A continuación te presentamos a las más
sexys que nos ha regalado la pantalla grande y que daríamos lo que fuera por
verlas en una portada de 'Playboy'
CIUDAD DE MÉXICO.- No cabe
duda que en algún momento de nuestra vida hubo una, o varias maestras que nos
volvieron locos, a pesar de que no nos gustara levantarnos temprano y hacer las
tareas, ella era una de las razones por la que íbamos con todas las ganas. A
continuación te presentamos a las más sexys que nos ha regalado la pantalla
grande y que daríamos lo que fuera por verlas en una portada de Playboy.
1- Cameron Diaz: en la cinta
“Malas enseñanzas”, la actriz le da vida a una maestra con poca vocación de
enseñar. Es mal hablada, despiadada y salvajemente inapropiada.
2- Brooklyn Decker: la modelo
y actriz interpreta a una sexy profesora en la cinta “Just Go with It”, una
comedia romántica protagonizada por Adam Sandler, Nicole Kidman y Jennifer
Aniston.
3- Bridgette Wilson: fue la
profesora de Adam Sandler en la cinta “Billy Madison”, la cual narra la
historia de un chico de 27 años, quien no ha terminado la primaria, y tiene la
misión de hacerlo en 24 semanas.
4- Embeth Davidtz: fue Miss
Honey en la cinta “Matilda”, una profesora dulce y adorable que siempre cuida
de sus pequeños alumnos pero sin duda fantasía de muchos.
5- Famke Janssen: fue parte
del elenco de la cinta “The Faculty” en donde interpreta a la maestra Elizabeth
Burke, en un colegio en el que los profesores cambian repentinamente cuando son
controlados por una fuerza alienígena.
6- Hilary Swank: en
“Escritores de la libertad”, la actriz personifica a una maestra de literatura.
La cinta está basada en el libro The Freedom Writers Diary de la profesora Erin
Gruwell.
7- Christina Hendricks: en
“Detachment” interpreta el papel de Sarah Madison, una profesora de un colegio
en donde la mayoría de los alumnos no tienen un hogar y viven de lo que les
deja la prostitución.
8- Drew Barrymore: la
película de culto “Donnie Darko” hizo que la actriz interpretara el papel
protagónico como una maestra de literatura de Jaque Gyllenhaal.
9- Cate Blanchett: se
convirtió en la maestra de arte de la cinta “Escándalo”, una despótica y
solitaria profesora que gobierna su aula con mano de hierro.
10- Michelle Pfeiffer:
interpreta a una mujer licenciada en literatura y ex marina en la película “Mentes
peligrosas”. Después de su ruptura matrimonial, pretende olvidar ese amargo
trago, concentrando sus esfuerzos en dar clases en un colegio de jóvenes en
situación de riesgo.
Puedes leer la nota completa en
*Este artículo es publicado con autorización
de Playboy México.
Funcionarios de Desarrollo Social de
Sonora se llevaron 685 mil pesos de adultos mayores muertos
En el último año de gobierno de Padrés
se detectó un desfalco de 2 mil millones de pesos. Foto: Paola Hidalgo/Archivo
HERMOSILLO.- El Instituto
Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) realizó 746 observaciones a la
Cuenta Pública 2015 en Sonora, incluyendo los últimos meses del sexenio de
Guillermo Padrés Elías, donde se generó un desfalco superior a 2 mil millones
de pesos.
En la discusión efectuada por
el pleno del Congreso del estado sobre el ejercicio presupuestal del
exmandatario panista sonorense, los diputados del PRI denunciaron que entre las
irregularidades más graves destaca que funcionarios de la Secretaría de Desarrollo
Social cobraron antes de dejar el poder 685 mil pesos correspondientes a la
pensión de 685 adultos mayores que ya habían fallecido, según consta en las
actas de defunción expedidas por la Dirección del Registro Civil.
“El exgobernador debe haber
tenido contactos con el más allá, pues también se extendieron contratos con
empresarios muertos: existen 463 millones de pesos en pagos sin comprobar en
2015, todos se fueron directo al retiro de Padrés, como si los cinco años de
corrupción y saqueo no fueran suficientes”, aseguró el diputado Emeterio Ochoa
Bazua.
En la discusión y análisis de
la Cuenta Pública 2015 entregada por el ISAF al Congreso de Sonora se recoge el
ejercicio presupuestal de los últimos nueve meses de la administración de
Guillermo Padrés, y los tres primeros meses de Claudia Pavlovich; el
coordinador de la bancada del PAN, Moisés Gómez Reyna, reconoció que solamente
106 millones de pesos corresponden a la administración actual y el resto al
exgobernador de Sonora, quien junto a sus colaboradores ha protagonizado
decenas de escándalos de corrupción.
El ISAF advirtió que en caso
de que no se subsanen o se aclaren las observaciones, significarán un daño
patrimonial de casi dos mil millones de pesos al erario de Sonora.
A las críticas y acusaciones
contra la administración del exgobernador Padrés se sumaron los grupos
parlamentarios del Partido Nueva Alianza, en voz de la diputada María Teresa
Olivares; de Movimiento Ciudadano, con Carlos León García, y de Morena, con el
legislador José Ángel Rochín; todos exigieron justicia ante el desfalco de
recursos públicos que se cometió en Sonora.
Según el ISAF y el Congreso
de Sonora, durante todo el sexenio de Guillermo Padrés las observaciones y el
daño patrimonial suman 17 mil millones de pesos.
(EXCELSIOR/ DANIEL SÁNCHEZ DÓRAME /
CORRESPONSAL/ 25/09/2016 05:08)
Cuando se cumplen dos años de la
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el periodista Témoris Grecko
publica un nuevo libro en el que pone en evidencia la llamada “verdad
histórica”, el costal de argumentos con el que una parte de la prensa y el
Gobierno federal intentaron convencer a la sociedad mexicana de que los
estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos quemados en el basurero de Cocula.
Esa tesis permitía al Estado cerrar una de las páginas más dolorosas de la
Historia reciente del país. Pero nueva evidencia ha echado por tierra esa
“investigación” defendida por el entonces Procurador Jesús Murillo Karam y por
Tomás Zerón, ahora asesor de seguridad nacional por orden del Presidente
Enrique Peña Nieto.
El caso Ayotzinapa revela que el
Gobierno de México privilegia la impunidad y no la justicia: WOLA
EL EJÉRCITO SE CONFIESA… SIN QUERER
Por Témoris Grecko, capítulo del libro Mentira histórica.
Estado de impunidad, impunidad de estado
Ciudad de México, 25 de
septiembre (SinEmbargo).– El creciente desprestigio del Ejército a resultas de
la matanza de Tlatlaya, cometida por militares el 30 de junio de 2014, y de la
noche de Iguala, forzó al Secretario de la Defensa Nacional, en 2015, a enfrentar
a la opinión pública y dar el paso inusual de ofrecer conversaciones exclusivas
a medios de información convenientes y entrevistadores amigables: con Carlos
Benavides, subdirector del diario El Universal (29 de junio de 2015), quien
describió a su interlocutor como “poderoso”, “impecable”, “directo” y que “no
busca esconderse detrás de eufemismos” porque “dice lo que piensa”, no se
mencionaron las palabras “Iguala” o “Ayotzinapa”; el caso de los 43
desaparecidos fue tratado brevemente con Jorge Fernández Menéndez, de
Televisión Azteca y el diario Excélsior (8, 9 y 10 de julio de 2015), quien por
momentos se mostró más indignado que Cienfuegos por las injusticias que se
cometen contra el Ejército, y le confesó al General que podría ser un personaje
de Gabriel García Márquez, porque Salvador Cienfuegos es “un nombre muy fuerte
al que se le pueden otorgar una serie de atributos”; y con Santos Mondragón, de
la cadena Televisa (transmitida en partes y con repeticiones los días 5, 6 y 7
de octubre de 2015, y completa el día 8), cuyas escasas preguntas sólo sirven
para dar pie a largos monólogos del militar: el tema Iguala ocupó la tercera
parte de los 51 minutos de la edición completa del encuentro: Cienfuegos estaba
respondiendo sin decirlo al Informe Ayotzinapa I del GIEI, presentado un mes
antes.
El General se explayó con
Televisa como no lo había hecho jamás. Sus intervenciones delinean de la forma
más clara lo que piensa y siente el Ejército en relación con el caso, revelando
casi con ingenuidad lo que no comprende, lo que tergiversa y lo que oculta. Es
una síntesis de la argumentación de línea dura del gobierno federal.
“Lo lamentamos mucho, es muy
lamentable y lo sentimos como todos”. Corte de edición. “Pero querer involucrar
al Ejército en esto porque a alguien se le ocurrió, creo que es algo muy
grave”. Esto afirma el General Secretario de la Defensa Nacional, en las frases
elegidas por la televisora para abrir la primera parte de la entrevista,
transmitida dentro del noticiero nocturno del Canal 2, el de mayor audiencia
nacional, días después de cumplirse un año de la desaparición de los 43
normalistas.
Lo que sigue en cursivas son
fragmentos de la versión completa, siguiendo el orden en el que fueron
presentados, con el cuidado de preservar el contexto y asegurar la correcta
representación de lo que dijo el General, sin que los párrafos sean
innecesariamente extensos. Cada uno de ellos viene acompañado de mis
observaciones.
Science: Nuevas pruebas científicas
destruyen la “verdad histórica” de México
SC: Yo tengo perfectamente
claro qué sucedió con nuestra gente. ¿Qué sucedió con los estudiantes?, yo no
puedo investigar.
El Ejército dispone de la
mayor estructura de inteligencia entre las instituciones mexicanas, y sin duda,
en el estado de Guerrero. Sus cuarteles están ubicados estratégicamente en el
territorio, controlando todos los puntos clave, desde donde identifican los
movimientos de transporte. Sus informantes ocupan puestos en las corporaciones
de seguridad, desde donde establecen relaciones de influencia con autoridades
civiles y personalidades locales prominentes. Sus unidades recorren carreteras
y caminos, y son las únicas fuerzas del Estado que pueden ganar acceso a los
sitios a los que la policía no se atreve a acercarse. Si se registró el
traslado forzado de un gran número de personas, su retención en algún lugar o
alguna matanza, la colaboración del Ejército para averiguarlo sería vital.
En el 27 Batallón no había
gente. Estamos hablando de las ocho, ocho y media, nueve y hasta la una o dos
de la mañana. Nuestra gente también tiene familia, también sale a estar con sus
familias, los que no están de servicio. Entonces, teníamos un porcentaje,
mínimo, de gente disponible para salir a ver a sus familias. En todos los
cuarteles del país tenemos algo que se llama fuerza de reacción. En el 27
Batallón también había una fuerza de reacción que desde las 11 de la mañana,
aproximadamente, estaba atendiendo un accidente en la carretera federal que va
de Iguala a Puente de Ixtla, de una pipa que transportaba nitrato de amonio, se
volteó, obstruyó los dos carriles de esa carretera, y estaba parado el tráfico,
con el riesgo de un problema mayor. Nuestra gente fue allá a atender este
problema y regresó alrededor de las 10 y media de la noche. Ya había pasado
mucho de lo que ahí se dice. Y a partir de que llegan es cuando empiezan
entonces sí a salir. Antes no fue posible que atendiéramos.
Los efectivos del 27 Batallón
fluctúan entre 500 y 600. De lo que afirma el General Cienfuegos se desprende
que es normal que se dé permiso, en un solo día, a una cantidad de soldados tal
que el cuartel se queda casi vacío, apenas con la guardia mínima y una fuerza
de reacción. El General no menciona que ese campo militar dispone de unidades
adicionales, pues alberga de manera permanente al Tercer Batallón de Fuerzas
Especiales y de manera provisional al 41 Batallón de Infantería, que está a
cargo de Teloloapan.
Témoris y su nuevo libro. Fotos:
Especial
Ese día, en efecto, se
produjo el accidente de un tractocamión cerca del poblado de Cieneguillas, en
la autopista que va a Puente de Ixtla y Cuernavaca. Los partes de novedades de
dos oficiales a cargo, el capitán Martínez Crespo y un sargento no
identificado, así como el del coronel Rodríguez Pérez, dan cuenta de varias
salidas a Cieneguillas y reincorporaciones al cuartel: un teniente salió a las
10:55 y regresó a las 20:00 horas; el coronel Rodríguez Pérez, de las 13:30 a
las 15:00; otro teniente, de las 14:30 a las 15:50. El último en retornar es un
teniente más cuyo nombre aparece tachado, a las 23:00. Esto indica que el
asunto no ocupó a todos durante la totalidad del tiempo. En ningún documento se
consigna que haya salido un capitán segundo, el grado que corresponde al del
comandante de la Fuerza de Reacción, José Martínez Crespo.
El General afirma que “ya
había pasado mucho de lo que ahí se dice”. A las 23:00 habían herido gravemente
a Aldo Gutiérrez y los 43 estudiantes estaban siendo trasladados a algún sitio,
en movimientos que deberían haber sido registrados por el C-4 y reportados en
tiempo real a la comandancia. Otros crímenes fueron perpetrados después: la
persecución de los jóvenes que escaparon del Estrella Roja, el ataque a Los
Avispones que dejó tres muertos, la balacera de las 00:30 que concluyó con tres
jóvenes fallecidos y otros más con heridas de gravedad.
Pero la primera acción
documentada del Ejército se registra cuando –entonces sí– ya casi todo había
pasado: a las 00:30, con la salida no de una, sino de dos fuerzas de reacción,
una de ellas al mando del capitán Martínez Crespo.
En esta administración, para
antes de ese día, llevábamos más de 100 eventos contabilizados de estos jóvenes
de Ayotzinapa que salían a las calles a hacer lo mismo, a secuestrar autobuses,
a tomar mercancía de los camiones éstos de papitas y refrescos y todas esas
cosas, a exigirles a los ciudadanos el que aportaran recursos. En todas esas
ocasiones supimos que salieron, y qué estaban haciendo, y en ninguna
intervinimos, ¿por qué aquí deberíamos haber intervenido?
El General Cienfuegos parece
creer que no hay diferencia entre unos robos de mercancía y una operación
masiva y coordinada de persecuciones, asesinatos y desaparición forzada.
¿Dónde estaba la Policía
Estatal? La Municipal estaba atendiendo el problema. La Estatal yo no sé, no he
sabido que haya estado ahí, o la Policía Federal, que también la señalan,
tampoco tengo conocimiento de que haya estado ahí. Y si no ha pasado la Policía
Estatal, y si no ha pasado la Policía Federal, u otras policías, ¿por qué tenía
que haber estado el Ejército?
La voluntad del Ejército de
cumplir con su deber depende, entonces, de la que demuestren otras
corporaciones, y no de su propio compromiso.
Ingresar a las instalaciones
militares… ¿por qué? La Procuraduría General de la República hizo su
investigación y no encontró ningún indicio mínimo de nuestra participación en
algo ilegal. Lo hizo la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos y tampoco
encontró nada. Acaba de dar su informe este grupo de expertos de la Comisión
Interamericana y también dicen que no hay ningún indicio de que el Ejército
haya participado. ¿Cuál es la razón o el pretexto de querer ingresar a los
cuarteles? El día 27 estuvieron en el cuartel un (agente del) Ministerio
Público, estuvo el presidente de la Comisión Derechos Humanos del Estado, ingresaron,
preguntaron, hablar con el comandante o algunos padres de familia y se
cercioraron que no teníamos nada. (Los padres y madres de los 43…) Vinieron al
cuartel, se habló con el comandante, les permitió el acceso, platicó, les dio
respuesta a sus preguntas, le pidieron apoyo para buscar a los jóvenes, se les
pidió que trajeran fotografías y nombres para empezar a buscarlos, nosotros no
sabíamos que habían desaparecido y entonces empezamos también a participar en
la búsqueda. Entonces yo no entiendo el por qué querer obligar a las fuerzas
armadas a abrir su casa.
“Lo que nosotros estamos
entendiendo, y lo que nos están, se está descubriendo, es que fue la
participación del Ejército. Nunca fueron entregados a la maña, fueron
entregados al ejército”, me dice Mario González Contreras, padre del estudiante
desaparecido César Manuel González Hernández. Ésta es una de las fuertes
sospechas entre los familiares de las víctimas y el Ejército estaría interesado
en disiparla abriendo sus puertas, si no tuviera motivos más fuertes para
mantenerlas cerradas. Los testimonios de los padres y madres que acudieron al
batallón a preguntar por sus hijos (así como los de Los Avispones y sus
familiares), refieren desdén, burlas y malos tratos, no acceso y apoyo. Sólo
porque con ellos se encontraba un funcionario de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos lograron –por su conducto– obtener la atención del coronel
Rodríguez Pérez.
Es engañoso asegurar que la
comisión ingresó al cuartel, pues no pasó más allá del punto de recepción. Sólo
un poco más de suerte tuvo el Ministerio Público: al asegurar que “se
cercioraron que no teníamos nada”, el General da a entender que pudieron buscar
donde quisieron, pero no fue así. Según el acta de inspección ocular del
cuartel elaborada por el agente del MP, el coronel le manifestó “que por
motivos de seguridad nacional no se pueden mostrar todas las instalaciones”; el
investigador consignó que “un área de sanitario habilitado como área de
seguridad con puerta de celda” es “utilizada como depósito de enervantes, la
cual se encuentra cerrada con candado”, y de ella sólo pudo tomar fotos
exteriores.
Los 43 de Ayotzinapa, en 10 libros para
no olvidar la tragedia
Sus cuarteles están abiertos,
lo acabo de decir. En agosto tuvimos 234 mil mexicanos en la Base Aérea de
Santa Lucía. Entonces dicen que los tenemos retenidos, ¿para qué los queremos?
O sea, ¿con qué finalidad podríamos tenerlos, en dónde y para qué? Otros dicen,
por ahí hubo un catedrático, que dicen que fueron quemados en los hornos
crematorios modernos del Ejército. A ver, nosotros no tenemos hornos
crematorios, y mucho menos modernos, ni modernos ni viejos. Tenemos un
velatorio militar donde hay un horno crematorio que está en la salida a
Cuernavaca. Es lo único.
Esa Base Aérea celebra
espectáculos públicos que el General Cienfuegos utiliza para demostrar que los
cuarteles están abiertos, como si uno pudiera entrar a cualquiera. El
catedrático al que se refiere, que probablemente es Jorge Montemayor Aldrete,
ha indicado que una posible incineración de 43 personas habría generado un pico
irregular en el consumo de gas natural, que sería detectable si se recabaran
los datos correspondientes a la región, y específicamente al campo militar,
pero la investigación oficial no los solicitó.
Hemos ido a declarar casi 50
soldados a la Procuraduría General de la República, algunos hasta cuatro veces,
sin tener un solo señalamiento, entonces no sé qué es lo que se espera que haga
la Secretaría de la Defensa Nacional o las Fuerzas Armadas.
El GIEI ha presentado
evidencias de que no han sido interrogados todos los efectivos que podrían
aportar información relevante –desde los operadores militares del C-4 hasta el
General Saavedra Hernández–, y que las preguntas que se les han hecho con
frecuencia son sobre generalidades del servicio y en todo caso no abarcan la
totalidad los asuntos relevantes ni profundizan en ellos. Durante los 13 meses
de su presencia en México, los miembros del GIEI insistieron en llamar a
declarar a los soldados y estar presentes mientras el Ministerio Público les
toma declaración, para poder presentar preguntas y repreguntar cuando fuera
requerido. Nunca se les permitió hacerlo.
¿A quién apoyaría usted? ¿A
la policía que estaba tratando de controlar a jóvenes que estaban robando
autobuses o a los estudiantes que estaban violentando las cosas? ¿A quién se
debería de apoyar?
El General Cienfuegos
describe esta amplia operación criminal como el intento de una fuerza legítima
por impedir actos vandálicos.
El comandante del batallón
habló con el director de seguridad pública municipal, le preguntó que qué
había, y él le dijo no hay nada, no hay ningún enfrentamiento con los
estudiantes, no tenemos ningún detenido, no ha habido disparos, tenemos
controlados los accesos, eso le dijo el director de la policía –que anda
huyendo– al comandante del batallón.
El director de Seguridad
Pública municipal era Felipe Flores, el exmilitar que sirvió en el 27 Batallón.
De lo afirmado por el General Cienfuegos se desprende que lo que dijo un policía
municipal fue determinante en la comprensión que el Ejército, con sus activos
de inteligencia, tenía de lo que estaba ocurriendo.
Amnistía llama “insensata” y “cínica” la
respuesta de EPN a los 43; la ONU-DH visita a los padres
Entonces yo no entiendo ahí
que si supimos, que si no participamos, que si no evitamos la masacre. Pues
¿cómo podemos saber que va a haber una masacre? ¿Cómo podemos saber que esos
jóvenes que iban ahí eran los estudiantes? Nosotros participamos directamente
una vez que la fuerza de reacción que estaba atendiendo un accidente, regresó
al cuartel y llegando ahí le dicen hay que ir a tal lugar, sabemos que hay
problemas, y es cuando sale la fuerza a patrullar, ya habían pasado las cosas.
Y no hay ninguna omisión, no hubo omisión ni tampoco acción en contra de nadie.
Posiblemente, al tratar de
defender a su corporación, el General Cienfuegos no se dio cuenta de que estaba
describiendo a una fuerza militar desinformada, imprevisora, limitada y
distraída, y además inconsciente de sus responsabilidades. Y estaba mintiendo:
de los pocos documentos que la Sedena ha liberado, como la tarjeta informativa
22632 del coronel Rodríguez al General Saavedra, se comprueba que los
comandantes sabían que eran estudiantes, qué propósitos tenían y que estaban
siendo atacados por policías locales. La afirmación, realizada en otros
momentos, de que el Ejército desconocía que la policía y las autoridades
igualtecas estaban controladas por el crimen organizado, pese a las denuncias presentadas,
la violencia cotidiana y la observación directa, equivale a una grave
autocrítica de la institución armada.
Había un joven que estaba
herido, y hay fotografías, del labio superior, de un rozón, de un balazo, que
estaba sangrando, y el resto no tenían absolutamente nada. Se dice que los
soldados llegaron, los intimidaron, los ofendieron, los pegaron a la pared, les
tomaron fotografías a cada uno. Bueno, pues está comprobado que no es así, ahí
había otros que no eran ni estudiantes ni militares y que observaron la escena
y ya está en actas también sus declaraciones, no hubo nada, por el contrario,
el oficial les ofreció el apoyo de una ambulancia, que no quisieron. Aún así el
oficial habló a la Cruz Roja de Iguala y llegaron dos ambulancias al lugar.
Cuando llegan las ambulancias, ellos ya se habían retirado.
Según Ricardo Mejía Berdeja,
quien fue diputado federal de 2012 a 2015 y miembro de la primera Comisión del
Caso Iguala-Ayotzinapa de la Cámara de Diputados, cuando él y sus compañeros
legisladores se reunieron en privado con el Secretario de la Defensa Nacional,
el 13 de noviembre de 2014, “el General Cienfuegos fue muy insistente en que
ellos no pueden alejarse del protocolo y sólo pueden actuar cuando hay una
petición de autoridad, y que en este caso no hubo una solicitud como tal para
que intervinieran”. Le pregunté cómo es que, en cambio, sí acudieron al
hospital Cristina e intervinieron, en respuesta a una denuncia hecha mediante
una llamada anónima. “Bueno, ahí lo que nos comentaron fue lo que señalo y
pudiera, efectivamente, aparentar una contradicción”, respondió Mejía Berdeja.
El General Cienfuegos insiste
en que los estudiantes recibieron un buen trato a pesar de sus propios
testimonios. Los del personal médico presente están en entredicho a partir de
que su jefe, el doctor Ricardo Herrera, fue llamado a reunirse con el General
Saavedra en dos ocasiones, sin cumplir con el requisito de dejar registro de
sus entradas al cuartel.
La petición de una ambulancia
se registró en el C-4 después de casi una hora de que los militares habían
llegado a la clínica, a pesar de la gravedad del estado del herido.
Él tenía dos o tres meses de
haber ingresado a la Normal y quería estudiar para maestro, hago la aclaración
porque dicen que a lo mejor era alguien que estaba sirviendo de espía. En dos,
tres meses que tenía ahí, pues no podía haber servido de nada.
El General Cienfuegos se
refiere a uno de los 43 desaparecidos que, afirma, era un militar en activo con
permiso para estudiar. Según los padres, no estaba en activo pues había
desertado del servicio. El Secretario no desmiente que se esperara de él que
proveyera información sobre la Escuela Normal, ni que el Ejército infiltre a
agentes de inteligencia en Ayotzinapa: sólo hace saber que son necesarios más
de tres meses para que alguien empiece a servir de algo.
Aldo, normalista de Ayotzinapa, cumple 2
años en coma; sin el GIEI, su familia teme abandono
Bueno yo he estado en la
posición de que no tienen por qué declarar los soldados. Primero, porque no hay
un señalamiento claro de algún involucramiento.
El GIEI no pidió que los
militares fuera llamados a declarar por estar involucrados como agresores, sino
porque, a partir de su participación en esa noche, poseen información que puede
ser relevante para los investigadores.
Nosotros solamente
respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas. Las Fuerzas Armadas de
cualquier país representan su soberanía. Deben representar su dignidad.
La soberanía y la dignidad no
son valores que sean agredidos por la participación de un extranjero, avalada
por un acuerdo del gobierno, en una diligencia ministerial.
Yo no puedo permitir que a
mis soldados los traten como criminales o los quieran interrogar para
posteriormente hacer sentir que tienen algo que ver y no apoyarlos. Ésa es mi
posición y de ahí creo que no puedo ni debo salirme, porque perdería mucho de
lo que soy y de lo que soy en este momento y de lo que he sido durante 52 años
prácticamente de carrera militar. No tengo nada que esconder, no he cometido
nada, así que va por delante mi prestigio, también.
El rechazo del gobierno
mexicano a permitir que los militares fueran entrevistados por el GIEI se
convirtió en un problema en sí mismo, de escala internacional, y dio origen a
fuertes tensiones con la OEA. Para el General Cienfuegos, en contraste, se
trataba de un asunto de orgullo personal, dependiente de su carrera y su
prestigio. El secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, replicó:
“En su caso, será el Presidente de la República el que tendría que tomar la
última decisión. De no ser el caso, que nos notifiquen que no son las
autoridades civiles las que mandan y entenderíamos entonces que las palabras
del Secretario de Defensa son las últimas”.
No se queden en los “likes” y actúen,
dice Alto Comisionado de la ONU a los mexicanos
Ante el “repliegue” del gobierno de
Enrique Peña Nieto respecto de su propio proyecto de legalización de los
matrimonios igualitarios, y ante el “temor” de los legisladores priistas de
sacarlo de la congeladora, la comunidad LGBTTTI emprenderá una campaña nacional
de concientización y ejercerá presión sobre el Legislativo. De acuerdo con
dirigentes de aquel conglomerado de agrupaciones, ese miedo y ese “no querer
saber nada de la iniciativa” obedece principalmente a cuestiones electorales.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-
Las organizaciones de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales,
transexuales, travestis, transgénero e intersexuales (LGBTTTI) preparan una
campaña nacional denominada “Sí acepto” y empiezan a presionar a los
legisladores priistas en el Congreso de la Unión para que saquen adelante la
iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto encaminada a legalizar los matrimonios
entre personas del mismo sexo.
Estas acciones obedecen a que
los coordinadores de las bancadas del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) en el Congreso mantienen congelada la iniciativa, pues se encuentran
“temerosos” de las movilizaciones de la Iglesia en contra de esa propuesta,
como fue la megamarcha del sábado 24 en la Ciudad de México.
También amedrentado por el
duro embate clerical, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, acaba
de anunciar que los libros de texto gratuito siempre no incluirán en sus
contenidos el tema de la diversidad sexual, como lo prometió Peña Nieto.
Ni siquiera “los ataques
homófobos” del clero pueden ser contenidos por el Consejo Nacional Para
Prevenir la Discriminación (Conapred), pese a que su titular, Alexandra Haas,
impulsó el encuentro que Peña sostuvo con líderes de la comunidad LGBTTTI al momento
de presentar su iniciativa, el pasado 17 de mayo.
Olivia Rubio Rodríguez,
coordinadora de la organización Familias Diversas, comenta desencantada:
“Yo asistí al encuentro de
Los Pinos. Ese día el presidente Peña se veía muy emocionado con la iniciativa,
muy convencido. Pero luego vino el fuerte embate de la jerarquía católica
contra su propuesta… y las cosas empezaron a cambiar. Hoy siento que el
gobierno se replegó. Y los legisladores del PRI en el Congreso están temerosos
por las movilizaciones de la jerarquía. No quieren saber nada de la
iniciativa.”
–¿A qué atribuye este temor?
–A cuestiones electorales
principalmente. El PRI supone que su derrota en los comicios de junio pasado se
debió en gran parte al rechazo de la Iglesia a la iniciativa presidencial. Ya
perdió Veracruz. Ahora tiene miedo de perder el Estado de México en los
comicios del año próximo. No quiere una derrota en la entidad donde nació y
gobernó Peña Nieto.
–¿Y cómo quedan entonces
ustedes? ¿Qué acciones emprenderá la comunidad LGBTTTI para empujar la
iniciativa?
–Aunque hoy esté muy tibio,
el Ejecutivo ya se pronunció y lanzó su iniciativa. Ahora la pelota está en la
cancha del Legislativo. De manera que trataremos de incidir en el Congreso. A
los legisladores priistas que estén temerosos trataremos de convencerlos para
que impulsen la iniciativa de Peña Nieto.
Fragmento del reportaje que se publica
en la edición 2082 de la revista Proceso, ya en circulación.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ RODRIGO
VERA /24 SEPTIEMBRE, 2016)
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-
La primera percepción de triunfo de los padres y madres de los 43 normalistas
de Ayotzinapa desaparecidos una vez difundida la renuncia de Tomás Zerón como
director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la tarde del miércoles
14, se desvaneció horas después con la decisión del presidente Enrique Peña Nieto
de nombrarlo secretario de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
“Protección”, “burla” y
“mentira” fueron las palabras con las que, un día después, los familiares de
los jóvenes desaparecidos la noche del 26 de septiembre definieron la acción
presidencial, tras reiterar su negativa a participar en mesas de diálogo con la
titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, que
habían sostenido desde mayo, semanas después de que el Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes (GIEI) revelara las presuntas actuaciones
irregulares de Zerón de Lucio en la construcción de la “verdad histórica” del
basurero de Cocula.
Los familiares de las
víctimas decidieron levantarse de la mesa de conversaciones el pasado 18 de
agosto, luego de que el visitador general de la dependencia, César Chávez
Flores, aceptó haber encontrado “responsabilidades” en la investigación abierta
contra Zerón, aunque indicó que no contaba en ese momento con la resolución
final.
El anuncio de la separación
del cargo del director de la AIC, hecho en un escueto comunicado de la PGR,
devino días después de que la revista estadunidense Science publicara en su
reciente edición el resultado de un experimento realizado por José Torero,
experto en incendios de la Universidad de Queensland, Australia, por el que
confirmó la imposibilidad de que los 43 normalistas hayan sido incinerados.
En el peritaje que elaboró
para el primer informe presentado por Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) en septiembre de 2015, Torero ya había descartado que el
fuego hubiera sido el destino final de los 43 estudiantes. Su dictamen lo
realizó con base en el análisis del expediente, en reportes del Equipo
Argentino de Antropología Forense (EAAF), en la inspección del basurero de
Cocula y en las evidencias recolectadas por la PGR en el sitio.
El investigador peruano
también formó parte de un equipo de seis expertos a los que la PGR, en acuerdo
con el GIEI, les encomendó elaborar un peritaje de dinámica de fuego, cuyas conclusiones
preliminares fueron dadas a conocer por la dependencia el 1 de abril de 2016.
Voz discordante en ese panel
de expertos, Torero y un equipo de estudiantes de la Universidad de Queensland
experimentaron con el cadáver de un cerdo de 70 kilos. Para quemarlo
requirieron 630 kilos de madera, de manera que para incinerar 43 cuerpos se
necesitarían 27 mil kilos “y aun así habrían quedado restos de materia
orgánica”.
El experto sometió al fuego
los cadáveres de cuatro cerdos para determinar “si la grasa corporal habría
servido como combustible, facilitando la incineración total”, pero demostró que
habría necesitado mucho más combustible que para calcinar uno a uno.
La divulgación del
experimento de Torero por la revista Science alentó a los padres de familia en
su exigencia a las autoridades de descartar de una vez por todas la “verdad
histórica” y sancionar a quien había contribuido a su construcción: Tomás
Zerón.
Una vez conocida la
separación de Zerón, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan, Abel Barrera, declaró a Proceso que, una vez que Arely Gómez se
había comprometido a investigarlo, suponía que la separación “no es una
decisión política, sino que está fundada en que hay una responsabilidad pública
del funcionario en su actuación y que afectó a las familias agraviadas (…) y
tiene que haber sanciones”.
En representación de los 43
padres de familia, en conferencia de prensa el jueves 15, ya con el
conocimiento del nombramiento presidencial de Zerón en la CNS, Mario González y
Cristina Bautista, padres de los jóvenes desaparecidos Mario César González y Benjamín
Bautista, acusaron a Peña Nieto de encubrir al exdirector de la AIC.
“Es indignante que después de
que ese tipo (Zerón) tiene una investigación abierta, se le premie con un cargo
más alto. Es una burla no sólo para los 43 padres sino para todos los
mexicanos”, dijo González.
Dolida, doña Cristina
reprochó a Peña Nieto que en la primera reunión que tuvieron con él, en octubre
de 2014, se comprometió a llevar la investigación topara donde topara, “pero
como se topó con su amigo, le dio un premio por construir la mentira histórica
del basurero de Cocula y del Río San Juan”.
Y continuó: “Peña Nieto ha
mentido no sólo a los papás de los 43 sino a todo el pueblo de México; está
protegiendo a su amigo y no lo mandó a su casa para que lo investigaran sino que
lo premió”.
ACCIONES Y REACCIONES
El director del Centro de
Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón Sánchez,
explicó que en la reunión de trabajo del 12 de junio Arely Gómez y el entonces
visitador general, César Chávez Flores, notificaron a los padres acerca de la
integración de dos expedientes en la Dirección General de Asuntos Internos de
la Visitaduría General: uno por “irregularidades de todo el contexto de la
investigación (del caso Ayotzinapa) en su conjunto, y el otro es justamente los
hechos del 28 de octubre de 2014 relacionados con el Río San Juan y con Tomás
Zerón”, a quien el GIEI identificó en videos y fotografías realizando
actuaciones e interrogando a un presunto implicado, sin que estas diligencias
estén integradas en el expediente.
Después de fijar su posición,
una comisión de padres de los 43 estudiantes se sumó a la manifestación
ciudadana que exigía la renuncia de Peña Nieto en la Ciudad de México, en tanto
que el resto hacía lo propio en Chilpancingo, Guerrero.
La tarde del jueves 15, el
encargado de la Oficina de Investigación del caso Iguala, Alfredo Higuera
Bernal, lamentó la decisión de los familiares de los 43 desaparecidos de
suspender las mesas de diálogo, tras señalar que el distanciamiento no ha sido
un freno para continuar con las investigaciones y la búsqueda de los
normalistas.
En entrevista con Proceso,
Higuera Bernal reconoció que la presencia de Zerón fue “motivo de reclamo de
los padres de familia” al considerar que como funcionario de la PGR
representaba “una posibilidad de obstrucción” en las investigaciones.
Añadió: “Ese aspecto ha sido
superado con la circunstancia de que él no está aquí, y me refiero a superado
no por que él hubiera realizado precisamente alguna obstrucción, sino en relación
al planteamiento que hacen los papás”.
Tras admitir que los
señalamientos contra Zerón están identificados antes de que él asumiera el
cargo al frente de las investigaciones del caso Ayotzinapa en junio pasado,
Higuera Bernal sostuvo que durante su gestión “jamás se advirtió ninguna
interferencia con el quehacer investigatorio (sic) de esta oficina; aun con
ello, las consideraciones que hicieron valer los padres de familia son aspectos
que siempre deben considerarse (sic); no se pueden ignorar los señalamientos
que víctimas tengan que hacer con respecto a los servidores públicos, pero,
insisto, ninguna obstrucción, interferencia ni nada de esa naturaleza”.
El funcionario reconoció
asimismo que desde que el GIEI reveló en su último informe la presencia de
Zerón en el Río San Juan, “la señora procuradora instruyó que se investigara
concretamente el hecho de la manera más objetiva; no podía ser de otra manera,
precisamente por estar vinculado a este caso tan importante”.
Confirmó que en la última
reunión con los padres, la del 18 de agosto, el visitador “dio a conocer que
estaban muy avanzados los trabajos y lo que restaba era esperar la definición
de esa investigación”, y destacó que la visitaduría es la única que conoce del
“estatus y la situación actual, e informa a las instancias correspondientes, no
necesariamente a esta oficina, por estar nosotros abocados a la investigación
de los jóvenes”.
En cuanto al experimento de
Torero expuesto en la edición reciente de la revista Science, el funcionario sostuvo
que “no ha habido ninguna obsesión con esa hipótesis o línea de investigación”,
y añadió que en su momento, durante la gestión de Jesús Murillo Karam, se dio a
conocer “en función de los elementos que tuvo en aquel entonces”.
Insistió en que la PGR no
está “casada” con la línea del basurero de Cocula, y en cuanto al reporte del
investigador dijo que “todas las opiniones son respetables, pero aun en
actividades de carácter científico, como es la emisión de un dictamen u opinión
por parte de expertos, puede haber diferencias”.
También reconoció que, aun
cuando en el dictamen preliminar del panel de expertos se recomendaba la
realización de peritajes de mayor calado, “todavía no se han realizado”.
De acuerdo con Higuera
Bernal, la oficina a su cargo ha atendido lineamientos del GIEI, solicitudes de
diligencias de los padres de familia a través de sus representantes y
actuaciones surgidas de las propias investigaciones de su oficina, así como
observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Expuso que entre las
peticiones de la CNDH, el jueves 15, a las 19:49 horas, su oficina remitió a la
Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Tortura, que depende de
la Subprocuraduría de Delitos Federales, el reporte que realizó el organismo
sobre el caso de Julio César Mondragón Fontes, cuyo rostro apareció descarnado
la mañana del 27 de septiembre, y quien habría sometido a severos tormentos
antes de morir.
“Hubo un planteamiento para
que hubiera intervención federal, para que se dilucidara lo relativo a los
posibles actos de tortura que, de acuerdo al dictamen de la CNDH, podría haber
sido objeto Julio César Mondragón; eso fue motivo de un planteamiento especial
del organismo y de la propia representación de la familia de Julio César.
“Primero obtuvimos
información, copias certificadas de los 10 tomos del expediente, y hemos
generado esa intervención con fines de investigación a través de la Unidad
Especializada en Tortura. El caso de homicidio no se atrae porque está radicado
en un juzgado del estado de Guerrero y allá seguirá su curso”, explicó.
Agregó que durante el tiempo
que ha estado al frente de la investigación se han “obtenido las declaraciones
de más de 100 personas en torno a los hechos y no circunscribiéndola a lo que
originalmente fue el objeto de investigación que eran los municipios de Iguala
y Cocula”, sino que se ha interrogado a autoridades de otros municipios, entre
éstas a alcaldes y policías, así como a integrantes de corporaciones estatales
y federales, además de que se ha ampliado la investigación sobre telefonía
celular.
Higuera Bernal aseguró que su
oficina está en espera de apoyar al personal que designe la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para implementar el Mecanismo de
Seguimiento de las Medidas Cautelares por el caso de la desaparición de los
jóvenes, así como para supervisar el acatamiento de las recomendaciones del
GIEI.
Asimismo, se dijo confiado en
que la visitaduría de la PGR dé a conocer el resultado de la investigación a
Tomás Zerón para que los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos
regresen a las mesas de trabajo.
CHIHUAHUA, Chih.
(proceso.com.mx).- Un grupo de hombres armados ejecutó la tarde de este sábado
al comandante de la Policía Municipal de Chihuahua, Francisco Cisneros Prieto,
quien coordinaba un equipo en la unidad contra pandillas.
El comandante Cisneros era
egresado de la academia del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla
en inglés).
Alrededor de las 18:00 horas,
hombres armados presuntamente a bordo de dos camionetas dispararon contra
Cisneros, quien se encontraba afuera de su vivienda ubicada en la calle 58,
entre las calles Urquidi y Ochoa de la colonia Rosario, al sur de esta capital.
Su cuerpo quedó dentro de un vehículo.
De acuerdo con los primeros
reportes, las armas que utilizaron los sicarios son de calibre 9 y .45
milímetros.
El crimen movilizó alrededor
de 40 unidades de Seguridad Pública Municipal, Policía Estatal Única, Policía
Ministerial y momentos más tarde el Ejército resguardó la escena del crimen.
Los agentes policiacos montaron vigilancia a las salidas de la ciudad.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-
El desplome de los niveles de aprobación del presidente Enrique Peña Nieto, la
reducción de sus márgenes de acción para mantener la gobernabilidad democrática
y la creciente demanda de su renuncia evidencian la gravedad de la crisis que
vive el país, sin parangón en el México posrevolucionario.
Si a esto se añade que la
historia reciente muestra las recurrentes crisis en los dos últimos años de los
sexenios presidenciales (Proceso 2078) y que los tres sexenios anteriores a
éste se debilitaron sensiblemente con la pérdida de legisladores en las
elecciones intermedias, llama la atención que –en general– quienes buscan
impulsar una nueva reforma electoral para permitir una segunda vuelta en la
elección presidencial se limiten a elevar esta exigencia sin impulsar una
reflexión integral y profunda del régimen político mexicano.
Es prácticamente un hecho,
como señalan estas voces y plumas, que el próximo presidente contará apenas con
el respaldo de una quinta parte de los mexicanos (alrededor del 30%, o incluso
un poco menos, de los votos de aproximadamente 60% de los votantes potenciales
que acudan a las urnas), lo cual sería coincidente con el poco más de 20% de
quienes hoy aprueban la gestión presidencial.
Pero la segunda vuelta
electoral, con la participación únicamente de los dos candidatos que mayor
porcentaje de votación logren en la primera vuelta, para asegurar que el
ganador obtiene más de la mitad de los votos y, por lo tanto, previsiblemente
el respaldo de alrededor de una tercera parte de los votantes potenciales, no
necesariamente se traducirá en mayor gobernabilidad democrática a lo largo de
los seis años de gobierno.
Particularmente Vicente Fox,
como el primer presidente de la alternancia, llegó a Los Pinos con una gran
legitimidad democrática e inició y concluyó su gestión con poco más de 60% de
aprobación (Proceso 2076). Sin embargo, eso no evitó sus atropellos y excesos
del último tramo de su mandato, cuando inició el desafuero del entonces Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, y utilizó la fuerza
pública, con pérdida de vidas humanas, para desalojar a los manifestantes de
Oaxaca y someter el movimiento laboral de una siderúrgica en Michoacán.
Inclusive el riesgo de que se
acentúen las debilidades del presidencialismo puede acrecentarse, pues el nuevo
mandatario estaría conviviendo con un Congreso (o, al menos, la Cámara de
Diputados) dominado ampliamente por legisladores postulados por partidos
opositores al suyo, como les sucedió particularmente a los dos titulares del
Ejecutivo panistas (Vicente Fox y Felipe Calderón, en la segunda mitad de su
mandato).
Por supuesto que el régimen
político mexicano requiere una discusión profunda e incluyente, pero la misma
no puede limitarse a la segunda vuelta electoral en la elección presidencial.
Si no quiere discutirse siquiera la posibilidad de abandonar el sistema
presidencial, el debate al menos debe incluir la duración del mandato (cuatro,
cinco o seis años); la mayoría requerida para alcanzar el cargo (relativa,
absoluta o la llamada híbrida), y, desde luego, los periodos de los
legisladores y la forma de renovación de las cámaras.
Habría otros dos temas que
pudieran incluirse, pero seguramente polarizarían mucho la discusión y no son
indispensables para hacer una profunda transformación del sistema de gobierno:
la posibilidad de reelección del presidente, aunque no fuese inmediata
(únicamente tres países latinoamericanos –uno de ellos México– prohíben
cualquier tipo de reelección), y la revocación de mandato para el Ejecutivo
federal.
Respecto a la duración del
mandato presidencial, de los 18 países latinoamericanos el periodo de seis años
es exclusivo de México y Venezuela; en El Salvador, Panamá, Perú y Paraguay es
de cinco años, y de cuatro en los 12 países restantes de América Latina –entre
los que pudiera incluirse a Estados Unidos.
Y para los que argumentan que
cuatro años son muy pocos, de todos los países de la región, siete permiten la
reelección inmediata; tres prevén la reelección luego de al menos un periodo
fuera del gobierno (Costa Rica, Uruguay y Chile), y dos de plano la prohíben.
En cuanto a la mayoría
requerida para llegar al cargo, cinco países (entre ellos México) exigen
mayoría relativa; cinco aceptan la composición denominada híbrida, es decir, se
puede llegar con menos del 50% siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones
(en algunos casos en automático con más del 40 o 45% de los votos; en otros,
con 35 o 40% y una diferencia de más de 5 o 10 puntos porcentuales con respecto
al segundo lugar), y en ocho países sí se exige que tengan, al menos, el 50% de
los votos, es decir, mayoría absoluta.
En el caso de los sistemas
híbridos y los de mayoría absoluta, cuando no se cumplen las condiciones
establecidas se recurre a la segunda vuelta electoral.
En el caso de México, sin
embargo, como uno de los elementos centrales para asegurar la gobernabilidad
democrática es la relación con los otros poderes constitucionales (Legislativo
y Judicial), es fundamental también revisar el periodo de los legisladores y la
forma de renovación de las Cámaras, es decir, cuántos años durarán en su
encargo los legisladores y si se elige al ciento por ciento en la misma fecha o
la renovación se efectúa por mitades. En esta discusión pueden introducirse
otros elementos, como la muy cuestionable integración actual del Senado (dos de
mayoría por fórmula y 32 de lista nacional).
Plantear exclusivamente la
introducción de la segunda vuelta electoral en la elección presidencial parece
más bien una reforma ad hominem para intentar evitar, por esa vía, el triunfo
de Andrés Manuel López Obrador. Pero, en cualquier caso, ya es tiempo de acabar
con la lamentable práctica de hacer reformas pensando en resolver problemas
específicos, sin evaluar todos los impactos que las mismas tienen sobre todo el
sistema político.
Introducir la segunda vuelta
sin hacer una revisión integral, podría generar problemas mayores al que
intenta resolver la falta de legitimidad del presidente.
A pesar de que Enrique Ochoa Reza
renunció voluntariamente a la dirección de la Comisión Federal de Electricidad,
cobró una liquidación de un millón 206 mil pesos, cinco veces mayor a la que le
correspondía. El actual dirigente nacional del PRI, que se proclama “zar anticorrupción”,
recurrió a un retorcido proceso administrativo –“legal”, asegura él;
“indebido”, sostiene un especialista en derecho laboral— para obtener su
millonaria liquidación. Los engranajes de dicho proceso son expuestos por una
investigación de la alianza Méxicoleaks –de la que este semanario forma parte—,
realizada con base en documentos filtrados a su plataforma digital.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-
La renuncia de Enrique Ochoa Reza a la dirección de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) fue costosa para el erario: el actual dirigente del PRI
recibió una liquidación de un millón 206 mil 271 pesos por haber trabajado en
esa empresa del Estado apenas 2 años con 155 días; es decir, de un jalón
recibió el equivalente a nueve meses de su salario.
Sólo que no le tocaba ese
monto, afirma el abogado Manuel Fuentes Muñiz, especialista en derecho laboral.
La razón: se separó voluntariamente de su cargo.
La fracción primera del
artículo 33 del Manual de Trabajo de Servidores Públicos de Mando de la CFE
establece que, “en casos de separación voluntaria por cualquier causa”, esta
empresa otorgará una “compensación” al funcionario sólo después de que éste
haya cumplido tres años de servicio… y a Ochoa le faltaban siete meses.
La “separación voluntaria” de
Ochoa Reza al frente de la CFE quedó documentada en la carta que le envió al
presidente Enrique Peña Nieto el pasado 8 de julio:
“El día de hoy le solicito
con todo respeto me permita concluir este ciclo (como director de la CFE), por
lo cual le presento a usted mi renuncia a dicho cargo”, escribió.
“El motivo de mi renuncia
obedece a la aspiración de participar en el proceso interno para la elección de
presidente del Comité Ejecutivo Nacional de mi Partido, el Revolucionario
Institucional”, agregó.
Sin embargo, ese mismo día,
Ochoa –quien como dirigente del PRI encabeza una “cruzada contra la corrupción”
y acusa al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de mentir en su
declaración “3de3”— acordó con la CFE un “dictamen de terminación laboral” para
obtener una liquidación cinco veces mayor a la que le correspondía. Fundamentó
su petición en la fracción segunda del artículo 33 del mencionado Manual de
Trabajo de Servidores Públicos de Mando, que establece el pago de liquidación
en caso de separación no voluntaria del cargo.
“El pago a Ochoa Reza fue
indebido. De acuerdo con el Manual le tocaba ser liquidado con base en el supuesto
de la renuncia voluntaria, no de la liquidación”, afirma Manuel Fuentes Muñiz,
catedrático de la UAM y especialista en derecho laboral.
Señala que el Órgano Interno
de Control de la CFE debe tomar cartas en el asunto y, en su caso, “fincar
responsabilidades” a los funcionarios que cometieron esta “falta
administrativa”. Incluso, considera que la Secretaría de la Función Pública
“tendría que intervenir y plantearse el ejercicio de acciones penales, dado que
existe la presunción del uso indebido de recursos públicos”.
Ochoa Reza por su parte
sostiene que su proceso de liquidación fue legal e idéntico al que se aplicó
con sus predecesores en los últimos 15 años. Afirma que él fue sólo un “sujeto
pasivo” de un trámite interno de la CFE ya establecido. Reconoce que su
separación fue “voluntaria”, pero afirma que la normatividad “no distingue”
cuando ésta debe o no ser voluntaria. Asegura que con base en dicha
normatividad se calculó “cómo terminaría mi relación laboral con la empresa”.
La alianza Méxicoleaks –de la
que Proceso forma parte—realizó una investigación periodística sobre el proceso
administrativo que permitió al actual presidente nacional del PRI cobrar una
liquidación millonaria. Para ello se basó en documentos filtrados a través de
su plataforma digital.
"LA MÁS ALTA LIQUIDACIÓN"
El pasado 8 de julio, en su
último día al frente de la CFE, Ochoa Reza acudió a la Gerencia de Relaciones
Laborales de la empresa. Solicitó el “más amplio y eficaz finiquito”: un millón
725 mil 209 pesos, al que tendría que restar impuestos, hasta quedar en un
millón 206 mil 271 pesos.
Este monto equivale a 253.35
días del salario diario integrado que Ochoa Reza cobró durante su periodo en el
cargo, del 2 de febrero de 2014 al 9 de julio de 2016. Dicho de otro modo: la
CFE pagó a su exdirector general mil 363 pesos por día, equivalente a dos días
extras de sueldo por cada semana que estuvo en su nómina.
Jaime Tadeo Castelán Olguín,
subgerente de Relaciones Laborales, y Karime Slim Ruiz, jefe del Departamento
de Dictámenes, dieron su visto bueno a la liquidación millonaria, la cual quedó
plasmada en el “dictamen de terminación de la relación laboral” número T.L.
49/2016. Ochoa Reza firmó para expresar su “conformidad”.
En ese dictamen, que fue
filtrado a la plataforma Méxicoleaks, la CFE explica que la liquidación “se
otorga a solicitud del C. Enrique Ochoa Reza”, y justifica “el otorgamiento de
una gratificación especial por los servicios prestados, equivalentes a la más
alta liquidación que establece el Manual de Trabajo de Servidores Públicos de
Mando vigente (…) de tal manera que al Servidor Público de Mando se le otorga
el más amplio y eficaz finiquito”.
La CFE estimó el salario
diario de Ochoa Reza en 6 mil 809 pesos, lo que incluye, además del salario
base, la ayuda para renta de casa, el fondo de ahorro, la prima vacacional, el
aguinaldo, el fondo de previsión, el transporte, la despensa, la “compensación
garantizada” y el bono.
Para justificar el pago de
253 salarios diarios, el dictamen se apoyó en la fracción segunda del artículo
33 del Manual de Trabajo para Servidores Públicos de Mando de la CFE.
Esta fracción establece que,
al liquidar los servidores públicos de mando, la paraestatal les debe 120 días
de salario, más 35 días por año de servicios prestados, más otros 20 días por
cada año laborado, bajo el concepto de prima legal de antigüedad. La suma, en
el caso de Ochoa Reza, se elevó a 253.35 días.
Sin embargo, el abogado
Fuentes Muñiz asevera: dado que Ochoa Reza renunció a su cargo de manera
voluntaria, la CFE debió aplicar la fracción primera del artículo 33, la cual
se establece para los casos específicos de “separación voluntaria”.
Fracción I. Separación voluntaria.
Fracción II. La que se aplicó
a Ochoa Reza.
Esta fracción prevé una
liquidación de 20 días de salario por año de servicios para los trabajadores
que renunciaron por voluntad propia. Contempla también un monto extra según la
antigüedad del servidor público de mando, pero solo para quienes cumplieron por
lo menos tres años de labores en la CFE, lo que no fue el caso del actual
presidente del PRI.
En este escenario, la CFE
hubiera pagado a Ochoa Reza un finiquito equivalente a 48.49 salarios diarios;
es decir, 330 mil 168 pesos brutos y 231 mil 118 pesos netos si se restan los
impuestos.
Tras analizar los documentos
a petición de la alianza Méxicoleaks, el abogado Fuentes Muñiz explica que el
referido Manual plantea dos supuestos excluyentes: “separación voluntaria” o
“liquidación”. El primero otorga una compensación mucho menor que el segundo.
“Si solamente estuviera el
segundo supuesto, no el primero, habría posibilidades de que los funcionarios
lo pudieran interpretar, dada la vaguedad en la que está redactado. Pero
existiendo el primer supuesto de la renuncia voluntaria tal como está
expresado, obviamente, no procedería porque es evidente que hubo una renuncia
voluntaria y además de manera expresa”, sostiene en entrevista Fuentes Muñiz.
No sólo eso. Afirma que “los
funcionarios que designaron el pago de liquidación están cometiendo una falta
grave que puede ser incluso sujeta a un proceso legal porque ellos solamente
pueden hacer lo que está permitido en las normas”.
“SUJETO PASIVO”
En entrevista, Ochoa Reza
niega que su liquidación fue irregular o que obtuvo un trato preferencial.
Asegura que el cálculo del monto de su finiquito estuvo a cargo de la CFE y que
él fue un “sujeto pasivo” en todo el proceso. Además, estima que “de ninguna
manera” esta liquidación le resta calidad moral o credibilidad a su postura de
combate a la corrupción.
“Es una normatividad que se
aplicó a los dirigentes, subdirectores, a los funcionarios de mando desde
tiempos que me preceden y que sigue vigente para los funcionarios que continúen
teniendo esa honrosa responsabilidad”, dice. Añade: “En ese sentido, yo no tuve
ningún trato preferencial”.
A la pregunta sobre si
considera que una liquidación tan elevada es correcta, asevera: “Así es como lo
establece la normatividad interna de la CFE y de la que yo soy un sujeto
pasivo. Básicamente el cálculo se hizo por parte de la institución y ella
determinó que ese era el monto que me correspondía”.
El cheque de liquidación de
Ochoa Reza.
–¿La carta que usted envió al
presidente es de renuncia?, se le pregunta.
–Sí, como no. Es una carta
donde presento la renuncia, la hice pública en los medios de comunicación y en
las redes sociales y en ese momento inicié el camino de acuerdo a los
procedimientos del PRI para ser su presidente nacional.
–¿Eso significa una
separación voluntaria?
Ochoa Reza frunce el ceño.
Después de un momento de reflexión, responde: “Sí, pero…”. Con la mano, alienta
a precisar la pregunta. Se le recuerda que, de acuerdo con el Manual, la CFE le
tenía que otorgar un finiquito por separación voluntaria.
“Es que la normatividad,
según he escuchado y analizado el caso, la normatividad no distingue…, la
normatividad se refiere a la separación y en cuanto a esa normatividad, que
tiene 15 años de vigencia y se ha aplicado a todos los directores, se calcula
cómo terminará mi relación laboral con la empresa”, afirma.
Y añade: “a través de las
preguntas que tú me has hecho me he enterado que hay dudas sobre lo mismo, pero
creo que quedan puntualmente aclaradas y que el procedimiento que se llevó a
cabo fue legal y además preciso y oportuno”.
La carta de renuncia dirigida
a Peña.
Previo a la entrevista, Ochoa
Reza dejó hablar a Héctor de la Cruz Ostos y Roberto Martínez Espinosa,
respectivos director de Administración y encargado de la Oficina del Abogado
General de la CFE, para que explicaran la parte legal de su liquidación.
Durante la reunión estuvo presente el senador priista Arturo Zamora, quién de
vez en cuando compartía sus opiniones.
Tanto De La Cruz como
Martínez han colaborado con Ochoa Reza desde que dirigía la subsecretaría de
Hidrocarburos –entre diciembre de 2012 y febrero de 2014–. El actual dirigente
del PRI los reclutó en la CFE siete días después de asumir la dirección de la
empresa productiva del Estado. Durante más de media hora, insistieron en que no
hubo ilegalidad alguna en el otorgamiento de la liquidación a Ochoa Reza.
Sus argumentos: todos los
directores de la CFE recibieron el mismo trato en los últimos 15 años; la
normatividad está muy firme “porque no ha sido cuestionada por ningún otro
instrumento legal”; y Ochoa Reza tuvo derecho a recibir los beneficios de la
fracción segunda pese que su caso aplicaba para la fracción primera, pues estas
dos no se anulan.
Todavía el pasado 18 de
agosto, la situación laboral de Ochoa Reza en el Sistema de Información de
Estadística de Personal (SIEP) lo catalogaba en la categoría de “Separación
voluntaria”. Cinco días más tarde, el 23, esta mención había desaparecido, sustituida
por la mención “reajuste”, según documentos filtrados a través de Méxicoleaks.
De “separación voluntaria” a “reajuste”.
Los cambios de Ochoa en la base de datos de la CFE.
Según los abogados de la CFE,
este cambio no resultó de una maniobra engañosa, sino de una banal limitación
del software. Explicaron: “no existe un campo que diga liquidación, entonces
(reajuste) es el campo que se aplica internamente (…) Y si consultas con los
demás directores es igual. Son categorías informáticas, no legales”.
SIMPLE TRÁMITE
Con su liquidación ya pactada
con la CFE, a Ochoa Reza sólo le faltaba cobrar su cheque. El pasado 24 de
agosto, acudió a la Junta Especial número 5 de Conciliación y Arbitraje junto
con Castelán Olguín, el subgerente de Relaciones Laborales de la empresa.
Presentaron un convenio fuera
de juicio –una figura que permite resolver casos laborales sin pasar por
tribunales– elaborado el mismo día. Este convenio señaló que Ochoa Reza deseaba
terminar su relación laboral con la CFE tal y como lo estipulaba el dictamen
T.L. 49/2016.
La junta fue breve: el
fedatario público aprobó el convenio, constató la entrega del cheque número
0000272 por un millón 206 mil 271 pesos con 81 centavos –fechado el 18 de
agosto– a Ochoa Reza y ordenó el archivo del asunto como “total y
definitivamente concluido”.
En el transcurso de esta
investigación, se consultó el acta de la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje en la sede de la institución, el cual contiene copias del cheque, del
convenio fuera de juicio y del dictamen.
“En realidad la Junta Federal
de Conciliación y Arbitraje no es la que autoriza el contenido del convenio,
solamente revisa la forma en que se otorga la indemnización, pero no le
corresponde validar el documento en cuanto a la norma. Si la empresa decide dar
ese pago es responsabilidad de ella”, añade el abogado.
(PROCESO / HOMERO CAMPA Y MATHIEU
TOURLIERE/ 25 SEPTIEMBRE, 2016)