domingo, 26 de junio de 2016

BALACERA DE PARTICULARES Y GENDARMERÍA EN TAMAULIPAS

Tampico, Tamps. Particulares armados y elementos de la Gendarmería Nacional se enfrentaron a balazos en la zona Costa de Tamaulipas.

En principio no se reportaron muertos, lesionados o personas detenidas, pero las unidades involucradas en la balacera se quedaron más de 12 horas afuera de la Universidad IEST-Anáhuac, donde se dispararon mutuamente la madrugada de este domingo.

En las inmediaciones de los municipios costeros de Altamira y Tampico, en la zona sur de esta entidad, desde las 3:30 am se reportaron detonaciones de arma de fuego al exterior del campus local de la  universidad Anáhuac Anáhuaco.

La refriega tuvo lugar sobre la calle Burton Grossman, de la colonia Niños Héroes, que divide a estas ciudades. Los elementos de la Policía Federal, patrullaban la zona costa como parte de su trabajo de vigilancia y disuasión cuando se encontraron de frente con una camioneta Cheyenne que abrió fuego contra los federales, quienes repelieron la agresión e impactaron el parabrisas de sus contenidentes, quienes descendieron de la unidad para darse a la fuga.

Los federales pidieron apoyo a las corporaciones del Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT), para continuar el operativo de búsqueda, localización y captura.

Personal de servicios periciales de la Procuraduría General de la República informó de manera extraoficial que la camioneta de los sicarios tenía impactos de bala en el cofre, costado izquierdo y parabrisas, mientras que en su interior encontraron armas de uso exclusivo del Ejército.


(LA JORNADA / DAVID CASTELLANOS TERÁN, CORRESPONSAL         / DOM, 26 JUN 2016 13:49)

SE MOVILIZA CNTE EN NOCHIXTLÁN

A una semana de los enfrentamientos con la Policía que dejaron 9 muertos, maestros y pobladores marchan en Nochixtlán para exigir justicia



El contingente avanza entre unidades quemadas durante el enfrentamiento del domingo pasado con la Policía.

NOCHITLÁN, MÉXICO.- Cientos de habitantes, encabezados por la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), marchan en Nochixtlán, a ocho días de los enfrentamientos con la Policía que dejó un saldo oficial de nueve muertos.

"Tuvieron que matar a varios compañeros para instalar una mesa de negociación en Gobernación, eso pedimos antes de que masacraran al pueblo, para eso bloqueamos la carretera. Para que nos atendieran y tuvieron oídos sordos", reclamó uno de los maestros que encabeza la movilización.

La protesta tiene como objetivo el rechazo a la reforma educativa, justicia a los habitantes fallecidos y servicios sociales para personas marginadas.

En la marcha participan comerciantes, padres de familia y organizaciones indígenas.

La manifestación se lleva a cabo entre vehículos quemados, huellas de la batalla del pasado domingo, en la que se emplearon armas de fuego en ambos bandos.


(EL MAÑANA/ AGENCIA REFORMA | 26/06/2016)

EJIDO DE DURANGO TIENDE LA MANO A MINERA… Y ÉSTA EXPLORA SIN CONTRATO

La minera canadiense Excellon Resources violó un contrato con ejidatarios de La Sierrita de Galeana, en Durango, al explorar más hectáreas de las rentadas. La comunidad presentó una demanda para anular el acuerdo y recuperar sus tierras. Pero, ante la dificultad de negociar con la empresa, en 2012 establecieron un campamento que afectó las operaciones y ganancias de la compañía, por lo que, de acuerdo con un estudio de dos organizaciones y el Presidente del Comisariado Ejidal de la Sierrita, Excellon presionó al Gobierno estatal para que los desalojara. Y así fue. A lo largo del conflicto, la comunidad ha sido víctima de intimidaciones y amenazas. Hasta el momento, el Tribunal Unitario Agrario no ha determinado la anulación del contrato.


La minera Excellon violó el contrato con los ejidatarios de la Sierrita de Galeana al explorar más tierras de lo acordado. Foto: ProDESC y United Steelworkers

Ciudad de México, 25 de junio (SinEmbargo).– Ejidatarios de La Sierrita de Galeana, ubicada en el municipio de Tlahualilo, Durango, firmaron un contrato temporal en abril de 2008 con la empresa minera canadiense Excellon Resources para rentarle 1,100 hectáreas a cambio del cumplimento de cláusulas sociales, medioambientales y económicas en beneficio de los habitantes. Sin embargo, el 11 de marzo de 2011 la trasnacional violó la cláusula sexta al explorar más tierra de lo acordado sin autorización de la Asamblea General de Ejidatarios .

Ante ello, el cuatro de septiembre de 2012 la asamblea presentó una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario para anular el contrato, así como exigir la consecuente restitución de sus tierras y el resarcimiento de los daños ocasionados. El juicio sigue en curso y la comunidad espera la sentencia para agosto, pero a lo largo de este conflicto ha recibido amenazas e intimidación, así como engaños del gobierno estatal que actúa en contubernio con la embajada de Canadá, de acuerdo con Daniel Pacheco, presidente del Comisariado Ejidal de la Sierrita.

“Resulta preocupante el hecho que la Embajada [de Canadá en México] no exige incluso la protección más elemental a los derechos humanos para la comunidad afectada, sabiendo que se recurrirá a la represión estatal a favor de la empresa minera canadiense en el contexto mexicano donde las fuerzas policiacas y castrenses se ven implicadas en excesivos niveles de violencia incluyendo desapariciones forzadas,  tortura, y asesinatos”, expone el estudio “Las entrañas de la complicidad canadiense: Excellon Resources, la Embajada de Canadá, y la violación de los derechos laborales y a la tierra en Durango, México” de las organizaciones Alerta Minera Canadá y United Steelworkers.

Además, el Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC) ha detectado que  ha sido violado su derecho a la tierra, a un medio ambiente sano (acceso a agua libre de contaminantes) y los derechos laborales de los trabajadores mineros.

México es el principal destino de las inversiones canadienses de minería al exterior de Canadá, de acuerdo con el estudio de las organizaciones.

En 2004, Excellon de México, filial de la canadiense, acordó con la comunidad duranguense la renta de cuatro hectáreas de tierra de uso común por 1 millón 200 mil pesos durante 30 años para operar la mina La Platosa. Ya al momento de firmar, se estipuló por 27 hectáreas por el mismo precio. ProDESC, que ha seguido el caso desde 2007, asegura que los representantes de la minera dijeron a los ejidatarios que las parcelas no valían nada, que tenían muy poca agua y, además, los amenazaron con promover la expropiación ante autoridades locales y federales con las que, mencionaron, tenían muy buena relación.

“Siempre quedó la espinita de que habían cambiado de cuatro a 27 hectáreas”, afirmó en entrevista Daniel Pacheco. “La inconformidad fue creciendo y en el 2008 dijimos ya basta”.

INCUMPLIMIENTO DE CLÁUSULAS



El 11 de marzo de 2011 Excellon realizó actividades de exploración fuera de las 1,100 hectáreas acordadas, lo que representó una violación al contrato. Foto: ProDESC

A principios de 2008, la asamblea ejidal concluyó que se necesitaba un acuerdo justo y equitativo con Excellon, pero como la empresa se negó a negociar, los ejidatarios se manifestaron afuera de la mina. Tras tres meses de presión, se firmó el Contrato de Ocupación Temporal por la renta de 1,100 hectáreas en el que se establecieron importantes cláusulas de carácter social y ambiental a favor de la comunidad.

La compañía se comprometió a la construcción de una planta tratadora de agua para uso agrícola; dar preferencia para los ejidatarios en la contratación de la fuerza laboral de la mina; además del pago de una renta anual por la ocupación de las tierras; becas escolares y el pago de un fondo social.

De 2008 a 2012 cumplió con el pago de la renta (5 mil pesos la hectárea), el pago para el fondo social (en una primera emisión dio 3 millones y luego 500 mil pesos cada año) y el sistema de becas a estudiantes (17 mil pesos mensuales para repartirlos entre hijos de ejidatarios), pero ignoró los acuerdos sociales y medioambientales.

“Las cláusulas sociales fue que iban a poner una planta tratadora de agua para uso agrícola porque la minera está sacando alrededor de 10 mil galones por minuto. Ni siquiera era una planta tratadora porque una así cuesta 300 millones, por eso no querían aceptar. Nosotros les hicimos un proyecto para que les costara 42 mil pesos mensuales limpiar el agua con un bioquímico. No cumplieron”, acusó Pacheco. “La mina es de plomo y zinc. Ellos aseguran que no contaminan el agua, pero nosotros tenemos estudios que dicen que sí”.

Sobre la promesa de capacitar y dar trabajo a ejidatarios en la mina, “les dieron a algunos. A las mujeres embarazadas las rechazaban”.

En junio de 2010 se conformó la Sección 309 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM) para garantizar mejores condiciones laborales para todos los trabajadores de la mina.

Fue el once de marzo de 2011 cuando Excellon realizó actividades de exploración fuera de las 1,100 hectáreas acordadas, lo que representó una violación al contrato.

INTIMIDACIÓN Y AMENAZAS POR PRESIÓN AL GOBIERNO


El gobierno de Durango les prometió que si dejaban seguir operando a la mina, resolverían el conflicto. Foto: Prometeo Lucero, Red TDT.

Los ejidatarios solicitaron un diálogo por la violación del contrato. Las mesas de negociación se llevaron a cabo de noviembre de 2011 a agosto de 2012, pero al no cosechar resultados, en julio de 2012 los ejidatarios establecieron un campamento a fuera de la mina en demanda del cumplimiento de los acuerdos firmados en 2008.

Durante ese plantón, el gobierno estatal les prometió que si dejaban seguir operando a la mina, resolverían el conflicto, “pero fue un engaño”.

“El gobierno, en contubernio con la embajada de Canadá, intercambiaban información. Nosotros visitamos la embajada de Canadá para que apoyaran el conflicto, pero operó como espía porque le pasaba la información a la empresa y luego la empresa contrató cabilderos para que presionaran al gobierno diciendo que se iban a ir y con ellos la inversión y las fuentes de empleo”, declaró Pacheco.

De acuerdo con el informe “Las entrañas de la complicidad canadiense”, la Embajada de Canadá ejerció un papel fundamental en la relación de Excellon con funcionarios en Durango. En julio de 2012 la embajadora envió un correo al gobierno estatal para solicitar una reunión porque “la empresa está teniendo pérdidas financieras importantes y está reconsiderando la viabilidad de la operación de la mina La Platos. […] Debido a la magnitud de la inversión canadiense en su estado, consideraríamos adecuado que se lleve a cabo dicha reunión”.

El 29 de agosto, alrededor de 100 elementos de la Policía Federal, del Ejército Mexicano y de la policía estatal de Durango, además de elementos de la policía del municipio de Mapimí, intentaron disolver el campamento con el argumento de que buscaban realizar una inspección laboral a la mina La Platosa.

“No hubo heridos, pero sí nos encañonaron. Nos ponían los cañones de las armas en el estómago”, afirmó el presidente del Comisariado Ejidal. “Cualquier movimiento en falso que nosotros hubiéramos hecho… el ejército nos tenía rodeados”.

El estudio concluyó que “las autoridades mexicanas, al ser presionadas con regularidad y constancia en el ámbito político, penetraron el plantón pacífico a favor de los intereses de Excellon”.

Pero esa ocasión resistieron. Y la contraparte insistió.

El 24 de octubre, un aproximado de 250 golpeadores, miembros del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Don Napoleón Gómez Sada, del estado de Zacatecas y Chihuahua, arribaron armados con palos y piedras para esta vez sí desalojar a los manifestantes. “Nos desalojaron y con maquinaria de la mina incendiaron nuestros jacales”, contó Pacheco.

Para entonces, el cuatro de septiembre, la Asamblea General de Ejidatarios había presentado la demanda de rescisión del Contrato de Ocupación Temporal. Actualmente se espera la resolución del Tribunal Unitario Agrario, el cual determinará si el contrato se anula o no.

Durante el 2013, denunció ProDESC, los ejidatarios de La Sierrita “sufrieron amenazas, hostigamientos y violencia” por parte de la empresa minera Excellon Resources, de algunos integrantes de la comunidad de Bermejillo y de integrantes del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Don Napoleón Gómez Sada.

“Recibimos amenazas por teléfono, intentos de sacarnos de la carretera, llegaba la policía estatal y paseaba a compañeros de la comunidad. A uno o dos los golpeaban”, dijo Daniel Pacheco.

En noviembre de ese año, detuvieron a Héctor Pacheco, familiar de ejidatarios y miembro de la comunidad. Antes también detuvieron a Omar Pacheco, Adolfo Gómez Chareo, Julio Orona, Luis Orona, y Ricardo Calderón.

Actualmente, la comunidad La Sierrita de Galeana está a la expectativa de la sentencia. Por el momento, ya no está recibiendo la renta por el uso de tierra y la minera también retiró el pago del fondo social y las becas escolares.

“A raíz del conflicto dejó de pagar. La última anualidad que ellos nos pagaron fue 2012-2013. Entonces ya no pagaron 2013-2014. Lo que hicieron fue depositar la renta en el Tribunal Agrario, pero éste no nos la quiso dar porque dijo que solo estaban en garantía”, aseguró Pacheco.

Como respuesta, la comunidad metió un amparo.

El 23 de enero de 2015 el Tribunal Agrario del Distrito Sexto notificó la liberación del pago de la renta luego de que el Juez Tercero de Distrito en La Laguna resolviera el amparo a favor del ejido.

Sin embargo, la minera ya no dio la renta 2014-2015 ni el pago del fondo social ni las becas escolares. Y sigue operando con normalidad.


(SIN EMBARGO.MX/ DULCE OLVERA/  JUNIO 25, 2016 - 12:04 AM)

DE TLATELOLCO A NOCHIXTLÁN: 10 CASOS DEL USO EXCESIVO DE FUERZA PÚBLICA PARA ACALLAR LA PROTESTA


El pasado domingo 19 de junio, elementos de las Policía Federal y la Gendarmería, así como de la Policía Estatal de Oaxaca realizaron un operativo para retirar un bloqueo de maestros de la CNTE en Nochixtlán, Oaxaca. La estrategia se salió de control y las fuerzas del orden arremetieron no sólo contra los profesores sino contra la población de esa ciudad; dispararon armas automáticas por tierra e incluso desde helicópteros: el resultado del uso excesivo de la fuerza es hasta el momento en nueve personas muertas y 94 heridas.


Ciudad de México, 24 de junio (SinEmbargo).– La represión y el uso excesivo de la fuerza contra opositores y la población civil no es nueva en México. Desde 1968 esta historia se ha repetido una y otra vez, sólo que ahora se hace más evidentemente y pública por el avance de la tecnología y el uso de las redes sociales.

Basta con recordar el emblemático 2 de octubre de 1968, cuando estudiantes de diferentes universidades se manifestaban en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en la Ciudad de México; ahí criticaban el autoritarismo del Gobierno federal, entonces presidido por el priista Gustavo Díaz Ordaz, y exigían la liberación de presos políticos. En minutos fueron cercados por la policía y elementos del Ejército que abrieron fuego contra los manifestantes. Hasta hoy no se ha esclarecido con certeza la cantidad oficial de personas asesinadas, heridas, desaparecidas y encarceladas.

Apenas hace cinco días, otro ataque de fuerzas armadas contra maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y contra ciudadanos de Nochixtlán, Oaxaca, cimbró al país por el exceso de violencia y el despliegue de armas y recursos con los que actuaron los uniformados.

Nochixtlán recuerda que el uso excesivo de la fuerza pública de los gobiernos contra la protesta social ha sustituido al diálogo y el intercambio de ideas en muchas otras ocasiones. Te presentamos 10 casos: de octubre de 1968 a junio de 2016.


(SIN EMBARGO.MX/ REDACCIÓN / JUNIO 24, 2016 - 12:03 AM)

LA VIOLENCIA NO CEDE EN GUANAJUATO: SE REGISTRAN AL MENOS SIETE ASESINATOS EN 24 HORAS, SEIS TAN SÓLO EN LEÓN

La violencia en Guanajuato registra un alto repunte en lo que va de este 2016, periodo en que se han contabilizado 349 homicidios dolosos, de los cuales, en 251 se utilizó una pistola, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Segob.Promo-10-años-de-guerra


Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo/Zona Franca).- Al menos siete personas fueron ejecutadas durante en menos de 24 horas en en Guanajuato, entre las víctimas está una madre que fue asesinada frente a sus hijos en León. En esta última ciudad, hoy por la mañana se reportó el hallazgo de un cuerpo encobijado.

El suceso más reciente se dio la mañana de este domingo, cuando se reportó el cuerpo de un hombre, envuelto en cobijas, que fue localizado en los campos de futbol de la colonia Delta 2000, en el municipio de León.

Según reporta Zona Franca, el cuerpo con heridas de arma de fuego en la cabeza fue localizado minutos después de las 8:00 horas por varias personas que se dirigían a jugar, quienes posteriormente dieron aviso a las autoridades.

De manera extraoficial, se informó que se trata de un hombre de aproximadamente 35 años.

En un hecho aislado, en Silao, la mañana de ayer sábado fue ejecutado el conductor de un trailer en el kilómetro 43 de la carretera Silao.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre viajaba en un trailer color blanco de la empresa TIP, el cual circulaba del municipio de Silao, hacia San Felipe, a la altura de Vergel de la Sierra.

El conductor fue alcanzado por dos hombres armados que abrieron fuego en su contra. Luego del ataque, el tráiler se impactó contra un cerro.


Un hombre de aproximadamente 40 años fue asesinado en la colonia El Retiro, en León. Foto: Zona Franca

En tanto, la ciudad que más se ha visto afectada por la violencia ha sido León. Ayer ahí fueron asesinados al menos seis personas. La primer víctima fue un hombre, empleado de una frutería, que fue asesinado cuando esperaba afuera de su trabajo, un local ubicado en las calles Hércules y Zinapécuaro, en la colonia El Retiro, de esa ciudad.

Versiones extraoficiales hablan de que el ataque fue directo contra la víctima, quien fue identificado como Manuel, de 44 años.

Más tarde, alrededor de las 17:20 horas, también en León, se reportó el asesinato de una mujer en la colonia Lomas de Piscina, sobre los cruces de las calles Horóscopo y Libra.

En el lugar, dos hombres dispararon en al menos cinco ocasiones en contra de la mujer identificada como María Concepción de aproximadamente 38 años, cuando salía de su dominio en compañía de sus hijos de 11 y 12 años de edad.

La víctima recibió disparos en la cara y espalda. Versiones extraoficiales de los hechos señalan que dos sujetos con vestimentas obscuras le dispararon a la mujer y después escaparon a bordo de una motocicleta.

Su cuerpo quedó tendido en la vía pública y pese a que paramédicos de Bomberos intentaron reanimarla.

Por la noche, dos hombres fueron atacados a balazos en la colonia San Felipe de Jesús, en León; las víctimas fueron trasladadas a un hospital donde finalmente perdieron la vida.

De acuerdo con reportes de medios locales, los hechos ocurrieron alrededor de las 11:40 horas en las calles de Galilea y Betania, donde las víctimas, identificadas como Érick Everardo Ortega y Óscar Uriel Rivera, de 35 y 18 años de edad respectivamente, fueron atacadas a balazos por dos hombres que descendieron de un automóvil.

Pese a que los dos hombres fueron trasladados por sus familiares a un hospital de la zona, perdieron la vida minutos después.

En otro hecho violento, un joven de 23 años de edad fue ejecutado en la colonia Santa Cruz, mientras otra persona que lo acompañaba resultó herido.

El ataque se registró ayer por la noche en la calle Espina Santa, donde un hombre abordo de un auto disparó en contra de las víctimas. El joven, identificado como Juan Miguel Hernández, fue trasladado a un hospital donde perdió la vida.


En León se reportó ayer el asesinato de una mujer en la colonia Lomas de Piscina, sobre los cruces de las calles Horóscopo y Libra. Foto: Zona Franca

DESCONTROL DE ARMAS DE FUEGO

Los homicidios en los que las víctimas han sido asesinadas a balazos, así como los intentos de ejecución en uno de los bulevares más transitados, son algunas de las situaciones terroríficas que van en aumento, pues de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cada vez más son los homicidios y lesiones en los que se utilizan armas de fuego en el estado de Guanajuato.

En su más reciente actualización de datos en los últimos cinco meses del año se han contabilizado 349 homicidios dolosos, de los cuales en 251 se utilizó una pistola. Mientras que en el mismo periodo de tiempo pero del año pasado, fueron 325 asesinatos violentos de los cuales en 224 las víctimas murieron a balazos.

En enero del presente año fueron 61 registros dolosos; en el mes de febrero 59 asesinatos; en marzo 72; en abril 69; y durante mayo un incremento de 88 asesinatos. Respectivamente con arma de fuego fueron 44, 48, 53, 45 y 61 por mes.

Al cierre del año pasado en el estado de Guanajuato se registraron 879 homicidios dolosos, siendo el año 2015 el más violento desde la medición de las estadísticas delictivas en el Secretariado Ejecutivo. De los 879 asesinatos, 604 fueron cometidos con un arma de fuego.

Cabe recordar que los homicidios y lesiones registrados al Sistema Nacional son únicamente las carpetas de investigación, no las personas, por lo que si en un mismo suceso son atacados o asesinados 2 o más personas, el número verdadero de homicidios no podría ser exacto.

No obstante, los intentos de asesinatos con arma de fuego quedan registrados en las estadísticas del sistema con cifras que van a la alza. En lo que va del año se han registrado 272 casos de lesiones con armas, mientras que en los mismos cinco meses del 2015, hubo 237 lesionados a balazos.

El incremento de personas lesionadas en el año 2015 es sólo la antesala de que las cifras que podrían cambiar de categoría al homicidio doloso con arma de fuego, pues tan solo en los primeros cinco meses del año pasado resultaron 41, 54, 50, 47, 45 lesiones respectivamente por mes, mientras que en el 2016 durante el mismo periodo fueron 37, 52, 60, 64, y 59 registros.

Organizaciones no gubernamentales como el Semáforo Delictivo, reportan que en Guanajuato el 54 por ciento de los asesinatos son ejecuciones del crimen organizado, y que de acuerdo a los índices delictivos de Guanajuato, en la entidad se percibe un aumento de homicidios desde el mes de abril de 2015, y que en este año se incrementó un 2 por ciento.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ZONFRANCA.


(SIN EMBARGO.MX/ Redacción / junio 26, 2016 - 1:40 pm)

DIEZ AÑOS DE GUERRA EN MÉXICO: LA SANGRE CORRE, LA DROGA FLUYE, LOS IMPUNES GOZAN Y LOS CIVILES PAGAN


El diciembre 11 de 2006, con el país volteando hacia otro lado –los opositores del Presidente en un grito– se lanzó una guerra que no parece haberse consultado con nadie. Ha pasado una década, recuerda el autor de este texto, y “en las calles sigue el Ejército y hay un sentimiento generalizado de que opera, con toda impunidad, una guerra de exterminio. Los crímenes continúan y los grupos armados han diversificado sus ingresos apoyándose en la impunidad. No existe una política de Estado efectiva para resarcir el daño a las víctimas o para alejar a los jóvenes de los grupos armados. Las policías no se han saneado y la narcopolítica parece mantener los cotos que tenía antes del inicio de la confrontación. No hay grandes avances en el sistema penal; la tortura, dice la ONU, es una práctica generalizada; las prisiones son escuelas de criminales; las operaciones de lavado de dinero siguen desarrollándose y apenas, en todo este tiempo, un atisbo de luz: la posibilidad de que a menos la mariguana sea despenalizada”.


Un taxista es asesinado en un centro comercial de Culiacán. Foto: Rashide Frias, Cuartoscuro

MEXICANOS AL GRITO DE GUERRA

Repentinamente, como nunca antes, las calles de muchas ciudades de nuestro país perdieron una virginidad que habían mantenido desde la Revolución de 1910: unidades del Ejército mexicano se desplazaron pero no hacia los cuarteles, no hacia alguna comunidad en desgracia por un huracán o por un terremoto. Llegaron con las armas por delante para quedarse allí, en las esquinas, en las banquetas, en donde antes había policías de punto.

No fue un cambio menor para una mayoría que estaba acostumbrada a ver militares por televisión. Con ellos, de la noche a la mañana aparecieron los chalecos antibalas, ametralladoras montadas en vehículos abiertos, policías federales esbozados. Y lo que parecía algo temporal se fue extendiendo durante meses, luego años. Los autos blindados se volvieron comunes por todo el país mientras que términos como “ejecutado”, “sicario”, “levantado”, “alterado” “empresa” o “decapitado” se volvieron parte de la jerga de muchos medios, de periodistas y de la población en general.

En pocos años, a ese lenguaje ominoso le sumamos otro que nadie sabe si se acuñó en la prensa o en las calles, pero que claramente provino de una nueva realidad. “Narcofosas”, por ejemplo, que se refiere a los cementerios clandestinos diseminados por todo el territorio; “autodefensas”, que habla de los esfuerzos de los ciudadanos para defenderse de criminales que se apoderaron de territorios físicos y de las rentas de sus habitantes. La extorsión era sólo una palabra hasta ahora, cuando se volvió realidad extendida en las ciudades y en enormes manchas urbanas, como las del Estado de México que rodean la capital del país. Y entre todas las palabras que se volvieron de uso común, una estremecedora: “cocina”, y todas sus derivaciones: el verbo “cocinar” o el sujeto “cocinero”. Se refiere a la desaparición masiva de cuerpos en ácidos o quemados en tambos de 200 litros. Cuerpos de la guerra entre cárteles o simples víctimas de la violencia.

El sol se nubló para ciudades que eran sinónimo de descanso y diversión, como Acapulco, Morelia o Cuernavaca. Estados con relativa tranquilidad, como San Luis Potosí o Guanajuato, se volvieron tierra sin descanso. La vida se hizo imposible en las sociedades que ya estaban permeadas por el narco, como Ciudad Juárez, Apatzingán, Tijuana, Chihuahua, Piedras Negras, Nuevo Laredo o Reinosa.

La pus de la violencia que vino con la guerra se extendió por pueblos y villas, y en el amarecer de esta realidad, nombres de nuevas bandas criminales aparecieron y consolidaron su presencia casi al mismo tiempo que el Gobierno federal presumía el arresto de las cabezas los grupos de narcotraficantes.

Los decapitados de volvieron comunes, lo mismo que las cabezas en hieleras, los alcaldes y periodistas asesinados, los policías secuestrados y torturados. Poblaciones enteras entraron en sicosis, de norte a sur, mientras los poderes ocultos afinaban herramientas de control: se atrevieron a dictar, a través de redes sociales, “toques de queda”.

Y todo pasó en abrir y cerrar de ojos.


 “El Presidente no escucha”. Foto: Cuartoscuro

SI EL CLARÍN CON SU BÉLICO ACENTO

Ciertamente la guerra contra las drogas no es nueva ni tiene una década. La Historia se la atribuye a Richard Nixon, quien declaró los estupefacientes “enemigo público número 1” de Estados Unidos en 1971. México, territorio de producción y tránsito durante un siglo, se enroló en el último tramo del siglo XX por presiones de Washington, particularmente por las acusaciones de corrupción y omisión que vinieron de las agencias, del Ejecutivo y del Congreso.


Sin embargo, fue el Presidente Felipe Calderón Hinojosa quien se puso por primera vez un traje verde olvido. En los siguientes diez años, México vería eventos terribles como consecuencia de lo anterior y no se ven indicios de que esto, que en momentos tiene sabor a guerra civil, se vaya a terminar. El crimen organizado, que nos habíamos acostumbrado a que operara en silencio, desató una contraofensiva y lanzó un reto al Estado mexicano. La espectacular declaratoria de guerra de Calderón alertó a los criminales, que operaban abiertamente y sin grandes aparatos de inteligencia por su sociedad, también conocida, con las autoridades.

Quizás México vive la más larga guerra civil del siglo XXI, desatada por lo que parece ser un error táctico. El Gobierno calculó mal, parece, a las fuerzas que enfrentaba. Calculó mal la reacción de aquellos a los que trataba de intimidar. Calculó mal porque, dicen muchos especialistas hoy, buscó un beneficio político en la guerra y no dar una respuesta a la criminalidad.

Históricamente, la presencia de los grupos de narcotráfico generaba cierta tensión en entidades como Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Guerrero y Michoacán. Pero desde ese 11 de diciembre de 2006, el fenómeno de la violencia asociado a esas bandas criminales se fue extendiendo por casi todo el territorio nacional.

Diez años después de que Calderón iniciara esta guerra, la violencia continúa. Y mientras nos sobreponemos de una tragedia sobreviene la otra y temblamos porque en una década hay muchos muertos que no se han desenterrado. Y esto es una realidad, y no una metáfora. Hace más de tres años se reconocieron 27 mil desaparecidos y el Gobierno federal ha dejado de contar.

Madres, padres, familias enteras recorren por su pie los campos en busca de sus desaparecidos; abren la tierra con los dientes, escarban. El Estado no puede devolverles a sus hijos; el sistema de justicia, rebasado, no les da esperanza alguna. Las policías, corrompidas, no son aliento para nadie y entonces estas familias buscan un hueso, un cabello, lo que sea que les devuelva la paz. Lo que sea que les diga que los suyos están muertos y pueden al menos aspirar a la paz interior.

Diez años han pasado y los mexicanos no podemos explicarnos cómo es que llegamos hasta aquí. Diez años en los que es imposible incluso contar las tragedias. Migrantes fusilados; estudiantes a los que se los traga la tierra; niños asesinados por deudas pírricas de sus padres; jóvenes secuestradas por criminales que las utilizan como esclavas sexuales y a las que, cuando les va bien, regresan embarazadas; hombres y mujeres quemados vivos; una prisión en Piedras Negras, Coahuila, con hornos crematorios para desaparecer familias completas y decenas de miles que han abandonado sus hogares para entregarse a las manos del destino por la falta de un Gobierno que les garantice su seguridad.


Un “encobijado”, entre miles. Foto: Rashide Frías, Cuartoscuro

UN SEPULCRO, PARA ELLOS, DE HONOR

Todo tiene una historia detrás. Es el caso de la guerra lanzada por el Presidente Calderón.

Desde mediados de 2006, México vivía un sobresalto político. El país estaba dividido básicamente en dos: los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, y los de Felipe Calderón Hinojosa. El primero, de izquierda, argumentaba fraude en las elecciones presidenciales y había tomado el simbólico Paseo de la Reforma, en el corazón mismo de la capital mexicana. El otro, de derecha, defendía un triunfo que, de acuerdo con las cifras oficiales, se logró con una diferencia de apenas 0.58 por ciento de los votos.
La de ese año fue una campaña ruda y desgastante. El Presidente Vicente Fox Quesada metió las manos a la elección para apoyar a su partido y a Calderón, según aceptaría más adelante, algo prohibido expresamente por las leyes electorales. López Obrador acusó robo y estaba en pie de lucha. Calderón respondió con pragmatismo a quienes cuestionaban su legitimidad: “haiga sido como haiga sido”, dijo. La frase haría historia.

En ese ambiente, con el país confrontado, Calderón entró por una puerta trasera a una Cámara de Diputados tomada por la oposición, y entre empujones y gritos de “fraude” se puso la Banda Presidencial. Fue el 1 de diciembre de 2006.

En ese ambiente de confrontación política, cuestionada su legitimidad, diez días después de la bochornosa toma de posesión, Calderón Hinojosa anunció, de la nada, el lanzamiento de la Guerra contra las Drogas.

No existe un sólo registro público de que esta guerra fuera planeada con anticipación. No estaba en los discursos de campaña. No hubo consultas a los estudiosos del fenómeno del narcotráfico o del crimen organizado. No hay información que confirme reuniones de inteligencia con las distintas partes involucradas en una acción de esa envergadura, como las Naciones Unidas, el gobierno de Estados Unidos y sus agencias de inteligencia como la DEA. No hay registro de que Calderón consultara a sus contrapartes en otros países de la región.

El 11 de diciembre de 2006, Calderón anunció un operativo en Michoacán. Agentes de la Policía Federal fueron llevados a “contener” el derramamiento de sangre en la entidad, que sufría un brote de violencia. Pero aparecieron además elementos del Ejército mexicano y de la Marina Armada de México que, hasta entonces, no se habían destinado expresamente a tareas que le corresponden constitucionalmente a las Policías.

A partir de ese día, el Presidente Calderón haría varias apariciones vestido de militar. Impulsaría la carrera de su principal operador, Genaro García Luna, y su proyecto de una súper Policía Federal. También daría mayor presupuesto a las Fuerzas Armadas, a las que involucró en uno de los eventos más cuestionables de la historia reciente del país, y con mayor costo económico, político y social.

La guerra seguiría su curso a pesar de que, después de los primeros miles de muertos, decenas de líderes de opinión de todos los sectores pidieron al entonces Presidente revisar la estrategia.

“El Presidente Calderón no escucha”, dijeron muchos, incluso dentro de su partido.

Su aparente problema de sordera, sin embargo, tuvo un costo altísimo para los mexicanos que, hasta el día de hoy, siguen pagando incluso con su propia sangre.


Diez años sin avances. Foto: Cuartoscuro

AL SONORO RUGIR DEL CAÑÓN

Casi diez años después, no es complicado resumir la Guerra contra las Drogas de México como un fracaso. La inseguridad se ha extendido por todo el país, dicen los datos oficiales. El consumo avanzó no sólo con Calderón en el poder, sino también con el Presidente Enrique Peña Nieto. Crecieron las cifras de secuestros, homicidio doloso, extorsión. Creció el número de familias enlutadas y el de las llamada “víctimas colaterales”, término utilizado para los civiles que mueren en acciones armadas. Aumentaron la zonas destinadas al cultivo de amapola y en Estados Unidos, principal cliente de las drogas que se producen o pasan por México, las muertes por heroína se volvieron una epidemia en esta década.

Cuando se llega a la primera década de conflicto, con cerca de doscientos mil muertos, decenas de miles de desaparecidos y cientos de miles de desplazados, las violaciones a los derechos humanos ha puesto a México en los ojos del mundo. A las Fuerzas Armadas se les acusa de ejecuciones sumarias y desaparición forzada; a las policías locales, de estar en la nómina de los grupos criminales. En casi cualquier gran tragedia, en las grandes matanzas de Veracruz a Sinaloa y de Chihuahua a Guerrero, hay al menos un cuerpo de seguridad involucrado. Es decir: la justificación para lanzar esta guerra, que era someter a los criminales y dar fortaleza al Estado, se ha desmoronado.

En las calles sigue el Ejército, diez años después, y hay un sentimiento generalizado de que opera, con toda impunidad, una guerra de exterminio. Los crímenes continúan y los grupos armados han diversificado sus ingresos apoyándose en la impunidad. No existe una política de Estado efectiva para resarcir el daño a las víctimas o para alejar a los jóvenes de los grupos armados. Las policías no se han saneado y la narcopolítica parece mantener los cotos que tenía antes del inicio de la confrontación. No hay grandes avances en el sistema penal; la tortura, dice la ONU, es una práctica generalizada; las prisiones son escuelas de criminales; las operaciones de lavado de dinero siguen desarrollándose y apenas, en todo este tiempo, un atisbo de luz: la posibilidad de que a menos la mariguana sea despenalizada. Una década después, México está peor que antes y los autores de este error llamado Guerra contra las Drogas no han sido llamados a cuentas.

Este 11 de diciembre de 2016, en la fecha marcada por la Historia por ser la primera década de guerra en México, habrá mucho que lamentar y nada qué celebrar. Los grupos de narcotráfico se ajustan –cómodos– a su nueva realidad, mientras que los ciudadanos, para no variar, pagan los platos rotos.


(SIN EMBARGO.MX/ Alejandro Páez Varela / junio 26, 2016 - 12:05 am)

LAS INSTALACIONES DEL GOBIERNO MEXICANO SON MADRIGUERAS PARA LA AGRESIÓN SEXUAL Y ABUSOS

En la última década, la CNDH ha emitido 753 recomendaciones por violaciones a derechos humanos en general: atención médica inadecuada, pérdida de la vida, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, entre otras. Estas recomendaciones sólo se emiten si los involucrados son trabajadores del Gobierno. La mayoría de los ataques sexuales ocurren en propiedades del Gobierno federal, en inmuebles de particulares como casas o negocios, en instalaciones estatales y en escuelas o edificios de la SEP.


Oscar Balderas
Ciudad de México, 16 junio (SinEmbargo/VICE News).- El día que torturaron a V., la peor parte ocurrió dentro de un inmueble que pertenece al Gobierno de México: abuso sexual, amenazas de violar a su familia e intentos por provocarle un aborto.

El 13 de abril de 2012, ella comía frente a un puesto callejero en la zona centro de la ciudad de Veracruz, cuando un hombre le apuntó con un arma en la cabeza y le colocó una capucha para impedir que lo reconociera. De nada sirvió que anunciara su embarazo a gritos: al desconocido lo ayudaron otros hombres para empujarla hasta adentro de una camioneta y ahí, durante el viaje hacia un predio de la Secretaría de Marina (Semar), la golpearon hasta llevarla a algún lugar de la base naval Las Bajadas.

“Desde el momento de su detención fue objeto de agresiones físicas consistentes en […] colocación de unas pinzas en sus senos y en su vagina a fin de darle descargas eléctricas”, dice el expediente de 82 hojas con el caso de V.

“La desnudaron, la ‘manosearon’, metieron su cabeza a un tanque de agua y posteriormente le pusieron una bolsa negra en la cabeza […] amenazándola con llevar a su hijo y violarlo frente a ella, de igual forma, al referirle a sus agresores que se encontraba embarazada, éstos le dijeron que ‘le sacarían al monstruo de la panza’, pegándole en el estómago”.

Sus captores querían que V. revelara la ubicación de un tipo apodado “El Marino” y ella insistía que no lo conocía, que la confundían. Poco importó: la desnudaron, la fotografiaron, la penetraron con los dedos, la obligaron a poner sus manos sobre varias armas. Ella terminó incriminándose y al día siguiente fue acusada de delincuencia organizada y portación de armas de fuego. Hoy duerme en una prisión federal.

Su caso es la primera “recomendación” — diagnósticos que acreditan un abuso por parte de servidores públicos, aunque no tienen una consecuencia legal para los responsables — que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2016 al Gobierno federal, especialmente a la Semar: está comprobado que V. se declaró culpable luego de ser víctima de detención arbitraria, retención ilegal, tortura y violencia sexual.

En ese mismo expediente consta también la tortura de G., ocurrida el mismo día, en la misma zona de Veracruz, pero en hechos diferentes: él salía de una casa donde había cuatro personas más, cuando elementos de la Semar irrumpieron en el domicilio sin orden de cateo. A todos los golpearon, los torturaron en una base naval electrocutándolos y asfixiándolos para después acusarlos de vender droga y delincuencia organizada. Pero G. corrió con la peor suerte: lo violaron los marinos.

“Me exigían que la abriera [la boca], pero yo no accedía, hasta que me pegaron una bofetada […] uno se puso de frente a mí y oí que se bajó el cierre del pantalón […] así pasaron cuatro que me penetraron oralmente…”, declaró G. desde la cárcel para la recomendación 01/2016.

Historias como las de V. y G. forman parte de la práctica sistemática de tortura sexual en México. Lo peor es que tres de cada cuatro de esos casos ocurren en inmuebles del Gobierno federal.

EL AGRESOR SE ESCONDE EN EL GOBIERNO

En la última década, entre 2006 y 2016, la CNDH ha emitido 753 recomendaciones por violaciones a derechos humanos en general: atención médica inadecuada, pérdida de la vida, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, entre otras. Estas recomendaciones sólo se emiten si los involucrados son trabajadores del Gobierno.

VICE News analizó todos esos expedientes enviados a la administración federal y los estados del país y encontró que en 98 casos — el 13 por ciento del total— las víctimas refieren algún tipo de ataque sexual.

Al analizar dónde ocurren esas agresiones sexuales, descubrimos que 76 casos ocurrieron en propiedades del Gobierno federal, 13 en inmuebles de particulares como casas o negocios, ocho en instalaciones estatales y uno en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Para una mejor contabilidad, estos ataques se dividen en dos tipos: uno, la agresión sexual, cuyas víctimas suelen ser mujeres y narran violaciones tumultuarias, penetraciones forzadas, tocamientos en genitales y pechos, amenazas de violación a ellas o sus familiares; y dos, la tortura sexual, que es dirigida típicamente hacia los hombres y consiste en toques en los testículos, quemaduras en el pene y ser martirizados sin ropa para humillarlos, entre otros tratos degradantes.

En ambos casos, los objetivos son obtener una confesión en la que la víctima se inculpe de un delito, o inculpe a otros, y aprovechar su vulnerabilidad para humillarle.

EN VEHÍCULOS, CUARTELES Y ESCUELAS


La mayoría de las recomendaciones de la CNDH por tortura y agresión sexual es contra elementos de la Sedena. Foto: Cuartoscuro.

Respecto a las propiedades federales donde ocurren estos ataques sexuales, la mayoría se han producido en vehículos propiedad de Gobierno federal, o zonas desconocidas para las víctimas — debido a que se les vendaron los ojos o se les tapó la cara — a donde fueron llevadas en automóviles oficiales.

Esto ocurrió en 22 casos, como la recomendación 68/2012 a la Secretaría de Marina, que narra el abuso contra la adolescente E., de 15 años, quien lavaba ropa con su cuñada en un río de Coyuca de Benítez, Guerrero, cuando llegó un grupo de marinos en cinco vehículos del Gobierno.

“La subieron a la caja de una de las camionetas y posteriormente la cambiaron a otra camioneta con vidrios polarizados en donde se encontraban tres elementos navales, quienes la obligaron a quitarse la ropa, a quedarse de espaldas y a abrir las piernas mientras le tomaban fotografías y se reían de ella […] introdujeron sus dedos en la vagina, y uno de ellos la penetró con su pene, mientras la amenazaba con matarla o desaparecerla si decía algo de lo sucedido, tras lo cual eyaculó en su abdomen”, se lee en el expediente.

En empate con el primer lugar — también 22 casos — están los cuarteles de la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo sabe bien F., cuya historia está plasmada en la recomendación 41/2011: el Ejército mexicano lo acusó de delitos contra la salud y su martirio ocurrió en la 30/a. Zona Militar en Villa Hermosa, Tabasco.

“Aproximadamente 5 personas lo golpeaban en la cara, abdomen y pantorrillas, y con la mano cerrada en la cabeza […] y le dieron toques eléctricos en las plantas de los pies, piernas y testículos […] Describió cómo lo desnudaron, golpearon y patearon entre 5 u 8 personas en las piernas, abdomen, costillas y cara, que le introducían el dedo en las costillas y cuello y lo levantaban; que lo colocaron en cuclillas con las manos amarradas y le introdujeron un palo de escoba entre las rodillas”, establece el documento.

Y el tercer lugar — 13 casos — es para los planteles educativos y oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde típicamente los profesores son quienes agreden sexualmente a los alumnos, tal y como lo comprobó la CNDH en la recomendación 4/2015 que detalla cómo L., alumna de 14 años de una secundaria administrada por la dependencia, fue abusada sexualmente por un profesor en un plantel de la Ciudad de México.

“AR1 intentó violar a L. al tratar de penetrarla reiteradamente en contra de su voluntad, aunado a que de acuerdo a lo manifestado por L., AR1 la obligó a tener sexo oral, siendo la violación una de las manifestaciones de violencia sexual de las más graves”, se asentó en la queja.

Le siguen en frecuencia las bases navales de la Semar (ocho casos), cárceles federales (5 casos), estaciones migratorias (4), inmuebles de la extinta Secretaría de Seguridad Pública federal (1) y hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (1).

El caso de la SEP salta como foco rojo: tres de cada cuatrO recomendaciones recibidas están relacionadas con abuso sexual en sus instalaciones.

Y estos son sólo los casos públicos de la CDNH; en otras instancias, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), se guardan más casos de agresión sexual acreditada en instalaciones federales.

El de Paty, madre y empleada del Gobierno, también ocurrió en la SEP.

“PENSÉ EN QUITARME LA VIDA”



Tres de cada cuatro recomendaciones emitidas a la SEP están relacionadas con abuso sexual en sus instalaciones. Foto: Especial.

Primero, fue lo que parecía un inocente halago. “¿Qué te hiciste? ¡te ves muy bien hoy!”. Luego, subió el tono. “Qué bien se te ve ese pantalón”. Siguieron las preguntas incómodas. “¿Estás bien con lo que ganas?”, “¿No quieres tener rápido un mejor puesto?”.

Vino el acoso. Las llamadas a la oficina sin razones. Las miradas a las piernas. Los ojos clavados a los pechos. “Una madre soltera como tú merece tener otro trabajo, yo puedo ayudarte”. Un año después de la primera “galantería”, ya no hay ni siquiera el intento de disimular: él es casi siempre lascivo, impulsado por el alcoholismo que arrastra hasta el trabajo. Y todos lo toleran por miedo a perder el empleo.

Es marzo de 2010, un martes al mediodía. Los empleados están concentrados en sus computadoras, cuando ella atiende el llamado de su jefe en el despacho del octavo piso. Le pide que se siente. “¿Qué pendientes tenemos?”, pregunta él y ella empieza a enumerarlos… hasta que nota que la mira fijamente con los ojos enrojecidos: el jefe está ebrio. Y no le pone atención a la lista de tareas por hacer, sino al cuerpo que tiene enfrente. Ella siente miedo y quiere salir, pero es muy tarde.

Él intenta besarla a la fuerza. Toca violentamente su cuerpo. Ella se resiste, pero él aprovecha su fuerza para empujarla contra la pared y se asegura que Paty sienta su erección y escuche una retahíla de vulgaridades con olor a licor. Ella intenta gritar, pero su jefe le tapa la boca con la mano.

De pronto, alguien golpea la puerta. “Licenciado, le hablan…”. Apenas observa que se aleja, huye. Regresa a su lugar con la cara descompuesta y suelta el llanto. “No pasa nada… vuelve a trabajar como si nada”, aconsejan sus compañeros. Pero llorará por meses, cada vez que tenga que volver a trabajar en las oficinas de la Dirección General de Educación Indígena de la SEP y lo vea en los pasillos.

“Era tanta mi angustia, mi miedo, que sí llegué a pensar en quitarme la vida… pero no nada más yo… mi hijo es mi vida y yo sabía que iban a ir con él. Llegué a pensar en quitarle la vida a mi hijo y después quitármela yo para irnos los dos juntos”, confesará Paty a VICE News.

LA IMPUNIDAD

“El que este fenómeno ocurra en propiedades del Gobierno tiene, lamentablemente, una explicación”, asegura Nancy López, directora del Área Jurídica de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, “y es que los servidores públicos usan su posición jerárquica para apoyarse en una estructura que los arropa. Es común que usen a sus empleados como testigos para defenderse y nunca sean castigados. Por eso atacan ahí: saben que les garantiza impunidad.

“En muchos casos, además, a las víctimas de tortura sexual por parte de cuerpos de seguridad les fabrican delitos y son enviados a prisión y eso dificulta el acceso a la justicia, porque se debe enfrentar un proceso penal desde la prisión, si es que logran poner una denuncia. Además, deben vivir en reclusión las consecuencias físicas y psicológicas del abuso”, agrega Nancy López.

“¿Cómo tratas un estrés postraumático desde una cárcel, por ejemplo, en Guerrero? ¿o cómo lidias con el abuso, si debes ver a tu jefe todos los días porque no puedes darte el lujo de renunciar?”

El uso de la tortura sexual en México es tan común que en diciembre de 2015 un colectivo de organismos a favor de derechos humanos lanzó la campaña “Rompiendo el Silencio – Todas juntas contra la tortura sexual”, que acompañó el estudio “Tortura sexual en México. Contexto, prácticas e impactos”.
Sus conclusiones son devastadoras: “la tortura sigue siendo generalizada a todos los niveles”, “la impunidad por la tortura en México refleja primordialmente una falta de voluntad para investigar este delito”, “las personas detenidas en México se enfrentan a un mayor riesgo de tortura o malos tratos durante el primer período después de su detención”.

El informe incluye un conteo del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, que declaró que de los 327 casos que atendieron entre 2004 y 2013, 57 mujeres denunciaron tortura sexual y casi todas señalaron a cuerpos de seguridad del país como los responsables.

JUSTICIA A MEDIAS



 “Nosotros somos víctimas dobles: la agresión sexual del servidor público y el encubrimiento institucional. Si ya es terrible que te acosen, te violen… es peor que te pase en un edificio del gobierno”. Foto: Cuartoscuro.

A los 15 días del abuso contra Paty, ella acude al Órgano Interno de Control para denunciar al entonces coordinador administrativo por abuso sexual. La respuesta positiva de quienes la atendieron le entusiasmó. Cree que su jefe sería investigado, pero no es así. Él se entera de la acusación y le ofrece dinero, vacaciones y reubicarla de lugar a cambio de silencio. Pero la burocracia de la SEP impide que Paty cambie de plaza.

Entonces, el jefe agresor emerge: inicia una campaña de desprestigio contra la víctima. “Ella se me acercó”. “Fue su culpa por provocarme”. Cuando se da cuenta que ella no quitará la denuncia, pasa a las amenazas. “No andes sola por las noches, Paty, te puede pasar algo. Piensa en tu hijo pequeño”.

Ella llora todo el tiempo y dos compañeras lo notan. Le confiesan que también son víctimas de él. “Es el jefe”, excusa una. “No se puede hacer nada contra él”, secunda la otra. Entonces, Paty entiende que así se protege el agresor: atacando en inmuebles del gobierno para no ser acusado. Pero Paty está convencida de que sí se puede hacer algo. Pese a las amenazas, decide ir adelante con las denuncias y trata de estar fuerte en el horario laboral, aunque en casa se derrumbe.

Durante 15 meses, Paty pelea contra Goliat hasta que algo inesperado ocurre: el entonces titular de la SEP, Alonso Lujambio, conoce el caso y pide hablar personalmente con ella. En la reunión entre ambos, el fallecido político le brinda apoyo y ordena que se le reinstale y se haga una investigación rápida contra el coordinador administrativo.

Sólo así, Paty encuentra justicia, pero a medias: ella es reubicada en otras oficinas de la SEP, donde sus jefes actuales la apoyan y la respetan, y él fue despedido hace año y medio, inhabilitado para tener un cargo público por 10 años y hallado culpable por el delito de abuso sexual agravado con una sentencia de 2 años 8 meses… pero que nunca cumplirá porque el juez le fijó una fianza que pagó al siguiente día. Él ahora está libre.

Pese a todo, su caso, presume Jaime Rochín, consejero presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), es uno de éxito: Paty está en el Registro Nacional de Víctimas, lo que le permite tener asesoría jurídica gratuita, acompañamiento psicológico sin costo y aspirar a una indemnización económica por parte de Estado mexicano.

“Nosotros somos víctimas dobles: la agresión sexual del servidor público y el encubrimiento institucional. Si ya es terrible que te acosen, te violen… es peor que te pase en un edificio del gobierno. Vas a tener todas las de perder”, dirá Paty, quien ya puede continuar su vida sin la ayuda psicológica. Demostrará a su hijo que se puede ser víctima y convertirse en una sobreviviente.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE VICE NEWS.


(SIN EMBARGO.MX/OSCAR BALDERAS/VICE MEDIA JUNIO 26, 2016 - 4:56 PM)

TAYLOR SWIFT ENFUCERE CONTRA KANYE WEST POR DESNUDARLA

La rubia estrella del pop es una de las celebridades que aparecen desnudas en la cama del rapero en su polémico videoclip 'Famous'






En la cama de West y Kardashian aparecen las réplicas en cera de Donald Trump, Bill Cosby, Rihanna, Caitlyn Jenner, Anna Wintour, George W. Bush, Chris Brown y Johnny Depp, así como sus respectivas ex parejas Amber Rose y Ray J. (Tidal)

CIUDAD DE MÉXICO.- La estrella pop Taylor Swift estalló en furia al ver que su imagen se usó sin su autorización para mostrarla desnuda en la cama de Kanye West para el nuevo video de "Famous" del provocador rapero y además en la letra la llama "perra" y asegura que él la hizo famosa.

De acuerdo con la sitio "Hollywood Life", Swift está pensando "cómo responder" a lo que hizo West, quien levantó gran revuelo con el material de su tema "Famous".

"Taylor está furiosa después de ver el video de Kanye. Se siente agredida. Ella sabe que él es impredecible pero no pensó que fuera tan lejos", declaró una fuente cercana a la rubia cantante.

El informante también comentó que podría demandarlo.

"Está armando una estrategia con su equipo acerca de cuál debe ser su siguiente movimiento", agregó.



ORGÍA DE CERA

En el recién estrenado clip del polémico cantante aparecen varios famosos desnudos en la cama junto al músico y su esposa, Kim Kardashian, entre los que destacan el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, el comediante Bill Cosby, la cantante barbadense Rihanna, Caitlyn Jenner, la jefa de redacción de la revista "Vogue", Anna Wintour, el ex presidente George W. Bush, el rapero Chris Brown y el actor Johnny Depp.

Sin olvidar a Amber Rose y Ray J., la primera ex pareja de West y el segundo otrora novio de Kardashian, con quien protagonizara un candente video íntimo que tras filtrarse terminaría siendo comercializado.

West no pidió autorización para usar la imagen de ellos, ya que son figuras de cera, en una polémica escena representa el momento después de una orgía.

El conflicto entre Taylor y Kanye viene desde 2009, en la entrega de los MTV Video Music Awards, cuando West interrumpió el discurso de Swift para decir que Beyoncé merecía el premio.

El pasado febrero, en la entrega de los Grammy, Swift respondió al rapero cuando recogió su premio de Mejor Álbum, con la declaración: "Quiero decirles a todas las jóvenes ahí afuera que hay gente que, a lo largo del camino, intentará menoscabar tu éxito y atribuirse el mérito de tus logros o de tu fama".


(EXCELSIOR/ REDACCIÓN / FOTOS: TOMADAS DE TIDAL Y REUTERS/ 26/06/2016 16:51)