miércoles, 29 de marzo de 2017

MALOVA DEJÓ SIN PAGAR 220 MDP DE 115 GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA


Equipamiento inútil, infundado, inconcluso… y en deuda

El Parque Temático, el Teatro Ingenio, los Centros de Usos Múltiples, los Centros de Justicia Penal Acusatoria, la Academia de Béisbol, diversos hospitales y una infinidad de avenidas y tramos carreteros construidos en el sexenio de Mario López Valdez, están sin pagarse.

La gran infraestructura que presumió López Valdez como uno de sus principales logros presenta adeudos que se arrastran desde 2011, 2013 y principalmente de 2016.

Se trata de 115 obras públicas que tuvieron una inversión de 814 millones 523 mil pesos, pero de ese total, el gobierno de López Valdez dejó pendientes por pagar 220 millones 195 mil pesos.

A través de una solicitud de acceso a la información pública, la Secretaría de Obras Públicas entregó una relación de obras pendientes por pagar y/o pendientes de construir al finalizar el sexenio de López Valdez.

En el documento destacan adeudos a proyectos que se configuraron como los principales logros de infraestructura pública en el sexenio pasado, entre ellos el Parque Temático de Sinaloa, ubicado en la capital del estado.

De esta obra que recibió una inversión de 470 millones de pesos, el gobierno de Sinaloa todavía debe un millón 500 mil pesos por la edificación de un cine auditorio y el sistema de proyección, audio y acondicionamiento acústico.

En la semana que transcurrió, José Enrique Villa Rivera, secretario de Educación Pública de Sinaloa, anunció que el Parque Temático cerrará sus puertas por falta de recursos para mantener su operación.


SIN PAGO INFRAESTRUCTURA EN SEGURIDAD

Concluido a pocos días de vencer el plazo a nivel nacional y construido en tiempo record, el Centro de Justicia Penal Región Centro fue presumido y aplaudido por López Valdez al haber logrado cumplir en el lapso que les concedió la federación para instaurar el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Sinaloa.

Pero lo que no logró el gobierno de López Valdez fue terminar de pagar la inversión para la infraestructura.

El complejo que alberga salas de juicios orales y oficinas para los operadores del sistema tuvo una inversión total de 144 millones 400 mil pesos y fue edificado por la empresa Ingeniería de Negocios Sostenibles, con un contrato que se realizó del 11 de abril al 31 de julio de 2016.

Siete meses después, por esta obra aún se deben 79 millones 400 mil pesos.

Pero además del costo de su edificación, el gobierno de Sinaloa también adeuda los trabajos que realizó P&M Construcción y Urbanización por limpiar, pintar guarniciones y bachear en la zona donde se llevó a cabo la colocación de la primera piedra del Centro de Justicia. Estos trabajos de embellecimiento para la ceremonia del arranque de obra tuvieron un costo de 280 mil pesos y aún se adeudan en su totalidad.

Otro Centro de Justicia que aún arrastra una deuda es el que se ubica en Angustura y fue construido en 2014. Por esta edificación se deben tres millones 489 mil pesos a la empresa Agregados, Maquinaria y Construcción que se encargó de suministrar e instalar el equipamiento del edificio.

Tan sólo en la infraestructura para seguridad pública se arrastra un pasivo de 108 millones 972 mil pesos por 15 obras construidas entre 2014 y 2016.

Entre estos adeudos destaca la excavación de una zanja para la detección de túneles en el exterior del Cecjude Culiacán y la destrucción de un túnel localizado en el mismo lugar, la construcción del SEMEFO en Culiacán y la construcción de un Stand de Tiro en el Instituto Estatal de Ciencias Penales, además de los Centros de Justicia ya mencionados.

TEATRO, CUM, ACADEMIA, PARQUE TEMÁTICO…

Las últimas etapas de edificación en los Centros de Usos Múltiples de Mazatlán y Ahome no se pagaron.

De acuerdo con la información que proporcionó la Secretaria de Obras Públicas, en la recta final del sexenio, entre agosto y septiembre de 2016 se realizaron trabajos para urbanizar las áreas alrededor de los CUM en ambos municipios, las obras se concluyeron pero el recurso nunca se entregó.

Actualmente, existen seis contratos con diversas constructoras que llevaron a cabo los últimos detalles en los Centros de Usos Múltiples. El déficit total por los seis contratos suma los 11 millones 560 mil pesos.

Una situación similar se dio en la Academia y Museo del Béisbol, que se ubica en Culiacán, por la cual se adeudan trabajos realizados en 2014 y 2016; se trata de cuatro contratos que suman tres millones 256 mil pesos.

A pocos meses de su inauguración, el Teatro Ingenio de Los Mochis presentó fisuras en su fachada, según reportaron diversas notas periodísticas, sin embargo, a la empresa que se encargó de construir la fachada aún se le deben varios millones de pesos.

Por el Teatro Ingenio hay deudas en ocho contratos firmados entre febrero y mayo de 2016, que suman un pasivo de cinco millones 544 mil pesos.

MÁS DE TRES AÑOS SIN PAGAR

Con la emergencia del huracán Manuel, varios contratistas fueron llamados de emergencia para rehabilitar los caminos dañados con el paso del fenómeno meteorológico, a la fecha esos trabajos no se han pagado.

Por la contingencia se llevaron a cabo obras como retiro de material de deslaves en carreteras, limpieza de superficies y reconstrucción de tramos carreteros. La deuda suma 13 millones 209 mil pesos por 10 contratos de rehabilitación en diversas zonas del Estado.

Arrastrando el pasivo también desde 2013, en la infraestructura de Salud ubicada por todo Sinaloa hay por lo menos 15 obras que no se terminaron de pagar al concluir el sexenio.

Se trata de remodelaciones a hospitales generales y hospitales de especialidades, así como la construcción de centros de salud en sindicaturas.

Por la infraestructura de salud el gobierno de López Valdez se fue sin pagar 22 millones 7 mil pesos.

A principios de mes, el secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, entregó un informe de la situación financiera en la que se recibió el gobierno de Mario López Valdez, un pasivo por 13 mil 130 millones de pesos, de los cuales no hay recursos para pagar 8 mil 612 millones de pesos.

Ortega Carricarte advirtió que el déficit heredado compromete las finanzas públicas y limita el margen de acción para atender las necesidades ciudadanas.

BULEVAR TAMAYO, CAMINO DE IRREGULARIDADES

El camino termina frente a un enrejado de alambres de púas que sostiene un letrero con fondo rojo y enormes letras blancas que advierten “propiedad privada”.

En agosto de 2014, Mario López Valdez y Sergio Torres Félix, entonces gobernador de Sinaloa y alcalde de Culiacán, respectivamente, llegaron a esa misma zona en medio de una algarabía montada para dar un banderazo de inicio de construcción.

Aquella tarde, López Valdez enfatizó el potencial que la rúa tendría para los vecinos del sector. El nuevo bulevar comunicaría la zona poniente con el norte de la ciudad y en menos de 10 minutos se llegaría hasta Ciudad Universitaria.

Pero la conexión nunca se dio.

Desde su inicio, el bulevar se fue construyendo en un camino de irregularidades.

El primer contrato para edificar el bulevar Miguel Tamayo, desde el Hospital de la Mujer hasta la carretera Culiacancito, fue por 36 millones 490 mil pesos y debía ser terminado en cuatro meses, del 31 de agosto de 2014 al 31 de diciembre del mismo año. No fue así.

Días antes de terminar el plazo, la empresa Constructora y Cribados Almoza SA de CV, requirió una ampliación de monto por 4 millones 562 mil pesos adicionales, comprometiéndose a concluir en la fecha pactada.

Pero días después, se pidió además un convenio de ampliación del plazo para finalizar la obra en 121 días adicionales.

A pesar de que la obra no se concluyó, en 2016 la secretaría de Obras Públicas adjudicó un segundo contrato a Constructora y Cribados Almoza SA de CV, pero ahora para realizar el drenaje pluvial y la pavimentación en el mismo bulevar. El contrato fue por ocho millones 94 mil pesos.

Casi al finalizar el 2016, Constructora y Cribados Almoza SA de CV recibió otro contrato pero ahora para construir un cruce ferroviario en el mismo bulevar. El nuevo contrato fue por un millón 846 mil pesos. En este contrato destaca que al bulevar se le menciona como Enrique Tamayo y no Miguel Tamayo, sin embargo, el secretario de Obras Públicas, Osvaldo López Angulo, admitió que se trata de la misma obra.

A Constructora y Cribados Almoza SA de CV se le contrató en 2016 para construir el mismo tramo por el que ya se le había pagado en 2014. Sin embargo, a pesar de la firma de los contratos, en el lugar no hay obras.

En la primera construcción de 2014, el bulevar llegó hasta unos metros adelante del cruce con el bulevar Villas del Río, pero no conectó con la carretera Culiacancito, tal cual como estaba proyectada la obra por la que se pagaron 41 millones de pesos.

La justificación es un pleito legal con los propietarios de un terreno de 9 mil metros cuadrados que impide que el bulevar conecte con la carretera.

En octubre de 2015, en sesión de Cabildo de Culiacán se votó la expropiación del terreno, tras los fracasos en las negociaciones con los dueños del predio.

En aquel entonces, Torres Félix acusó que los propietarios buscaban vender el terreno en un valor superior a su valor catastral.

“Lo que queremos es que la obra se termine a la brevedad. No llegamos a un acuerdo porque era una cantidad fuera del parámetro financiero de nosotros y de Gobierno del Estado. Nosotros buscamos acuerdos que no sangren las finanzas del pueblo”, dijo.

Pero la expropiación no se logró dar y comenzó un pleito legal.

A pesar de que el terreno seguía empleitado, antes de terminar el sexenio el gobierno de López Valdez adjudicó dos contratos para realizar obras en el lugar.

Se trata de un contrato con SEMEX SA de CV para el suministro e instalación de la señalización de un cruce ferroviario por cuatro millones 905 mil pesos y otro contrato más con Constructora y Cribados Almoza SA de CV para edificar la obra civil del mismo cruce ferroviario por un millón 846 mil pesos.

A la fecha estos dos contratos y uno adicional por los trabajos de drenaje pluvial en el bulevar suman 14 millones 846 mil pesos, de los cuales se adeudan 11 millones 459 mil pesos, pero las obras tampoco se han concluido.

Desde mediados de 2016, la parte que sí se concluyó del bulevar comenzó a ser utilizado por la ciudadanía que no esperó a una inauguración formal.

Diariamente sobre el bulevar que carece de alumbrado público, señalización y semáforos se suscitan accidentes vehiculares provocados por la gran afluencia y la falta de condiciones para utilizar la ruta.

En entrevista, el secretario de Obras Públicas, Osvaldo López Angulo, admitió que el proceso de contratación del bulevar Miguel Tamayo está plagado de irregularidades pero minimizó los hechos y aseguró que una vez que se solucione el conflicto legal se podrá concluir la conexión del bulevar con la carretera.

Deuda en infraestructura por 220 millones de pesos.



SEGURIDAD PÚBLICA. Se deben 108 mdp en 15 obras de infraestructura.


(RIODOCE/ MIRIAM RAMÍREZ/ 28 MARZO, 2017)

MARTES SANGRIENTO


En distintos puntos de Tijuana, el martes 28 de marzo fueron asesinadas seis personas y dos más resultaron heridas de bala. A tres de las víctimas les fue dejado un narcomensaje.

La jornada sangrienta inició alrededor de las 08:25 horas cuando en la calle Austral en la colonia Sánchez Taboada, fue abandonado el cadáver de un hombre junto con un narcomensaje plasmado en una cartulina blanca, que decía:

“ESTO LES VA A PASAR A TODOS LOS CABOS DE LA PIOLINA CON FALDAA…..”.

Una fuente policiaca señaló que los restos de la víctima tenían manchas hemáticas en la región cefálica y estaba atado de manos.

A las 15: 30 horas Francisco Javier Longoria Mora, de 23 años de edad, fue asesinado cuando iba a  bordo de una bicicleta en la colonia El Florido primera sección, en Tijuana.

Aun costado del cuerpo fue localizado un narcomensaje Los primeros datos refieren que los hechos ocurrieron en la calle Nogal.

Extraoficialmente se sabe que la víctima era un narcomenudista apodado “El Joker”.

La cartulina firmada por el Cártel Tijuana Nueva Generación (CTNG) decía: “Esto le va pasar a los que trabajen con los chompas y los akiles Arte. ctng” A las 18:29 horas, en la colonia Tres de Octubre, sobre la calle Villa Urrutia segunda, fue abandonado el cadáver de un hombre. Tenía por lo menos cinco tiros en el cuerpo. A la víctima le fue dejado una cartulina anaranjada con un mensaje.

Media hora después, se reportó a la central de emergencias que un hombre, identificado como Rodolfo Carrillo Raigoza, de 38 años de edad, había sido ejecutado con lujo de violencia sobre la calle José Revueltas, en la colonia Nueva Tijuana módulo 3, perteneciente a la Delegación Centenario.

Después a las 19:30 horas dos personas fueron lesionadas a tiros en las inmediaciones del Fraccionamiento El Refugio. Las víctimas fueron trasladadas a un nosocomio de la localidad.

A las 21:20 horas  se reportó a la central de emergencias, un cuerpo sin vida sobre la calle Segunda y Emiliano Zapata, en la colonia Zona Urbana, del ejido Chilpancingo. La víctima un hombre de entre 35 y 40 años de edad.

Murió por lesiones por arma de fuego.

A las 21:30 horas se informó que en el interior de un negocio ubicado en la avenida Pino y Rampa Chopo de la colonia Ciudad Jardín, en la Delegación San Antonio de los Buenos, un hombre, identificado como Miguel Alejandro Rosales García, de 40 años de edad fue declarado sin vida producto de los impactos de bala que recibió en el cuerpo.

En estos hechos hay una persona detenida que responde al nombre de Francisco Ramírez Ramírez. 


(SEMANARIO ZETA/ Destacados ZETA / Miércoles, 29 Marzo, 2017 08:15 AM) 

LA PGR DESISTIÓ DE LA EXTRADICIÓN A EU DE “EL AZULITO”: REFORMA


Juan José Esparragoza Monzón, el azulito

La Procuraduría General de la República (PGR) se desistió de su petición de detención provisional con fines de extradición contra Juan José Esparragoza Monzón, alias “El Azulito”, quien fue requerido por Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

Sin embargo, dicha determinación no implica que el hijo del capo sinaloense Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, no sea buscado por las autoridades mexicanas, ya que en su contra existe una orden de reaprehensión por delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, ambos cometidos en el País.

Según el diario Reforma, que informó del hecho, una semana después de que se diera a la fuga, tras la solicitud de la PGR, Rafaela Madrid Padilla, Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, ordenó la cancelación de dicha medida en el expediente de extradición 3/2015.

Además, indicó el medio, Estados Unidos puede volver a solicitar en cualquier momento la detención provisional con fines de extradición.

Esparragoza Monzón fue detenido el pasado 23 de enero en Culiacán, Sinaloa, y se fugó del penal de Aguaruto, en el mismo municipio, el 16 de marzo pasado.

La Dirección General de Procedimientos Internacionales de la PGR solicitó el desistimiento de la extradición a la semana siguiente, mismo que acordó la juez Madrid Padilla el 23 del presente mes.

Madrid Padilla notificó su acuerdo a Jazmín Eréndira Ruiz Ruiz, Juez Décimo Sexto de Distrito en Amparo Penal, dentro del juicio de garantías 107/2017, presentado por “El Azulito” en contra de su eventual extradición a la Unión Americana.

Según recuerda el rotativo, “El Azulito” es considerado por corporaciones de México y Estados Unidos como uno de los blancos prioritarios en la estructura del denominado Cártel de Sinaloa, debido a que desempeñaba un papel relevante en la administración de las ganancias de la venta de droga.

Casado con Gloria Beltrán Leyva, integrante del clan que lideraba Arturo Beltrán Leyva “El Barbas”, Esparragoza Monzón fue detenido junto con Jesús Alfonso Ríos Gómez, en posesión de armas largas y paquetes de cocaína.

Según lo informó ayer la cadena Televisa, la fuga de reos del penal de Aguaruto, se reportó a través de las diversas redes sociales a las 13:00 horas, sin embargo, los custodios dieron aviso hasta las 16:30, es decir, tres horas después de que salieron por la puerta principal del centro penitenciario: Esparragoza Monzón, “El Azulito” o “El Negro”; Alfonso Limón Sánchez, “El Limón”; Jesús Peña González, “El 20”; Rafael Guadalupe Félix Núñez, “El Changuito Antrax”; y Francisco Javier Zazueta Rosales, “El Pancho Chimal”.

Este miércoles, el periodista Héctor de Mauleón escribió en una columna de opinión que publicó el diario El Universal, en la que indicó que un vehículo entró a dejar madera al penal de Aguaruto el pasado 16 de marzo.

Según De Mauleón, el análisis de los videos de las cámaras de vigilancia, quedaron registrados los movimientos de la unidad, una camioneta de carga, revelan que esta poseía en la caja un doble fondo.

El periodista indicó que los encargados de la investigación sostienen que escondidos en ese compartimiento salieron del Centro Estatal de las Consecuencias Jurídicas del Delito, los reos que se fugaron aquel día.


(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS CARLOS ÁLVAREZ /MIÉRCOLES, 29 MARZO, 2017 03:24 PM)  

EL CJF SUSPENDE DE FORMA INDEFINIDA AL JUEZ QUE AMPARÓ A UN “PORKY”


“Por notoria ineptitud”, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) acordó de fomra unánime, suspender de forma indefinida al Juez Tercero de Distrito de Veracruz, Anuar González Hemadi, quien ordenó la libertad inmediata de un miembro de “Los Porkys”, Diego Gabriel Cruz Alonso, acusado de pederastia y abuso sexual.

Según fuentes del Poder Judicial de la Federación, citadas por el diario Reforma, la suspensión fue acordada en forma unánime por los sietes consejeros de la Judicatura en su sesión de este miércoles, para que sean investigados diversos fallos emitidos por el juzgador.

Aunque aún no ha sido notificado, la suspensión de González Hemadi comenzará mañana jueves y tendrá vigor por lo menos hasta que el área de disciplina del CJF determine si se inicia un procedimiento administrativo de sanción en su contra.

Según el mismo rotativo, esta es la primera vez que un Juez federal es suspendido para ser investigado, dos días después de emitir una sentencia que ha sido cuestionada públicamente, luego de que concedió un amparo a Diego Cruz Alonso, al estimar que no existen elementos para sostener un juicio por el delito de pederastia en su contra.

Entre otros argumentos, manifestó que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz no acreditó diversos elementos del delito de pederastia, como son el estado de indefensión de la víctima, el abuso sexual y la intención lasciva de satisfacer un apetito sexual.

A través de un comunicado, el CJF recalcó que que la resolución dictada por el juez en el amparo 159/2017 concedido a Cruz Alonso, este puede ser aún sujeto de revisión por un Tribunal Colegiado de Circuito, y no implica la libertad del solicitante.

Este mismo miércoles, González Hemadi había pedido dejar el caso de Enrique Capitaine Marín, otro de los involucrados en la violación de la menor de edad Daphne Fernández ocurrido en el fraccionamiento Costa de Oro, en Boca del Río, Veracruz, acontecida el 3 de enero de 2015.

El juzgador federal emitió una resolución para no continuar el amparo promovido por Capitaine contra el auto de formal prisión, ya que según información del diario El Universal, manifestó su inconformidad por las referencias despectivas hacia él y su familia, ya que a través de las diversas redes sociales los usuarios lo han denominado “Juez Porky” Además, en el documento que compartió González Hemadi detalló que:

“Diversos medios de han hecho una exposición masiva no sólo de mi persona sino también hacia mi esposa e hijas, lo cual va más allá de lo estrictamente profesional en mi función de juzgador federal”.

Asimismo, solicitó que el amparo de Capitaine sea turnado a otro impartidor de justicia, pues estima que tras las críticas en redes sociales y medios de comunicación ya no puede garantizar la imparcialidad de su sentencia.

El juez federal fue objeto del repudio e indignación en las diversas redes sociales a través hashtag #JuezPorky -que ayer se mantuvo durante todo el día como número uno en las tendencias- y los usuarios hasta habían llamado a una protesta para el próximo viernes 31 de marzo, a las 16:00 horas, en las instalaciones del CJD, en la Ciudad de México.


El juzgador federal estimó que el delito de pederastia imputado a Diego Cruz, de 21 años de edad, no quedó fehacientemente comprobado, por lo que otorgó el recurso contra la formal prisión que le dictaron el pasado 23 de enero por dicho delito, que es castigado con una pena de 12 a 40 años de cárcel, de acuerdo al Código Penal del Estado de Veracruz.

El juez determinó que las pruebas presentadas por la defensa de Daphne así como su declaración ante el Ministerio Público establecen que Diego Cruz sí “realizó un tocamiento en la menor agraviada”, sin embargo señala que el joven “no tuvo nunca la intención de violarla”.

“[…] no tenía la intención de llegar a la cópula vaginal, anal ni oral, pues no existe ni un solo elemento que acredite siquiera indiciariamente esta finalidad en el inculpado, y además, por el hecho perpetrado de momento, sin realizar otro tipo de acto, o expresar palabra alguna, es dable considerar que no existía la finalidad de copular”, dice el amparo otorgado por González Hemadi.

Al otorgar el amparo, el juez también afirmó que al ir en un automóvil con los jóvenes inculpados, en 2015, Daphne no estuvo en estado de indefensión, ya que después de que la tocaron en un momento uno de ellos le dijo que “para que dejaran de molestarla” se pasara al asiento delantero.

El juez, además, señala que en la declaración de Daphne y en la de diversos testigos no hay un señalamiento directo en contra de Diego Cruz.

“La menor no hizo referencia a la existencia de un abuso sexual por parte del quejoso, sino únicamente de diverso inculpado”, dice la sentencia.


Al conocer de este amparo, el padre de la menor, Javier Arturo Fernández Torres, dijo que :

“Es increíble lo que están haciendo, no tengo forma de describirlo, no puedo creer que un juez haya dicho eso o haya determinado esto”, si Cruz Alonso reconoció que tocó a Daphne y ella sí estuvo en estado de indefensión cuando la atacaron en 2015, dijo este martes en entrevista con Radio Fórmula.

“Hay una parte donde reconocen que realizó un tocamiento a la menor agraviada, y a la vez no tenía intención de llegar a la cópula, ¿eso cómo lo sabe el juez, por Dios?… es inconcebible que el juez pueda determinar que no hubo lascividad en estos individuos, cuando reconoce que sí la toca”, señaló Fernández.

Cruz Alonso es uno de los cuatro jóvenes mayores de edad, acusados de pederastia y abuso sexual contra la menor de edad Daphne Fernández.

Los otros presuntos implicados son Capitaine Marín, Jorge Cotaita Cabrales -quien se encuentra prófugo de la justicia, a pesar de tener una orden de aprehensión en su contra-, y Gerardo Rodríguez Acosta.

Aunque el abuso sexual ocurrió en enero 2015, cuatro meses más tarde Daphne Fernández decidió contarle a su hermana mayor lo sucedido y después expuso el caso ante personal del bachillerato privado donde estudiaba.

El padre de la menor aseguró en mayo del 2016, que su hija fue subida a un automóvil en contra de su voluntad:

 “Fue incomunicada, fue vejada, fue sometida, fue abusada sexualmente y fue violada”.

Sin embargo, los implicados en la presunta violación -dentro de la investigación ministerial 592/15/1ESP/VER/05-, rechazan haber lastimado a la joven, y al contrario, acusan al padre de ella, de haber tergiversando la información “para sus intereses personales y ahora políticos”.

Los denominados “Porkys” acusaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) acusaron a Fernández de intentar extorsionarlos a cambio del pago de 4 millones de pesos, y de que les obligó a grabar un video disculpándose por la presunta violación.

Cruz fue extraditado de España –donde fue detenido en junio de 2016–, y recluido en el penal de Playa Linda, conocido como “El Penalito”, donde también se encuentra Enrique Capitaine.


(SEMANARIO ZETA/       DESTACADOS CARLOS ÁLVAREZ/ MIÉRCOLES, 29 MARZO, 2017 04:53 PM) 

JUSTICIA CADUCA


El antiguo sistema de justicia de Jalisco salió de operación heredando miles de casos de violencia sexual contra mujeres y niños que nunca fueron investigados

1,985 Casos de abuso sexual infantil fueron denunciados a la Fiscalía entre el 2007 y 2016, pero no se abrieron averiguaciones

 148 Casos denunciados sobre hechos y conductas que encajan en los supuestos de trata, fueron heredados desde el antiguo sistema de justicia

El antiguo sistema de justicia penal de Jalisco bajó la cortina heredando una pesada y oscura losa de miles de casos de violencia sexual contra mujeres e infantes, como violaciones, acoso, abusos y trata que fueron denunciados, pero que nunca se investigaron ni sancionaron.

En enero pasado el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) diagnosticó que la Fiscalía, aun con el DIF Jalisco y el propio IJM, tienen la capacidad de atender, apenas al 3.4 por ciento de las mujeres que viven las distintas caras de la violencia intrafamiliar, incluyendo la sexual.

Esa estimación del Programa Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, toma como base a las 624 mil 413 mujeres totales que recibieron ese tipo de agresiones (Endireh, 2011), pero la falta de atención permeó a otros delitos sexuales.

En los últimos años en que operó el antiguo sistema de justicia de 2007 a 2016, que corresponden al sexenio del ex gobernador Emilio González Márquez y la primera mitad del de Aristóteles Sandoval Díaz, la violencia sexual dirigida tanto a mujeres como a niñas y niños se enterró.

En ese lapso la Fiscalía –antes Procuraduría- no abrió averiguaciones para 3 mil 544 casos de violaciones sexuales pese a que le fueron denunciados; y lo mismo ocurrió con 453 denuncias de acoso sexual; 2 mil 526 de atentados al pudor, y 26 mil 522 de violencia intrafamiliar –en sus distintos modos-; todos sin que se hayan emprendido indagatorias ministeriales.

Es otra de las consecuencias de las miles de denuncias que el antiguo sistema penal permitía registrar solo en actas y expedientillos, pero sin iniciarles averiguaciones, una práctica de impunidad que fue erradicada con el nuevo esquema acusatorio y oral adoptado en pleno en mayo de 2016. 

TERROR INFANTIL

La violencia sexual hacia la infancia fue muchas veces desatendida en el antiguo sistema de justicia. En ese mismo lapso (2007-2016 a agosto) la Fiscalía –y antes Procuraduría- no abrió averiguaciones para mil 985 casos de abuso sexual infantil que le fueron denunciados.

Lo mismo pasó con 759 denuncias de corrupción de menores, que refiere a su inducción a la práctica sexual, la mendicidad, las drogas y/o la delincuencia; también con 662 de estupro (relaciones sexuales con menores), y otras tan graves como 31 de pornografía infantil, y 44 de prostitución infantil, para las que tampoco se iniciaron averiguaciones.

Otras formas de violencia hacia las niñas y niños que tampoco se investigaron fueron 2 mil 900 casos de maltrato al infante, mil 027 de sustracción de menores, y 46 de tráfico de menores, todo según registros de Fiscalía.

Apenas el 22 de enero las autoridades dieron con una finca en la colonia Miramar, Zapopan, que distribuía narcóticos pero “principalmente a menores de edad”.

En su interior había siete adolescentes bajo los influjos de estupefacientes.

TRATA OLVIDADA

De igual forma, el antiguo sistema no dejó buenas cuentas contra la trata de personas, pues heredó 148 casos denunciados sobre hechos y conductas que encajan en los supuestos de ese delito, pero que nunca se indagaron con averiguaciones.

Esos 148 casos se denunciaron de esta forma: cinco como trata; ocho como explotación e inducción a la mendicidad; 49 como lenocinio (explotación de la prostitución); y 86 en una categoría que incluye la incitación a la prostitución y ultrajes a la moral.

Todas estas conductas delictivas como explotación e inducción a la mendicidad, lenocinio y aun incitación a la prostitución, podrían haberse enmarcado en los supuestos tipificados como trata en la Ley Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas.

Bajo esa Ley cabían también los casos citados de pornografía y prostitución infantil, e incluso la corrupción de menores en sus líneas de mendicidad, prácticas sexuales y actividades delictivas si el responsable saca un provecho de ello.

El hecho de que aun teniendo estas denuncias de trata no se haya emprendido su persecución, refuerza el señalamiento de la Secretaría de Gobernación de diciembre de 2016, cuando exhibió que la Fiscalía no reportó averiguaciones ni detenciones contra ese delito en 2015 (Páramo de Trata 16 de marzo de 2017).

Ese mismo 2015 la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ubicó a su delegación en Jalisco, como la segunda con más víctimas de trata en 2015, con 36.

LOS DELITOS

Denuncias sin averiguaciones (2007-2016)

Violencia intrafamiliar                        26,522

Violación                                                  3,544

Maltrato al infante                                 2,900

Atentados al pudor                                2,526

Abuso sexual infantil                             1,985

Sustracción de menores                       1,027

Corrupción de menores                           759

Estupro                                                        662

Acoso                                                           453

Trata                                                           148

Tráfico de menores                                  46

Prostitución infantil                                 44

Pornografía infantil                                 31

EL COLAPSO

Aún hay un buen trecho por recorrer antes de que el nuevo sistema de justicia comience a rendir los resultados que se esperan de él, tanto en lo que hace a la violencia sexual contra mujeres e infantes, como en los demás rubros.

En febrero pasado el connotado especialista en este ámbito, Guillermo Zepeda Lecuona, académico del Colegio de Jalisco, advirtió ante el Congreso que la Fiscalía se hallaba colapsada con la implementación del nuevo esquema.

Ahí ventiló los primeros resultados medidos del nuevo sistema en Jalisco, que arrojan que de 12 mil carpetas de investigación abiertas en 2015, solo el 5.9 por ciento fueron determinadas o concluidas de manera efectiva:

“Son pobres los resultados (…) Palidecen nuestros resultados junto a Guanajuato que es más del 60 por ciento de las carpetas de investigación (resueltas). Está colapsado por el nuevo sistema la Fiscalía del Estado”.

Aun con el nuevo sistema Jalisco sigue desaprovechando los mecanismos alternativos de solución de controversias, que traerían una reparación del daño más pronta: “Solo el 2 por ciento de asuntos se turna a mediación”, dijo, y aunque hay un potencial de hasta 25 mil casos al año resolverlos por esta vía, solo se hace con 2 mil.

A esto se aúna que el Gobierno estatal ha mostrado poco interés por facilitar la denuncia -Jalisco es el séptimo estado con mayor cifra negra-.

Zepeda Lecuona hizo ver que mientras la CDMX ofrece 40 puntos para ello, y Monterrey ocho, en toda Guadalajara hay uno.


 (REPORTE INDIGO/ LUIS HERRERA/ LUNES 27 DE MARZO DE 2017)

EL CAPÍTULO ZETA


Antes del ascenso del CJNG, el Cártel de Los Zetas encabezó una oleada de asesinatos de servidores públicos y agentes de Jalisco, durante la avanzada que emprendió en el estado en el sexenio pasado; la Fiscalía local le atribuye al menos 23 de estos homicidio.

“(…) amenazando de que esto nos va a pasar a todos si seguimos luchando contra la delincuencia organizada, es claro que esto no nos va a amedrentar”

Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco
Titular de la Secretaría de Seguridad Pública en 2008

208 Asesinatos de servidores públicos de 2007 a 2016

156 Homicidios han sido ligados al crimen organizado

La tarde del 18 de junio de 2008, cerca de las 19 horas, dos granadas eran lanzadas por un comando contra la sede de la Policía estatal de Jalisco, en pleno Centro de Guadalajara. El estallido anunciaba una llegada, una nueva presencia, solo que aún se desconocía de qué, o de quién. 

La detonación en el estacionamiento le quitó la vida a un policía, pero las autoridades reaccionaron y detuvieron a cuatro de los atacantes antes de escapar. Esa noticia la daría el entonces secretario de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez-Peláez: se trataba de exmilitares, probablemente formados en el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes).

Era uno de los primeros embates del Cártel de Los Zetas que iniciaba así su incursión a Jalisco, por lo que el pasado castrense de los detenidos no podía más que causar sorpresa y desconcierto.

La avanzada de Los Zetas en Jalisco estaba en su fase más temprana. El estado y sus instituciones no estaban habituados a su operación, a los métodos con precisión militar que le habían infundido sus fundadores desertores del Ejército.

Antes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y de su preeminencia en el estado, fueron Los Zetas los principales responsables de una gran oleada de asesinatos de servidores públicos y agentes, según lo muestra un informe de la Fiscalía General, resultado del recurso de revisión 1188-2016.

Este arroja la existencia de al menos 23 asesinatos de servidores públicos en Jalisco atribuidos a Los Zetas, de 2007 a 2016, si bien su incursión y violencia se concentraron en la primera mitad de los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y del exgobernador Emilio González Márquez, de 2008 a 2011.

CON TANTA SAÑA

Unos meses después de aquel ataque con granadas en Guadalajara, vino un nuevo despliegue del poderío paramilitar que mostraban Los Zetas en Jalisco; era 2008, y aún fungía como un brazo armado que abría territorios para el Cártel del Golfo y su afán expansionista.

El 9 de octubre, por la noche, ocho policías estatales revisaban un Stratus detenido en una gasolinera sobre la carretera Guadalajara-Lagos de Moreno. Tras una llamada de sus tripulantes, arribó un comando de refuerzo.

Los policías fueron atacados con una lluvia de balas y diez granadas arrojadas, de las que solo una no estalló. Cinco agentes murieron.

Ese 2008 fue el año en que Los Zetas asesinaron al mayor número de miembros de las instituciones públicas durante su incursión en Jalisco, con 12 homicidios, según el informe. En el 2009 sumó siete asesinatos más de servidores públicos, y en 2011 otros tres.

Se cuenta en este análisis el asesinato de un servidor público de 2010 atribuido a La Resistencia, pues se consideraba que este grupo derivado del Cártel del Milenio –como el CJNG- operaba en alianza con Los Zetas.

 “Tenemos idea de que podría tratarse del grupo de sicarios del Cártel del Golfo, los Zetas (...) Con esta saña, con este volumen de fuego, como les digo, es la primera vez que yo recuerde que hay un ataque de esta magnitud en contra de elementos policiales”, dijo Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública.

El CJNG

En los últimos años las autoridades mexicanas y de Estados Unidos han advertido la disposición que muestra el CJNG por confrontar directamente a las fuerzas institucionales, lo que se refleja en este informe de Fiscalía que le atribuye 49 asesinatos de funcionarios y agentes en casos de su competencia, en 2007 a 2016.

En ese lapso se dieron en total 208 homicidios de miembros de las instancias de gobierno en Jalisco, lo que significa que solo el CJNG estaría detrás de una cuarte parte de los mismos; después están Los Zetas con los 23 citados.

De todos estos homicidios, 119 se dieron en el gobierno de González Márquez (2007-2012), y 89 en el de Aristóteles Sandoval Díaz (2013-2016). Sin embargo, de los que se atribuyen al CJNG, 17 ocurrieron con el panista, y 32 con el priista, muestra de su fortalecimiento en este mandato.

El año en que el CJNG cometió más de estos homicidios fue el 2015 con 22, cuando emboscó a la Fuerza Única el 6 de abril en San Sebastián del Oeste, donde murieron 15 oficiales.

BAJO ACECHO

Homicidios de servidores públicos del 2007-2016 ligados a un cártel:

Cártel           Víctimas

CJNG                     49

Los Zetas              23

La Corona               3

Los Valencia           1

Justo Compara       1

La Línea                    1

Michoacanos          1

CON SELLO DE OTROS CÁRTELES

De los 208 homicidios de funcionarios y agentes de 2007- 2016, la Fiscalía vincula 156 con el crimen organizado -el 75 por ciento-, pero solo en 79 los indicios la llevan a identificar de manera clara a un grupo específico.

Si el CJNG y Los Zetas suman 72 de estos asesinatos, destacan luego La Corona, con tres; Los Valencia, con uno, y otros grupos llamados “Justo Compara”, con uno; y “Michoacanos”, con otro homicidio.

En el informe figura el asesinato de un servidor público en 2014, que adjudicó a La Línea, una de las dos células que la Procuraduría General de la República (PGR) atribuye al Cártel de Juárez.

El documento no incluye los homicidios que atrajo la PGR, como el del diputado federal Gabriel Gómez Michel (2014); el delegado del ISSSTE, Javier Galván Guerrero (2015); cuatro militares en Guachinango (2014) y nueve efectivos federales caídos el 1 de mayo de 2015.

Aunque a La Resistencia se le atribuye el asesinato de solo un funcionario, se le ligó en 2010 con el ataque de Jilotlán de los Dolores, donde murió una decena de policías estatales el 28 de octubre, la segunda peor  emboscada en la historia de Jalisco, solo detrás de la de 2015 con 15 caídos-, el 30 de octubre.

ARRANQUE VIOLENTO

Homicidios de servidores públicos al iniciar el 2017:

> 26 DE ENERO

Asesinan al director de Seguridad de San Juan de los Lagos, Ramón Pérez.

> 17 DE FEBRERO

Tirotean a dos policías de Tonalá, ambos mueren; uno de ellos tras unos días del ataque.

> 3 DE MARZO

Asesinan a policía de Tonalá.

(REPORTE INDIGO/ LUIS HERRERA/ Miércoles 8 de marzo de 2017)



EL CÁRTEL QUE AMBICIONÓ UN SANTUARIO

El Hotelito Desconocido, que fue ligado al CJNG-Los Cuinis por las autoridades, intentó en 2009 anexar el área natural protegida Santuario Playa de Mismaloya, uno de los más importantes para la preservación de la tortuga marina; la Conanp lo impidió




Conanp, y su entonces director regional Occidente y Pacífico Centro, Gustavo Elton Benhumea, advirtió que lo que estaba en juego era el Santuario Playa de Mismaloya

"La delegación federal de Semarnat Jalisco considera, salvo su mejor opinión, que el trámite de solicitud de concesión es procedente”

Semarnat Jalisco en 2009
A la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros

"Esta Conanp (…) opina que las solicitudes no son ambientalmente procedentes, ya que no se garantiza la protección de los recursos naturales”

Dictamen de Conanp
A la solicitud del Hotelito Desconocido

En el año 2009 el resort Hotelito Desconocido en la Costa Alegre de Jalisco buscaba expandirse. Requería para ello que más playas le fueran concesionadas por la Federación, para sumarlas a las que ya tenía por casi ocho hectáreas y que explotaba para su éxito comercial.

Su involucramiento por el Gobierno mexicano y estadounidense con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)-Los Cuinis, como un centro de lavado de dinero, no vendría sino hasta seis años después (agosto de 2015), por lo que aún gozaba de un prestigio que rebasaría fronteras.

Ante ese afán por crecer hubo solo una autoridad que intervino para ponerle un alto. Fue la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) la que actuó. El Hotelito pretendía obtener dos concesiones más de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pero no sobre unas playas cualesquiera, sino para anexar nada menos que el área natural protegida Santuario Playa de Mismaloya.

Esta área natural es una de las más importantes del país para la preservación de la tortuga marina, vecina al Estero El Ermitaño, un Sitio Ramsar donde puede avistarse a más del 81 por ciento de todas las especies de aves acuáticas que hay en toda la costa de Jalisco: un plus de valía inconmensurable para cualquier hotel.

Ambas solicitudes de concesión se presentaron ante la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de Semarnat, el 3 de abril de 2009, por W&G Arquitectos, propietaria del Hotelito y que también sería vinculada por el Departamento del Tesoro con el CJNG-Los Cuinis.

La primera solicitud fue sobre una superficie de 5 mil 577.1 metros cuadrados (m2), y la segunda sobre 5 mil 330.9 m2 de zona federal, ambas en la desembocadura del Río María García y del Estero El Ermitaño, para uso de ornato.

Si los trámites le favorecían, el Hotelito iba a sumar 10 mil 908 m2 de playas concesionadas a los 78 mil 611.1 m2 que ya poseía con los títulos DGZF-051/04, DGZF- 375/04 y DGZF-374/04, así habría alcanzado 89 mil 519.1 m2, casi nueve hectáreas de bienes nacionales en su poder.

COMPLACIENTES

La pretensión del Hotelito Desconocido por adjuntar esa área natural pasó fácilmente por las aduanas del Ayuntamiento de Tomatlán, donde está, y aun de la Semarnat delegación Jalisco, pese a lo que estaba en riesgo.

En Tomatlán, su Dirección de Obras Públicas otorgó las factibilidades de uso de suelo solicitadas por la empresa para flora y fauna, al no hallar ninguna violación al Programa de Ordenamiento Ecológico de la Costa Alegre. La primera zona de interés la validó con el oficio DOP/007/2009, la segunda con el DOP/005/2009, ambos del 26 de febrero de 2009.

La actuación de la delegación Jalisco de Semarnat fue peculiar: ambas peticiones de concesión también llegaron a las manos de quien fuera su titular, José Álvarez Carrillo, quien las remitió a la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, a cargo de José Gutiérrez Miranda.

La primera petición la remitió el 14 de abril de 2009, con el oficio SEMARNAT.EAC.PVJ.456/09, y la segunda el 15 de abril 2009, con el SEMARNAT.EAC.PVJ.459/09; sin embargo, en ambos el delegado incluyó este mensaje:

“El expediente ha sido integrado conforme al acuerdo de mejora regulatoria, y a lo señalado por el art 26 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y los Terrenos ganados al Mar, por lo que la delegación federal de Semarnat Jalisco considera, salvo su mejor opinión, que el trámite de solicitud de concesión es procedente”.

RIQUEZA NATURAL

Tuvo que ser la Conanp, y su entonces director regional Occidente y Pacífico Centro, Gustavo Elton Benhumea, quien advirtiera que lo que estaba en juego era el área natural del Santuario Playa de Mismaloya.

Para ello emitió el oficio DROPC.-00000137, el 16 de marzo de 2010, al titular de la Dirección General citada, Gutiérrez Miranda, donde dice:

“Respecto a las solicitudes de concesiones requeridas por W&G Arquitectos, es de señalar que estas se encuentran dentro del Santuario Playón Mismaloya, un área natural protegida de carácter federal”, según el decreto del 29 octubre de 1986 como zona de reserva para la tortuga marina, y el del 16 de julio de 2002 que la recategoriza santuario.

“Las superficies que se pretenden obtener en concesión se ubican en el Santuario Playa Mismaloya, tienen una gran importancia en los procesos de anidación de las tortugas marinas”, agregó la Conanp, como las especies en peligro de extinción Golfina, Laúd y Negra.

“Uno de los mayores lugares de importancia en el estado de Jalisco de arribadas” de la tortuga Golfina.

A ello se aúna la vecindad con el humedal de importancia internacional Sitio Ramsar Estero El Ermitaño, un cuerpo de agua de 314.6 hectáreas y otras 44.5 de manglar, protegido desde el 2 de febrero de 2008.

Es justo ahí, en el sistema del estero y la Laguna Agua Dulce, donde “de acuerdo a una serie de estudios sobre aves acuáticas, se han identificado 95 especies que representan el 81.2 por ciento de las identificadas en toda la costa de Jalisco”.

FIN DE LA AMBICIÓN

Por todo esto: “Esta Conanp, de acuerdo a la correlación que tienen las áreas solicitadas y el Santuario Playa Mismaloya, opina que las solicitudes en cuestión no son ambientalmente procedentes, ya que no se garantiza la protección de los recursos naturales presentes en el sitio y, de otorgarse, el mantenimiento de las características ecológicas que permiten la llegada de las especies de tortugas marinas podría verse afectado”.

Fue este dictamen de Conanp lo que llevó a la Semarnat a negar el 11 de agosto de 2010 las solicitudes de concesión del Hotelito hechas por W&G Arquitectos. La primera con la resolución 1410 y la segunda con la 1423.


(REPORTE INDIGO/ LUIS HERRERA/ Lunes 13 de febrero de 2017)

LA HACIENDA DEL CAPO


En 2016, la Fiscalía de Jalisco anunció que la PGR aseguró un inmueble propiedad de Nemesio Oseguera ‘El Mencho’; tras un proceso de transparencia, la Procuraduría la desmiente y asegura que no hay ligas entre la finca y el líder del CJNG

Eduardo Almaguer Ramírez“(…) era utilizada como habitación de un integrante, de un miembro de la delincuencia organizada de nombre Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho”

Fiscal general de Jalisco, en 20 abril de 2016

En abril de 2016 la Fiscalía de Jalisco difundió un reporte que atrajo las miradas de todo el país: las fuerzas federales, dijo, habían asegurado en el municipio de El Grullo una hacienda de quien es considerado el líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera “El Mencho”, y en la cual habitaba.

El hallazgo del inmueble de uno de los capos más buscados del país lo anunció directamente el fiscal general, Eduardo Almaguer Ramírez, quien ganó con ello espacios y encabezados en los principales medios nacionales, incluyendo publicaciones especializadas en narcotráfico.

La propiedad en cuestión era la Quinta El Rosario, cateada el 17 de abril de ese año en un operativo efectuado, según lo dijo el fiscal, por la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ejército Mexicano.

“Lograron asegurar un inmueble que es una hacienda denominada Quinta El Rosario, misma que era empleada para habitar (…) era utilizada como habitación de un integrante, de un miembro de la delincuencia organizada de nombre Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’”, dijo aquel 20 abril.

Resultaba peculiar que fuera un funcionario estatal quien diera a conocer unilateralmente un golpe de esa relevancia, y más cuando el propio fiscal reconocía que su dependencia no había tenido ningún grado de participación en el operativo federal.

Se esperaba, por ello, algún tipo de confirmación por alguna de las instituciones del gabinete federal de seguridad, como la misma PGR, el Ejército o la Comisión  Nacional de Seguridad, pero los días pasaron y esta nunca llegó.

Tras el proceso del recurso de revisión RRA 0475/16 ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), es la propia PGR quien desmiente aquel anuncio del fiscal de Jalisco, en documentación obtenida por Reporte Indigo.

INMUEBLE DESHABITADO

Según los informes de la PGR, el mensaje que emitió el fiscal de Jalisco aquel día de 2016 tiene algunos elementos ciertos, pero también otros sin sustento.

La PGR confirma que el 17 de abril de 2016 ejecutó una orden de cateo sobre la propiedad en El Grullo, eso es cierto, pero es falso que tenga conocimiento, por indicios o pruebas, de algún tipo de vínculo entre ese inmueble y el líder del CJNG, Nemesio Oseguera “El Mencho”, como lo afirmó Almaguer Ramírez.

La PGR rechaza que el inmueble esté relacionado con el CJNG, lo que contradice del todo los dichos del fiscal, quien no solo aseveró que ahí habitaba el jefe de ese grupo criminal, sino que se habrían hallado documentos útiles para las pesquisas en su contra.

A los cuestionamientos de si el inmueble asegurado es de Nemesio Oseguera “El Mencho”, y si está ligado con el CJNG, la PGR lo descartó en su respuesta vía transparencia con un primer oficio PGR/UTAG/00789/2016, del 20 de junio de 2016. Detalló que al momento de la ejecución del cateo el inmueble se encontraba deshabitado.

Para eliminar toda sombra de duda, el INAI ordenó a la PGR que hiciera una nueva búsqueda de información y reportara si la finca “está ligada al CJNG” o no; la PGR lo acató, y dijo que “procedió a solicitar una tercera búsqueda exhaustiva de la información” ante áreas como la SEIDO, su delegación Jalisco, y la Agencia de Investigación Criminal, así llegó a esta conclusión:

“Tal y como se hizo de su conocimiento desde la respuesta inicial y en alegatos al Órgano Garante, se le reitera que no se tiene conocimiento de que dicho inmueble se encuentre relacionado con la organización delictiva de su interés”, es el oficio PGR/UTAG/03436/2016, del 13 de octubre de 2016.

¿AUTOS DE LUJO?

El fiscal dijo que se habían asegurado dos armas, una calibre 50, y otra 38, seis cargadores.223 y 63 cartuchos calibre 762, y, lo más vistoso, tres vehículos de lujo: una camioneta BMW, un auto Audi y un Camaro.

Pero esto tampoco se sostiene por la PGR, pues lo único que reporta como asegurado, incluso ante el INAI, fue: “un inmueble, un arma de fuego corta, un arma de fuego larga, un teléfono celular y cargadores y cartuchos de diversos calibres”, y nada más, sin ningún vehículo.

Este informe de la PGR es preciso pues, como señala el INAI, su personal está obligado por ley a “Levantar acta que incluya inventario con la descripción y el estado en que se encuentren los bienes que se aseguren”, según el Código Federal de Procedimientos Penales, artículo 182.

En realidad, la Fiscalía local no puede tener certeza de los pormenores del operativo, pues como lo confirmó la PGR a Reporte Indigo, aquella no fue parte del mismo, por más que haya pretendido explotar su difusión.

FISCAL POLÍTICO

Eduardo Almaguer Ramírez es uno de los principales aspirantes del PRI para contender en 2018 por  la alcaldía de Guadalajara o la gubernatura de Jalisco.

En su búsqueda de reflectores mediáticos, al traspié de la hacienda de El Grullo habría que sumar su extensa pugna con el cantante grupero Gerardo Ortiz, que le aseguró cobertura nacional en 2016.

Hace unos días el fiscal se enfrascó en un conflicto cuando en su cuenta de Twitter dirigió mensajes a diputados de Movimiento Ciudadano, ligándolos con un presunto operador del CJNG.

“¿Esta campaña también está financiada por el ganster Sergio Smith?” y “Esta es su manera de ocultar la corrupción de su Patron Alfaro y sus Primas Rusas?” (sic).

Por “primas” aludía a una imagen difundida de Enrique Alfaro Ramírez de índole personal. La polémica llevó a que el fiscal dijera, primero, que había sido “hackeada” su cuenta, y al avivar las críticas, dijo que los mensajes fueron escritos por dos colaboradores suyos, ahora suspendidos.


(REPORTE INDIGO/ LUIS HERRERA/  MARTES 21 DE MARZO DE 2017)