Para 2012, al final de la elección de
Enrique Peña Nieto, el Gobernador César Duarte Jáquez había acumulado ya deuda
por 23 mil 284.8 millones de pesos, o un 85.5 por ciento más de la que había
recibido en 2010. Aun así, en septiembre de 2013 firmó una “reestructura” que
le permitió adquirir “refinanciamiento” por otros 19 mil 725 millones de pesos
en 11 préstamos. La diseñadora de tal reestructura fue la empresa Evercore
Partners, donde trabajó Luis Videgaray Caso, ex Secretario de Hacienda con Peña
Nieto, y propiedad de Pedro Aspe Armella, también ex titular de la dependencia
hacendaria en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
Ciudad de México, 12 de
octubre (SinEmbargo).– Desde el 5 de septiembre de 2013, el entonces Gobernador
de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, recibió autorización del Congreso
local para llevar a cabo una “reestructura” o “refinanciamiento” de la deuda
que había acumulado más la que generara hasta el final de ese ejercicio fiscal.
Era su tercer año de Gobierno
y, una semana antes, había adquirido un crédito bursátil por 11 mil 999
millones de pesos, la operación más abultada de todas las que aparecen en su
reporte de deuda pública hasta diciembre de 2015.
Esta cantidad era adicional a
los 23 mil 284 millones en pasivos con los que había cerrado 2012 y que, de
acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), eran
un 85.5 por ciento más que los que había recibido al iniciar su Gobierno.
Pero era también el primer
año del sexenio de Enrique Peña Nieto, quien un año antes había ganado la
Presidencia de la República en una elección coordinada por su luego Secretario
de Hacienda, Luis Videgaray Caso, y apoyada sobre todo por gobernadores priistas
como el chihuahuense Duarte.
No van por Duarte por “favores que
prestó a EPN”, dice Abogado que exhibió banco Progreso
La decisión tomada entonces
para la ya abultada deuda pública formada en Chihuahua fue hacer una
“reestructura” o “refinanciamiento” a través de un Fideicomiso Maestro que
recibiría miles de millones de pesos de recursos públicos que, a su vez,
servirían de garantía de pago de futuros préstamos para el mismo mandatario.
Este esquema de
“reestructura” aparece descrito en el decreto 1370 del Gobierno del Estado de
Chihuahua, publicado el 5 de septiembre de 2013 y que, pese al ya alto nivel de
endeudamiento, autorizó a Duarte desde entonces para recibir préstamos por
hasta 30 mil millones de pesos adicionales.
“Se autoriza el Ejecutivo del
estado para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda, contrate
financiamiento a través del crédito público, incluyendo la emisión de valores a
ser colocados en el mercado, hasta por un monto de 25 mil millones de pesos”,
dice el artículo Segundo del decreto 1370.
“Se autoriza al Ejecutivo
para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda, en su caso, contrate y
ejerza financiamiento a través de crédito público (…) en adición a lo establecido
en el artículo segundo, hasta por el monto de $5,000’000,000”, agrega el
artículo Sexto.
El mismo documento oficial
establece que la garantía o fuente de pago de estos nuevos préstamos sería
“hasta el cien por ciento” de los recursos que le correspondieran a Chihuahua
del Fondo General de Participaciones (FGP) del Ramo 28, y “hasta el cien por
ciento de los ingresos presentes y futuros que le corresponden al estado por
cualquier impuesto” estatal.
Con estas garantías de pago,
al día siguiente de la publicación del decreto, Duarte contrató otras dos
emisiones bursátiles que en total le dieron acceso a otros dos mil 800 millones
de pesos.
Y, el 26 de noviembre
siguiente, junto con una empresa privada, constituyó el Fideicomiso Maestro
Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/0152, destinado para recibir
las transferencias de los recursos federales y estatales con los que se
garantizarían aún más préstamos.
Así, al día siguiente, al
amparo de este nuevo Fideicomiso Maestro, Duarte contrató otros cinco préstamos
(tres con Bancomer, uno con Multiva y otro con Interacciones) por otros 12 mil
624.5 millones de pesos. Y, en 2014, otros seis por siete mil 100.5 millones.
En total, de acuerdo con el
más reciente reporte sobre la “Situación que guarda la deuda pública estatal”
de Chihuahua, 19 mil 725.1 millones adquiridos por Duarte al amparo del mismo
Fideicomiso Maestro 152 creado en la “reestructura” de su deuda.
LA MANO DE EVERCORE
Pedro Aspe Armella, ex Secretario de
Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y cabeza de Evercore
Partners, la firma que “reestructuró” en varias ocasiones la deuda pública de
Chihuahua. Foto: Cuartoscuro
Esta “reestructura” o
refinanciamiento en beneficio de Duarte, así como la administración de todo el
dinero que llegara al Fideicomiso Maestro para respaldar los nuevos préstamos,
quedaron a cargo de la división Casa de Bolsa de Evercore Partners, firma en la
que trabajó Videgaray Caso y que entonces era dirigida por Pedro Aspe Armella,
ex Secretario de Hacienda con Carlos Salinas de Gortari.
Con el Fideicomiso Maestro,
la firma privada tuvo acceso al FGP del Ramo 28, estimado en unos 10 millones
de pesos anuales y autorizados por el decreto 1370 como fuente de pago de los
préstamos de Duarte.
“Se autoriza al Ejecutivo del
Estado para que (…) afecte irrevocablemente, como fuente de pago, garantía o
ambas, de las obligaciones que se deriven de los convenios, contratos, títulos
de crédito, valores o demás documentos que se suscriban para instrumentar los
refinanciamientos, reestructuras o financiamientos adicionales que se celebren
al amparo de este decreto (…) el derecho a percibir hasta el cien por ciento de
las participaciones que por ingresos federales le correspondan al Estado del
Fondo General de Participaciones”, dice el artículo octavo del decreto 1370.
Los respectivos Presupuestos
de Egresos del estado de Chihuahua muestran, por su parte, que al Fideicomiso
Maestro administrado por Evercore se le han asignado 4 mil 562.4 millones para
los últimos tres años (mil 692.5 millones en 2014; otros mil 406.8 en 2015 y
otros mil 463.1 en 2016).
La “reestructura”, entonces,
le permitió a Duarte Jáquez aumentar su liquidez mientras Evercore –cuya
participación aparece en los decretos oficiales que gestionaron los
financiamientos– consiguió acceso a otros miles de millones de recursos
públicos usados como garantía de pago de los préstamos del primero.
“He seguido este Fideicomiso
Maestro y encuentro dos características: la caterva de gente de Pedro Aspe, que
están detrás, beneficiándose”, dice Jaime García Chávez, abogado chihuahuense
que presentó la demanda penal por la probable participación de Duarte en la
Unión de Crédito Progreso.
“Y que claro que ellos hacen
una especie de marco para la contratación de deuda, intermedian, invierten en
la bolsa y se embolsan miles de millones de pesos (…) creo que son mecanismos
de corrupción política, que no están sujetos a supervisión adecuada del Estado,
por el déficit regulatorio para hacer estas maniobras”, agrega.
El nombre de Evercore aparece
no sólo como el de la administradora del Fideicomiso Maestro, sino también como
el antiguo lugar de trabajo de la actual titular de la Unidad de Coordinación
con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno federal, la
contadora Marcela Andrade Martínez, que llegó a la administración pública en 2013.
Por parte del Gobierno de
Chihuahua, la “reestructura” dejó la contratación de los financiamientos en
Jaime Herrera Corral, ex Secretario de Hacienda de Duarte, socio de la Unión de
Crédito Progreso y también incluido en la demanda penal de García Chávez.
“Creo que el régimen de
impunidad y corrupción que tenemos en el país, en el caso de César Duarte,
obedece a favores prestados a Peña Nieto que lo imposibilitan para ejercer la
acción penal”, dijo el abogado chihuahuense en julio pasado, con relación a la
inacción de la Procuraduría General de la República ante la vinculación de
Duarte con la institución de crédito.
LA “CORRESPONSABILIDAD”
Chihuahua, cuyos pasivos
actuales por 42 mil 175.9 millones forman la cuarta deuda per cápita más alta
del país, fue también uno de los siete estados que perdió el Partido
Revolucionario Institucional en la pasada elección del 5 de junio, cuando se
renovaron 12 gubernaturas.
La probable corrupción
atribuida a mandatarios con los más altos niveles de deuda pública, como César
Duarte Jáquez, el veracruzano Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge Angulo, de
Quintana Roo, fue considerada entonces por el tricolor como factor de las
derrotas.
Contra esto ex mandatarios,
sin embargo –y salvo en el caso de Javier Duarte–, no han avanzado medidas
legales y, como García Chávez, incluso una parte del Comité Ejecutivo Nacional
priísta atribuye la impunidad que gozan los ex mandatarios a un supuesto
“acuerdo económico” con integrantes del Gobierno federal y gestado desde la
campaña de Peña Nieto.
“Un grupo de priístas,
empezando por quien era presidente nacional del partido entonces, Humberto
Moreira Valdés; siguiendo con el Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge;
Javier Duarte, de Veracruz; César Duarte, de Chihuahua, aparentemente hicieron
un compromiso económico que ahora limita al Presidente para combatir la
corrupción”, dijo desde agosto pasado a este medio una fuente del CEN del PRI.
También el nuevo Gobernador
panista de Chihuahua, Javier Corral Jurado, aludió a una “corresponsabilidad”
del Gobierno federal en el endeudamiento de Chihuahua y, en agosto pasado,
especificó que ésta se gestó a través del Fideicomiso Maestro.
“Ahí hay, por supuesto, una
corresponsabilidad de la Federación que avaló, a través de la Secretaría de
Hacienda, el Fideicomiso Maestro con el que se comprometieron metas hoy
incumplidas, en términos de déficit presupuestal”, advirtió Corral.
“Ese endeudamiento
irresponsable, que no se tradujo ni en crecimiento económico ni en inversión ni
en infraestructura, se le suma un déficit presupuestal que hemos calculado por
ahora –porque todavía no sabemos bien a bien en cuánto terminará– de casi 4 mil
500 millones de pesos”, dijo también el nuevo mandatario.
Después de la toma de
posesión, sin embargo, el nuevo Secretario de Hacienda estatal, Arturo Fuentes
Vélez, dijo a SinEmbargo haber apenas iniciado la revisión de los contratos que
dieron origen a los financiamientos y no tener opinión sobre los “conocidos”
vínculos entre Aspe, Videgaray y Evercore.
“Evercore es la que organizó
la reestructura y es la que tiene a su cargo el Fideicomiso (…) El trabajo que
haya hecho la compañía en términos de tasas lo tendremos nosotros que
analizar”, dijo Fuentes Vélez en breve entrevista.
“La relación que existe ahí
evidentemente con el ex Secretario Aspe es un hecho conocido. Nosotros no
tenemos opinión en el tema de por qué decidieron por esa empresa y no por otra.
Eso tendrían que manifestarlo las autoridades anteriores. Lo que sí puedo decir
es estamos revisando con mucho cuidado cada uno de los contratos que se
hicieron para analizar el destino de la deuda y las condiciones en las que se
contrató”, agregó el nuevo funcionario.
LÍDER EN “REESTRUCTURAS”
El Gobierno del Estado de
Chihuahua no es la única entidad pública con la que trabaja Evercore. Fundada
por Aspe como Protego en 1996, al término del sexenio de Salinas, la firma
presta actualmente servicios financieros y consultorías a diferentes
dependencias de la administración pública.
De acuerdo con datos del
Portal de Obligaciones de Transparencia del Gobierno federal, en la década
transcurrida entre 2002 y 2012, celebró contratos por 43.3 millones de pesos
con las dos anteriores administraciones federales panistas.
Pero en lo que va del
sexenio, muestran los mismos datos, Evercore ha ganado 98.7 millones de pesos;
es decir, más del doble en la tercera parte del tiempo.
Como en otros contratos
obtenidos por Evercore, en los obtenidos del Gobierno federal destacan no los
honorarios sino el carácter estratégico de los proyectos, como “la planeación,
coordinación y control del programa de zonas económicas especiales” que le
asignó en mayo pasado el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
(Banobras).
También en este sexenio, Evercore
incorporó la empresa mexicana Diavaz a su portafolio de inversiones y, el 15 de
diciembre pasado, ésta última obtuvo la licencia para explotar dos campos
petroleros y, así, estrenarse en la extracción de hidrocarburos permitida por
la Reforma Energética.
Pero es en el negocio de las
reestructuras o “refinanciamientos” de los Gobiernos locales, de acuerdo con su
página digital, donde Evercore considera que ha sido “líder absoluto”,
rediseñando marcos legales y promoviendo créditos con 26 administraciones.
“El equipo de Finanzas
Públicas e Infraestructura (EFPI) asesora a los Gobiernos locales a reformar su
marco legal, a efecto de detonar la inversión en infraestructura en la entidad
a través de esquemas de financiamiento con participación privada”, describe la
página.
“El EFPI asesora a los
Gobiernos locales en la obtención de financiamiento tanto bancario como
bursátil (deuda de largo plazo, bursatilización de activos, etc.), así como en
el refinanciamiento o reestructura de su deuda”, agrega.
DEUDA O “INVERSIONES PRODUCTIVAS”
Luis Videgaray Caso, ex Secretario de
Hacienda en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, trabajó en Protego, empresa de
Pedro Aspe, antes de trabajar como funcionario público en el Edomex. Foto:
Cuartoscuro
Antes de empezar a trabajar
con Peña Nieto en 2005, como Secretario de Finanzas, Planeación y Administración
del Gobierno del Estado de México, Videgaray trabajó en Protego precisamente
como director de Finanzas Públicas Estatales y Municipales.
Todos estos procedimientos de
“reestructura” de deudas, comenta a SinEmbargo Diego Díaz, analista del
Instituto Mexicano para la Competitividad, son normales y se encuentran dentro
de los marcos legales.
Pero, de acuerdo con el
Diputado federal poblano Rodrigo Abdala, se trata de un esquema de negocios en
los que se utilizan recursos públicos para especular en el mercado de valores
aprovechando, además, las “conexiones” del poder político.
“Evercore es una banca de
tercer nivel y también es casa de bolsa, lo que le permite usar el dinero que
tiene en sus arcas para invertir en el mercado especulativo”, dice el
integrante de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
“Uno de sus accionistas es
Pedro Aspe, ex secretario de Hacienda y ex jefe del que fue Secretario de
Hacienda poco más de cuatro años con Peña Nieto. Imagine las conexiones que
tienen en el mercado bursátil y la información privilegiada para que obtengan
ganancias”, agrega.
El 11 de febrero pasado,
Abdala introdujo en la Cámara Baja un punto de acuerdo solicitando un
diagnóstico sobre la deuda que guarda el Estado de Puebla, donde también
trabaja Evercore.
El punto de acuerdo fue
presentado luego de que el periódico Reforma publicara, el 2 de febrero, que el
Gobierno de Puebla comprometió 50 años de ingresos por el Impuesto Sobre la
Nómina que se irían a un fideicomiso administrado por la casa de bolsa.
En su argumentación, el
legislador explica que el manejo financiero incluye un mecanismo que permite
convertir la deuda pública en “proyectos de prestación de servicios”, evitando
así el registro oficial de los pasivos.
Tal conversión, agrega
Abdala, fue posible gracias a una modificación hecha desde 2012 a la Ley de
Deuda Pública de esa entidad.
“Así, aprovechando esas
reformas, en 2012 se constituyó un fideicomiso y se contrató para su
administración a la empresa privada Evercore-Protego”, explica el documento.
En Chihuahua se registra un
procedimiento similar, ya que otra característica de la “reestructura” prevista
en 2013 es ya no considerar “deuda” a la contratación de futuros
“financiamientos adicionales”, sino “inversiones públicas productivas”, como
establece el decreto 1370.
“Los financiamientos que se
lleven a cabo al amparo de este decreto constituyen inversiones público-productivas,
toda vez que tienen por propósito, directo o indirecto, el saneamiento
financiero, el mejoramiento del perfil de la deuda del estado y el incremento
de la capacidad financiera del estado”, dice el decreto.
“El destino de los recursos
de los financiamientos que sean objeto de refinanciamiento deberá haber sido,
en su origen, inversiones público privadas (…) Los recursos provenientes de los
financiamientos que se contraten al amparo de este artículo deberán destinarse
a refinanciar, en todo o en parte, las cantidades debidas y pendientes de
pago”, insiste el documento.
El 6 de julio pasado, la
legislatura local aprobó una última operación de crédito a Duarte, por seis mil
millones de pesos que, en este caso, tuvieron como garantía de pago el
fideicomiso 80672, conocido como Fideicomiso Carretero.
Y fue esta transformación del
decreto 1370, se observa la más reciente aprobación, lo que permitió al
Ejecutivo afirmar que ese financiamiento no constituirá “deuda” financiera.
“En caso de que la
Reestructura de los Financiamientos se implemente por cualquier tipo de
financiamiento, distinto a la emisión de valores a ser colocados en el mercado
de valores, siempre y cuando dicho financiamiento cuente con la fuente de pago
a que se hace referencia en el presente decreto, este no constituirá deuda
total financiera, según dicho concepto fue acordado con los acreedores del
Estado en términos de la operación de reestructura y refinanciamiento de la
deuda pública del Estado implementada con fundamento en el decreto número
1370/2013”, dice del decreto de autorización para el más reciente crédito.
Los datos de Hacienda sobre
la evolución de la deuda de Chihuahua muestran que Duarte recibió el estado con
12 mil 547 millones en pasivos, y que para 2012 eran 23 mil 284.
También, que fue en 2013, el
año en el que se firmó el Fideicomiso Maestro, cuando se registró el mayor
aumento en la deuda, por 18 mil 483 millones, para cerrar en diciembre de ese
año en 41 mil 678.2 millones de pesos.
Sin embargo, y pese a que en
2014 obtuvo préstamos por más de siete mil cien millones, Hacienda indica que
la deuda de Chihuahua sigue ligeramente por encima de los 42 mil millones, sin
mayor aumento.
En los presupuestos de
Egresos del Estado de Chihuahua, asimismo, el renglón de deuda pública asigna
anualmente alrededor de 300 millones.
El egreso destinado al
Fideicomiso Maestro de Evercore, sin embargo, aparece en otro rubro, denominado
“Orden Institucional”, y es a donde se han ido los más de cuatro mil 500
millones de pesos.
Este medio solicitó
información a la firma sobre la reestructura de la deuda de Chihuahua y el
resto de su trabajo con administraciones públicas. Pero, a través de su
directora jurídica, Sylvia Martínez, Evercore respondió que no daban
entrevistas por “políticas internas”.
“SEÑAL DE RIESGO”
Chihuahua está en quiebra por la deuda:
Corral; promete ir por César Duarte “y sus cómplices”
Tener acceso a recursos
públicos, administrarlos y especular con ellos en el mercado de valores es un
negocio sobre todo si, como en Evercore, hay vínculos con altos niveles del
poder político, dice el diputado Rodrigo Abdala.
“Para su posicionamiento como
inversionista, aprovecha la red de relaciones con altos ex funcionarios
salinistas y prominentes funcionarios actual administración del Gobierno de
Peña Nieto, como el actual Secretario de Hacienda Luis Videgaray, quien a
principios de siglo fue director del área de Finanzas Públicas de
Protego-Evercore”, estableció el Diputado en su punto de acuerdo de febrero
pasado.
Un ejemplo de la
“reestructura” de Evercore aparece en un boletín en el que la empresa privada
HR Ratings califica uno de los créditos de Duarte, por mil 716 millones de
pesos, contraídos con Bancomer.
En un cuadro sobre el desempeño
financiero de este crédito, HR Ratings muestra que, en 2014, al Estado le tocó
recibir 10 mil millones del Fondo General de Participaciones, de los cuales,
405.3 se fueron al Fideicomiso y sólo 112, o menos de un 30 por ciento de esta
última cantidad, se destinaron al “servicio total de la deuda”.
“Con base en los criterios
establecidos en la estructura (…) el fideicomiso sería capaz de garantizar las
obligaciones financieras del estado en el mediano plazo. En promedio, la fuente
de pago asignada anualmente al crédito sería 3.0x (tres veces) mayor al
servicio anual de la deuda”, dice el boletín.
Pero comprometer así los
ingresos federales, advierte la SCHP, es una señal de riesgo para las finanzas
de cualquier administración pública.
“Las cinco entidades
federativas con mayor deuda como proporción de las Participaciones Federales
son Quintana Roo (269.5 por ciento), Coahuila (261.5 por ciento), Chihuahua
(228 ciento), Nuevo León (220.6 ciento) y Veracruz (133.31 ciento)”, dice el
Diagnóstico de la Deuda Pública de las Entidades Federativas publicado en abril
pasado por el Centro de las Finanzas Públicas del Gobierno federal.
“Los porcentajes de los
primeros cuatros estados anteriores son relativamente altos; estos estados y
municipios tendrían que erogar al menos durante dos ejercicios fiscales el
total de sus Participaciones Federales para hacer frente a las obligaciones
financieras”, agrega.
(SIN EMBARGO.MX/ SANDRA RODRÍGUEZ NIETO
/OCTUBRE 12, 2016 - 12:05 AM)