de la corporación federal agregó que Iván “N”, al verse cercado por las investigaciones que realizaban las autoridades de México y Estados Unidos, decidió entregarse voluntariamente.

“Al conocer que tanto las autoridades de nuestro país como de Estados Unidos lo investigaban, el funcionario decidió entregarse voluntariamente a la Fiscalía de Chicago.

“Iván “N” enfrenta cargos por obstrucción de una investigación relevante para ambas naciones, a cambio de un beneficio personal”, agregó Castilla Cravioto.

Las fuentes consultadas explicaron que una fuga de información, durante un operativo de rutina realizado en noviembre del año pasado, permitió detectar la complicidad de Reyes Arzate con el grupo de los Beltrán Leyva.

Ante ello se determinó su separación de las investigaciones y el inicio de un procedimiento ante la Unidad de Asuntos Internos, que derivó en su entrega voluntaria ante la Fiscalía de Chicago, esta semana.

Se indicó que las investigaciones en contra del ex policía federal han permitido detectar que su actuación no contaminó la operación de la corporación y tampoco involucró a otros elementos.

Las fuentes explicaron que, independientemente del proceso que se le siga en Estados Unidos, Reyes Arzate enfrentará cargos en México, una vez que concluyan las investigaciones en su contra.


(ZOCALO/ Excélsior/ 05 DE ABRIL 2017)

EL MISTERIO DE TECNORADIO (II)

La empresa Tecnoradio decidió dar la cara, a medias, la semana pasada. En un comunicado de prensa, aclaró que Carlos Lara, el director del Instituto Mexicano de la Radio, y Cenobio Alfonso Amilpas, dejaron de ser accionistas de la empresa en septiembre del año pasado. Dio a conocer los nombres de sus tres nuevos accionistas, totalmente desconocidos en la industria y sin antecedentes en la radio, con lo cual, lejos de despejar de sospecha sobre la transparencia de sus intenciones mercantiles, levantó una nueva ola de especulación en los medios sobre quiénes están realmente detrás de esos accionistas y si no, en realidad, se trata de testaferros de un grupo radiofónico que se quiso pasar de listo. Tecnoradio aseguró que todas esas insinuaciones son falsas, y que no hay ningún concesionario de radiodifusión o telecomunicaciones que tenga interés en la empresa. ¿Por qué creerles mediante un acto de fe?

Las concesiones de radio -también de televisión- para uso comercial, se otorgan a personas y empresas que tienen como objetivo su explotación con fines lucrativos y se otorgan mediante concurso. Más allá de su estructura de propiedad y fines mercantiles, representan un servicio de interés público que obliga a que siempre se valore la función social que cumple, que incluye los requisitos legales establecidos para que se les otorgue, y la transparencia en torno a aquellos que la van a operar. Por el tipo de impacto y alcance que tienen en una sociedad, no debe permitírseles que exista duda alguna sobre el origen de los dineros. En el caso de Tecnoradio, los señalamientos son que sus nuevos accionistas son prestanombres de grupos de radiodifusores, pero también podría haber necesidad para saber si el dinero que se han comprometido a pagar como contraprestación, no procede de un negocio ilícito o de un acto delictivo.

Lo imperativo de conocer la escala empresarial que tienen los nuevos socios de Tecnoradio está directamente relacionada a que tres días antes de iniciar la licitación, le compraron la empresa a Lara y Amilpas los señores Alí Eduardo Bañuelos Santana, que se quedó 480 acciones, René Padilla Páez y Francisco Javier Márquez Lozano, propietarios de 60 acciones cada uno, y se lanzaron a una aventura donde no tenían ninguna experiencia ni recursos aparentes para ello. Tecnoradio se presentó a la licitación de 157 frecuencias, de las que se quedó con 34 FM y 3 AM en 18 estados, tras ofrecer pagar 287 millones de pesos, 37 millones más que el segundo lugar, Grupo Radio Centro, con un largo historial en la industria.

En el comunicado, los nuevos accionistas de Tecnoradio demandaron respeto a su derecho de salvaguardar su información personal, conferida en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Hasta dónde la autoridad, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, permitirá la oppacidad sobre los accionistas? ¿Hasta dónde otras autoridades seguirán blindando el origen de los recursos de Bañuelos Santana, Padilla Páez y Márquez Lozano? Exigir transparencia no es inculparlos de dinero mal habido, sino de saber en dónde está el origen de sus fortunas para poder entender el porqué de la puja que hicieron por las frecuencias, que elevó en 20 por ciento el costo sobre los precios de referencia del mercado, con lo cual alteran por completo el futuro de la industria: si se concreta la contraprestación, en el futuro cada vez que se renueve una concesión, el precio de referencia será el que presentó Tecnoradio, lo que hará inviable, financiera y comercialmente, una operación sana de cualquier radio.

El tema de Tecnoradio ha causado molestia en el sector de la radio y las telecomunicaciones, amén de enorme especulación. La prensa especializada ha sugerido reiteradamente que detrás de los socios de encuentran los propietarios de Radiorama, el grupo que encabezan Javier Pérez de Anda y Adrián Pereda, quienes fueron los que –particularmente el segundo-, sugirieron en 2011 a Lara y Amilpas que fundaran una empresa porque les iban a ayudar a adquirir estaciones de radio. Lara y Amilpas trabajaron largo tiempo con ellos dentro de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, pero nunca recibieron los apoyos prometidos tras la fundación de Tecnoradio.

Por la forma como históricamente se han forjado las alianzas dentro de la industria y los realineamientos de empresarios, en la compra-venta de Tecnoradio ven las manos de los fundadores de Radiorama, que no podían presentarse a este concurso de nuevas licitaciones, porque una operación previa de adquisición de concesiones del Grupo Acir, no la reportaron en tiempo y forma, por lo que el Ifetel no les permitió participar. La hipótesis dentro de la industria es que buscaron testaferros y pagaron una escritura de ocho mil pesos –que es el costo promedio-, para aprovechar también el descuento que Ifetel les hace a los nuevos actores en la industria, de casi 30 por ciento del valor de las concesiones.

El rechazo a las imputaciones de que son prestanombres hecho por Tecnoradio es totalmente insuficiente para aclarar el misterio de la empresa. Entre el 3 de este mes y el 22 de mayo, el Ifetel debe recibir los pagos de derechos por las estaciones en las que compitió, y entre el 26 y 28 de julio, extender en dado caso los títulos de concesión. Es decir, aún es tiempo para la opinión pública sepa de qué están hechos realmente los socios de Tecnoradio o, en su defecto, cancelar esta licitación que apesta por todos lados.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa

(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 05/04/2017 | 04:07 AM) 



LA CORRUPCIÓN DE ODEBRECHT

Todos los esfuerzos del conglomerado brasileño Odebrecht para alcanzar un acuerdo con la Procuraduría General de la República para evitar un litigio que los libere penalmente de haber pagado más de 10 millones de dólares a funcionarios de Pemex, fracasaron. De acuerdo con El Financiero, las autoridades mexicanas rechazaron una reparación por una suma similar, en primera instancia, y por el doble de lo que pagaron de sobornos en una contrapropuesta, además de revelar detalles de quiénes en Pemex les ayudaron a darle la vuelta a la ley. Quieren ir al fondo de este esquema de corrupción. El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, y 17 funcionarios y ex funcionarios, serán citados a declarar dentro de la primera parte de una indagatoria iniciada en enero y que abarcará los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

Cercanos a Lozoya aseguran que el ex director no tiene ninguna responsabilidad en el caso Odebrecht, aunque en documentos de la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, donde la empresa y su filial Braskem, dedicada a la petroquímica, aceptaron pagar una multa de tres mil 500 millones de dólares –la más alta en la historia de Estados Unidos–, al haber utilizado el sistema de pagos de esa nación para sus operaciones ilegales, se menciona el pago de 16 millones y medio de dólares a funcionarios de Pemex entre 2010 y 2014 para “asegurar obra pública”.

En el acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se menciona también un caso, alrededor de octubre de 2013, donde Odebrecht aceptó pagar a un “alfo funcionario” de una empresa paraestatal, por haberles ayudado a ganar la licitación en un proyecto, que no mencionan en específico, como tampoco revelan el nombre del funcionario. El último pago de seis millones de dólares, indican los documentos, fueron hechos entre diciembre de 2013 y finales de 2014, a través de lo que el conglomerado llamaba División de Operaciones Estructuradas, que en palabras de las autoridades estadounidenses, era “una Secretaría de Sobornos”. Los beneficios que obtuvo Odebrecht por los pagos fueron del orden del 300 por ciento.

Los cercanos a Lozoya dijeron que el ex director de Pemex realizó investigaciones sobre sus principales directores para poder determinar si habían recibido pagos que pudieran haber levantado sospecha, pero que nunca encontró irregularidades en sus balances financieros. El Departamento de Justicia nunca dio a conocer que se trataba de Pemex, pero la indagatoria de la PGR ubica en esa paraestatal los actos de corrupción. Por el momento, de acuerdo con El Financiero, sólo se va a revisar la gestión de Lozoya, aunque la información que dio Oderbrecht a las autoridades estadounidenses incluye también la administración de Juan José Suárez Coppel, quien estuvo al frente de Pemex durante los tres últimos años del gobierno de Calderón.

Las autoridades de los dos países noo han revelado cuáles son las áreas en donde saben que existió la corrupción y que probará la PGR en la indagatoria. Sin embargo, en el periodo señalado por la empresa brasileña al Departamento de Justicia, se infiere que se trata del proyecto de Los Ramones, un gasoducto que abastecerá de gas natural a Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas, considerado como la principal obra del sexenio de Calderón. En 2014, el año que usó la Corte en Brooklyn como ejemplo de la corrupción en México, Odebrecht ganó esa licitación de Pemex, a través de su filial Tag Pipelines, del tramo dos del gasoducto, cuyo contrato fue de 935 millones de dólares, y que ha tenido demoras, contratiempos e incrementos injustificados en su costo final.

La obra de Los Ramones pasó por la Dirección de Pemex Gas y Petroquímica, llamada hoy Transformación Industrial, que en los periodos de referencia en los documentos de la Corte Federal de Brooklyn, tuvieron dos cabezas, Jordy Herrera, a quien el Presidente Calderón nombró Secretario de Energía en 2011, y Alejandro Martínez Sibaja, quien estuvo en el cargo hasta la primavera del año pasado, cuando fue cesado por el nuevo director, José Antonio González Anaya, en medio de sospechas de corrupción, aunque oficialmente se informó que había pedido su jubilación.

Los dos forman parte de un grupo político-empresarial que estuvieron muy involucrados en la construcción de gasoductos, donde el potencial de inversiones se calcula en 16 mil millones de dólares. Tag Pipelines, la empresa que se asoció con Pemex para Los Ramones, tiene como director ejecutivo a Jaime Calpe Galván, socio de la empresa J&E Energía, donde trabaja la hija de Martínez Sibaja, y está vinculada al abogado Jesús Rodríguez Dávalos, involucrado en la industria del gas, cuya prima hermana es esposa de Herrera.

Otro proyecto que se encuentra dentro del periodo durante el cual Odebrecht pagó sobornos, se dio en 2011, para la construcción del Complejo Petroquímico Etileno XXI, en Coatzacoalcos, Veracruz, que dio vida al complejo más grande de su tipo en América Latina, y contó con todo el apoyo de los ex gobernadores Fidel Herrera y su sucesor, Javier Duarte, que obtuvo beneficios directos de la obra al haber comprado sus cercanos terrenos a bajo costo en esa zona, cuya plusvalía se disparó.

Odebrecht le dijo a la PGR que está dispuesta a colaborar, y aportó información para tratar de evadir los tribunales. No logró ese acuerdo, y la PGR ha enviado señales que quiere ir hasta el fondo de la corrupción en breve. Buena declaración de principios. Ya se verá si la realidad no frustra sus intenciones.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa


(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/Raymundo Riva Palacio/ 04/04/2017 | 01:00 AM)  

MÁS MILITARES Y MÁS VIOLENCIA Y VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS EN SINALOA


La semana pasada, autoridades federales y estatales iniciaron nuevos operativos militares contra el narcotráfico en Sinaloa, pero la participación del Ejército Mexicano y Secretaría Marina Armada de México en este tipo de acciones no han provocado una disminución de asesinatos y, por el contrario, sí han originado un aumento de la violencia y de violaciones a los derechos humanos.

En el 2007, cuando la incidencia delictiva mantenía una tendencia estable, de 2.03 homicidios diarios, el total de asesinatos llegó a 742. Pero en el 2008, con la fractura del Cártel de Sinaloa y los enfrentamientos entre los grupos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y los hermanos Beltrán Leyva —y los militares patrullando las ciudades—, los homicidios subieron a 3.19 diarios, sumando mil 167.

Autoridades estatales, con Jesús Aguilar Padilla como gobernador, y del gobierno federal, encabezados por Guillermo Galván Galván, entonces secretario de la Defensa Nacional (Sedena), anunciaron entonces el operativo Culiacán-Navolato, también llamado Sinaloa Seguro, en mayo de 2008.

Las acciones incluían el envío de mil 433 elementos del Ejército Mexicano, 740 agentes de la Policía Federal, 500 de la Secretaría de Marina Armada de México, y 50 agentes de la Procuraduría General de la República (PGR).

Los operativos eran espectaculares. Decenas de vehículos artillados, de la milicia, desfilando por las calles de Culiacán, por carreteras, y por la ciudad de Navolato: la imponencia de uniformes, equipo, vehículos y armas, no se reflejó en una mayor tranquilidad o menor zozobra.

En el 2009 el operativo militar continuaba, aunque no con la misma intensidad y espectacularidad. Las muertes violentas fueron 1 mil 252 y el promedio diario subió a 3.43 víctimas.

Pero en el 2010 la violencia se disparó, alcanzando la cifra histórica de 2 mil 250 homicidios y un promedio de 6.16 asesinatos por día.

En el sexenio de Mario López Valdez, que apenas concluyó en diciembre pasado, fueron alrededor de 7 mil 700 asesinatos, la mayoría relacionados con las pugnas entre cárteles del narcotráfico. El año que tuvo mayor incidencia de homicidios fue 2011, con mil 906.

En lo que va de 2017 suman  232 asesinatos, de acuerdo con los datos publicados en el portal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), aunque fuentes extraoficiales indican que en este lapso van alrededor de 370 homicidios.

Actualmente y una vez que Quirino Ordaz Coppel asumió la gubernatura, fue militarizada la seguridad pública en la entidad: el titular de la secretaría de Seguridad (SSP) es el general retirado Genaro Robles Casilla, los mandos en las 18 policías municipales fue asumido también por militares y operan en la entidad cerca de mil 800 elementos de la Policía Militar. Además, la semana pasada llegaron 900 soldados que realizarán labores de vigilancia en Culiacán y Mazatlán.

Con todo y el espectacular despliegue de la Marina y el Ejército, el promedio diario de asesinatos es de 4.1 de enero a marzo.

SANGRE EN LA CÚSPIDE

A pesar de los operativos militares de 2008, hubo hechos sangrientos y de escándalo. Entre ellos la ejecución de Édgar Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y de Griselda López.

También fueron asesinadas nueve personas, entre empleados y clientes, del taller de carrocería y pintura Mega 2000, ubicado en la colonia Los Pinos, también llamada Ejidal. Entre los occisos había dos catedráticos de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), y un joven de 16 años.

Dos semanas después, cinco policías estatales fueron asesinados a mansalva mientras patrullaban en el sector universitario de Culiacán.

EL REGISTRO DE LOS ABUSOS

Tan solo del 1 enero de 2007 al 31 de diciembre de 2008, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó mil 602 quejas contra elementos de la SEDENA y Marina Armada de México (SEMAR), por operativos realizados en la lucha contra el crimen organizado, en diferentes regiones del país.

De esos casos, la comisión nacional consideró “graves” ocho, porque hubo privación ilegal de la libertad, privación de la vida, tortura, violaciones, uso excesivo de fuerza y uso de armas de fuego. Los expedientes de estas violaciones a los derechos humanos corresponden a estados como Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas y Sinaloa, donde hubo fuertes operativos contra el narcotráfico.

Más recientemente, un informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de octubre de 2016, señaló que Semar y Sedena acumularon nueve denuncias en Sinaloa, luego de los operativos emprendidos después de la emboscada en que fueron asesinados cinco militares, el 30 de septiembre, en esta ciudad capital.

Uno de estos casos fue el de Rodolfo Aguirre Meza, un joven de 26 años que fue abatido por marinos en un retén que los uniformados instalaron en la carretera Costerita, al sur de Culiacán. Familiares del hoy occiso señalaron que no portaba armas y que se dedicaba a actividades lícitas, pero los marinos lo acusaron de embestirlos y dispararles con un arma de fuego, y optaron por repeler la agresión, el 22 de octubre.

Las nueve quejas recibidas por la CEDH, algunas de ellas remitidas a la Comisión Nacional, son contra marinos y personal militar, quienes han intensificado los operativos luego del ataque perpetrado en el sector norte de Culiacán, cuando los soldados trasladaban a un herido desde Bacacoragua, municipio de Badiraguato, a esta ciudad capital. Dos de los tres vehículos militares se incendiaron, 10 militares fueron heridos, igual que un socorrista de la Cruz Roja.

Militares y marinos han sido acusados de homicidio, cateos ilegales, robo y tortura. Datos oficiales indican que en Sinaloa, en 2013, la CEDH tiene 23 denuncias contra el Ejército Mexicano y dos contra la Marina; además, de 2007 a 2014, la milicia alcanzó 435 denuncias, y la Marina 42.

El mayor repunte de denuncias ante este organismo fue en el 2011, cuando el ejército sumó 110 casos y la Marina 16.

En 2015 se presentaron 76 quejas contra la SEMAR por violaciones de derechos humanos, año en el que Sinaloa ocupó el primer lugar. A nivel nacional se abrieron 378 expedientes, de los cuales el 20 por ciento corresponden a Sinaloa, principalmente por detención arbitraria y cateos sin orden judicial.

Entre enero y septiembre de 2016, la CNDH recibió seis quejas por privación de la vida en las que señalan a personal SEMAR, de las cuales cuatro fueron en Tamaulipas, una en Guerrero y una en Oaxaca. Sinaloa es el tercer estado con más quejas contra la Marina, con 25, después de Tamaulipas, que tiene 49, y Veracruz con 28.

NO HAY RESPETO

En noviembre de 2009, militares allanaron su casa en la colonia Guadalupe. Estaban en el techo y en árboles. Cuando intentaron ingresar al inmueble para catearlo en busca de armas, Mercedes Murillo Monge salió y los encaró. Buscamos un domicilio, le dijo uno de los soldados, a lo que respondió: el domicilio no se va, aquí va a estar mañana, a mediodía, por si quieren regresar.

“Yo les dije: el domicilio no se va, aquí va a estar mañana, a las 12 del día, ustedes pueden ver que no se ha ido en más de 50 años. Luego supe que le preguntaron a una vecina si teníamos armas, y la muchacha les dijo que nunca había visto que entráramos a casa con ninguna. Se inventan cosas. Recordemos que nada es casual”, dijo en septiembre de 2010, entrevistada por el diario La Jornada.

Los militares recorrían casas, barrios, ponían retenes en colonias, en busca de armas, drogas y personas con órdenes de aprehensión. Con un aparato que llamaban pistola molecular, entraban a las viviendas y las recorrían. Cuartos, patios, recámaras, cocina, salas y baños. Los moradores se lo permitían, pero otros no. Los militares respondían, invariablemente, que no los dejaban entrar porque tienen algo que esconder. Fueron muchos los que se amarraron en la decisión de no permitir el ingreso de soldados a sus viviendas, entre ellos Murillo Monge, presidenta del Frente Cívico Sinaloense y activista defensora de los derechos humanos.

El 1 de noviembre, militares allanaron la vivienda que habitaba en Culiacán José Ángel Pescador Osuna, ex alcalde de Mazatlán y ex secretario de Educación Pública durante el gobierno de Ernesto Zedillo. En el momento del cateo, el también miembro del Colegio de Sinaloa fungía como comisionado del gobierno de Sinaloa para la celebración del bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana.

Los militares estaban alrededor y en el techo del inmueble, en la colonia Guadalupe, relató Georgina Páez, asistente de Pescador. Sin orden de cateo y sin dejar de apuntarla con sus armas, los uniformados revisaron cada uno de los rincones del inmueble y le quitaron el teléfono celular a la joven, quien no dejó de pedir a los soldados que le permitieran avisar a alguien más sobre su presencia y que esperaran a que llegaran los moradores.

Indignado, el ex alcalde acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a interponer una denuncia. Entrevistado por reporteros, hizo un llamado al comandante de la Novena Zona Militar, Noé Sandoval, “para que terminen este tipo de atropellos y que se persiga a los que se tienen que perseguir”.

BUSCA EJÉRCITO INSTALAR EN TEACAPÁN UNA FUERZA DE REACCIÓN PARA EL NOROESTE DEL PAÍS

 Redacción
Dentro del proyecto del Centro Integralmente Planeado (CIP) Playa Espíritu existen 100 hectáreas destinadas a que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) construya sus instalaciones, según el plan ejecutivo que se gestó en la sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Y es ahora con el presidente Enrique Peña Nieto que pretende ser retomado, pero requieren 80 hectáreas más.

En informes oficiales se detalla que 60 hectáreas serán utilizadas para una unidad militar y en las 20 restantes proyectan construir una habitacional para su personal, en la que se incluya una escuela y áreas de descanso.

Se prevé que sobre 100 hectáreas se cree la Unidad de Ingenieros Zapadores, con  maquinaria y equipo pesado para crear una fuerza de reacción en el noroeste de México.

La ubicación es estratégica, toda vez que representa la frontera con Nayarit, entidad referencia de ser un punto de entrada de grupos delincuenciales que se disputan las plazas del sur de Sinaloa.

La Sedena ya cuenta con instalaciones similares en el Valle de México y Guadalajara, identificadas como Batallón de Ingenieros Zapadores y Constructores.

El pasado 27 de marzo, el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, gestionó durante su asistencia al Tianguis Turístico de Acapulco, que el Fomento Nacional de Turismo (Fonatur) donara las 80 hectáreas en Playa Espíritu.

“Uno de los temas que revisamos es lograr por parte de Fonatur cerca de 180 hectáreas para hacer una base de la Policía Militar”, declaró.

Fuentes federales informaron que el proyecto de la Sedena incluye una pista de aterrizaje.


(RIODOCE/ JAVIER VALDEZ/ 3 ABRIL, 2017)

BALACERAS EN REYNOSA, LOS MOMENTOS DE TERROR


NUEVO LAREDO, Tamps (apro).- “Hubo balacera ¡no mames!” dice una mujer que viaja en un vehículo por una de las transitadas calles de Reynosa. “Están en enfrente, están enfrente, están enfrente, mira”, se escucha en el video que graba con su teléfono móvil.

Delante de ellos se desplaza una camioneta blanca que al darse cuenta del enfrentamiento dobla en una calle.

En ese momento se escucha el estruendo de los poderosos “cuernos de chivo”, de los fusiles de asalto M16 y del Sig 516 de fabricación suiza que portan los infantes de Marina, quienes responden al fuego.

En ese momento la mujer entra en pánico y su voz pausada cambia: “¡hay no, no, no!”. Inmediatamente, a gritos le dice al conductor: “Espera, dale vuelta”… y otras palabras que no se entienden. El video de esta narración fue publicado en YouTube.



En otro punto de la ciudad, casi a la misma hora, una camioneta Tahoe gris con placas de Texas VGM-7741 se desplazaba sobre la avenida El Maestro a la altura de los Puentes Gemelos del primer cuadro de Reynosa.

En esa camioneta viajaba un matrimonio identificado como Alfredo y Alejandra Alemán que radica en la vecina ciudad de McAllen. Tras cruzar los puentes Gemelos, en una esquina de la calle Río Álamo, el vehículo comienza a ser blanco de disparos de armas de grueso calibre que se impactan en el cristal de enfrente y en los laterales de la cabina.

Al menos una docena de disparos de fusiles de asalto penetran y hieren a la mujer en el cuello, en una mano, y otros impactan una pierna de su esposo.



Los testigos que presenciaron el ataque refieren que los militares repentinamente dejaron de disparar y las unidades desde donde salía el fuego se alejan de lugar a toda velocidad.

En ese momento el conductor de la Tahoe toma su celular para avisarle a su hermano que “marinos les están disparando”.

Para cuando arribaron los cuerpos de socorros para atender a las víctimas, ninguna autoridad resguardaba el lugar del atentado.

REYNOSA, ZONA DE GUERRA

Minutos antes de las 14:00 horas las autoridades de Reynosa activaron el semáforo rojo que alerta sobre “situaciones de riesgo” en diversos puntos de la ciudad.

En esos momentos las calles estaban atestadas de vehículos, así que cientos de automovilistas quedaron atrapados de nuevo en las balaceras que se registraron en al menos cuatro puntos de la ciudad.

Tras los primeros estruendos, en las escuelas donde los padres de familia recogían a sus hijos, optaron por resguardarse con ellos y cerrar las puertas. Es un protocolo de seguridad copiado del manual que elaboró la Secretaría de Educación Pública de Nuevo León cuando Monterrey sufría los estragos de la violencia.

Los comercios bajaron las cortinas en la plaza donde se ubica la cadena de autoservicio estadounidense HEB. Cientos de ciudadanos corrieron al interior para refugiarse de la lluvia de balas que comenzaba a escucharse en las calles.

Los conductores atrapados en las zonas cercanas al conflicto intentaban escapar por donde podían, e incluso algunos abandonaron sus vehículos.

Uno de los enfrentamientos entre presuntos miembros del Cartel del Golfo (CDG) e infantes de Marina ocurrió en la en la Colonia Las Fuentes.

Al momento del estruendo de los disparos se sumó el ruidoso motor de un helicóptero de la Armada que comenzó a sobrevolar Reynosa.

La nave comenzó a perseguir a tres vehículos civiles, desde donde se disparaba a las unidades de la Marina. En un momento dado la aeronave sobrevoló los Puentes Gemelos y testigos aseguran que disparó desde el aire contra los vehículos que intentaban escapar.

En otro punto de la ciudad, en la colonia Jacinto López II, otro grupo de Marinos que vigilan la ciudad fronteriza fueron atacados desde varios vehículos.

“En este evento participó un helicóptero que brindó seguridad y cobertura aérea, sin efectuar disparos”, precisó un comunicado oficial de la Armada.

Mientras una tercera balacera ocurría en el Libramiento Oriente, cuando decenas de jóvenes salieron en vehículos a arrojar “ponchallantas” sobre las avenidas por las que se desplazan los marinos y fuerzas federales. Algunas avenidas también fueron bloqueadas con vehículos robados.

Sobre el Libramiento Oriente los marinos persiguieron un auto compacto que fue impactado por fusiles de asalto, y cuyos ocupantes, conductor y acompañante, murieron.

Al lugar donde perdieron la vida los presuntos agresores, arribó personal de la Procuraduría General de Justicia del estado, así como peritos y el Agente del Ministerio Público del fuero común para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

OPERATIVOS CONTRA COMANDANTE TORO, UN FRACASO

Desde los primeros días del presente año la Marina Armada de México movilizó a Reynosa a cientos de “Fuerzas Especiales” para intentar capturar al jefe de plaza del Cártel del Golfo en Reynosa: Juan Manuel Loaiza Salina, “Comandante Toro”.

En lo que va del presente 2017 se han registrado varios enfrentamientos presuntamente provocados por los intentos de la Marina por capturar a este capo y fuentes de inteligencia aseguran que Loaiza Salinas ya abandonó Reynosa.

Los operativos de la Secretaría de Marina para su captura ya se extendieron a otros municipios de la Frontera Chica, como Miguel Alemán, donde los últimos días también se han registrado enfrentamientos. Sin embargo los diversos operativos no han rendido frutos.

Las fuentes consultadas aseguran que Loaiza Salinas ya no radica en Tamaulipas y en su lugar dejó a uno de sus lugartenientes.

(PROCESO / REPORTAJE ESPECIAL/ JUAN ALBERTO CEDILLO/ 5 ABRIL, 2017) 

SEIS CADÁVERES CON HUELLAS DE TORTURA SON ENCONTRADOS EN JOSÉ AZUETA Y ACTOPAN, VERACRUZ

En dos hechos diferentes, seis cadáveres fueron encontrados en Veracruz; cuatro cuerpos de hombres en José Azueta, y un hombre y una mujer decapitados en Actopan.



Cuatro de los cadáveres fueron hallados en plena carretera. Foto: Archivo Cuartoscuro

Ciudad de México, 5 de abril (SinEmbargo).- Este día en Veracruz se reportó el hallazgo de seis cuerpos en dos hechos diferentes. El primero en el municipio de José Azueta y el segundo en Actopan.

Cuatro cadáveres fueron encontrados sobre la carretera estatal Dobladero-Laguna Lagarto en un lugar conocido como “La Válvula”, informaron medios locales.

Todos los cuerpos mostraban huellas visibles de tortura. Posteriormente fueron identificados como oriundos del municipio de Chacaltianguis, vecino de José Azueta y tres de ellos respondían a los nombres de Enrique, de 50 años de edad, Evaristo, de 32 años y Héctor Manuel, de 40.

En segundo hallazgo ocurrió en Actopan; los cuerpos decapitados de una mujer y un hombre yacían al lado de un narcomensaje.


(SIN EMBARGO.MX/ REDACCIÓN / SIN EMBARGO /ABRIL 5, 2017 - 5:16 PM)

DESDE QUE SE HIZO FISCAL EN NAYARIT, TRAFICABA DROGA: EU


FOTOS: internet

En una investigación llevada por el FBI, la DEA y la Secretaría de Seguridad Interna de Estados Unidos, Edgar Veytia, removido del cargo de Fiscal de Nayarit al conocerse su detención en San Diego, es señalado de haber obtenido ganancias por 250 millones de dólares con la manufactura, distribución e importación de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana. Su caso continuará en Nueva York

El tintineo de las cadenas que cuelgan de sus tobillos interrumpe el silencio en la sala de audiencias. Antes de su entrada a la sala, se escuchan los pasos de quien un día atrás todavía era Fiscal de Nayarit, Edgar Veytia.

Custodiado por dos agentes del servicio Marshall, el hombre de 46 años de edad ingresa a la Corte. A diferencia de otros detenidos que se presentaron minutos antes, el ex Fiscal no esconde las manos detrás de la espalda.

Al contrario, balancea su caminado con los brazos hasta sentarse en la primera fila de los asientos para el jurado. El bigote tupido y oscuro resalta entre el uniforme penitenciario blanco. El cabello bien peinado deja entrever varias canas al frente. Sus ojos lucen un poco rojos, pero el ex funcionario parece tranquilo.

Son las 10:18 de la mañana del jueves 30 de marzo y sin mayores preámbulos, el juez Bernard G. Skomal se dirige a Veytia para informarle que el objetivo de la audiencia es revisar su detención, pero puede no hacer uso de este derecho y esperar una fecha posterior para ello.

Sin necesidad de la traductora en la sala, Veytia responde que desea tener la audiencia en una fecha posterior.

Su abogado propone que sea dentro de una semana, el jueves 6 de abril y el representante de la Fiscalía de Estados Unidos acepta.

Cuando el juez Skomal da por concluida la comparecencia de poco más de un minuto, el ex Fiscal sale de la sala ubicada en el tercer piso del edificio Edward J. Schwartz de la Fiscalía del Distrito Sur de California Sur.

Ningún familiar estuvo presente durante la audiencia, a pesar que Veytia ingresó a Estados Unidos días antes, para visitar a su familia que reside en ese país.

 Así fue como lo detuvieron el lunes 27 de marzo, día hábil en el gobierno nayarita, del cual todavía era funcionario.

 Después de llegar en un vuelo a Tijuana, mientras cruzaba la frontera por medio del puente Crossborder Express que conecta al Aeropuerto de esta ciudad con San Diego, California, Veytia fue detenido por agentes federales estadounidenses.

Desde enero de 2013, un mes antes que asumiera funciones como Fiscal de Nayarit, elementos del Buró Federal de Investigación (FBI), la Agencia Antidrogas (DEA) y del Departamento de Investigaciones de Seguridad Interna, comenzaron a documentar cómo el funcionario participó en una conspiración para el tráfico de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana en el Este de Nueva York.  

“ES UNA CONSPIRACIÓN MUY AMPLIA”: ABOGADO  

Guadalupe Valencia es uno de los abogados más conocidos en San Diego. Ha litigado casos como el del migrante Anastasio Hernández, quien murió a consecuencia de los golpes y descargas eléctricas que recibió de agentes fronterizos en el cruce de San Ysidro-Tijuana en 2010.

En febrero de este año consiguió un millón de dólares en indemnización para los familiares del mexicano.

Semanas después, obtuvo la misma cantidad de dinero para la familia de un adolescente, también mexicano, quien falleció en custodia de agentes migratorios luego que éstos le ordenaran beber metanfetamina líquida que traficaba en su mochila al cruzar la frontera. Ambos acuerdos se dieron en la Corte Federal de San Diego.

 Ahora representa el ex Fiscal de Nayarit, Edgar Veytia y posiblemente, según lo expresa en entrevista, continúe trabajando en su defensa una vez que sea trasladado a Nueva York.

Al terminar la audiencia, el abogado habla con medios de comunicación frente a la puerta del edificio federal.

“Para cualquier persona estar en esta situación es difícil… si es un funcionario o no es un funcionario, tenemos que asumir que es inocente hasta que miremos pruebas”, dice sobre su cliente.

De acuerdo con Valencia, en aproximadamente una semana el ex funcionario estatal será trasladado a Nueva York, donde se desarrollará la formulación de la imputación en tribunales.

Al respecto, la Fiscalía del Distrito Sur de California confirmó que el caso se encuentra en sus oficinas debido a que Veytia fue arrestado en San Diego, pero la jurisdicción corresponde a la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York.

Ésta es la misma que solicitó y logró la extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán por diversos cargos relacionados con narcotráfico. “Es una conspiración muy amplia”, comenta el abogado defensor sin entrar a detalles sobre la actividad criminal de la que se acusa al ex fiscal.

Sobre los posibles nexos de Veytia con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el abogado opina “es puro rumor y especulación, no hay nada de evidencia de eso”.

Acerca de la posibilidad de que funcionarios de Nayarit sean llamados como testigos, tanto para la Fiscalía como para la defensa, Valencia detalla “llamar a un testigo de México es un procedimiento muy complicado y es muy temprano para saber si algo así pasaría o no”.  

DE FUNCIONARIO DEL AÑO A ACUSADO DE NARCO  

De acuerdo con su currículum, Edgar Veytia cursó una maestría y un doctorado en Ciencias Forenses. Se inició en el sector público al lado de Roberto Sandoval Castañeda, hoy gobernador de Nayarit.

Cuando en septiembre de 2008, el mandatario priista ocupó la alcaldía de Tepic, Veytia fue nombrado director de Tránsito y Vialidad de Tepic.

De ahí pasó a ocupar la Secretaría de Seguridad Pública del mismo municipio en 2010, y por un periodo de tres meses, la Subprocuraduría General de Justicia en la capital nayarita.

En 2012 arribó a la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde durante un año se desempeñó como encargado de despacho hasta que en febrero de 2013 fue nombrado Fiscal General de Nayarit, precisamente en enero de 2013 se dio el inicio de las acusaciones que enfrenta en Estados Unidos.

Según documentos del caso penal 17MJ0928, radicado en la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, un Gran Jurado de este Distrito, determinó fincar tres cargos relacionados con narcotráfico contra el entonces Fiscal de Nayarit, el 2 de marzo de 2017.

Ese mismo día, la jueza Marilyn D. Go de la ciudad de Brooklyn, Nueva York, giró una orden de aprehensión contra Edgar Veytia, también señalado en la acusación como “Diablo”, “Eepp” y “Lic Veytia”.

Guadalupe Sandoval abogado Los cargos corresponden al delito de conspiración para manufactura, distribución internacional, importación y distribución de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana.

Esto entre enero de 2013 y febrero de 2017, las cantidades señaladas son: un kilogramo de heroína, cinco kilogramos de cocaína, una tonelada de marihuana y 500 gramos de metanfetaminas.

De ser encontrado culpable de estos delitos, la Fiscalía solicitó a la juez que Veytia entregue 250 millones de dólares, monto equivalente a las ganancias que generó durante este periodo de 49 meses en que se fijó la investigación.

Esta cantidad puede ser tanto en propiedades e inmuebles, así como dinero en efectivo o en cuentas bancarias.

En septiembre de 2012, a un año de asumir funciones como gobernador de Nayarit, el priista Roberto Sandoval, entregó un reconocimiento a su entonces Subprocurador de Justicia.

“El licenciado Edgar Veytia ha sido el mejor funcionario que hemos tenido en estos momentos… se ha enfrentado a temas que no se han dado ustedes cuenta, tema contra la delincuencia”, declaró en el evento público, para luego nombrarlo “un hombre de todas sus confianzas”.

En aquel entonces, Nayarit era el segundo estado con menor incidencia delictiva en el país.

“Ya hay gobierno… los delincuentes saben que si salen a las calles van a encontrar a un gobierno que responde por la sociedad”, añadió el gobernador durante la distinción que recibía su Subprocurador de Justicia.

Según el Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de Gobernación, en 2016, se cometieron 39 homicidios dolosos, dos secuestros y 17 robos de vehículo con violencia en Nayarit. Una de las cifras más bajas en el país.

Un día después de que el 28 de marzo de 2017, Veytia se presentara por primera vez en Corte, trascendió su detención por vínculos con el narcotráfico.

En un comunicado de prensa, el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, aseguró que colaborarán con autoridades nacionales e internacionales para investigar la situación que enfrenta el ex fiscal.

También informó que Carlos Alberto Rodríguez Valdés quedaría como encargado de la Fiscalía, quien hasta 2015 estaba en la nómina del Ayuntamiento de Tepic como empleado de la Consejería Jurídica.

Este año, Nayarit celebra elecciones para renovar la gubernatura, el Congreso local y 20 presidencias municipales. En 80 años, solo en una ocasión el PRI no ha gobernado la entidad.  

LOS VÍNCULOS CON EL CJNG  

En un reportaje publicado en agosto de 2016, la revista Proceso dio cuenta de los señalamientos hacia el entonces Fiscal Edgar Veytia por sus presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La pieza periodística recogía las versiones de familiares de víctimas y desaparecidos que acusaban al entonces Fiscal de brindar protección a la organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

Entre estas acusaciones, figura la de la familia de Julián Venegas, compadre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien fue secuestrado en Nayarit en abril de 2016 y desde entonces se encuentra desaparecido.

La hija de Venegas, quien es ahijada de “El Chapo”, según lo que dio a conocer Proceso, acusó a Veytia de desmeritar las denuncias presentadas por la desaparición de su padre.

Desde 2015, un informe de la DEA describe el dominio del CJNG en Nayarit, con una presencia menor del Cártel de Sinaloa y del Cártel Beltrán-Leyva.


(SEMANARIO ZETA/ Edición Impresa /Inés García Ramos /Lunes, 3 Abril, 2017 12:00 PM)