miércoles, 16 de noviembre de 2016
CICLISTA
Raúl se preparaba para la
carrera. Estaba acostumbrado a las contiendas, a hacer ejercicio. No se
confiaba, con todo y sus piernas de acero, que eran extensión de pedales y el
cuadro, las llantas, los rines, los rayos: acero y hule, resistencia y músculo,
nudos de tendones y huesos, continuación del bombeo sanguíneo y el aire que
permitía la circulación veloz de las ruedas.
Entrenar todos los días.
Desde el domingo hasta el día previo al lunes. Todos. En la ciudad se le
conocía por ese esfuerzo, los premios, el desempeño en las competencias. En la
comunidad deportiva lo admiraban y seguían. Era un ídolo, un referente en el
ciclismo, ejemplo de dedicación y disciplina. Era común verlo por el malecón,
la avenida principal, los acotamientos de la carretera cercana, dibujando
círculos con sus piernas, derritiéndose sobre el minúsculo asiento, surcando el
viento, como soldado envuelto en licra y en ese casco de negra telaraña en el
pelo.
Sintió ese desplazar más
lento y pesado. No era gran cosa pero él y esa bicicleta se mandaban señales
mutuas. Me falta aire en la llanta trasera, pareció decirle. Se dirigió al
multiservicio que estaba cerca, junto a la gasolinera.
Llegó al local y buscó la
manguera para conectarla con el niple de la llanta. En cuclillas, sudoroso y
confiado. No escuchó el chirriar de un carro que quedó justo enfrente ni los
gritos de una mujer que pasaba cerca y vio al pistolero sacar de los intestinos
del vehículo un fusil automático. Tampoco cuando el hombre cortó cartucho y se
parapetó para asirse bien de suelo y acerar sus músculos. Apuntó. Y empezó a
disparar: volaron hechos añicos lo cristales, los pedazos de plástico, el
hocico de la bomba de gasolina, los productos del aparador, piezas de ladrillo
y concreto, chorros de sangre y gasolina. Las ráfagas multiplicaron los pedazos
y aceleraron el viento. Tornado de proyectiles y pedazos de vidrio y vida.
El cañón humeante dejó de
escupir y el matón se subió al vehículo con una serenidad de obispo. Arrancó a
toda velocidad, dejando atrás destrucción y muerte. El objetivo había sido
cumplido. Matar al de la gasolinera, porque además de magnum y Premium vendía
polvo y no tenía permiso de los jefes. El despachador quedó tirado, cerca de la
entrada de una oficina. Era evidente que había intentado huir. Todo inservible,
polvoriento, en ruinas. Todo, incluso Raúl: quedó junto a la bicicleta, cuyas
ruedas no dejaban de dar vueltas. Y en los alrededores, la nada.
La ciudad lloró. Los
deportistas se declararon en duelo. Dijeron que había sido una bala perdida.
Pero no. Ahí no hay balas perdidas: todas tienen dueño y destino.
(RIODOCE/ COLUMNA “MALAYERBA” de Javier
Valdez/ 14 noviembre, 2016)
LEGALIZAN LA CANNABIS EN TRES ESTADOS DE EU
Se hunde el negocio para los sembradores
mexicanos de mariguana
Los estados de California,
Nevada y Massachusetts aprobaron la semana pasada el uso de la mariguana con
fines recreativos, conformando junto con Oregón, Colorado y Alaska, un bloque
de entidades estadunidenses en que sus residentes o visitantes pueden fumar y/o
poseer pequeñas cantidades de Cannabis sin ser penalizados.
De acuerdo con expertos, esta
aprobación viene a impulsar una posible legalización internacional del uso de
la mariguana con fines recreativos, como ya ocurre en Holanda, Uruguay,
Portugal, Corea del Norte y Colombia, países donde el uso y posesión de la
mariguana no está penalizado, siempre y cuando su consumo no sea en lugares
públicos, ni que su producción se haga en cantidades industriales.
“La despenalización
internacional del cannabis será paulatino, pues los beneficios serán escuchados
y tomados como base en otros países, y ello significará reducción en violencia,
en arrestos y en el mismo narcotráfico”, dijo a Ríodoce Keith Humphreys, profesor
de psiquiatría por la Universidad de Stanford, en California, y experto en
políticas sobre drogas.
En México, una persona puede
tener en su poder hasta cinco gramos de cannabis para uso personal, y no ser
arrestado, luego de una iniciativa presentada por el ex presidente Vicente Fox,
y aprobada por el Congreso de la Unión, en abril de 2006.
No obstante existe un nuevo
proyecto de ley presentado por el presidente Enrique Peña Nieto, en donde
propone autorizar la posesión de hasta 28 gramos de cannabis, y el uso con
fines medicinales, como actualmente ocurre en al menos 38 estados de la unión
americana.
ESLABÓN MÁS BAJO
Mientras la legalización del
cannabis promete una industria que generará nuevos empresarios, en comunidades
que componen el triángulo dorado la medida parece destrozarles los ánimos por
seguir sembrando mariguana, un ánimo que de por sí ya casi estaba aniquilado.
“Ya no la compra nadie (la
mariguana), y cuando se llega a vender, la compran a 400 pesos el kilo, a veces
hasta en menos, y qué le hace uno; de que se nos queda o que recuperemos aunque
sea algo”, dijo Marco Antonio, residente de un pueblo cercano a las comunidades
de la Majada, quien toda su vida ha sembrado mariguana.
Como muchos otros sembradores
de la hierba, ahora Marco Antonio empieza a sembrar amapola en su afán por
tener un ingreso que le permita mantener a su familia, pero la férrea presencia
militar lo hace desanimarse.
“Le vamos a echar ganas, pero
la mera verdad es que ya no vale la pena”, insistió.
Los bajos precios y la poca
demanda la atribuyen los campesinos a la legalización del cannabis en estados
como Colorado y Washington, además que en California, la mariguana siempre fue
legal si el fumador tenía consigo una receta médica.
Pero ahora, con la legalización
en otros tres estados, y el surgimiento de mariguana crónica y semi crónica, la
cual es manipulada genéticamente, la venta de la mariguana mexicana se
desmorona y obliga al campesino a no sembrarla.
“La verdad de las cosas es
que la mariguana mexicana se sigue vendiendo en Estados Unidos como pan
caliente, pero ya no conviene; porque vas a llevar un kilo de mariguana cuando
te puedes llevar un kilo de “chiva” (heroína): es el mismo riesgo, y la
ganancia es más grande si llevas ´chiva´”, dijo el narcotraficante, quien sólo
se identificó como Jesús y aseguró ser independiente.
Atrás habían quedado los
tiempos de Rafael Caro Quintero, cuando el kilo de mariguana era comprado a mil
400 pesos, y “te lo arrebataban de las manos cuando llegaba a suelo gringo.
“Ya no es lo mismo; si
quieres hacer billetes, tienes que mover ´chiva´, de otro modo, ahí te van a
ver”, insistió el narcotraficante.
Además de California, Nevada
y Massachusetts, Washington DC, los
estados de Arkansas, Dakota del Norte y Florida, aprobaron iniciativas para que
la mariguana pueda ser usada y comercializada con fines medicinales, mientras
que Arizona, un estado que es considerado altamente conservador y racista,
rechazó la iniciativa 205, que habría permitido que la mariguana se usara con
fines recreativos.
(RIODOCE/ MIGUEL ÁNGEL VEGA /14
NOVIEMBRE, 2016)
EL NUEVO SISTEMA PENAL HA LIBERADO MIL 32 ACUSADOS
A dos años de entrar en vigor, el nuevo
sistema penal ha dejado fuera de prisión a mil 32 acusados
El maestro de educación
física de secundaria, Antonio N, de 59 años, fue acusado y sentenciado por el delito
de estupro, por haber enamorado y sostenido relaciones sexuales con una de sus
alumnas de 15 años, pero nunca piso la cárcel.
El profesor de una escuela de
Los Mochis estuvo en libertad debido a que fue procesado y juzgado con el
nuevos sistema de justicia penal acusatorio.
En dos audiencias realizadas
en menos de un mes, el Juez lo encontró responsable y los sentenció a reparar
el daño y a cumplir ciertas medidas durante cuatro años, en libertad
condicional.
De haber sido juzgado en el
sistema tradicional, el profesor habría sido detenido desde el inicio y
condenado en prisión.
El Sistema de Justicia Oral
privilegia la reparación del daño a la víctima y busca utilizar lo menos
posible la prisión preventiva para los acusados de cometer delitos.
Desde que entró en vigor en
Sinaloa en octubre de 2014 a la fecha, un total de mil 32 acusados de delitos
han obtenido los beneficios del nuevo sistema.
De haber sido acusados en el
sistema de justicia tradicional, esas personas habrían estado en prisión.
En esos casos, los jueces han
concedido la suspensión condicional de proceso o suspensión condicional de la
ejecución de la pena.
A esas personas los jueces
les impusieron medidas no privativas de la libertad por lo que siguen el
proceso penal o cumplen condena en libertad.
En dos años, fueron cien
personas las que incumplieron con las disposiciones que impuso el Juez y las
medidas cautelares fueron modificadas, y en algunos casos se dictó la prisión
preventiva.
De las personas que gozan de
libertad, 403 fueron acusadas de violencia familia, 276 de narcomenudeo, 62 de
abuso sexual, 40 de robo y el resto cometió otros delitos.
De acuerdo con el Código
Penal para obtener ese beneficio se deben cumplir con ciertos requisitos, como
que el delito sea considerado no grave y que la media aritmética de la pena no
sea mayor a cinco años.
SOLO EL 1 POR CIENTO INCUMPLE MEDIDAS
La Unidad de Medidas
Cautelares y Suspensión Condicional de Proceso es la instancia encargada de
vigilar que las personas en libertad cumplan con las disposiciones que impuso
el Juez.
El titular de la UMECA, Jorge
Adrián López Valenzuela, mencionó que los acusados y sentenciados con medidas
no privativas de la libertad han cumplido con las disposiciones.
Solo el 1 por ciento tuvo
algún incumplimiento y se le suspendieron las medidas, mencionó.
Señaló que de haber llegado
esas personas a prisión habría sobrepoblación en los penales.
Hace dos años, manifestó, en
los tres Centros de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito la
población penitenciaria era de 7 mil 800 internos y actualmente es de 6 mil 150
presos.
“El sistema pondera mucho la
protección a la víctima, si el juez o nosotros consideramos que corre algún
tipo de peligro a la hora del incumplimiento y éste a su vez a través de una
audiencia extraordinaria gira una orden de arresto para el individuo para que
se revise la medida cautelar y puede ser determinar que se le suspenda la
medida cautelar y se le imponga otra medida cautelar como puede ser la prisión
preventiva”.
En el sistema tradicional,
agregó, “estaban en prisión preventiva y luego durante el proceso conseguías
una fianza o se acordaba el pago del daño o se arreglaba todo, pero mientras
estaban en prisión; antes la prisión preventiva primero y luego averiguábamos
si podías estar afuera”.
Detalló que de las
principales medidas impuestas por los jueces son reparar el daño, acudir a
recibir tratamiento sicológico o terapia, prohibición de acercarse a la
víctima, acudir a firmar cada semana y no salir de la localidad donde viven o
el estado.
“Para cubrir esa de no salir
de la localidad nosotros generamos en esta unidad un sistema de consulta
avanzada donde todas las corporaciones policiales ya sean federales, estatales,
municipales ministeriales, detiene a un individuo en la calle checan el nombre
en el sistema en C4 y les notifican si tiene una medida cautelar impuesta que
le prohíbe salir de determinada localidad o municipio”, explicó.
Mencionó que hasta la fecha
en Sinaloa no se han utilizado los brazaletes electrónicos para evitar que los
acusados huyan, porque los jueces no han adoptado esa medida.
Los acusados, detalló, también
pueden solicitar al Juez que les coloque el dispositivo para evitar ir cada
semana a firmar o que lo estén visitando en su casa y ellos deben correr con
los gastos del brazalete, pero ninguno lo ha pedido.
PRIMER DETENIDO, PRIMERO EN LIBERTAD
Jesús Humberto fue otro de
los beneficiados y fue también el primer detenido en flagrancia con el nuevo
sistema en Guasave.
El acusado, supuestamente
golpeó a su esposa en su casa y la mujer acudió al Instituto Municipal de la
Mujeres a pedir ayuda.
Cuando se encontraba en las
instalaciones de la dependencia, Jesús Humberto entró al inmueble y trató de
agredir nuevamente a su pareja, pero fue detenido por agentes policiales.
El presunto agresor fue
puesto en libertad condicional por el Juez y como medida le ordenó dejar el
domicilio donde vivía con su pareja, le prohibió acercarse a ella y reparar
económicamente los daños.
PRESOS
CON LIBERTAD PRÓXIMA
Con el nuevo sistema y la
entrada en Vigor de la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales, acusados
que se encuentra en proceso penal y los sentenciados pueden obtener su libertad
anticipada.
El titular de la UMECA,
Adrián López Valenzuela, dijo que 20 reos en proceso que no han sido
sentenciados, ya solicitaron ser evaluados para que el Juez les otorgue una
medida cautelar distinta a la prisión preventiva y seguir el proceso penal en
libertad.
“Aplicando la retroactividad
de la ley en su favor, aplicando el principio pro persona, siendo totalmente
constitucionalistas y apegados a los derechos humanos, pueden ellos obtener ese
beneficio, pero es facultad del Juez otorgar ese beneficio dependiendo del
comportamiento que ellos hayan tenido al interior del centro penitenciario
todos aquellos que están procesados”, indicó.
Mencionó que de los reos ya
sentenciados, alrededor de 500 podrían quedar libres en los próximos meses, por
delitos no graves y con penas no mayores a seis años.
Los presos que ya cumplen
condena en prisión, abundó, deben esperar a que se emita el decreto en el que
el Estado se declara en condiciones para operar la nueva ley y entonces pueden
solicitar su libertad anticipada.
(RIODOCE/ ALEJANDRO MONJARDÍN/ 14 NOVIEMBRE, 2016)
EL ASESINATO A SANGRE FRÍA DE O’NEIL PATRICK MCGEAN
O’NEIL PATRICK. Crimen al descubierto.
El asistente personal y
traductor del empresario norteamericano facilitó el trabajo de los homicidas
para que secuestraran y asesinaran a su patrón, con quien tenía diez años
trabajando y conocía su situación financiera.
“Dicen que Jorge es el que
había puesto el jale”, habría declarado uno de los imputados, según pesquisa de
personal ministerial que se hizo pública, en una sala de la Sede de Justicia
Penal Acusatoria y Oral Región Sur, encabezada por la Juez de Control, Elba
Patricia López Gaxiola, dentro de la causa penal 242/2016.
Jorge Antonio, el asistente,
no interpuso denuncia de la desaparición de la víctima, el 25 de octubre, sino
que fue hasta las 15:30 horas, del 27, cuando los hechos ya habían sido
consumados y el “jale” había finalizado.
Conocedor de los gustos
personales y debilidades de la víctima, el empleado del estadunidense, en
complicidad con Carlos Ramón, Luis David y Joel, fueron tejiendo la red mortal
a la que paso a paso fue llevado Patrick McGean.
Para perpetrar el crimen se
puso en práctica una división del “trabajo” en la que se combinaron las
habilidades de los imputados, por ello el 24 de octubre, Joel pidió a su
pariente Carlos Ramón que, habida cuenta que sabía hacer transferencias bancarias,
esta parte corría bajo su responsabilidad.
El norteamericano O’Néil
Patrick Macgean navegó por el ciberespacio vía Facebook, entabló conversación
con sus asesinos, quienes lo invitaron a un hotel situado en Playa del Delfín,
hasta donde llegó con su vehículo a las 20:03 horas, y terminó sepultado en el
patio trasero de una casa en la colonia Azteca.
El 25 de octubre, el
empresario había caído en una celada mediante las redes sociales, planeada por
los ahora imputados, quienes lo privaron ilegalmente de su libertad y lo
asesinaron a sangre fría.
Según la fiscalía de
Justicia, que detalló la cronología de los hechos y presentó la acusación en
audiencia inicial y pública en la Sede de Justicia Penal Acusatoria y Oral
Regional Sur, el móvil del crimen fue el robo.
Los imputados Carlos Ramón,
Luis David y Jorge Antonio, escucharon impasibles el relato espeluznante
adoptando el silencio como estrategia de defensa ante la parte acusatoria, de
un crimen que resonó a nivel internacional.
En el proceso de vinculación
desarrollado el lunes 7 de octubre, a las 13:30 horas, los imputados fueron
acusados del delito de homicidio doloso en forma conjunta perpetrado contra el
empresario extranjero radicado en Mazatlán.
De acuerdo con las pesquisas
de la fiscalía, los acusados sabían que su víctima tenía ahorros en el banco,
cercanos a los 500 mil pesos, por lo que una vez sometida en el cuarto 8003 del
hotel, la despojaron de sus tarjetas de crédito.
La parte acusatoria asegura
que Carlos Ramón y Joel fueron quienes citaron a Patrick Macgean en el hotel de
marras, el primero fungió como traductor y el segundo había hecho la
invitación.
Carlos Ramón condujo al
norteamericano hasta la habitación donde agazapados en el clóset ya lo
esperaban sus cómplices Luis David y Joel (éste aun no ha sido presentado ante
la autoridad judicial) para hacer su parte.
Un vez que el estadunidense
cruzó el umbral del cuarto, seducido por las palabras de su anfitrión Carlos
Ramón, los agresores habrían salido del clóset a golpearlo, amarrarlo y
despojarlo de las tarjetas de crédito. Después lo obligaron a otorgarles el NIP
(Número de Identificación Personal).
El 26 de febrero, Carlos
Ramón retiró en un cajero automático la cantidad de 9 mil 500 pesos, de dos
“plásticos” e hizo una transferencia electrónica por Internet por más de 305
mil pesos.
Utilizando el teléfono
celular de su presa, los delincuentes aceptaron un crédito que un banco le
había ofrecido al empresario, y cuando les pidieron licencia de conducir del beneficiario,
Joel se apersonó el 26 de octubre, con un “gestor” en las afueras de Vialidad y
Transportes, quien por 2 mil pesos tramitó el documento.
Como documento oficial, la
licencia de conducir sirvió para hacer retiros de dinero en sendas sucursales bancarias
ubicadas en la zona dorada del puerto.
Los tres inculpados se
repartieron el producto del robo.
Hecha la repartición, los
acusados habrían regresado al cuarto de hotel que sirvió de cautiverio, donde
después de golpearlo y drogarlo para intentar dormirlo, le causaron un paro
cardiorrespiratorio que terminó con su vida.
La mañana del 27 de octubre,
los acusados habrían trasladado el cadáver de Patrick MacGean, en una maleta
negra, con destino al patio de la casa ubicada en la calle Adolfo López Mateos,
propiedad de la hermana de Carlos Ramón, donde lo sepultaron y taparon con
concreto de cemento para ocultar el crimen.
Desde el 25 de octubre,
cuando desapareció el extranjero, hasta el tres de noviembre, que fue
encontrado enterrado en dicho lugar, familiares y amigos vivían en la
incertidumbre sobre el destino final del desaparecido.
La defensa legal de Jorge
Antonio argumenta que su cliente no hizo daño a Patrick McGean, porque entre
ambos existía una buena relación laboral.
También argumentando el
principio de inocencia, pidió a la jueza que no se les dictara vinculación a
proceso a los imputados en el crimen del norteamericano.
El lunes 7, la juez de
Control ya había decretado prisión preventiva en el penal de Mazatlán, donde
los acusados podrían pagar penas de 22 a 25 años de prisión, en vista de la
premeditación, alevosía y ventaja con la que actuaron.
HISTORIA TRÁGICA
-Por las redes sociales
familiares y amigos denuncian la desaparición del empresario norteamericano y
comienzan las pesquisas.
-Detienen a tres implicados
en su desaparición y encuentran el cadáver de O´Neil Patrick Macgean, en el
patio trasero de una casa ubicada en la colonia Azteca. Su hermano Donald identifica el cadáver y
mediante la prueba del ADN se confirma la identidad de la víctima.
-La juez de Control vincula a
proceso a los detenidos y decreta prisión preventiva, y el caso sigue su curso
hasta marzo de 2017. Pero se adelanta que los acusados habrían actuado con las
tres agravantes de la ley: premeditación, alevosía y ventaja.
(RIODOCE/ Redacción/ Mazatlán en 14 noviembre, 2016)
EMBOSCAN Y ASESINAN A TRES INDÍGENAS TEPEHUANOS EN LA SIERRA TARAHUMARA
Un comando emboscó y asesinó
a tres indígenas tepehuanos de Durango, y dejó a uno herido, en la comunidad de
San Juanito, perteneciente a Bocoyna, en la sierra tarahumara.
De acuerdo a Proceso, la
información sobre el hecho fue dada a conocer por la diputada local del
Distrito 06 de Durango, Rosa Isela de la Rosa.
La legisladora dijo que en el
convoy que fue atacado iban cinco personas del pueblo indígena, en una
camioneta y atrás de ellos iban otras unidades que transportaban los muebles
que ellos fabricaron.
Los indígenas habían salido
de San Bernardino de Milpillas, en Durango, para hacer una entrega de muebles a
la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
El chofer de una de las
unidades donde llevaban el mobiliario dio aviso sobre el ataque y después ya no
se supo más de él.
Las personas que murieron
fueron identificadas como Refugio (Cuco) Salinas, Juan Ramón Flores, encargado
de la fábrica de muebles, y el hijo de éste, además resultó herido con tres
impactos de bala, Daniel Mayorquín, y Julio César Gámez se encuentra desaparecido.
Con el apoyo del gobierno de
Durango, la CDI inició las gestiones para trasladar los cuerpos.
(RIODOCE/REDACCION/ 16 noviembre, 2016)
OTRO “JUSTICIERO” EN NAUCALPAN: MATA A DOS ASALTANTES Y… A UNA PASAJERA
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dos
asaltantes y una mujer murieron a manos de un “justiciero” que frustró un
asalto a una unidad de transporte público en el Estado de México.
Según las primeras
investigaciones, los hechos ocurrieron el lunes pasado cuando la unidad de
transporte con placas 744-756J transitaba por el Boulevard Manuel Ávila Camacho
a la altura de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc. Un par de asaltantes subieron a
la unidad, amagaron a los pasajeros para despojarlos de sus pertenencias y uno
de ellos los enfrentó a balazos.
Explica PGJEM hechos en la
México-Toluca; difícil, identificación de “justiciero”, dice (Video)
En el enfrentamiento, el
presunto justiciero hirió a los dos asaltantes y a una mujer y luego salió
huyendo del lugar.
Con los heridos en el
vehículo, el chofer condujo hacia el paradero de Cuatro Caminos donde los
heridos recibieron atención pre-hospitalaria y se confirmó la muerte de uno de
los presuntos delincuentes.
Poco después de las siete de
la noche murieron los otros dos heridos en distintos hospitales.
Tras loe hechos, la policía
desplegó un operativo para dar con el presunto justiciero pero hasta el momento
sólo han encontrado un arma calibre 9 milímetros que estaba en los alrededores
del paradero de Cuatro Caminos.
El arma es el mismo calibre
que se utilizó para ultimar a cuatro asaltantes de un autobús en la carretera
México-Marquesa, el pasado 31 de octubre.
(PROCESO/ LA REDACCIÓN ,/15 NOVIEMBRE,
2016)
DESPUÉS DE AYOTZINAPA, EL TERROR INTERMINABLE
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aún
no ocurrían los operativos policiacos contra maestros disidentes en Oaxaca y
Chiapas (en junio), ni su extensión a los pobladores que los apoyaban en la
sangrienta jornada de Nochixtlán, pero la estadística dejaba ver que las
violaciones a los derechos humanos de quienes se dedican a defenderlos se
mantenían como parte de una espiral represiva iniciada en el sexenio de Felipe
Calderón, aunque nunca tan radical y dispuesta a asumir los costos políticos
como ocurrió a partir del 1 de diciembre de 2012.
Cada año las organizaciones
Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, Campaña Nacional contra la
Desaparición Forzada y el Comité Cerezo México, emiten el único informe que
documenta –con nombre, fecha y lugar– la represión contra dirigentes sociales y
defensores de derechos humanos en el país.
En su edición 2016, dicho
informe fue intitulado “Defender los derechos humanos en México: la
normalización de la represión política”, y sus conclusiones parten de
interpretar los datos obtenidos mediante el registro de los casos de
desaparición forzada, ejecución extrajudicial, prisión política, así como de
las diferentes modalidades de agresiones cometidas contra defensores de
derechos humanos.
Desde sus primeras páginas el
documento da cuenta de las diferencias entre el sexenio de Felipe Calderón y el
de Enrique Peña Nieto: con el primero se llamaba la atención sobre una guerra
contra el narco que servía para “normalizar” la violencia; con el segundo, la
violencia ya normalizada, se ha concentrado en configurar al enemigo en quienes
se oponen a las reformas y políticas derivadas de éstas, centrando el discurso
político en los beneficios que habrá con la implementación.
Es decir, después de Calderón
el proceso represivo entró a un segundo momento: “Lo que estamos viendo no es
sólo un aumento en las estrategias represivas y una mayor selectividad, sino
que estamos presenciando que el Estado llegó a una fase en la que está
dispuesto a pagar los altos costos políticos que le trae el ejercer sus actos
represivos”.
DESAPARECER LA DISIDENCIA
Cuando cinco jóvenes
desaparecieron en Tierra Blanca, Veracruz, Claudia Ivonne Vera García se sumó a
la búsqueda. Desde 2011, cuando su sobrina de seis años desapareció en esa
entidad, reclamaba al gobierno su inacción y participaba en iniciativas ciudadanas
de localización, algo que siguió haciendo hasta que el pasado 23 de marzo ella
misma desapareció.
Veracruz es uno de los
estados con mayor registro de agresiones contra defensores de derechos humanos
y dirigentes sociales desde que Javier Duarte asumió el poder, y en su último
año de gobierno la entidad ascendió al primer lugar en desapariciones de
personas activas en el movimiento social.
Además de Claudia Ivonne,
también desaparecieron el académico René Hernández Luis (en agosto de 2015) y
el activista Naviel Pérez Pérez (el 3 de enero), aunque sólo en ese caso se le
localizó sin vida 10 días después. Con ese registro, Veracruz concentró tres de
las siete desapariciones contabilizadas en el país de junio de 2015 a mayo
pasado.
Los otros estados donde
ocurrieron hechos con el mismo tinte son: Tamaulipas, donde en julio de 2015
desapareció Enrique López Gutiérrez; Jalisco, Mirian Patricia Almanza Cruz, en
octubre siguiente; Ciudad de México, donde la Policía Federal desapareció a
Julio Emmanuel Marcel de Jesús, quien luego quedó en libertad, y Chiapas,
entidad en la que Fidencio Gómez Santís fue desaparecido en marzo pasado.
La edición anterior del
informe mencionaba que desde el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto a mayo
de 2015, 81 personas defensoras de los derechos humanos o dirigentes sociales
habían sido víctimas de desaparición forzada. Entre junio de 2014 y mayo de
2015 fueron 52, es decir, la mayor parte de los casos que hasta ahora se han
contabilizado.
Este año hay una diferencia,
pues entre junio de 2015 y mayo de 2016 desaparecieron sólo siete personas (el
informe anterior incluía a los 43 estudiantes de Ayotzinapa), lo que indica una
disminución significativa respecto del período anterior. Pero en suma se trata
de 89 víctimas en lo que va del sexenio, de las cuales, tras su desaparición,
17 fueron víctimas de ejecución extrajudicial, nueve más fueron liberadas y
siete quedaron presas. Del resto, su paradero sigue siendo una incógnita.
La desaparición de dirigentes
sociales en la última década se observa en 15 estados de la República, pero son
Guerrero (69), Michoacán (16), Oaxaca (14), Veracruz (ocho) y Chiapas (siete),
los que encabezan la lista de entidades donde ocurre con mayor incidencia esa
grave violación a los derechos humanos.
ADIÓS AL REFUGIO
Rubén Espinosa era un
fotorreportero cercano al movimiento social veracruzano y su trabajo se había
vuelto incómodo al gobierno de Javier Duarte, así que, amenazado, decidió
trasladarse a la Ciudad de México, el refugio de los periodistas que en el
resto del país se encuentran en riesgo.
Semanas después se reunió con
Nadia Vera, una joven que acompañaba diferentes movimientos sociales, y en
especial el universitario veracruzano, que mediante los cauces regulares de la
protesta social confrontaba al mismo mandatario. La joven radicaba en la Ciudad
de México desde que su vivienda en Jalapa fue allanada y las acciones violentas
contra estudiantes se radicalizaron.
El 31 de julio de 2015, Rubén
y Nadia aparecieron muertos junto con tres mujeres, dos que compartían la renta
con Nadia y la empleada doméstica. El refugio capitalino fue vulnerado y el
multihomicidio continúa impune.
Las ejecuciones
extrajudiciales cometidas contra defensores de derechos humanos y dirigentes
sociales registran un incremento notable en la administración de Peña Nieto:
En 2007, apenas se
registraron tres casos; entre 2008 y 2010, hubo en total 21. Pero a partir de
2011, la incidencia creció hasta sumar 20 casos, y la tendencia se mantiene,
pues en 2012 hubo 21 ejecuciones extrajudiciales, 20 en 2013, 19 en 2014, 18 en
2015, y en los primeros cinco meses de 2016 ya sumaban nueve.
Al comparar por sexenio, con
Calderón fueron asesinadas 67 personas. En lo que iba del gobierno
peñanietista, hasta mayo pasado sumaban 66, una cifra que se incrementó en los
meses siguientes.
Sólo con los casos de mayor
cobertura, de junio a la fecha –que no son contemplados aun por el Informe–, el
incremento es claro en 2016, pues a los nueve casos mencionados se suman los
ocho muertos en Nochixtlán, Oaxaca, entidad donde al menos dos personas más
murieron en junio.
Para mayo pasado, el informe
había documentado siete casos en Oaxaca, la entidad con más ejecuciones
extrajudiciales; cuatro en Chiapas; tres en Guerrero, y dos casos más en la
Ciudad de México.
REDADAS Y PRISIÓN
Durante la jornada electoral
del 7 de junio de 2015, integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR) se
manifestaron por el desarrollo comicial. Cuando regresaban a sus casas fueron
embestidos por un operativo policiaco que detuvo a 75 personas, de las cuales
25 fueron consignadas y siguen presas.
El FPR es una de las
organizaciones sociales que más ha padecido de represiones en el país, y en
Oaxaca suele ser objeto de las distintas formas de represión. En el caso de los
25 presos de aquella jornada electoral, el proceso no avanzó porque el juez
tercero de distrito, Amado Chiñas, argumentó que no tenía traductores de mixe y
zapoteco, lengua materna de varios miembros del grupo. Pero los mandaron a
penales de alta seguridad, sin proceso y sin sentencia.
Por ser una detención masiva
y haber sucedido en Oaxaca, el caso es emblemático. Y es que al aspecto de la
masificación enfatizado por el informe, se suma el hecho de que se trata de una
de las entidades con mayor registro de defensores de derechos humanos o
miembros de movimientos sociales presos.
Junto con Oaxaca, el Distrito
Federal, Guerrero y Chiapas son los estados donde el uso de las detenciones
arbitrarias y la prisión por motivos políticos es mayor. Pero en el último año
el encarcelamiento de dirigentes se amplió a los estados de Michoacán, Jalisco
y Morelos.
En el informe anterior,
Guerrero tuvo el primer lugar en detenciones arbitrarias, todas relacionadas
con el movimiento magisterial, precisamente el que en el último año sumó más de
cien casos, sólo en Oaxaca y Michoacán.
En el rubro no sólo se
contabilizan los casos de quienes son sujetos a proceso penal, sino de aquellos
que aun siendo detenidos por unas horas, lo son a consecuencia de su
participación en el movimiento social. No obstante, los redactores del informe
previenen que muchas de las detenciones ocurren en lugares aislados, no siempre
es posible documentarlos y la estadística podría ser superior.
Hasta el pasado mayo sumaban
497 casos de detenciones arbitrarias ocurridas en los 12 meses previos, por lo
que la cifra aumentó, dado que en 2015 se documentaron 459 casos.
Respecto de quienes están
sometidos a proceso penal o fueron sentenciados, hasta el 31 de mayo de 2015
estaban presas 224 personas por motivos políticos en México, y actualmente, hasta
el 31 de mayo de 2016, suman 277. La cifra incluye a todos las personas que
están detenidas desde 1995, algunas de los cuales llevan ya alrededor de 21
años en prisión.
El incremento en las
detenciones y prisión para dirigentes sociales es notorio en la estadística.
Los informes de represión abarcan cada año de junio a mayo siguiente, y por lo
que respecta al período 2012-2013, se registraron sólo 50 casos, para 2014
sumaron 175, en 2015 la cifra ascendió a 224, y en el año próximo pasado, hasta
mayo, se acumularon 277 casos.
En el tiempo que lleva Peña
Nieto, el número de detenciones arbitrarias aumentó casi al doble respecto del
sexenio anterior, pues en tres años y medio se realizaron mil 635 detenciones
arbitrarias, lo que por otra parte representa 62% del total de detenciones
arbitrarias realizadas desde 2006.
Un dato adicional es que
alrededor del 70% de los detenidos están libres sin cargo alguno, es decir, no
existió ningún elemento para mantenerlos en prisión y ese simple hecho
convierte en arbitraria una detención. De acuerdo con los redactores del
informe, constata el hecho de que se utiliza como un mecanismo para inhibir las
manifestaciones organizadas de descontento, y sobre todo el ejercicio al
derecho humano a la protesta.
Hasta el cierre de este
informe, el número de personas que fueron detenidas de manera arbitraria y que
se encuentran en prisión asciende a 81; además, 67 personas que están libres
bajo caución o con reservas de ley.
Finalmente, a diferencia del
informe anterior, donde la mayoría de las personas fueron detenidas bajo
delitos del fuero común –lo que señalaba que eran ejecutadas por las
autoridades y policías de los estados–, actualmente hay un porcentaje similar
entre aquellos a los que les fueron imputados delitos del fuero común y
aquellos imputados por delitos del fuero federal.
ATAQUES, AMENAZAS, HOSTIGAMIENTO…
A unos cien metros del
caserío, en la villa de Cloete, en Coahuila, los caciques de la región intentan
extraer carbón. Sin embargo, un grupo de deudos de mineros muertos en los
socavones y la defensora de derechos humanos Cristina Auerbach Benavides se han
opuesto por la vía judicial.
Los priistas Antonio Nerio,
padre e hijo homónimo, cuando no son alcaldes son diputados. Ambos controlan
parte del transporte carbonero y también tienen minas irregulares, una de las
cuales exhibió Auerbach. La concesión es del regidor Álvaro Jaime, también
priista, en el municipio de Sabinas.
Además de las amenazas,
demandas, vigilancias y difamaciones en medios de comunicación, Auerbach
Benavides también fue víctima –el pasado 30 de marzo– del allanamiento de las
oficinas de la Organización Familia Pasta de Conchos, por parte de un grupo
clientelar del PRI regional. El caso concentra todos los tipos de agresión que
documenta el informe de la represión, pero es apenas uno de los ataques a
defensores de derechos humanos en todo el país.
Se trata de 136 eventos que
contienen 446 ataques que afectaron a 165 personas, 48 organizaciones y 15
comunidades. En 2015 se habían documentado 330 ataques que afectaron a 248
personas, 47 organizaciones y 35 comunidades.
La aparente disminución en
los eventos y los actos registrados del informe de 2015 al de 2016, muestra que
los ataques fueron masivos.
Sobre los estados en los que
ocurrieron, Guerrero concentra 18.6% (83 ataques) de todos los actos
documentados, seguido de Chiapas con 15% (67), Oaxaca con 12.3% (55), Michoacán
(48) con 10.7%, Veracruz con 8.9% (40) y la Ciudad de México con 7.8% (35).
El informe expresa su convicción
de que la alta concentración de casos en Guerrero es una respuesta del Estado a
la efervescencia del movimiento social motivada por la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa y la reforma educativa, lo que también explica que
sean los estados con movimiento magisterial los que registraron más ataques.
Por su tipología, se observa
una intensificación de la violencia represiva, pues a diferencia del año
pasado, cuando el hostigamiento fue el tipo de ataque más utilizado,
actualmente son las agresiones las que se presentan como el acto más usado con
261 casos (58.5% del total), seguido de la amenaza, con 62 casos (13.9%);
criminalización, con 61 (13.6%), y hostigamiento, con 43 episodios (9.6%).
Para las organizaciones que
emitieron el informe, la estadística en general no es sólo un recuento o
exposición de datos. Se trata, en síntesis, de un gobierno que intenta imponer
las reformas estructurales y sus políticas y programas derivados, mediante una
estrategia de control social que con militarización, paramilitarismo y la
construcción de un enemigo –en lo que llama “inercias y resistencias que deben
vencerse”– perfeccionó un modelo represivo que pretende normalizar.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL /ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA/ 15 NOVIEMBRE, 2016)
ANTE TRUMP, PATRIOTISMO, NO MIEDO NI SERVILISMO
– Cayó Clinton, cae Margarita
– Reactivada la estrategia de miedo
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El
periodismo militante en México está perturbado: Sus protagonistas se asumen
aterrados por el triunfo de Donald Trump y acusan a los estadunidenses de votar
por temor, pero reactivan para México la misma estrategia de miedo que los
invade y obnubila.
Son los opinantes que sin
rubor se asumen prosélitos de Hillary Clinton, la derrotada candidata del
Partido Demócrata de Estados Unidos, y la campaña de elogios a favor de ella,
por la perversa concentración informativa en México –liderada por Televisa–,
ocupó todos los espacios de radio, televisión, prensa e Internet en la capital
y en los estados.
Hubo quienes llamaban a
Hillary Clinton “nuestra candidata”, en plural, una conducta tan servil como la
de las senadoras Mariana Gómez del Campo (PAN), Hilda Flores (PRI) y Dolores
Padierna (PRD), que cuatro días antes de la elección en Estados Unidos posaron
vistiendo camisetas en favor de la candidata de un país extranjero.
Esta aberración en el
Congreso, a la que se sumó el perredista Zoé Robledo y que fue aplaudida por
tipos de la talla del priista Emilio Gamboa y del panista Javier Lozano, se
tornó en infamia: Las representantes populares literalmente dieron la espalda a
Vicente Guerrero, “La patria es primero”, y a Benito Juárez: “Entre los
individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.
La elección presidencial de
Estados Unidos volvió a evidenciar también el arraigado y extendido racismo que
padecen cotidianamente los millones de mexicanos –y otras minorías– que allá
viven y que el triunfo del magnate potencia a niveles inauditos, pero también
ha exhibido, una vez más, el abandono en el que han estado allá nuestros
connacionales, que siguen siendo expulsados de México, ante el servilismo de
los gobiernos de PRI y PAN.
Pero, en el fondo, a los repentinos
defensores de los mexicanos en Estados Unidos no les preocupa tanto el triunfo
de Trump como su significado: La derrota del establishment que encarnó Clinton
y que en México también está amenazado por las tres décadas de vigencia de un
modelo político y económico autoritario, excluyente y corrupto.
Los defensores y voceros del
establishment –el ahora aterrado periodismo militante– afirman que en Estados
Unidos ganó la intolerancia, la exclusión y el miedo, lo cual es cierto, pero
ocultan deliberadamente que estos repugnantes comportamientos son lo que
dominan la vida pública de México y que ya dominan hacia el 2018.
La derrota de Hillary
Clinton, emblema del sistema, derrumba a la que ha sido construida como su
gemela en México, Margarita Zavala. La élite del sistema la desprecia, por
ignorante, y los arreglos con su marido, Felipe Calderón, operador y
beneficiario del establishment.
Pero hoy, más que gimoteos,
derrotismo y cobardías, que suelen conducir a indignidades como el perdón que
en su momento pidió Vicente Fox a Trump –a petición de éste–, la nueva realidad
del magnate en el gobierno de Estados Unidos exige a México y a los mexicanos
dignidad, patriotismo y pensamiento estratégico.
En Estados Unidos hay
personas –con ciudadanía o sin ella– que están asumiendo con arrojo la decisión
de ser contrapeso al poder ominoso de Trump, con manifestaciones de dignidad en
las calles y con la autoridad moral de dirigentes como Bernie Sanders, cuyo
lema incluyente de “Un futuro en el que puedes creer” (A future you can believe
in) se contrapone al de Trump: “Hacer (a) América grande otra vez” (“Make
America great again”).
Para defendernos como nación,
para respaldar a los mexicanos de aquí y los que viven en Estados Unidos, hace
falta retomar lo que la ideología conservadora –con ropajes de liberal– ha
destruido: El patriotismo, que defiende los intereses nacionales, y la no
intervención, que significa el principio confuciano de no hacer lo que no
quieras para ti…
APUNTES
El periodismo militante
calla: Así como guardó un conveniente silencio sobre la renovación facciosa del
Tribunal Electoral y la ratificación del procurador general Raúl Cervantes, que
podría desnudar muchos negocios sucios de medios y periodistas, no dice ni pío
sobre el nuevo jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Omar
Hamid García Harfuch. Era jefe de la Policía Federal de Guerrero cuando la
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y, desde hace años, su nombre
y teléfono celular eran parte de la agenda de Sidronio Casarrubias, líder de
Guerreros Unidos, acusado de ese crimen masivo…
Mientras tanto, la medalla
Belisario Domínguez, que otorga el Senado y que el año pasado fue para el
magnate Alberto Bailleres, dueño del ITAM y segundo hombre más rico de México,
será este año para Gonzalo Rivas Cámara, quien murió tras apagar las bombas de
gasolina en una estación de Chilpancingo, un reconocimiento promovido por el
activista Luis González de Alba, el cual se suicidó el 2 de octubre, y que es
repudiada por las familias de los desaparecidos. La Belisario Domínguez es,
desde hace mucho, una presea corrompida.
Comentarios en Twitter: @alvaro_delgado
(PROCESO/ ANÁLISIS/ ÁLVARO DELGADO/ 14 NOVIEMBRE, 2016)
ESTADOS UNIDOS SE REVELA
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-
Estados Unidos reveló su verdadero ser al elegir a Donald Trump –un predador
ignorante, mendaz y matón, un racista que odia y teme a los latinos, a los
musulmanes y a las mujeres, un hombre que no cree que el planeta esté en
peligro de colapsar por razones climáticas y que va a aumentar la aflicción y
desventura de los habitantes más necesitados de su país y del mundo entero.
Estoy, como tantos estadunidenses
y tantos más en el mundo, estupefacto, pasmado, enfermo de asco.
Y, sin embargo, si miro en el
espejo y espejismo de mi vida, no debería sentir sorpresa alguna ante este
desenlace apocalíptico.
Cuando, con mi mujer y
nuestra familia, llegamos a Estados Unidos en 1980, no abrigábamos ilusiones
acerca de este país que, después de todo, había promovido el golpe militar de
1973 contra Salvador Allende, el presidente democráticamente elegido de Chile.
Como tantos exiliados de lo que entonces se llamaba el Tercer Mundo, sabíamos
que ese Estados Unidos, sus corporaciones, sus fuerzas armadas y su pueblo
mismo eran cómplices de crímenes contra la humanidad en todos los continentes.
No ignorábamos cómo, en esa “tierra de los libres”, se maltrataba a las minorías
étnicas, ni su larga historia de esclavitud, conquista y persecución de los
disidentes.
A pesar de saber todo esto,
tenía yo también razones de sobra para agradecer a ese país, y admirarlo. Mi
familia argentina ya había encontrado antes, en 1945, refugio en estas orillas.
De niño, creciendo en la prodigiosa ciudad de Nueva York en los exuberantes
años cincuenta, me había enamorado de la nación que me dio su lengua y su
música y su literatura, todas maravillas que me siguen nutriendo. Y qué extraordinario
ese experimento social y político, la búsqueda de un país más perfecto, esa
historia de resistencia a la intolerancia y el racismo entre sus ciudadanos y
trabajadores más iluminados, la generosidad sin fin con que esta tierra recibió
a tantas comunidades extranjeras y con que aceptó tantos grupos religiosos para
que adoraran libremente a su propio dios. Una tierra que incesantemente
cuestionaba sus propias lacras y limitaciones. La tierra de Dylan y Franklin
Roosevelt, de Meryl Streep y Walt Whitman, de Ella Fitzgerald y William
Faulkner y Martin Luther King –¿cómo no caer bajo el encanto y sortilegio de un
país que declaró, al fundarse, que los humanos no sólo teníamos derecho a la
vida y a la libertad, sino también el derecho a buscar la felicidad?
Me he pasado la mayoría de mi
vida híbrida y doble tratando de reconciliar estos dos Estados Unidos, uno que
reprime ferozmente nuestra humanidad y el otro que exige que esa humanidad
florezca y se expanda. Esa reconciliación tan difícil y precaria se sustentaba
en la apuesta y profecía de que algún día prevalecería en forma perdurable la
nación de los ángeles que invocó mi héroe Abraham Lincoln.
Mi creencia en la redención
de este país –del que me hice ciudadano, junto a mi esposa y ambos hijos– ha
sido puesta a prueba una y otra vez durante los 36 años que hemos residido
aquí.
Había, por cierto, algo de
esquizofrénico en ese constante ir y venir entre el espanto y la esperanza.
Porque el espanto, en efecto,
no faltó durante estas décadas. Tuvimos que padecer los años de Ronald Reagan,
colmados de avaricia y malevolencia, y protestar contra las intervenciones
estadunidenses en países soberanos que culminaron en las guerras de los Bush y
el crecimiento maligno de la “seguridad nacional”. Y lo más desalentador fue
ver, con demasiada frecuencia, cómo el Partido Demócrata se mostraba
excesivamente obsecuente con el poder y el militarismo patriotero,
vergonzosamente sumiso al privilegio y el dinero.
Pero tampoco me abandonó la
esperanza durante esa travesía traumática. Rebuscando razones para seguir
teniendo fe en otro sueño posible de Estados Unidos, me fui aferrando a
cualquier indicio que me permitiera celebrar la lucha de sus habitantes contra
la desigualdad, cada marca de progreso, cada acto colosal o mínimo de
resistencia de parte de incontables ciudadanos y organizaciones, todo lo que
prefiguraba un país de solidaridad y justicia.
Fue este perpetuo y delicado
acto de equilibrio mío y, creo, de tantos otros acá y en el resto del globo, lo
que acaba de desmoronarse, quizás para siempre.
No es mi deseo demonizar a
los millones que le han dado a Trump su victoria. En opiniones publicadas en
esta revista y muchos otros sitios, he demostrado una empecinada empatía con
las huestes que apoyaban al hombre que ha de suceder a Obama en la Casa Blanca.
Sin excusar las manifestaciones más extremas de racismo y odio que animaban a
aquellas multitudes, fui tratando de comprender las raíces de su ira, su temor,
su desafección; cómo su furia y resentimiento nacían de un intento de defender
una identidad asaltada y herida.
Pero me doy cuenta ahora de
que tal tolerancia por mi parte sólo era permisible porque pensaba que Trump no
podía ganar, que tal desenlace desolador era imposible.
Ahora que Trump ha abierto
una puerta por la cual se ha colado y exhibido todo lo que es horrible en su
Estados Unidos, no me queda otra que reconocer que lo que contemplo en el
abismo de este triunfo es tal vez el rostro verdadero de este país, su rostro
profundo y aterrador, irrevocable y permanente. El rostro que yo había querido
evitar y cuya existencia, desde niño, procuré negar. Y ahora, después de lo que
esta campaña despreciable y bellaca ha expuesto acerca de una parte tan
inmensa, tan irredimible, del pueblo estadunidense, sospecho que será imposible
reparar la grieta en esta comunidad a la que pertenezco, mal de mi grado.
¿Cómo seguir adelante,
cargando este veneno infinito que me contamina, cómo aceptar lo que tantos
inocentes van a sufrir?
He tratado de consolarme con
palabras que me regaló, el día mismo de las elecciones, Rasheed, un negro con
el que conversé mientras recorría barrios de Durham, Carolina del Norte, con mi
hijo mayor, Rodrigo, y mis nietas Isabela y Catalina, tratando de instar a que
votaran los que todavía no lo habían hecho. Ese hombre radiante, con una
actitud casi mágica de calma y bondad, de esos seres humanos que no han dejado
que la mala fortuna los infecte, intuyó mi desasosiego ante el posible triunfo
de Trump.
–Hay que tener fe –me dijo–.
Nosotros cometemos errores, pero nuestro pueblo, a la larga, en las cosas
grandes, in the big things, en las cosas que importan, por lo general, we get
it right. No nos equivocamos.
Palabras nobles y sabias que
me siguen resonando pero que no logran aliviar mi congoja inconmensurable.
¿Dije pasmo, estupefacción,
asco?
Sí, eso siento, pero algo
más, algo mucho más profundo y duradero.
Estoy de duelo. De duelo por
un país que, para mí, acaba de morirse, que se murió cuando sus ciudadanos, mis
ciegos conciudadanos, eligieron a Donald Trump, misógino y mentiroso y vil,
como su líder.
(PROCESO/ ANÁLISIS/ ARIEL DORFMAN/ 15
NOVIEMBRE, 2016)
El último libro de Ariel Dorfman es
Allegro.
EL GRAN PENDIENTE DE MENDOZA DAVIS
FOTOS: cortesía.- Los Cabos peligra en
imagen turística, la violencia llegó para quedarse
En la antesala del Primer Informe de
Gobierno se cuestiona la incapacidad para frenar la ola de violencia que, el
fin de semana pasado en La Paz, tuvo víctimas colaterales. “Queda claro que se
abrió una puerta muy difícil de cerrar y se ha opacado un poco el trabajo del
góber”, expresó un experto en Seguridad Pública
Aunque la inseguridad en Baja
California Sur fue heredada por el gobernador anterior, Marcos Alberto
Covarrubias Villaseñor, la inestabilidad generada desde el 31 de julio de 2014
ha prevalecido. Incluso el propio Ejecutivo reconoce que 15 meses atrás “se
desató una violencia que no conocíamos”.
“Lo que queda claro es que se
abrió una puerta muy difícil de cerrar y se ha opacado un poco el trabajo del
góber”, expresó un experto en Seguridad Pública consultado por ZETA, para
reiterar que “este año ya se perdió en violencia, a lo que se están enfocando
es a evitar que se pierda 2017, y a partir de ahí generar esa estabilidad que
todos los pobladores esperan”.
Al cierre de esta edición,
solo unas horas antes de que el titular del Poder Ejecutivo estatal emita su
informe de resultados en su primer año de gobierno, existen detalles que siguen
pendientes.
Uno de los principales compromisos de Carlos
Mendoza Davis fue recuperar la tranquilidad, sin embargo, a su llegada bastaron
semanas para que la inseguridad regresara al Estado el 21 de febrero del
presente año.
Desde entonces, cabecillas,
brazos armados y simples narcomenudistas fueron cayendo uno por uno, sin que
los civiles escaparan del peligro.
Carlos Mendoza llega a su
primer informe de Gobierno, el talón de Aquiles la seguridad
Ante los hechos
violentos que no han cesado y el recrudecimiento de la violencia, el miércoles
26 de octubre, el gobernador emitió un mensaje denominado “Vivir en Paz” a la
comunidad sudcaliforniana, siendo enfático en los siguientes puntos:
*“Este programa tiene tres columnas: la primera
recuperar, pondremos en marcha un programa de recuperación de espacios
públicos, rescataremos parques y unidades deportivas, rehabilitaremos el
alumbrado público, que los parques estén vigilados…”.
* “Prevenir implica inhibir el origen de la violencia,
(para) evitarlo tendremos un programa de rehabilitación de adicciones,
apoyaremos con recursos la apertura de cuatro centros de atención de adicciones
para jóvenes que habrán de ser manejados por instituciones de la sociedad
civil”.
* “Cuidar más y mejor a cada uno de ustedes; el día de
mañana presentaré ante los medios de comunicación a quien ocupará la
Subsecretaria de Seguridad Pública, ha recibido la instrucción concreta de
atender la violencia en La Paz”.
En el primer año de gobierno
se ha logrado la detención de 639 personas, se han recuperado mil 132 vehículos
robados, además de la incautación de 63 armas y más de 3 mil cartuchos, dos
granadas, 237 kilos de marihuana, 214 mil dosis de cristal y 80 mil dosis de
cocaína.
De igual manera, se logró la
detención de 51 prófugos de la justicia en los puntos de revisión de La Paz y
Los Cabos, además de identificar a 612 individuos con antecedes penales.
El mandatario hizo dos
iniciativas en materia de prevención, una para que en los planes de estudio de
educación básica y media superior, se incluya la materia de Prevención del
Delito; y la segunda para que se contemplen reglas claras y estrictas para
evitar, corregir y castigar el acoso escolar, y combatir la violencia de género
a través del Instituto Sudcaliforniano de la Mujer (ISMUJER), así como un
programa de prevención de la violencia durante el noviazgo dirigido a los
adolescentes.
También se pretende, a través de la Secretaria del
Trabajo y Previsión Social (STPS), apoyar a las personas sin empleo, para este
primer año de gobierno, se pudieron generar alrededor de 12 mil empleos, el 90
por ciento directamente por la Iniciativa Privada, solo 10% por la burocracia.
Tras daño colateral ciclistas
acompañando en la última rodada a Ernesto Núñez Manríquez, de 43 años, perdió
la vida en la colonia Indeco 2
Adicionalmente se invertirán 480 millones de
pesos en equipamiento tecnológico para seguridad. Justo días antes del Primer
Informe de Gobierno, en compañía del vocero del Grupo de Coordinación de
Seguridad Pública Estatal y secretario general de Gobierno, Álvaro de la Peña
Angulo, Mendoza Davis entregó las primeras diez patrullas totalmente equipadas
-de 50-, como parte de las acciones comprometidas dentro del programa “Vivir en
Paz”.
Son patrullas todo terreno,
modelo 2016, con seguro, tres cámaras con capacidad de transmisión en tiempo
real de audio y video y sistema de localización GPS.
“Se protege a nuestros hijos,
nuestros familiares, no hacerlo va en perjuicio de nuestros propios seres
queridos”, expresó De la Peña Angulo.
Igualmente, se instalaron 15
nuevas cámaras que se suman a las 43 que ya operaban en video vigilancia, y en
los próximos días se instalarán 135 más con el fin de inhibir el delito y
reforzar los controles; también se contempla un Centro de Control, Comando,
Comunicación y Cómputo (C4) para La Paz y un C2 en Los Cabos.
ESPERANZA DE UN MEJOR FUTURO, DICEN AUTORIDADES
“Estamos preocupados por un
tema tan importante como es de seguridad, yo creo que la llegada del
subsecretario de Seguridad Pública en este nuevo nombramiento, habrá que
esperar a que dé resultados.
Es un tema que nos tiene que
ocupar como ciudadanía, como núcleo familiar, el programa ‘Vivir en Paz’ que ha
anunciado el gobernador es muy bueno y va a dar los resultados esperados,
porque es el rescate de espacios públicos”, fue el mensaje enviado por Edson
Gallo Zavala, diputado panista y presidente de la Comisión de Seguridad del
Congreso del Estado.
La esperanza ha sido
depositada en los cambios que han surgido desde la cantera sudcaliforniana, ya
que desde el inicio de la administración de Mendoza Davis no había
nombramiento, incluso “este año han ido candidatos para ser evaluados por el
puesto, y lamentablemente por diversos motivos no han sido aprobados los
Exámenes de Control y Confianza, y nosotros no podríamos incumplir con ese
lineamiento que existe en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Estamos hablando de que
evaluados fueron cuatro aspirantes, aparte del elegido, y además estuvimos buscando
los mejores perfiles, pero sobre todo que cumplieran los requisitos de control
y confianza”, informó el vocero del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública.
Hasta el cierre de esta
edición se tienen contabilizadas 178 personas ejecutadas en lo que va de la
administración de Carlos Mendoza Davis, cifra que preocupa, pero no ven lejos
el poder parar la ola sangrienta, principalmente en La Paz, Los Cabos y
Comondú.
Siendo la capital con mayor
porcentaje de ejecuciones, abarcando el 79.5% de los eventos, le sigue Los
Cabos con 12.5% y Comondú con el 8%.
“Vengo a sumarme a este
equipo, vamos a imprimirle una nueva dinámica de trabajo a esta subsecretaría,
vamos a trabajar con orden, con disciplina, con responsabilidad, con mucha
honestidad, con compromiso, mucho orden, y además dando resultados; a eso vengo
y por supuesto, a sumarme a este gran equipo, tenemos que constituir una nueva
relación de nuestras policías con los ciudadanos, eso es posible con el trabajo
que vamos a enfocar”, fueron las palabras de Ismael Sigala Páez, nuevo
subsecretario de Seguridad Pública Estatal, ante una Policía con nula
credibilidad.
Los resultados se han ido
buscando uno por uno, sin lograr neutralizar la violencia, con importantes
detenciones como la del 10 de septiembre en La Paz, donde cayó Luis Fernando
Villalobos Graciano “El Güero Rufles”, al cual se le aseguró un fuerte arsenal
de armas; se presume era el líder de plaza de la zona sur de la capital y
trabajaba al mando de Simón Guillermo Hernández Peña “El Sepulturero” o “El
Simón”, quien a su vez, operaba desde el Centro de Reinserción Social (CERESO)
de La Paz para el Cártel de Sinaloa.
Aunque se pensaba que toda
esa violencia terminaría, septiembre culminó con 32 personas ejecutadas, siendo
el mes más violento en la historia de Baja California Sur; violencia emanada
desde las entrañas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o bien, los
denominados Cártel Tijuana Nueva Generación (CTNG).
Para el diputado Edson Gallo,
el combate frontal apenas revela la fuerza de seguridad, pues “a 14 meses de
gobierno, nos ha dejado que desear en el tema de seguridad, es un tema
complejo, que se ha ido combatiendo, hoy vemos más puntos de revisión en
diferentes puntos del Estado, hemos visto el anuncio de paquetes de patrullas, de
cámaras, yo creo que se deben ir combatiendo todos esos puntos para poder
mejorar la seguridad en Baja California Sur”, de ahí que esperan mayor
presencia en próximos meses y una verdadera inhibición de delitos de alto
impacto.
Sin embargo, los hechos violentos
se han apropiado de las calles, aun con operativos y dispositivos de seguridad,
sin que haya participación de las autoridades por combatirlo y cobrando vidas
inocentes.
DAÑO COLATERAL
La mañana del domingo 6 de
noviembre, un comando armado llegó hasta una llantera denominada Marrufo en las
calles Delta y Francisco J. Mujica de la colonia Indeco en La Paz.
Comando armado ingresó a llantera y
disparó en contra de seis personas, tres muertos, dos lesionados y un adulto
mayor con contusiones
Según un miembro del Grupo
Interinstitucional y conforme a los primeros reportes, “era un vehículo,
quienes dispararon en contra de estas personas, según testigos uno de los
presuntos responsables viajaba en una camioneta Honda CRV color azul marino, de
donde descendió una persona encapuchada y empezó a disparar con un arma larga,
al parecer cuerno de chivo, de la cual destacan traía un cargador tipo disco.
Asimismo, señalan que fueron
seis detonaciones de arma de fuego tipo pistola, seguida de una ráfaga, luego
otros disparos de pistola y por último otra ráfaga”, expresó.
Allí perdieron la vida José
Manuel Cota Castro “El Pelón”, de 27 años de edad y ocupación llantero, el cual
acorde con testigos y vecinos, se dedicaba a la venta y distribución de droga;
además de Ernesto Núñez Manríquez, 43 años, reconocido ciclista
sudcaliforniano, originario de La Paz; y Alberto Rojas Mújica, de 61, de oficio
zapatero y oriundo de Oaxaca.
Estos dos últimos, víctimas colaterales.
“Estaban en el lugar y el momento equivocado”, confirmó la fuente consultada
por ZETA.
El deportista salió de su
casa aproximadamente a las nueve de la mañana hacia el taller de llantas
Marrufo para realizar una reparación.
“Es una tragedia para toda la familia ciclista
y no solamente de la ciudad, sino del Estado, región, el país, porque Ernesto
era un emblema digamos dentro del ciclismo, muy participativo, competitivo y
sobre todo gran amigo y compañero en las largas rodadas que hemos tenido en
todos estos años”, expresó Rafael Palomares, amigo de la víctima.
Núñez Manríquez dejó esposa,
tres hijos y una lista interminable de amigos a quienes no les dijo adiós,
simplemente le fue arrebatada la vida en un día común, “eran su vida el
ciclismo y su familia, nos lo arrebataron, lo único que hubiera querido es despedirme
de él y decirle cuánto lo quiero”, comentó uno de los allegados.
Familiares, amigos y
ciclistas acompañaron los restos de Ernesto desde el Santuario de Nuestra
Señora de Guadalupe hasta el Panteón de Los San Juanes para realizar una última
y emotiva rodada, en el camino más y más ciclistas acompañaron su cuerpo, por
el Malecón de La Paz transitó una columna de más de 300 ciclistas.
“El ciclismo está de luto,
estamos muy consternados por el trágico hecho que se suscitó”, comentó Cristian
Valenzuela, presidente de la Asociación de Ciclismo en Baja California Sur.
La muerte de dos ciudadanos
inocentes preocupa, por tratarse de un hecho que cada día se muestra
recurrente, pues al perpetrar ataques
armados “por lo regular los sicarios descienden y disparan en contra de sus
víctimas, es muy raro que se equivoquen, lo estamos revisando, porque no es
posible que haya ocurrido esta masacre”, expuso un experto en Seguridad
Pública.
Para el diputado local del
Partido del Trabajo, Camilo Torres Mejía, hay ejemplos en los cuales los
delitos de alto impacto, en este caso homicidios dolosos, quedan impunes por la
falta de investigación.
“Dicen que no era sicario,
iba a comprar y lo mataron por ir a comprar; es muy parecido al caso del
taller, en el taller había uno en moto que es el que se dedicaba a vender
marihuana y en varios lados, ese era el vendía, que es lo que hacen, queman el
lugar para que no vayas ahí a comprar, es la lucha comercial. Pero estos
crímenes como los vinculan luego-luego al crimen organizado, ya no investigan y
ahí quedan”, lanzó.
COLONIAS SIN PAZ
Por su ubicación y
antigüedad, Pedregal del Cortés es una de las colonias de gran presencia
criminal, precisamente los vecinos aseguraron que la inseguridad predomina en
la zona, más de 20 años en completo abandono.
El sitio luce deteriorado por
edificios abandonados, grafiti, espacios públicos sucios, parques descuidados y
edificios que parecen caer a pedazos.
Para abonarle a la imagen los
hechos de vandalismo dominan la colonia, a causa de la ausencia de elementos de
seguridad.
“La verdad sí está olvidada
la colonia, ahora sí que por los elementos de Seguridad Pública, los
gobernantes y quien está al mando.Es muy difícil estar al
pendiente todo el tiempo, los muchachitos hacen de la suyas a cualquier hora,
saben a qué hora sube la patrulla, a qué hora está, dónde esconderse; saben el
momento de hacer de las suyas y es imposible que estén al pendiente de ellos”,
señala doña Carmen Gutiérrez, vecina del lugar.
Aunque la denuncia es
predominante en cada uno de los andadores, las denuncias son nulas ante los
medios de comunicación, debido a la impunidad con que estos delincuentes operan
en el lugar, en algunos casos, ni siquiera son menores de edad, pero estos
hechos se siguen presentando; tan insegura es la colonia que ni los propios
policías han conseguido ingresar en muchos casos.
Precisamente el gobernador
Mendoza Davis refirió el rescate de espacios públicos, “que salgan a las
calles”, pero ante la incontenible violencia, el aumento en el índice de robos
y asaltos, los ciudadanos prefieren permanecer callados.
Colonias como Francisco
Villa, Indeco, Márquez de León, Puesta del Sol, Paraíso del Sol, Miramar, Santa
Fe, entre otras, se encuentran con focos rojos en cuanto a violencia.
“El camión venía, atrás traía
la patrulla porque venían escoltándola, pero cuando se bajó hacia allá,
comenzaron las pedradas, en eso venía la patrulla de aquel lado, venían
correteando a los muchachos, le dieron una pedrada a la patrulla y nomás
alcanzaron a agarrar a uno, pero no hay seguridad, más allá los camiones no
subieron acá, nos tuvieron que bajar a otras personas porque ya no llegaron más
allá, porque apedrean y no les importa; a un camión le reventaron dos vidrios”,
expuso otra denunciante que pidió el anonimato.
El panorama se ha
generalizado por la creciente de delitos de alto impacto, y a solo unas horas de emitirse el Primer
Informe de Gobierno de Carlos Mendoza Davis, la ciudadanía está ávida de tener
la tranquilidad de años pasados, indudablemente el tema de seguridad, sus
estrategias y los recientes hechos, son el eje central y los pendientes que han
quedado para el primer año de gestión.
Zapatero Alberto Rojas Mújica de 61
años, ejecutado en triple ejecución en la colonia Indeco
“Por tanto asesinato se está
muriendo mucho inocente, como el
muchacho de la bicicleta, que maten a los narquillos, total, pero que anden
matando inocentes, ¿qué tal si nos toca aquí en el mercado?”, planteó la
ciudadana Reyna Trasviña.
Aunque el Gobierno del Estado
ha informado avances, inversiones millonarias en infraestructura educativa,
salud, deportiva, seguridad, fuentes de empleo, a la fecha sigue esa inquietud
en la atención y resolución de casos por violencia.
“Opaca todo, todo. Deberían
ponerse las pilas hacer algo que verdaderamente sirva, porque lo que están haciendo no sirve para
nada”, reiteró. Inclusive el tema de la inseguridad ha generado un temor en el
cual no se sabe en qué momento se puede perder la vida.
La muerte de estos dos
civiles inocentes en la semana, preocupa a la población, incluso el mismo
domingo “las calles estuvieron más solas de lo normal, los rondines de
vigilancia que hicimos denotaron calles vacías prácticamente, eran las diez,
once de la noche y ni un alma en la calle, esto es reflejo de lo ocurrido en la
colonia Indeco.
Imposible que la ciudadanía
no se repliegue si siguen estos sucesos”, afirmó un miembro de Seguridad
Pública.
David Arellano, joven que le
gusta salir a entretenerse con sus amigos, ahora teme que una bala perdida lo
pueda dañar, o bien a sus amigos y familia, “pasan dos, tres motos y digo, ‘ya
me tocó’. Nosotros no estamos exentos, lamentablemente sales de tu casa y no
sabes si vas a regresar; y también es lamentable que dos personas fallecieron y
no tenían nada que ver, y siempre quedan impunes estos tipos, no hay culpables
nunca”.
TURISMO EN RIESGO
“Claro que cualquier tema de
seguridad afecta a largo o corto plazo, ahorita los números no nos están
afectando, están marcando cosas diferentes pero hay que prevenir en este asunto
como vamos, y sobre todo que no afecte a la productividad interna bruta, que es
el turismo, nuestra primera actividad en el Estado”, declaró Alejandro Blanco,
diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN).
Los brotes de inseguridad
poco a poco se han esparcido, incluso hacia Cabo San Lucas, donde apenas a las
seis de la mañana del jueves 10 de noviembre, se reportó una persona ejecutada
con arma de fuego en la invasión denominada Real Unidad.
Cuando el repunte en
ejecutados al estilo del crimen organizado apenas iniciaba en Los Cabos, las
alertas emitidas por Embajada de Estados Unidos no se hicieron esperar, el
Departamento de Estado pidió no visitar destinos como La Paz y Los Cabos;
apenas el turismo ha sobrellevado la inseguridad sin que afecte al sector
turístico y otros impuestos surgen, ya que en la nueva Ley de Ingresos 2017 se
estableció un gravamen de alrededor de 15 dólares por visitante, mientras en el
Congreso del Estado se realiza la valoración de la Ley de Recaudación, ante la
presencia de turistas.
De ser así, Baja California
Sur sería el primer Estado del país en imponer una tarifa de visita, la cual
podría oscilar en los 350 pesos mexicanos, “antes de dar mi postura personal
estamos socializándolo con la asociación de hoteles, tanto en reuniones de
EMPRHOTUR aquí en La Paz, como reuniones de trabajo con asociaciones hoteles de
Los Cabos, Loreto, que ellos están organizados”, reconoció Alejandro Blanco,
legislador local.
Aunque la iniciativa se
encuentra en fase de sociabilización, el sector empresarial se mantiene
preocupado, consideran la iniciativa como un retroceso económico, pues esto ha
llevado a una inestabilidad, sobre todo para el destino de Cabo San Lucas, el
cual prácticamente depende de hasta 250 arribos anuales.
“Ya las navieras están
preocupadas, preguntando a cada rato qué es lo que está pasando, nos sacaría
del mercado, el costo del arribo de un barco tendría que ser de un millón 200
mil pesos aproximado, lo cual no va a pagar la naviera porque sería cuatro
veces más caro de lo que le cuesta llegar al destino, para ellos cambiar de
destino es muy sencillo, nomás cambian de destino y ya”, resumió Arturo Musi,
presidente de la Asociación Mexicana de Cruceros.
La intención de proponer esta
iniciativa es recaudar fondos para abonar al tema de seguridad, talón de
Aquiles de la actual administración.
Se ha anunciado una fuerte
inversión en materia de seguridad, hablando de más de 400 millones de pesos.
Hay demasiada confianza
depositada en el nuevo titular de la SSPE para que pueda detener la violencia
en La Paz principalmente, es la esperanza del Gobierno Estatal Ante la presión
ejercida por parte de las navieras, sobre todo de la Asociación de Cruceros del
Caribe y Florida, se emitió un comunicado, el cual establece:
* Las compañías de cruceros reconocen un incremento de
costo, lo que genera una carga *
Las tarifas
2016 y 2017 han sido publicadas con anticipación, por lo que las líneas no
están en condición de modificar sus tarifas
* Existen antecedentes que demuestran inoperables la
logística hacia puertos
* El cuarto y último destaca por mencionar: No estando
en posición de absorber los costos de este impuesto de uso, las líneas de
cruceros podrían considerar una redistribución a otros puertos fuera de Baja
Sur debido a la falta de competitividad.
La reacción fue prácticamente
inmediata, “se maneja el cobro de 350 pesos al turista extranjero, la palabra
turista en la Constitución marca que es una persona ajena aquí al Estado, en
este Estado es una persona ajena, debe pasar 24 horas dentro de este territorio
(…) El tema de los cruceros sabemos muy bien que los cruceristas vienen seis,
ocho horas al Estado, por lo tanto, no aplica la palabra turista en ellos”,
reculó el diputado panista.
Pero estos hechos no son lo
único que inhibe el progreso y consolidación del turismo.
Un video que se han vuelto
viral exhibe la zona turística de Cabo San Lucas, donde se ve a dos personas
peleando en plena calle, según la grabación se trata del Bulevar Marina y Calle
Mariano Matamoros, Colonia Centro; los hombres discuten, y uno más trata de
separarlos.
“En el intento por separarlos
no puede y se lleva la mano a su bolso, saca un arma y la martillea -es decir,
corta cartucho- , se trata luego, luego a su vestimenta, a malandros de los
bares”, lo cual evidencia el libre tráfico de hombres armados en la Zona Dorada
de Cabo San Lucas.
(SEMANARIO ZETA BCS / Investigaciones
Zeta/ Martes, 15 noviembre, 2016 12:00
PM)
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