jueves, 15 de diciembre de 2016

ASESINAN A TRES EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA, EN TIJUANA


Fotos: Cortesía

Tres personas fueron ejecutadas al interior de un taller mecánico ubicado en la colonia Francisco Villa, en Tijuana, la tarde de este jueves 15 de diciembre.

Alrededor de las 12:30 horas se reportó a la central de emergencias el hallazgo de tres sujetos sin vida en un predio ubicado en la calle  Ángel Barbosa y avenida Francisco Villa, en la mencionada colonia perteneciente a la Delegación San Antonio de los Buenos. 



Agentes municipales y ministeriales mantienen acordonado a los alrededores del lugar en donde ya labora el grupo de homicidios.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas. 


(SEMANARIO ZETA/ REDACCION ZETA/ Jueves, 15 diciembre, 2016 01:59 PM)

TOTOLAPAN VIVE HACE 10 AÑOS CON MIEDO A “EL TEQUILERO”; FAMILIAS HUYEN Y AUTORIDADES NO LO TOCAN


Escuelas cerradas, casas abandonadas, comercios con las cortinas abajo –y los pocos abiertos lucen estantes vacíos– es lo que ha dejado en San Miguel Totolapan la violencia atribuible a “El Tequilero”, contra quien desde el lunes se rebelaron los pocos habitantes que quedan en este pueblo y pretenden hacerle frente con escopetas hechizas y rifles de bajo calibre, hasta acabarlo. Los vecinos dicen que el líder criminal lleva 10 años sembrando violencia y que cuenta con el respaldo del gobierno. Un miembro de la autodefensa aseguró que unas mil 800 familias dejaron la comunidad y solamente quedan unas 400.

Autodefensas de Totolapan, Guerrero, intercambian a madre de líder narco por ingeniero secuestrado (VIDEO Y FOTOS)



Zacarías Cervantes
Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo/ElSur).- La historia criminal de Raybel Jacobo de Almonte, “El Tequilero”, vecino de San Antonio de La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan, comenzó hace unos 10 años, sin embargo la impunidad que según vecinos le ha dispensado el gobierno lo empoderó y lo llevó a cometer cada vez actos de mayor osadía a partir de hace unos tres años.

Escuelas cerradas, casas abandonadas, comercios con las cortinas abajo –y los pocos abiertos lucen estantes vacíos– es lo que ha dejado en San Miguel Totolapan la violencia atribuible a Raybel, contra quien desde el lunes se rebelaron los pocos habitantes que quedan en este pueblo y pretenden hacerle frente con escopetas hechizas y rifles de bajo calibre, hasta acabarlo.

La violencia provocada por el grupo criminal Los Tequileros cambió la vida radicalmente en este pueblo desde hace aproximadamente un año, aunque el líder del grupo criminal comenzó a cometer delitos en la cabecera municipal y en pueblos vecinos hace aproximadamente 10.

Un miembro de la autodefensa aseguró que a partir de entonces unas mil 800 familias dejaron el pueblo y solamente quedan unas 400, cuyos integrantes son los que cansados de los secuestros, asesinatos, extorsiones, robos, violaciones amenazas y humillaciones se armaron y enfrentaron luego de que se convencieron de que cuenta con el respaldo del gobierno.

Un trabajador del Colegio de Bachilleres recuerda que una mañana del mes de mayo de hace tres años llegó un grupo de personas armadas a esa escuela y pidió hablar con el director, quien los recibió sin saber para qué lo buscaban.

“¿Usted conoce a estos?”, le preguntó uno de los desconocidos al profesor quien les recibió un papel con una lista de nombres. Contestó, sin saber para qué era la consulta que sí, dos eran maestros y tres administrativos. Entonces le pidieron al director que los fuera llamando por separado.



La señora María Félix de Almonte Salgado, madre del presunto líder de la banda de Los Tequileros. Foto: Cuartoscuro

A todos ellos les dijeron que iban de parte “del Jefe” a quien en adelante tenían que mandarle la mitad de su salario. Tres años después los dos maestros abandonaron la escuela antes que pagar la cuota, dos administrativos desaparecieron misteriosamente y un tercero el lunes pasado se sumó al grupo de autodefensa que se propone enfrentar al líder del grupo criminal conocido como Los Tequileros.

“Ya no era posible seguir soportando más, este hombre nos va a acabar”, se quejó el trabajador administrativo de Bachilleres quien el mediodía de ayer portaba una escopeta y el rostro cubierto.

Agregó que esa lista de cinco nombres, actualmente se ha ampliado a unos 200 de gente de la cabecera municipal, “casi la mitad de los habitantes que quedan en este pueblo”, dijo el trabajador, quien agregó que entre esa lista estaba el ingeniero Isauro de la Paz Duque, secuestrado la tarde del domingo pasado por Los Tequileros y que fue la causa de que el lunes se armaran e integraran un grupo de autodefensa, para protegerse del grupo criminal.

Una hermana de la Paz Duque contó que efectivamente a su hermano primero quisieron extorsionarlo con la amenaza de que sería levantado, lo que finalmente ocurrió.

Dijo que por eso, “toda la gente que ve usted que está aquí, está con miedo”, expresó en referencia a los hombres y mujeres armados y encapuchados que rodeaban el mediodía de ayer la casa del ingeniero secuestrado que fue liberado la tarde de ayer.

Agregó que a pesar de eso están en el movimiento porque ya quieren quitarse ese yugo que “El Tequilero” ha mantenido sobre los habitantes de este pueblo.

“En las redes sociales se ha publicado la lista de las víctimas de ese señor y es inmensa, no solamente de este pueblo, de los otros vecinos de por aquí “, dijo la mujer quien celebró que “la gente haya respondido ahora sí al llamado para organizarse y frenar los abusos y humillaciones de ‘El Tequilero’, porque dijo que el movimiento que comenzó el lunes tras el secuestro de su hermano, no es particular ni de una familia o de un grupo, “es una lucha de todo el pueblo.

“Usted lo va a ver, hoy vienen unas personas, mañana otras y así sucesivamente, porque la problemática es general, no es particular ni algo que se haya presentado de la noche a la mañana, lleva ya muchos años gestándose, desde que comenzó esta situación de violencia”, contó la mujer.

SECUESTRADOS EN SU PROPIO PUEBLO


En este pueblo, la gente está convencida de que Raybel Jacobo de Almonte cuenta con el apoyo del gobierno. Foto: El Sur

La gente de este pueblo recuerda que “El Tequilero” comenzó a delinquir en la cabecera municipal y en los pueblos vecinos desde hace 8 o 10 años, cuando comenzaron a hacer las denuncias de los ilícitos, pero que desde entonces el gobierno lo ha protegido, “porque sabe dónde se mueve, dónde está pero lo protege”, acusó Juana Castro, otra de las mujeres que participan en el movimiento civil armado.

“Vamos a ver cómo actúa (el gobierno) ahora, esperamos que esto (el movimiento armado) sea el agua que se derrame del vaso y que realmente se pongan a trabajar, porque no les exigimos que hagan más de lo que sabemos es su trabajo, que es darle seguridad y paz a un pueblo, como habitantes pagamos impuestos y es lo mínimo que podemos recibir”, reprochó.

Otro vecino de este pueblo, quien como muchos se cubre el rostro y evitar dar su nombre, recordó que hace 20 días el fiscal Xavier Olea Peláez aseguró en San Jerónimo el Grande, un pueblo cerca de aquí, que llevaba instrucciones del Gobernador Héctor Astudillo Flores “de darle pa’bajo” a “El Tequilero”, pero añadió que después el funcionario se arrepintió y que todavía están en espera no de que le den pa’bajo, pero sí que lo detengan para que se termine la cadena de crímenes que ha cometido.

En este pueblo, la gente está convencida de que Raybel Jacobo de Almonte cuenta con el apoyo del gobierno, “no es posible que en 10 años que lleva cometiendo delitos por aquí no haya podido ser detenido, y a ver explíqueme usted, el Gobernador dice que están negociando para la liberación del ingeniero, eso quiere decir que sabe quién es y donde está, pero en vez de detenerlo negocia con él para que entregue a los que tiene secuestrado”, se quejó el hombre rodeado de otros de edad adulta como él, quienes somnolientos se guarecen del candente sol bajo la sombra de las cornisas de las casas de puertas cerradas y enmohecidas por el abandono.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE El Sur


 (SIN EMBARGO.MX/ REDACCIÓN / DICIEMBRE 15, 2016 - 12:30 PM)

QUINCEAÑERA INTENTA “VOLAR” EN BAILE Y TERMINA EN EL SUELO (VIDEO)


La quinceañera fue levantada con un lazo para simular un vuelo, sin embargo cayó al suelo.

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- El video de una joven sufriendo un accidente en la celebración de sus XV años se ha convertido en viral en pocos minutos.

Como parte de su coreografía de XV años, la joven intentó simular que volaba, sin embargo, el resultado final fue desastroso para ella. Por su parte, los invitados tuvieron reacciones divididas: algunos se mostraron sorprendidos y otros más lo tomaron con mucha gracia.

El lazo que sostenía a la protagonista de la fiesta no soportó su peso y se tronó. Los chambelanes acudieron de inmediato a su rescate mientras el bullicio de ruidos se mezclaba entre risas y sorpresa por lo sucedido.


(SIN EMBARGO.MX/ REDACCIÓN / DICIEMBRE 15, 2016 - 3:37 PM)

LA MATAZÓN DE COLOMBIA LAND: TIROS DE GRACIA A PRESUNTOS SICARIOS


Mientras el gobernador Miguel Ángel Yunes festejaba su 64 cumpleaños en la Sierra de la Zongolica, en el ejido de Colombia Land, municipio de Jesús Carranza, un grupo de soldados, marinos, elementos de la policía federal, la Fuerza Civil y agentes municipales ejecutaron a 20 presuntos sicarios del Cártel de Sinaloa. La paz se quebró en ese entorno, cuyos pobladores temen que el operativo sólo sea un show mediático del gobierno federal para apoyar al nuevo mandatario.

SUCHILAPAN, JESÚS CARRANZA, VER. (Proceso).– Durante la primera semana de gobierno de Miguel Ángel Yunes –quien el lunes 5 celebró su cumpleaños 64 en la Sierra de Zongolica– se desató la violencia en un predio de Colombia Land que perteneció al ya fallecido ex gobernador Fernando López Arias.

En sólo tres días, policías municipales, así como miembros de la Fuerza Civil, soldados y marinos abatieron a 20 presuntos sicarios, entre ellos algunos oriundos de Nuevo León. En la refriega cayó también una expolicía bancaria. Varios de los cuerpos, que permanecen en las planchas del Servicio Médico Forense de Cosoleacaque y en el barrio Tamarindo de Acayucan para su identificación, tenían el tiro de gracia.

Según los pobladores y caporales de este municipio de 35 mil habitantes, varios de los sicarios abatidos presuntamente pertenecían a la banda de Los Kings Ranch, una escisión de La Familia Michoacana.

Sus integrantes se dedican lo mismo al tráfico de cocaína en los estómagos de ganado cebú –que trasladan en jaulas metálicas– que a la siembra de mariguana en las regiones inhóspitas de los límites de Veracruz con Oaxaca y Chiapas, donde por lo general no hay vigilancia policiaca, comentan los lugareños.

Sin embargo, personal de las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Coatzacoalcos y Acayucan insiste en que se trata de sicarios del Cártel de Sinaloa cuyas edades van de los 25 a los 32 años. Ellos son los que operan en la zona y por lo general tienen tatuado el cuerpo con imágenes de La Santa Muerte o con la leyenda “Orgullo mexicano”.

La masacre ocurrió el sábado 3, dice uno de los empleados de la FGE que pide omitir su nombre. Según él, los presuntos delincuentes intentaron rescatar un cargamento de cocaína incautado por militares la noche del viernes 2, pero no calcularon el voluminoso convoy de seguridad o eligieron mal su trayecto, y fueron avistados por fuerzas federales.

Agrega: “Una revisión en el forense da cuenta que todos tenían el corte de pelo tipo militar y vestían una especie de uniforme negro para camuflarse en la noche”.

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2093, ya en circulación


(PROCESO/ NOÉ ZAVALETA / 10 DICIEMBRE, 2016)

GASOLINAS AUMENTARÁN UN 15% A PARTIR DEL 1 DE ENERO: ONEXPO


CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las gasolinas aumentarán 15 por ciento desde el 1 de enero, afirmó Roberto Díaz de León, consejero de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo).

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, dijo que se esperan cambios semanales en el precio de la gasolina, pero la baja de precios por la competencia podría darse hasta dentro de dos años.

“Nosotros en Onexpo estimamos que deberá de tener un incremento de alrededor del 15 por ciento. De momento creemos que sí sería irresponsable hablar de precios más bajos, incluso la propia autoridad ha visto que sin subsidio, el precio de la gasolina debiera de andar hoy alrededor de los 15 pesos con 54 centavos para la gasolina magna”, precisó Díaz de León.

Señaló que los precios del combustible siguen ciertas tendencias, de la mano de los precios de referencia internacionales, que sí van con una estacionalidad de precios.
  
“Entonces podríamos ir siguiendo estas estacionalidades de precios, y también conforme se vaya desarrollando la infraestructura que va haciendo falta en el país, y se vaya también desarrollando toda la cadena logística, seguramente podrá ir madurando toda la cadena que pueda irse reflejando esta eficiencia en los precios, y sí se puede esperar que ya en un mercado más maduro que pueda evolucionar favorablemente”.

Reiteró que no se atreve a hablar de disminuciones porque es un proceso que lleva tiempo; dijo que son precios que la tendencia internacional está a la alza y el precio deberá de seguir esa tendencia.

Díaz de León apuntó que llegará un incremento de la mano de una liberación de precios gradual en todo el país.


(PROCESO/ LA REDACCIÓN /15 DICIEMBRE, 2016)

LAS LIQUIDACIONES MILLONARIAS DE LOS PEÑISTAS

(PROCESO TV/ 15 DE DICIEMBRE2016)

DISCUSIÓN HIPÓCRITA

La discusión en el Congreso sobre la nueva Ley de Seguridad Interna animada desde el Gobierno y respaldada por el PRI, es engañosa. Se detonó por el mensaje del secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, de urgir al Legislativo a dar marco jurídico a las Fuerzas Armadas para hacer tareas de seguridad pública en las calles mexicanas, en una llamada de atención que no ha sido todavía del todo analizada. El general criticó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sin mencionarlo, al expresar que el papel de ser policía pertenece a policías y no a militares, que no han hecho su trabajo porque la encomienda a su colega de Gabinete de fortalecerlas, ha sido incumplida. Pero también fue maniqueo al no hacer una autocrítica por su silencio ante las decisiones del Ejecutivo de frenar la profesionalización de las policías, que trajo como consecuencia el desgaste y el descrédito de las Fuerzas Armadas, por lo cual reclamó airadamente la semana pasada.

Que el Senado y la Cámara de Diputados no se equivoquen una vez más. Quieren dictaminar al vapor la Ley de Seguridad Interna que exigió el general secretario la semana pasada, arrollados por la coyuntura del ciclo mediático al que se sumó la clase política encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, quien afirmó que es esencial legislar en la materia. Antes de que avance la militarización del país, hay que entender y explicar por qué se ha llegado a este punto de crisis de Gobierno que el Legislativo quiere resolver. Si existe una debilidad institucional y las policías estatales y municipales son el eslabón más vulnerable de la seguridad pública, es porque quienes ahora buscan apresurar la Ley de Seguridad Interna son quienes, en función de sus necesidades políticas de corto plazo, sacrificaron la profesionalización de las policías. Se puede argumentar que intentan cubrir sus errores y deficiencias con otro error aún mayor y sin punto de retorno. Si se han dado cuenta o no de esta contradicción, es tema para otra discusión.

La profesionalización de las policías fue desechada como estrategia de largo plazo por el Gobierno del presidente Peña Nieto, lo que las hubiera dotado de mayores recursos y posibilidades para enfrentar a la delincuencia. No se puede saber cuáles hubieran podido ser los resultados alcanzados en este momento, pero sí está claro qué no habría podido hacer el Gobierno en el momento en que comenzó a aplazar el desarrollo y mejoramiento de las policías: desarrollar la estrategia de aniquilación del cártel de Los Caballeros Templarios en Michoacán en 2013, mediante el uso de paramilitares –algunos de ellos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación-, disfrazados grupos de autodefensas. Esto le dio herramientas retóricas al Gobierno para presumir que su lucha contra criminales, a diferencia del gobierno de Felipe Calderón, sí funcionaba.

Todo aquello fueron juegos pirotécnicos. Durante la Administración actual, el Gobierno y el PRI frenaron sistemáticamente la evaluación y el control de confianza de los policías, violando las disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que entró en vigor el 2 de enero de 2009. El artículo 183 especificaba sanciones al servidor público que inscribiera en una institución a una persona sin contar con el certificado de evaluación y control de confianza. El Artículo 139 establecía sanciones a quien nombrara a un policía, Ministerio Público o perito que hubiera sido certificado y registrado en términos de esa ley, con un Tercero Transitorio que marcaba un plazo de cuatro años a partir de la entrada en vigor del decreto, para practicar las evaluaciones.

La ruptura del camino para profesionalizar a la Policía comenzó antes de que Peña Nieto cumpliera un mes en la Presidencia, cuando el senador Omar Fayad –hoy gobernador de Hidalgo–, presentó una iniciativa de reforma al Tercero Transitorio, aprobada el 28 de diciembre de 2012, seis días antes de vencer el plazo para evaluar al personal de seguridad, para ampliarlo 10 meses más. El 15 de octubre de ese año, Fayad presentó una segunda reforma, apoyada por senadores del PAN y el PRD, para aumentar otra vez el periodo.

Este se venció el 31 de octubre de 2014, cuando todos los integrantes de los cuerpos de policías que no tuvieran la certificación de los centros de evaluación y control de confianza tendrían que haber sido separados de sus cargos. Tampoco se sancionó a quienes nombraran a policías, ministerios públicos o peritos sin pasar por ese proceso. Los hubieras no existen, pero cabe la pregunta retórica: de haberse cumplido en tiempo y forma lo que marca la ley, ¿la suerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos por policías de tres municipios de Guerrero coludidos con criminales, habría sido la misma?

La discusión encabezada por el Gobierno y el PRI para que se dictamine la Ley de Seguridad Interna también es hipócrita. Frenar la profesionalización de las policías alargó el tiempo de los militares en las calles. A esa negligencia que permitió actividades criminales, ahora quieren sumar la atrocidad de militarizar el país. Una vez más hay que insistir. La solución al problema no es la Ley de Seguridad Interna, sino un nuevo modelo policial en el país que profesionalice esos cuerpos. Ya han sido suficientemente irresponsables –por las consecuencias humanas, sociales y políticos causados– para que vuelvan a caer en el mismo error. La simulación sólo ahonda los problemas, y eleva costos y tiempos para su solución.

(ZOCALO/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 14 DE DICIEMBRE 2016)


SEDICIÓN (POLÍTICA) MILITAR

La sedición, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, es un alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad. Otra acepción es la que se refiere a la sublevación de pasiones. En el marco de la política, se podría argumentar que el mensaje que el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, dio a la nación el jueves pasado a través de los medios de comunicación fue una sedición. El secretario no habló por él solo, sino por los generales –en activo y retirados– que lo han presionado por más de 2 años porque sienten que el Gobierno los ha expuesto, utilizado y sacrificado en la lucha contra la delincuencia organizada.

Su mensaje de confrontación para protestar por la falta de un marco jurídico que regule el papel de las Fuerzas Armadas en las calles mexicanas no fue tanto un reclamo al Legislativo como el Ejecutivo, que los generales sienten que los ha abandonado. El grito del secretario de la Defensa, de que ya era tiempo de regresar a los cuarteles, tuvo como respuesta inmediata la orden del presidente Enrique Peña Nieto: los soldados se quedan en las calles. El choque claro entre el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y su representante.

La disciplina militar, si bien institucional en términos constitucionales, fue de ruptura con el Gobierno. Las palabras del secretario no podrían haber sido pronunciadas, de acuerdo con militares retirados, de no haberse roto el diálogo al interior del Gobierno. La respuesta política fue apresurar la discusión de un dictamen sobre una nueva Ley de Seguridad Interna y aprobarla por la vía rápida. Nada más eso faltaba.

Después de dos sexenios de reclamos del jefe de las Fuerzas Armadas por la ausencia de legislación que los blinde para hacer funciones de Policía que no les mandata la Constitución, una ley sacada al vapor ante la molestia pública del general es un error. Este martes se espera que trabajen la ruta legislativa para aprobar sus dictámenes a más tardar en enero y, con seguridad, en un Congreso que responde a presiones públicas y mediáticas y no a lo que su responsabilidad para con sus representados debería ser, darán luz verde a esa nueva ley. El capítulo que piensan cerrar en realidad abre un libro que no queremos leer.

No es la Ley de Seguridad Interna lo que deben discutir y aprobar, sino las leyes que permitirán la creación de un modelo de Policía mixto en el país. Resolver el blindaje militar en tareas de seguridad pública es el equivalente a militarizar constitucionalmente esas actividades y abrir a la permanencia indefinida su presencia en las calles. El general Cienfuegos no es lo que quiere, pero es como su enérgico reclamo fue entendido. El secretario se queja de que los soldados no fueron entrenados, ni capacitados, ni está en su doctrina y esencia el ser policías. Los soldados defienden la seguridad nacional y la paz interna en momentos de quiebres institucionales, entrenados para matar al enemigo; los policías, en México y el mundo, hacen tareas de contención y prevención. Quizás los legisladores no lo comprendan, pero son temas totalmente diferentes.

Legislar en la materia militar tampoco resuelve el problema de fondo y sí, en cambio, lo eterniza. Si la debilidad institucional está en las policías, ¿qué provocaría una legislación que permita a los soldados funcionar como policías? Exactamente lo mismo que los jefes de las Fuerzas Armadas han señalado de manera reiterada, que la exposición de los soldados en las calles ha debilitado a la institución y creado las condiciones para que se corrompan. Por ejemplo, un soldado gana entre 5 mil y 10 mil pesos mensuales, una barrera salarial que cualquier organización criminal puede saltar para cooptar y reclutar a quien desee, de tropa a general. La nueva Ley de Seguridad Interna, de aprobarse, ensancha esas puertas para la corrupción y allana el aniquilamiento de las Fuerzas Armadas en la forma como fueron concebidas. Si ese es el camino deseado por el Ejecutivo y el Legislativo, ¿por qué no apuestan por el modelo japonés y alemán de un país sin Ejército?

Naturalmente tampoco es lo que quiere el secretario de la Defensa ni nadie en las Fuerzas Armadas. Si los legisladores actúan con responsabilidad, se escapan de los ciclos mediáticos y piensan para adelante, no deben legislar sobre seguridad interna, sino sobre el modelo mixto de Policía. Si no avanzan por ese camino, la vía fácil será mantener a soldados y marinos en las calles, quienes tendrán el blindaje legal para sus operaciones civiles y salvoconducto constitucional para lo que deseen.

Una vez afuera, no regresarán a los cuarteles. Si legislan con la misma urgencia de ratones asustados para aplacar la indignación de las Fuerzas Armadas, el modelo mixto de policía es lo que deben hacer, y ayudarle al secretario entendiendo mejor lo que grita.

Fortalecer las policías estatales y municipales puede ir acompañado del regreso gradual de los soldados y marinos a sus cuarteles. Los legisladores podrían acordar, en paralelo, un cronograma con el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas para que en la medida que se fortalezcan las policías y entren en funcionamiento los nuevos cuerpos, los militares se vayan retirando de las calles. Si el Congreso actúa con altura de miras, el secretario de la Defensa y las Fuerzas Armadas se lo agradecerán. Los mexicanos civiles, también.


(ZOCALO/  ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 13 DE DICIEMBREB 2016)

EL CANDIDATO MEADE

La dirigencia del PRI está tanteando las aguas para la sucesión presidencial de 2018, y de manera sutil busca una modificación en sus estatutos que abra la puerta para que dentro de un año pueda ser candidato a la Presidencia quien no sea militante. Así, la dirigencia quiere colocar la primera piedra para que, eventualmente, José Antonio Meade, secretario de Hacienda, pueda ser ungido candidato del PRI, sin haber sido nunca miembro del partido y pese a haber trabajado en dos administraciones panistas. El escenario para esta intentona, será el miércoles en el auditorio “Plutarco Elías Calles”, nombrado en honor del arquitecto de las instituciones mexicanas y que gobernó transexenalmente a través de un maximato.

La dirigencia del PRI convocó al Consejo Político Nacional para que discutan, entre los temas de la agenda, las convocatorias para candidaturas para las gubernaturas en Coahuila, México y Nayarit, que estarán en juego el próximo año. Este Consejo es un apéndice del que se realizó de manera kosher hace dos domingos, para que el presidente Enrique Peña Nieto no escuchara discusiones que pudieran ser agrias, y tener una audiencia cautiva para que junto con el líder del partido, Enrique Ochoa, transmitieran dos mensajes: no adelanten la sucesión presidencial, y la Asamblea Nacional será hasta otoño. Con esto, ni prematuros ni calenturas sucesorias, ni acotamientos a Peña Nieto, como decenas de priistas querían forzar al imponer el candado al candidato presidencial de haber logrado en un cargo por mayoría electoral.

En la agenda del día está la propuesta de añadir un punto en los estatutos, que se refiere a la postulación de candidatos a cargos de elección popular, para abrir la puerta a “ciudadanos simpatizantes” que puedan ser aspirantes del PRI para diputaciones locales y ayuntamientos en 2016 y 2017. Aunque el contexto es estatal, el abrir esta puerta ahora es allanar el camino para otoño próximo, en los prolegómenos de la candidatura presidencial.

Lo que quiere plantear Ochoa –aunque no lo reconozca– es un traje a la medida para Meade, quien acudió como invitado especial a la primera parte del Consejo Político vestido con una camisa blanca con el escudo claro del PRI, para contrarrestar dudas y amainar las críticas de que tiene un corazón azul, y no tricolor como quisieran al candidato presidencial. No hay ningún otro nombre en la parrilla de aspirantes a la candidatura presidencial al cual le beneficiaría esta modificación del estatuto en el escenario actual, y se convirtió en precandidato natural del presidente después de que al nombrarlo secretario de Hacienda, por el grupo que representa –el gran amigo y aún colaborador externo de Peña Nieto, Luis Videgaray, antecesor de Meade–, comenzó a elevar su reconocimiento a nivel nacional.

El conocimiento de su candidato no es algo que le preocupe a Peña Nieto, quien hace tiempo declaró que no importa si a un candidato lo conoce el 1% del electorado, una campaña detona el reconocimiento. Es cierto lo que dijo el Presidente, y cuando se analizan las encuestas de reconocimiento de nombre, se puede observar que quien está en lo alto de las encuestas como priista, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha venido sufriendo un rendimiento decreciente. Peor aún, cuando se compara intención de voto por partido con el potencial candidato, Osorio Chong tiene casi una tercera parte del voto del PRI, lo que recuerda la elección de 2006, cuando el PRI alcanzó casi el 29% de la votación, pero su candidato presidencial, Roberto Madrazo, se cayó al 22%. Bajo esas lógicas electorales, si Meade no está todavía al 50% del reconocimiento de Osorio Chong, sus negativos no son tan grandes y el espacio para crecer es amplio, mientras que el del secretario de Gobernación parece haber llegado a un límite.

Pero esta forma de ver a los candidatos del presidente no es la manera como se aprecia en términos generales en el PRI, o como se puede analizar desde afuera. Para que Meade pueda ser impuesto, se necesita llenar el requisito que marcan los estatutos. Los priistas han ido modificando la postura radical que tuvieron frente al presidente Ernesto Zedillo, cuando en la 17 Asamblea Nacional en septiembre de 1996 se colocaron dos candados rigurosos: haber ocupado un puesto de elección popular a través del partido, y contar con una militancia de 10 años. Años después los priistas eliminaron el primer requisito que, recientemente, buscaron restaurar infructuosamente decenas de militantes.

Incorporar la posibilidad de postular a un “ciudadano simpatizante”, que permite ratificarlo para cargos de diputados federales, senadores, gobernadores o presidente en futuras reuniones de Consejo Político –bajo el control de Peña Nieto–, no resuelve la eventual candidatura de Meade. En términos de estatutos, aún permanece el requisito de ser “cuadro”. Importante, pero salvable, si Peña Nieto quiere que sea él su delfín, como el juego de ajedrez de Ochoa está señalando. Los requisitos y los estatutos, como lo experimentó Peña Nieto cuando el entonces presidente del PRI, Humberto Moreira, manipuló la convocatoria para eliminar al senador Manlio Fabio Beltrones de la contienda y quedara sólo él para inscribirse, pueden ser movidos por quien controla la burocracia.

Lo que no es tan sencillo es injertar a un candidato que no es visto bien en amplios sectores del PRI, como es Meade. Peña Nieto sí podrá imponerlo, si lo desea, pero se puede plantear que tendrá un costo: la fractura del partido y la derrota, casi por definición, en la elección presidencial.

(ZOCALO/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 12 DE DICIEMBRE 2016)


EL COLAPSO DE LA ESTRATEGIA

En materia de seguridad pública, las cosas están mal y se van a poner peor. La estrategia del Gobierno federal para enfrentar a los criminales se está colapsando, sin idea clara de cómo se puede replantear. Hace unos días el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, respondió que pese a la reducción presupuestal para seguridad pública harían más con menos. Una frase rápida con vida efímera en los medios, pero sin sustento. La realidad es mucho más grave de lo que reconoce. Si a las cifras oficiales nos atenemos, de mantenerse la tendencia, la ruta por la cual va el combate a los criminales producirá al final del sexenio más muertes que las registradas en el gobierno de Felipe Calderón, contra el cual Osorio Chong le gusta compararse. Si con más se hizo menos, parafraseando al secretario, ¿con menos recursos cuánto más seguirá hundiéndose el país en la violencia?

De acuerdo con la información pública del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros 47 meses del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el número de denuncias de homicidios dolosos, que son aquellos en donde se priva de la vida con conocimiento de los elementos de tipo penal, llegó a 69 mil 808. En el mismo periodo del gobierno de Calderón, hubo 58 mil dos denuncias. Es decir, en el Gobierno peñista se han registrado 11 mil 806 más denuncias de homicidios dolosos, que significa un aumento de 20.4 por ciento.

El comportamiento de los homicidios dolosos durante el Gobierno de Peña Nieto no es estable. La cifra más alta de homicidios se dio entre mayo y octubre de 2011, donde de acuerdo con la estrategia del gobierno de Calderón –el tener una mayor capacidad para abatir delincuentes o detenerlos, frente a la velocidad con la cual las organizaciones criminales podrían reclutar nuevos cuadros–, vendría un punto de inflexión y los homicidios dolosos irían a la baja hasta estabilizarse en niveles de finales de los 90 para el año 2018.

Al arrancar el Gobierno peñista se dio una baja significativa en homicidios dolosos, casi a los niveles de la primavera de 2009, derivada, sin embargo, a que en el arranque de la nueva administración, las órdenes de la Secretaría de Gobernación a los cuerpos de seguridad federales fue no confrontar a criminales. La lógica era que si no se les combatía, no habría muertos. En efecto, se disminuyó la cifra de asesinatos porque se entró en una pax narca donde los cárteles tuvieron vacaciones, que aprovecharon bien. Renació La Familia Michoacana en Los Caballeros Templarios; Los Zetas, casi aniquilados, terminaron de mudarse de delitos y restablecieron sus vínculos criminales en el exterior; y el Cártel Jalisco Nueva Generación se convirtió en la organización más rica y peligrosa.

Para mayo de 2015, todo cambió. Desde entonces la cifra de homicidios dolosos, en función de las denuncias, comenzó su repunte. En septiembre de ese año regresó al punto en que estaba en febrero de 2013, y aunque las denuncias se mantuvieron prácticamente estáticas hasta enero, en febrero de este año comenzó la escalada galopante. La proyección para el cierre de 2016 es que habrá 20 mil 476 homicidios dolosos, cifra similar a la de 2010 (20 mil 680), pero la mayor en lo que va del sexenio y con una tendencia anual al alza. Después de tres años en descenso (2012-2014), en 2015 hubo un incremento de 8.8% de homicidios dolosos en comparación con el año previo, y para este año, el aumento estimado es de 20% en relación al anterior.

El estado donde más se han incrementado las denuncias por homicidio es Guerrero, que registró mil 514 en 2014 y 2 mil 16 el año pasado, de acuerdo con los datos del Secretariado, que significan una variación de 33.2%, pese a los distintos programas federales para disminuir la inseguridad en ese estado. No hay datos concluyentes para 2016 en Guerrero, pero las condiciones de violencia parecen haberse incrementado en los últimos meses, con desaparición o anulación de las autoridades locales en varias regiones de la entidad. El Gobierno federal atendió con rapidez las necesidades en el estado, pero su velocidad no ha ido aparejada a la eficiencia.

Otras entidades muestran la lentitud de reflejos de Gobernación. Tabasco es un ejemplo, donde la variación de denuncias entre 2014 y 2015 subió en 38.7% –una de las más altas del país–, sin que interviniera la Federación hasta esta semana, que envió la Gendarmería. De enero a octubre de este año, se incrementaron las denuncias de homicidios dolosos en 25 estados, en comparación con 2015, sobresaliendo por su alta incidencia criminal Veracruz, donde la variación en números absolutos fue de 502, Michoacán con 442, y Colima con 365. Sin embargo, donde más homicidios dolosos se han cometido en los últimos 15 años son, en orden de volumen, el Estado de México, Guerrero y Chihuahua.

Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública son fríos y reveladores. Muestran las debilidades estratégicas del gobierno de Peña Nieto y exhiben la debilidad de su diagnóstico y solución. Pero este ha sido su peor año. La tasa de homicidios de enero a octubre fue de 14 por cada 100 mil habitantes, la cifra más alta del sexenio, y creciendo. Con menor presupuesto, sin estrategia ni ideas frescas, definitivamente no hay razones para la tranquilidad.


(ZOCALO/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 15 DE DICIEMBRE 2016)

MOMENTOS DE TERROR EN LA UAS




Un sujeto desconocido le disparó a un estudiante  a corta distancia cuando intentaba abordar su automóvil en el estacionamiento de la universidad

Culiacán, Sinaloa.- Momentos de pánico y terror se vivieron ayer cuando un sujeto desconocido baleó a uno de los estudiantes de la Facultad de Derecho cuando se encontraba en el estacionamiento de Ciudad Universitaria (CU).
Autoridades identificaron al herido con el nombre de Pedro N, quien cursa el quinto semestre en la facultad antes Citada.

LOS HECHOS
El atentado fue reportado a las 19:00 horas en el estacionamiento de la Facultad de Derecho.
La información establece que el joven acababa de salir de clases y se dirigió al estacionamiento para abordar su automóvil.
Fue en ese instante que un sujeto le disparó en varias ocasiones y luego de la agresión se dio a la fuga por una de las entradas a la universidad.
Decenas de estudiantes que salían en ese momento se regresaron a los salones para ocultarse, al mismo tiempo que dieron aviso a las autoridades.
Otros más corrieron hacia la salida, provocando pánico en los presentes.
LUGAR DE LA AGRESIÓN
Luego de unos momentos, varios estudiantes se empezaron a juntar en el estacionamiento donde estaba un automóvil Mercedes Benz gris con placas de Michoacán y junto a él, en el piso, el joven, quien presentaba cinco impactos de bala.
También llegaron paramédicos, quienes, tras brindar las primeras atenciones al herido, lo trasladaron a un hospital.
El sitio fue acordonado por los agentes, y junto al Mercedes Benz quedó una mancha de sangre.
Hasta el cierre de la presente edición, el estado de salud del estudiante era reportado como delicado.


  1. (EL DEBATE/ JOSÉ ÁNGEL BELTRÁN/ 15/12/2016 - 09:09 HS)

CULIACÁN SIN VIGILANCIA

Las cámaras de seguridad no están siendo monitoreadas y las llamadas de emergencia sin responder


Área de vigilancia de C4 vacía.

Culiacán. Un día crucial para la capital sinaloense pues hay múltiples manifestaciones en diferentes órganos gubernamentales. Entre los que exigen el pago completo de su aguinaldo está el personal que se encarga de velar por la seguridad del estado; empleados del C4, policías ministeriales y municipales.

Las oficinas de seguridad lucen vacías, y la incertidumbre crece pues es justo en esta temporada cuando la inseguridad aumenta en las calles debido a los constantes asaltos.

Empleados de gobierno están inconformes pues se les quiere pagar solo 15 días de su sueldo, cuando debería ser un mes, así que no les quedó de otra más que plantarse frente a la PGJE y otras instalaciones de seguridad. De no pagarles para el día 20 de diciembre, harán paro de labores total.

Asientos vacíos, cámaras sin monitorear, llamadas de auxilio sin responder... Así está Culiacán en este momento, sin vigilancia, sin seguridad.


Servicio a la sociedad.



Área de cámaras y despacho vacía.



Despacho de Protección Civil vacía.











Los empleados exigen justicia.


 (EL DEBATE/REDACCIÓN/ 15 DE DICIEMBRE 2016)

IDENTIFICAN A SICARIOS ABATIDOS


Se aseguraron cuatro armas largas y una chica

Tras las primeras indagatorias llevadas a cabo por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en los hechos registrados la tarde del pasado martes en la comunidad Marte R Gómez, El Tobarito en Cajeme, se identificó a los sicarios abatidos.

Asimismo, se pudo establecer que previo al enfrentamiento del grupo delincuencial con elementos de la Policía Municipal, los abatidos habían realizado varias detonaciones horas antes en la citada población.

Habitantes de la comunidad reportaron los hechos al número de emergencias 911 y de inmediato la autoridad se abocó a atender el reporte.

Al dirigirse al sitio patrullas de la Policía Municipal de Cajeme, se toparon con el grupo de delincuentes que se desplazaban en tres vehículos, de los cuales dos de ellos se dan a la fuga y los cinco abordantes de uno de esos vehículos deciden hacer frente a los elementos policiacos ocurriendo el enfrentamiento a las 16:20 horas.

En el lugar y tras varios minutos de disparos cinco delincuentes fueron abatidos, resultando además un elemento de seguridad pública lesionado y trasladado a un hospital de la ciudad donde recibe atención médica, siendo su estado estable.

En el lugar quedaron los cuerpos de quienes fueron identificados como Pedro Ernesto V. Z, de 35 años de edad; Carlos Adrián C, de 29 años y Juan Francisco L., de 39 años, originarios de Navojoa, Sonora, así como Irám Alejandro B., de 26 originario de Agua Prieta y Javier N .

En el lugar de los hechos se aseguraron cuatro armas largas, un arma corta, un vehículo tipo pick up Dodge Ram, cuatro puertas, de color gris.


(DIARIO DEL YAQUI/ ANTONIO ARAGÓN VALENZUELA/ 15 DE diciembre 2016)

HACIENDA VA POR IMPUESTO DE AGUINALDOS DE TRABAJADORES


Como nunca antes Hacienda fiscalizará que se haga la retención que obliga la ley a trabajadores de ayuntamientos, gobiernos estatales, poderes e iniciativa privada; su incumplimiento arrojaría sanciones a patrones y problemas fiscales a trabajadores.

El Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de la República pondrá especial énfasis este año en fiscalizar que los gobiernos municipales, estatales, poderes legislativos y judiciales, así como iniciativa privada, cumplan con las retenciones del Impuesto Sobre la Renta a los aguinaldos de los trabajadores.

Fuentes consultadas por El Financiero revelaron que hay Estados, como el caso de Colima, en donde durante muchos años los gobiernos no han retenido este tipo de impuestos a los trabajadores, por lo que, este año, como nunca antes se vigilará el cumplimiento de las retenciones.

Como se recordará, la Ley del Impuesto Sobre la Renta determina cuáles son los ingresos gravables por parte de los trabajadores, incluyéndose salarios y todos los conceptos que integran el salario en México, entre ellos el aguinaldo.

No retener el Impuesto Sobre la Renta de los aguinaldos de los trabajadores puede generar sanciones al gobierno o a la empresa como multas por el pago de indebido del aguinaldo sin la retención correspondiente, así como el pago de recargos y actualizaciones hasta que se pague correctamente.

Incluso, el propio trabajador puede tener problemas fiscales, ya que el SAT puede requerir al trabajador los pagos no efectuados, pues si bien es el patrón el retenedor de impuestos, la obligación de pago es del trabajador.


(DOSSIER POLÍTICO/ TOMADO DE: REDACCIÓN / EL FINANCIERO/ 2016-12-14)

“LEVANTAN” A LÍDER INDÍGENA DE BÁCUM; SEÑALAN A POLICÍA


Encapuchados los amenazan: "Déjense de chi...". Anabela Carlón Flores es quien gestionaba el asilo internacional para el pueblo Yaqui a raíz del conflicto por el gasoducto.

Loma de Bácum, Sonora.- Aproximadamente a las 19:00 de este martes 13 de diciembre, se informó a la población mediante un comunicado que la licenciada Anabela Carlón Flores y su esposo fueron privados de su libertad; dos horas después fue liberada con vida a las orillas de un canal.

Le recordamos que Anabela Carlón es la líder indígena yaqui que dio la declaración sobre que podrían verse obligados a pedir refugio político en otro país a raíz de los enfrentamientos violentos por el gasoducto el pasado 22 de octubre por la construcción del gasoducto.

Con esta acción al parecer el gobierno de Sonora quiere evitar que vuelvan a detener el gasoducto, el cual reinició actividad la semaana pasada pese a una orden judicial de suspensión.

La misma Anabela Carlón relató para EL DEBATE como fue su plagio.


(DOSSIER POLÍTICO/ REDACCIÓN/ EL DEBATE/ 2016-12-14)

INVESTIGAN POR CORRUPCIÓN A CONSTRUCTORA ESPAÑOLA QUE GANÓ CONTRATOS PARA OBRA PÚBLICA EN SONORA


En México, la constructora obtuvo el 25 de noviembre el contrato de 466 millones de pesos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para modernizar y ampliar un tramo de 31 kilómetros de la carretera federal Estación Don-Nogales en Sonora, informó ayer el diario Reforma.

MADRID (apro).- La constructora española Copisa, que recientemente ganó una segunda adjudicación para obra pública en el gobierno de Enrique Peña Nieto, es una sociedad habitual en los juzgados en España por su presunta implicación en tres de los principales casos de corrupción política.

Se trata de una fórmula de sobornos millonarios a cambio de obras públicas. Por lo menos en España así lo muestran las acusaciones judiciales.

En México, la constructora obtuvo el 25 de noviembre el contrato de 466 millones de pesos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para modernizar y ampliar un tramo de 31 kilómetros de la carretera federal Estación Don-Nogales en Sonora, informó ayer el diario Reforma.

El contrato en Sonora, dice, es el segundo que obtiene con el gobierno federal, siendo que el primero lo logró en 2014, cuando la SCT le adjudicó modernizar la carretera Coatzacoalcos-Veracruz por 197 millones de pesos.

Nueve días antes de ganar la obra de la SCT en Sonora (México), en España el presidente de la constructora, Josep Cornadó, admitió ante el juez de instrucción de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que pagó “comisiones” de entre 1% y 3% a Jordi Pujol Ferrusola a cambio de que le ofreciera “información” sobre operaciones para conseguir obras.

En sus más recientes resoluciones, el juez sospecha que Pujol cobró comisiones por alrededor de 3.3 millones de euros ilegales de la constructora “en contraprestación a gestiones” del primogénito del ex presidente catalán “o su entorno más próximo” para beneficiar a sus empresas.

“Collons (cojones), ahora nadie se acuerda de Jordi Pujol Ferrusola”, respondió el empresario catalán cuando el juez le preguntó por la pérdida de memoria de otros empresarios cuando se les pregunta por el hijo del expresidente catalán, quien opera como un “conseguidor” de contratos.

En este caso, la investigación de la Audiencia Nacional y de la Policía se centra en los sobornos a Pujol por operaciones en plantas solares en Ciudad Real, la venta de unas oficinas en Madrid y de refinerías en Cartagena (Murcia), al sur de España, y por el hecho de que los supuestos servicios de intermediación en realidad serían sobornos.

Entre 2005 y 2010, el hijo del expresidente facturó 3.3 millones de euros del grupo Copisa, a la que Pujol Ferrusola giró 13 facturas.

Según el informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía, Pujol cobraba a cambio de “dar información sobre posibles negocios”, lo que trasladaba a través de “simples llamadas telefónicas” y para lo que no necesitaba “trabajador alguno ni sede social”.

También se documentó la adjudicación de sobornos a cambio de la construcción de Ciudad Judicial de Hospitalet, valorada en 90 millones de euros, que fue adjudicada a la Unidad Temporal Empresarial (UTE) formada por FCC y Copisa.

CASO PALAU

El nombre de la constructora Copisa también apareció en una investigación del llamado caso Palau de la Música. Se trata de un desfalco millonario a través de la fundación Orfeo Catalá-Palau de la Música, que erigió y dirigió Féllix Millet i Tusell, artífice de este fraude por el que fue imputado.

La investigación tuvo que abrir una ramificación al descubrir el financiamiento ilegal de dos constructoras, Ferrovial y Copisa, al partido de los Pujol, Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), a través de su Fundación Xavier Trías Fraguas

El consejero delegado de Copisa, Xavier Tauler, pieza central en la trama, fue amigo “desde la infancia” de Pujol Ferrusola, como lo reconoció el primero en su comparecencia ante una comisión de Investigación en el Parlamento de Cataluña.

Tauler lo reconoció así y también aceptó que en el caso del Palau de la Música, la empresa hizo donaciones por 700 mil euros a la Fundación Xavier Trias Fraguas de CDC a cambio de serle “adjudicadas las obras de remodelación del Palau”.

PAPELES DE BÁRCENAS

El tercer caso y uno de los más graves son sus presuntas aportaciones por más de 360 mil euros en el caso de los Papeles de Bárcenas, una pieza separada del mega juicio del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción política en el país.

Entre los papeles del polémico extesorero del Partido Popular (PP), los investigadores encontraron los nombres de varias de las principales empresas constructoras españolas –varias de ellas con presencia en México–, entre las que se encuentra Copisa.

Los apuntes de Bárcenas se refieren a las decenas de empresas que habrían aportado fondos a la caja B del PP, de acuerdo con el expediente.

Bárcenas reflejó en su contabilidad paralela al menos ocho pagos de Copisa por un importe de 362 mil euros al PP.

El juez Pablo Ruz, quien entonces llevaba el caso en la Audiencia Nacional, centró su atención en la empresa Neu 1500 SL, a la que en uno de sus fallos judiciales le exigió que presente toda la documentación que acredite los pagos al PP, uno de los cuales se hizo a Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, por 149 mil euros y disfrazado como “remesas de cheques”, para sufragar la adquisición de un chalet en Baqueira valorado en 900 mil euros que Bárcenas y su esposa compraron a la promotora inmobiliaria.

Neu 1500 SL es una sociedad propiedad de las empresas Teyco y Copisa, dos corporaciones que poseen cada una el 50% de las participaciones de dicha promotora. La primera es propiedad de Carlos Summaroca, fundador de la formación política catalana CDC, y la otra del ya citado Cornadó Mateu.

Pero las dificultades de Copisa no sólo son con la justicia, también tiene graves problemas financieros. Hace solo unas semanas, la compañía y sus bancos acreedores ultimaron un acuerdo para refinanciar una deuda de 270 millones de euros, que le obligará a separar su negocio de concesiones en un vehículo de nueva creación sobre el que las entidades financieras tendrán capacidad de decisión.

COPISA NIEGA IMPUTACIONES

En un desplegado difundido en el diario Reforma, Copisa negó la supuesta implicación de la empresa constructora en un proceso judicial en España, y subrayó que no se encuentra inhabilitada para participar en licitaciones públicas en México.

Destacó que Copisa o personas cercanas a la empresa “no están vinculadas con los hechos investigados por la Oficina Antifraude de Cataluña, España, por alteración de precios en concursos y subastas públicas”.

Tampoco se ha dirigido imputación alguna a la constructora, ni a ninguno de los miembros de su Consejo de Administración, apuntó, e indicó que en los más de 50 años de historia de Copisa, la empresa nunca ha sido procesada por delitos de corrupción.

El texto firmado por Joan Carles Savall Olivilla, director de Asesoría Jurídica de Copisa-Constructora Pirenaica, señala que la empresa “no se encuentra inhabilitada para participar en licitaciones públicas en México, ni en ningún otro país.

Luego de mencionar las diversas licitaciones en las que ha participado, puntualiza que al no haber sido objeto de sanción alguna, ni encontrarse impedida para participar en procesos de licitación, Copisa “está interesada y en uso de sus derechos a continuar participando en el desarrollo de infraestructura en México”.


(DOSSIER POLITICO/ Tomado de: Alejandro Gutiérrez / Proceso/ 2016-12-15)

LA TÍMIDA REACCIÓN DE UN PRESIDENTE AVASALLADO



Foto: Tomada de Internet / Google Imágenes

Resulta imperante que Enrique Peña Nieto se dirija a los empresarios, a los mexicanos todos, y en cinco puntos tan claros y efectivos como los de Donald Trump, nos diga qué hará, promoverá y proyectará para contener la embestida que viene del norte y establecer condiciones para el desarrollo y crecimiento del mercado interno   INCLUSO ANTES de tomar posesión como presidente de Estados Unidos, Donald Trump ya está impactando en la economía de su país, la mexicana y la internacional. Dos hechos contundentes lo confirman.

Primero, la retención de la inversión en la Unión Americana de la empresa Carrier, que tenía proyectada una planta para la manufactura de aires acondicionados en Nuevo León, México, y después la crítica que hizo el empresario del entretenimiento a la compañía Boeing en un comentario en Twitter (“Boeing está construyendo un Air Force One 747 nuevo para los futuros presidentes, pero el costo es muy alto, más de 4000 millones de dólares ¡Cancelar el pedido!”) y que le valió a la avionera la caída de sus acciones, luego de que el presidente de la compañía criticó el modelo de comercio propuesto por el futuro mandatario de la Unión Americana. Va.

Donald Trump tiene ya la voz con peso de quien administrará una de las principales potencias del mundo, y la está haciendo valer.

Con cinco breves pero determinantes premisas está cambiando la forma de hacer comercio internacional con miras a proteger la economía de su país, apostándole al proteccionismo y el desarrollo del mercado interno.

Él se ha comprometido no solo a replantear o incluso salir del Tratado de Libre Comercio, también a no figurar en el Tratado Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) firmado por 11 países, para impulsar la economía Asía-Pacífico; además, incentivar a las empresas norteamericanas con menos impuestos para que inviertan en su territorio y no en el extranjero; invertir en infraestructura para el desarrollo de negocios, y tasar con un 35 por ciento el arancel para la importación de productos mexicanos, encaminado a afectar de manera negativa a las empresas de Estados Unidos que manufacturan en nuestro país y después importan su producto ya terminado.

Mientras Donald Trump ha hecho públicas estas políticas a seguir una vez que tome posesión, el 20 de enero de 2017, Enrique Peña Nieto, representante del gobierno de la república mexicana, se ha quedado callado.

Igual que en el manejo de otros problemas que aquejan al país, como el de la inseguridad producto del narcotráfico y crimen organizado, el presidente de México no ha esbozado una propuesta para prevenir o revertir los daños que la economía nacional pueda registrar una vez llevadas a cabo las estrategias del próximo presidente de Estados Unidos.

El momento no es para ignorar a Trump. No después de ver que con solo dos acciones ha impactado de manera negativa el comercio internacional, en uno de los casos con daños a las finanzas mexicanas.

Resulta imperante que Enrique Peña Nieto se dirija a los empresarios, a los mexicanos todos, y en cinco puntos tan claros y efectivos como los del estadounidense, nos diga qué hará, promoverá y proyectará para contener la embestida que viene del norte y establecer condiciones para el desarrollo y crecimiento del mercado interno.

Ante el cada vez más evidente vacío del gobierno mexicano, hay quienes han alzado la voz en un intento por hacer que el presidente y su gabinete comiencen a por lo menos plantear una política pública para el desarrollo de la economía antes de la tempestad financiera que puede arreciar en este país después del 20 de enero.

Efectivamente, primero el empresario mexicano Carlos Slim Helú, quien de entrada consideró que las medidas adoptadas por el presidente electo de Estados Unidos harán un bien a aquella nación, está convirtiéndose en el principal promotor del desarrollo y fortalecimiento del mercado interno mexicano para reactivar la economía; conocedor, explicó cómo antes de la crisis de los 80, México basaba su economía en el mercado interno y registraba crecimientos por encima del seis por ciento anual.

A la par, la república de China, en voz de su embajador en México, Qiu Xiaoqi, ofreció ayuda a México precisamente ante las amenazas de Trump.

“Estamos dispuestos a aumentar esfuerzos junto con la parte mexicana para inyectar nueva energía en el desarrollo de estas relaciones en los próximos años y estamos convencidos de que la cooperación va a fortalecer mucho”, dijo después de comprometer a su país a ser un aliado del nuestro.


La presidencia de la república, sin embargo, no ha dicho palabra de aliento para el desarrollo de negocios y la promoción del comercio en México.

El gobierno se ha centrado en la más fútil de las propuestas de Trump: la construcción de un muro a lo largo de su frontera con la nuestra, y que deberemos pagar los que vivimos de este lado.

El presidente y su gabinete no entienden que el muro no es el problema.

Quienes vivimos en la frontera hemos aprendido a convivir no con uno, sino dos muros.

Uno para evitar el paso de personas, otro para impedir el cruce de vehículos. Finalmente, ahí el objetivo es mediático.

De ahí que los muros no han impedido el comercio y las relaciones económicas en las entidades mexicanas con los estados estadounidenses en vecindad.

Las transacciones comerciales, las importaciones y exportaciones, los negocios bilaterales, el entendimiento entre autoridades y comunidades empresariales y sociales, no se han detenido por una barrera física, símbolo del repudio sí, pero nada más.

Al unísono se han fortalecido con el respeto de la autonomía de los territorios, las leyes de internación en los países, y los entendimientos y acuerdos económicos para el desarrollo de economías conjuntas.

A estas alturas está demostrado que la crítica de Trump mueve la bolsa de valores, y las negociaciones internas alejan las inversiones de otros países. Lo que los mexicanos necesitamos no es un debate de si el gobierno pagará o no por el odioso muro, sino saber de qué forma el presidente será el impulsor de la economía mexicana.

¿Bajará impuestos para la apertura de empresas? ¿La Comisión Federal de Mejora Regulatoria eliminará algunos de los cientos de miles de normas para la creación, crecimiento y desarrollo de las empresas mexicanas? ¿Establecerá normas para ponderar la utilización de insumos nacionales en las maquiladoras? ¿Incentivará a las transnacionales para que inviertan más y se diversifiquen en nuestro territorio? ¿Eliminará los moches y las comisiones que los empresarios deben dar a funcionarios federales, estatales o municipales para construir compañías? ¿Garantizará la seguridad ante la delincuencia que ahora representa otro gasto cada vez más oneroso para las empresas?

Es urgente que el gobierno de México deje de pensar en establecer medidas simplonas para “proteger” a los mexicanos de una barda y presente políticas públicas que incidan en este país y no en territorio ajeno.

A la fecha la única acción contundente de la administración de Peña Nieto ha sido la serie de recomendaciones para los mexicanos que residen en Estados Unidos, y que se limitan a establecer una mayor comunicación entre nuestros connacionales y sus representaciones consulares.

La reacción del gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido bastante tímida. Se ha visto, desde aquella visita histórica del candidato neoyorquino a

Los Pinos, avasallado por el vecino y sus políticas de tirria, persecución y divisionismo. Mientras, Donald Trump ya logró, con un tuit, que Boeing le rebaje el precio del avión presidencial (por cierto, el gobierno mexicano pagó lo que le pidieron de inicio y más), y que una compañía desdeñe la oferta mexicana para instalarse en este país.

Acaso será que México en este momento tiene al presidente del revés:

cuando Enrique Peña Nieto debió ignorar a Trump lo reconoció en Los Pinos —y peligrosamente lo rescató en una contienda donde se perfilaba como el perdedor—, y ahora que urge que actúe al parecer decidió no oírlo ni verlo.

Vaya contradicción en un país que pronto comenzará a pagar el precio de tan burdo apocamiento, pues ya no se sabe cómo interpretar lo que le pasa al gobierno federal ahora sí que desde la cabeza.


(SEMANARIO ZETA/ ADELA NAVARRO BELLO /MIÉRCOLES, 14 DICIEMBRE, 2016 09:30 PM)