Este 5 de agosto se cumplieron dos años
del derrame de sustancias tóxicas de la minera Buenavista del Cobre, del Grupo
México, en los ríos Sonora y Bacanuchi. A la empresa ya se le están levantando
las sanciones, mientras que un informe confidencial –al que este semanario tuvo
acceso– demuestra que el gobierno federal oculta información clave sobre el
desastre: el agua contaminada se filtró a los depósitos de agua potable y el
número de enfermos por este motivo se duplicó en siete municipios.
BACANUCHI, Son.(Proceso).- La
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)
informó sólo a algunas dependencias federales y sus delegaciones que el fluido
tóxico derramado por la mina Buenavista del Cobre el 6 de agosto de 2014 se
filtró a los pozos y tuberías que llevan agua potable a la población de los
márgenes de los ríos Sonora y Bacanuchi.
Además, les comunicó que los
enfermos por contaminación de metales pesados en la sangre y la orina se
elevaron, de los 360 reconocidos por la Cofepris, a casi el doble. El informe
confidencial de 26 hojas, al que este semanario tuvo acceso, revela en su
capítulo “Estudios de laboratorio y de diagnóstico” que en 2015 se confirmaron
624 casos de personas intoxicadas con metales pesados.
El Laboratorio Médico
Polanco, encargado de realizar los estudios a potenciales enfermos, reportó que
este año 295 personas son objeto de análisis para saber si fueron afectados por
los lixiviados de cobre y otros metales que recorrieron 271.6 kilómetros desde
el arroyo Tinajas, en Cananea, a la presa El Molinito, en Hermosillo.
El documento fue enviado a la
Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la Procuraduría Federal para la
Protección del Ambiente (Profepa) y a las secretarías de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat), de Salud (SS), de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), del Trabajo y Previsión
Social (STPS) y de Gobernación (Segob); así como a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica
y Ambiental de Sonora (Uveas).
En el apartado “Pozos de agua
para consumo humano”, encargado al Laboratorio ABC, se señala que de 566
muestras tomadas, 208 se encuentran fuera de la Norma Oficial Mexicana
NOM-127-SSA1-1994 por su alta concentración de arsénico, fierro, manganeso,
sulfatos y fluoruros, igual que por su grado de “dureza total” (concentración
de iones de calcio magnesio, estroncio y bario) y “turbiedad” (residuos
biológicos).
El municipio con mayores
concentraciones de metales pesados es Baviácora, localizado 134 kilómetros al
nororiente de Hermosillo. De las 150 muestras que ahí se tomaron, 105
resultaron “fuera de norma”.
Ures, el ayuntamiento con
mayor densidad poblacional en la zona ribereña, arrojó 56 muestras que superan
todas las medidas máximas de contaminantes permisibles para el consumo humano.
En Aconchi, cuyas aguas
termales son famosas, 19 exámenes hidrológicos fueron desfavorables. En Huépac,
el municipio más pequeño de la ribera del río Sonora, se obtuvieron 15 muestras
adversas.
Arizpe, la primera ciudad en
recibir los desechos mineros, registró siete muestras fuera de norma; Topahue,
cuatro, y Banámichi, 2. En tanto, San Felipe de Jesús y Molino de Camou,
población del municipio de Hermosillo, no obtuvo ninguna muestra en que los
contaminantes rebasaran la concentración permitida.
La doctora Reina Castro
Longoria, catedrática del Departamento de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas de la Universidad de Sonora, lamenta que la autoridad federal
intente ocultar la información sobre el número de personas enfermas y la
calidad del agua que beben los habitantes de la zona.
Considera que en estos dos
años las instituciones han sido incapaces de manejar la grave contingencia
ambiental y se pregunta por qué no convocaron a expertos de todo el mundo para
frenar la catástrofe. “Es una omisión criminal, un delito de lesa humanidad.
¿Quién castigará a estos funcionarios públicos responsables de dejar correr una
desgracia como esta?”, cuestiona.
TRAGEDIA MINIMIZADA
El delegado de la Conagua en
Sonora, César Alfonso Lagarda Lagarda, celebró que la prohibición de extraer
agua durante cuatro meses de los pozos en un radio de 500 metros en ambas
márgenes del río Sonora “fue muy positiva debido a que evitó que las fuentes de
agua pudieran contaminarse”.
Entrevistado el pasado lunes
1, el funcionario sostiene que en los pozos abastecedores aledaños al río
Sonora “no se ha detectado algún metal producto de ese derrame”, pese a que los
reportes oficiales indican lo contrario.
Incluso afirma: “Como
ciudadano y funcionario federal les digo que me da tranquilidad porque en
cuanto Cofepris o algún municipio encargado de operar los pozos detecten que el
agua no cumple con la norma pues ellos deberán suspender el rebombeo, pero
hasta ahorita nadie nos ha informado que el agua esté contaminada”.
Las declaraciones de Lagarda
contradicen el citado informe de la Cofepris, además de minimizar el ecocidio
que afectó a 22 mil 878 sonorenses.
Zoila Hildegardis López,
residente de Baviácora, sufre desde hace dos años de ardor en la piel y un
dolor en el cuerpo que la postró en cama por meses, mermó su capacidad motriz y
la imposibilita desempeñar su trabajo de estilista.
Consultó a varios médicos,
que le diagnosticaron resfriado, infección en las vías urinarias, dengue y
problemas en el sistema circulatorio; incluso le extirparon la vesícula, que
sólo le funcionaba al 7%, y por último se le atribuyó una depresión cercana a
la demencia que le “exigía llamar la atención por ser la última de 14
hermanos”.
Visitó clínicas, hospitales
generales, la unidad itinerante de la Cofepris, consultó al médico de la familia,
a médicos alternativos, especialistas y hasta una doctora particular, quien le
dijo: “Tú lo que tienes es depresión”.
Después, un gastroenterólogo
amigo de su esposo señaló que el problema era la vesícula y se procedió a
extraerla. La paciente mejoró, pero meses después los síntomas regresaron.
Al cabo de dos años, a Zoila,
sus tres hijos y su esposo se les hicieron estudios especializados de la
Cofepris, los cuales demostraron que todos tenían metales pesados en la sangre.
Los menores tenían padecimientos en la piel, su esposo un quiste en el riñón y
ella una alta concentración de aluminio y cobre.
En una de las visitas al
especialista, la afectada videograbó disimuladamente a una médica cuando
admitía que sus síntomas fueron causados por arsénico pero que nunca se lo
encontraría en exámenes de sangre porque este metal pesado abandona el cuerpo
después de dañarlo a su paso.
Con base en su experiencia y
en las declaraciones del gobierno que minimiza el problema, Zoila señala:
“Todavía desconfío en los doctores porque pienso que esto tiene que ver con
Grupo México y a lo mejor ellos están comprados o amenazados, tal vez por eso
cubren los síntomas que uno tiene”.
Al recorrer la zona es
inevitable encontrar a los damnificados del derrame tóxico y sus secuelas, que
continuarán hasta 2029, según la Comisión Presidencial para la Atención
Inmediata y Permanente de los daños generados por el derrame de tóxicos en los
ríos Sonora y Bacanuchi, creada por instrucción de Enrique Peña Nieto el 12 de
septiembre de 2014.
Dicha comisión documentó que
los lixiviados ricos en arsénico, cobre, aluminio, cadmio, cromo, fierro,
manganeso y plomo se escurrieron a los largo de los 17.6 kilómetros del arroyo
Tinajas, los 64 del río Bacanuchi y los 190 del río Sonora, hasta la presa El
Molinito, que surte “parcialmente” a Hermosillo.
En el informe Actuación de
Profepa, fechado el 15 de marzo de 2015, el sulfato de cobre acidulado (CuSO4)
se derramó “por una falla en el amarre en un tubo de polietileno en una de las
piletas de lixiviados; por falta de una válvula en el Sistema de Tinajas 1 y la
no existencia de una pileta de demasías”.
Y detalla: “La empresa
notificó del incidente a la autoridad federal por teléfono el 8 de agosto (dos
días después del percance por negligencia) y formalmente el 12 de agosto”.
Aun así, el 5 de marzo de 2015
la Profepa levantó las dos clausuras temporales impuestas a la mina Buenavista
del Cobre tras el derrame y por incurrir en 55 irregularidades que culminaron
en multas económicas por un total de 22 millones 959 mil 386 pesos.
En aquella ocasión el titular
de la Profepa, Guillermo Haro Bélchez, resaltó: “Son las sanciones más altas y
significativas en cumplimiento a las leyes ambientales; están emitidas en los
plazos y términos legales en coordinación con la federación; y a la empresa aún
le restan por cumplir las disposiciones emitidas por la Cofepris, la Conagua y
la STPS”.
Según él, desde entonces ya
“no existe riesgo inminente para el medio ambiente o el equilibrio ecológico”.
REACCIÓN LENTA E INSUFICIENTE
Los tóxicos de Buenavista del
Cobre se filtraron en el ciclo hidrológico de las cuencas sonorenses,
contaminaron tierras del cultivo, debilitaron la producción ganadera, afectaron
en su salud al menos a 624 pobladores ribereños y fluyeron hasta los hogares
por la tubería de agua potable.
El análisis de uso
exclusivamente institucional de la Cofepris indica que 41 de 355 muestras
tomadas a las redes públicas de agua en ocho municipios, incluyendo Hermosillo,
superaron la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994.
El ayuntamiento de Aconchi es
el más afectado. De 50 muestras tomadas entre enero y febrero pasados, 13 (26%)
fueron reportadas “fuera de norma”. En Ures, de 49 pruebas realizadas a las
redes de conducción de agua potable, nueve (18.3%) rebasaron los límites
máximos recomendados para consumo humano. En Molino de Camou, siete de las 10
muestras tomadas arrojaron una concentración de sustancias tóxicas mayor que la
admitida en la norma.
Sin embargo, el director del
organismo operador del Agua de Hermosillo, Renato Ulloa, defendió la pureza del
líquido en la presa El Molinito, en la batería de pozos adyacentes a esta
infraestructura hidráulica y en las redes de agua potable del casco urbano de
la capital sonorense.
“Nuestro principal trabajo,
la labor número uno es agua de calidad a la gente, porque si no hay salud todo
se cae; es lo que hacemos primero que nada”, enfatiza.
Entrevistado el martes 2,
Ulloa no pudo explicar por qué si el agua de la presa El Molinito es tan pura,
existen 14 casos confirmados por intoxicación de aluminio y arsénico:
“Ese no es un tema… yo no
dije que el agua de El Molinito está buena, no me lo han preguntado. Es un tema
de la Conagua. Ellos son los responsables de la calidad del agua y, sin
embargo, nosotros también hacemos análisis. No hemos detectado problemas en El
Molinito.”
Los informes institucionales
que contradice el director Ulloa indican que en Baviácora los resultados de
cinco de las 51 pruebas ponen en riesgo la vida de quienes consuman esa agua.
En Huépac, cuatro muestras se
encontraron por encima de toda norma; dos en Arizpe y una en Banámichi. Sólo en
San Felipe de Jesús el agua es apta para consumo, ya que en ninguno de los 45
estudios realizados se encontraron niveles nocivos de metales pesados.
Consultado al respecto, el
delegado estatal de la Segob, Wenceslao Cota Montoya, reconoce que a dos años
del derrame –que el entonces titular de la Semarnat, Juan José Guerra Abud,
calificó como el “peor desastre ambiental en los tiempos modernos de la
industria minera”– aún están pendientes la edificación de la clínica para
atender a damnificados y la instalación de 27 plantas potabilizadoras –no 37
como se anunció primero– con capacidad para separar metales pesados.
Detalla que las plantas más
pequeñas serán entregadas en agosto y septiembre, mientras que las de mayor
capacidad se proporcionarán en octubre y noviembre.
Cota Montoya precisa que
hasta finales de julio pasado el Fideicomiso Río Sonora, que se creó con un
fondo inicial de 2 mil millones de pesos, había destinado mil 250 millones al
resarcimiento del daño y tenía un remanente de 750 millones que se destinaría a
un edificio para atender a los damnificados y evaluar la situación ambiental,
así como a construir infraestructura hidráulica, ya que actualmente sólo en
Bacanuchi, municipio de Arizpe, existe una.
En cuanto a la unidad
epidemiológica, el delegado de Gobernación admite que sólo lleva un avance de
40%, por lo que no será entregada este año como anunció la comisión
presidencial.
El 4 de febrero pasado, 18
meses después del derrame, la Semarnat entregó la primera y hasta ahora única
potabilizadora en esta población de Arizpe. Actualmente se encuentra detenida
por falta de pago de la energía eléctrica y hace tres semanas los habitantes cerraron
con cadenas y candados la obra porque, dicen, unos funcionarios federales
amagaron con llevarse la maquinaria sin justificación.
Según el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi), el Censo de Población y Vivienda 2010
arrojó que 20 mil 395 personas residían en los siete municipios afectados. Tras
darse a conocer la Encuesta Intercensal de 2015, se observó que mil 220 de esos
pobladores abandonaron la sierra baja sonorense en el último lustro, a razón de
244 por año en promedio.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ MILTON
MARTÍNEZ/11 AGOSTO, 2016)