lunes, 27 de junio de 2016

PADRÉS: LO ACUSAN, PERO NO LO ENJUICIAN



FOTO: HILDA RÍOS/ CUARTOSCURO.COM

Mientras que autoridades estatales en Sonora reclaman a la Federación actúe en contra del ex gobernador Guillermo Padrés Elías por delitos durante su administración, un juicio de amparo deja en claro que tampoco en Sonora se hace mucho para enjuiciarlo, pues no existen órdenes de aprehensión en 40 juzgados  

Las dificultades para Guillermo Padrés Elías, uno de los nueve gobernadores que en 2015 dejó su cargo en medio de cuestionamientos por mal manejo de recursos estatales y federales, no han cesado pero tampoco las autoridades han dado pasos definitivos para enjuiciarlo penalmente.

Así se desprende de la sentencia de un juicio de amparo promovido por el ex gobernador de Sonora, a través de su defensor, el ex procurador general del país, Fernando Antonio Lozano Gracia, en el que se informa que 40 jueces del fuero común y federal en la entidad del noroeste no cuentan con orden de aprehensión en su contra.

La resolución pone en entredicho a la actual gobernadora sonorense Claudia Pavlovich Arellano, quien el lunes 20 de junio, a través de un video difundido en redes sociales, solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que actúe contra el ex mandatario sonorense por haber cometido actos que perjudicaron al erario público.

A nueves meses de que Padrés Elías dejó el poder, son muchos los señalamientos que hay en su contra.

Desde faltantes de dinero por aclarar, presuntos perdones de impuestos a empresas, envío de dólares a bancos estadounidenses, tortura e injusto encarcelamiento a la ex niñera de sus hijos y, hasta, favorecer una red de venta de niños.

Algunos de los hechos que pudiesen ser considerados delitos son competencia del fuero federal, pero otros de los asuntos son del fuero común.

Ahí es donde tampoco la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora (PGJES) ha podido satisfacer la urgencia de acciones que reclama Pavlovich.


Claudia Pavlovich Arellano 

La PGR contestó a la mandataria a través de un comunicado de prensa que las investigaciones por ella señaladas en el video “se atienden y determinarán conforme a las reglas de competencia, procedimentales y en los plazos que establecen la Constitución y las leyes procesales aplicables”.

Pavlovich lamentó la respuesta institucional.

Lo más que el gobierno de Sonora se ha acercado a Guillermo Padrés es capturando a uno de sus administradores que en el fuero común solo es procesado por narcomenudeo y se han cateado algunas de sus propiedades para obtener documentos que revelen los delitos que pretenden imputársele en más de 700 investigaciones locales.

También se ha inhabilitado a 19 ex funcionarios que fueron colaboradores de la anterior administración.  

PRIMEROS INDICIOS 

Todo comenzó a principios de marzo de 2015 cuando el diario norteamericano The Wall Street Journal publicó que el entonces gobernador sonorense era investigado por haber recibido cantidades millonarias de empresarios a cambio de contratos de su gobierno.

El influyente periódico afirmó que el panista obtuvo tres millones de dólares en una triangulación que realizó su hermano Miguel Padrés para facilitar la asignación de un contrato por la manufactura de uniformes escolares para las escuelas públicas y que autoridades hacendarias rastrearon las transferencias a una cuenta que el fraterno de Guillermo abrió desde 2012 en los Estados Unidos. Gustavo Madero, a la postre dirigente nacional del Partido Acción Nacional, salió en inmediata defensa de Padrés, afirmando que solamente se trataba de una denuncia mediática por los tiempos electorales y que no llegaría a tener investigación alguna.

La respuesta de las autoridades llegó casi dos meses después, cuando a finales de abril, el Servicio de Administración Tributaria reconoció que investigaba irregularidades en la posible condonación de impuestos a 41 empresas por un monto superior a 708 millones de pesos.

Entre las personas morales beneficiadas figuraban negocios del propio Padrés Elías, sus familiares y el entonces candidato a la gubernatura por el PAN, Javier Gándara.

Aún con la investidura de primer mandatario, el implicado reaccionó el 27 de abril al acusar al gobierno federal de filtrar información apócrifa a un medio de comunicación nacional sobre el presunto “perdón” de créditos fiscales en su entidad.

Se defendió al decir que la facultad para condonar impuestos es exclusiva de la federación.

Tres ex auditores de la Secretaría de Hacienda de Sonora contradijeron a Guillermo Padrés y revelaron que las condonaciones eran ordenadas por funcionarios estatales. Supuestamente se realizaba una auditoría simulada al contribuyente para corregir su situación fiscal y no pagaran importantes cantidades de dinero a las arcas del erario público.  

MÁS FALTANTES

A finales de junio de 2015 se incrementaron los señalamientos por presuntas anomalías del titular del Ejecutivo en Sonora.

La Comisión de Vigilancia del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado documentó que de 2009 hasta esa fecha había un faltante de 10 mil millones de pesos en la administración que encabezaba Padrés. Marcos León Perea, diputado priista y presidente de la Comisión de Vigilancia, afirmó que existía un acumulado de mil 500 observaciones sin solventar correspondientes al sexenio del panista que aún tenía tres meses para concluir.

Entre los principales faltantes que fueron señalados resaltan 2 mil 200 millones de pesos del fondo de pensiones y jubilaciones del ISSSTE, son: 600 millones que el Poder Legislativo concedió al Ejecutivo a través de un crédito para modernizar el transporte urbano y 60 millones de pesos ejercidos por la Secretaría de Agricultura estatal sin que se haya presentado la documentación comprobatoria.

Un mes más tarde, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos mostró interés en sumarse a las investigaciones que las autoridades mexicanas realizan en el plano federal por actos de presunto lavado de dinero en los casos de la dispensa de impuestos a empresarios y cuyo producto fue insertado en el mercado financiero norteamericano.

Los estadounidenses informaron a la PGR que iniciaron una investigación contra Guillermo Padrés en Arizona y desean intercambiar información para reforzar su indagatoria.

La noticia de las pesquisas al otro lado de la frontera norte sirvió para que opositores del PAN y detractores del propio ex gobernador le tundieran. Esta vez, Acción Nacional ya no lo defendió.

La dirigencia del blanquiazul pidió al involucrado que aclarara la información sobre la supuesta investigación por el blanqueo de capitales por 3.3 millones de dólares. Padrés Elías afirmó el 27 de julio que estaba dispuesto a someterse a cualquier investigación de las autoridades mexicanas o de otros países y que estaba interesado en aclarar cualquier imputación contra su persona.

También dijo que no tramitaría ningún juicio de amparo porque no debía nada.

En agosto siguiente, el diario Reforma publicó que el aún gobernador de Sonora ofreció recursos para la campaña de Ricardo Anaya, aspirante a dirigir el blanquiazul, acción que, de comprobarse, sería constitutiva de delito.  

LA VENTA DE NIÑOS

La sombra de otro escándalo se posó sobre el ex mandatario a mediados de 2015, cuando Padrés seguía como titular del Ejecutivo.

El presunto tráfico de niños que eran entregados en adopción, principalmente a norteamericanos, por parte de funcionarios de su administración. Sin embargo, la PGJES no llevó a cabo las investigaciones sobre las denuncias en tiempo en un supuesto acto de protección a los sospechosos por ser miembros del mismo gobierno.

Michelle Rivera, reportera de Grupo Larsa, reveló que el procurador sonorense, Carlos Alberto Navarro Sugich, tenía conocimiento de la venta de niños en ese estado desde el 26 de marzo pasado cuando el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos de América se lo notificó. Las pesquisas comenzaron dos meses después, destacó la periodista.

El procurador aclaró el 31 de agosto que las investigaciones estaban avanzando y que eran nueve los casos de niños que fueron sustraídos ilegalmente del lado de su madre biológica y vendidos a padres adoptivos a través del Sistema DIF de Sonora, sin descartar la existencia de más víctimas.

El escándalo se canalizó hacia Guillermo Padrés y se politizó con declaraciones de los diversos actores de partidos en las cámaras parlamentarias.

El 3 de septiembre, la fracción del PAN en el Senado, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República a atraer la investigación, y a perseguir a quienes hayan participado en los hechos denunciados.

En tanto, la Procuraduría estatal identificó a 16 personas que participaron en las adopciones pagando desde 80 mil hasta 180 mil pesos a funcionarios del DIF y solicitó órdenes de aprehensión por los delitos de suposición, supresión, ocultación y sustitución de padres, así como sustracción y tráfico de menores.

Al concederse los mandamientos judiciales, a mediados de septiembre se habían ejecutado ocho capturas.

El procurador sonorense Carlos Navarro fue denunciado ante la Procuraduría General de la República junto con otros funcionarios por la compraventa de bebés y ahora fue la Cámara de Diputados la que presionó a través de un punto de acuerdo para que el asunto fuese competencia de las autoridades federales.

Finalmente fue el 25 de septiembre cuando la PGR ejerció la facultad de atracción a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Las pesquisas de la Procuraduría Estatal y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora documentaron 17 casos de venta de menores.

Se identificó a Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, ex funcionario del Sistema DIF, como líder de la célula delictiva y a su cómplice José Hernández López, entre otros, como miembros de la red de tráfico de infantes que tenía varias ramificaciones en la entidad y llegaba hasta Estados Unidos.

Se emitieron fichas rojas por parte de la Interpol y la Comisión Nacional de Derechos Humanos también inició investigaciones. Se descartó la injerencia de Padrés en el caso.  

FUERA DEL GOBIERNO 

Al asumir como nueva gobernadora de Sonora la priista Claudia Pavlovich Arellano aseguró que se investigarían todos los actos de corrupción de la anterior administración y se llevaría ante la justicia a quien tuviese alguna responsabilidad, sin excepciones.

Desde el 13 de septiembre, en que por primera vez –en la historia de esa entidad– una mujer lleva las riendas del gobierno se han iniciado diversas averiguaciones previas. Por su parte, Guillermo Padrés Elías se retiró a la vida privada, desde donde sigue recibiendo los embates por presuntos hechos que se le atribuyen.

Al iniciar noviembre, Gisela Peraza Villa, quien trabajó nueve años como niñera de los hijos del ex gobernador y pisó la cárcel acusada de haberle robado a éste 600 mil pesos entre efectivo y joyas, denunció penalmente a su ex jefe y otros funcionarios por tortura y abuso de autoridad.

El 19 de noviembre último, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sorprendió al informar que tomaría el control absoluto de cobro y revisiones de contribuyentes relacionados con impuestos federales en Sonora hasta que concluyera el año en seguimiento a irregularidades advertidas, pues las autoridades estatales incumplieron con el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que le permitía cobrar algunos impuestos federales, como ISR o IEPS, a cambio de algunos incentivos.

Las irregularidades anunciadas por parte del SAT en el cobro de contribuciones federales por parte del gobierno sonorense ascendieron a mil 705 millones de pesos. Se precisó que a inicios de 2015 fueron 574 los contribuyentes que se beneficiaron de las auditorías aplicadas por la entonces Dirección General de Auditoría Fiscal de Sonora.

Padrés Elías, que había afirmado a medio año que no se ampararía, comenzó a presentar demandas de amparo en la Ciudad de México y Sonora ante la falta de información de parte de las procuradurías estatal y federal sobre la calidad que guardaba en diversas averiguaciones previas detectadas por sus abogados, hasta en contra de la indagatoria por la denuncia de la niñera. Miguel Padrés, hermano de Guillermo, hizo lo propio.

Los ex colaboradores del ex gobernador también están en la mira. Tras la intervención del SAT en la fiscalización de impuestos en Sonora, se comenzaron a presentar denuncias en contra de ex funcionarios públicos que trabajaron directamente en auditorías o revisión de actas de las empresas beneficiadas irregularmente. A finales de 2015 las denuncias sumaban más de 40, pero ninguna era en contra de Padrés Elías. 


(SEMANARIO ZETA/ Investigaciones Zeta Lunes, 27 junio, 2016 12:00 PM)

CÁRTEL DE SINALOA: LA GUERRA POR VENIR


La ausencia de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera se está dejando sentir en Sinaloa, con encuentros cada vez más violentos entre los distintos grupos del narcotráfico avecindados; el Gabinete de Seguridad del Gobierno del Estado tiene detectados al menos dos frentes en la guerra por los territorios entre las facciones del cártel de Sinaloa: uno, el que encabeza Archivaldo Guzmán contra Los Dámaso y, otro, el de los Beltrán Leyva contra Aureliano Guzmán Loera. Las alertas al interior del gobierno de Mario López Valdez ya se encendieron, y los civiles pagan su cuota de inseguridad con cientos de familias desplazadas de Badiraguato, incluyendo la madre del capo sinaloense, que fue rescatada en una avioneta con destino a Culiacán  

Sinaloa.- El gobierno de Mario López Valdez al tratar de evadir la crisis de seguridad en la disputa violenta que mantienen las diferentes facciones que conforman el cártel de Sinaloa, señaló que los sucesos ocurridos en la sierra de Badiraguato –ubicado en pleno Triángulo Dorado–, solo se trataba de “disputas entre familias”, y que las amenazas de enfrentamientos entre grupos rivales solo quedaron en rumores.

Ante este panorama adverso, de una ruptura abierta al interior del cártel, el Gobierno del Estado realizó un tour con medios locales y nacionales por los poblados que, del 7 al 11 de junio, fue tomado por los Beltrán Leyva, ahora bajo el mando de Alfredo Beltrán Guzmán, hijo de Alfredo Beltrán Leyva “El Mochomo”, procesado en la Corte Federal de Columbia, Washington.

En la visita guiada, los medios tuvieron la oportunidad de documentar la soledad de las casas de comunidades de Arroyo Seco, Huixiopa, La Palma, La Tuna y San José del Barranco, ahora inundadas de militares y policías, y todas ellas ubicadas en el mismo camino, a cuatro horas por tierra desde Culiacán.

De acuerdo con fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Ministerial del Estado, la incursión del grupo de decenas de hombres armados en la comunidad de La Tuna el 11 de junio pasado, fue encabezada por el jefe de pistoleros de Alfredito Beltrán apodado “El Chamacón”, que iba en busca de Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, jefe regional que opera el trasiego de enervantes en toda esa zona y hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

De los hechos quedan solo versiones contradictorias entre los pobladores de la región y las declaraciones de los mandos de seguridad pública de Sinaloa, como el general en retiro Moisés Melo García, que sostuvo que no hubo personas muertas en los ataques de la gente del “Chamacón”.



FOTO: RASHIDE FRIAS / CUARTOSCURO.COM.- Batalla en la sierra 

Pero según habitantes de La Tuna, que hablaron con policías ministeriales, uno de los hombres asesinados fue Ángel Guzmán, sobrino del Chapo.

A Ángel Guzmán lo sorprendieron en su casa, una pequeña vivienda cerca de la casa de doña María Consuelo Loera Pérez, madre del capo, y fue abatido a tiros después de prenderle fuego a techo de madera y lámina.

Los relatos señalan que el sobrino de “El Chapo”, que trabajaba para Aureliano Guzmán, intentó defenderse, pero fue superado en número. Además, otros dos jóvenes de las confianzas de “El Guano” fueron acribillados en plena calle. En la refriega, cinco sicarios de los Beltrán Leyva también murieron.

A doña Consuelo Loera no la tocaron, como se dijo en las primeras versiones difundidas, sino que solo irrumpieron en su vivienda de una sola planta, con una fachada rosa mexicano, y pidieron las llaves de un vehículo todoterreno y cuatro cuatrimotos.

A ella, después que se marcharon los pistoleros, la sacaron en una avioneta que despegó de una pista clandestina cercana, y fue enviada a la ciudad de Culiacán, donde su hija mayor, Bernarda Guzmán Loera, tiene su residencia.

Una semana después que subió el Ejército junto con la Policía Ministerial en un convoy de más de 90 elementos, se documentó que nada más la casita de adobe de Ángel Guzmán estaba perforada por las balas, así como cuatro camionetas.

 La casa de la madre de “El Chapo” estaba sin personas, con la puerta de acceso al patio abierta de par en par, sin rastros de violencia. Contiguo al domicilio se encuentra un establo con vacas y becerros, y suficiente alimento para varios días.

Según el alcalde priista de Badiraguato, Mario Valenzuela López, unas 250 familias de La Tuna, Arroyo Seco, Huixiopa y La Palma abandonaron sus hogares debido a que los grupos armados avisaron que podrían ocurrir enfrentamientos.

“Me informó la gente que no llegaron de forma violenta; llegaron normal, sin armas, y les avisaron que se salieran por el probable enfrentamiento que podría darse en esa ruta”, declaró López Valenzuela.

Las mismas versiones no confirmadas por el Gobierno del Estado señalan que tras la irrupción de los pistoleros de Alfredito Beltrán, los hombres de “El Guano” arribaron para la defensa, pero el choque entre los bandos ya no ocurrió.

A partir del 13 de junio el Ejército, la Marina y la Policía Ministerial colocaron puntos de revisión en la ruta que va de Bacacoragua, al término de la carretera estatal Badiraguato-Otatillos, hasta La Tuna, además que a tres kilómetros de San José del Barranco hay un puesto de control militar permanente.  

LAS SECUELAS DEL CRIMEN DE ERNESTO



Los desencuentros entre el grupo de Alfredito Beltrán Guzmán y “El Guano” comenzaron, según testimonios recogidos en Badiraguato, desde el asesinato de don Ernesto Guzmán Hidalgo, medio hermano de “El Chapo” Guzmán.

El 11 de abril de 2015 apareció en las inmediaciones de Bacacoragua, Badiraguato –ahí vivía Ernesto– su cuerpo sobre una bolsa de plástico junto al cadáver de Raúl Astorga, un joven de 27 años.

A don Ernesto le arrancaron el dedo índice de una mano, y lo dejaron en una de las bolsas del pantalón, en señal de acusación de “dedo” o soplón.

La Procuraduría General de Justicia no ha esclarecido el crimen, pero las versiones de los badiraguatenses advierten que, siendo Ernesto Guzmán padre de Patricia Guzmán Núñez, esposa de “El Mochomo”, abuelo de Alfredito Beltrán, “El Guano” no le tenía confianza, y lo acusaba de soplón.

En la sierra se sabía que con “El Chapo” Guzmán en prisión, “El Guano” actuaba de forma violenta.

Versiones de la Policía Ministerial aseguran que el Alfredito, conocido desde adolescente como “Tito”, comenzó construir una estructura propia y a tomar fuerza, sobre todo con la liberación de Rafael Caro Quintero, que domina la otra parte de Badiraguato.

El asesinato de don Ernesto tuvo represalias, pues en diciembre de 2015 fueron asesinados el jefe de pistoleros de “El Guano”, Cristóbal Muro Valdez, alias “El 02”, junto con siete de sus sicarios en San José del Barranco, contiguo a La Tuna, y un hermano de éste, Luis Alberto Muro Valdez, quien se encontraba preso en el penal estatal de Culiacán, también fue asesinado.  

Culiacán y Navolato, choque entre Iván Archivaldo y Los Dámaso Dos semanas antes del conflicto en la sierra de Badiraguato, las células comandadas por Iván Archivaldo Guzmán Salazar chocaron contra las de Los Dámaso en una balacera que dejó tres sicarios muertos en pleno Centro de la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato (contiguo a Culiacán). El grupo de pistoleros denominado Los Chimalis se enfrentó contra Los Montana el 28 de mayo al filo de las 03:00 horas.

Los cuerpos de los tres hombres quedaron en una camioneta de la línea Infiniti color blanco, de modelo reciente, sobre el bulevar principal de Villa Juárez.

Al llegar elementos de la Policía Municipal navolatense a resguardar la escena, un grupo armado que viajaba en al menos 25 camionetas se llevaron los cadáveres.

De acuerdo con la Policía Ministerial y el Ejército, Los Chimalis trabajaban para Dámaso López Núñez “El Licenciado”, pero tras conflictos internos se pasaron al lado de los Chapitos o Los Menores, como ya se le dicen a los hijos de Guzmán Loera.

En cambio Los Montana –así le apodan al jefe de la célula, “El Montana”–, operan para “El Licenciado” y su hijo “El Mini Lic.”.

 Palmo a palmo, ambos grupos se disputan territorios de narcomenudeo en Villa Juárez y el sur de la ciudad de Culiacán, lo que ha dejado una oleada de asesinatos en ambos municipios.

La noche del viernes 10 de junio, cinco días después de celebrarse las elecciones donde resultó ganador el candidato del PRI Quirino Ordaz Coppel, un comando de alrededor de 30 sicarios uniformados como militares, con equipo táctico y cascos, tomaron la colonia Lombardo Toledano ubicada en la zona norte de la ciudad de Culiacán, y se enfrentaron a balazos contra Carlos René Uriarte Vargas.

En la balacera quedó abandonada una camioneta de modelo reciente color verde oscuro, atravesada sobre la avenida Álvaro Obregón, la principal de la capital, con cristales y carrocería perforados por las balas.

A pesar de los testimonios de los vecinos, que hablaron al sistema de emergencia 066, ninguna patrulla ni unidad del Ejército arribó al lugar sino tres horas después, cuando los pistoleros de Iván Archivaldo lograron privar de la libertad a Carlos René Uriarte, y arrastrar la unidad baleada con una camioneta Tacoma.

Al día siguiente los habitantes del sector mostraron decenas de casquillos, fachadas de casas y locales comerciales baleados. El gobierno de Malova hizo “mutis” de nuevo.

El cuerpo de Carlos René apareció por la mañana, a las 06:30 horas, a un lado de la intersección de la carretera México 15 con el libramiento La Costerita, al sur de la ciudad.  

La guerra se extiende Días después de que los grupos armados sacudieron Badiraguato, el jueves 16 de junio el grupo de los Beltrán Leyva que controlan la zona serrana del municipio de Rosario, al sur del estado, desmembraron y decapitaron a siete leñadores originarios de la comunidad de Cacalotán, pueblo cercano a la sierra.

La procuraduría general de justicia dio a conocer en voz del subprocurador Martín Robles Armenta, que el múltiple homicidio estaba relacionado con los Beltrán Leyva, y que tenía conexiones con el deceso de dos sicarios que se enfrentaron al Ejército en la zona de El Quelite, municipio de Mazatlán.


Los muertos que la autoridad no confirma

“Esa área ha sido un corredor problemático en muchos de los casos donde también el Ejército ha tenido sus incursiones en el área de monte en ese corredor, y también más al norte del puerto de Mazatlán, donde en las últimas fechas se dio un enfrentamiento por parte de elementos del Ejército, por allí cerca del área de El Quelite; el 11 de julio al hacer un reconocimiento de monte elementos del Ejército se enfrentaron con delincuentes que se encontraban en un campamento”, reveló.

El miércoles 22 en la noche, Juan Carlos Landeros Mariscal, alias “El 90”, fue ejecutado en compañía de tres jóvenes más en la gasolinera de la entrada de la cabecera municipal de Cosalá.

Los otros tres fueron identificados como Luis Miguel Acosta, José Ramón Jáquez y Amalio Nájera Hernández.

El comandante de la Tercera Región Militar, el general de división Alfonso Duarte Mujica, confirmó que “El 90” era el jefe de la plaza de Cosalá para Ismael “El Mayo” Zambada, y que los informes del Ejército señalan que ayudó enviando gente a la zona de Badiraguato en conflicto.

“Tenemos conocimiento de que algunos elementos de ellos fueron a apoyar las acciones que se están llevando a cabo en Badiraguato, entonces es como una reacción a este conflicto que se está llevando a cabo entre los grupos armados “, señaló en entrevista con los medios en Mazatlán.

(SEMANARIO ZETA/ REDACCIÓN ZETA/ LUNES, 27 JUNIO, 2016 12:00 PM)

CARLOS SLIM PIERDE EN UN DÍA 2,700 MILLONES DE DÓLARES POR BREXIT; A 400 MAGNATES SE LES VAN 127,400

La salida del Reino Unido de la Unión Europea provocó que las 400 personas más ricas del mundo perdieran un total de 127 mil 400 millones de dólares el viernes. En México, las empresas de Carlos Slim Helú y Sara Mota de Larrea también resintieron los efectos del Brexit y restaron a sus fortunas miles de millones de dólares, de acuerdo con el conteo que realiza diariamente Bloomberg sobre la fortuna de las personas más acaudaladas en el mundo.


Ciudad de México, 27 de junio (SinEmbargo).– Las empresas de los mexicanos Carlos Slim Helú y Sara Mota de Larrea resintieron los efectos de la decisión de los británicos de abandonar la Unión Europea y tan sólo el viernes restaron a sus fortunas miles de millones de dólares, de acuerdo con el conteo que realiza diariamente Bloomberg sobre la fortuna de las personas más acaudaladas en el mundo.

De acuerdo con el reporte, las 400 personas más ricas del mundo perdieron un total de 127 mil 400 millones de dólares el viernes, cuando los mercados bursátiles se tambalearon, tras el referéndum del pasado jueves.

Bloomberg explicó que esta suma representa una pérdida de 3.2 por ciento del valor total de la riqueza que amasan estas personas, que asciende a 3.9 billones de dólares.


El primer millonario en obtener las mayores pérdidas fue Amancio Ortega Gaona, considerado en diferentes conteos como el empresario más rico en Europa y quien es dueño del Grupo Inditex, el mayor de su ramo en el mundo.

El grupo que controla diversas marcas, entre ellas Zara, en unas horas restó a su fortuna cerca de 6 mil millones de dólares.


El medio especializado en negocios indicó que la pérdida de las acciones de sus empresas se explican, toda vez que, tras conocerse el resultado del referéndum en Gran Bretaña, la bolsa española se desplomó más de 12 por ciento y registró la mayor pérdida en su historia.

En segundo lugar fue para el hombre más rico de México, Carlos Slim Helú, dueño de Grupo Carso, quién por el Brexit perdió 2 mil 700 millones de billetes verdes.

El genio de la computación, Bill Gates, fundador de Microsoft, perdió 2 mil 400 millones de su fortuna.

En cuarto lugar se ubicó uno de los más influyentes personajes, Warren Buffet, dueño de la controladora Berkshire Hathaway, quien restó 2 mil 300 millones a su fortuna. Uno de los millonarios tecnológicos, Jeff Bezos, fundador de Amazon, restó a sus arcas mil 600 millones.


El sexto sitio lo ocupó un sir: Gerald Cavendish, duque de Westminster y considerado el hombre más rico del Reino Unido, quien perdió mil millones de dólares. El séptimo lugar fue para Mark Zuckerberg, cofundador de Facebook, red social que cuenta con más de mil 500 millones de usuarios y que por la salida de la Gran Bretaña de Europa perdió 993 millones de dólares.

La posición número ocho del conteo de Bloomberg fue para Sara Mota de Larrea, madre de Germán Larrea, principal accionista de Grupo México, cuya fortuna disminuyó en 486 millones de dólares.

Además de la minería, Grupo México opera las concesiones de Ferromex y Ferrosur y participa en el negocio energético.

Mientras que el Brexit significó para algunos empresarios grandes pérdidas, otros obtuvieron ganancias, entre los que se encuentra un mexicano: Alberto Baillères González.

El dueño de El Palacio de Hierro e Industrias Peñoles, obtuvo ganancias de 99.5 millones de dólares después de aprobado el Brexit.

Bloomberg calcula la fortuna de Baillères, dueño de El Palacio de Hierro y la firma minera Peñoles, entre otras, en 11 mil 800 millones de dólares y lo ubica en el escalón número 80 de su listado entre los 400 más ricos del mundo.

El medio realiza esta medición con base en el valor de las acciones de las empresas en los mercados bursátiles.


El pasado viernes, el Gobierno de México anunció un nuevo recorte al gasto público por 31 mil 715 millones de pesos. Foto: Cuartoscuro


El frenesí vivido en los mercados financieros a raíz del anuncio del llamado Brexit afectó también a México. El pasado viernes, el Gobierno de México anunció un nuevo recorte al gasto público por 31 mil 715 millones de pesos, como una medida emergente para enfrentar la volatilidad que provocó la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea.

A diferencia del primer recorte, esta vez no incluyó a Petróleos Mexicanos (Pemex). El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, expresó que en caso de que se presenten episodios de especulación que pongan el riesgo las expectativas de inflación, la Comisión de Cambios actuará y estará atenta al desarrollo del mercado cambiario.

El 17 de febrero, Hacienda anunció un ajuste preventivo al gasto público federal de 2016 por 132 mil 300 millones de pesos, lo que equivale al 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

El primero de abril, agregó que para el próximo año se hará un ajuste al gasto por 175.1 mil millones de pesos, que será adicional al ajuste preventivo anunciado en febrero, lo que suma 311.8 mil millones.

En conferencia de prensa, el pasado viernes, Videgaray Caso aseguró que ante la separación del Reino Unido de la Unión Europea “no habrá un impacto relevante” en la cuenta corriente ni en la balanza comercial de México, ya que el comercio con ellos representa el 0.7 por ciento del total que el país hace con el mundo.

Sin embargo, diversos analistas han destacado que el peso mexicano sufriría un fuerte golpe.

Al cierre de 2015 el comercio total entre México y el Reino Unido sumó un total de 4 mil 312 millones de dólares, según datos de la Secretaría de Economía (SE). Una cifra modesta comparada con los 495 mil 693 millones de dólares que representa el intercambio comercial total con Estados Unidos.

Un reporte de CI Banco señala que este proceso de negociación puede demorar varios meses, lo que incrementaría el costo de operación de las empresas de ambos países que mantienen flujos comerciales bilaterales.

Actualmente Reino Unido es el cuarto destino de las exportaciones de México en la Unión Europea.

Entre los principales productos que México exporta a Reino Unido destacan los motores para la propulsión de vehículos terrestres, unidades de memoria, cerveza de malta, entre otros.

En el lado de las importaciones, el principal producto que se compra a los ingleses es el whiskey, también algunos medicamentos, mercancías destinadas a la reparación o mantenimiento de naves aéreas o aeropartes y gasolina.

De acuerdo con analistas, al menos seis corporativos mexicanos se verían afectados en sus operaciones: Monex, Mexichem, Cemex, Gruma, Bimbo y Aeroméxico.


(SIN EMBARGO.MX/ REDACCIÓN / JUNIO 27, 2016 - 11:59)

LA VIDA CRIMINAL DEL PECHOCHO


Descubren que famoso delfín de la bahía de Topolobampo encabeza a un grupo de cetáceos que transporta cocaína hacia Estados Unidos

Este increíble asunto empezó a conocerse con la detención de un misterioso personaje, conocido como el Profe Kowalsky. Su apellido es de origen extranjero, al parecer polaco, y según las indagaciones policiales, es el cerebro de una bien organizada banda de narcotraficantes que han implementado un sofisticado sistema delincuencial, con el que están desarrollando una nueva tecnología en este clandestino negocio que suele derramar millones de dólares. Lo impactante de este caso es que utilizan delfines, cetáceos considerados con una inteligencia superior, no nada más entre la fauna marina, sino también de la mayoría del género humano.

En el mundo del narcotráfico, desde la aparición de la cocaína en especial, los medios de transportación que han utilizado los negociantes de este alcaloide es muy diverso, y en algunos casos han atraído la atención del colectivo universal, precisamente por lo ingenioso. Nomás por citar algunos referentes: empezaron contratando “burreros y burreras”, gente que se arriesgaba a traficar con  maletas de doble fondo, un medio que ahora se considera rudimentario y obsoleto; también se han utilizado todo tipo de camuflajes o “clavos” en diversidad de vehículos: autos, camiones, tráileres, barcos, trenes, etcétera. Hubo un tiempo que usaron bolas de goma que los burreros tragaban y las defecaban en el destino final, pero ahora con el sistema de rayos X esa práctica se desechó. El Chapo más famoso anunció que usaba submarinos, lanchas rápidas y hasta helicópteros. Como podemos ver, los narcos van a la vanguardia de la ciencia y la tecnología, lo cual queda confirmado ahora con el uso de delfines, a los cuales se les colocan mochilas en el lomo con cargas de hasta cinco kilos de polvo, mismo que trasladan, nadando ligeros por las cálidas aguas del Océano Pacífico, desde un punto entre las hermosas bahías de Topolobampo y Ohuira, hasta otro de las playas de San Diego, California. El narco-cardumen que conforman un poco más de cien delfines, dicen, son debidamente controlados por el Pechocho a quién le han insertado un microchip cerebral para ser monitoreado y conducido por vía satelital.

Las investigaciones del caso están siendo desarrolladas por un periodista, comentan, que se ha involucrado de manera audaz y temeraria en la red de esta organización, sin importarle arriesgar la vida. Intenta desenmascarar a los principales de esta temida banda, en la que al parecer están involucrados verdaderos peces gordos pertenecientes a una de las redes más poderosas del narcotráfico mundial. Según avances de las investigaciones, estiman que el núcleo central está en Leningrado (Rusia), aunque no lo pueden establecer con certeza porque entre la bahía de Topolobampo, a la de Ohuira en Sinaloa, Los Barriles-La Paz en la Baja sur, Puerto Peñasco-San Carlos en Sonora, se han visto navegar sospechosas embarcaciones con banderas de Holanda, Francia, Marruecos, Turquía y Estados Unidos.

Por otra parte, también dicen, se han visto en los puertos mencionados a gente de aquellas nacionalidades, y además colombianos, argentinos, uruguayos, y por supuesto mexicanos, en su mayoría sinaloenses, por lo que también se sospecha que tal organización pudiera ser una célula del Cártel de Sinaloa.

En una filmación clandestina que logró captar el periodista en cuestión, quien por cierto ha decidido permanecer en el anonimato, supongo, para no poner en riesgo su seguridad, el Profe Kowalsky compartió una intensa charla con el Pechocho. ¡Sí! Con el delfín que se ha hecho famoso por tener una clara predilección por los niños, con ellos juega y se deja acariciar la panza, en cambio, cuando son adultos los que intentan apapacharlo, reacciona huyendo y luego aparece con un palo, que en algún lugar cercano tiene para defenderse. Por esta razón, la acción filmada con el Profe Kowalsky resulta por demás sospechosa, pero el asunto es que el hilo de la sospecha se confirma más porque la acción encajó profundo cuando el periodista miró como el Profe “premiaba” al Pechocho con camarones aderezados con… ¡cocaína! Los polveaba y luego se los daba en su hocico, a lo que el cetáceo respondía con alegres cabriolas y saltos descomunales, mientras su benefactor también lanzaba gritos de gusto.

Se ha confirmado por fuentes fidedignas que estas acciones están siendo analizadas muy de cerca no nada más por integrantes de las policías del mundo: PGR, DEA, INTERPOL, sino también por grupos de ciencia de prestigiosas Universidades como la de Stanford, Harvard, UAS, UdeO, UNISON, UABS, y otras agrupaciones como la NASA, y sus similares de origen alemán, japonés, coreano y chino.

Mientras todo esto ocurre, el Profe Kowalsky, quien permanece detenido en los separos de la cárcel de Guasave, reclama y grita ser liberado, ya que él es inocente de toda este “sainete”, así ha dado en llamar a este caso. Pide se investigue a fondo el asunto, pone como testigo a quien considera su único amigo: el Pechocho. Investíguenlo, estúdienlo, pero con calma y amistosamente, no intenten hacerle “aleta de cochi”, ruega. Y afirma: se darán cuenta que se trata de un ser realmente maravilloso, que lo único que pretende con sus acciones es demostrar, a nosotros los humanos, que sólo siendo auténticos, sin dobleces y humildes, podremos llegar a ser verdaderos progresistas y felices.

Esta narrativa ficcional, impunemente, la sustraje con datos de la extraordinaria obra EL delfín de Kowalsky, novela del maestro César López Cuadras, (Badiraguato, 1951-Guamúchil, 2013). Para mi gusto y seguramente el de miles más, uno de los mejores escritores sinaloenses de todos los tiempos; nos brindó, además de la gracia de su noble y brillante manera de ser, un volumen de cuentos que denominó La primera vez que vi a Kim Novak, las novelas Cástulo Bojórquez, Macho Profundo y La novela inconclusa de Bernardino Casa Blanca. En honor a su recuerdo, va este, mi sincero homenaje. Lean sus obras, sabrán de lo grande que fue, abrevarán de su sabiduría, y la neta: se divertirán.

leonidasalfarobedolla.com


(RIODOCE/ LEONIDAS ALFARO / 26 JUNIO, 2016)

FUEGO ENTRE FAMILIAS


Después de las elecciones escaló la metralla; luego de las caras tristes y sonrisas triunfadoras, llegó el llanto desconsolado de madres, hermanos, esposas, hijos, amigos. Los montes sinaloenses se volvieron a teñir de rojo como la sangría maldita y recurrente. De Badiraguato a Mazatlán, de Rosario a Escuinapa.

Así, más de medio estado se sacudió y el miedo se extendió por toda la serranía, por muchos de sus pueblos, rancherías y caseríos. Cientos de vecinos abandonaron sus casas y bienes para ubicarse en las cabeceras municipales a la espera de que pase este vendaval violento que dejó un número indefinido de muertos, producto del enfrentamiento de los grupos que comandan los menores, al menos eso se dice en los medios, de las familias de los Guzmán Loera y Beltrán Leyva.

En el vértice de este enfrentamiento entre ambas familias están las fuerzas de seguridad de los gobiernos federal, estatal y municipal, que parecieran actuar bajo la máxima preventiva de “que se maten entre ellos”, pues es imposible creer que no vean a decenas de camionetas cargadas de gente armada trasladándose de un punto a otro del estado, sin que se encuentren o ameriten su intervención. No tiene lógica, cuando frecuentemente hay retenes en los accesos serranos y hay servicios de inteligencia trabajando las 24 horas del día.

Nada, todo pareció transcurrir sin parte militar, sin reporte policial o tareas de pacificación y protección de la población para garantizar los mínimos de seguridad pública. Fueron los personeros de los bandos en conflicto los que sugirieron a los habitantes que abandonaran sus comunidades si no querían quedar en medio de la refriega. Aquellos obedecieron y salieron con lo que podían de La Palma, La Tuna o Arroyo Seco. Después los invita a regresar a sus lugares de origen. Según ellos no había nada qué temer. Algo debe respaldar esta afirmación, aunque de seguro persiste el miedo entre los lugareños.

Más, cuando en plena incursión, el alcalde de Badiraguato recomendó a la prensa no arriesgarse subiendo a la sierra. Sabe lo que sucede en esos montes inhóspitos. La persecución y resistencia estaba en marcha. La madre del Joaquín el Chapo Guzmán salió de La Tuna literalmente volando con destino desconocido. El gobernador aclara que no está secuestrada. Ni lesionada. Qué está a salvo. Aun cuando en su pueblo hay cinco muertos de bala.

Simple estadística, como los siete descuartizados en la sierra del municipio de Rosario, donde nadie sabe nada. Como esas familias velando a sus muertos en medio del llanto y un calor que pronostica el infierno. Una tierra quemada por quienes viven en los centros urbanos. Que exhiben sus camionetas 4×4, su gusto por las armas y la violencia.

Son historias del poder sumergido. Ese que brota cuando menos se piensa como un venero de agua en esos montes. Y su hilo se extiende con rapidez extraordinaria. El que conecta en estos días por la venganza de viejos y nuevos agravios en el Cártel de Sinaloa. La lucha por el territorio luego de que fue detenido el legendario Chapo Guzmán y su jefe de sicarios, Orson Iván Gastélum Cruz, el Cholo Iván.

Allá arriba, en lo más recóndito del anonimato, hay quien mira condescendiente la riña que se traen los hijos de sus antiguos socios. No busca poner orden. Deja que la confrontación siga su curso. Cuando se defina quién es el vencedor, seguramente se sentará y explicará el ABC del negocio y la importancia de la discreción. La necesidad de no calentar plazas, regiones y el necesario respeto de las familias, que se rompió con la llegada de pistoleros a La Tuna, a la casa de la madre del Chapo Guzmán.

De llevar las cosas en lo posible en paz y saber qué tornillo apretar para poner a su servicio a  políticos en cargos de gobierno. Saben algunos de ellos en deuda. Hay compromiso no escrito. Conocen cómo se paga la traición, la deslealtad, hacer el loco.

Por eso desde el gobierno, ahora y mañana, cuando suceden estos ajustes entre familias, no se meten literalmente entre las patas de los caballos. Simulan. Hacen declaraciones retóricas, acuden al discurso del estado de derecho, pero no interfieren, dejando que se maten y dejan frecuentemente a la buena de Dios a esos vecinos serranos.

No hay nada qué hacer, es tierra vedada, tierra quemada. Son los procesos naturales de depuración del cártel. Y eso se resuelve en familia. No hay porque hacerse presente, si no es tu problema. Menos, todavía, cuando es después de unas elecciones en la que se apoyó financiando, inhibiendo, ayudando a ganar.

Esperando a que lo político tuviera su tiempo. Su eco de triunfos y derrotas. Ahora está el suyo, exclusivamente suyo, por eso no quieren testigos, ni hay quien lo quiera ser. Quieren el terreno  solo. Que nadie estorbe. Hay una nueva guerra en el triángulo dorado, donde ni papeletas electorales quedaron.


(RIODOCE/ ERNESTO HERNÁNDEZ NORZAGARAY / 26 JUNIO, 2016)

SIERRA DESPROTEGIDA


Con enfrentamientos violentos y siete asesinados, grupos armados obligan a 250 familias a abandonar sus hogares en los altos de Badiraguato

Las versiones oficiales del gobierno de Mario López Valdez difieren de lo que cuentan los habitantes de la  sierra de Badiraguato sobre los ataques del pasado 11 de junio, cuando un grupo armado arribó a La Tuna, lugar donde nació Joaquín Guzmán Loera, y que provocó que más de 250 familias abandonaran sus casas. Hasta hoy, la mayoría se resiste a regresar.

Mientras que el gobierno aseguró que no hubo personas muertas, algunos de los pobladores contabilizan siete asesinados, entre ellos uno identificado como Ángel, sobrino de Consuelo Loera, mamá del Chapo Guzmán.

A petición de algunos medios de comunicación, el Gobierno del estado, a través de las Secretarías General de Gobierno y de Seguridad Pública, ofreció el martes pasado a reporteros un recorrido por La Tuna y otros poblados vecinos, para que constataran que era una zona segura y que los habitantes desplazados podían regresar.

La cita fue a las cinco de la mañana en las afueras de Palacio de Gobierno. El traslado fue en dos camionetas tipo van, resguardadas por al menos 60 elementos de las policías ministerial y estatal. Ya en Huixiopa, el viaje hacia La Tuna continuó en los vehículos policiacos.

Al llegar al pueblo que vio nacer a Joaquín el Chapo Guzmán, los vehículos se estacionaron frente de la casa de doña Consuelo Loera. La casa, que aunque no es ostentosa destaca de las demás, tiene un pequeño barandal que estaba abierto como invitando a entrar. Cuatro días antes algunos reporteros habían acudido por su cuenta y esa misma puerta se encontraba con candado.

Momentos más tarde arribó a la zona el Coordinador estatal de Seguridad Pública, General Moisés Melo García, y su mensaje fue claro: dejar constancia que la casa de la mamá del Chapo no había sufrido ningún daño, como al parecer algunos medios lo habían sugerido, además de difundir que la zona se encontraba tranquila.

“Yo he encontrado que no hay ninguna destrucción, no hay las casas como habían dicho que estaban quemadas o con impactos de bala, no nos han dicho que hubiera habido muertos, heridos…”, señaló el general Moisés Melo.

Pero al platicar con algunos pobladores de La Tuna se percibe una realidad distinta.

“Fue el viernes (10 de junio), casi como a estas horas (antes de mediodía), llegaron echando bala pues y él (Adrián, sobrino de Consuelo Loera) salió y grito ¡hey no tiren para acá, bola de pendejos! y ya pues dijeron vámonos sobre ese y mátenlo y que no sé qué”, dijo uno de los habitantes.

—¿Nada más a ese muchacho fue al que balearon?

—No, fueron más.

—¿De aquí mismo o de otros pueblos?

—Primero hubo dos  en Alisitos, después tres aquí  en el rancho (La Tuna) y al día siguiente otros dos.

En ese momento, el general Moisés Melo reiteraba que el mensaje era que existían garantías para que la población regresará a sus comunidades: “hay personal militar, personal de la Policía Ministerial y estatal se encuentran también y no nos vamos a salir”, dijo.

Pero el Gobernador no opina igual que el General. Al día siguiente en conferencia de prensa, López Valdez declaró: “la certeza que les doy es que tenemos presencia ahí, pero también reconozco que no podemos estar todo el tiempo ahí.

“Nosotros vamos a tratar de estar el mayor tiempo posible para que no pase nada, sé que es nuestra responsabilidad, pero ahí el reporte que tengo preliminar, sin ninguna investigación a fondo, porque nadie quiere declarar, es que es una pugna entre familias.

“Yo espero que se arreglen esos problemas que traen y esa sea la mayor certeza que esas personas tengan”, dijo el Gobernador de Sinaloa.

Un día antes, el General García Melo aseguró que se trataba de pugnas entre la familia Guzmán y los Beltrán.

—General ¿está identificado el grupo atacante?

—No, sabemos que es un problema entre familias y pues son los Guzmán y son los Beltrán, no sabemos en realidad cuál sea la causa directa pero sí pues afectó, tan es así que estas familias pues se retiraron.

MIEDO A REGRESAR

El jueves de la semana pasada, el Ayuntamiento de Badiraguato reunió en Culiacán a desplazados de las comunidades de  Arroyo Seco, La Palma, La Tuna, Huixiopa, Revolcaderos, El Barranco y Nogalito, para entregarles despensas y colchonetas, además de pedirles que regresen a sus casas.

El encuentro fue en un centro comercial ubicado en el norte de la ciudad. La diputada electa Guadalupe Iribe Gascón, actual presidenta del DIF municipal de Badiraguato, invitó a las más de 220 familias que asistieron, a regresar a sus casas, aunque destacó que es decisión de cada quién y no los pueden obligar.

Los pobladores aseguran que todavía tienen temor de regresar, que la presencia militar en este momento no les garantiza nada: “llegan por dos semanas y luego se van”, dijo uno de los pobladores.

Algunos de los pobladores señalaron que salieron prácticamente con lo que traían puesto, porque fueron a avisarles hasta sus casas que tenían que salir y abandonar los pueblos.

“Yo no estaba en mi casa oiga, andaba pa´ con una vecina y ahí me recogió mi hija y nos venimos, no agarré nada”, dijo una de las mujeres.

Algunos de los desplazados llegaron con algunos familiares, pero hay otros que no tenían donde llegar y consiguieron casas, una de ellas alberga a unas 40 personas, entre familiares y vecinos que salieron huyendo de sus comunidades.


LA OTRA VERSIÓN DE LA VIOLENCIA EN BADIRAGUATO

Hay una versión distinta de los hechos ocurridos en la sierra de Badiraguato, que asegura no es una pugna entre las familias Guzmán y Beltrán, como afirmó el gobierno del estado, sino entre Aureliano Guzmán —hermano de Joaquín Guzmán Loera— y la familia  Muro Valdez.

Esta versión, recogida entre pobladores de la región en conflicto, asegura que todos los problemas empezaron el 11 de abril del año pasado, cuando Aureliano Guzmán Loera, el Guano, arribó a un rancho propiedad de Ernesto Guzmán Hidalgo, medio hermano de Joaquín el Chapo Guzmán, quien estaba acompañado por Raúl Astorga.

Aseguran que el Guano ordenó a sus hombres amarrar a los que se encontraban en el lugar, entre ellos dos niños, y les empezó a reclamar haber dado información al gobierno —lo cual dicen fue falso. A pesar de eso, ordenó matarlo junto con Raúl Astorga.

Posteriormente a la fuga de Joaquín Guzmán del penal de máxima seguridad conocida como el Altiplano, en julio del 2015, éste llamó a rendir cuentas al Guano, sobre el asesinato de su medio hermano.

Aureliano habría responsabilizado a Cristóbal Muro Valdez, alias el 02, uno de sus escoltas y hombre de confianza, sobre la información de que supuestamente Ernesto Valdez, los había delatado con el gobierno.

Los pobladores aseguraron que el 15 de diciembre un grupo armado llegó al poblado de Alisitos, en Badiraguato, por órdenes del Guano, llevándose a Muro Valdez, junto con uno de sus hijos que se encontraba en silla de ruedas y  seis personas más: todos aparecieron asesinados tres días después.

Lo anterior, se dijo, porque el Chapo Guzmán citó a Muro Valdez, para que le presentara las supuestas pruebas que acusarían a Ernesto Guzmán de lo que aseguraba el Guano.

Por esos mismos días apareció asesinado un hermano de Cristóbal Muro Valdez, de nombre Luis Alberto, que se encontraba recluido en el Penal de Aguaruto.

Aseguran que los meses que Joaquín Guzmán Loera estuvo fuera de la cárcel, antes de ser detenido en Mochis, no hubo inconvenientes con Aureliano Guzmán.

El  más reciente hecho, que la otra versión le adjudica al Guano, ocurrió el 10 de junio del 2016, cuando mandó a uno de sus pistoleros, de nombre Obanel Loera, al poblado de Alisitos, en donde levantaron a dos hombres,  entre ellos Raúl Muro Valdez, otro de los hermanos de Cristóbal.

Posteriormente los dos hombres levantados aparecieron asesinados   en el poblado La Palma.

En respuesta a esto, familiares de los asesinados fueron a La Tuna en busca del Guano. Esta versión niega lo que se había dicho sobre que el grupo armado que llegó a La Tuna pertenece a los Beltrán Leyva, bajo las órdenes de Alfredo Beltrán Guzmán.

Aseguran, además, que nadie se metió a la casa de la mamá del Chapo Guzmán, Consuelo Guzmán Loera, y niegan que tuvo que salir huyendo en una avioneta o helicóptero como manejaron algunas versiones.


(RIODOCE/ REDACCION/ 26 junio, 2016)

EN SINALOA, MÁS DE CUATRO MIL PERSONAS DESPLAZADAS POR LA VIOLENCIA DE LOS CÁRTELES DE LA DROGA


Desplazados Cosalá 2015

El Gobierno del Estado no ha podido resolver el problema de los desplazados de 2012 y ya enfrenta nuevos desplazamientos forzados por la violencia.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado (Sedeshu), son aproximadamente 690 familias las que viven desplazadas desde hace cuatro años.

La dependencia estima que son alrededor de 2 mil 700 personas las que permanecen sin poder volver a sus comunidades.

A esas personas se suman al menos 300 familias que huyeron de los poblados de La Tuna y otros de Badiraguato, por los enfrentamientos entre el Cártel de los hermanos Beltrán Leyva y el de Sinaloa.

La Sedeshu estima que en promedio son 4.5 personas por familia en la zona rural del estado, lo que significaría que el número de desplazados por la violencia aumentó a más de cuatro mil 50 personas.

De acuerdo con la dependencia, las personas no han regresado a sus comunidades debido a que consideran que no hay condiciones de seguridad para hacerlo.

Los desplazamientos de los últimos cuatro años han ocurrido en los municipios de Culiacán, Escuinapa, Mazatlán, Sinaloa, Choix, Mocorito, Badiraguato, Ahome, Concordia y Angostura.

El Procurador General de Justicia del Estado, Marco Antonio Higuera Gómez, afirmó que en Badiraguato ya hay condiciones de seguridad para que los habitantes regresen.

“Hay un grupo permanente (de policías y militares) que se están analizando las posibilidades no solamente de mantenerlo un par de semanas sino mantenerlo de manera definitiva para dar seguridad a los habitantes”, dijo.

 DESPLAZADA DOS VECES

Desde hace cuatro años y cinco meses, Esperanza Hernández Lugo vive en una casa que no es suya, en un pueblo que no es el suyo; y una vida diferente a la que tenía.

Ella ha sido desplazada dos veces, primero de su comunidad en Sinaloa municipio y luego del estado, debido a que recibió amenazas y tuvo que irse a la Ciudad de México unos meses.

La mujer originaria de Ocorahui actualmente vive en el estado, pero el mes pasado fue amenazada otra vez para que deje el movimiento social que encabeza a favor de los desplazados.

Esperanza es de las miles de personas que en 2012 tuvieron que dejar sus pueblos por la ola de violencia que los azotaba y el temor a morir en los tiroteos y matanzas que se registraron en esa zona.

Es también parte de las 690 familias que desde hace cuatro años viven en casas de parientes o rentadas, que no han regresado a sus pueblos.

Para Esperanza, representante de los desplazados de Sinaloa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno del Estado no ha podido resolver ese problema pues solo simula que lo atiende.

El Estado solo los atiende con despensas y consultas médicas pero no garantiza la seguridad en sus comunidades para que puedan volver y eso, dijo, es lo que más anhelan.

En su caso, desde abril de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado Mexicano garantizara su seguridad debido a que fue amenazada, pero a la fecha está abandonada a su suerte y amenazada otra vez.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) le retiró los rondines de vigilancia que tenía en su domicilio y lo único que recibe de la fiscalía es una despensa cada mes.

Con el gobernador Mario López Valdez ha estado pidiendo audiencia desde enero y en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la atendió por última vez en agosto del año pasado.

Con el desplazamiento de vecinos de Badiraguato la semana pasada, Esperanza revive “el horror, la desesperación, la tristeza, el dolor, la rabia, la impotencia, la frustración e incertidumbre” que vivió ella cuando tuvo que dejar su casa.

Y también, ve más lejana la posibilidad de que ellos puedan regresar a sus pueblos, pues los nuevos desplazamientos demuestran que la sierra todavía es un lugar peligroso.

Desde junio de 2011, recuerda, se acabó la tranquilidad de su pueblo con la irrupción de un grupo armado que sembró el horror en las comunidades alteñas.

“Patrullaban las comunidades en varias camionetas amenazando, hostigando en medio de fuertes balaceras llegaban a los comercios tomando lo que querían sin pagar nada, incendiando y asesinando a quien se oponía.

“En ese infierno soportamos todos esos meses aferrados a no perder lo que era nuestro y tanto nos había costado, fue el día 12 de enero de 2012 que no pudimos soportar más, estábamos enfermos de miedo y de tristeza, recoger los difuntos se hizo tarea de las mujeres, la mayoría de los asesinatos, no hubo presencia de las autoridades”, expresa.

Solo con lo que traía puesto junto con el resto de los pobladores, dejó su casa y todo lo que tenía para trasladarse a otro lugar.

Ese día, recuerda, no solo perdió amigos y vecinos y sus bienes materiales, también la estabilidad emocional, social y económica, sus raíces, sus costumbres y la seguridad de vivir en un lugar propio.

Durante semanas clamaron ayuda de las autoridades para poder recuperar sus pueblos pero nunca la obtuvieron.

Allá en la sierra de Sinaloa municipio, los habitantes contaron 36 pobladores asesinados en esos días y los cuerpos allá se quedaron pues las autoridades nunca subieron.

“Enloquecidos solo pensamos en huir, solo con lo que traíamos puesto ante la amenaza de que tomarían la comunidad y reclutarían a los hombres, huimos llenos de dolor dejando ahí tirados los cuerpos de nuestros vecinos”.

Desde entonces lamenta, están solos, sin el apoyo gubernamental que garantice que pueden regresar a los pueblos que dejaron hace cuatro años.

“A lo largo de estos cuatro años y cinco meses de lucha, uno de los obstáculos más grande ha sido la insensibilidad de las autoridades así como de la sociedad civil”.

DESPENSAS Y COLCHONETAS

El subsecretario de Desarrollo Humano, de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, mencionó que en la entidad la cifra de desplazados alcanzó poco más de mil 400 familias en 2012.

Señaló que la dependencia solo los apoya con lo que está dentro de sus facultades como despensas, colchonetas y los acerca al Servicio Estatal del Empleo para que consigan trabajo.

Más de la mitad decidieron regresar a sus poblados y habitar de nueva cuenta sus viviendas.

Señaló que el resto decidieron quedarse a vivir en otros municipios o consideran que todavía no hay condiciones para volver a sus pueblos.

Hasta el reporte trimestral más reciente que tienen de los Alcaldes, en 10 municipios todavía permanecen alrededor de 690 familias desplazadas.

Comentó que esas personas viven con familiares y otras optaron por rentar casas y buscaron trabajo.

“El único lugar que nos ha faltado la atención y se deriva de diversas circunstancias es en el municipio de Salvador Alvarado, Guamúchil, hay un grupo de desplazados de Sinaloa de Leyva, de Ocorahui que tiene que ver en el seguimiento que se les dio, de 113, 114 familias, aceptaron solamente 30 familias que son desplazadas”, dijo.

En algunos casos como Concordia ya están ubicados en un lugar donde se les asignaron lotes, se les otorgaron servicios y en algunos casos se le construyó vivienda, igual en Sinaloa de Leyva.

En el caso de Sinaloa municipio, Esperanza Hernández, confirmó que construyeron viviendas, pero éstas no contaban con los servicios básicos, además que les pedían 15 mil pesos.

Las casas que construyó el Gobierno Estatal, indicó, nunca fueron habitadas por los desplazados y permanecen abandonadas.

De acuerdo con un informe sobre desplazamientos internos de la Cámara de Diputados, la violencia entre comunidades y la violencia criminal han sido las principales causas de desplazamiento en México, en especial como consecuencia de la violencia generada por los cárteles de la droga, cuyos actos habrían ocasionado el desplazamiento de miles de personas a partir de 2007.

En el caso de Sinaloa, establece que los desplazamientos han ocurrido únicamente por violencia, mientras que en otras entidades también se presentan por fenómenos meteorológicos y problemas religiosos.

La información disponible, indica el documento, sugiere que donde ha habido estallidos críticos de violencia, se ha producido una ruptura del orden social tradicional seguido por el desplazamiento interno.

Las organizaciones criminales ya no sólo se pelean por las rutas de tráfico de drogas, aspiran a controlar cada vez más territorio en general y estos actos de violencia han obligado a las personas a huir de forma individual y en masa en las zonas rurales y urbanas.

Datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos indica que en poco más de cinco años del gobierno de Mario López Valdez, alrededor de 33 mil personas fueron desplazadas por la violencia, sobre todo en municipios ubicados en la zona serrana.

INVISIBLES PARA EL ESTADO

Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos el desplazamiento forzado interno es un problema invisible por las autoridades.

El informe especial Desplazamiento Forzado Interno señala que es un fenómeno no reconocido oficialmente, por lo que es necesario que el Estado Mexicano adopte una postura al respecto y emprenda acciones específicas para su atención.

“Quien sufre un desplazamiento forzado en nuestro país queda en vulnerabilidad, tanto por las condiciones inherentes al hecho mismo del desplazamiento, como por la falta de normas y capacidades institucionales específicas para la protección, acompañamiento y asistencia a las víctimas”, señala.

La dificultad para abordar este tema, indica, empieza desde el hecho de que no existe una norma que establezca qué se debe entender por desplazamiento forzado o un marco de actuación.

Además, no existe información completa, actualizada y verificable sobre el número de víctimas.

El organismo pidió al Gobierno Federal y a los 31 gobiernos estatales crear una política pública integral en derechos humanos para proteger y garantizar los derechos de las víctimas, así como formular protocolos de atención para autoridades, corporaciones y funcionarios.


(RIODOCE/ ALEJANDRO MONJARDÍN/ 26 junio, 2016)