JUAN JOSE TREJO GUTIERREZ "EL
CHAPITO TREJO" / LAS AMENAZAS DE "EL 50"
Los grupos criminales anuncian y cumplen
con “limpias” sangrientas. Noviembre cierra con 92 asesinatos en Tijuana, 15
solo en los últimos seis días, la mayoría implicados en el tráfico y venta de
drogas. Las ejecuciones ya alcanzaron a los jefes de células, los están matando
en otros Estados. Cabecillas de Jalisco que llevan menos tiempo operando en la
entidad consideran su grado de impunidad y amenazan la integridad de ZETA por
hacer pública la información de las autoridades respecto a sus operadores y su
labor criminal
Una tras otra, las
narcomantas en puentes y las cartulinas dejadas sobre cadáveres anuncian la
llegada de una “limpia” criminal. Una racha de asesinatos.
Advertencias de muerte entre
insultos con nombre, es como los cabecillas identificados de las células del
Cártel Arellano Félix (CAF) y sus aliados del Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG) amenazan a los de la mafia de Sinaloa, “Los Aquiles” y a “Los Uriarte”.
Los del Cártel de Sinaloa
responden de igual forma: con mensajes y violencia. En las zonas más atractivas
comercialmente para la venta de droga al menudeo, las células de los tres
cárteles se amenazan unos a otros.
Reportes de las áreas de
inteligencia del Consejo Estatal de Seguridad pronostican que vendrán
homicidios debido a la “limpia interna y entre cárteles”. Ya llegaron. En
Tijuana suman 801 asesinatos violentos en once meses, 92 cometidos en noviembre
de 2016.
La mayoría de los acribillados han sido vendedores de droga
al menudeo, cuidadores de bodegas o trasegadores, aunque ahora las amenazas,
informan, es ir tras los cabecillas de célula.
Cuando se advierten entre
ellos, o sus rostros y nombres son dados a conocer, los criminales huyen a
otras entidades federativas. Se refugian en Sonora, Sinaloa o Jalisco. Pero dos
ejecuciones recientes muestran que salir de Baja California no es garantía de
conservar la vida. Los asesinatos ahora son a domicilio y en otros Estados,
donde es fácil sorprenderlos con la guardia baja y sin escoltas. De ello dan
cuenta dos crímenes.
Arturo Giovanny Gómez Herrera
“El Gross”, señalado por el Grupo Coordinación de Baja California como jefe de
sicarios de la alianza CJNG-CAF, fue asesinado el jueves 27 de octubre de 2016
en Guadalajara, Jalisco.
Lo mataron alrededor de las
nueve de la noche, cuando un peluquero daba los últimos toques a su cabello en
una barbería ubicada en el cruce de Calzada Independencia y Avenida Sierra
Madre, Colonia Independencia. Dos hombres llegaron al frente del negocio, uno
entró y le disparó. Los dos huyeron en motocicleta.
Al inicio de la indagatoria,
el asesinado fue identificado falsamente. Portaba una licencia de conductor
otorgada por la Secretaría de Movilidad de Jalisco a nombre de Luis Ricardo
Rodríguez Quezada.
Quien reclamó el cadáver y
dijo ser su esposa, admitiría que se trataba de Gómez Herrera. Casi un mes
después, en Sinaloa, fue ultimado Juan José Trejo Gutiérrez “El Chapito Trejo”,
cabecilla criminal del grupo de “Los Uriarte”, célula rival a la del
“Gross”. También ejecutan al “Chapito
Trejo”
El reporte de la Procuraduría
del Estado de Sinaloa fue que el sábado 26 de noviembre, después de las 12:00
horas, un hombre, una mujer y tres niños, fueron baleados cuando transitaban en
un automóvil Jetta color plata con placas de Baja California, por las calles de
Jiquilpan y Libertad, Fraccionamiento Jardines de Fátima en Los Mochis.
“El Gross”, asesinado
Testigos indicaron que un hombre no identificado se paró frente al auto, apuntó
directo y vació su pistola -calibre 9 milímetros- contra el hombre que
manejaba.
La familia quedó varada
frente a una tienda de la ciudad; el tirador huyó en un vehículo no
identificado.
Otras versiones indican que
la víctima se bajó del auto antes que los paramédicos de la Cruz Roja llegaran
por él, lo cual hicieron rápidamente para llevarlo a un hospital particular en
la zona. Ni la mujer ni los menores resultaron lastimados.
Eran las 12:32 del mismo
sábado, cuando en el hospital de Fátima en Los Mochis, Sinaloa, ingresó con heridas de bala a quien la esposa
identificó como Jesús Aarón Avechuco Acuña.
Llevaba seis heridas. Cuatro
tiros de una pistola calibre 9 milímetros, de los cuales dos salieron.
Dos orificios de entrada en
el abdomen, otro en el tórax del lado izquierdo que le atravesó el brazo del
mismo lado, y en la misma extremidad un
segundo balazo, pero en la muñeca.
A las 6:30 pm, en el hospital
informaron a la Policía que el hombre había muerto. Quienes lo atendieron,
comentaron que la bala que perforó su tórax terminó por reducir su volumen de
sangre hasta fallecer.
La esposa dijo a los agentes
que atendieron el reporte, que tanto ella como la víctima eran comerciantes en
Sonora, que hacía pocos días habían llegado a Los Mochis y de hecho estaban a
punto de abandonar esa localidad para regresar a su lugar de origen.
Pasadas las horas, agentes
del Grupo Perseo 2 de la Procuraduría General de Justicia del Estado
cuestionaron a la mujer sobre por qué el asesinado portaba credenciales con
tres nombres distintos.
Fue suficiente para que la
mujer hablara. Cuando vio que los oficiales le tomaban las huellas al cadáver,
les confesó la verdad.
Se trataba de Juan José Trejo
Gutiérrez “El Chapito Trejo”. Tenía 36 años y vivía en Calle Paseo Nogales de
Los Mochis, Sinaloa.
El domingo 27 de noviembre,
después que un médico legista hizo oficial la muerte de Trejo, el hospital de
Fátima entregó el cuerpo al personal de la funeraria Misión de Los Mochis,
donde fue velado para inmediatamente ser enterrado en un panteón de la
localidad.
Todo fue rápido y sin más
preguntas. Fue hasta la mañana del domingo que las autoridades de Baja
California fueron informadas.
La foto y el nombre de Trejo
Gutiérrez forma parte del organigrama criminal en poder del Grupo Coordinación
desde 2009, año en que lo consideraban parte del grupo de “Los Teos” de Eduardo
García Simental “El Teo”, los cuales escindieron del CAF en un pleito de muerte
y sangre entre 2007 y 2010.
El 30 de diciembre de aquel
2009, la Policía Estatal Preventiva (PEP) preparó un operativo en unos
condominios en Ensenada.
Planeaban capturar al ex
policía municipal Gilberto Sánchez Guerrero “El Gil” -había sido escolta de
Raydel López Uriarte “El Muletas” y ya era cabecilla de célula- y a su escolta,
Juan José Trejo Gutiérrez.
Ambos estaban en un segundo
piso, los dos brincaron, pero solo Trejo logró escapar.
“El Muletas” fue capturado en
febrero de 2010 y suplido en el mando por sus primos y hermanos, integrando el
grupo de “Los Uriarte”, a partir de entonces, ellos designaron a Trejo como cabecilla de sicarios
“cobra-cuotas, deudas y ajustar cuentas”.
La zona de influencia de esta
célula delictiva es la delegación La Presa y parte del municipio de Tecate, las
autoridades lo consideran responsable de muchas de las muertes de traficantes
del grupo contrario en esa área, sin embargo, no había alguna orden de
aprehensión en su contra.
Luis David Figueroa Madrigal
“El Snok” / Rifat Addul Castillo Haro, “El Rifat”
En el área que abarca las
colonias Sánchez Taboada, Camino Verde y Reforma en Tijuana, “Los Uriarte” actualmente libran una pugna
criminal en dos frentes: contra el Cártel de Sinaloa, “Los Aquiles” representado
por Dalia Guadalupe “La Prima”, Julián Alonzo López “El Chino” (con orden de
aprehensión por la muerte del ex director municipal del deporte, Arturo
Hachadur Kaloyán) y Luis Manuel Ochoa.
Y contra el CJNG, cuyos
brazos armados son Israel Alejandro Vázquez Vázquez “El 50” y “El Charmin”
Uriarte.
Sirven a los cabecillas, Juan
José Pérez Vargas “El Piolín”, Édgar Herrera “El Caimán” y Érick Deraz “El
Canesten”.
CJNG: LOS QUE AMENAZAN… A ZETA
Revelada la presencia de
operadores reclutados por el Cártel Jalisco Nueva Generación en Baja California
tras la detención de homicidas de policías y traficantes de armas, lo mismo que
de droga, las autoridades de los tres órdenes de gobierno negaron
sistemáticamente la presencia de la mafia tapatía en la entidad durante dos
años.
Fue el martes 6 de septiembre
de 2016 cuando autoridades del gobierno de Estados Unidos informaron a las
corporaciones bajacalifornianas que como parte de una investigación, habían
detectado una amenaza: miembros del CJNG atacarían a supervisores de la PEP, “…
a todos los que no estén alineados”, sentenciaron. La información se hizo
pública.
Las autoridades se alertaron
y no ocurrió. Tres días antes, este grupo criminal había dejado tres cadáveres
descuartizados en un puente junto a una narcomanta.
El 18 de noviembre, invitado
a la sesión del Colegio de Abogados Constitucionalistas, el secretario de
Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya, aseguró que “no más de
diez personas son las responsables de la ola de homicidios” cometidos en
Tijuana “en los últimos meses”.
El viernes 25 de noviembre,
en su edición 2226, ZETA publicó los nombres e imágenes de esos responsables.
De acuerdo al Grupo
Coordinación, ocho de los señalados eran de la alianza del CJNG-CAF y dos de
Sinaloa.
Los servidores de Jalisco
fueron identificados como:
* Juan José Pérez Vargas “El Piolín”.
* Israel Alejandro Vázquez Vázquez “El 50” y/o “El
Goofy”.
* Manuel Santiago Navarro “El Mini” y/o “El Chago”.
* Édgar Alejandro Herrera Pardo “El Caimán” y /o “El Zame”.
* Pablo Edwin Huerta Nuño “El Flaquito”.
* Juan Carlos Hernández Silva “El Chuky”.
* Jesús Alfonso Trapero Ibarra.
* Daniel Ochoa Loera.
Distintas autoridades
confirmaron que los investigan por la comisión de diversos delitos,
especialmente por homicidio.
Los violentos asesinatos
ocurridos en las últimas semanas.
48 horas después de la salida
a circulación de esa edición de ZETA, con fotografías -algunas inéditas-, todas
parte integral de expedientes de inteligencia y averiguaciones previas, uno de
los identificados del CJNG, Israel Alejandro Vázquez Vázquez “El 50” y/o “El
Goofy”, manifestó molestia porque su nombre, imagen y actividad criminal fue
proporcionada por las autoridades y hecha pública en este Semanario.
Francisco Javier Gómez Hernández “El
Panchito” / Erik Ramírez Hernández “El Burger”
Autoridades confiaron a ZETA:
“El 50” ordenó a una célula criminal cómplice, balear las instalaciones del
Semanario en la primera hora del lunes 28 de noviembre, la idea era que no
hubiera empleados porque el atentado debía tomarse como advertencia.
De acuerdo a expedientes que
obran en poder de las áreas de inteligencia del Consejo Estatal de Seguridad de
Baja California, Vázquez Vázquez es “un
sujeto de gran peligrosidad”, también “… a esta persona se le atribuyen gran
cantidad de los homicidios en la
ciudad”.
Es brazo armado de Juan José
Pérez Vargas “El Piolín”, cabecilla del CJNG-CAF en Tijuana.
Está al mando de una célula
que al menos cuenta con cuatro miembros -porque seis ya fueron detenidos-, sus
operadores delictivos están identificados como Luis David Figueroa “El Snok”,
Rifat Abdul Castillo Haro “El Rifat”, Francisco Javier Gómez Hernández “El
Panchito” y Érick Ramírez Hernández “El Burger”. Sus socios ya capturados son:
Jonathan Soto Silva “El 40”, Daniel Misael Murillo “El Miclo”, Manuel
Magallanez Salazar “El Gordo”, Alonso
Bueno Martínez “El Morral”, Manuel Bernardo Marcelino “El Chicho” y Antonio Esquer Rentería “EL RARO”.
FEADLE Y LA DENUNCIA POR AMENAZA
De la Fiscalía Especial para
la Atención a Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) se
comunicaron el martes 29 de noviembre a las oficinas de ZETA.
Llamaron desde la Ciudad de
México. Dijeron que por trabajo de monitoreo habían detectado la información de
la amenaza y querían saber si desde este Semanario habría una denuncia; agentes
federales se presentaron en las oficinas el miércoles 30 de noviembre.
El jueves 1 de diciembre,
ante el apoderado legal de esta empresa, el fiscal orientador Rodrigo Alonso
Silva leyó un texto con los derechos de las víctimas e informó de la apertura
de la carpeta FED/SDHPDSC/UNAI-BC/0000362/2016, por el delito de amenazas
cometido contra ZETA como persona moral ofendida.
ORGANISMOS INTERNACIONALES LLAMAN A PROTEGER LIBERTAD
DE EXPRESIÓN EN MÉXICO
El Comité para la Protección
de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), organización independiente
y sin fines de lucro, con sede en Nueva York y fundada en 1981, instó a las
autoridades a garantizar la seguridad de los periodistas que trabajan en
Semanario ZETA de Tijuana, luego de la amenaza de un presunto integrante del
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
ZETA, escribieron en el
comunicado del CPJ, “es uno de las pocos periódicos que en forma regular
publica investigaciones sobre crimen organizado, narcotráfico y corrupción en
los estados del norte de México.
El costo que ha pagado Zeta
por su cobertura sobre crimen ha sido altísimo (…)”.
También el Knight Center for
Journalism in the Americas, de la Universidad de Texas en Austin, otorgó su
respaldo a este Semanario, así como a
sus trabajadores, y publicó en su blog oficial una amplia reseña sobre el caso:
“ZETA es una de las
publicaciones más audaces de México. Su eslogan es ‘libre como el viento’.
A través de los años ha sufrido
varios ataques graves que han tenido como sospechosos tanto al Gobierno como al
crimen organizado (…)”, señaló el Knight Center.
Hizo lo propio, vía la red
social Twitter, la organización no gubernamental internacional de origen
francés, Reporteros sin Fronteras, cuyo objetivo es defender la libertad de
prensa en el mundo y, en concreto, a los periodistas perseguidos por su
actividad profesional.
RSF pidió se investiguen las
amenazas y también exigió garantizar la seguridad de los trabajadores, así como
las instalaciones de ZETA.
Por su parte, Article 19
-organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo
para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión-, señaló que “es
preocupante la constante intención de grupos delictivos e integrantes del
Gobierno del Estado por atacar al semanario ZETA, con lo cual se pretende
inhibir el libre flujo de la información que publica este medio de
comunicación”.
A través de un comunicado, la
organización sin fines de lucro exigió a las autoridades del Gobierno del
Estado de Baja California investigar “de manera diligente y a la
brevedad”, las agresiones reportadas en
contra de los comunicadores y comunicadoras de la entidad.
“Se exige también a las
autoridades competentes de aquel Estado garantizar la seguridad de todos los
integrantes del semanario ZETA, principalmente en los contextos en los que se
desarrolla en la actualidad, ya que se ha intentado de distintas formas
intimidar a los integrantes de este semanario con el fin de que dejen de
publicar información de interés general para la sociedad”, divulgó Article 19. Asimismo, la organización
internacional exigió al Gobierno del Estado de Baja California implementar los
mecanismos necesarios para prevenir cualquier agresión en contra de los
periodistas de la entidad.
“Por último, Article 19
lamenta profundamente los múltiples intentos de agresión en contra del
semanario ZETA y exhorta a las autoridades a evitar que estas amenazas
identificadas puedan consumarse de modo alguno, debiendo en todo momento
garantizar el libre flujo de información de toda índole en el Estado”, finaliza
el escrito.
También la Quinta Visitaduría
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió las
recomendaciones CNDH/QVG/991/2016 y CNDH/QVG/991/2016, dirigidas al Gobierno
del Estado de Baja California y a la Procuraduría General de la República
(PGR), para que implementen medidas cautelares y sea garantizada la seguridad a
las personas que laboren en ZETA, ya que “corren riesgo sus vidas”.
En ese mismo sentido se
pronunció la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la cual solicitó a las
autoridades municipales, estatales, así como al Gobierno Federal mexicano, que
con “firmeza y urgencia” adopte medidas de protección a favor del personal de
este Semanario.
“Desde su fundación en 1980,
ZETA ha sido un referente de periodismo independiente en la lucha contra el
narcotráfico en el país”, afirmó la SIP en un comunicado.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA
/INVESTIGACIONES ZETA / LUNES, 5 DICIEMBRE, 2016 12:00 PM)