CIUDAD DE MÉXICO
(proceso.com.mx).- La masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas
ocurrida en 2010 y la de un número indeterminado de personas en Allende,
Coahuila en 2011, dejaron al descubierto complicidades, omisiones y la
precariedad de investigaciones que implican lo mismo a los tres órdenes de
gobierno que a los órganos garantes de los derechos humanos y la transparencia.
Por la dimensión de los
hechos y por formar parte de una actuación sistemática con características
equiparables a lo estipulado en el derecho penal internacional, los asesinatos
y desapariciones que en esos lugares perpetró la organización criminal de Los
Zetas, podría establecerse la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Lo anterior se documentó en
la primera fase de un informe intitulado “En el desamparo. Los Zetas, el
Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2010), y
Allende, Coahuila (2011)”, coordinado por el investigador Sergio Aguayo, que en
los últimos meses integró partes oficiales, investigaciones periodísticas y
procesó datos estadísticos, con los que muestra que las tragedias referidas son
apenas una parte de la espiral de violencia en que se vio inmerso el noreste
mexicano durante el enfrentamiento del Cártel del Golfo y Los Zetas.
El mencionado informe es
producto de un convenio de colaboración entre El Colegio de México y la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), cuyo objetivo es investigar
el trato y la reparación del daño proporcionado por el Estado mexicano en sus
diferentes instituciones, a las masacres emblemáticas de esos años en
Tamaulipas y Coahuila.
En síntesis, el documento
concluye que “el Estado Mexicano no ha hecho su tarea” en tanto no visibiliza
la problemática en sentido amplio, carece de eficiencia en la procuración de
justicia y no sólo abandonó a las víctimas sino que inclusive, organismos como
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las han hostilizado.
El proyecto fue desarrollado
por los investigadores Delia Sánchez del Ángel, Manuel Pérez Aguirre y Jacobo
Dayán Askenazi, que además contaron con un consejo asesor integrado por
Mariclaire Acosta Urquidi, Rubén Aguilar Valenzuela, Javier Sicilia Zardain y
Juan Villoro Ruiz.
Traslado de los restos encontrados en
San Fernando, Tamaulipas. Foto: Benjamín Flores
Para los redactores del
informe, las tragedias de San Fernando y de Allende fueron el resultado de
múltiples factores. Tres serían los principales: el control casi total del
crimen organizado sobre algunas regiones de Tamaulipas y Coahuila; la guerra
entre el Cártel del Golfo y Los Zetas iniciada en enero del 2010, y finalmente,
la complicidad de algunos agentes del Estado, complementada con la
indiferencia, ineficiencia y debilidad de otras dependencias.
Y es que, a lo largo de 365
páginas, divididas en un documento central y ocho anexos, los investigadores no
dejan a salvo la participación de ninguna de las instancias gubernamentales:
En primer lugar, documentan
ampliamente la descomposición del orden municipal que en los dos casos tenían
policías absolutamente cooptadas por la organización criminal de Los Zetas. Los
gobernadores en funciones cuando ocurrieron los hechos, Egidio Torre Cantú, de
Tamaulipas y, Jorge Juan Torres López, de Coahuila, minimizaron lo ocurrido y
no actuaron o lo hicieron mal.
Además, la Procuraduría
General de la República (PGR) incurrió en numerosas anomalías en el caso de San
Fernando, mientras que decidió no atraer el caso de Allende.
Por si fuera poco, la CNDH y
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI), en su intento por mantener el expediente de San
Fernando en la opacidad han litigado contra las víctimas que interpusieron un
amparo cuya consecuencia fue que, en el caso de la CNDH, se enviara a personal
a intimidar a las familias.
De la suma de lo anterior,
viene el nombre del informe y su primera conclusión:
“Es urgente e indispensable
que el Estado reestructure y mejore el funcionamiento de las instituciones
encargadas de atender a las víctimas de la violencia criminal. Hasta ahora, el
término que mejor define la experiencia de las víctimas es el desamparo”.
LA MASACRE DE SAN FERNANDO
Con la información recopilada
en el informe, en buena medida mediante la combinación de las recomendaciones
que por el caso hizo la CNDH, así como por trabajos periodísticos
–señaladamente los de Marcela Turati, en Proceso–, el documento deja al
descubierto el manejo turbio de la investigación, por lo que persisten dudas e
imprecisiones.
Un ejemplo contundente: entre
los registros de la Secretaría de Marina y la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Tamaulipas (PGJET), hay diferencia en cuanto al género de las
víctimas localizadas en San Fernando, municipio que por pura estadística “puede
asegurarse era en 2010 un campo de exterminio”.
Luego de hacer una balance
sobre la historia del Cártel del Golfo y el surgimiento de Los Zetas, así como
del proceso de violencia detonado a partir de la declaración de guerra al narco
de Felipe Calderón y más aún, del rompimiento entre los dos grupos delictivos
mencionados, entre otros datos de contexto, el informe plantea las omisiones e
incumplimiento del Estado mexicano en el caso:
A seis años de los hechos aún
no se esclarecen, no todos los responsables están identificados; procesados ni
sancionados; las víctimas y sus familias no han recibido una reparación integral
del daño, y se les han violado derechos del debido proceso.
En su Anexo II, el documento
destaca que la CNDH en ningún momento aborda la obligación del Estado de
prevenir violaciones de derechos humanos, ni investiga sobre la posible
participación, omisión o aquiescencia de funcionarios públicos en la masacre.
Tampoco señala violaciones a los derechos a la vida y a la integridad.
El traslado de los cuerpos hallados en
San Fernando. Foto: Benjamín Flores
En cuanto a la reparación
integral de las víctimas, la CNDH fue absolutamente omisa. Tampoco tomó en
cuenta a las familias de las víctimas para la elaboración de la Recomendación
80/2013. Luego, litigó con la exigencia de las víctimas por hacer efectivo su
derecho a saber.
Sin embargo, en el caso San
Fernando los que salen peor parados son la PGR y el gobierno de Tamaulipas.
Para el informe que se describe, la PGR no dio acceso a información a los
investigadores del Colmex-CEAV, quienes debieron recurrir a información
publicada en medios para exponer su análisis.
Por ejemplo, se menciona que
por comunicados y notas periodísticas se supo de la detención de presuntos
responsables de la masacre, pero nada se ha vuelto a decir de los procesos
seguidos contra los detenidos, si continúan presos y si lo están, si tienen
sentencias, o inclusive, si fueron sujetos de tortura para obtener sus
confesiones.
Un dato que se destaca
respecto al orden estatal es que agentes de la PGJET hicieron la entrega de 16
cuerpos al representante del Consulado de Honduras sin que existiera constancia
de haber agotado las diligencias periciales necesarias para identificación de
cadáveres. La consecuencia fue uno de los más graves errores cometidos en
relación al caso: entre esos cuerpos uno correspondía a una persona de
nacionalidad brasileña.
Como el informe se basa en
parte en la Recomendación 80/2013 de la CNDH, una observación relevante es por
esa y otras irregularidades cometidas durante la entrega de restos a las
familias de víctimas.
“Existe información que
indica que poco después de que la PGJE Tamaulipas realizara las autopsias, el 1
de septiembre de 2010, los restos de 16 migrantes hondureños fueron entregados
al consulado de Honduras. De acuerdo a la Recomendación 80/2013, para ese día
solamente se habían identificado los cuerpos de 14 hondureños, y sigue sin
estar claro a quiénes correspondían los otros dos cuerpos.
“Además, no se sabe cómo
realizaron la identificación en tan poco tiempo: una semana no es suficiente
tiempo para realizar pruebas de ADN y obtener los resultados. Asimismo, aunque
algunos llevaban identificaciones no se asentó qué pertenencias traía cada
cuerpo; la cal con la que fueron rociados la mayoría de los cuerpos destruyó
los rasgos”.
Las aberraciones continúan.
Conforme a los testimonios de familias hondureñas y guatemaltecas, se supo que
las autoridades de esos países les pidieron no abrir los ataúdes y confiar en
que les entregaban el cuerpo de su familiar, el pedimento bajo vigilancia
militar. Cuatro familias no obedecieron y terminaron rechazando los cuerpos.
Entre otros casos, llama la
atención el del cuerpo de la víctima brasileña, que fue repatriado con el
nombre de una de las víctimas hondureñas. La familia del brasileño dijo que, en
lugar de los restos de su familiar, el gobierno mexicano le entregó un ataúd
lleno de arcilla y hasta la fecha no sabían en dónde fue enterrado su familiar.
ALLENDE
La masacre de Allende no se
conoce en su real dimensión. Existen versiones que afirman hubo alrededor de
300 víctimas, pero el expediente de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Coahuila (PGJEC), sólo abarca los casos de 42 desaparecidos en un
período de 14 meses.
Entre el 18 y el 20 de marzo
de 2011, comandos de Los Zetas llegaron a esa localidad, ubicada al norte de
Coahuila muy cerca de la frontera. Entre las diferentes versiones de la
incursión, la más aceptada es que dos de sus operadores los traicionaron y habrían
cobrado venganza con sus familias. La historia ha sido publicada en Proceso,
por el corresponsal Juan Alberto Cedillo y por el periodista Diego Enrique
Osorno en la revista Vice.
Además de desaparecer a las
26 personas mencionadas, Los Zetas encabezados por los hermanos Miguel Ángel
(Z-40 o L-40) y Omar (Z-42 o L-42) Treviño Morales, destruyeron 32 casas y dos
ranchos, para lo cual habrían contado con la participación de la policía
municipal.
A diferencia del caso de San
Fernando, el equipo de investigadores del Colmex-CEAV, pudo consultar el
expediente de la PGJEC.
“El expediente que nos
entregó la Fiscalía tiene las virtudes y defectos comunes en el sistema
judicial mexicano. Su soporte principal son las declaraciones y quienes
interrogan no tienen interés en entender el contexto y la causalidad del hecho.
Lo único que les importa es encontrar declaraciones inculpatorias. Hay
poquísima investigación que valide la veracidad o falsedad de lo dicho. Eso
impide establecer con precisión los hechos, asignar responsabilidades y
proporcionar justicia y reparaciones”.
Tiran residencias atacadas por Los Zetas
en Allende, Coahuila. Foto: Miguel Ángel Reyna.
Para los redactores del
informe la relevancia de lo anterior es que las 49 horas en que se extendió la
violencia en ese municipio, fueron apenas un episodio de violencia que afectó a
toda la región por más tiempo, pues las represalias contra los dos operadores
afectaron a familiares en Piedras Negras y otros municipios.
Inclusive, se menciona que un
año después, una familia de cuatro personas emparentada con uno de los dos
operadores fue desaparecida en Allende. También se considera que puede haber
más víctimas y se añade:
“En tanto no establezcamos
con mayor precisión lo que sucedió en esa y otras regiones de la entidad,
seguiremos desconociendo el costo humano de unas represalias que por ahora se
asocian solamente con Allende. Esa ambigüedad alimenta la idea de que hubo 300
desaparecidos”.
En otro apartado se lee: “Más
allá de sus limitaciones para decirnos qué pasó, la principal deficiencia es
que el expediente no da razones para explicar la masacre, o mejor dicho, no
sigue las que surgen de sus documentos”.
Para los investigadores, en
el caso Allende se podría centrar en personajes menores; no indaga sobre la
extensión geográfica de la ofensiva brutal y no parece interesarle encontrar la
verdad de lo que ocurría en la zona.
“Como se aprecia, la matanza
no se limita al municipio de Allende, sino que sus alcances fueron regionales,
y su duración fue mayor a sólo un fin de semana en marzo de 2011. Visto de otra
forma, la masacre de Allende es un episodio muy trágico dentro de un ciclo de
brutalidad en la región. En eso coincide con la masacre de los migrantes en San
Fernando.
“Esta es una similitud
importante entre Allende y San Fernando, las dimensiones temporales y
espaciales son mayores que las que tradicionalmente se les adjudican. O, si se
quiere, sólo son un episodio más dentro de una serie de eventos lamentables que
asolaron regiones enteras durante periodos extensos de tiempo”.
EL DESEMPEÑO DEL ESTADO
Para documentar las masacres,
los investigadores precisan que hubo dependencias —como la PGR y la Secretaría
de Relaciones Exteriores— que no entregaron información. Las que sí lo hicieron
—CEAV, CNDH y gobierno de Coahuila, entre otras— proporcionaron acervos donde
se aprecian debilidades, omisiones y errores.
Hace un análisis de los
comportamientos de los tres gobernadores de Tamaulipas y Coahuila en relación a
las masacres.
“El tamaulipeco Egidio Torre
Cantú y el gobernador interino de Coahuila Jorge Juan Torres López
(enero-diciembre de 2011) evadieron todo lo que pudieron la responsabilidad de
su gobierno, para lo cual negaban o minimizaban los hechos. Rubén Moreira ha
modificado lenguaje, leyes y políticas públicas. Son avances en la dirección
correcta que no ofrecen una solución integral a la problemática planteada por
las víctimas”.
Además de la ya mencionada
observación a que el gobierno coahuilense no busca la verdad, cuestiona que a
quienes se tiene bajo proceso por los hechos se les haya imputado el delito de
secuestro calificado y, finalmente, menciona que las acciones realizadas por la
comisión estatal de atención a víctimas, así como por el ombudsman local, son
insuficientes.
“Por lo tanto, puede
concluirse que las víctimas de San Fernando y, en menor medida, las de Allende
no recibieron el trato adecuado de los gobiernos de los estados.
“Para establecer las posibles
responsabilidades del gobierno de Tamaulipas, tendríamos que tener acceso a sus
acervos porque, recordemos, el caso fue atraído por instituciones federales. En
Coahuila, Rubén Moreira ha sentado las bases de una mejor política y, como
permanecerá en el cargo hasta finales de 2017, tendría tiempo para acelerar los
trabajos y consolidar una política bien intencionada, pero todavía no
consolidada”.
Casas de Allende, Coahuila destruidas
por los Zetas. Foto: Víctor Hugo Valdivia
Entre los aspectos que
también tienen relevancia en el informe, destaca la participación de la
sociedad civil, en especial de defensores de derechos humanos como es el caso
del Centro Fray Juan de Larios, que preside el obispo Raúl Vera, y Fuerzas
Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila. Para los involucrados en el
informe, es notable la presencia de organizaciones de la sociedad civil en
Coahuila respecto a las que existen en Tamaulipas, lo cual sostienen contribuye
a visibilizar más las problemáticas.
Con la revisión de los casos
de San Fernando y Allende el informe presenta algunas conclusiones, líneas de
investigación e hipótesis de trabajo sobre los siguientes supuestos:
El sistema de atención a
víctimas del Estado mexicano necesita una reestructuración a profundidad que
responda al reto planteado por la multiplicación de las víctimas. Eso implica,
entre otros requisitos, mejorar la empatía y los canales de comunicación entre
Estado y sociedad. También es necesaria la comprensión de la búsqueda de la
verdad en las autoridades.
En el último anexo, dedicado
al derecho internacional, se menciona que esas masacres, ilustrativas de la
violencia en la zona, puede encuadrarse en crímenes de lesa humanidad y,
finalmente hace un planteamiento:
“Para que el Estado mexicano
demuestre su voluntad política y genere esperanzas verdaderas para poner fin a
la crisis de atrocidades e impunidad, es necesario que busque el apoyo de la
comunidad internacional para hacer frente a la situación. Por esa razón,
resulta factible e indispensable que se constituya una entidad de investigación
internacional, con sede en México, que tenga el poder de investigar y procesar
causas de manera independiente en materia de crímenes atroces y casos de gran
corrupción”.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ SERGIO
AGUAYO/9 OCTUBRE, 2016)