sábado, 9 de julio de 2016

LÍDER ZETA CONFIRMA EN EU QUE EN TIEMPOS DE MOREIRA SE USÓ PRISIÓN PARA DISOLVER CUERPOS EN ÁCIDO

Rodrigo Humberto Uribe, operador financiero de Los Zetas, declaró ante una corte de Texas, Estados Unidos, que el Centro de Readaptación Social de Piedras Negras, Coahuila, era usado como “matadero” del grupo criminal, para desaparecer a las víctimas, además de que se empacaba drogas y se modifican vehículos para actividades de narcotráfico.

Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo/Vanguardia).– El penal de Piedras Negras, Coahuila, fue utilizado como “matadero” y centro de operaciones de Los Zetas, afirmó Rodrigo Humberto Uribe, testigo que declaró ayer ante la Corte de Estados Unidos como parte del juicio contra Marciano Millán Vázquez, presunto líder de esa organización.

Los Zetas utilizaron una red de hornos para encubrir el exterminio masivo y sistemático de personas inocentes durante el periodo que abarca de 2011 a 2013, cuando ese cártel tenía un completo control sobre la mayor parte de Coahuila.

Uribe, quien es considerado operador financiero de Los Zetas, es citado por el periódico San Antonio Express, que señala que el Centro de Readaptación Social de Piedras Negras era el “matadero” del grupo criminal.

Ahí, declaró Uribe Tapia en la Corte, el Cártel asesinaba y desaparecía personas, empacaba drogas y modificaba vehículos para actividades de narcotráfico.

El testigo dijo que vio que los cuerpos de dos mujeres y un hombre eran llevados al centro penitenciario.

“Ellos toman estos cuerpos y los llevaban al Cereso para poder destruirlos o desintegrarlos […]. Tenían contenedores de ácido, o no sé qué proceso para desaparecerlos”, acusó.

Los testimonios de quien a inicios de semana declaró que él entregó cuatro millones de dólares a cambio de protección a funcionarios de Coahuila que trabajaban para el ex Gobernador Humberto Moreira, fueron reproducidos también por medios nacionales.

En sus declaraciones ha detallado que helicópteros y vehículos oficiales eran usados por el cártel para evadir operativos de la Marina en ese estado.

“Ellos [Los Zetas] pagaban por usar los vehículos y los helicópteros del [Gobierno del] estado de Coahuila […], los usaban para moverse de un lugar a otro y que los marinos no pudieran detenerlos”, acusó.

Uribe Tapia sostuvo que entregó personalmente, en dos ocasiones, dos millones de dólares a Vicente Chaires Yáñez, ex funcionario de Coahuila y a Jesús Torres Charles, ex Fiscal del estado.

Tras las acusaciones el ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdez, y el ex Fiscal de ese Estado, Jesús Torres Charles, negaron los nexos.

No conozco a Rodrigo Uribe, lo único que ahora sé de él es que participó en el talk show ‘Caso Cerrado’ como panelista declarando sobre su vida de ‘ex sicario’ […] desconozco absolutamente las fantasías que se relatan”, sostuvo Moreira en un comunicado.

“Ningún colaborador me propuso algo impropio. Contestaré como siempre con la ley en la mano todas las falsedades publicadas acerca de este caso. Basta ya de pretender vincularme con quienes mataron a mi hijo”, abundó.

A su vez, el ex Fiscal de Coahuila, también rechazó haber recibido dinero para proteger al grupo criminal:

“Niego terminantemente dicha información por ser absolutamente falsas las manifestaciones vertidas por dicho individuo. El suscrito Jesús Torres Charles no conoce ni ha tenido jamás trato alguno con ese sujeto que dice llamarse Rodrigo Humberto Uribe Tapia y mucho menos he recibido de él ni de ninguna otra persona cantidad alguna de dinero a nombre de o para Humberto Moreira Valdés”.


Marciano Millán Vázquez está acusado de 10 cargos en Estados Unidos y podría alcanzar cadena perpetua. Foto: Vanguardia

De acuerdo con la investigación llevada a cabo por el periodista de Proceso Juan Alberto Cedillo, quien ha pasado años investigando la matanza, fue en marzo de 2011 que el capo local, Mario Alfonso Cuéllar y sus asociados, Héctor “El Negro” Moreno Villanueva y José Luis “La Guiche “Garza Gaytan fueron culpados por la jerarquía superior de Los Zetas sobre el faltante de dinero por el tráfico de cocaína.

Aún no está claro si los ingresos por el tráfico de la droga fueron, de hecho, robados por capos locales o si las cargas se perdieron durante los decomisos de las autoridades. Lo que se sabe es que Moreno Villanueva y Garza Gaytan huyeron a América donde buscaron la protección del gobierno de EU como informantes y testigos federales.

“Un montón de muertes”, dijo Moreno Villanueva a una corte federal en un caso contra Los Zetas. “Incluso empezaron a matar las familias de Allende y Piedras Negras, y en Muzquiz y en Sabinas. También querían matarme”.

Miguel Ángel Treviño Morales, “El 40”, uno de los principales líderes de Los Zetas, ordenó un exterminio sistemático en la zona de Allende, en los pueblos cercanos llamados Cinco Manantiales, y también en Piedras Negras.

La orden era simple: matar a cualquiera relacionado, asociado o que, de cualquier forma, tuviera contacto con Villanueva o Garza Gaytán.


(SIN EMBARGO.MX/ REDACCIÓN /  JULIO 9, 2016 - 11:09 AM)

ANTES DE TIRARLE A QUEMARROPA, POLICÍAS DE ORIZABA ADVIRTIERON AL LÍDER SOCIAL: “YA BÁJENLE…”


El pasado jueves 7 de julio, el activista Jairo Guarneros Sosa fue agredido a balazos cerca de su domicilio en Orizaba, Veracruz. Un día antes encabezó una movilización en protesta por la muerte de tres personas luego de que una patrulla embistió al taxi en el que viajaban. Ahora, miembros del colectivo Cihuatlahtolli  responsabilizan al Gobierno municipal y a policías como sospechosos del ataque contra Guarneros Sosa.


Miguel Ángel León Carmona
Xalapa, Veracruz, 9 de julio (BlogExpediente).– “Ya bájenle o va a haber más muertos” advirtieron policías de Orizaba, Veracruz, al activista Jairo Guarneros Sosa, un día antes que fuera baleado a quemarropa en la entrada de su casa.

Lo anterior, extracto de un video presentado ante la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XV Distrito Judicial por miembros del colectivo Cihuatlahtolli (palabra de mujer), quienes señalan a elementos de la patrulla 51 y al mismo Gobierno municipal como sospechosos del atentado en contra del también taxista orizabeño.

Presuntas amenazas derivadas de una protesta encabezada por Guarneros Sosa, que exigía la presentación de los patrulleros de la unidad PA-24, responsables de un incidente automovilístico donde falleció una mujer y dos personas más resultaron heridos.

Fue gracias a la presión del colectivo de Jairo Guarneros que Juan Ramón Herebia, encargado de la seguridad pública en Orizaba, aceptara la responsabilidad de sus elementos, comprometiéndose en rueda de prensa que el caso sería esclarecido.

Al momento, según reportes de compañeros del agredido, su estado de salud es estable. Sin embargo, temen que sus dos agresores materiales, aún libres, terminen lo que consideran una encomienda.

“Exigimos garantías de seguridad para Jairo y su familia. Responsabilizamos a Juan Manuel Díez Francos, así como al Gobierno estatal y federal de cualquier futuro atentado en contra de Jairo, sus familiares o integrantes del colectivo feminista, Cihuatlahtolli, GRITO y los demás grupos que han sido compañeros de lucha”.

Es la demanda que leyó en la capital del estado, Beatriz Torres Beristaín, integrante del colectivo Cihuatlahtolli, firmada por 42 asociaciones civiles, de cortes estatales, nacionales e internacionales, así como representantes de la Iglesia católica en Veracruz.

“Hay una violencia generalizada en Veracruz. Nuestro estilo de vida está siendo permeado por la violencia, la impunidad, la inseguridad y la corrupción. Nuestro pueblo está harto de esas situaciones. Hay un despertar en la gente, pero falta mucha por sumarse”, compartió el sacerdote y defensor de los derechos humanos, Julián Andrés Verónica Fernández.

Se trata de un hombre con raíces indígenas, una persona que soluciona conflictos y no los origina. “Siempre ha sido incómodo para el Gobierno priista. En este momento a Juan Manuel Díez le molesta que un tipo pobre tenga tanta fuerza y verdad” asegura Beatriz Torres Beristaín.

Una lucha social de Guarneros Sosa que lo llevó a prisión en el año 2012 junto a otros tres compañeros. Detención, derivada de un enfrentamiento entre comerciantes y municipales que se dispusieron a desalojarlos de sus negocios sobre la vía pública.

“JAIRO, AQUÍ ESTAMOS Y NO NOS IREMOS”

Título de la campaña puesta en marcha por una cincuentena de asociaciones civiles y activistas independientes, quienes además de hacer público su apoyo, se dirigen al Gobierno orizabeño. “Aquí hay un gran problema: son cómplices del crimen organizado, están coludidos o están sumisos y no pueden ofrecer garantías a la gente que opina diferente”.

Por su parte, Beatriz Torres avala el accionar social de Jairo Guarneros, comparte que desde hace más de tres décadas su causa va dirigida a los problemas de las mujeres, sobre todo en las agresiones a sexo servidoras de la región central en Veracruz.

“Él se ha hecho cargo de sexo servidoras que han sido asesinadas y no poseen ni siquiera una identidad. Ha estado en funerales donde nadie va ni reza por las difuntas. Él está ahí, donde los demás no voltean la cara. Se trata de un hombre feminista”.

El hombre de temperamento sereno, comparten sus colegas, no sólo ocupa el tiempo libre que le deja su oficio de ruletero en la lucha por los derechos de las mujeres. También es parte del proyecto La Escuelita del Zapote, enseña a leer y escribir a niños indígenas estancados en la pobreza extrema de la Sierra de Zongolica y los pueblos de las faldas del volcán Pico de Orizaba.

Allegados comentan que su camioneta de los años 80 solía estar retacada de libros de historias fantásticas que entregaba a infantes de barrigas lombricientas. De cabellera larga, lentes de vidrios circulares y camisetas de algodón, así se le puede ver en las plazas públicas a Jairo, cuestionando a los gobiernos en turno.

Un adherente a la sexta declaración de la selva Lacandona del EZLN, sus amigos, presumen, que llegó a ser el enlace en la zona centro de Veracruz del Sub Comandante Marcos.

“Así es Jairo, un hombre que sí camina por las calles, que conoce la problemática social. Pese a su simpatía con el pueblo nunca ha tomado direcciones partidistas. Desafortunadamente le tocó criticar a un Presidente, Díez Francos, que mediante decisiones estúpidas pisotea a la gente de abajo”.

“CÁRCEL PARA LOS CULPABLES, ASÍ SEAN FUNCIONARIOS DE GOBIERNO”

Por su parte, Emilio Rodríguez, Integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), demanda la captura de agresores materiales e intelectuales. “Aun cuando estos puedan ser funcionarios o personal del Gobierno”.

“Estamos dando la ante la sociedad veracruzana porque si a nosotros que defendemos la madre tierra y temas ambientales hemos sido hostigados por autoridades y empresas, qué será de personas como Jairo o la señora Aracely Salcedo que han evidenciado el número de desaparecidos en Veracruz, las fosas clandestinas o la violación de los derechos humanos de las mujeres”.

“Estamos siendo agredidos por el simple hecho de denunciar. En esta ocasión nos armamos de valor y pedimos que ya no se repitan los hechos de violencia, es el tercer activista agredido en Veracruz, en menos de un mes, uno de ellos murió. ¿Qué espera el Gobierno para actuar?”

Se pregunta Emilio Rodríguez, refiriendo el asesinato de José Jesús Jiménez Gaona, vocero de la agrupación Búsqueda de Familiares Desaparecidos María Herrera A.C., quien fue asesinado en la vía pública. Además, mientras que su esposa, Francisca Vázquez Mendoza, permanece grave en un hospital de la Ciudad de México.


(SIN EMBARGO.MX/ REDACCIÓN / JULIO 9, 2016 - 8:00 PM)

JUAN DÍAZ DE LA TORRE, EL HOMBRE QUE TRAICIONÓ A GORDILLO


El secretario general de la SNTE, Juan Díaz de la Torre, es pieza fundamental del complicado engranaje que exprimió económicamente a los maestros durante la gestión de la profesora Elba Esther Gordillo y, por lo tanto, debe ir también a la cárcel. La sentencia es de Mauricio Urtaza Martínez, socio de la empresa Servicios Financieros DC. El otrora encargado de dispersar las comisiones que el sindicato magisterial cobraba a las empresas que prestaban dinero a los agremiados revela en entrevista el modus operandi de ese entramado.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En agosto de 2012, en la Iglesia de San Martín de Porres, en Guadalajara, la familia de Elba Esther Gordillo Morales emparentó con la de Juan Díaz de la Torre. Ese día, Mónica Arriola Gordillo, hija de La Maestra, fue madrina de bautizo de una hija de Juan Óscar Díaz Medina. Ese compadrazgo reafirmó la relación de la entonces dirigente sindical y su futuro relevo.

Originario de Jalisco, Díaz de la Torre, inició su vida gremial a la sombra de Juan Alcalá Espitia, dirigente de la sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Jalisco y cercano al creador de Vanguardia Revolucionaria, Carlos Jonguitud Barrios y posterior líder de ese gremio.

Cuando Gordillo Morales hizo a un lado a Jonguitud, Díaz de la Torre se plegó a ella. Y ella le correspondió al convertirlo en líder de la sección 16 de 2000 a 2003; dos años después lo ungió como líder de su recién creado partido político: Nueva Alianza.

La habilidad con la que Díaz de la Torre manejó el Fideicomiso Global del Magisterio en Jalisco, fue vista por La Maestra como una virtud, por lo que lo hizo hombre de sus confianzas en materia financiera. Decidió que fuera él quien determinara qué dirigentes seccionales de la SNTE se habían ganado, a costa de embaucar a maestros con créditos de nómina, su 2% de comisión.

Mauricio Urtaza Martínez –socio de la empresa Servicios Financieros DC y encargado de dispersar las comisiones que el SNTE cobraba a las empresas autorizada como únicas para prestar dinero a sus agremiados– relata cómo participó Díaz de la Torre en esa estrategia y terminó por traicionar a Gordillo.

Entrevistado en el Reclusorio Sur Varonil, Urtaza Martínez ubica a Díaz de la Torre como pieza del complicado engranaje que exprimió económicamente a los maestros durante la gestión de Gordillo.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2071, ya en circulación


(PROCESO / REPORTAJE ESPECIAL/ JESUSA CERVANTES/ 9 JULIO, 2016)

RESCATAN A SUEGRO DE MONREAL; DESMIENTEN PARTICIPACIÓN DE FUERZAS ESTATALES


ZACATECAS, Zac., (proceso.com.mx).- Juan Pérez Martínez, suegro del exgobernador zacatecano y actual delegado de la Cuauhtémoc en la Ciudad de México, Ricardo Monreal Ávila, fue rescatado este viernes en un operativo instrumentado por fuerzas federales en la región Noreste de Fresnillo, en los límites con el municipio de Sombrerete.

Pérez Martínez fue plagiado en su rancho en la comunidad El Pardillo, en el municipio de Fresnillo, el sábado 2 de julio, según la denuncia que hizo el propio Ricardo Monreal en una carta en la que solicitó el auxilio del Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, ante su desconfianza en las autoridades estatales.

La Procuraduría de Justicia del estado emitió un comunicado el viernes en la noche informando de la liberación de Pérez Martínez en una supuesta “colaboración estrecha entre las corporaciones del ámbito federal y estatal”, y con el conocimiento del gobernador, Miguel Alonso Reyes.

“Tras siete días de incertidumbre, este caso fue resuelto satisfactoriamente”, dice el comunicado de la procuradora, Leticia Soto Acosta.

Sin embargo, la intervención estatal fue desmentida rotundamente por Saúl Monreal, hermano del exgobernador.

En entrevista telefónica, Saúl Monreal aseveró que no hubo injerencia alguna del gobierno del estado o de corporaciones de seguridad estatal “porque así lo decidimos en la familia, porque no hay confianza en las autoridades, y porque en lugar de ayudar, perjudican, están coludidas con estos grupos”.

También precisó que el octagenario “fue liberado en la mañana (del viernes) pero a nosotros nos comunicaron a mediodía; se encontraba un poco deshidratado, pero ya lo vio un médico y ya está en su casa disfrutando a su familia”.

Enfático, pidió aclarar que “la única comunicación y el único trabajo fue con la Policía Federal. Desde un principio decidimos no tener ninguna comunicación con las autoridades estatales”, debido a que no hay confianza “y lo hemos vivido en varios asuntos que no han sido resueltos y han estado implicadas estas autoridades”.

Saúl Monreal acusó a la procuradora Leticia Soto de colgarse medallas que no le corresponden en el operativo para rescatar al suegro del Monreal.

Y señaló que las investigaciones continúan, y que se tiene confianza en que las fuerzas federales capturen a los responsables de la privación de la libertad del ganadero fresnillense, quien “a pesar de sus 85 años, ha sido fuerte”.

En tanto que este sábado, en su cuenta de Twitter, el diputado electo Omar Carrera, nieto del octagenario, publicó:

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 Omar Carrera ® @ocarrera01
Aclaración los únicos que participaron en la liberación mi abuelo Juan Pérez Martinez fue la @FUERZASFEDERALE y @CNSeguridadmx #Gracias
09:15 - 9 jul 2016


(PROCESO/ VERÓNICA ESPINOSA/ 9 JULIO, 2016)

LA CNTE “TAMBALEÓ” AL GOBIERNO: THE ECONOMIST


CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En México, la mayoría está a favor de “sacudir” el sistema educativo y considera que de las 11 reformas impulsadas por Enrique Peña Nieto la educativa es la más importante, señala en un artículo el semanario inglés The Economist.
Sin embargo, “el gobierno se tambaleó” ante las crecientes movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que obligaron a la federación a sentar las bases para un diálogo.

El artículo “Una batalla para alimentar a la mentes jóvenes”, intenta responder a la pregunta: “¿Por qué los maestros son tan desobedientes?” y atribuye a la CNTE, “el sindicato militante mexicano”, la responsabilidad del freno a la reforma.

En México, señala el artículo, en muchas escuelas, los sindicatos están a cargo del reclutamiento, además que las plazas docentes son “más o menos hereditarias y es casi imposible despedir a los malos profesores”.

Por ello, abunda el semanario, no es de extrañar que alrededor del 55% de los mexicanos carece de las habilidades básicas en matemáticas, de acuerdo con los resultados de las pruebas del Programa Internacional de la Evaluación de los Alumnos realizada en 2012.

Refiere que la CNTE, objeta en particular la aplicación de una prueba unitaria para todos los maestros.

“Su base de poder está en cuatro de los estados más pobres, incluyendo Oaxaca; por lo que, dicen, un examen en todo el país es injusto para los que enseñan en lugares demandantes. Su influencia está en juego. Bajo los términos de la reforma, muchos de sus activistas (no todos ellos son maestros) perderían su estatus profesional, por lo que se han manifestado contra el cambio desde 2013 y el sellado de las carreteras es ya una táctica bien practicada”, explica The Economist.

Sin embargo, señala, esta vez “todo resultó más feo de lo habitual”, cuando a principios de junio dos líderes de la CNTE fueron detenidos por cargos de lavado de dinero y robo agravado y las protestas se intensificaron.

Luego, recuerda, el 19 de junio la policía desafió una barricada a las afueras de Nochixtlán, en el noroeste de Oaxaca y en el enfrentamiento resultaron ocho manifestantes muertos.

“El gobierno se tambaleó. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió con los miembros del sindicato, pero Aurelio Nuño, el secretario de Educación, fue menos entusiasta en el diálogo”, subraya el semanario.

A pesar del acercamiento, dice, los bloqueos de carreteras permanecieron y al 1 de julio había 26 de ellos, con tres mil 500 personas involucradas.

Luego analiza las razones por las que considera que el gobierno no echó mano de la fuerza policial para desalojar los bloqueos instalados en centros comerciales, carreteras y puentes fronterizos en los que los más afectados fueron los productos de grandes empresas trasnacionales.

“Por razones históricas, los gobiernos mexicanos se esfuerzan para manejar este tipo de situaciones de un forma mesurada. En la memoria persisten los manifestantes estudiantiles masacrados en 1968 y 1971; el ‘trauma nacional’ hace que el Estado vacile sobre el uso de la fuerza, dice el analista político, Francisco Berlín Valenzuela”, cita el semanario.

Y añade que cuando las autoridades intentan reprimir, “las cosas pueden salir mal, como lo ocurrido en el evento de Nochixtlán”.

Pese a que hay una investigación en curso, dice, este pueblo se ha unido a la lista de lugares donde “las atrocidades son atribuidas a actores estatales”, como el caso de Ayotzinapa, Guerrero, donde 43 estudiantes normalistas desaparecieron en 2014.

“Como Alejandro Hope, un analista de seguridad, lo describe: ‘El gobierno no tiene confianza en que la policía estatal y federal llevará a cabo una operación limpia’”, señala el artículo.

Y añade que el 1 de julio cuando Osorio Chong dio “una clase de ultimátum” al decir que “en poco tiempo” se adoptarían decisiones para desbloquear carreteras estratégicas, cuatro días después, según el gobierno el número de bloqueos se redujo y Osorio Chong se reunió de nuevo con líderes de la CNTE a quienes ofreció diálogo con la Secretaría de Educación.

A pesar de ello, señala The Economist, las personas que simpatizan con los maestros temen acciones “más draconianas”.

Y cita a José Gastón García, de la Universidad del Mar en Oaxaca, quien dice que el gobierno podría aprobar una ley en la que compare las acciones de los profesores con el terrorismo.

“Pero ambas partes parecen interesadas en evitar más violencia, y el desmantelamiento negociado de los bloqueos parece lo más probable. Será entonces cuando los argumentos reales sobre el futuro de la educación en México puedan comenzar”, concluye el semanario inglés.


(PROCESO/ LA REDACCIÓN / 8 JULIO, 2016)

GOLPE A EXCÉLSIOR: REMEMBRANZAS DE UNA INFAMIA


Indeleble el recuerdo de la infamia perpetrada desde el poder el 8 de julio de 1976 contra Julio Scherer García y sus colaboradores de Excélsior. A cuatro décadas de aquel funesto golpe mediante el cual el entonces presidente Luis Echeverría quiso acallar la libertad de expresión con el apoyo de un grupo de cooperativistas de la casa editorial, es menester recoger la voz de don Julio, su memoria, sus indagatorias, los testimonios que buscó y encontró hasta llegar a la raíz de aquel episodio de traición encabezado por el mandatario que gobernó con el antifaz hipócrita de hombre democrático.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Dueño Excélsior de los terrenos de Paseos de Taxqueña, 951,913.39 metros cuadrados al sur de la ciudad, cobraban forma los sueños que los hombres sueñan cuando creen que el futuro pertenece al presente. ¿Por qué no podría disponer de su propio bosque, como algunos de los grandes periódicos en el mundo y producir su propia materia prima, el papel? Había dinero para todo y para todos. El vuelo del diario, aceptado por un público cada día más numeroso, respaldaba el entusiasmo por el auge en puerta. Se discutía ya si la cooperativa debía continuar en Reforma y Bucareli o levantar grandes instalaciones en una zona industrial. En este caso, Excélsior conservaría sólo su edificio en Reforma 18, historia y símbolo de la casa editorial. Sus terrenos de la esquina exclusiva serian vendidos a precio de oro, que sobre oro se asentaban las viejas construcciones, paisaje de un México entrañable.

El diputado Humberto Serrano, líder agrarista que no salía de la Secretaría de la Reforma Agraria custodiada por Augusto Gómez Villanueva, invadió Paseos de Taxqueña como quien ocupa un solar. Centenares de campesinos se dispersaron por la enorme superficie, acamparon en los sitios que les vinieron en gana y dieron la gran noticia a los enemigos de la cooperativa: tiempo atrás, bajo la dirección y gerencia de don Rodrigo de Llano y don Gilberto Figueroa, la cooperativa les había permutado tierras de su propiedad en los estados de Hidalgo y Veracruz por los antiguos terrenos de la Candelaria, hoy Paseos de Taxqueña. No tolerarían el abuso, a punto la cooperativa de transformar sus lotes en fraccionamiento. Saldrían compensados de Paseos de Taxqueña o no abandonarían el sitio privilegiado.

Fue violenta la campaña contra el diario. Humberto Serrano alcanzó notoriedad como hombre de un día y de muchos días. Descubrieron los noticieros de Televisa que por las venas del líder corría sangre de Emiliano Zapata, roja como la pasión y el sacrificio. No cedería, al menos que hubiera justicia para sus hombres. Gómez Villanueva levantaba los hombros en señal de impotencia. No podría enfrentar a sus hermanos de clase. Cercana la hora de las negociaciones para intentar algún arreglo, se perdía Humberto Serrano quién sabe dónde. Nada retrata aquellas escenas como un relato del licenciado Miguel Ángel Granados Chapa la tarde que nos reunimos con Luis Javier Solana para despedir al escritor Federico Fasano, de regreso al Uruguay. Decía el líder agrarista que los periodistas citadinos, hechos al pavimento, no podríamos comprender a los campesinos, hechos al sol y a la tierra, sin tiempo en el tiempo.

El presidente Echeverría envenenaba el ambiente y recomendaba paciencia. Voz de resonancia universal, candidato al Premio Nobel de la Paz, pregonaba que se cumpliría con la ley.

En el interior de Reforma 18 la inquietud crecía. De los Consejos de Administración y Vigilancia partía la especie: intransigentes los directivos de Excélsior, ponían en peligro el patrimonio de los trabajadores y sus familias. Ellos y sólo ellos, Scherer y Rodríguez Toro, eran los responsables de los problemas que la cooperativa encaraba.

Publicó Excélsior el viernes 9 de julio de 1976 que la cooperativa había descubierto turbios manejos de su gerente general y de su director general, Hero Rodríguez Toro y Julio Scherer García. Sin el conocimiento de los trabajadores, “habían salido de sus arcas cerca de 14 millones de pesos, 9 irremisiblemente perdidos”. Dijo también el editorial del periódico que se investigaría a otros cinco cooperativistas, cómplices del gerente y el director. En una maquinación del director habían intentado frustrar las pesquisas encaminadas a desentrañar su comportamiento y el del gerente general. Enlistaba el periódico a los encubridores: Arturo Sánchez Aussenac, jefe de redacción; Leopoldo Gutiérrez, secretario de redacción; Arnulfo Uzeta, jefe de información; Ángel T. Ferreira, reportero de la fuente política, y Jorge Villa Alcalá, director de Últimas Noticias. Señalaba el mismo texto que gerente y director se habían hecho dueños de un poder omnímodo que ejercían, sin piedad. Ya sin ellos, suspendidos en sus derechos y obligaciones como socios de Excélsior, se respiraba otro aire en la casa fraterna. Fue exaltado el 8 de julio como un “día de júbilo, día histórico”.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2071, ya en circulación


(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/  JULIO SCHERER GARCÍA/ 9 JULIO, 2016)

EL DÍA MÁS MORTÍFERO PARA LA POLICÍA DESDE EL 11-S (TIROTEO EN DALLAS)

(RIODOCE/ RT EN ESPAÑOL/ 09 DE JULIO 2016)

EN NÚMEROS: LEY 3 DE 3: MÁS DE MEDIO MILLÓN DE MEXICANOS NO SERÁN ESCUCHADOS, PERO LOS EMPRESARIOS SÍ

(RIODOCE7 SINEMBARGO TV/ 09 DE JULIO 2016)

LOS MEXICANOS NO LEEN, PERO ¿ QUÉ TAN CIERTO ES ESA FRASE?

(RIODOCE/ SINEMBARGO TV/ 09 DE JULIO 2016)

PORTUGAL ELIMINA A GALES Y ES EL PRIMER FINALISTA DE LA EUROCOPA

(RIODOCE/ RT EN ESPAÑOL/ 09 DE JULIO 2016)

EL MISTERIO DEL 88


Involucrado en desapariciones recientes

La mañana del pasado lunes 27 de junio, en los límites de los municipios de Guasave y Ahome, entre las sindicatura de Juan José Ríos y Central, respectivamente, un cuerpo envuelto en una bolsa plástica de color negro fue abandonado por supuestos desconocidos.

El lugar, cuyo nombre es Concheros, está ubicado en el kilómetro 192 más 300 metros de la carretera México 15, tramo Las Brisas-Los Mochis, y resulta uno de los sitios con vigilancia permanente de la Policía Municipal de Ahome. En ese sitio es en donde comienza el blindaje policial a la ciudad, el cual se extiende kilómetros adelante hasta la entrada oriente, precisamente sobre el ramal Lateral 18, que resulta también el punto de observación preferido del Grupo de Operaciones Tácticas Especiales (Gote) y del Grupo de Operaciones Tácticas Especiales Rurales (Goter), la élite de la corporación preventiva.

Pero ese día, sospechosamente, ninguna de las policías elite se percató de cuando el cadáver fue abandonado. Ellos, simplemente se esfumaron.

Pasado el reporte del cuerpo extraño dejado sobre el retorno de la carretera, justo a la entrada de unos laboratorios agrícolas, los diversos grupos policiales se arremolinaron.

Era un hombre, pero no sabían quién, establecían los primeros reportes policiales. La necropsia reveló que era joven, de vida regular. Había muerto por dos balazos en la cabeza. El cadáver acusaba también diversas lesiones leves. Estas se produjeron en vida, cuando el sujeto se defendió, establece un informe. Pero finalmente fue inmovilizado y asesinado.

Horas después, los deudos reclamaron el cuerpo de quien dijeron que se llamaba Osvaldo Ortega Ahumada, quien tenía 34 años y vivía en la colonia Tabachines Uno y/o  en el fraccionamiento Villa Huites, según los reportes policiacos.

También declararon que Osvaldo era vendedor de carros y que recientemente se había mudado a Guasave, el municipio vecino, y que por ello tenían tiempo sin verlo.

Y aceptaron que como apodo le decían el 88, aunque no precisaron la causa de ello.

El sobrenombre  levantó una cortina de sospechas para los investigadores que fueron llamados a indagar el asesinato, pues el apodo les aparecía en la reseña de un sangriento ataque a un grupo de la Policía Ministerial del Estado en marzo del 2007. En el ataque fueron masacrados siete agentes, y de acuerdo con declaraciones de gatilleros capturados después, cuatro de ellos también murieron, pero fueron rescatados por ellos mismos y abandonados los cuerpos en parajes de la sierra de Sinaloa municipio.

El atentado fue en las inmediaciones del poblado Gabriel Leyva, Guasave, zona controlada por el Cártel de Guasave que lidera Fausto Isidro Meza Flores, apodado el Chapo Isidro.

Un año después de aquel sangriento rescate, Carlos Fernando Bakir Romero declaró que el 88 formaba parte de las células armadas que trabajaban para Meza Flores y en específico para el jefe, el Cien.

Bakir, de acuerdo con las indagatorias, era un joven residente de Puerto Vallarta, Jalisco, que se alquiló como sicario, primero para el Cártel de Sinaloa y que terminó asesinando a sus antiguos patrones por órdenes de los Mazatlecos  y del propio Meza Flores.

Las indagatorias recientes revelan que el expediente de Ortega Ahumada, el 88, lo relaciona con la desaparición en febrero (2016) de los jóvenes Zumiko Lizbeth Félix Ortega y Eduardo González Rodríguez, conocido por los apodos del Yampool o la Thalía.

Estos procedían de Guasave, pero al pasar por Juan José Ríos fueron seguidos por patrulleros preventivos de Ahome, quienes los habrían detenido. Desde entonces el paradero de ambos muchachos es desconocido.

Antes de desaparecer, el Yampool o la Thalía se había hecho perseguir por la policía, al ser delatado por cómplices capturados, de ser quien comandaba el grupo de jóvenes que despojaba vehículos en la carretera Internacional, para trasladarlos a Guasave.

Incluso, había concluido dos procesos penales por narcomenudeo. Era parte del clan de los Mazatlecos, al igual que el 88, según archivos consultados.

Jesús Arnoldo Serrano Castelo, Subprocurador Regional de Justicia del Estado dijo que el homicidio de Osvaldo Ortega Ahumada, era un asunto pendiente, cuya información se encontraba reservada por estar contenida en una carpeta de investigación aún no concluida.

“Lo que puedo confirmar, es que el apodo del 88, si aparece como su nombre conocido”.


(RIODOCE/ Luis Fernando Nájera/ Los Mochis en 3 julio, 2016)

EL TEMOR A LA CHAPODIPUTADA


Con imprecisiones y declaraciones ambiguas, el Congreso del Estado apostó a retardar el juicio de desafuero de Lucero Sánchez

Cuando llegó al Congreso del Estado, el  martes 14 de junio, la notificación de la Cámara de Diputados del Procedimiento de Desafuero de Lucero Sánchez López, acusada del uso indebido de documento oficial falso para presuntamente visitar a Joaquín Guzmán Loera en un penal de alta seguridad, el poder legislativo le sacó la vuelta: no quiso darle trámite ni fijar un posicionamiento sobre el tema.

La Cámara de Diputados había acelerado la notificación. En menos de 24 horas el documento ya había sido recibo en el Congreso del Estado, pero el poder legislativo local tardó nueve días en darle trámite al Procedimiento de Desafuero.

“El dictamen es clarísimo, no estaba supeditado absolutamente a lo que dijera o dejara de decir el Congreso local de Sinaloa. No impidió nunca la demora que tardó en contestarnos a nosotros, no fue obstáculo nunca para que el Ministerio Público, desde el mismo día que quedó desaforada la diputada, tuviera la facultad para ejercitar acción penal”, puntualiza el diputado Ricardo Ramírez Nieto, presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.

A pesar que el dictamen de la Sección Instructora dejó en claro que la Cámara local debía poner a disposición del Ministerio Público Federal a la diputada Lucero Sánchez, tanto el presidente de la mesa directiva, Francisco Solano Urías, como el de la Junta de Coordinación Política, Jesús Enrique Hernández Chávez, hicieron declaraciones confusas, sin precisar cuáles serían las facultades en el caso del poder legislativo local ni del procedimiento que debía seguirse, sólo señalaron que la notificación del expediente sería turnado al área jurídica para su análisis.

La resolución emitida por la Cámara de Diputados está soportada en el artículo 111 de la Constitución federal, que establece que para proceder penalmente por delitos federales contra diputados locales, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales, para que en ejercicio de sus atribuciones proceden como corresponda.

El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados señala categórico que no tenía el Congreso del Estado de Sinaloa por qué analizar absolutamente nada.

El jueves 16 de junio, el tema ya había sido abordado en la Junta de la Coordinación Política, pero no existió una definición pública del poder legislativo sobre el tema, ni tampoco se subió a la orden como un asunto de correspondencia recibida. No se le dio ningún trámite. A cambio se abordó el caso de Lucero Sánchez López dentro del apartado de asuntos generales. Diputados de todos los grupos parlamentarios, excepto del PAN y PRI, subieron a tribuna para solidarizarse, hablar de respeto a la soberanía y de “hacerse tontos”, como lo señaló el diputado del PT, Leobardo Alcántara, del mandato dispuesto por la Cámara de Diputados.

“Yo no entiendo por qué se metieron en la mecánica de decir que iban a analizar o que iban a someterlo a su jurídico, cuando nosotros fuimos muy claros en el dictamen. Lo único que tenían que hacer era acatarlo en sus términos. Yo no entiendo la postura que asumieron, la verdad”, declara el diputado federal priista.

A la sesión siguiente, una semana después haberse recibido la notificación, el presidente de la Mesa Directiva, Francisco Solano Urías, quien funge como representante legal del poder legislativo, declaró que no sabía si está o no desaforada la diputada Lucero Sánchez López: “Los abogados están un poquito atorados. En los términos que ellos hablan entiendo poco, y lo poco que entiendo se me enreda”.

Fue el jueves 23 de junio cuando el Juicio de Procedencia se incluyó en la orden de la sesión. Ese mismo día la diputada Lucero Sánchez acudió puntual a las instalaciones del poder legislativo, pero no asistió  a la sesión.

Tras la lectura de un extracto del dictamen enviado por la Cámara federal, el presidente de la mesa directiva se limitó a expresar: “Proceda en consecuencia y notifíquese”. No existió ninguna precisión, ni declaración sobre la conclusión que había emitido el área jurídica a donde se suponía se había remitido el caso.

El martes 28 de junio no asistió el diputado Francisco Solano, y Hernández Chávez no emitió ninguna declaración sobre el procedimiento seguido en el caso.

El miércoles siguiente, la Dirección de Gestión y Vinculación Social del poder legislativo emitió un boletín de prensa con declaraciones del presidente de la Mesa Directiva, Francisco Solano, en el sentido de que Lucero Sánchez López había quedado “desligada” del Congreso del Estado por lo cual ya no podría acudir a las sesiones del Pleno.

El jueves 30, Hernández Chávez, aseguró que desde un principio había señalado que en el caso de Lucero Sánchez el Congreso del Estado no tenía nada que resolver y precisó, por vez primera,  que era una diputada suspendida de sus derechos y obligaciones.


(RIODOCE/ ANABEL IBÁÑEZ / 3 JULIO, 2016)

HAY 400 PERSONAS DESPLAZADAS POR LA INSEGURIDAD EN EL ROSARIO


De la cabecera municipal de El Rosario a la sindicatura de Maloya hay 52 kilómetros de distancia y 400 personas que han tenido que abandonar su lugar de origen para resguardar su vida.

Son personas de las comisarías Pilas de Estancia y Agua Zarca, comentó el síndico de Maloya, Ascensión Mendoza Torres, las que se desterraron.

Son siete las comisarías adscritas a Maloya: Jalpa, Pilas de Estancia, Tecomatillo, La Tebaira, Corral de Piedra, Agua Zarca y Buena Vista; y para llegar a la sindicatura se debe hacer un recorrido de una hora y media, pues del entronque de Chilillos a Matatán, la rúa está prácticamente intransitable.

Con todo y eso, el ir y venir de esos pueblos era cotidiano, hasta que a principios de este año los enfrentamientos recrudecieron el ambiente y algunas de las familias decidieron abandonar su pueblo.

Por disposición oficial, en Pilas de Estancia y Agua Zarca no fueron colocadas las casillas de votación para los pocos electores que quedaban; funcionarios electorales decidieron concentrarlas en Maloya para que la ciudadanía que aún permanece en esos dos pueblos, fueran a votar.

Mendoza Torres precisó que en Agua Zarca quedan si acaso unas dos o tres familias, y una o dos en Pilas de Estancia.

El antecedente inmediato son los eventos registrados los días 16 y 19 de febrero de este año, cuando fue incendiada una vivienda con una granada de fragmentación en Maloya, y la ejecución de tres personas que fueron sacadas de sus casas por un grupo armado, para un supuesto interrogatorio y regresadas para darles muerte cerca de sus domicilios. Las familias no pudieron más y decidieron dejar sus viviendas, esto entre Corral de Piedra, Buenavista y Maloya.

A cuatro meses de distancia, el síndico de Maloya dice que todo está en calma.

“Corral de Piedra ya está bien, Buenavista igual”, asegura.

Es la tercera ocasión que Ascensión Mendoza es síndico de Maloya, la primera apoyada por el entonces alcalde Aarón Flores Estrada y la gente, dijo, que  lo propuso, aun y cuando no tenía la edad oficial para hacerlo, por lo que un familiar prestó su identidad y documentación, pero quien ejerció el cargo fue él, y ya tiene nueve años siendo autoridad en el pueblo.

Y en esos años nunca había presenciado la salida de tanta gente, expuso.

“De Pilas de Estancia y Agua Zarca son como 400 personas entre los dos pueblos, que son como unas 40 familias por cada pueblo”, estimó.

—¿Nunca había ocurrido esto antes?

—No, nunca.

—¿Fue un momento crítico en febrero, entonces?

—Sí, no hallamos qué hacer… no estamos impuestos a eso, pues.

—¿No ha tenido problemas o ha sido amenazado?

—No, ya no se usa eso, en la sindicatura nuestra nunca se ha usado eso, ni gente armada, nos damos a respetar, allá gente armada nunca se ha usado, allá lo que pasó fue un asunto personal, allí no se trataba de bandas, era gente que estaba de visita.

El último ataque en este territorio del sur de Sinaloa fue el 16 de junio, con un saldo de siete hombres asesinados. Las víctimas iban en dos camionetas doble rodado; esto no impactó en el ánimo de la población, dijo.

“Hay gente del Ejército, llegan a Buenavista y tienen campamento, ahí se instalan, nos da seguridad”, dijo.

—¿No hay necesidad entonces de hacer un llamado para que se refuerce la seguridad en esta zona?

—No hay… pero si no se fueran, sería mejor para nosotros, que permanecieran ahí. Qué chulada. No estorbarían.

Lo que pasa es que ahí con nosotros hay una empresa minera, Oro Gold y hay mucho movimiento, entrada y salida, se cree que por eso Maloya y estas rancherías no son atractivas  para esa gente, indicó.

“Creemos que por eso Maloya y esas rancherías no les ha gustado porque ahí hay mucho movimiento y no pueden hacer cosas, la gente de aquí a eso se dedica, a trabajar en la mina, hay señores mayores que se dedican a la ganadería y agricultura”, explicó.

Por otra parte, dijo, la construcción de la presa Santa María también emplea a la gente, sobre todo a los de Jalpa.

La presencia de elementos de la Marina y del Ejército que desde el pasado sábado 16 de junio mantiene un operativo en la sierra de El Rosario hasta Escuinapa, expuso, da certeza de que hay seguridad.

LA APARENTE CALMA DE CACALOTÁN

La presencia militar y naval que entró a mediados de junio a la sierra de El Rosario por Cacalotán, mantiene a sus habitantes con una tranquilidad relativa.

Nadie quiere ofrecer su nombre y platican con los visitantes con muchas reservas, como queriendo que nadie los vea, pero en una cosa sí coinciden: la calma de Cacalotán es aparente.

Más de uno ha recibido la indicación de exponerse lo menos posible fuera de sus viviendas y de las zonas consideradas como “más seguras”, saben que no hay tranquilidad absoluta, con todo y la presencia de las fuerzas federales.

Saben que unos cuantos kilómetros de distancia, en la cabecera municipal de El Rosario, está la prueba irrefutable de que las cosas no andan bien en el municipio, que la calle “de las viudas”, la de los desplazados, los que salieron huyendo y dejaron atrás una estela de miedo, no es fortuita.


(RIODOCE/ REDACCION/ 3 julio, 2016)

CAE EL OTRO MANDUJANO

La mañana del viernes pasado fue detenido el presunto narcotraficante René Humberto Mandujano Eudave, hermano de Jaime Antonio, aprehendido en España en septiembre de 2014 y extraditado a los Estados Unidos.

De acuerdo con la  información boletinada por la PGR, a René Humberto se le detuvo “en cumplimiento de una orden de Detención Provisional con fines de Extradición, otorgada por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales en la Ciudad de México, a elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

René Humberto Mandujano fue detenido entre las 10 y 11 de la mañana del viernes por la calle Veracruz, del parque industrial Alfredo B. Bonfil, de Mazatlán, donde los hermanos Mandujano tienen una bodega de productos pesqueros.

“Esta persona —añade el boletín—, vinculada con una organización delictiva que opera en el estado de Sinaloa, es probable responsable de recibir, negociar y coordinar embarques de cocaína en el mar y es requerida por la Corte Superior del Distrito de Columbia, Estados Unidos de América”.

LOS NARCOEMPRESARIOS

René Humberto Mandujano es el mismo hombre que adquirió un condominio en el edificio Miramar, donde en febrero de 2014 fue detenido Joaquín Guzmán, el Chapo. Ahí, desde el número 902, llegó a despachar su hermano Jaime Mandujano, detenido en España en agosto de 2014.

El departamento de Miramar lo adquirió en 809 mil 782.59 pesos, de acuerdo con la escritura pública y donde habrían estado las oficinas de la empresa “Atuneros Unidos de California”.

Los hermanos hicieron negocio con el Gobierno de Sinaloa, pues Jaime Antonio Mandujano Eudave había comprado al gobierno estatal, en 850 mil pesos, un lote de 1 mil metros cuadrados, en el Parque Industrial Alfredo V. Bonfil. Ahí fue construida luego una bodega de productos pesqueros.

La operación tiene fecha del 25 de febrero de 2011, donde el gobierno estatal le vendió a los Mandujano un lote en el Parque Industrial Alfredo V. Bonfil.

La compra fue realizada por el propio Mandujano Eudave y estuvo Arturo Duarte García en su calidad de representante del Gobierno estatal. En esas fechas, Duarte García ocupaba el cargo de subsecretario de Administración del Gobierno del Estado. Ahora es alcalde de Ahome. El comprador, según la escritura en poder de Ríodoce, representaba a la empresa Ecopacific Food S.A. de C.V.

El Notario Público que dio fe de la compraventa, es Adolfo Herasmo Osuna Lizárraga.

Ríodoce (edición 607, de la primera semana de septiembre de 2014) publicó que Jaime Antonio Mandujano Eudave, quien fue detenido el 31 de agosto en el aeropuerto de Madrid, España, por la Guardia Civil española, acusado de pertenecer al Cártel de Sinaloa, habría despachado desde el condominio Miramar, donde el 22 de febrero de ese año fue aprehendido Joaquín el Chapo Guzmán Loera, por elementos de la Marina.

Madujano Eudave fue señalado por las autoridades españolas, como uno de los responsables de operar una fracción del Cártel de Sinaloa, y coordinar entre 2004 y 2009, el envío de 148 mil 500 kilos de cocaína desde Colombia a México y Estados Unidos.

El periódico ZETA, de Tijuana, publicó en septiembre de 2014 que “Jaime Antonio Mandujano Eudave trabajaba como un empresario más de la costa del Pacífico dedicado a la pesca y transporte de atún con su empresa ‘Atuneros Unidos de California’ S.A. de C.V. desde el año 2003.

El semanario ubicaba a la empresa “Atuneros Unidos de California” con sede en tres domicilios distintos: colonia Tellerías de Mazatlán, Sinaloa; y en el bulevar Las Dunas y el Recinto Portuario, en Ensenada, Baja California”.

“Esta empresa cuenta con tres buques pesqueros llamados ‘Adriana M’, ‘Madeira’ y ‘María Antonieta’, los dos últimos equipados con helipuertos de uso particular; dichas embarcaciones de bandera mexicana están registradas ante la Comisión Interamericana del Atún Tropical, y avaladas con todas las licencias sanitarias de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)”, precisa Zeta.

“Cabe destacar que esta empresa atunera puede que no sea la única en este entramado pesquero; a lo largo de esta investigación, se comprobó que existen otras firmas ligadas a los apellidos Mandujano Eudave, como Comextun, S.A. de C.V. o Pesca y Comercializadora del Pacífico S.A. de C.V., propiedad de Humberto René Mandujano Eudave, y que en los registros comparten los mismos domicilios en Mazatlán y Ensenada”.

En el banner promocional publicado por Internet, htt:/www.antad.biz/micrositio/inicio/80165, se ubica el domicilio de la empresa “Atuneros Unidos de California”, de Jaime Antonio Mandujano Eudave, en avenida del Mar 608-A, fraccionamiento Tellería, en Mazatlán.

Con igual domicilio, en el puerto de Mazatlán, establecía su hermano Humberto René Mandujano Eudave para promocionar el camarón de altamar, en el mismo micrositio de redes sociales, la empresa Comercializadora del Pacífico S.A. de C.V.

Cabe mencionar que no precisaban qué departamento albergaba las oficinas tanto de “Atuneros Unidos de California” y Comercializadora del Pacífico.


(RIODOCE/ REDACCION/ 3 julio, 2016)

GESTIONES IGNORADAS




Más accidentes, más muertos, en las vías del tren

El 22 de marzo del 2015, un accidente ferroviario que sacudió a la sociedad mazatleca con la muerte de cuatro personas y 22 heridos, puso sobre la mesa una gestión que el Gobierno del Estado no ha logrado concretar.trenazo 2

A cinco meses de que el gobernador Mario López Valdez concluya su mandato, la petición para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) invierta en la construcción de vibradores e instalación de semáforos y garitas automatizadas para evitar el paso de vehículos cuando el tren esté cerca, no obtuvo respuesta.

Mientras, los líderes camarales y autoridades señalan imprudencia de los conductores y falta de infraestructura urbana adecuada.trenazo 3

Los días 28 y 29 de junio pasado, tres accidentes en cruceros alertaron de nuevo a las autoridades; uno de ellos en Mazatlán, en el cruce de la avenida Pacífico, donde el resultado fueron pérdidas materiales y lesiones leves de un hombre joven. A las pocas horas, el mismo día, pero en Guasave, un percance similar dejó dos personas muertas.

Al día siguiente, en la víspera del cierre de junio, cerca del poblado de Celestino Gasca, en el municipio de Elota, dos personas más murieron y una más resultó con lesiones.

Y es con un “Radiotón” que anunció el alcalde Carlos Felton González —en el que se divulgó la participación de Malova—, que en el caso de Mazatlán se buscará resolver la colocación de plumas en el cruce de la avenida Pacífico, sitio considerado como el de mayor riesgo, según funcionarios de Ferromex, Gobierno del Estado y Municipio, que participaron en un recorrido en diciembre del 2015 para definir prioridades.

Inmediatamente después de esa valoración, en este crucero, por donde transitan diariamente conductores que tienen como destino las escuelas, empresas y hoteles ubicados en La Marina y Zona Dorada, sector que conduce a su vez a otras vialidades de la ciudad, fue construido un tope en cada sentido, franjas amarillas se pintaron a distancia considerable y la señalización que alerta sobre el peligro.

Pero de la gestión aquella de la que habló el 22 de diciembre pasado Marcial Liparoli, subsecretario de gobierno, y que era, según declaró entonces, para evitar más accidentes, nunca llegó.

En Mazatlán, el cruce está ubicado en Urías, donde las vías del tren quedaron en medio de la población con casas a la orilla, son cruces peligrosos y eso es parte del peritaje que debería de hacerse, dijo entonces.

—¿Qué ciudades incluyeron en la petición?

—Todas las ciudades están incluidas, se hizo un estudio muy detallado (…) donde hay ese tipo de situaciones y no es un solo punto.

Estimó que son alrededor de 42 puntos lo que solicitaron a la SCT para que se construyeran vibradores e instalaran semáforos y garitas automatizadas; en ese entonces el costo era de 3 millones de pesos y sería una inversión de la propia Secretaría.

Ahora el Alcalde y el Gobernador encabezarán un “radiotón” para reunir cuatro millones de pesos y cumplir con esa solicitud que ninguna autoridad atendió.


(RIODOCE/ NELDA ORTEGA / 3 JULIO, 2016)

A LA TUNA NO VUELVO


Durante 15 días, 22 desplazados se mantuvieron hacinados en una casa

María no sabe si es de aquí o de allá. Aquí no tiene contactos con vecinos y nadie se ha ofrecido a ayudarla, salvo un par de personas que le dieron algunos víveres y varios abanicos. Y allá, arriba, es prácticamente una desterrada, con una casa abandonada y una comunidad que de tantas ausencias la desconoce.

María se talla los ojos. Parece moldearlos al momento: una pequeña casa en el norte de la ciudad, con minúsculos espacios en los que convivieron 22 personas, cuya mayoría venía huyendo de La Tuna y otros poblados cercanos, donde la violencia llegó un día a visitarlos y se quedó, y ahora es un vecino inevitable.

Unos ocho niños y la mayoría de adultos mujeres estuvieron conviviendo durante cerca de 15 días en esta pequeña casa que parece caja de cartón. Una sala-comedor que ha funcionado como dormitorio, una cocina sin alimentos, una bolsa de cereal a medio terminar, una mesa baldía, paredes grises, un niño que se mece en cuatro sillas que alguien habilitó como cama, dos cuartos oscuros, cuatro ventiladores de pedestal y un aparato de aire acondicionado que nadie prende por temor al cobro por consumo de energía eléctrica.

Ella está sentada en ese comedor viejo. Vencida, sobre esa silla patuleca. Atrás de ella un ventilador parece custodiarla, cual guardia presidencial. Las aspas dan vuelta y arrojan poco viento. Giran sobre su propio eje. Aquí dentro todo es oscuro o gris o tenue o pardo. Hay focos que nadie prende y todos, a media mañana, parecen dormir lo que Morfeo no les permite de noche. Es el insomnio del destierro.

Aquel 11 de junio pasaron los hombres armados, casa por casa, para avisarles, exigirles, amenazarlos. Tienen que irse porque habrá muertos. Dos horas y apenas juntaron algo de ropa y dinero y vámonos. Unas 300 familias de La Tuna, La Palma, Arroyo Seco y Huixiopa huyeron a la cabecera municipal de Badiraguato, a Culiacán y a otras poblaciones cercanas.

En la refriega, los delincuentes ingresaron a la casa de Consuelo Loera, madre de Joaquín Guzmán, el Chapo, líder del Cártel de Sinaloa, y se llevaron varios vehículos, entre ellos cuatrimotos. Versiones de los pobladores señalan que hubo al menos siete personas muertas en esos cuatro o cinco días de ataques.



María no quiere hablar mucho de eso. Recibió en la casa de su hija, que ya tiene años en Culiacán, a otra hija y a parientes y conocidos. Ahora solo quedan cinco y de todos modos apenas caben en esas dos recámaras de tres por tres, bajo un calor disciplinante que ya rebasa los 40 grados centígrados y una desolación penetrante, que oxida todo indicio de vecindad y convivencia. Aquí, en este fraccionamiento, no hay vecinos, solo postes, algunos árboles y medidores de agua y luz. La calle es una boca oscura, un desierto en el que están extintos los espejismos.

“No tengo nada ni aquí ni allá”, expresa María, quien todo se lo encarga a Dios y a él achaca las pocas cosas buenas que le quedan. Una hija desempleada y muchas bocas que alimentar. A veces frijoles, a veces tortillas. A veces nada. Si se quedó solo el pueblo, su pueblo —La Tuna—, a qué se quedan ella y los suyos.

“Nosotros no tenemos problemas con nadie, pero usted sabe que uno tiene que quitarse de donde hay peligro. Se quedó solo el pueblo, por eso ¿A qué se queda uno, entonces?”, dice, casi a rezos, y sigue tallándose los ojos y frotándose las manos. Amasando y amasando. Piel con piel, y gotas de agua con sal.

Allá hacían pan, tamales y empanadas para vender. Aquí no pueden hacer nada. No hay dinero ni insumos ni horno. María ha decidido no preguntar por qué la gente huyó, aunque lo sabe. Sabe también por qué se fueron a otras casas, de otros poblados, los que estaban ahí, con ella. Y sabe que a La Tuna no. No volverán.

Hace dos meses pagaron 400 pesos de energía eléctrica. Ahora el recibo es de 700. El gobierno sigue sin aparecer en sus senderos y apenas hace una semana la administración municipal de Badiraguato les mandó una despensa. Rebabas de miseria. A eso hay que agregarle el pago de renta, de mil 300 pesos… pero “Dios provee”.

Fenece en esa silla. Mira a la pared, a la nada, a lo gris. Recuerda que dormían apilados y no sabe cómo le hicieron para salir adelante, luego de huir del infierno de balas y cuernos de chivo y casas incendiadas.

“Solo Dios sabe. En ocasiones no me explico cómo le hicimos para que alcanzaran el frijol, la tortilla, para todos”, manifestó.

Ahora tapa su boca. Parece querer detener las palabras que su pecho dispara. Su boca se llena, agarra aire. Su pecho arde. Y suelta: al gobierno no le importan ellos, los desplazados, y solo se interesa por obtener beneficios, por eso no les han tendido la mano.

“Yo oraba y oraba. Ahora con más razón, porque todo el mundo está perdido. Nosotros no tenemos nada qué ver con eso que pasó allá. Yo ya no confío en nadie, solo en Dios. El ser humano se equivoca, Dios no. Si Dios no va conmigo, no voy”.

—¿Ni a La Tuna?

—Ni a La Tuna ni a ningún rancho.


(RIODOCE/ Javier Valdez/ 3 julio, 2016)