jueves, 2 de marzo de 2017

HOMICIDIO DEL EX ALCALDE DE COMONDÚ LUIS FARÍAS TUCHMAN

Esta mañana de jueves, se dio a conocer que el ex alcalde de Comondú´(1987 – 1990), Luis Jaime Farías Tuchman, fue privado de la vida en el interior de su domicilio particular, ubicado en la calle Degollado de la colonia Infonavit San Martín de Ciudad Constitución.

Elementos de los Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia acordonaron su vivienda, donde en estos momentos se hace el procesamiento de la escena del crimen, a cargo del agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delito de Homicidio Doloso.

De acuerdo a las primeras versiones, se trató de un crimen con violencia y al interior de su domicilio se aprecia desorden. Aunque se desconocen todavía las causas que originaron estos hechos.

En el lugar se constituyeron agentes de investigación  y peritos adscritos a la Dirección de Servicios Periciales, corroboraron lo anterior, localizaron en las calles, Santos Degollado y Costado Sur, en la colonia del referencia, el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino,  por lo que ordenaron el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense de esta Procuraduría, para la práctica de necropsia de ley y establecer las causas del fallecimiento.

El hoy occiso fue identificado, tenía 62 años y era originario de La Paz.




(COLECTIVO PERICU/ Max RODRÍGUEZ/ MARZO 2, 2017)

#LAPAZ: ¡ATACAN PISTOLEROS EN CHAMETLA CON SALDO ROJO!


A la altura del kilómetro 10 de la carretera Transpeninsular al norte, dos personas del sexo masculino fueron atacados con disparos de arma de fuego por sicarios que, de acuerdo a testigos, huyeron a pie del lugar. Los lesionados quedaron en el suelo enfrente del Hotel Hacienda del mar.

Los hechos fueron notificados a las corporaciones de seguridad minutos después de las tres de la tarde. Ahí encontraron sin vida a una persona enfrente del asadero EL ALFARERO que viste short a cuadros y una playera sin mangas con la leyenda STAFF en la espalda.

Otro gravemente herido, fue evacuado por una ambulancia de Cruz Roja, sin embargo se notifica que su estado es de suma gravedad. A las dos víctimas, de acuerdo a lo que mencionan los testigos, los conocen como “Los Tamones”.

Se trata de dos hermanos Armando, quien falleció en el sitio y Eduardo trasladado malherido al hospital. Ambos llevan el apellido Soriano Ceseña.


(COLECTIVO PERICU/ Max RODRÍGUEZ/02 DE MARZO 2017)

PEÑA NIETO LE OFRECE UN LUGAR EN EL GABINETE A BELTRONES, PARA CERRAR LAS GRIETAS DEL PRI


El gasolinazo dejó en evidencia las fracturas en el tricolor. Los Pinos busca acercarse a la "vieja guardia".

El gasolinazo puso un poco de luz sobre una silenciosa batalla que ya se había desatado en las entrañas del PRI. La vieja guardia del partido levantó la voz para marcar distancia de las decisiones que estaba tomando la tecnocracia que representa el ala más poderosa del gabinete de Peña Nieto, encabezada por Luis Videgaray.

La Política Online anticipó en ese momento el pase de facturas que estaba agitando Manlio Fabio Beltrones, a través de dirigentes muy cercanos. La más visible, Claudia Pavlovich, que no dudó en hacer público si rechazo al aumento de precios. También el senador tricolor Patricio Martínez cuestionó a Ochoa por no defender a la militancia priísta.

La tensión es histórica, desde los inicios de este sexenio. Pero el punto más caliente se vivió durante la elección de 2016, cuando Manlio Fabio Beltrones ya había tomado el control del PRI. Fuentes del tricolor recuerdan que en ese momento el entonces líder priísta fue víctima de un boicot del Gabinete de Peña Nieto. Tanto Osorio Chong como Videgaray -todavía en Hacienda- lo veían como un competidor directo para 2018.

La elección terminó en un rotundo fracaso. De las 12 que se renovaban, nueve las ponía en juego el PRI. Sólo retuvieron cinco. Fue un golpe muy duro para Beltrones, que decidió renunciar a su cargo. Lo hizo con un discurso de despedida cargado de mensajes hacia Los Pinos.

“El PRI debe tener una relación más fluida con sus gobiernos. Debe apoyar, comunicarse y comprometerse con su partido. Debe haber una retroalimentación de las agendas. Coordinación”, pidió antes de partir, y entonces soltó la frase más picante: “Porque lo que los gobiernos hacen, sus partidos lo resienten”.

Aunque desde el PRI aseguran que la relación Beltrones y Peña Nieto siguió en una ruta de cordialidad, el PRI quedó partido en dos facciones. Consciente de los nuevos desafíos que deberá encarar -Trump, liberalización de las gasolinas, elecciones en Edomex- desde Los Pinos habrían ensayado un nuevo acercamiento con Manlio Fabio. Así lo confirmaron altas fuentes del partido.

Según pudo saber LPO, Peña Nieto le habría ofrecido un lugar en el Gabinete, un gesto de reconciliación con un sector que ya había empezado a sacar a la luz su malestar. "Manlio está analizando. Sería ayudar en un momento muy complejo para la unidad del partido. Y habría que pensar si lo coloca de nuevo en la pelea por 2018", explicó la misma fuente.

¿En qué posición podría incorporarse? Las versiones indican que el único puesto que le quedaría a su talle es la Secretaría de Gobernación, que actualmente maneja Miguel Ángel Osorio Chong. "Manlio no está quieto. De eso estén muy seguros", respondieron desde su entorno.


(DOSSIER POLITICO/ Tomado de: Redacción / La Política online/ 2017-02-08)

LA “EXTRAÑA” MUERTE DE MIGUEL EN LA MINA DE CANANEA


HERMOSILLO, Son. (apro).- Los familiares de Miguel Edgardo Salazar Castillo exigen justicia a las autoridades federales tras la muerte inexplicable de este joven de 26 años en la mina Buena Vista del Cobre, propiedad de Grupo México.

Dos días antes de su muerte, el 19 de febrero, Miguel había recibido excelentes resultados en los exámenes médicos que realiza la empresa de manera periódica para garantizar las condiciones de salud de sus trabajadores.

No obstante, 48 horas después, el 21 de febrero, un infarto cardíaco lo alcanzó en la estación de trabajo llamada Concentradora 2, un punto intermedio entre la mina y la planta molibdeno, donde se utiliza el reactivo sulfhidrato de sodio, conocido en el argot minero como NaSH.

Según testigos, de quienes se resguarda su identidad por temor a represalias laborales, el primer trabajador en atender la emergencia de Miguel se desvaneció al sufrir un paro respiratorio ocasionado por la concentración de gases sulfhídricos en esa estación de trabajo.

Unos días antes del 21 de febrero, Miguel compartió a sus familiares su preocupación sobre el cambio de todos los mandos medios en la mina, sobre todo en el área donde se mezclan los peligrosos reactivos utilizados para desprender los minerales preciosos del resto de la tierra.

Todavía más. El incidente donde perdió la vida Miguel coronó una serie de accidentes no fatales que hasta el momento según las investigaciones de los familiares del fallecido, suman tres casos en un lapso de una semana y tienen indicios de otros más.

Héctor Alvarado, cuñado de Miguel, denunció que en la Procuraduría estatal solo le practicaron autopsia al cadáver, se conformaron con el resultado y no realizaron indagatorias al interior de la mina.

“Algunos trabajadores se han solidarizado con la familia y nos han solicitado que sigamos con la investigación porque ellos mismos se sienten amenazados por lo que ocurre en la mina”, comentó Héctor.

FAMILIARES PIDEN APOYO FEDERAL

Héctor y su familia solicitaron el apoyo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a través de una carta, con el argumento que se violentaron los protocolos de seguridad en el caso de Miguel.

En su misiva exigen que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga la investigación y demanda a la Procuraduría sonorense la exhumación del cuerpo de Miguel para una mayor investigación del accidente que acabó con su vida.

“Sé que la procuraduría local es muy pequeña para meterse con Grupo México por eso solicitamos el apoyo de PGR, de la secretaría del Trabajo nacional, y de la presidencia de la república”, comenta con tristeza.

Y, después, define: “Es increíble el poder de la mina, es tremendo el poder que tiene sobre instituciones que han estado deteniendo las investigaciones”.

Además la familia interpuso una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) contra los inspectores que realizaron el primer peritaje en el caso de Miguel porque actuaron presuntamente “para encubrir a la mina”.
Miguel era electricista de profesión, era originario de Arizpe, Sonora, y recientemente había anunciado a su familia sobre sus `planes de casarse.

GM: NEGRO Y MORTÍFERO HISTORIAL

El consorcio Grupo México ha experimentado severas crisis en las últimas décadas a consecuencia de la falta de seguridad en el proceso de extracción y producción de metales preciosos.

Según las estadísticas del Sindicato Minero Nacional sección 65, del 6 de junio de 2010 a la fecha en la mina Buena Vista del Cobre, propiedad de Grupo México, se han registrado 20 accidentes mortales.

“Esta mina es una bomba de tiempo”, señaló el vocero del sindicato, Antonio Navarrete.

El 6 de agosto de 2014 por error derramó 40 millones de litros de metales pesados y tóxicos mineros en el proceso de rebombeo y recuperación de minerales sobre los ríos Sonora y Bacanuchi en perjuicio de 22 mil sonorenses avecindados en siete pueblos serreños.

El percance fue considerado por el exsecretario de Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud, como “el peor desastre ambiental en la industria minera del país en los tiempos modernos”.

A la fecha, aún se experimentan secuelas de este desastre.

Grupo México también dejó su inolvidable estela de muerte en la mina de carbón de Pasta de Conchos, en Coahuila.

La tragedia se registró el 19 de febrero de 2006 y ahí murieron un total de 65 mineros luego de una explosión provocada por una alta concentración de gas metano.

Los mineros fallecidos se encontraban trabajando a 490 metros, dentro de un túnel horizontal de 1.6 kilómetros de largo. De acuerdo con los peritos, quedaron a 150 metros bajo tierra y únicamente se lograron extraer dos cuerpos de los 65 mineros que murieron sepultados.

El más reciente accidente registrado a nombre de Grupo México aconteció el 12 de febrero de 2016 en la mina de Charcas, ubicada en San Luis Potosí, en donde cinco trabajadores mineros perdieron la vida a causa de la ruptura de los cables guías de una calesa que transportaba ocho toneladas de carbón.

El rosario de muertes de Grupo México suma 90 eslabones.


(DOSSIER POLITICO/ Tomado de: Milton Martínez / Proceso/ 2017-03-01)

RECHAZA SAN LÁZARO JUICIO POLÍTICO A EDUARDO BOURS Y GUILLERMO PADRÉS


El juicio político contra el panista Padrés Elías fue promovido en abril del 2013 por legisladores priístas, por considerar que afectó a los sonorenses al violentar el proceso de licitación, construcción y operación del Acueducto Independencia. La demanda contra Bours Castelo fue interpuesta en agosto del 2010, por padres de los niños fallecidos en el incendio de la guardería ABC, también incluía a los ex directores del IMSS, Daniel Karam y Juan Molinar Horcasitas (ya fallecido)

HERMOSILLO.- El Congreso de la Unión desechó ayer 108 denuncias de juicio político que favorecen a 24 ex gobernadores, entre ellos los sonorenses Guillermo Padrés Elías y Eduardo Bours.

La Subcomisión de Examen Previo, que integran 14 miembros de las Comisiones de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Diputados, sesionó ayer y revisó 109 expedientes, de 364 acumulados desde 2003, de los cuales 255 continúan vigentes.

El juicio político contra el panista Padrés Elías fue promovido en abril del 2013 por legisladores priístas, por considerar que afectó a los sonorenses al violentar el proceso de licitación, construcción y operación del Acueducto Independencia.

La demanda contra Bours Castelo fue interpuesta en agosto del 2010, por padres de los niños fallecidos en el incendio de la guardería ABC, también incluía a los ex directores del IMSS, Daniel Karam y Juan Molinar Horcasitas (ya fallecido).

Entre los 14 miembros de la Subcomisión se encuentran los Diputados sonorenses Javier Neblina Vega y Abel Murrieta, ambos votaron a favor de desechar las denuncias de juicio político.

“Quedan dos terceras partes de muchos expedientes que sí necesitan trabajarse con profundidad”, argumentó Neblina Vega durante la sesión.

Murrieta externó que no se trata de exonerar a nadie, sino de cumplir con la Ley, luego de que en los últimos 12 años, se acumularon más de 350 denuncias, que permanecieron “congeladas”.

“En las últimas cuatro legislaturas ni siquiera se había formado la subcomisión de Examen Previo”, destacó.

Tras la revisión, añadió, y con base al artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el 114 Constitucional, se encontró que 108 casos ya prescribieron.

“El juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en el que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión y dentro de uno después de la conclusión de sus funciones”, indica el artículo 9.

Este tipo de denuncia, consideró, surte efecto mientras el funcionario está en su cargo, pues la máxima sanción en un juicio político es la destitución o inhabilitación por un máximo de 10 años.

El también ex Procurador General de Justicia en Sonora enfatizó que desechar los juicios políticos por prescripción no exonera a los ex gobernadores o ex funcionarios de presuntos delitos, o denuncias de tipo penal.

La Subcomisión de Examen Previo en la Cámara de Diputados se creó después de 12 años, por un amparo federal que ganó y promovió un ciudadano queen 2014 demandó juicio político contra el ex Gobernador de Chiapas, Juan Sabines.

El pasado 23 de febrero, un Juez de Distrito en materia administrativa multó por segunda ocasión a la Subcomisión de Examen Previo con 7 mil 549 pesos por no resolver el juicio político contra Sabines.

Aún quedan pendiente 255 denuncias vigentes que serán analizadas el próximo 22 de marzo, entre ellas el juicio político contra los ex gobernadores de Veracruz, Javier Duarte; y de Quintana Roo, Roberto Borge.

Otros ex gobernadores panistas “perdonados” son Francisco Ramírez Acuña, Gerardo Octavio Solis, Emilio González Márquez, los tres de Jalisco.

Así como Marcelo de los Santos, de San Luis Potosí; Patricio Patrón Laviada, de Yucatán; Marco Antonio Adame, de Morelos; y Héctor Ortiz, de Tlaxcala.

Por el PRI, Rodrigo Medina de Nuevo León; Mario Marín, de Puebla; Ulises Ruiz, de Oaxaca; Andrés Granier, de Tabasco; José Natividad González Parás, de Nuevo León; Fidel Herrera, de Veracruz; Fernando Moreno Peña, de Colima.

También Ivonne Ortega, de Yucatán; Fernando Toranzo, de San Luis Potosí; Fernando Ortega, de Campeche; entre otros.


(DOSSIER POLITICO/ REYNA HAIDÉ RAMÍREZ /2017-03-02)

CAE PRESUNTO LÍDER DEL CÁRTEL DE SINALOA EN CHIHUAHUA


La captura el presunto narcotraficante se realizó en Ciudad Juárez

Milenio | Ciudad de México.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en coordinación con la División Antidrogas de la Policía Federal, lograron la detención del ex agente de la policía municipal de Ciudad Juárez, David Sánchez Hernández, El Christian, identificado por Estados Unidos como jefe de una de las células más violentas del cártel de Sinaloa que opera en el estado de Chihuahua.

La captura el presunto narcotraficante se realizó en Ciudad Juárez, con base a una orden de detención provisional con fines de extradición, ya que es requerido por una Corte de Distrito de Texas por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, de asociación delictuosa, lavado de dinero, y posesión de armas de fuego.

Asimismo, El Christian es señalado de coordinar la importación de grandes cantidades de cocaína y mariguana a territorio estadunidense, principalmente en Texas.

El sospechoso fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social Número 9, en Ciudad Juárez, a la espera de que concluya el proceso de extradición para ser entregado en breve al país que lo reclama.

De acuerdo con la acusación de los estadunidenses, Sánchez Hernández guarda relación con Germán Olivares, El Paisa, operador del capo y líder absoluto del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada.

El Paisa, según los norteamericanos, está involucrado en las matanzas ocurridas en la mencionada ciudad fronteriza, por la guerra suscitada entre esa organización delictiva con el cártel de Juárez, disputa que inició en 2007 por el control de ese territorio.

Asimismo, las acusaciones mencionan a policías estatales y municipales; uno de esos ex policías estatales es Sergio Garduño Escobedo, El Coma.


(ZOCALO/ Agencias/ 02 DE MARZO 2017)

LA CAPTURA DE LA ABUELA

Borrado por el escándalo en la premiación de los Óscar, el programa “60 Minutos” de la cadena de televisión CBS, difundió un segmento al que llamó “Detrás de las Rejas”. Se trataba de Joaquín El Chapo Guzmán, pero no de cómo vive en el centro correccional metropolitano en Nueva York, donde enfrenta un juicio federal, sino de cómo fue su cacería y captura en enero del año pasado. El programa de investigación entrevistó a Peter Vincent, quien era consejero legal de los departamentos de Estado y de Seguridad Territorial durante ese periodo, y a Jim Dinkins, quien fue el jefe de la investigación por parte de Seguridad Territorial.

Las entrevistas están llenas de detalles de la persecución y finalmente su detención, pero sobre todo de una historia no sólo jamás contada, sino totalmente opuesta a la versión oficial del Gobierno mexicano. Lo más importante, que la operación para detenerlo no fue unilateral, sino fue parte de una fuerza de tareas compuesta por los dos países que trabajaron coordinadamente para reaprehenderlo.

La versión del Gobierno mexicano es que en la segunda captura de El Chapo Guzmán -la primera fue en Mazatlán en febrero de 2014--, no participó ningún agente o funcionario estadounidense. “En la primera sí nos ayudaron con tecnología que no teníamos, pero en la segunda ya disponíamos de todo lo necesario”, dijo uno de los más altos funcionarios mexicanos responsables de su recaptura.

“Los estadounidenses no sabían nada de cómo íbamos en la persecución, y éramos nosotros los que ahora les dábamos la información”. Lo que narraron Vincent y Jenkins se contrapone a esa versión. De acuerdo con ellos, para la primera captura se creó una fuerza de tareas que fue revigorizada cuando se escapó por segunda vez, de la prisión de máxima seguridad de Almoloya.

Los ex funcionarios no aportaron detalles que pudieran comprometer los métodos de investigación y las operaciones de inteligencia. Esa fuerza de tareas, dijo Dinkins, escuchaba permanentemente todas las comunicaciones del Cártel del Pacífico, y no sólo rastreaba a Guzmán, sino a todo su círculo íntimo, incluido su cocinero, así como todos los lugartenientes y personas a quienes contactaba, incluido el actor Sean Penn.

Lo que dejaron entrever es que todas las llamadas de Guzmán, sus abogados y su familia, estaban interceptadas. Por eso, agregó, sabían perfectamente que El Chapo había invitado a verlo a Penn y a la actriz Kate del Castillo, y conocieron inmediatamente dónde iba a ir y en dónde iba a aterrizar.

La versión oficial mexicana es que las autoridades detectaron que Guzmán se encontraba en la sierra de Durango por la reunión que tuvo con Del castillo y Penn. Dinkins dijo, sin embargo, que un comando de élite de la Marina había encontrado la pista que los conduciría a él, 20 días después de que se escapó.

“La Marina tenía un bloque de búsqueda”, dijo Vincent, quien utilizó el mismo concepto de integración de fuerza de tareas que usaron años antes para la cacería y captura de Pablo Escobar en Colombia. “Esstaban enfocados en el principal premio, capturar a El Chapo Guzmán, vivo, si era posible hacerlo”.

Recordó que la primera oportunidad de atraparlo fue en octubre de 2015, días después de la visita de Penn, pero “los marinos nos dijeron que esperaron porque no querían que el actor estadounidense quedara atrapado en el fuego cruzado”. No lo dijeron los ex funcionarios, pero la razón por la que no fue capturado ese mes se debió a las presiones de la DEA al más alto nivel del Gobierno mexicano para que detuvieran la operación 48 horas para dar tiempo a que saliera Penn de la zona, mientras que el drone de la CIA que monitoreaba las comunicaciones en la sierra, fue apagado para cerrar toda información. Los ex funcionarios ratificaron la versión extraoficial mexicana de que para escaparse El Chapo se cubrió con un bebé -hijo de su cocinera-, para que no le dispararan.

Los ex funcionarios estadounidenses no entraron en detalles sobre cómo fue la persecución en la sierra de Durango, donde la unidad de élite de la Marina, dirigida por un almirante al que se conoce como El Comandante Águila -que también encabezó la unidad que lo detuvo en Mazatlán-, fue obligándolo a no regresar a la montaña sino a huir hacia Los Mochis. No fue algo fortuito, de acuerdo con lo que dijeron en “60 Minutos”.

Actuaron de acuerdo con información de inteligencia que condujo a otras unidades a una casa en esa comunidad, donde la intercepción de llamadas revelaron que planeaban una visita de la “abuela”, el nombre en clave de Guzmán, y de la “tía”, como llamaban a Orso Iván Gastélum, apodado El Cholo Iván, el jefe de escoltas de El Chapo, y con quien lo capturaron días después.

“Los marinos vigilaron la casa por un mes como pintores y albañiles que iban y venían”, dijo Jenkins. “Entonces, en la mañana del 7 de enero de 2016, la ‘abuela’ finalmente apareció. Una fuerza de asalto tomó rápidamente posiciones y esa noche, alguien en la casa pidió una enorme orden de tacos y una camioneta blindada salió a recoger la comida. El Chapo estaba teniendo una fiesta”.

El programa de “60 Minutos” entrevistó a dos de los comandos de élite que participaron en el asalto, identificados como “Alfa” y Bravo”, quienes narraron cómo se dio la batalla dentro de la casa y fueron recibidos con granadas. Pero también, cómo desaparecieron El Chapo y el Cholo Iván.

Los ex funcionarios estadounidenses confirmaron la versión mexicana del escape por el drenaje y mediante dos vehículos que robaron. Sin decirlo quedó claro que la recaptura fue finalmente fortuita, porque durante horas se les esfumaron a las unidades de élite y fueron capturados únicamente porque la Policía Federal interceptó el Focus rojo en el que viajaban rumbo a Culiacán, no porque los reconociera, sino porque estaba reportado como robado.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa


(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ Raymundo Riva Palacio/ 02/03/2017 | 02:00 AM)   

LA MALA LECHE DE EL BRONCO

Cuando se publicó el primer texto sobre la acusación de Paula Cusi, viuda de Emilio Azcárraga Milmo, de un fraude cometido por su zar anticorrupción de Nuevo León, Ernesto Canales, y su socio, César Gerardo Francisco García Méndez, por seis millones de dólares, el Gobernador Jaime Rodríguez, El Bronco, dijo que quien esto escribe había actuado de “mala leche”, y respaldó incondicionalmente a su fiscal.

Rodríguez dijo estar enterado de la acusación, pero que confiaba plenamente en Canales. “Don Ernesto es una persona que está dando resultados, pronto dará más resultados y ahí se acabarán las dudas”, dijo en abril. Un año después, el trabajo de Canales ha sido un fiasco y su gestión como Gobernador decepcionante. Pero ese no es el punto.

El pasado 17 de febrero,  la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal pidió la orden de aprehensión en contra de García Méndez, por del delito de administración fraudulenta. Las autoridades demostraron que García Méndez tuvo una “conducta engañosa... con la finalidad de alcanzar un lucro indebido, afectando el patrimonio ajeno”. La defensa de Cusi probó que, en efecto, le cometieron un fraude el hoy prófugo de la justicia y Canales, que incurrió en las mismas conductas ilícitas pero que, lo que parecería un blindaje jurídico al fiscal neoleonés y evitar un escándalo para El Bronco, no fue incorporado en el pliego de consignación.

Un año después no se puede esperar una disculpa del Gobernador a quien esto escribe por haber hablado sin conocimiento de causa. Lo importante es qué hará con Canales, porque le va a quemar las manos. El año pasado, cuando Rodríguez arremetió contra el mensajero dijo que el haber divulgado el expediente era un distractor de la persecución contra el ex Gobernador Rodrigo Medina. El Bronco dijo que era un show mediático levantado por el miedo a las investigaciones, y que eran parte de una campaña de las empresas de televisión Multimedios Milenio y Televisa, por las acciones que emprendería en su contra.

Mucho pico el de El Bronco, e igual incapacidad en la gestión de Gobierno. Las investigaciones contra Medina siguieron su curso y no han llegado a ningún lado. Su única promesa de campaña quedó trunca y su zar anticorrupción no ha podido probar nada a Medina. Lo único realmente relevante que ha hecho Canales en todo este tiempo es escabullirse de la justicia y mentir al afirmar que no había actuado de manera ilegal contra la señora Cusi. La orden de aprehensión contra su socio García Medina es la confirmación que también es presunto responsable del delito de fraude.

Como se explicó en la entrega anterior, la denuncia contra él y García Méndez fue presentada el 26 de marzo de 2012 en la Procuraduríaa General de Justicia del Distrito Federal, donde se afirmaba “se apoderaron y dispusieron en su beneficio” de los seis millones de dólares pagados por Televisa, como indemnización por ceder todos sus derechos al 16.6 por ciento de las acciones de la empresa que había heredado de Azcárraga Milmo, y como parte de una cesión de derechos a su hijo, Emilio Azcárraga Jean, por la suma de 50 mil pesos. Según la denuncia, Canales y García Méndez nunca le pagaron la compensación de seis millones de dólares, de la cual nunca fue enterada hasta que sus abogados se toparon fortuitamente con el documento en tribunales, con lo cual obtuvieron “un lucro indebido y generado un detrimento patrimonial” a la viuda de Azcárraga Milmo.

 En su defensa ante el Ministerio Público, Canales sostuvo que la señora Cusi siempre fue informada de todas sus acciones, y como prueba presentó a las autoridades una carta que envió a la señora Cusi el 21 de octubre de 2011, donde hacía una relatoría a manera de rendición de cuentas sobre todo el proceso de sucesión testamentaria, que realizaba junto con García Méndez. Esa carta nunca le fue entregada a la señora Cusi, con lo cual Canales volvió a ser atrapado en una mentira. En una comparecencia ante el Congreso de Nuevo León en abril pasado, luego que se expusiera en este espacio el caso, Canales admitió que sí recibió los seis millones de Televisa destinado a su entonces cliente. Sin embargo, esa cantidad nunca llegó a manos de la viuda de El Tigre Azcárraga.

Las autoridades capitalinas tendrán que justificar por qué no se giró la orden de aprehensión en contra de Canales, si todo lo que llegó a que se consignara y pidiera la detención de su ex socio García Méndez es idéntico a lo que hizo el funcionario neoleonés. Pero El Bronco tiene que dejarse de evasiones y actuar en consecuencia.

La defensa a ultranza de su zar anticorrupción ha sido un error, que explica el por qué ha estado tan callado. Al ser buscado por la policía uno de los dos implicados en el caso, mantener a Canales en el cargo obstruye la acción de la justicia, al ser una de las probables razones por las que la procuraduría de la Ciudad de México no quiera actuar en su contra. El Bronco puede dar un paso hacia delante y ofrecerle una salida a Canales mientras se aclara toda esta situación. Si no lo hace, el descrédito será sólo una de las externalidades de protegerlo. Lo más dañino sería mostrar ante el electorado que lo que prometió, y su sed de justicia, también resultó una farsa.


(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 01/03/2017 | 04:04 AM)   

CAEN SOCIOS DE ‘EL CHAPO’ Y DE CÁRTEL DE JALISCO

Operación Valquiria

Dan Policía Nacional de Colombia y la DEA fuerte golpe a las organizaciones del “Cártel Jalisco Nueva Generación” y al de Sinaloa al desarticular una banda que les proveía de cocaína


Caen socios de ‘El Chapo’ y de cártel de Jalisco Foto: Especial

MÉXICO (UNIV)._ La Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Administración para el Control de Drogas, dieron un fuerte golpe a las organizaciones del “Cártel Jalisco Nueva Generación” y al de Sinaloa al desarticular una banda que les proveía de cocaína.

Según la información de las autoridades colombianas, la organización estaba conformada por una escisión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que mensualmente traficaban ocho toneladas de cocaína para Ismael “El Mayo” Zambada y Nemesio Oseguera, “El Mencho”.

Como parte de la estrategia Operación Valquiria se logró ubicar a la organización en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, tras 11 meses de investigación realizada por la Policía Nacional de Colombia, la Armada Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la DEA.

Según el General Jorge Hernando Nieto Rojas, director general de la Policía Nacional de Colombia, se trató de un “contundente golpe” al tráfico de drogas a gran escala.

Señaló que contaban con tres rutas para el abastecimiento en altamar: una cerca de las islas Galápagos, otra a la altura de la isla Coco y una más a 180 millas entre México y Guatemala. Se detectó que se ha sofisticado el trasiego con una flotilla de lanchas semisumergibles y avionetas.

Los principales proveedores de cocaína para Sinaloa y Jalisco Nueva Generación contaban con sus propios laboratorios en Tumaco y en la frontera con Ecuador, donde almacenaban sus cargamentos para luego transportarlos en lanchas y barcos pesqueros.

“Para transportar el alcaloide reclutaba a humildes baquianos que navegaban, en medio del mar enfurecido, hasta mil 200 millas náuticas en lanchas rápidas, las cuales eran abastecidas en tres puntos camuflados en pleno océano Pacífico”, explicó.

Al momento de su captura les fueron aseguradas armas cortas, 183 cartuchos, 13 celulares, dos radios satelitales, un teléfono satelital, dos computadoras portátiles y una memoria USB que contiene información clave para continuar la investigación.

“La Operación Valquiria se constituye en uno de los golpes más contundentes contra organizaciones internacionales dedicadas al narcotráfico a gran escala con destino a cárteles mexicanos, logrando neutralizar las rutas marítimas utilizadas desde la costa nariñense de Colombia”, dijo Nieto.

De 2014 a la fecha las autoridades colombianas han asegurado a esa organización 160 toneladas de cocaína y se ha detenido a 97 de sus integrantes.

Como parte de la Operación Valquiria, se han asegurado 24 cargamentos con más de 17.5 toneladas en aguas de Guatemala, islas Galápagos, El Salvador y Colombia.

Los cárteles “Jalisco Nueva Generación”, con su brazo financiero de “Los Cuinis”, y el de Sinaloa son las principales organizaciones que han extendido sus negocios en gran parte de Centro, Sudamérica, Europa y Asia; sin embargo, el de “El Mencho” es el que logró avanzar en la última década.


(NOROESTE/ Universal/ 02/03/2017 | 04:00 AM)

ASESINADO ERA JEFE DE ENFERMERÍA DEL IMSS DE MAZATLÁN

Conmociona en el Seguro el crimen; reclaman justicia


El cadáver fue hallado junto a un auto quemado la tarde del domingo, en la Colonia Insurgentes; fue identificado



Asesinado era jefe de Enfermería del IMSS de Mazatlán Foto: Noroeste

MAZATLÁN.- El lunes Jesús no llegó a su trabajo... por horas lo esperaron en su oficina, en la jefatura de Enfermería del Hospital General de Zona número 3 del IMSS: más tarde se enterarían que fue asesinado horas antes en la Colonia Insurgentes.

La víctima fue hallada al lado de un vehículo quemado el domingo, mientras la algarabía se vivía al otro lado, en el malecón, por el primer desfile de Carnaval.

En el IMSS están de luto, el crimen de Jesús Silva ha conmocionado a todo el personal, algunos se resisten a su partida, sobre todo porque había preparativos para el día de su jubilación porque faltaban siete días.

“Era muy puntual, tenía mucha gente a su cargo, era responsable... se podría decir que de los más leales que he conocido aquí”, dijo uno de sus amigos.

Jesús le dedicó más de la mitad de su vida al IMSS, alcanzó a cumplir 27 años y 22 semanas trabajadas, estaban contadas porque le faltaban siete días para su retiro, los trámites estaban avanzados, era cuestión de días.

El domingo pasado Jesús fue apuñalado, su cuerpo quedó entre mangles del Arroyo Jabalines, en la Colonia Insurgentes.

Los primeros informes oficiales revelan que en el lugar agentes policiacos encontraron quemado un auto Malibú blanco, al lado estaba el cuerpo del jefe de Enfermería.
“Eso es todo lo que sabemos”, declaró una de sus compañeras.

El martes pasado personal del IMSS despidió a Jesús, al compañero, al amigo. En la explanada se despidieron en una ceremonia de cuerpo presente. Cientos le lloraron, cientos exigieron justicia.

Ayer, su lugar estaba como lo dejó, en su máquina quedó esa imagen de promoción del IMSS, y sobre el escritorio decenas de carpetas pendientes de firmar. A un costado de su silla cuelga una de las últimas fotografías que se tomó al lado de directivos y compañeros.

Jesús tenía a cargo más de 400 enfermeras y enfermeros, destacó por su espíritu de servicio, y por su atención digna para los compañeros que lo vieron ascender en lo suyo.

“Era de los que llegaba antes que todos, revisaba pendientes, ordenaba, y se iba al final de los turnos; era muy dispuesto, a la hora que lo buscaran ahí estaba”, comentó una enfermera.

El crimen de Jesús sigue impune, hasta el momento se desconoce el motivo del homicidio, tampoco hay acusados detenidos, pero sus compañeros no quieren una justicia lenta.
El personal del IMSS ha colgado el moño negro en la entrada del hospital, y cientos de trabajadores portan moños oscuros, el símbolo del luto, en memoria del compañero caído, víctima de la violencia.

Era muy puntual, tenía mucha gente a su cargo, era responsable... se podría decir que de los más leales que he conocido aquí”.


 (NOROESTE / REDACCIÓN/ 02/03/2017 | 04:00 AM)  

DOS ROZONES


Trabajando en el área del estacionamiento del estadio, escuchó la detonación. Volteó, con la bolsa de papitas en la mano y el recipiente de salsa en la otra: un hombre sostenía un arma a la altura de su hombro, otro caía pero como que quedaba suspendido en el aire, flotando, sin terminar de caer, malherido, y el resto de las personas alrededor de los puestos de comida corrían, gritaban, se tropezaban o eran atropellados.

Un balazo en la cabeza y otro quién sabe dónde. Ya abajo, abrazaba ese cuerpo que entibiaba una mancha roja y temblaba. Algo se desprendía. Algo terminaba y empezaba en ese hombre que yacía y se resistía al final. Él lo vio todo. Vio a otro que se dolía por una esquirla. Usted tuvo suerte amigo, solo fue un rozón. Escuchó que le dijo el paramédico a ese herido. De lejos, del otro lado de la cinta amarilla, vio cuando tendieron una manta azul sobre el que había quedado en el suelo.

Llegó a su casa. Todavía alterado. El pecho inquieto. Contó a su esposa y se puso a cenar. Apenas picó con el tenedor la carne que lo esperaba en el plato. Dijo hasta el hambre se me quitó. Fue a acostarse y no dejaba de ver a ese hombre caer, con el sangrerío a borbotones y él cayendo y cayendo y al mismo tiempo peleándose con el viento, queriendo agarrar con dedos y brazos el oxígeno que se le negaba. Suspendido. Así lo veía. Ya eran las dos. Pobre amigo, pensó. Y se quedó dormido.

Una semana pasó. Con el puesto de tacos afuera de su casa, la carne que debía asar, las cebollas en la plancha, la salsa fresca y las bolsas de guacamole para llevar. Todo ahí. Había sido una buena jornada, buena venta. A punto de cerrar, sacando cuentas, recibió una llamada. Quince tacos, con todo. Era un cliente que conocía. Le mandó la dirección por guasap. Sí, cómo no. Ahorita te los llevo. Los preparó muy rápido y salió con los recipientes y bolsas para entregarlos.

En medio de la noche, se desorientó. Detuvo la marcha de la moto para revisar la dirección y en eso estaba cuando lo atoran dos desconocidos. Uno lo ve de frente y el otro está a un lado, acercando su arma al pecho. Quién eres. Volvieron los temblores. Calmado, amigo. Ando buscando esta dirección. Uno le dijo  a ver si es cierto, márcale. Llamó y contestaron. Te salvaste. Cuando entregó los tacos, le explicaron: para esos que lo habían detenido era la cena. No queremos visitas ajenas, compa. Usted entienda.

Regresó a su casa. Como mareado, con ganas de vomitar, débil. Así se sentía. Muchas armas en pocos días. Sangre, sustos, muerte. Todo lo había visto y ya no quería más. Las balas pasaron cerca, le dijo a su mujer. A lo mejor ya ando enfermo. De la cabeza, el corazón. Quién sabe. Mañana me haré la prueba del diabetes y el colesterol.


(RIODOCE/ COLUMNA “MALAYERBA” DE JAVIER VALDEZ/ 27 febrero, 2017)

REGALA QUIRINO IMPUNIDAD A MALOVA


A pesar del caos financiero que heredó, no hay sanción o investigación contra la administración de López Valdez

Mario López Valdez heredó una deuda nunca antes registrada en Sinaloa. Él y sus ex funcionarios arrastran más de mil procedimientos administrativos de sanción y los movimientos irregulares en su administración provocaron que el SAT le exija a Sinaloa un primer pago de 500 millones de pesos por impuestos no declarados.

Pese al cúmulo de irregularidades, el gobierno de Quirino Ordaz Coppel no investigará a López Valdez, ni a sus ex funcionarios.

Facultado legalmente para atraer e iniciar investigaciones por irregularidades en actos u omisiones de servidores públicos, el gobierno de Ordaz Coppel declinó a la facultad que le otorga la Constitución Política de Sinaloa, la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de Sinaloa y el reglamento interno de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Ejecutivo.

A cambio, el secretario de administración y finanzas, Carlos Ortega Carricarte, anunció que el gobierno de Ordaz Coppel se apegará a los procesos normales que realizan la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los cuales son aleatorios y se concentran en sólo una muestra específica y no en la totalidad de los recursos públicos.

“Ya fueron detectadas algunas de estas irregularidades y las instancias fiscalizadoras iniciaron los procedimientos. Es parte de las auditorías y revisiones que se están haciendo. Ellos (ASF y ASE) son los que determinarán qué es lo que procede”, explicó Ortega Carricarte durante la presentación del informe en el que se dio a conocer el estado de las finanzas en Sinaloa.

PIDEN UN CASTIGO REAL

Un día después del informe prometido por Ordaz Coppel, que en realidad se trata de una obligación que estipula la Ley de Entrega Recepción de Sinaloa, los diputados de Morena, y de los partidos Sinaloense (PAS) y Acción Nacional (PAN) alzaron la voz para exigir un castigo verdadero contra los ex funcionarios de la administración malovista.

La diputada Merary Villegas, líder de la fracción de Morena, cuestionó que Ordaz Coppel esté evadiendo su obligación de combatir la corrupción a través de medidas “electoreras”, como el anuncio de disminuir el número de diputados y regidores en Sinaloa.

La legisladora señaló que si el gobernador tuviera una intención real de disminuir el gasto gubernamental, debería fincar responsabilidades penales al ex gobernador y al ex tesorero por el déficit presupuestal que heredaron.

En el mismo sentido, el líder de la fracción del PAS, Víctor Antonio Corrales Burgueño, criticó que el informe presentado por Ortega Carricarte revela la radiografía de una administración ineficiente. Corrales Burgueño exigió que este informe tenga un seguimiento y se llegué a las últimas consecuencias.

Por su parte, el diputado panista Zenen Xochihua Enciso, criticó que al dar impunidad al gobierno de López Valdez se manda un mensaje negativo para que el servidor público continúe incurriendo en actos de corrupción.

SINALOA IMPUNE

Contrario a lo que ha sucedido en Sonora y Nuevo León —donde los ex gobernadores enfrentan procesos legales iniciados por las contralorías locales de sus entidades—, o en Veracruz y Chihuahua —donde la PGR ha atraído las investigaciones contra los ex mandatarios—, en Sinaloa la contraloría local no actuará.

Aunque aún no se cuenta con una Fiscalía Anticorrupción del Estado como en Sonora o Nuevo León, en donde esta instancia es la que ha abierto procesos penales en contra de los ex gobernadores Guillermo Padrés y Rafael Medina, respectivamente, en Sinaloa la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas está facultada para llevar a cabo este proceso.

De acuerdo con el reglamento interno de esta dependencia en su artículo ocho, el Ejecutivo a través de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas está facultado para ordenar investigaciones, iniciar, tramitar y resolver procedimientos de sanción y denunciar penalmente las irregularidades detectadas.

Independientemente de los procesos que emitan las Auditorías local y federal, el gobierno de Quirino Ordaz Coppel podía haber iniciado su propia investigación y en su caso, presentar las denuncias.

El reglamento en su artículo 8 señala: “Son facultades del Titular de la Unidad, las siguientes: Denunciar las presuntas responsabilidades penales observadas como resultado de las investigaciones efectuadas en el ejercicio de sus funciones o instar al área jurídica de la Dependencia a que formule las denuncias o querellas a que hubiere lugar, cuando así se requiera, y coadyuvar con las autoridades correspondientes en las investigaciones complementarias necesarias”.

—¿Entonces, no habrá sanción para el responsable que dejó de pagar estos impuestos al SAT y que también dejó de pagarle al Instituto de Pensiones? —se le preguntó a Ortega Carricarte durante la presentación del informe.

—Eso es lo que se definirá o determinará en su caso cuando haga la Auditoría las revisiones correspondientes, que ya se están haciendo, salvo que incluso la Auditoría Superior de la Federación lo observó, entonces eso derivará en lo que las instancias definan. Ya en las revisiones que se están haciendo.

—¿Ustedes van a asumir ese costo, es decir, ustedes van a estar resolviendo lo que les dejó la administración anterior?

—Cuando se deja de pagar un impuesto el impuesto se tiene que pagar de todos modos, no lo haya pagado un año anterior o posterior es algo que se debe, lo que se tiene que buscar con la autoridad federal es ver si se puede ministrar ese pago de impuesto. La realidad es que las deudas que tengan las instituciones digamos en este caso del Estado son deudas institucionales, ya sean impuestos o sean pasivos a pensiones o proveedores.

Entonces, igualmente se hubiera tenido que pagar en años anteriores se están dejando este período, van a tener que pagarse en este período.

—¿Ustedes están dispuestos a asumir estos costos políticos, de ajustarse completamente y no meter en riendas a los servidores públicos que hicieron todo este desorden?

—Eso es parte de las auditorías y revisiones que se están haciendo. Ya fueron detectadas algunas de estas irregularidades y las instancias fiscalizadoras iniciaron los procedimientos. Ellos son los que determinarán qué es lo que procede.

LAS HUELLAS DE MALOVA:

Deuda pública al 31 de diciembre de 2016. Se recibe un estado con un importante déficit financiero y estructural que compromete las finanzas públicas.

Deuda total: 13 mil 130 millones de pesos
Deuda a largo plazo: 4 mil 518 millones de pesos
Deuda a corto plazo, sin fuente de pago: 8 mil 612  millones de pesos.

Proveedores y contratistas: 2 mil 241 millones de pesos
Instituto de Pensiones: mil 725 millones
Sector Salud: mil 500 millones de pesos
Educación: 396 millones de pesos

Evasión de impuestos. El Servicio de Administración Tributaria detectó omisiones en el cálculo sobre el ISR en las nóminas de 2013, lo que derivó en un crédito fiscal. Es decir, Sinaloa tiene que regresar ese recurso al SAT.

Crédito fiscal 2013: 541 millones de pesos.

El SAT revisa actualmente la misma omisión en 2014, 2015 y 2016, se advierten futuros créditos fiscales similares.



Fiscalización de los recursos.

La Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de la Función Pública cuestionaron el uso irregular de 7 mil 714  millones de pesos.

Recurso en duda: 7 mil 714 millones de pesos
Procesos administrativos contra servidores públicos: mil 167
ASF: 266 Procedimientos Administrativos
ASE: 540 procedimientos
SFP: 89 procedimientos administrativos
Unidad de Transparencia: 272 procedimientos

Gobierno abultado y desordenado. Se detectó un incremento de trabajadores y la duplicidad de funciones principalmente en los organismos descentralizados, lo que elevó los costos para su operatividad.

Burócratas activos: 74 mil 435 trabajadores
Incremento de 6 mil trabajadores de 2011 a 2016.
Organismos Descentralizados: 51
Incremento de 11 nuevos organismos de 2011 a 2016

 Boquete al Instituto de Pensiones. Desde 2013 se dejó de entregar las aportaciones de trabajadores al Instituto de Pensiones de Sinaloa, a la par, el número de trabajadores en edad de jubilarse se disparó.

Deuda al Instituto: Mil 725 millones de pesos.
Jubilaciones crecieron 77 por ciento de 2011 a 2016.
Subsidio en 2010 por 709 millones de pesos
Subsidio en 2017 por 2 mil 900 millones de pesos.

Sin bienes públicos. Las patrullas de Seguridad Pública estaban sin mantenimiento y se carece de vehículos de modelos recientes. El equipo informático tiene más de seis años de antigüedad, por lo que opera con fallas y genera altos costos de mantenimiento.

63 por ciento de las patrullas estaban fuera de servicio
42 por ciento de los vehículos están malas condiciones
68 por ciento de vehículos son modelos viejos
80 por ciento del equipo tecnológico es viejo


(RIODOCE/ MIRIAM RAMÍREZ/ 27 FEBRERO, 2017)

APARECE SANO Y SALVO EL “PAQUÍN” ESTRADA


El manager mexicano de los Bravos de León de la LMB, Francisco “Paquín” Estrada, apareció sano y salvo.

Por medio de twitter, el club guanajuatense confirmó la aparición de Estrada y por la tarde habrá una conferencia de prensa para dar los pormenores de esta situación.

Extraoficialmente se había comentado que el estratega mexicano fue secuestrado y que sus captores pedían un millón de pesos por su rescate a sus familiares, pero las autoridades de León no lo confirmaron.


(RIODOCE/ ARTURO GONZÁLEZ/ 2 MARZO, 2017)

NIEGA SEMAR LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAL NAVAL EN LA DESAPARICIÓN DE JÓVENES EN VERACRUZ


CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) negó de manera categórica que personal naval esté involucrado en la desaparición de los hermanos Levi y Jaciel Ramírez Ramírez, y el primo de éstos, Rafael Armando Ramírez Bravo, ocurrida el pasado 5 de enero en el puerto de Veracruz.

“No existen registros de que las citadas personas fueron detenidas por personal comisionado en la Unidad de Tarea de la Policía Naval”, precisó la dependencia en un comunicado.

Aseguró que los elementos de la Semar no realizaron ninguna detención y tampoco ingresaron a ninguna persona en el módulo preventivo controlado por la Unidad señalada.

“En la fecha referida en diversas notas informativas se informa que el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Computo (C4) de Veracruz recibió el reporte de dos personas muertas, por lo que fue activado el protocolo de apoyo correspondiente, arribando primero la Policía Estatal y la Fiscalía del estado de Veracruz. Posteriormente una patrulla de la Policía Naval, que solamente apoyó acordonando el área, siendo esta la única acción y motivo de la presencia del personal de Policía Naval”, puntualizó.

La Semar destacó que el personal comisionado en la Policía Naval ha colaborado en todas las actuaciones ministeriales solicitadas por las autoridades correspondientes, así como en las investigaciones requeridas con el fin de esclarecer los hechos.

Y aseguró que el personal naval comisionado “desarrolla sus operaciones en estricto respeto a los derechos humanos, con la finalidad de brindar seguridad a las familias veracruzanas y visitantes del puerto”.

Los hermanos Carolina y Miguel Ramírez Bravo, padres de los jóvenes desaparecidos, han pedido que les entreguen a sus hijos “como sea”, e incluso se comprometieron a no continuar los procesos judiciales iniciados para esclarecer la triple desaparición, así como la presunta ejecución arbitraria de Hugo (otro hijo de Carolina) y Uriel Ortega Jaca.

Ayer, en entrevista con Apro, , los hermanos Ramírez Bravo –acompañados de su abogado Homero Pérez Aquino– señalaron que ya interpusieron recursos judiciales en el estado y en la Federación para tratar de localizar a sus hijos, además de una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Luego de que el caso fue atraído por la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas de la Procuraduría General de la República (PGR), contactaron a las organizaciones civiles I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), que solicitaron la intervención del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés).

El 24 de febrero el organismo solicitó una acción urgente para que el Estado mexicano tome “de inmediato” las medidas necesarias para buscar y localizar a los desaparecidos y “permitir la plena participación de los familiares y allegados (…) en la investigación, dándoles acceso directo a la información disponible sobre la evolución y los resultados”.

El CED también emitió “medidas cautelares de protección” para los familiares de Levi y Jaciel Ramírez Ramírez y su primo Rafael Armando, así como sus representantes, y urgió al Estado mexicano a informar sobre el caso antes del próximo viernes 10.

Carolina y Miguel están desesperados. Pese a sus esfuerzos y los indicios de que en la muerte de Hugo y su amigo Uriel, así como en la desaparición de sus hijos participaron elementos de la Marina, se han topado con el ocultamiento de información por parte de autoridades civiles y castrenses, la separación de sus cargos de personal de oficinas municipales de Tránsito que podrían tener información del caso, así como la negación de la Semar para que los marinos acudan a rendir declaraciones.

También se han topado con el miedo de personas que habrían sido testigos de los hechos, por lo que hasta ahora no tienen certeza de qué es lo que ocurrió la tarde del 5 de enero, luego de que sus hijos salieron del hotel en el que se hospedaba la familia en Veracruz, para abastecer de gasolina a una camioneta Escalade 2008 y buscar una ruta de regreso a Huajuapan de León, a fin de no toparse con las protestas contra el “gasolinazo”.

Carolina recordó que la última llamada que tuvieron de su hijo Levi fue a las 16:20, y el joven les dijo que estaban por llegar al hotel. Una hora y media después los familiares se enteraron por una página de internet de noticias locales –Meganoticias de Veracruz–, que a unos diez minutos del hotel estaba el cuerpo de Hugo Alberto, y en una calle aledaña el de Uriel.

Por las imágenes en la red, vieron que cerca de los cadáveres había marinos que sometían a algunas personas junto a una camioneta de seguridad pública local. A uno de ellos, Carolina lo identificó como su hijo Jaciel.

Cuando la mujer llegó al lugar, los cuerpos ya habían sido levantados y llevados a una funeraria, donde se apersonó y recuperó el cuerpo de Hugo Alberto.

“La gente en Veracruz tiene miedo, no nos quieren decir qué pasó, lo único que he podido saber es que los tiraron al suelo y les dispararon en la cabeza, pero de mis otros hijos y mi sobrino no sabemos para dónde se los llevaron”, señaló.

“Hugo tenía un tiro en la cabeza, calibre 43, y Jaciel también un tiro de gracia calibre .223, de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas”, acotó el abogado Pérez Aquino.

Hasta ahora la familia ha tenido indicios de que los marinos están detrás de las ejecuciones y las desapariciones, entre otras cosas porque pudieron recuperar el vehículo Escalade en un corralón donde la Marina tiene los vehículos que asegura. La camioneta “estaba limpia, sin huellas digitales, hasta dejaron dentro el trapo con que la limpiaron”, y un oficial de la Marina que resguardaba el “Penalito” “reconoció a los muchachos, pero dijo que no podía hablar por las cámaras de vigilancia”, relató Carolina.
La mamá de los desaparecidos agregó que el 9 de febrero recibió una llamada anónima en la que se le informaba que sus hijos habían sido detenidos por una persona de nombre Gardiel Andrade Arana, apodado “el marino”, quien resultó ser marino en activo.

Hasta ahora, los padres de los desaparecidos y sus abogados no han podido librar los obstáculos para que Andrade Arana sea llamado a declarar, porque es constantemente negado por la Semar, en tanto que los superiores del oficial de guardia del “Penalito” han dado tres nombres distintos de quien habría reconocido que personal de la dependencia detuvo a los jóvenes.

A ello se suma que un funcionario de la oficina de Tránsito Municipal, que tendría información de lo que ocurrió el 5 de enero, fue dado de baja de la dependencia, se esfumó de Veracruz y se amparó contra cualquier proceso penal en su contra.

Miguel, padre de Rafael Armando, quien vive en el Estado de México, fue informado de la tragedia por su hermana el mismo 5 de enero, y desde entonces se acompañan en la búsqueda.


(PROCESO/ LA REDACCIÓN / Seguir a @revistaproceso Twitter Facebook/          2 MARZO, 2017)

CONSTRUCCIÓN, TURISMO, SERVICIOS Y AGRO SUFRIRÁN PÉRDIDAS POR LAS DEPORTACIONES, ADVIERTEN EN EU


Los economistas señalan que los inmigrantes, incluidos los trabajadores sin permiso legal, tienen una participación vital en la economía del país, y no sólo porque ocupan muchos empleos de salario bajo que los estadounidenses no pueden o no quieren realizar. Estados Unidos, como Japón y el oeste de Europa, avanza económicamente con dificultad debido a una fuerza laboral que envejece y crece más lentamente. El crecimiento económico depende de un suministro constante de trabajadores.

Migrantes deportados niegan que el Gobierno los apoye: “todo siempre se queda en anuncios”




Ciudad de México, 2 de marzo (AP).- Si la dura postura del Presidente Donald Trump contra la inmigración no autorizada ocasiona deportaciones a gran escala, entre quienes resulten afectados podría estar la economía estadounidense.

Ese es el punto de vista de muchos economistas, que consideran que Estados Unidos no se puede dar el lujo de perder repentinamente una gran cantidad de trabajadores inmigrantes que recogen frutas y vegetales, construyen casas, limpian mesas de restaurantes, trabajan en plantas de empaque de carne y asean habitaciones de hoteles.

Los inmigrantes que radican en Estados Unidos sin autorización legal representan aproximadamente 18 por ciento de la mano de obra en la agricultura, 13 por ciento en construcción y 10 por ciento en restaurantes, hoteles y casinos, según un estudio realizado el año pasado por el Instituto Nacional de Investigación Económica.

“El impacto económico ocasionaría ramificaciones generalizadas”, alertó Ben Gitis, director de política de mercado laboral para el Foro de Acción Estadounidense, un instituto conservador.

La noche del martes ante el Congreso, Trump prometió construir “un enorme, enorme muro” para impedir que mexicanos ingresen a Estados Unidos sin autorización legal. El Presidente aseguró que mientras él hablaba, las autoridades estadounidenses deportaban a “los malos”.

El duro discurso del mandatario sucede a las declaraciones que hizo al programa “60 Minutes” de la cadena CBS tras ser elegido en noviembre: Advirtió que su gobierno podría deportar entre dos y tres millones de inmigrantes que no tienen permiso para vivir en el país.

No obstante, sigue siendo difuso lo que Trump quiere hacer exactamente respecto a la inmigración no autorizada porque ha dicho cosas distintas en momentos diferentes. El martes antes de su discurso, por ejemplo, el Presidente había dado señales de un potencial cambio durante una reunión privada con conductores de noticieros. Trump les dijo que estaba abierto a una legislación que otorgaría estatus legal a algunas personas que viven sin permiso en Estados Unidos y que crearía un camino a la ciudadanía a personas que hayan llegado al país de manera ilegal cuando eran niños.

Pero en su discurso por la noche, el Presidente omitió tal perspectiva. En lugar de ello prometió enfocarse en quienes se encuentran ilegalmente en la nación y que “amenacen a nuestras comunidades” y “ataquen a ciudadanos inocentes”.

Los economistas señalan que los inmigrantes, incluidos los trabajadores sin permiso legal, tienen una participación vital en la economía del país, y no sólo porque ocupan muchos empleos de salario bajo que los estadounidenses no pueden o no quieren realizar. Estados Unidos, como Japón y el oeste de Europa, avanza económicamente con dificultad debido a una fuerza laboral que envejece y crece más lentamente. El crecimiento económico depende de un suministro constante de trabajadores.

Pero la generación de baby boomers se está jubilando; y una proporción inusualmente grande de hombres en edad productiva dejó de buscar empleo. Casi ocho años después de la Gran Recesión, la tasa de desempleo ha caído a 4.8 por ciento, cerca de lo que los economistas consideran el empleo pleno.

Conforme se pensionan los estadounidenses de mayor edad, los más jóvenes eligen cada vez más inscribirse en universidades en vez de empezar a trabajar inmediatamente después de egresar de la secundaria. Como resultado, los empleadores tienen más dificultades para cubrir empleos que con frecuencia son tomados por inmigrantes de estatus migratorio irregular.



Trabajadores recolectores de fresas en Oxnard, inmigrantes. Foto; Cuartosucuro, archivo

Gitis revisó las cifras y llegó a una conclusión impactante: Supongamos, dijo, que Estados Unidos deporta o pierde de otra forma a los cerca de 6.8 millones de trabajadores sin autorización legal. Con empleo pleno, no habría suficientes estadounidenses o inmigrantes con permiso para ocupar todos esos puestos. Al menos cuatro millones quedarían vacantes.

No obstante, los críticos argumentan con frecuencia que los inmigrantes que reciben salarios bajos en Estados Unidos terminan debilitando el salario para todos los demás; y los economistas han debatido desde hace mucho tiempo esa posibilidad.

Un documento emitido el mes pasado por el Instituto Nacional de Investigación Económica estudió lo que ocurrió en 1964 cuando el gobierno frenó el suministro temporal de trabajadores agrícolas mexicanos que ingresaban a Estados Unidos. Se suponía que la medida de excluir a los mexicanos crearía empleos para los trabajadores agrícolas estadounidenses y elevaría sus salarios.

Pero los investigadores Ethan Lewis del Dartmouth College y Michael Clemens y Hannah Postel, del Centro para el Desarrollo Global, encontraron que la prohibición de entrada de trabajadores agrícolas mexicanos “fracasó en incrementar los salarios o en aumentar sustancialmente el empleo para trabajadores nacionales”. En lugar de contratar a estadounidenses, las granjas utilizaron maquinaria para recolectar algodón, tomates y remolacha azucarera.

Washington ya decidió que deportará a México a todos los migrantes, del país que sean






El economista Ryan Edwards, del Mills College, indicó que los empleadores estadounidenses probablemente reducirían el tamaño de sus negocios —en lugar de buscar en vano trabajadores legales— si pierden empleados indocumentados debido a deportaciones masivas.

Los recortes podrían ocasionar un fuerte gravamen económico. Edwards y Francesc Ortega, de la City University of New York, calculan que los trabajadores indocumentados representan 3 por ciento del producto interno bruto privado —la medida más amplia de la producción económica— o casi cinco billones de dólares en 10 años.

Las deportaciones masivas podrían representar también otros costos. Gitis calcula que el gobierno tendría que gastar de 400 mil a 600 mil millones de dólares para deportar a todos los trabajadores indocumentados y evitar una futura inmigración no autorizada.

En un estudio de 2013, la Administración del Seguro Social encontró que los trabajadores sin permiso laboral legal habían pagado 13 mil millones de dólares al Seguro Social en 2010 y habían recibido mil millones de dólares en prestaciones. La Administración llegó a la conclusión que los ingresos por los inmigrantes ilegales habían tenido “un efecto positivo neto” sobre las finanzas del Seguro Social.

Así que las deportaciones masivas significan que “no sólo estaríamos perdiendo trabajadores”, dijo Gitis. “Perderíamos consumidores, incluso contribuyentes”.


(SIN EMBARGO.MX/ AP /marzo 2, 2017 - 4:40 pm)