lunes, 10 de octubre de 2016

TRANSPORTISTAS OBLIGADOS POR SAT A CERTIFICARSE


Fotos: Ramón T. Blanco Villalón

Lo único que las empresas van a tener como beneficio del lado mexicano al cumplir con el trámite será el uso de un carril “rápido” en la Garita de Otay, donde “las filas siguen igual. Es la misma espera, de 3 a 5 horas. En los días festivos la cosa se pone peor”, explica un usuario

De muy poco o de nada le sirve a las empresas transportistas contar con un carril de cruce rápido a la hora de exportar mercancías a Estados Unidos, cuando la mayoría de las veces resulta contraproducente utilizarlo debido a largas filas que les ocasionan retrasos de hasta cinco horas.

Para hacer uso del carril rápido las Reglas Generales de Comercio Exterior 2016  contemplaban desde 2013 que las empresas de transporte (así como la industria maquiladora y agentes aduanales) se certifiquen con el título de Operador Económico Autorizado (OEA).

En mayo de 2016 se hizo una modificación en el apartado 7.1.5 de dicha reglamentación, por lo que ahora será el 10 de marzo de 2017 cuando las empresas que exportan productos a la unión americana, tengan una certificación emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para circular por el carril de tránsito ágil, algo que no era solicitado por la autoridad hacendaria en México.

Octavio de la Torre 

Lo anterior implicará mayor seguridad en la cadena de suministro, así como presentar evidencias y procesos ante el SAT.

Y si bien es cierto el registro no tiene un costo ante la autoridad hacendaria, sí hay un precio extra de entre el 5 y 10 % para las empresas que deben  adquirir equipos de vigilancia electrónica y de rastreo de unidades, cámaras de seguridad, capacitación de personal.

De acuerdo al empresario Mario Escamilla Novelo la inversión de las empresas transportistas en el tema de seguridad dependerá de los procesos de manufactura que llevan a cabo con las compañías que los contraten.

“Van desde los mil 500 a los cinco o 10 mil dólares mensuales, porque hay que escoltar vehículos, traerlos con GPS, además de contar con personal altamente capacitado, pero en Tijuana serían contadísimas las empresas que tienen que llegar a ese nivel. Llega un momento, que es tanto lo que te piden que no te conviene la inversión”, acotó.

En la aduana de Tijuana se llevan a cabo entre 3 mil y 4 mil cruces de camiones diarios.

Según la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR) Baja California contabiliza aproximadamente 3 mil empresas transportistas pequeñas, medianas y grandes, sin embargo y de acuerdo a información del Servicio de Administración Tributaria (SAT) solo 6 tienen la certificación en cuestión.  

No hay agilidad con carril especial Todos los días el cruce en la Garita comercial de Otay se vuelve un caos entre 5:30 y las 7:00 horas.

Lo mismo da que se trate de pasar por el carril rápido que por la línea normal. Fausto Gutiérrez tiene trabajando ocho años en la Transportes Ríos y dice que de poco sirve tener una línea especial, pues sigue siendo tardado.

“Las filas siguen igual. Es la misma espera, de 3 a 5 horas. En los días festivos la cosa se pone peor. Traigo fast y cruzo en dos o tres horas. El problema para cruzar siempre es del lado mexicano. Espero y ahora que tengan ese plan de certificación sea más rápido de verdad porque hasta ahorita no hay tal”.

José Luis, quien trabaja en otra empresa de transportes dijo tener el beneficio del cruce rápido pero a veces usarlo es contraproducente ya que la espera es más tardada que en el carril normal.

 “Si no llegan las mercancías en tiempo y forma al lado americano, perdemos todos; el dueño, el transporte.

Ellos ya saben cuándo la fila está larga. A veces se hacen a la idea, pero sí hay cierta molestia. Precisó que de Estados Unidos a México igual hay un carril para cruzar expedito pero muchas de las veces no brinda servicio por falta de personal.


Largas filas para cruzar a EU

LOS CAMBIOS

En diciembre de 2011  el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), signaron el Plan de Acción hacia el Reconocimiento Mutuo entre sus Programas del Operador Económico Autorizado, en otras palabras, el Nuevo Esquema de Empresa Certificadas (NEEC) del SAT y el Programa de Aduanas-Sector Privado contra el Terrorismo (C-TPAT por sus siglas en inglés) de CBP.

El NEEC opera desde enero de 2012, es evolución del esquema de empresas certificadas que está desde 2002, donde se incorporó la planeación de la seguridad en la cadena de suministros de las empresas; como son seguridad física, en proceso, de personal así como seguridad en los contenedores, vehículos de carga, remolques y semirremolques; todo lo anterior basado en estándares internacionales propuestos por la Organización Mundial de Aduanas y el propio C-TPAT. 

 LOS BENEFICIOS

Considerado como un programa de participación voluntaria (programa C-TPAT, y el NEEC) busca incrementar la seguridad en el tema de comercio exterior. A las empresas autorizadas se les otorga el acceso a los carriles exclusivos Exprés y FAST para un despacho expedito de cargamentos.

De acuerdo al director general de TLC Asociados, Octavio de la Torre Sttéfano los andenes Fast y Express son resultado del trabajo conjunto entre México y Estados Unidos, donde se permiten a las empresas importadoras y exportadoras certificadas un cruce fronterizo más rápido y con menor número de inspecciones.


El especialista dijo que el carril FAST solo puede ser utilizado cumpliendo con tres condiciones: Tener autorizado un Transportista Certificado, ser Empresa Manufacturera Certificada, y que el operador de transporte cuente con credencial FAST.

Sin embargo hasta el momento son pocas las empresas certificadas. Ante tal situación abundó:

“Lo que va a pasar es que dentro de 10 meses, después de la fecha límite establecida muchas de las empresas que no se hayan certificado van a decir a sus áreas de servicio le digan al cliente que ahorita llegamos que vamos a tardar otro poco, por lo que deben iniciar el trámite de ya”.

Aunque es un trámite sencillo y sin costo que se lleva a cabo ante el SAT, recomendó estar acompañado durante el proceso de certificación de un asesor que tenga conocimientos de comercio exterior, pues hay cosas que se deben manejar en lenguaje que requiere la autoridad, algo que además requiere mucho más de 15 días, por lo que es recomendable iniciar el proceso a la brevedad.

TRÁMITE TARDADO

En la nueva certificación la autoridad hacendaria contemplan medidas de seguridad más rigurosas en instalaciones de empresas transportistas así como en la contratación del personal y la capacitación del mismo.

Antonio Lizárraga, quien es socio de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR), dijo que el OEA viene regulado por la Administración Central de Certificación y Asuntos Internacionales de Auditoría en Comercio Exterior y es el complemento de las normas de seguridad en los países con quien Estados Unidos tiene comercio.

“Tuvimos una reunión con el SAT hace 15 días y nos explicaron las reglas, formatos y dónde presentarlos. Vamos a tener que cumplir con la certificación de seguridad. El SAT ha dicho que el trámite se lleva entre 3 y 6 meses, es por eso que se tiene que empezar el trámite ya.

Foto: Archivo/Mario Escamilla

“Quienes somos empresas autorizadas en Estados Unidos ya tenemos un costo extra (entre el 5 y 10%) pues debemos considerar operar con seguridad los 365 días del año, además de tener una bitácora, tecnología para localizar los tracto-camiones, un registro de unidades en yardas. Controles de entrada y salida, horarios de movimientos”, concluyó.

Por su parte el representante de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM) en Tijuana, Enrique González Preciado calificó la certificación como una regulación o una réplica de las normas de seguridad de Estados Unidos que quieren aplicar en México.

“Pero todavía no estamos preparados para esas cosas, pero sí debemos entender que tarde o temprano debemos sujetarnos a las normas que también están pidiendo las autoridades mexicanas”.

CONATRAM cuenta con 85 agremiados en Tijuana con un contingente de 140 camiones, aunque no todos ellos cruzan del lado americano, la mayoría de los socios tienen uno y dos camiones que brindan servicios internacionales.

“Lo que se registra de cruces en el tema de importación y exportación es de 3 mil 500 a 4 mil cruces diarios, lo más bajo son 2 mil 800 unidades, entre transportistas asociados, cámaras e independientes.

—En 2013 se pidió la certificación CT-PAT para cruzar mercancías del otro lado de la frontera, ¿cuántos de los socios cumplen dicho requisito?

“La mayoría forman parte del programa y ahora tendremos que empezar a trabajar en el nuevo programa”.

— ¿Van a dejar que se les venga el tiempo encima hasta marzo de 2017 para realizar el trámite?

“Estamos en tiempo y forma de tratar de cumplir. Si van a salir afectados los transportistas le van a dar celeridad para tener la certificación, de eso estoy seguro”, finalizó.

Pocos certificados De un listado de 71 empresas Autotransportistas Terrestres certificadas como Operador Económico Autorizado (OEA) a nivel nacional solo 6 son de Baja California, el registro está actualizado hasta el 3 de octubre de 2016, según información del Servicio de Administración Tributaria  (SAT).

Empresa                                                                          Ciudad
Atlas División Transporte, S.A. de C.V.                         Tijuana
Pérez Lozano, Marco Antonio                                       Tijuana
Comandos Shuttle, S. de R.L. de C.V.                           Mexicali
Transportes de Carga Santoyo, S.A. de C.V.                Mexicali
Transporte Internacional Mexus, S.A. de C.V.            Mexicali  
Ramírez Serrano Alfredo                                             Mexicali


(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ /FRANCISCO NAVARRO FAUSTO /LUNES, 10 OCTUBRE, 2016 12:00 PM)

INCERTIDUMBRE ENTRE AHORRADORES DE CAMAC


Foto: Cristian Torres

Considerada una de las cajas magisteriales más fuertes y poderosas, la caja de ahorro CAMAC Mexicali, inició hace meses con turbulencias financieras, hoy son más de 600 socios que intentan retirar su dinero pero no hay recursos suficientes; otros han demandado penalmente para recuperar el ahorro de toda su vida, mientras los administradores aseguran que esa histeria por cobrar los ahorros descapitaliza a la ahorradora 

María de los Ángeles, maestra jubilada y asociada en la Caja Magisterial de Mexicali, AC (CAMAC) desde mediados de 2015, empezó a tener problemas para que le entregasen sus dividendos.

Cosa rara, nunca le había pasado en sus más de diez años de participación en las tres cuentas que había abierto.

“Siempre que quise retirar, incluso parte del capital, me lo entregaban, no había problema”, relata a ZETA.

En junio de 2015 solicitó el retiro de una de sus cuentas. Le dijeron que la iban a calendarizar a cinco pagos, uno por mes a partir de septiembre. Pero el primer pago llegó retrasado 15 días, el segundo más de un mes y ya no hubo más. 


En el caso asoma, los tres imputados, van por más.

“Me dijeron que no había dinero, que me tenía que esperar, que me iban a volver a calendarizar”, expone la maestra jubilada que un año antes refrendó su confianza en la caja, ante la insistencia que “no había nada que tener”, que “no retiráramos” y que los rumores e incertidumbre se originaban por lo que sucedía en otra caja magisterial, la de ASOMA, donde más de 300 maestros fueron esquilmados con cerca de 140 millones de pesos.

A María de los Ángeles le empezaron a fallar con los pagos. Entonces decidió interponer una demanda penal.

“Empezamos a platicar con familiares, con conocidos, coincidíamos en que las cosas se estaban saliendo de control, no sabíamos qué estaba pasando con nuestro dinero”, refiere la maestra, sobre el primero grupo que demandó penalmente.

En el Estado se calcula que de cerca de 3 mil asociados, 600 han reclamado la devolución de su inversión, sin que hasta el momento haya respuesta positiva.

Algunos inversionistas “guardaron” 200 mil, 300 mil pesos, otros entregaron sumas arriba de los 10 millones de pesos.

En algunos casos se trata de los finiquitos por jubilación, o de cantidades que han ahorrado a lo largo de su vida laboral o alguna indemnización.

“Cuando el maestro trae saturado su cheque, cuando ya no le alcanza para vivir, vienen los retrasos en los pagos, ya no tiene la liquidez que se necesita”, expone la presidenta del Consejo Directivo de CAMAC, Consuelo Dalila Carrillo Tirado, en alusión a las dificultades financieras de la asociación civil.

“Estos retrasos de pago iniciaron desde hace mucho tiempo, hemos estado trabajando con la cartera vencida. Sin embargo, la problemática a la que nos enfrentamos no es esa la principal, sino el desprestigio que se crea por situaciones externas a nuestra caja de ahorros”, agrega la representante legal del organismo que funciona desde febrero de 1996.

“El historial de las cajas de ahorro, de las financieras, empieza a colapsarse. Todo esto alerta a las personas que manejan su dinero con nosotros, en consecuencia la gente se alarma y empieza a querer retirar sus ahorros”, y justifica que es imposible entregar los ahorros a todos los asociados a la vez. 

Fotos: Sergio Haro/Instalaciones de

Las propiedades de los socios En la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) está la demanda por la posible comisión del delito de fraude y asociación delictuosa con el NUC 0202-2016-30506, firmada por diez personas asesoradas por el abogado Álvaro Valdez Salas.

Los importes sumados rebasan los 28 millones de pesos. También presentaron recursos en un Juzgado Civil, ahí solicitan el pago de su capital más intereses generados.

“Ellos manejan Consejo Directivo -como si fueran los dueños- y son los que toman las decisiones estatuarias, a quién le van a pagar y en qué van a invertir”; este tipo de cajas de ahorros son para los trabajadores, maestros agrupados en las secciones 2 y 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

 “Nunca han querido decir cuánto dinero tiene la caja, pero además el gran problema es saber en qué se ha invertido ese dinero”, comenta el abogado y cuestiona que los socios tengan tantas propiedades.

Según el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, los socios fundadores de la Caja Magisterial de Mexicali, AC son los maestros Consuelo Dalila Carrillo Tirado, Araceli Tafoya Hernández, Óscar de la Torre Martínez, Epifanio González Ruelas, Víctor Manuel Dávalos Arregui, José de Jesús Ramírez Estrada, Efraín Montreal Gastélum -regidor panista y ex líder sindical de la Sección 2 del SNTE-, Luz Argelia Paniagua -ex diputada local y actual diputada federal por el Partido Acción Nacional y Delber Medina Rodríguez, ex diputado federal por Nayarit postulado por el PAN. Valdez refiere que en 2011 -protocolizada hasta 2014- la razón social del organismo fue cambiada y, de Caja Magisterial de Mexicali, AC, pasó a CAMAC Mexicali, AC.

Y que posteriormente Consuelo Dalila, encabezó una operación de compraventa del inmueble de asociación civil que ella encabeza, para pasarlo a una empresa denominada Grupo Aldelco, S.A. de C.V., que también es de ella.

Se trató de una “transmisión de propiedad a título de aportación por pago de acciones” que incluyó el inmueble situado en un terreno de 14 mil 407 metros cuadrados al que le asignaron un valor de 72 millones de pesos.

En el terreno se ubica un salón social a todo lujo, además de condominios y alberca.

Valdez Salas indica que han investigado las propiedades de los socios, y que algunos tienen terrenos en el exclusivo fraccionamiento San Pedro Residencial, otros en Montecarlo.

Y un predio en la calle Novena, con precio de 650 mil dólares -lote 44, porción 1, Colonia Calles- a nombre de Efraín Montreal Gastélum y José Ramírez Estrada, ambos socios fundadores de CAMAC.

“La asamblea tiene derecho a conocer quiénes son esos 600 que han pedido su retiro, cuántas son las inversiones, cuándo solicitaron su retiro y un arqueo de los números de la caja para saber porque o hay solvencia”, plantea el abogado.  


PROCESO ALARGADO

“Hay una sola denuncia donde hay ocho personas que se querellan porque dicen que hay una administración fraudulenta en CAMAC, va iniciando y obviamente se va a investigar en términos de Ley”, dice el subprocurador de Zona en Mexicali, Fernando Ramírez Amador.

“Se tienen que integrar testigos, documentos, declaran imputados, se defienden y el Ministerio Publico puede dictar una determinación que puede ser un no ejercicio de acción penal o, en caso contrario, judicializarlo y turnarlo ante un juez”.

Ramírez justifica que estos asuntos -técnicos, contables- pueden demorar, “mínimo serían de ocho a diez meses”.

Del caso ASOMA se le comenta lo alargado del proceso y lo inexplicable para la gente que espera le regresen su dinero, Ramírez detalla:

“La Ley le permite al imputado el poder diferir audiencias”, luego una posible ampliación del término y los 152 denunciantes a los que se les tuvo que tomar su declaración.

“No es una carpeta donde es una persona contra otra”.

El expediente consta de 150 mil copias que incluyen más de 40 mil documentos contables.

“Este tipo de casos son muy complejos”, insiste Ramírez Amador e informa que en el caso ASOMA está cerca la etapa del cierre de investigación, seguiría una audiencia intermedia, donde se ofrecen y admiten las pruebas, fase previa para llegar al juicio oral.

Aunque el procedimiento depende de la agenda del Tribunal, calcula que faltarían otros tres meses -de casi dos años- para la fase final. “Son plazos que ya no dependen del Tribunal del Estado, sino del juez de Garantías”, resume.  

Dalila, las cuentas CAMAC cuenta con alrededor de 3 mil asociados, todos profesores, y actualmente la mesa directiva está en proceso de reestructuración.

Solo quedan dos integrantes, Luz Argelia Paniagua y Consuelo Dalila Carrillo Tirado, según lo explica esta última.

Del monto general que maneja la Caja, la profesora prefiere no mencionarlo. “Los mismos maestros me hicieron hincapié que se está divulgando demasiada información”.

Sobre el cambio de denominación de la asociación, afirma que existe una Ley -aprobada en 2013- que regula la Comisión Nacional Bancaria, donde se prohíbe que una asociación civil lleve en el nombre las palabras “Caja” y “Ahorro”, por eso el cambio a CAMAC Mexicali, AC.


Consuelo Daila Carrillo Tirado, Directiva en CAMAC

En el caso de la “transmisión de propiedad a título de aportación de pago de acciones”, aclara que fue todo el terreno y no solo la mitad, como se ha mencionado públicamente.

“Nosotros no hubiéramos movido nada si el SAT (Servicio de Administración Tributaria) no llega a revisarnos en 2011 y nos dice que una asociación civil no puede tener hasta cierto número de UDIs (Unidades de Inversión), creo que 15 mil es el tope, y nos comentan que no podemos tener esas propiedades”, comenta sobre la estrategia fiscal que incluyó la creación de otra empresa, una sociedad de bienes y raíces –Grupo Aldelco– que ella encabeza.

Además, desde 2011 el despacho Sánchez, Aguilar y Esquer les asesora en el área financiera y fiscal.

“CAMAC únicamente transfiere estas propiedades, pero mantiene las acciones en un 99 por ciento, sigue siendo propietaria de esos bienes”, argumenta la profesora Carrillo Tirado.

“Dinero de por medio no hubo, únicamente se transfirieron estos bienes”, aclara. De la crisis financiera detalla:

“Es una situación de pánico por lo que ha pasado con el historial de las cajas”, la gente empieza a tomar precauciones, sacaron dinero y descapitalizaron la caja.

Además, de la cartera vencida, Carrillo calcula cerca del 26 por ciento, que se debe a permisos sin goce de sueldo, interinatos, renuncia de plazos.

Por mencionar un dato, expone que quincenalmente y solo por el sector federal, la Secretaría de Planeación y Finanzas les entrega cerca de 5 millones de pesos; la Caja paga una tasa de 14% de interés anual.

Como estrategia para recapitalizar, buscan vender los activos y acordar con los maestros que tienen cartera vencida, aunque acepta que el proceso va lento y se le suman temas de amparos -cerca de 190 maestros que se niegan a pagar.

Según Carrillo, hay lista de espera de 643 movimientos para retirar su capital, “más los que se hayan juntado a partir de toda esta descalificación de los medios…” y, finalmente, “se busca una liquidación, aunque lenta, sea ordenada…”.


(SEMANARIO ZETA/REPORTAJEZ /SERGIO HARO CORDERO /LUNES, 10 OCTUBRE, 2016 12:00 PM)

CJNG AJUSTA CUENTAS EN JALISCO


FOTO : FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

En una pugna interna, el grupo que controla los límites de Jalisco y Michoacán asesinó a 13 personas que formaban parte de dos células y arrojó sus cuerpos al Río Lerma. “El Chulo” sigue operando impunemente junto a “El Diamante”, sobrino de “El Mencho”. Policía Municipal de La Barca, en la mira de la Fiscalía de Jalisco y de la PGR  

La facción más violenta del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) empezó a cobrar “facturas” por presuntos malos acuerdos a células de la misma organización en municipios de Jalisco cercanos al Estado de Michoacán. Hasta el momento hay 13 víctimas mortales y algunos desaparecidos.

El grupo delictivo del CJNG que domina el corredor Jal-Mich es el mismo que a finales de 2013 privó de la libertad y de la vida a dos agentes federales cuando se dirigían a Zamora para integrarse a una Base de Operaciones Mixtas (BOM), y cuya búsqueda llevó a las autoridades a descubrir decenas de fosas clandestinas en La Barca, donde había restos de 74 cadáveres.

La brutalidad del cártel, que en esta región encabeza un sujeto apodado “El Chulo” -identificado desde antes de los hechos de las narcofosas- y otro con el alias de “El Diamante”, se hizo patente nuevamente cuando, entre los días 26 y 29 de septiembre, llegaron cuerpos y restos humanos al poblado de Maltarañas, municipio de Jamay, a través del Río Lerma, procedentes de Michoacán.

Primero, un lunes, apareció un cuerpo flotando en las contaminadas aguas del caudal. Más tarde otros dos. Al día siguiente uno más y así las terroríficas escenas se replicaban al paso de las horas y los cuatro días, hasta completar 12 cadáveres.

En Michoacán, las autoridades rescataban otro cuerpo para completar 13.

Pronto se vincularon los hallazgos con la desaparición de dos grupos de personas en los municipios de La Barca y Ayotlán, ambos pertenecientes a la Región Ciénega de Jalisco.

El primero bordeado por el Río Lerma, que desemboca en el lago de Chapala. 

 “MALAS CUENTAS”

El día que apareció el último de los 13 cadáveres, dos personas se presentaron a la Fiscalía General para denunciar la desaparición de diez residentes de Ayotlán.

La noche previa hubo otra comparecencia para informar del “levantón” de otras cuatro personas, miembros de una familia de La Barca. Resultaron ser los fallecidos. Falta una persona de ser localizada, posiblemente sin vida.

El fiscal de Jalisco, Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, confirmó que ambos grupos de víctimas fueron eliminados por la gente del CJNG porque presuntamente conformaban parte de sus células delictivas, conocidas como “Los Bolillos” de La Barca, y “Los Bayos” de Ayotlán, dedicadas al narcomenudeo en sus respectivas poblaciones.


Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”

El funcionario dijo que ambas células se coordinaban con el líder del cártel en la región, con cabecera en Vista Hermosa, Michoacán, apodado “El Chulo”.

Agregó que las víctimas fueron llevadas a ese municipio, donde fueron asesinadas y arrojadas al Río Lerma.

Sobre las investigaciones, Almaguer señaló que había dos detenidos y fue presentado a declarar un segundo comandante de la Policía Municipal de La Barca; en tanto, el titular de la corporación huyó, por lo que ya se giró una orden de localización en su contra para que comparezca.

El fiscal afirmó que se indaga la posible complicidad de policías de La Barca en la operación del grupo criminal en sus diversas actividades en el municipio jalisciense, donde lo ocurrido hace casi tres años no se erradicó, ni con el cambio de autoridades.

“Tenemos amplia información que nos permite revelar que estos sujetos eran conocidos por los ciudadanos temerosos de la violencia y acciones de estos grupos”, remató Almaguer Ramírez.

En cateos realizados por la Policía Investigadora se han asegurado pequeñas cantidades de droga, pero no se ha dado con el paradero de los responsables de los crímenes.

Autoridades de la anterior y de la actual administración municipal estarían implicados con el CJNG.  

“CHULO” IMPUNE

De nada sirvió que a finales de 2013 fuesen encarcelados el comandante Enrique González Hernández y otros 22 policías de Vista Hermosa, Michoacán, quienes prestaban sus servicios de protección e información al cártel a cambio de mil pesos semanales a cada elemento.

Encabezados en ese entonces por Omar Espejo Flores “El Toro” -detenido en diciembre de 2014- y “El Chulo”, los policías michoacanos fueron los autores de la desaparición de los agentes de la Policía Federal Ministerial, René Rojas Márquez y Gabriel Quijada Santiago, el 3 de noviembre de 2013, a petición de ladrones de combustible llamados “guachicoleros”.

La búsqueda de los federales llevó al descubrimiento de más de treinta fosas clandestinas en el municipio de La Barca, Jalisco, colindante en las márgenes del Río Lerma, con Briseñas, Michoacán. Estaban sepultados al menos 74 cuerpos humano en estado de putrefacción.

Los oficiales michoacanos reconocieron tener año y medio al servicio del grupo criminal, que les pagaba su dinero en el estacionamiento de las Farmacias Guadalajara de La Barca, a través del comandante Enrique González.

Así detuvieron y entregaron también a tres jóvenes de  Los Caballeros Templarios que se dirigían a Colima a robar autos y a un presunto Zeta que escapó de una prisión de Tamaulipas, en 2013.

Con el tiempo no se transparentó la identificación de los restos humanos en La Barca ni se frenaron las ilícitas actividades de “El Chulo”, quien quedó al frente como líder único del clan en la región Ciénega, donde sigue operando, al pasar de una entidad a otra, con el contubernio de cuerpos policiales y funcionarios de diversos municipios.

También se menciona como autor intelectual de la masacre del Río Lerma a un sujeto apodado “El Diamante”, quien podría ser Manuel Cervantes González, sobrino de “El Mencho”, quien ya estuvo detenido a principios de la década y fue exonerado por un tribunal federal en el Estado de Jalisco.


(SEMANARIO ZETA/ Edición Impresa /Luis Carlos Sainz /Lunes, 10 octubre, 2016 12:00 PM)

EJECUCIONES: “EL GRIEGO” Y “EL GROSS”


Fotos: Cortesía Edición

Sin órdenes de aprehensión en su contra, Víctor Hugo Meza López “El Griego” del Cártel de Sinaloa, y Arturo Giovanni Gómez Herrera “El Gross” de Nueva Generación como cabecillas de gatilleros, enfrentan una pugna de sangre en Tijuana que ya se extiende a Tecate y Rosarito. Autoridades insisten en la necesidad de neutralizarlos, pero ni los ubican en el Estado, ni los capturan en otras entidades   

Públicamente las autoridades insisten en restar importancia a la actividad criminal en Baja California, repiten que no son cárteles sino células menores, y aunque tienen más de 89 nombres y caras en su lista de “más buscados”, en el discurso minimizan la capacidad y poder de los operadores delictivos de la zona.

Pero son precisamente estos grupos los que han generado el mayor baño de sangre en las calles, con 89 asesinatos en septiembre, el mes que recién concluyó se convirtió en uno de los más violentos desde 2006, cuando el Gobierno del Estado empezó a publicar estadísticas oficiales, solo superado por 123 asesinatos en noviembre de 2008, 98 ejecuciones en diciembre de 2009 y 99 homicidios violentos en enero de 2010.

De hecho, con base a números de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en ninguno de los últimos diez años se había llegado a la cifra de 645 homicidios que llevan sumados del 1 de enero al 6 de octubre, en solo nueve meses.
Los primeros seis días de octubre ya acumularon 11 asesinatos y, conforme a las estadísticas, los años con más homicidios han sido  2010, con 688 muertos y 2015, con 674 en 12 meses.




Arturo Gómez Herrera, “El Gross”

Sin embargo, son esos delincuentes que las autoridades tachan “de poca importancia”, los que inundan las calles de  Tijuana con droga y muertos, los que están ampliando su pugna de terror a Tecate, Ensenada y Rosarito, los que trasiegan toneladas de enervantes a Estados Unidos, a los que no han podido detener y, en la mayoría de los casos, pese a sus múltiples menciones en hechos delictivos, ni siquiera han podido conseguir una orden de aprehensión en su contra.

En ZETA se han recibido llamadas y visitas de algunos de estos hombres señalados como principales objetivos por las autoridades, o los más buscados, en la mayoría de los casos asesorados por abogados que acuden argumentando que legalmente en expedientes, el Grupo Coordinación no tiene nada en contra de ellos.

Algunos, los menos, admiten actividades ilegales, incluso han mencionado que tienen cargos en Estados Unidos, pero en México nada; otros mencionan haber andado en malos pasos en el pasado, pero haber retomado el buen camino; y los más denuncian haber sido capturados injustamente y después liberados sin cargos.

Apenas el mes pasado, el titular de la SSPE, Daniel de la Rosa, admitió que solo el 10 por ciento de los más de 80 delincuentes que se convirtieron en objetivos dentro de la nueva estrategia ordenada el 1 de septiembre por el Gobierno Federal para combatir el delito de homicidio en los 50 municipios más violentos de México, tiene orden de aprehensión.

Mientras las autoridades dicen que les dan seguimiento y esperan que cometan algún error para detenerlos en flagrancia, estos presuntos delincuentes “menores” -contra los que han podido hacer muy poco- siguen escalando.  

DOS CABECILLAS ENFRENTADOS

Consultadas, las autoridades bajacalifornianas consideran que una buena parte de la violencia que aqueja a la entidad  se resolvería si fueran neutralizados Víctor Hugo Meza López “El Griego”, operador de los hermanos Arzate del Cártel de Sinaloa, y Arturo Giovanni Gómez Herrera “El Gross”, presentado como cabeza de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mafia que las corporaciones locales bautizaron solo Cártel Nueva Generación (CNG) porque son gente que delinquió con el Cártel Arellano Félix (CAF), después se pasó a Sinaloa y ahora se aliaron con traficantes de Jalisco.

Sin embargo, es algo que tampoco han podido hacer. De hecho estas dos células empezaron dos dinámicas de ataques diferentes las últimas dos semanas.

Primero, mataron a gente más cercana a los cabecillas y después buscaron que esa información llegara a las autoridades y a la opinión pública. A la fecha los muertos habían sido vendedores de droga del nivel más bajo, pero ahora se pegaron más cerca.

Conforme a las indagatorias, de  inicio los de Sinaloa mandaron asesinar a uno de los compadres “El Gross” la tarde del 27 de septiembre en la colonia Campos de Tijuana y, en revancha, matones del CJNG ordenaron acribillar a un compadre del “Griego” la noche del 29 de septiembre.

Las filias o relaciones amistosas de estos sujetos asesinados con los hombres identificados como criminales por el Consejo Estatal de Seguridad de Baja California hubieran permanecido en el anonimato, pero los grupos delictivos buscaron la manera de informar a las corporaciones a través de “la calle”.



CONTRA JALISCO

Según las primeras pesquisas, el hombre que administraba un local rústico llamado CarWash & Clamatos en la colonia Campos,  Adrián Carrillo, era amigo y compadre de “El Gross” y era común que se reunieran en ese lugar, particularmente los fines de semana.

“Nunca vimos que vendieran droga pero era gente mala, muy rara en buenos carros”, expresaron testigos en la zona.

A Carrillo lo mataron la tarde del 27 de septiembre, en el lugar también fue asesinado  un comensal y tres clientes más quedaron heridos. Dos de las armas usadas en el ataque ya habían quedado registradas en otros expedientes criminales.

El 13 de septiembre, donde fue lesionado el policía Édgar Iván Cervantes Frank, escolta del comandante  Hugo Munguía, quien después fue amenazado a través de una manta. La misma noche en el asesinato de un hombre en el interior del número 219 de la calle Angostura, en San Antonio de los Buenos.Un joven de 28 años asesinado a un costado del estadio de béisbol en la delegación Cerro Colorado.

El 1 de septiembre en Calle Mar Rojo de la colonia Camino Verde, donde un hombre fue asesinado a balazos en la cabeza.

El 29 de agosto asesinaron a Martín Tapia Monjarrez y Guillermo García Alcalá, cuyos cuerpos quedaron sobre la calle Josefa Ortiz de Domínguez.

Y el 16 de septiembre, el joven Pedro “N” fue baleado por la espalda en la colonia Chihuahua de la delegación San Antonio de los Buenos.

Luego el sábado 1 de octubre, un nuevo esfuerzo  informativo: esta vez buscaron hacer público el ataque y captura de Marcos Eduardo Medina Rodríguez “El Looney”, del que afirmaron, era mano derecha del “Gross”.

Efectivamente Medina había sido baleado y detenido, pero una semana atrás, el sábado 24 de septiembre, el martes 27 que salió del hospital le concretaron su novena detención de fechas recientes, le hicieron efectivas tres órdenes de aprehensión por narcomenudeo. “pero seguramente ya está libre, con el Nuevo Sistema paga 5 mil (pesos) de fianza por cada cargo y regresa a la calle”, manifestó un agente.

En cuanto a su expediente delictivo, informaron que efectivamente está con los de Jalisco, pero no opera con “El Gross”. Su jefe es “El Jhoni”.  

SE VENGARON DE LOS DE  SINALOA

Apenas pasaban las diez de la noche del jueves 29 de septiembre cuando en la calle Chichimeca, esquina con Toltecas del fraccionamiento Infonavit Otay, mataron de un tiro en la cabeza a Iván P. Santos.

Pese a que la información extraoficial lo involucra como presunto trasegador del grupo de Sinaloa, a la fecha las autoridades informaron que sí lo consideran persona cercana a Meza López, pero no han encontrado “aún” elementos de sus presuntas actividades ilícitas.  

POLICÍAS VINCULADOS POR HOMICIDIO

La policía activa Alma Susana Santillán Pérez y su pareja, el guardia auxiliar Óscar Miguel Valdez Chávez, permanecerán presos porque fueron vinculados a proceso por el homicidio de Jorge Loreto Acosta Osuna “El Yordy”, asesinado a balazos la noche del 28 de septiembre de 2016, a unos pasos de su domicilio en la colonia Divina Providencia.

Pero durante todo el proceso, se presumirá la inocencia de los agentes.



Víctor Hugo Mejía López, “El Griego”, “El Cheko”

De acuerdo con lo expuesto en la audiencia de vinculación, los atacantes del “Yordy” lo seguían en un vehículo PT Cruiser color guinda de cuatro puertas y, según testigos, eran tres: el que desciende iba en el asiento posterior del conductor y realiza siete disparos.

Posteriormente sube de nuevo a la unidad conducida por una mujer y se da a la fuga. Herido, “El Yordy” alcanza a decirle a una vecina que lo atacó “el de la esquina”.

A las 10:36 pm, el C4 da la alerta y 15 minutos más tarde, a las 10:51 pm, fueron detenidos los policías cuando circulaban sobre la Avenida Internacional hacia la Vía Rápida, a bordo de un vehículo PT Cruiser color morado, con placas americanas, “parecido” a la unidad en la que testigos  anotan, huyeron los agresores.

Bajo custodia, el Ministerio Público determinó que los dos detenidos salieron negativos  en la prueba de rodizonato y el arma de cargo que portaba la mujer policía no se había usado en el crimen.

La fiscalía incluyó en la audiencia de vinculación a proceso el reconocimiento fotográfico que una testigo, menor de edad, hizo de los detenidos, prueba que la defensa pidió se desestimara por no habérsele informado y porque la misma testigo dio una versión diferente al ser entrevistada el día de los hechos.

Sin embargo, el juez consideró que fueron suficientes las pruebas presentadas por la fiscalía.  

CONTINÚA OLA HOMICIDA

Hasta el cierre de esta edición de ZETA, el último hecho violento de la primera semana de octubre se suscitó ayer jueves 6, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta ultimaron a un hombre que circulaba en su vehículo compacto color gris de reciente modelo, sobre la Avenida Lázaro Cárdenas, a la altura de la colonia Los Álamos.

Minutos más tarde uno de los presuntos homicidas fue capturado. Se le aseguró la motocicleta y un arma.

El miércoles 5, un hombre a quien apodaban “El Chapo” fue asesinado a balazos en el fraccionamiento Santa Fe Segunda Sección.

En la misma fecha,  pero de madrugada, César Omar Cabrera Arias fue acribillado a tiros sobre la calle Teniente Guerrero del fraccionamiento El Soler.

El martes 4, en una cuartería  localizada en Avenida Internacional entre Miguel F. Martínez y Mutualismo en Zona Norte, localizaron un cadáver maniatado.

Después se informó que sobre la calle Invasión Batalla Nacional y Vías Monterrey, Colonia El Laurel, se encontraba un cuerpo masculino sin vida envuelto en una sábana blanca, atado con cinta adhesiva.

El domingo 2, un hombre identificado como Rubén Barraza Ontiveros fue asesinado de un disparo en la frente sobre el Bulevar Rosas Magallón, a la altura de la entrada a la colonia Pedregal de Santa Julia.

Horas antes, un hombre falleció después de ser atacado a balazos en cara y tórax,  mientras se encontraba al interior de un domicilio en Avenida Artículo 123 de la colonia Cañón del Pato.

También ese domingo se reportó el hallazgo del cadáver de una mujer en estado putrefacto en calle Prolongación Albino García esquina con Avenida de los Buenos, Colonia Guerrero.

Y  en la Avenida Francisco Zarco sin número, Colonia Xicoténcatl Leyva, hallaron otro cadáver  en avanzado estado de descomposición.


(SEMANARIO ZETA/ Impresa /Investigaciones Zeta /Lunes, 10 octubre, 2016 12:56 PM)

EJÉRCITO TRAS CÉLULAS DE “EL CHAPO”


FOTO: RASHIDE FRIAS /CUARTOSCURO.COM

La Secretaría de la Defensa Nacional emprendió la cacería tras la emboscada que sufrió un convoy del Ejército en Culiacán, Sinaloa, que dejó un total de cinco militares muertos y diez más heridos, al igual que un paramédico de Cruz Roja. A pesar del deslinde que realizaron a través de un abogado, los objetivos de las Fuerzas Armadas son los hijos de Joaquín y Aureliano Guzmán Loera “El Guano”, así como las células de sicarios bajo las órdenes de Iván Archivaldo Guzmán Salazar  

Culiacán, Sinaloa.- No nada más los hijos de Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera se mantienen en la mira de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) como posibles responsables del ataque coordinado contra elementos del Ejército Mexicano la madrugada del viernes 30 de septiembre; también en la lista, autoridades federales incluyen a Aureliano Guzmán Loera “El Guano”, quien de acuerdo con las investigaciones, controla una importante franja de la sierra de Badiraguato para el cultivo de enervantes.

En un principio corrió la versión que el rescatado era “El Guano”, debido al exceso de violencia con que se llevó a cabo el ataque, pero en el transcurso de las horas el gobernador Mario López Valdez y el General de División Alfonso Duarte Mújica, en una conferencia de prensa atropellada, dieron a conocer que se trataba de Julio Óscar Ortiz Vega “El Kevin”. El mando de la Tercera Región Militar señaló como posibles responsables a los hijos del “Chapo”.

A estos objetivos se suman, según fuentes de la coordinación de Seguridad Pública Estatal, los grupos de pistoleros que trabajan bajo el mando de Iván Archivaldo Guzmán Salazar: Los Chimalis, Los Ninis y Los Güeritos, que operan en la Zona Centro de Sinaloa.

La embestida criminal contra la milicia se atribuye a estas células.

Conforme al seguimiento que ha realizado la Policía Ministerial del Estado, Los Chimalis y Los Ninis son las dos células de sicarios más violentas y sanguinarias, y se tienen indicios que han participado en los hechos tres sujetos apodados “El Rino”, “El Juancho” y “El 24”.

Los Chimalis son ubicados como participantes en enfrentamientos contra elementos ministeriales, así como autores de “levantones” y ejecuciones en Culiacán y Navolato, se dedican al narcomenudeo y a patrullar la plaza para evitar el ingreso de los “contras” en territorio del cártel.

Originarios de la comunidad Villa Juárez, al surponiente de la capital, esta célula surgió tras la muerte del ex director operativo de la Policía Municipal de Navolato, Germán Ceniceros Ibarra “El Jaguar”, mando policial que pasó a jefe de sicarios del Cártel de Sinaloa, eliminado por el Ejército en abril de 2014.

EN CAMBIO

Los Ninis son comandados por un joven identificado como Néstor Isidro Pérez Salas “El Niní”, cuyo grupo armado también ha desplazado a Los Ántrax, que operan para Ismael “El Mayo” Zambada.

Tras la emboscada, el Gobierno Federal puso en la mira a las corporaciones policiales y a los jefes del 94 Batallón de Infantería destacados en la Novena Zona Militar por no acudir a brindar apoyo a los 17 soldados que esa madrugada trasladaban de Badiraguato a Culiacán, en una ambulancia, a “El Kevin”, jefe de pistoleros del “Guano” rescatado a sangre y fuego.


Ortiz Vega fue herido en un puesto de control militar en la comunidad de Bacacoragua, ubicada en el corredor que atraviesa Huixiopa, Arroyo Seco, La Palma y La Tuna, zona de disputa entre la gente de Alfredo Beltrán Guzmán, “El Tito” o “El Mochomito”.  

LAS PISTAS Y EL DESCONTROL

De acuerdo con el reporte obtenido del Centro de Control Comando, Comunicación y Cómputo (C4), fue a las 3:25 am del 30 de septiembre cuando los soldados agredidos solicitaron el apoyo a sus compañeros y a todas las corporaciones policiacas: Policía Municipal, Ministerial y Estatal Preventiva.

Los testimonios de vecinos de la zona del residencial Espacios Barcelona, ubicado a un costado de la Carretera Internacional México-15 y Bulevar Malova, relataron que el ataque duró alrededor de 40 minutos, donde además del traqueo de fusiles automáticos, como AK-47, también surgieron disparos de Barret calibre .50 y explosiones de granadas.

La Procuraduría General de Justicia confirmó que la cámara de vigilancia policial más cercana se encuentra a aproximadamente a un kilómetro de la “zona cero”.

Incluso los sicarios utilizaron un altavoz donde proferían burlas e improperios contra los soldados que alcanzaron a atrincherarse en la oscuridad.

Los militares heridos informaron que agentes municipales arribaron una vez que los pistoleros se marcharon, y fueron ellos junto con paramédicos de Cruz Roja quienes los trasladaron a los hospitales de la ciudad.

El apoyo llegó alrededor de una hora después de lo que tiene establecido el reporte de C4.

En el lugar, además de los vehículos Hummer incendiados, quedó abandonada una camioneta, una de las pistas que mantienen las investigaciones federales.

Se trata de una Chevrolet Cheyenne color blanco, modelo 2013, placas de circulación 65352 de Sinaloa, la cual está a nombre de Juan Carlos Murillo Parra, con domicilio en el Ejido Sánchez Celis de la sindicatura de Eldorado.

También fueron encontradas dos unidades más en una brecha de la comisaría de El Limón de los Ramos usadas por los pistoleros.

Se trata de una Toyota Tacoma color blanco, placas UC-33255 de Sinaloa y una Toyota RAV4 del mismo color con placas VGU-5950. Estos dos autos sí contaban con reporte de robo en fecha reciente.  

EL EJÉRCITO CONTRA LOS GUZMÁN

Ya el 21 de septiembre, el General Duarte Mújica reveló que la detención de los seis tripulantes de una avioneta Cessna que había partido de Mexicali, Baja California, con destino a Culiacán, traía armas y dinero en efectivo para los hijos del “Chapo” Guzmán.

Así, transcurridas unas horas, el mando militar volvió a poner en la picota a Los Menores.

“Es muy posible que sean los hijos del ‘Chapo’”, soltó en la conferencia de prensa en la que acompañó al gobernador “Malova”.


 Por la tarde del viernes, se reportó la llegada al Aeropuerto de Culiacán de un contingente de alrededor de 100 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército.

Desde entonces, convoyes de militares patrullan la ciudad y algunas sindicaturas, y las Policías locales reforzaron algunas patrullas con artillería.

Al cierre de esta edición, la SEDENA solo había dado a conocer la fotografía del “Kevin” y el aseguramiento de dos fusiles Barret calibre .50 milímetros, 19 armas largas (AR-15 y .223), siete granadas y seis armas cortas;  un radio base y 27 portátiles, así como siete vehículos. 

 LOS DEJARON SOLOS

En la versión dada a conocer por la SEDENA se establece que un grupo de militares asignados a la 24 Compañía de Infantería

No Encuadrada (CINE), con sede en San Ignacio, pero enviada a Badiraguato, sostuvo un enfrenamiento con gatilleros en el camino de Bacacoragua.

Uno de los sicarios quedó herido en un vehículo donde había armas de grueso calibre.

El sujeto, que dijo llamarse Julio Óscar Ortiz Vega, fue trasladado por los soldados a la cabecera, una hora de camino, pero debido a las heridas optaron por llevarlo a la capital en la ambulancia 067 de Badiraguato.

En total eran 17 militares, dos de ellos viajaron con el herido en la ambulancia, cuyo chofer era Víctor Medina.

Los mandos castrenses suponen que gracias al halconeo, el grupo armado se apostó a la entrada de la ciudad, y fue al llegar a Espacios Barcelona cuando se desató el infierno.

Un militar que sobrevivió al ataque, dijo a sus superiores que a la ambulancia se le atravesaron primero al menos seis vehículos, algunos de ellos blindados.

El chofer de la ambulancia detuvo la unidad y, al salir corriendo, un sicario le disparó hiriéndolo en una pierna, provocándole fractura de fémur.

El fuego sorpresivo abatió a tres militares, desde varios flancos.

 Los soldados que pudieron salir de la lluvia de balas corrieron al monte adyacente a la carretera; los estallidos de granadas y el rugir de los AK-47 y Barret inmovilizaron a los otros.

Según vecinos, se pudieron contar alrededor de diez vehículos de los pistoleros, que no dejaban de atacar a los militares.

Para esa hora, los soldados pidieron refuerzos a la Novena Zona. Las corporaciones también estaban enteradas a través de C4, pero no llegó el apoyo en la refriega.


Cuando llegaron, los agentes solo observaron dos unidades Hummer consumiéndose por el fuego, a cuatro militares muertos y once más lesionados junto con el paramédico.

El parte oficial indica que los militares heridos son Mariano “N”, de 26 años, que sufrió una herida en antebrazo y pierna; Carlos Alejandro, de 26, con fractura expuesta en pelvis; Marco Antonio, de 22; Alejandro, de 21; Marcelino Héctor Ulises, de 24. Así como Yopiagua José Antonio, de 27 años; Isidro, de 29; Miguel Ángel, de 24; y Raymundo, de 22.

Todos ellos fueron internados en diversos hospitales, y auxiliados por paramédicos de Cruz Roja y por policías.

En el hospital, mientras era intervenido, un quinto elemento perdió la vida. La ambulancia de Badiraguato terminó su viaje en el Hospital Civil, donde quedó bajo resguardo de la autoridad.

A la zona de guerra, al amanecer arribó el General Ricardo Terán Arce, Comandante de la Novena Zona Militar; el General en retiro Moisés Melo García y el Capitán de Navío Miguel Ramos Gómez; así como Hugo Hernández Herrera, de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR).

El revuelo causó la emboscada pronto le dio la vuelta al país a través de internet, lo que levantó la furia de la milicia.

Desde su cuenta de Twitter, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguraron que las muertes de los soldados no quedarían impunes.

El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, estuvo presente en la Novena Zona Militar en el homenaje a los soldados caídos, y Peña Nieto dio el pésame a los familiares vía telefónica.

Esa misma tarde y alentados por ser señalados como posibles responsables, los hijos de Joaquín Guzmán Loera, a través del abogado José Refugio Rodríguez, dieron un mensaje:

“Un familiar me pidió que en su nombre hiciera público que (Iván Archivaldo y Jesús Alfredo) se deslindan por completo de los lamentables hechos en que perdieron los militares la vida en cumplimiento de su deber, que ellos no fueron capaces de hacer una cosa así”, dijo vía telefónica el litigante.

Sin embargo, el Ejército México emprenderá, al menos en Sinaloa, una cacería para detener a las células del Cártel de Sinaloa, comandadas por los hijos del capo preso a la espera de su extradición, a quienes responsabilizan de la muerte de cinco militares y las heridas de diez más.  

CON EPN HAN SIDO ASESINADOS 76 MILITARES

Elementos del Fuerzas Armadas y policiacas mexicanas, de los tres niveles de gobierno, pierden la vida casi todos los días en su constante lucha contra miembros del crimen organizado, en especial con los narcotraficantes.

Por ello, entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de septiembre del presente año, 479 integrantes murieron asesinados.

En lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto han fallecido 76 militares por agresiones de arma de fuego, y más de la mitad de los casos se presentan en dos entidades con notable presencia del crimen organizado, como Tamaulipas y Jalisco. Pero ahora se suma Sinaloa.

El ataque más reciente en contra del personal se presentó la madrugada del viernes 30 de septiembre, cuando un grupo armado emboscó a un convoy de soldados con granadas y armas de fuego en la Carretera México 15, en el municipio de Culiacán.

Los elementos trasladaban a una persona identificada por las autoridades como Julio Óscar Ortiz Vega “El Kevin”, presunto familiar de Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera.

En la agresión, cinco miembros del Ejército perdieron la vida y diez más resultaron heridos.

En un reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), titulado “Relación de Personal Fallecido en la Aplicación de la Campaña Permanente contra el Narcotráfico”, citado por el diario de circulación nacional Milenio, se indica que el personal caído tenía el rango de Soldado, Sargento, Cabo, Cadete, Teniente Coronel, Subteniente y Mayor.

Las muertes de los castrenses se registran en 24 de las 32 entidades del país.

Tamaulipas es el Estado con más bajas de elementos, con 114; seguido por Sinaloa con 57, Michoacán 53, Guerrero 38 y Nuevo León con 33.

Quizá el caso más significativo fue el de los ocho militares que murieron el 1 de mayo de 2015, cuando sufrieron un ataque perpetrado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cual derribó, con un lanzamisiles, un helicóptero donde viajaban 18 efectivos que sobrevolaban el municipio de Casimiro Castillo, Jalisco, hecho en el que también se reportaron bajas de dos elementos de la Policía Federal (PF).

A principios de septiembre de este año, las autoridades federales y las de Michoacán informaron que un grupo criminal derribó un helicóptero policiaco, causando la muerte del piloto y tres policías, cuando sobrevolaba la región de La Huacana, en Tierra Caliente.

Sin embargo, una semana después, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer que el desplome se debió a “que existió una pérdida de control de la aeronave durante su vuelo, por probable mezcla de factor humano y falta de mecánica”.

El día del suceso, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, había reportado a través de su cuenta de Twitter, que el helicóptero había sido derribado en el marco de un operativo “enfocado a la detención de líderes de células delictivas”.

Así lo había dicho también el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia. Carlos Álvarez


(SEMANARIO ZETA/ Edición Impresa /Investigaciones Zeta /Lunes, 10 octubre, 2016 12:00 PM)