lunes, 18 de julio de 2016

VIDEO 'JUSTICIEROS' LINCHAN Y HUMILLAN A LADRÓN EN PÚBLICO

Se hacen llamar "Escuadrón de la Muerte" y hacen justicia por mano propia. ADVERTENCIA: IMÁGENES MUY FUERTES


Foto: La Policiaca

Tabasco.- Hartos de los robos, asaltos y secuestrons, como si se tratara de una película de acción, un grupo de personas autodenomidados "Escuadrón de la Muerte", han decidido hacer justicia por mano propia y se han enfrascado en una cacería de delincuentes.

Según información de La Policiaca, el día de ayer este grupo de justicieros anónimos capturaron a Orlando Gallegos Méndez, un hombre de 53 años de edad, que presuntamente ingresó a un domicilio y asaltó a sus residentes.


La víctima. Foto: Twitter

HUMILLACIÓN

Tras propinarle una golpiza en público, le quitaron su pantalón y camisa, y solamente lo dejaron en ropa interior, para luego amarrarlo de ambas manos con cinta canela y taparle los ojos y la boca.

Posteriormente, los “justicieros anónimos” dejaron tirado al presunto delincuente en la calle y lo exhibieron con dos celulares que robó del domicilio, y un cuchillo cebollero con el que ejecutaba los asaltos.

A este maleante lo vinculan con el grupo de delincuentes que se trasladan a bordo de motocicletas, y que mantienen atemorizada a la población.

Allí, el “Escuadrón de la Muerte” dejó en una cartulina una advertencia: “A todos los rateros que se sorprendan en Paraíso, se los va a cargar la chin*ada”.



A continuación el video:





(EL DEBATE/  ISRAEL BELTRÁN BÁEZ/ 18 DE JULIO2016)

LOS "MATANIÑOS" DE CIUDAD VICTORIA

El 9 de julio, esas cuatro niñas, de entre ocho y 12 años de edad, fueron asesinadas


Una ilustración reproduce el asesinato del bebé Marcos Miguel Pano Colón en las redes sociales.

Galilea García Amaya no experimentará la vida adulta. Tampoco su hermana Mariana ni sus primas María y Estefanía Guadalupe.

El 9 de julio, esas cuatro niñas, de entre ocho y 12 años de edad, fueron asesinadas, junto con otros siete integrantes de su familia, por una banda de malnacidos en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Menos de una hora después, otra menor de edad fue ejecutada, a la par de dos adultos, en una vivienda de la capital tamaulipeca.

La matazón de Victoria no se detuvo allí. El jueves pasado, una familia de cinco miembros fue acribillada en su casa. Entre las víctimas, se contaban tres niños, uno de los cuales era un bebé de apenas un mes de vida.

¿Qué hay detrás de esta aterradora sangría? Una guerra entre dos bandas criminales por el control de la plaza.

Uno de los bandos en disputa se autodenomina Zetas Vieja Escuela (o Grupo Bravo). El otro se hace llamar el Cártel del Noreste (CDN). Ambos grupos son producto de la fragmentación experimentada por Los Zetas tras la detención o muerte de la mayoría de sus líderes.

La batalla inició en los meses tempranos de 2016 y ha provocado una dramática espiral de violencia en la capital de Tamaulipas. En los primeros cinco meses del año, se registraron 59 homicidios con arma de fuego, 19 veces más que en el mismo periodo de 2015. Y eso fue antes de que decidieran masacrar a familias enteras.

¿Por qué la saña? ¿Por qué cargarla contra familias, contra inocentes, contra niños? Porque las expresiones públicas de brutalidad son prácticas de eficacia probada para las bandas criminales: inhiben a los rivales, intimidan a la población y ayudan a preservar la disciplina interna. Y por lo regular no acarrean costos o riesgos adicionales.


FAMILIA ASESINADA

¿Los victimarios enfrentan algún riesgo excepcional por haber ultimado a un bebé o haber masacrado a cuatro niñas? Probablemente no. ¿Las autoridades van a dedicar recursos extraordinarios para capturar a los responsables? ¿Se dispondrá algún operativo especial para detener y procesar a los maleantes? Salvo que me contradigan las autoridades, yo diría que no y no. ¿Entonces, en términos de riesgo, da lo mismo matar a un sicario adulto en un enfrentamiento que liquidar a mansalva a una familia entera, niños incluidos? Eso parece. ¿Y eso lo saben los delincuentes? Con toda seguridad. Luego entonces, ¿van a seguir matando niños? Muy probablemente.

¿Y qué se puede hacer para detenerlo? Pintar una raya en la arena. Si los gobiernos (federal, estatal y municipal) mandan un mensaje claro, explícito y reiterado de que se la dará un trato prioritario a este tipo de homicidios y que eso incluye no sólo dedicar más recursos a la investigación, sino también aplicar una sanción colectiva a la organización que cometa el ultraje (cerrándole narcotienditas o giros negros, por ejemplo), tal vez los delincuentes dejen de hacer esas barbaridades. Y si no, pues no: van a seguir por el camino de la salvajada.

EN OTRAS COSAS. En estos días, tendremos nuevos datos sobre la escalada de violencia en el país. El miércoles, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dará a conocer las cifras de incidencia delictiva correspondientes al mes de junio. Esperen un número de víctimas de homicidio doloso similar al de mayo (1891). Asimismo, Inegi publicará en fecha cercana sus cifras preliminares sobre homicidios, correspondientes a 2015. Y con eso se confirmará lo que todo mundo sabe, salvo algunos funcionarios en Bucareli y Los Pinos: la violencia homicida dejó de caer hace un buen rato Los mataniños de Ciudad Victoria.



(EL DEBATE/ Alejandro Hope/ 18 DE JULIO 2016)

ACRIBILLAN A DOS EN PROVIDENCIA


Fueron sorprendidos cuando se encontraban en almacén

Dos hombres fueron acribillados a balazos durante la madrugada de ayer en el interior de un almacén que se localiza por la calle 3ra. y 6ta. en la Comisaría de Providencia, pero sus cuerpos fueron encontrados 13 horas después.

Uno de los occisos fue identificado con el nombre de Jorge R.L., alias “El Güero Gallina”, de aproximadamente 30 años de edad y el otro aún se ignora su identidad, pero se presume tiene aproximadamente 26 años de edad.

De acuerdo a las primeras indagatorias realizadas en el lugar de los hechos, hacen saber que estos ocurrieron alrededor de las tres de la mañana, cuando arribó a dicho almacén un vehículo, al parecer pick up con varios sujetos a bordo.

Seguidamente, todo hace indicar que bajaron dos de ellos y se dirigieron al interior del almacén donde acribillaron a los citados hombres, uno de los cuales quedó en un sillón,
Seguidamente, los presuntos sicarios se dieron a la fuga, aprovechando la oscuridad que reinaba en esos momentos en el pueblo.

Dicho almacén está ubicado a escasos metros de la Comandancia de Policía, por lo que no se explica cómo los elementos no escucharon las detonaciones.

Los cuerpos fueron localizados hasta las cuatro de la tarde de ayer, por una persona no identificada que llegó al citado almacén, quien de inmediato dio parte a las autoridades policiacas.

Dio fe de los cuerpos el agente del Ministerio Público, quien ordenó que los mismos quedaran a disposición de Medicina Forense para los trámites de rigor.

Igualmente, algunos vecinos manifestaron que efectivamente escucharon varias ráfagas de disparos, pero que no salieron por temor a ser agredidos por los delincuentes.


(DIARIO DEL YAQUI/ Antonio Aragón Valenzuela/ 18 DE JULIO 2016)

BALACERA EN SAN CARLOS


Extraoficialmente se supo que atentaron contra una persona del sexo masculino al cual le tiraron varias ráfagas de plomo

Nuevamente el destino turístico de San Carlos, Nuevo Guaymas, es escenario de violencia, al registrarse la noche de ayer una balacera más donde según testigos atentaron contra la vida de un hombre, el cual huyo del lugar después de que fuera el blanco de unas ráfagas de bala, las cuales no acertaron.

Alrededor de las 21:25 horas de ayer en la base operativa de la Policía Estatal Investigadora se tuvo el reporte que en la avenida “H” sur y calle VI del sector del Contry Club, se escucharon detonaciones de armas de fuego y de dos supuestos vehículos en persecución completaban el hecho violento.

Más tarde de manera oficial se supo que en la comisaría local recibieron llamadas de residentes del sector Crestón, quienes aseguraban que por el bulevar Manlio Fabio Beltrones Rivera a la altura del Charly Rock, circulaban dos vehículos a exceso de velocidad y dentro de uno de ellos iba un hombre con un arma larga en la ventana del copiloto, la cual accionó en dos ocasiones.

Al lugar de la supuesta persecución con balaceras, arribaron elementos de la Secretaría de Marina, policías estatales y municipales para corroborar las versiones recibidas en las corporaciones, mismas que fueron realizadas por la ciudadanía que se pregunta qué está pasando con el puerto, con tanto hecho violento en la última semana.


(DIARIO EL YAQUI/Ricardo López/ 18 DE JULIO 2016)

“¡JEFE, TENEMOS A GUZMÁN!”


Así dijo al comandante el agente que detuvo a “El Chapo” en Mochis

“Jefe… ¡Tenemos aquí a Joaquín Guzmán Loera!” El comisario se cimbró. En 23 años de carrera como policía federal nunca antes había recibido una llamada así. Habían trascurrido cinco meses de búsqueda, a través de la Operación Tiburón Azul, desde que el capo se escapó del penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.

Es el 8 de enero de 2016. Son las 9:30 de la mañana. Raúl Castillejos Solís, comisario de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, estaba en su oficina. Aquel día, que parecía quizá otro más, sería determinante en su carrera y en la División de Seguridad Regional. Al terminar su jornada de trabajo, el panorama de su carrera se vería fortalecido y reconocido por cada una de las decisiones que debió tomar aquel día: decisiones respaldadas por años de experiencia.

Uno de los elementos de la Policía Federal adscritos a la División de Caminos le marcaba por celular desde la carretera para recibir órdenes ante la captura del hombre más buscado de México y del mundo.

Tres de los agentes bajo su mando esperaban sus instrucciones para proceder en el Tramo Las Brisas-Los Mochis, en Sinaloa, lugar donde acababan de marcarle el alto a un Focus rojo en el que huían Joaquín Guzmán Loera y su lugarteniente Orso Iván Gastélum, “El Cholo”.

Aquel viernes Castillejos Solís llevaba puesto su uniforme y un rosario de madera que usa desde hace 25 años cada vez que porta su uniforme táctico.

—¡Tómenle una fotografía y me la mandan de inmediato!— instruyó.

A los pocos minutos recibiría la imagen de Guzmán Loera con una playera sucia en el asiento trasero de una patrulla, y a su lado “El Cholo”, con el torso desnudo. Esta fotografía fue reenviada a Enrique Galindo Ceballos, comisionado general de la Policía Federal. La siguiente instrucción fue que se dirigieran al aeropuerto de Los Mochis.

Tres policías federales le retiraron una pistola a Orso Iván Gastélum. Él y el capo fueron esposados dentro del vehículo oficial mientras ofrecían sobornos y amenazaban.

—No sabes con quién te estás metiendo—, dijo el lugarteniente Gastélum.

—Sí lo sabemos y lo estamos buscando desde hace mucho tiempo—, respondió uno de los agentes.

—Si nos dejan ir, se olvidarán de trabajar toda su vida; si no nos dejan, habrán grandes consecuencias para la Policía Federal—, sentenció Guzmán Loera.

Continuaba el soborno. Los agentes no aceptaron. El comisario Castillejos Solís aún coordinaba el operativo desde la Ciudad de México.

“Activamos el llamado protocolo Tiburón Azul para capturar a Guzmán Loera. Se cerraron todas las carreteras; le marqué al coordinador estatal de Sinaloa (hoy fuera del país). Los tres agentes adscritos a la División de Caminos supieron a través de sus radios de la llegada de 30 camionetas que planeaban rescatar a Guzmán Loera y a su principal lugarteniente. Decidieron trasladarse al Motel Doux sobre la carretera de Los Mochis-San Miguel y los resguardaron en una habitación, en espera de refuerzos. Llegó el coordinador de la Policía Federal de Sinaloa. La respuesta de todos los compañeros fue contundente.

“Resguardarse en el hotel a la espera de refuerzos fue una decisión que tomaron en el camino y que apruebo totalmente.”

En el sitio, y con las patrullas de la Policía Federal escondidas o resguardadas para que no las identificara el crimen organizado, el comisionado Castillejos pide una segunda fotografía, aquella en la que se ve a Guzmán Loera sentado en la cama de un cuarto; también hubo una selfie de uno de los policías federales junto con Guzmán Loera. “Esta fotografía se eliminó por el riesgo que implicada para nuestro compañero”, narra Castillejos en entrevista.

“Le llamé al jefe Enrique Galindo Ceballos, le dije que teníamos a Joaquín Guzmán Loera, me comenta que esto es algo muy delicado; pide una segunda fotografía para comprobar y es cuando los compañeros de la Policía Federal me envían esa segunda fotografía. Comencé a mover las coordinaciones de Nayarit, de Chihuahua, todas las que están aledañas a Sinaloa”.

Según la cadena de mando, el comisario general Raúl Castillejos Solís le avisa al comisionado General de la Policía Federal, Enrique Galindo, éste al comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, quien le avisa al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y éste al presidente Enrique Peña Nieto.

El apoyo de la Marina fue vital, señala Castillejos. “Tomo un helicóptero que me traslada al Aeropuerto de la Ciudad de México, pero por los tiempos (eran dos horas y media de trayecto) se comparte el operativo con la Marina, por lo que no es necesario trasladarme a Los Mochis. Recibí a mis compañeros aquí en la Ciudad de México”, asegura quien tiene bajo su mando a 8 mil 500 elementos de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal.

El comisario Castillejos hace una pausa y recuerda: “Lamentablemente la fuga de Guzmán Loera le pegó en el corazón al Estado Mexicano. Todas las autoridades, todas las fuerzas del orden mexicano se unieron: Armada de México, SEDENA, las policías Federal, Municipal y Estatal. Se activaron protocolos, un plan de acción a nivel nacional. Cada una de las siete divisiones de la Policía Federal diseñó su propio operativo.

Con un plan general de acción para cada división, comenzamos a hacer barridos, se colocaron puntos de revisión, contundentes y agresivos en todos los tramos carreteros, puntos de revisión obviamente muy sensibles con la ciudadanía en los aeropuertos y en las centrales camioneras. Tan sólo en Los Mochis, Sinaloa, teníamos siete puntos de revisión carreteros. Éstos siempre estuvieron vigentes. El detonante fue el 8 de enero de este año. Nos enteramos de un operativo en la madrugada por parte de la Secretaría de Marina, nos enteramos de que hubo un enfrentamiento armado y activamos nuestro Tiburón Azul. El coordinador estatal de Sinaloa en aquel entonces activa el operativo y se cerraron todas las carreteras. Hacemos exhaustiva; supimos que Guzmán Loera se fugó por una alcantarilla, tomó un vehículo Focus rojo y huyeron por la carretera. Fue cuando se encontró con la Policía Federal y lo detuvieron tres compañeros; se bajó el conductor, que ahora sabemos corresponde a Iván Gastélum, quien amenazó a los compañeros. Fueron arrestados y trasladados al aeropuerto de Los Mochis.

“NADA FUE AL AZAR”

Esta historia no se tejió con hilos del azar. El protocolo continuaba rotundo.

“Una vez retenidos en el motel, solicitamos apoyo de la Secretaría de Marina y el operativo en conjunto entre la Policía Federal y la Marina. El código para el protocolo de captura de Guzmán Loera se llamó ‘Cisne Negro’. Ambas instituciones debíamos mantener nuestras operaciones bajo un código de silencio”.

El comandante Raúl Castillejos Solís recibió en días recientes, con motivo del Día de la Policía Federal, un reconocimiento por parte del presidente Enrique Peña Nieto, por la Operación Tiburón Azul, con la que se capturó al hombre más buscado del mundo. Dice tener la fortuna de conocer “a estos tres compañeros que son policías muy preparados, que saben hacer su trabajo, que actuaron con toda honradez y que saben perfectamente cómo asumir su compromiso. Avalo en todo momento la decisión que tomaron de meterse a aquel motel; era obvio que la delincuencia organizada les iba a arrebatar a Guzmán Loera y a Orso Iván Gastélum. Salvaron su vida y la detención fue contundente. Sabían a quién tenían entre manos y conocían su obligación como policías. Una suma de voluntades y aciertos hizo de esta captura algo perfecto. Su valor fue totalmente heroico porque estaban amenazados y sabían con quién se estaban enfrentado”, asegura.

Al día siguiente de la captura, los tres elementos de la Policía Federal salieron del estado de Sinaloa, fueron blindados por la institución y están bajo un código de silencio. “Están dentro de nuestra filas, pero en el anonimato, encubriéndolos desde el 9 de enero. El Código del silencio lo determina nuestro comisionado general cuando alguien hace una acción heroica, se trata de blindar lo más posible su nombre para que no queden vulnerables ante la delincuencia organizada. Es proteger al elemento con un número encriptado.

“Su nombre y apellido se omiten para preservar su vida e integridad. Guzmán Loera pensó que al verlos se iban a debilitar, que su sola presencia era suficiente para que se hubieran debilitado. Son compañeros de profesión que comenzaron desde hace muchos años conmigo”, explica.

Para concluir Castillejos Solís reflexiona: “A veces la gente me pregunta: ‘¿cuándo va a terminar la delincuencia?’, y respondo que también quiero que se acabe, yo la pago doble, porque tengo familia y soy ciudadano.

“En el día a día damos un esfuerzo mayúsculo para demostrarle a la ciudadanía que la policía está de su lado, también queremos acabar con la delincuencia (…). Dicen que cuando te das de alta en la policía te das de baja en la sociedad, esa frase duele, uno se siente herido cuando la gente nos grita asesinos, corruptos, porque no lo somos, somos personas que amamos esta profesión y vivimos también de la recompensa, del aplauso, del reconocimiento y del deber cumplido de ser un policía. Este reconocimiento lo recibo a nombre de mis compañeros y lo leo como un voto de confianza a la Policía Federal y a esta división que representamos”.

Aquel jueves 8 de enero, Castillejos Solís terminó su día y se fue a descansar de otra manera. Con el deber cumplido, “ante esta noble institución, ahora dirigiendo la división donde nací, donde crecí. Tengo el orgullo de portar un uniforme y representar una institución mexicana como es la Policía Federal. Venimos desde abajo, comencé como patrullero en Monterrey, Nuevo León. Los policías somos gente que queremos otro México, un México en paz.

“Hemos dado una gran batalla, hay estados, que evito mencionar aquí, donde hemos recuperado la seguridad en las carreteras que antes eran intransitables; con todas las fuerzas armadas hemos apretado mucho con la delincuencia organizada”.

El comisario obtuvo su designación como titular de la división el 21 de marzo de 2015. Al salir de su oficina camina firme. A su paso, como piezas de ajedrez colocadas estratégicamente, sus subalternos honran a su superior, clave de la operación Tiburón Azul.

(DIARIO DEL YAQUI/ Agencias/ 18 DE JULIO 2016)

ALEJANDRA BARRALES, NUEVA PRESIDENTA DEL PARTIDO


La ex secretaria de Educación de la Ciudad de México, Alejandra Barrales, será la nueva presidenta nacional del PRD, luego de que el Consejo Nacional del partido la eligió con 264 de 334 votos.

Su contrincante Pablo Gómez obtuvo únicamente 58 votos, por lo que Barrales cumplió con el estatuto de reunir las dos terceras partes de los sufragios de los consejeros presentes.

En su discurso tras ser electa como la nueva dirigente del partido, Barrales pidió trabajar “para seguir nuestra propia ruta”, sin tener que salir a buscar a nadie, pues de esa manera, “nos vamos a encontrar con los que estén dispuestos, desde diferentes esfuerzos, a dar la batalla por la transformación”.

Dijo que de cara a la elección de 2018, ninguna fuerza puede alcanzar la Presidencia de la República por sí sola, “pero no debemos caer en ese falso debate por las alianzas, ya está superado para nuestro partido”.

Agregó que el PRD tendrá ahora en la presidencia nacional y la Secretaría General a dos mujeres, y dijo estar segura que con Beatriz Mojica “haremos un excelente equipo de trabajo”.

La nueva presidenta perredista ofreció inclusión, diálogo, trabajo y respeto, y dejó en claro que “el que diga que es un lineazo, no conoce al PRD, ni a sus diferentes liderazgos”.

Momentos antes de la votación, Alejandra Barrales informó que ayer presentó su renuncia como secretaria de educación capitalina para poder asumir la presidencia de su partido.


(DOSSIER POLITICO/ Tomado de: Elia Castillo / Milenio/ 2016-07-18)

OFRECEN A #LADYOXXO POSAR PARA REVISTAS


Natalia Gutiérrez, cuyo caso de fotos en ropa íntima, atrevidas, que fueron subidas a Facebook por la ex pareja de su novio se hizo viral en redes sociales, hizo esta tarde una carta aclaratoria sobre lo sucedido, revelando de paso que algunas revistas la han estado buscando para proponerle la firma de un contrato.

El caso ha registrado miles de visitas en distintas redes sociales, conociéndosele como #LaddyOxxo de Guaymas.

En su muro de Facebook, con el nombre de Nathaly Gutiérrez Rebollo, señala que su verdadero nombre es Natalia Gutiérrez, señalando de entrada ser una mujer normal, que como muchas tiene sueños de llegar a ser alguien en la vida, de formar un hogar, de tener hijos.

Dice: “Desafortunadamente cometí un error en mi vida en tomarme esas fotos… que todo empezó como un juego con mi pareja; ingenuamente pensé que era algo muy íntimo, solo mío y de él y que en su momento serían borradas de su celular, lo cual yo borré todo lo que él me enviaba”.

“Sé que esto no es bien visto para la sociedad que nos intercambiemos fotos entre la pareja, pero creo que estamos viviendo un mundo de tecnología y que todo se nos ha hecho fácil… Jamás pensé que me iban a exponer de esta manera tan cruel y visceral, yo tengo una familia con principios y valores; el hecho que yo me haya tomado fotos para mi pareja no significa que yo haya perdido la moral y los valores que me educaron ms padres”.

Luego precisa: “Decidí abrir mi Facebook por última vez para desmentir que yo no tengo ninguna hija, que no soy una cajera de Oxxo; mi madre es líder comisionista de Oxxo lo cual yo apoyo a mi madre trabajando como encargada…”

Y agrega: “Y me han estado buscando algunas revistas para proponerse que firme contrato, pero la verdad mis sueños son otros; terminar mi carrera y lograr ser una persona profesionista y común”.

“Por último, a la persona que yo tengo que pedirle perdón, es a mi madre, ya que ella para mí ha sido una amiga, a la cual yo no le he ocultado nada y todo lo bueno y malo que yo haya hecho, ella lo sabe antes que las redes sociales”.

“Me siento bendecida porque me he dado cuenta que las personas que realmente me conocen sentimientos y mi forma de pensar, me han apoyado al cien… Yo creo que en la justicia legal, que esto no va a quedar impune y si llegara a quedar por falta de pruebas que yo estoy acercando a las autoridades, hay otra justicia y esa es la Justicia Divina”.

“Yo no le deseo ningún mal a esa persona que subió las fotos; ahorita ya se están aprovechando de esta situación para sacar fotos que no soy yo, y realmente me dejan impactada de tanto alance que tienen las redes sociales; ya hay fotoshop y quién sabe qué cosas más se les ocurran para seguir con eso”.

Y se despide en su escrito: “Yo estoy de pie y más fuerte porque estoy cerca de Dios… Bendiciones”.

De esta manera se despide en su carta aclaratoria, quien hoy es conocida como #LaddyOxxo de Guaymas.






(DOSSIER POLITICO/ Tomado de: Opinión Sonora/ 2016-07-18)

ASEGURAN 19 INMUEBLES A PADRÉS, HAY RANCHOS Y MANSIONES


También propiedades a Villalobos y Tinajero

La Fiscalía Anticorrupción ejecutó el aseguramiento precautorio de bienes inmuebles a nombre de Guillermo Padrés, al exsecretario de Hacienda Carlos Villalobos Organista y a David Manuel Tinajero, exdirector de la Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora (Impulsor).

Fiscalía Anticorrupción de Sonora aseguró 19 lujosas propiedades al exgobernador panista Guillermo Padrés Elías y a sus dos principales operadores financieros, incluyendo el suntuoso rancho Pozo Nuevo, de Padrés, y varias mansiones ubicadas en las principales ciudades del Estado.

Fue el pasado jueves cuando peritos de la Fiscalía y agentes del Ministerio Público, con el apoyo de elementos de distintas corporaciones policiacas, ejecutaron la orden girada por un juez en atención a las averiguaciones previas FEIHC-I-055/2015, FAS-II-AP 0062/2015 y FAS-IIII-AP-0076/2015, en las cuales se investigan varios delitos, como enriquecimiento ilícito cometido durante el sexenio 2009-2015.

Documentos oficiales del Registro Público de la Propiedad en poder de Excélsior, confirman que la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción ejecutó el aseguramiento precautorio de bienes inmuebles; se trata de 19 propiedades ubicadas en los municipios de Arizpe, Cananea, Cajeme y Hermosillo, de las cuales tres están a nombre de Guillermo Padrés; mientras que el resto pertenece al exsecretario de Hacienda Carlos Villalobos Organista, y a David Manuel Tinajero, exdirector de la Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora (Impulsor).

LOS EMBARGOS

Los embargos fechados el 14 de julio de 2016, incluyen dos enormes ranchos con la razón social Pozo Nuevo de Padrés, así como la residencia familiar del exgobernador, ubicada en la privada Valle Bonito; mientras que a David Tinajero le aseguraron dos mansiones en el fraccionamiento más exclusivo de Hermosillo, llamado La Joya; y al extesorero le decomisaron dos mansiones en Los Altos Residencial, un lujoso condominio en la Torre Solara y cuarto propiedades más en Ciudad Obregón.

Entre los tres sospechosos acusados por distintos actos de corrupción suman 19 lujosas propiedades aseguradas y valuadas en varios millones de pesos.

A LA FAMA

El rancho Pozo Nuevo, propiedad de Padrés, saltó a la fama cuando las autoridades federales descubrieron que el exmandatario panista y su familia habían construido una enorme presa hídrica en la que, de manera ilegal, acaparaban el agua de un afluente del río Sonora, dejando sin agua a decenas de familias que habitan la ribera; tras el escándalo y para entorpecer las investigaciones, Padrés mandó derribar la enorme cortina de la presa.

Este rancho también cuenta con una orden de embargo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por adeudos fiscales superiores a un millón 500 mil pesos.

Actualmente, el exgobernador de Sonora es investigado por la Fiscalía Anticorrupción por el delito de enriquecimiento ilícito; además de que la Procuraduría General de la República (PGR) integra averiguaciones previas por ejercicio indebido del servicio público, ejercicio abusivo de funciones y delitos contra la administración de la justicia.

RECUENTO

A diez meses de que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano creó la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, la dependencia ha iniciado más de 265 averiguaciones previas en contra del sexenio de Guillermo Padrés; se ha citado a comparecer a 542 ex funcionarios, han practicado tres mil 722 diligencias, hay 15 personas consignadas, 15 órdenes de aprehensión y seis pendientes de ejecutarse.

A la fecha, esta agencia investigadora ha logrado siete autos de formal prisión y tres sospechosos han sido consignados, entre los que destacan los exsecretarios de Comunicación Social, Jorge Morales, y el de Gobierno, Roberto Romero López, quien permanece prófugo de la justicia.

Los principales delitos por lo que se investiga a los exfuncionarios de Sonora son peculado, incumplimiento de un deber legal, ejercicio abusivo de funciones, abuso de autoridad, uso indebido de atribuciones y facultades, tráfico de influencias, fraude, extorsión, enriquecimiento ilícito y operación con recursos de procedencia ilícita; hay 74 juicios de amparo interpuestos, de los cuales 24 fueron solicitados por funcionarios de primer nivel, como ex secretarios de Estado y exdirectores de área.

EXIGEN PRONTA RESOLUCIÓN

El pasado 7 de julio, senadores del PRI solicitaron a las instancias competentes del gobierno federal y del gobierno de Sonora, que agilicen las investigaciones sobre el presunto desvío de recursos y enriquecimiento ilícito del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés.

Señalaron que se deben reunir “elementos y pruebas que permitan actuar conforme a derecho contra el exmandatario estatal y exfuncionarios de su administración”.

Senadores del PRI promueven que se solicite un informe pormenorizado de las observaciones pendientes de solventar, por parte del gobierno de Sonora.


(DOSSIER POLITICO/ Redacción / 2016-07-18)

CÁRTEL ARELLANO FÉLIX: 23 AÑOS IMPUNES DE LAVADO DE DINERO


FOTOS: cortesía

Hace tres meses los integrantes de la familia Arellano Félix vendieron por 12 millones de pesos una mansión que por 20 años estuvo bajo resguardo de la PGR. La adquirieron en la década que compraron y vendieron una serie de propiedades de alta plusvalía, aseguradas en 1993 tras el asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. La reciente ganancia del clan con la venta de la última mansión en su poder y el repunte de los asesinatos ocurridos en Tijuana en el último año y medio, contradicen la versión de autoridades mexicanas y norteamericanas que insisten en mostrar al CAF como una organización “desarticulada” 

Era la segunda semana de diciembre de 1985.  Parada ante una juez, Alicia Félix viuda de Arellano pidió autorización judicial para vender una millonaria finca, ya que -según ella- se encontraba en problemas económicos desde la muerte de su esposo. Aseguró a la juzgadora no tener dinero para ofrecer una adecuada educación al menor de sus hijos y, con la venta del bien, sortearía esos gastos.

Lo que no dijo Alicia aquel día en Guadalajara fue que Benjamín y Ramón, dos de sus hijos mayores, eran líderes en Tijuana de la organización mafiosa más violenta de su generación: el Cártel Arellano Félix (CAF). Fueron ellos quienes en 1992 le declararon la guerra a Ismael “El Mayo” Zambada y sus socios, Joaquín “El Chapo” Guzmán y Héctor “El Güero” Palma, porque éstos les debían 20 millones de dólares por el cruce de droga a Estados Unidos. Con el primer encarcelamiento del “Chapo” en 1993, los Arellano ganaron la batalla.

“Me veo en la necesidad de solicitar que se autorice la venta del bien inmueble y con eso poder seguir dando a mi menor hijo la educación que hasta hoy ha recibido”, expresó Alicia a la juez jalisciense Irma Becerra, con la que acudió como parte del juicio legal que se siguió de manera rutinaria, para pedir autorización de vender una finca de 2 mil 297 metros cuadrados perteneciente a su hijo, Francisco Javier Arellano Félix, entonces de 16 años de edad; 17 años después, tras la captura de su hermano Benjamín y el asesinato en 2002 de su otro hermano, Ramón, Francisco Javier se convertiría en líder del CAF hasta 2006, cuando lo capturaron en unas vacaciones, pescando en su yate en aguas internacionales de Baja California Sur.

Como parte de aquel juicio en 1985, Alicia presentó dos testimonios por escrito para avalar su petición. El del abogado José de Jesús Ruíz Novoa y el de Silvia Silva de Morales.También el consentimiento del “tutor dativo” de su hijo, el abogado Ignacio González Parada. Un presunto personaje mafioso conocido por las autoridades norteamericanas que, en 2012, lo boletinaron por sus actividades de “lavado de dinero”. En 2013 fue González quien sacó de la cárcel, a través de un juicio de amparo, al narcotraficante Rafael Caro Quintero, líder fundador del Cártel de Jalisco, encarcelado por el asesinato del agente encubierto de la DEA, Enrique Camarena.


Mansión vendida en Paseo de los Obeliscos #545, Club de Golf Santa Anita, Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, alberca Alicia finalmente vendió la finca por 30.2 millones de pesos en abril del 86. Lo hizo sin la autorización de la juez Becerra, aval que llegaría meses después de realizada la venta.  Apenas dos años antes, en 1984, Francisco Javier y su padre Benjamín Francisco habían comprado el terreno sin construcción por 4.1 millones de pesos.En ese lapso construyeron una finca estilo español con arcos y balcones, valuada en 19.5 millones de pesos.

Los movimientos hechos por Alicia y sus hijos eran parte de una estrategia para gastar cientos de millones de pesos en propiedades. Lo hicieron en las décadas de los ochenta y noventa.

La maniobra que encaja perfectamente con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) era comprar, construir, vender y donar terrenos, casas y mansiones de alta plusvalía a personas cercanas a la familia, según revelan 30 actas notariales analizadas por ZETA, obtenidas a través del Registro Público de la Propiedad de Jalisco (RPPJ). Los documentos contienen anotaciones escritas a mano por dos de los ministerios públicos federales que solicitaron el aseguramiento de los bienes, incluido el número de averiguación previa, así como oficios escritos a máquina de escribir y firmados por funcionarios del RPPJ en los que formalizan la entrega de las actas notariadas a la Procuraduría General de la República (PGR).

En Jalisco, donde los Arellano radicaban oficialmente desde el 76, gastaron más de mil 100 millones de pesos con la compra de 23 propiedades que juntas miden dos veces el tamaño de la cancha de futbol del Estadio Azteca, según el análisis de este Semanario.

Uno de los movimientos predilectos de la familia era comprar terrenos rústicos para construir en ellos fincas o mansiones que vendían a ocho veces su valor original. La última mansión de ese tipo la vendieron en marzo de 2016. Se localiza en el exclusivo fraccionamiento del Club de Golf Santa Anita, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. En 1993 esa propiedad, junto con otras 15, fueron aseguradas por la PGR como parte de las investigaciones derivadas del asesinato del Cardenal Juan José Posadas Ocampo, ocurrido el 24 de mayo de ese año.

La mansión fue recuperada por Alicia en junio de 2015, luego de un juicio que duró dos años y en el cual el principal alegato fue que la PGR “nunca comprobó” que el dinero para comprarla tuviera conexiones con operaciones de lavado de dinero.  

LA RUPTURA

El CAF es una de las organizaciones del narcotráfico mexicanas junto con los cárteles de Sinaloa, Jalisco y Juárez, que más décadas lleva en activo en el mundo de las drogas. Iniciaron sus actividades en Tijuana en 1982, cuando ante los ojos de todo el mundo eran un grupo de hermanos carismáticos que organizaban grandes fiestas en Tijuana, Mazatlán y Guadalajara.

La popularidad que tenían los hermanos les permitió granjearse la amistad de muchachos de buenas familias que, asesorados por Benjamín y Ramón Arellano, se convirtieron en sicarios o socios del clan. A ese cártel y sus aliados, se le atribuyen cientos de asesinatos y desapariciones.

Utilizaron el sadismo para acabar con la competencia y castigar la deslealtad de sus aliados. Fueron los primeros en ordenar el asesinato y la desintegración en ácido de sus enemigos, práctica que años después se conocería como “pozoleo”.

César Esquer, Elman Chávez y Pritam Sing fueron tres de las víctimas del CAF con las que utilizaron ese método. Los “pozolearon” en 2003, cuando esa práctica era totalmente desconocida por la prensa y la opinión pública. Se daría a conocer hasta seis años después, tras la captura de Santiago Meza López “El Pozolero”, ex operador del CAF.


Esquer era un joven veinteañero egresado de la universidad, que en ese entonces trabajaba en Mexicali como editor de la página de internet de un periódico local. Viajó hasta Tijuana con sus amigos para cobrar el dinero de unos paquetes de marihuana que le dejó a su primo, quien trabajaba como policía y narcotraficante del Cártel Arellano Félix. La droga había sido robada a los operadores de los Arellano en Mexicali, así que cuando se enteraron del movimiento ordenaron asesinar a los muchachos y desintegrarlos en ácido. Por seis años estuvieron en calidad de desaparecidos, hasta 2009, cuando el primo mafioso de Esquer, capturado por robo y otros delitos, confesó el destino de su familiar y sus dos amigos.

Por ese tipo de acciones, las autoridades norteamericanas y mexicanas catalogarían al Cártel Arellano como la organización mafiosa más “violenta” de su generación.

Fueron ellos los que en 1992, en plenitud de sus operaciones mafiosas, rompieron con “El Chapo” Guzmán, “El Güero” Palma y “El Mayo” Zambada, con quienes llevaban una buena relación no sólo laboral, sino de amistad.  Se distanciaron porque Zambada les debía dinero por el cruce de droga en Tijuana, así que los hermanos ordenaron asesinarle, escribió en su momento el periodista Jesús Blancornelas.

Tanto “El Chapo” como “El Güero””, en represalia orquestaron una emboscada para asesinarlos a ellos en una discoteca de Puerto Vallarta, en la que murieron seis personas. Los hermanos Ramón y Francisco Javier Arellano escaparon ilesos del ataque.

Arellano tomaron venganza el 24 de mayo de 1993. Ordenaron asesinar al “Chapo”, cuyo nombre ya había saltado a la fama pública por la fallida emboscada. Los hermanos trataron de matar al capo sinaloense cuando éste se dirigía al Aeropuerto de Guadalajara.

Por una “confusión” asesinaron al Cardenal de Jalisco, Juan José Posadas Ocampo, quien se trasladaba al mismo destino. Según la cuestionada versión oficial de la PGR, los pistoleros del clan Arellano que le dieron 15 balazos a quemarropa a Posadas, un hombre alto de poco más de 110 kilos, lo confundieron con “El Chapo” Guzmán, quien no alcanza los 1.68 metros de estatura y pesaba no menos de 80 kilos.

El abogado del Arzobispado de Jalisco, José Antonio Ortega, ha cuestionado en múltiples ocasiones el móvil del crimen y ha descartado la hipótesis de la PGR.

Públicamente ha dicho que Posadas fue asesinado porque “conocía los nexos del narco” con políticos mexicanos, entre los que se encontraba Raúl Salinas, hermano del entonces Presidente de México, Carlos Salinas.

Derivado de la presión internacional, Guzmán Loera se convirtió en el principal sospechoso del crimen de Posadas.  Fue detenido el 9 de junio de 1993 en Guatemala y entregado a las autoridades mexicanas.Con esa primera captura, los Arellano le ganaron la batalla al capo sinaloense, aun cuando éste nunca fue procesado penalmente por el asesinato; tampoco fueron enjuiciados Benjamín o Ramón Arellano Félix. 


En la actualidad, dos de los hermanos Arellano Félix (Ramón y Francisco Rafael) están muertos; y otros tres (Benjamín, Francisco Javier y Eduardo) se encuentran presos en cárceles de Estados Unidos. Las pugnas entre “El Mayo” Zambada y los Arellano continúan, sólo que ahora un hijo de Benjamín es quien dirige a la organización mafiosa, apoyado por otro joven familiar. Esa lucha por el control de Tijuana ha provocado un repunte en los asesinatos durante el último año y medio. Con ese incremento los índices de violencia se asemejan a los que se tenían en los años 2008, 2009 y 2010, cuando el Cártel de Sinaloa, a través de Teodoro García Simental, “El Teo”, ex operador del CAF, intentó sacar del negocio definitivamente a los Arellano, en ese entonces bajo el mando de Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”, uno de los sobrinos de la familia.  

LOS MOVIMIENTOS DEL CLAN

Hasta antes de simular problemas financieros, los integrantes de la familia Arellano se presentaban como profesionistas o empresarios para cerrar sus operaciones de compra y venta de bienes. Francisco Rafael se identificaba como “licenciado en Administración de Empresas” y “profesionista”, cuando no estudió una carrera universitaria; Fernando Arellano Félix se presentaba como “ingeniero”; Benjamín Francisco, padre de los hermanos, se decía “constructor”; mientras que Benjamín Arellano, el líder fundador del cártel, era un “comerciante”. De esa manera los Arellano se identificaban ante notarios públicos y los dueños de las propiedades que adquirían.

En 1984, el “licenciado Francisco Rafael Arellano Félix” compró dos propiedades a Marcelino García Paniagua y su esposa, Amelia Arteaga Anaya.  Marcelino era hijo del ex secretario de la Defensa Nacional y ex gobernador de Jalisco, Marcelino García Barragán. El año que vendió las propiedades  se desempeñaba como funcionario público de Aduanas. Un año después fue presidente del club de fútbol Chivas del Guadalajara, y en dos diferentes periodos dirigió la Federación Mexicana de Fútbol. Murió en 2007 a causa de cáncer. 

La primera propiedad vendida por Marcelino fue una finca de 2 mil 357 metros cuadrados, ubicada en Zapopan; la segunda, un terreno rustico de 2 mil 976 metros cuadrados que Francisco Rafael fraccionó en seis y vendió por separado. Por las dos propiedades Marcelino y su esposa recibieron 15.8 millones de pesos.

Otra argucia legal recurrente en los movimientos de la familia Arellano, para no dejar rastro del dinero, era donar y vender las propiedades a otros miembros o amigos de la familia. En por lo menos nueve ocasiones hicieron ese movimiento. Alicia Félix fue la principal beneficiaria. Su hija Norma Isabel le hizo tres donaciones: dos propiedades en Zapopan y una más en Guadalajara; su hijo Francisco Rafael le vendió la mansión de Tlajomulco de Zúñiga.


Luis Benjamín y Frank Xavier Arellano Martínez, los dos hijos de Benjamín Arellano Félix, recibieron la donación de una casa por parte de sus abuelos en 1984; las cuñadas de Benjamín y Francisco Rafael también participaron en esos movimientos.

CONFISCAN BIENES

El asesinato de Posadas y la detención del “Chapo” Guzmán en 1993, cambiaron el destino de la familia Arellano. Les quitó una serie de propiedades y los convirtió en el clan del narcotráfico mexicano más buscado de la época.

La PGR comenzó a investigarlos. Producto de las investigaciones ordenó, en agosto de ese año, asegurar varias de las propiedades compradas por la familia en Jalisco, Sinaloa y Baja California. En Jalisco, fueron 16 los bienes asegurados, de los cuales siete ya no pertenecían a los Arellano, quienes los vendieron o donaron.   

Los Arellano iniciaron una batalla legal en Juzgados y tribunales para recuperar sus bienes. En la actualidad hay juicios que continúan abiertos y otros se han iniciado en la última década. Lo que reclaman los integrantes del clan o sus herederos, es que en más de 20 años, la PGR “no ha comprobado” que las propiedades fueran adquiridas con recursos del narco. Bajo esa premisa lograron ya la devolución de la mansión de Tlajomulco de Zúñiga.  

LA IMPUNIDAD

Las pruebas que incriminan a la familia Arellano por operaciones con recursos de procedencia ilícita a través de la compra, venta y construcción de propiedades, siempre han sido públicas y se encuentran en actas notariales e inscripciones del RPPJ.  

En los documentos salen a relucir los nombres de abogados, notarios públicos, testigos y posibles cómplices que participaron en las operaciones del clan.

No  existía en aquel entonces una Ley de extinción de dominio, como la que opera actualmente para obligarlos a denunciar penalmente las millonarias transacciones. Moralmente pudieron haberlos denunciado por delincuencia organizada y no lo hicieron.

Entre los notarios públicos jaliscienses que más participación en los movimientos de la familia Arellano, se encuentran Mario Camarena Rosas y Mario Montaño Beltrán. El primero certificó seis operaciones de compra de bienes y cuatro de venta; el segundo, cinco de compra y dos de venta. 

Sergio Salvador Aguirre Anguiano es otro abogado cuyo nombre aparece en las actas. Como suplente de notario público se encargó de escriturar, en 1990, la compra de un condominio de 210 metros cuadrados adquirido por Norma Isabel Arellano Félix, una de las hermanas mayores del clan. Por esa transacción pagó 14.7 millones de pesos. El bien fue asegurado por la PGR en 1993. Aguirre Anguiano se convertiría dos años después en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la actualidad se encuentra en el retiro. 

La maniobra implementada por la familia Arellano es una de las estrategias clásicas del lavado de dinero. No es una coincidencia que el Grupo de Acción Financiera Internacional, máximo organismo intergubernamental en el mundo para combatir y prevenir esa actividad, haya identificado tanto a notarios públicos como a agentes de bienes inmuebles dentro de las actividades y profesiones no financieras vulnerables para ser usadas en operaciones de blanqueo de recursos.  


NINGÚN PROCESADO POR LAVADO

A 23 años del aseguramiento de las propiedades del clan Arellano en Jalisco, la PGR no ha solicitado órdenes de aprehensión contra ningún miembro de la familia por la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito que se castiga con hasta 15 años de cárcel. Tampoco ha informado el destino de las mansiones y casas aseguradas, aun cuando se le ha solicitado una entrevista formal a través de su área de Comunicación Social; en Estados Unidos, contradictoriamente, los hermanos Benjamín, Eduardo y Francisco Javier han sido sentenciados por narcotráfico y lavado de dinero; su hermana Enedina, por su parte, es señalada de encabezar la red de lavado de dinero que sostiene financieramente al CAF.

Información obtenida por el sistema de transparencia del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y una búsqueda avanzada hecha a través del servidor de aplicaciones de mapas Google (Google Maps), revela que siete de las 16 propiedades aseguradas por la PGR están en perfecto estado; otras dos se encuentran en resguardo del SAE; una funciona como escuela privada, otra como  asociación civil que promueve el empleo y una más fue vendida en marzo pasado.

En el caso de la escuela, se trata de la preparatoria Liceo del Bosque, cuyos directivos al ser cuestionados sobre la procedencia del bien, dijeron desconocer su vínculo con la familia Arellano. Se trata de la finca estilo español que, en abril de 1986, Alicia Félix vendió por 30.2 millones. Aquella por la que pidió autorización judicial para vender, argumentando problemas financieros.

 En el caso de sietes propiedades más que no estaban entre los bienes asegurados por la PGR y pertenecían a la familia, cuatro fueron vendidas y tres continuaban bajo su tutela, según las actas notariales en poder de ZETA.

 Entre éstas se encuentra la propiedad que Francisco Rafael compró a Marcelino García Paniagua y su esposa.

En la actualidad tal inmueble aloja al Instituto Anahuacalli, centro educativo en Zapopan que cuenta con niveles preescolar y básico (primaria y secundaria).

Este Semanario buscó en varias ocasiones a los directivos de la institución para saber si conocían el origen del predio y, pese a una serie de llamadas y el envío de un correo electrónico, no respondieron a la solicitud.  

MANSIÓN VENDIDA

Contrario a los exóticos gustos que suelen tener los narcotraficantes cuando se trata de las casas donde viven, los Arellano Félix tenía un gusto sofisticado que discrepaba con los de otros mafiosos de la época.


Nada de zoológicos, esculturas o acabados con imágenes de santos o animales; cero colores llamativos o ninguna estructura que desentonara con las residencias tipo colonial con toques contemporáneos que solían construir. La mansión del fraccionamiento Club de Golf Santa Anita en Tlajomulco de Zúñiga, era la muestra de su buen gusto.

Construcción de mil 230 metros cuadrados de dos plantas, pintada con colores blanco y azul pastel; cuatro amplias recámaras, estudio, sala, cocina con muebles de madera, comedor y área de televisión; cochera techada con espacio para ocho vehículos; alberca circular con vestidores, baños y cuarto de juegos; una segunda casa separada de la principal y  927 metros cuadrados adiciones de jardines.

Lo mejor: la tranquilidad de estar ubicados en un complejo privado que cuenta con perímetros totalmente bardeados, caseta de vigilancia 24 horas, casas separadas y extensas áreas verdes que incluyen dos parques y 16 hectáreas de bosque. La construyeron entre 1985 y 1989. Por el terreno rustico de 2 mil 156.99 metros cuadrados, Francisco Rafael pagó 970 mil pesos.

Posteriormente éste le vendió la propiedad, con mansión incluida, a su mamá, en 1989. En la demanda promovida ante el juez Raymundo Cornejo Olvera, Alicia Félix acusó a la PGR de violentar sus derechos por el decomiso de la mansión, pues en más de dos décadas nunca se comprobó que la compra se hiciera con recursos de procedencia ilícita. Por poco más de ocho meses el juez Cornejo analizó la demanda y, en la última semana de octubre de 2014, se la concedió.

Concluyó que aun cuando la PGR en sus investigaciones estableció que Alicia y sus hijos formaban parte de “una red de lavado de dinero”, la dependencia fue “omisa en pronunciarse” sobre la certeza del acto reclamado.

Expuso también que nunca había existido “conducta criminosa” por parte de la quejosa o “en los que estuviera relacionada la finca en mención”.

De esa manera el juez Cornejo, un abogado con  maestría en Política Criminal que obtuvo con la tesis “Análisis Crítico de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada”, ordenó la “inmediata devolución” de la mansión.

La PGR contrademandó la decisión de Cornejo; el reclamo llegó hasta un tribunal federal, donde tres magistrados ratificaron la decisión del juez: regresar la mansión a la señora Alicia.

Sin trabas legales de por medio, Alicia y familia contrataron los servicios de empresas dedicadas a la venta de bienes raíces que ofertaron la mansión a través de sus páginas de clasificado.

“Para terminarla a su gusto”, señalaban los anuncios que promovían la mansión, vendida finalmente en marzo pasado.

Lo que ha quedado en evidencia con la devolución de la mansión Arellano, es que por una “omisión” de la PGR las pruebas del lavado de dinero se desvanecen.

La venta de la mansión de Tlajomulco de Zúñiga es la llave que el CAF necesitaba para pelear sus bienes y seguir con el millonario blanqueo de dinero que comenzó en los mismos años que la madre del clan mafioso le hizo un desesperado pedido a una juez de Guadalajara.


(SEMANARIO ZETA/ Investigaciones Zeta/ Domingo, 17 julio, 2016 08:00 AM)

DOS CUERPOS CALCINADOS ENTRE SÁBADO Y DOMINGO EN TIJUANA


Alrededor de las 6:30 de la mañana de hoy domingo se reportó el hallazgo de un cuerpo calcinado sobre una calle de terracería entre la avenida Sauces de la colonia El Florido Tercera Sección en la delegación La Presa.

 El cuerpo calcinado al parecer del sexo masculino fue levantado por servicios periciales y trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para las diligencias correspondientes.

Cabe mencionar que el día anterior, durante la mañana del sábado alrededor de las 11:30 de la mañana se encontró el cuerpo calcinado al parecer con la cabeza desmembrada en las limitaciones de la Delegación Centro por lo que serían los casos similares entre sábado y domingo.


(SEMANARIO ZETA/ REDACCION/ Domingo, 17 julio, 2016 02:16 PM)

TIJUANENSES SE UNEN PARA RECLAMAR EL CUERPO DE KIMBERLY


El cuerpo de Kimberly Hernández Mendoza, menor de 20 meses de edad que murió la noche del lunes 11 de julio por desnucamiento sigue en las instalaciones de la Servicio de Medicina Forense (Semefo), aunque la necropsia de rigor ya se realizó. La razón: ningún familiar la ha reclamado.

El jueves 14 de julio, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó el homicidio de Kimberly por luxación de las dos primeras vértebras – desnucamiento -, y la agresión sexual en contra de la menor.

De acuerdo al Subprocurador de Investigaciones Especiales, José María González Martínez, hasta el momento no hay orden de aprehensión en contra de los padres, Ariadna Mendoza Espinoza y Aurelio Hernández Morales.

Para solicitar el cuerpo, un grupo de ciudadanos tijuanenses – ninguno pariente de la pequeña -, conformaron el movimiento “Todos Somos Kimberly”, con el fin de que la autoridad otorgue el permiso y se le pueda sepultar con dignidad.

La líder del movimiento, Gabriela Moreno Flores, comentó a ZETA que si luego de ser llevado a la Semefo, el cadáver no es reclamado, éste sería llevado a la fosa común.

El plazo se cumple el jueves 21 de julio.

Agregó que la organización está compuesta por “gente que queremos ayudar”, y señaló que empresas funerarias locales ya ofrecieron servicios gratuitos, en caso de obtener el retiro del cuerpo.

Mañana lunes 18 de julio, integrantes del movimiento acudirán a la PGJE, particularmente al área Homicidios Dolosos, para pedir oficialmente el permiso.

“La niña está en calidad de quien vaya a reclamarla”, comentó Gabriela a este semanario.

A través de Facebook, se conformó una red, donde además de solicitar el apoyo de la sociedad tijuanense comenzó la búsqueda de familiares de la pequeña para facilitar la entrega del cuerpo.

Además de labores de rastreo de los padres “para que respondan por la muerte” de la bebé:

“Creo que los papás andan prófugos (…) no se sabe nada de ellos, la abandonaron (a Kimberly) en el Seguro Social (IMSS)”, dijo.


(SEMANARIO ZETA/ Daniel Gastélum/ Domingo, 17 julio, 2016 02:53 PM)