Los malos resultados del Gobierno
federal han pesado en el mal momento que vive actualmente el PRI. Sin embargo,
coinciden politólogos e incluso los propios priistas, nada hizo más daño al
partido y sumó a las derrotas del pasado 5 de junio como el castigo a sus
gobernadores, que sumaron poder, riqueza y mucha influencia en el tricolor
cuando desde que éste perdió la Presidencia de la República en 2000. Sus abusos
y la corrupción descarada es de escándalo, dicen. Pero Enrique Peña Nieto no
los frenó a tiempo, porque les debe favores, afirman. Lo que no vieron venir
fue la reacción de sus gobernados, quienes han puesto al PRI en un verdadero
predicamento de cara a las elecciones federales de 2018.
El desprestigio del actual Gobierno
federal, generado por escándalos de corrupción en torno al propio Presidente y
de sus secretarios más cercanos, como Luis Videgaray, han impactado también al
PRI. Foto: Cuartoscuro.
Ciudad de México, 15 de
agosto (SinEmbargo).– El Partido Revolucionario Institucional (PRI) está en
crisis. El saldo de la elección del pasado 5 de junio en siete estados motivó
la salida del anterior dirigente nacional, Manlio Fabio Beltrones Rivera, y su
reemplazo con el ex director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
Enrique Ochoa Reza, considerado un “desconocido” que tuvo que empezar a
recorrer México para presentarse a la militancia.
Los resultados de los
comicios, si bien previstos como complicados, sorprendieron aun así tanto en el
Comité Ejecutivo Nacional del partido como en la Presidencia de la República,
donde todavía hasta las seis de la tarde de ese domingo las encuestas de salida
y los datos de la Secretaría de Gobernación (Segob) les permitían esperar al
menos nueve victorias.
Luego llegaron las noticias
de las derrotas en Veracruz, Quintana Roo, Tamaulipas, Durango, Chihuahua,
Aguascalientes y Puebla, que fueron siete de las 12 entidades en disputa y, las
cuatro primeras, lugares donde el Revolucionario Institucional no había perdido
en sus más de 80 años de historia.
Para el CEN anterior, la
principal causa de la debacle fue clara: hubo un castigo por parte de los
electores, sobre todo a los gobernadores priistas con los más conocidos casos
de corrupción y endeudamiento de las finanzas públicas, como Javier Duarte de
Ochoa, en Veracruz; César Duarte Jáquez, en Chihuahua, y Roberto Borge Angulo,
en Quintana Roo.
El caso de Veracruz, sobre
todo, ilustró el fracaso de la estrategia de la anterior dirigencia nacional
para tratar de evitar las pérdidas y distanciarse de Duarte de Ochoa cuando, en
febrero pasado, se promovió que el mandatario tomara licencia.
“Pero ¿qué pasó? Vino a Los
Pinos, alegó lo que a su parte consideró y se quedó en su cargo, y nos hizo
todo el daño que nos tenía que hacer”, dice una fuente del Comité Ejecutivo
Nacional.
El motivo de esa falta de
sanciones, plantea el entrevistado, es el “compromiso económico” que le generó
al actual Presidente Enrique Peña Nieto el financiamiento de su campaña en 2012
en esos y otros estados –distinguidos también por el aumento en sus deudas
públicas.
“Un grupo de priístas,
empezando por quien era presidente nacional del partido entonces, Humberto
Moreira Valdés; siguiendo con el Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge;
Javier Duarte, de Veracruz; César Duarte, de Chihuahua, aparentemente hicieron
un compromiso económico que ahora limita al Presidente para combatir la
corrupción”, agrega la fuente consultada, quien narró la percepción de una
parte de la dirigencia nacional con la condición de no ser citada.
La Comisión Nacional de
Justicia del PRI recibió el mes pasado una solicitud para suspender los
derechos políticos a los tres gobernadores más problemáticos (los dos Duarte y
Borge); procedimiento considerado por la anterior presidencia partidista como
parte del trabajo necesario para, ahora sí, tratar de marcar distancia antes de
la elección de 2018.
La nueva dirigencia del
tricolor, sin embargo, no ha dado respuesta. Por lo que, de continuar sin
prevenir de nuevo un castigo de los electores por las constantes denuncias de
corrupción, consideran priistas consultados, lo que les espera es la derrota en
la elección presidencial de 2018.
EL PRI “DE LOS GOBERNADORES”
Académicos: difícilmente podrá este
Gobierno revertir su imagen de corrupción
El PRI se convirtió en un
partido “de gobernadores” a partir de 2000, cuando perdió por primera vez la
Presidencia de la República y quedó vacío el espacio de la figura central que
históricamente controló a esa institución política.
De acuerdo con el historiador
del Colegio de México (Colmex), Lorenzo Meyer Cossío, esta ausencia de un poder
central priísta se combinó con la debilidad de las presidencias de los panistas
Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, incapaces de controlar la
creciente corrupción de los gobernadores.
“Como el cambio en el 2000
significó, entre otras cosas, una Presidencia relativamente débil, que tuvo que
pactar mucho con los gobernadores, y los gobernadores, de ser personas
encargadas del Poder Ejecutivo a nombre del Presidente, se convirtieron en los
auténticos jefes, sobre todo en estados donde no había habido transición, donde
seguía siendo el PRI el único partido”, explica Meyer Cossío.
Con ese poder los encontró la
renovación por la Presidencia de la República en 2012, cuando mandatarios como
los Duarte tenían dos años en el cargo y cerraron filas alrededor del entonces
Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.
“Y ahí se combinó el fracaso
de Fox y luego de Calderón, el fracaso de la transición, con estos gobernadores
fuertes que aguantaron el embate y se lanzaron a la recuperación del poder (en
2012)”, explicó el historiador en marzo pasado, con motivo del 87 aniversario
del tricolor.
Después de la recuperación de
la Presidencia, Peña Nieto debía equilibrar el poder entre las diferentes
facciones, como los antiguos liderazgos y los integrantes de su equipo. Pero,
en opinión del priista Esteban Ruiz Carballido, quien acaba de impugnar la
designación de Enrique Ochoa Reza como dirigente nacional, este equilibrio no
se dio y el mexiquense se rodeó casi únicamente de integrantes de su viejo
círculo en el Estado de México y de ex mandatarios cercanos, como el
hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong, hoy Secretario de Gobernación.
Pese a esta falta de
equilibrios, y aun después del escándalo por la adquisición de la “casa blanca”
presidencial y la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero, el PRI logró
mantener la mayoría en el Congreso en la elección federal intermedia de 2015.
“Pero viene la elección de
2016, y se vuelve muy complicado”, dice Ruiz Carballido. “En tres estados
[Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo] donde los gobernadores son muy
cuestionados por la corrupción; Tamaulipas, un estado muy castigado por la
delincuencia organizada, que era imposible que el PRI sostuviera”, agrega.
Los triunfos del PRI en
entidades que había perdido sexenios anteriores, como Sinaloa, que en junio
pasado le ganó al PAN, o Oaxaca, que tenía una alianza de cuatro partidos,
exponen, de acuerdo con diversos análisis, que el electorado mexicano “castigó”
a los partidos que los gobernaban, y no únicamente al tricolor. En algunas
entidades, el PRI perdió incluso contra ex priistas, como el hoy Gobernador
electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, postulado por una alianza
PAN-PRD y que, suponen las mediciones del tricolor, les arrancaron incluso los
votos considerados “duros”, como los de la burocracia estatal.
Aun así, Beltrones Rivera –ex
Gobernador de Sonora, ex legislador y cercano al ex Presidente Carlos Salinas
de Gortari– anunció su salida de la dirigencia nacional el 20 de junio pasado
y, en su mensaje, aludió al “castigo” recibido en el PRI por los casos de
corrupción de los gobernadores.
“Es imprescindible, diría que
es urgente y prioritario, que reforcemos la rendición de cuentas de los servidores
públicos, legisladores y gobernantes que emanan de las filas del PRI, que
oigamos y atendamos las demandas de castigo a la corrupción y a la impunidad”,
dijo Beltrones en su posicionamiento ante la Comisión Política priísta.
“Requerimos hacer efectivo el
papel político del partido como vigilante de la gestión de los Gobiernos
priistas, con facultades estatutarias para actuar con determinación y a tiempo
para reconocer y premiar aciertos; corregir errores y sancionar conductas
irresponsables”, agregó.
Tres semanas después, el
entonces director de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza,
renunció su cargo y, el 12 de julio, fue nombrado nuevo presidente del Comité
Ejecutivo Nacional del PRI a través de una convocatoria impugnada por diversos
militantes.
“El presidente del PRI
renuncia y la lógica no se impone; la lógica de que tendría que venir un cuadro
priista, muy reconocido, de amplia trayectoria, a tratar de darle equilibrios
al PRI, que pudiera venir a aglutinar a todos los grupos del PRI que andamos
sueltos, no se da”, dice Ruiz Carballido.
“Y se sacan de la manga a un
personaje no conocido en el PRI, sin trayectoria ni experiencia en el ámbito
partidista y, lo más grave, que es la parte de la impugnación, con un registro
proveniente de una convocatoria viciada y sin cumplir él mismo con un número de
requisitos”, agrega.
Ochoa Reza –quien se propuso
recorrer las 32 entidades en 100 días– ha enfocado parte de su actual mensaje
en el combate a la corrupción e incluso el día de su toma de posesión dedicó la
última parte de su discurso a “reflexionar” sobre el daño que los saqueos y la
impunidad le habían hecho al partido.
“No cabe duda que el elemento
más adverso a la clase política hoy en México son las acusaciones de corrupción
y de impunidad”, dijo Ochoa Reza desde el auditorio Plutarco Elías Calles de la
sede priista.
“Cuando uno de nuestros
militantes le falla a la sociedad y se corrompe, lastima profundamente al
partido y a todo el resto de sus militantes y simpatizantes; nos lastima a
todos. Es inaceptable tapar el sol con un dedo, debemos reaccionar. El PRI
tiene que ser garante de la honestidad de sus gobiernos. Tenemos que ser un
partido que señale la corrupción de los gobiernos emanados de nuestras filas,
que exija su fiscalización, incluso su destitución”, agregó.
En el círculo de Manlio Fabio
Beltrones –que aún busca la candidatura presidencial– el discurso de Ochoa
Reza, sin embargo, no es suficiente. Quieren que, antes de 2018, haya una
estrategia de control de daños que incluya más que la acción de
inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República
(PGR) contra el “blindaje” de Roberto Borge.
El PRI, comenta la fuente del
CEN consultada, podría colaborar en el mismo propósito procesando la denuncia
interpuesta el pasado 20 de julio por una corriente que pidió la suspensión de
derechos como militantes priistas a Duarte de Ochoa, Duarte Jáquez y Borge
Angulo. Denuncia que, en cambio, se encuentra sin avances debido al alto
“nivel” de los acusados.
Este medio solicitó una
entrevista con Ochoa Reza, pero la petición no ha sido respondida.
RIESGO DE POLARIZACION
Otra vez un amigo, una propiedad (ahora
en Miami), la Primera Dama
De acuerdo con el politólogo
Rogelio Hernández Rodríguez, autor del reciente libro “Historia Mínima del
PRI”, en el contexto de las derrotas de 2016 están también el desprestigio del
actual del Gobierno federal y del Presidente Peña, envuelto él mismo, como Luis
Videgaray, en escándalos por propiedades obtenidas de uno de los contratistas
favorecidos por la actual administración.
Otro elemento, menciona Hernández,
son decisiones polémicas como la aplicación de la Reforma Educativa, que
mantiene al Ejecutivo federal enfrentado con los docentes del país y, ahora,
con los empresarios, inconformes por los bloqueos y las manifestaciones.
En medio de todas las problemáticas,
sin embargo, coincide el también investigador del Colegio de México, el mayor
peso en las derrotas del pasado 5 de junio fue el castigo a los gobernadores.
“Esta imagen de ya no sólo
incapacidad, sino claramente de corrupción, como en el caso escandaloso de
Veracruz, ha sido una clara demostración de que los ciudadanos no sólo están
cuestionando el buen desempeño de los gobiernos, sino la corrupción y el manejo
que han hecho sus gobernantes”, dice.
Como los demás entrevistados,
Hernández opina no observar en la nueva dirigencia capacidad ni autoridad para
enfrentar los retos en los próximos meses, como tres elecciones en 2017 –entre
ellas en el Estado de México, considerado también bastión priísta– y, sobre
todo, el proceso de selección del candidato presidencial en 2008.
“Y eso será el primer paso de
democracia interna que deberemos vivir y hacer correctamente; porque si no, si
repetimos las prácticas de cómo eligieron al doctor Ochoa, vamos a salir muy
mal librados del proceso interno y nos puede costar el 2018”, dice Ruiz
Carballido.
“Aun cuando faltan muchas
cosas por observar y por ver en términos de la competencia electoral, las
probabilidades de que el PRI gane las elecciones presidenciales son bastante
pocas”, coincide Hernández.
Pero sin un PRI en la
competencia, advierte el académico, lo que puede esperarse de 2018 es una
polarización entre las posiciones del Partido Acción Nacional y de Andrés
Manuel López Obrador, el candidato más fuerte en la “izquierda”, ahora probable
contendiente desde el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
“Si vamos a tener como
candidatos a [Margarita] Zavala, cuyo principal problema tiene que ver con su
marido y tiene que ver con el pésimo trabajo que hizo [Felipe] Calderón, tendrá
que enfrentarse a López Obrador, que no hará otra cosa que reciclar su discurso
contra la derecha, la mafia en el poder, que va a provocar de nuevo la
polarización política”, dice Hernández.
“No hay ofertas, no hay
ofrecimientos de orden programático más allá de la crítica al priismo, y lo que
sí tenemos es un electorado enormemente molesto que se siente lastimado por lo
que hace el Gobierno federal, y que decidirá su voto en función del momento
específico. Esto es lo que parece más delicado en 2018, ya lo tuvimos en 2006:
creo que se puede repetir la experiencia”, agrega.
(SIN EMBARGO.COM/ SANDRA RODRÍGUEZ NIETO
/AGOSTO 15, 2016 - 12:05 AM)