sábado, 7 de mayo de 2016

INDIGNA MUERTE EN REDES SOCIALES


Una ola de indignación ha ocasionado en redes sociales la muerte a balazos de Óscar Eduardo Ortega Rodríguez, de 33 años, ocurrida en un presunto enfrentamiento con infantes de la Marina.

ACRIBILLADA. La camioneta Chevrolet Silverado, presentaba decenas de impactos de armas de grueso calibre.

El cuerpo del occiso quedó  en el asiento del conductor de una camioneta Chevrolet Silverado color guinda, sin placas de circulación, la cual prácticamente fue acribillada a balazos, ya que presentaba ráfagas de impactos de bala en parabrisas y carrocería.

En reacción al boletín oficial que reporta un agresor abatido, amistades del occiso, entre éstos el doctor Patricio Alejandro de León, manifestó en su espacio de la red que ayer, momentos antes de los hechos había cenado con su amigo Óscar Rodríguez y que pasaron un rato muy agradable.

De León subrayó: “No puede ser que los soldados le hayan hecho esto a un gran amigo no contaba con ninguna arma ni con ninguna droga se los puedo asegurar por lo que sea, no puede ser que ahora por cualquier cosa nos maten o nos empapelen y nos metan armas drogas y dinero”.

Demandó que “los soldados se hagan responsables de sus estúpidos actos ese es su gran trabajo, no que están preparados según ellos”.

Puntualizo: “Muchas personas de nuestra gran ciudad Reynosa pueden aparecer muertas y nada más ellos te van a poner un arma drogas y dinero y ellos van a decir, es que era del crimen organizado, no podemos dejar que pase esto, hay que hacer algo y que se les juzgue como asesinos también es lo que hicieron con mi gran amigo”.

Por su parte, Jorge Sosa, quien se dice amigo del hombre acribillado a balazos, asegura que Óscar Eduardo se dedicaba a la compra de autos en subasta para venderlos y ganar el dinero.

Hermilo Con Achee comentó: “Soy candidato a diputado por el 7o. distrito, él era mi amigo, el día domingo me ayudó a sacar muebles de mi oficina en Vista Hermosa en esa camioneta, la camioneta no es ni blindada ni traía armas ni drogas, esto no se va a quedar así”.

“Espero que pronto se aclare la situación. Descanse en paz”, respondió en su cuenta al opinar en la página de Facebook Reynosa Código Rojo.

Mientras tanto, familiares de Óscar Eduardo manifestaron su inconformidad por la forma en que se está llevando el caso, ya que presuntamente las autoridades le están adjudicando delitos que el occiso –aseguran-, no cometió.

Anunciaron que al concluir las diligencias de reclamación del cuerpo de su familiar podrían convocar a una rueda de prensa para patentizar ante la opinión pública su indignación por la supuesta denigración de Óscar Eduardo en los medios de difusión.


(EL MAÑANA / STAFF / 07 / MAYO / 2016)

“VOY A BUSCAR A MIS ABUELOS PARA QUE ME AYUDEN A DESPERTAR A MIS PAPIS”


La falta de abanderamiento fue la causa del fatal accidente sobre la autopista México-Puebla, a la altura del Eje 10 sur

México.- “Voy a buscar a mis abuelos para que me ayuden a despertar a mis papis”, fue el desgarrador comentario que hizo Jeremy “N”, un niño de 4 años que encontraron policías de Valle de Chalco la madrugada del domingo, cuando caminaba por los carriles centrales de la carretera México-Puebla, momentos después de que sus padres y hermano murieran en un trágico accidente.

“Algo le pasó al auto de mis papás, los vi tirados sobre la carretera junto con mi hermanito y como los jaloneaba y jaloneaba y ninguno despertaba, me asusté y caminé porque quiero llegar a la casa de mis abuelos para que me ayuden a despertarlos”, dijo el inocente pequeño a los agentes.

Alrededor de las 03:00 de la madrugada del sábado una pareja murió al estrellar su auto contra una protección de concreto colocada sobre el carril de baja velocidad de la autopista México-Puebla, a la altura del Eje 10 sur y el cerro Santa Catarina, en los límites de la Ciudad de México y el Estado de México.

El impacto fue de tal magnitud que los cuerpos de los dos ocupantes, que viajaban en la parte delantera de un Volkswagen sedan, salieron disparados contra el pavimento a pesar de que tenían puestos los cinturones de seguridad.

En el momento se informó que otro niño, de aproximadamente tres años edad, también había resultado lesionado y trasladado al hospital de la Cruz Roja en Ixtapaluca. Lamentablemente falleció en el camino. El pequeño era el hermanito de Jeremy.

Aunque el menor sobreviviente no presentaba lesiones visibles, hecho que calificaron los rescatistas como un milagro, paramédicos lo trasladaron al hospital Fernando Quiroz, en el municipio de Valle de Chalco.

El menor logró informar que su papá se llamaba Antonio González Juárez y su madre Esmeralda y que al momento del accidente se dirigían a su domicilio, en el municipio de Chalco.

Durante el levantamiento de los cuerpos, peritos mexiquenses mencionaron que la falta de abanderamiento fue la causa principal de este fatal accidente, por lo que se inició una averiguación previa contra quien resulte responsable.


(EL MAÑANA/ LETRA ROJA/ 5 / MAYO / 2016 - 10:13 A.M.)

“LA IMPLOSIÓN DE PEMEX ES PEOR DE LO PENSADO”: ANALISTAS; LA AYUDA DEL GOBIERNO NO ALCANZA, DICEN


Un enorme pasivo laboral, una deuda millonaria -que llevó a Moody’s a rebajar su calificación crediticia-, una caída en su Producción de crudo y un problema de liquidez han envuelto a Petróleos Mexicanos (Pemex) en una implosión “más severa” de lo percatado hasta ahora. Es un camino muy duro por delante. La inyección de capital por 73 mil 500 millones de pesos del Gobierno Federal no fue suficiente al no ser una solución a largo plazo, afirman analistas.


Ciudad de México, 7 de mayo (Sinembargo) .- “Hace dos años Petróleos Mexicanos (Pemex) estaba siendo cortejado como la chica más hermosa de la habitación y todos trataban de asociarse con la empresa, pero ahora todos la miran diferente”, afirmó John Padilla, director de la consultaría en temas energéticos IPD América Latina. La implosión de la petrolera es “más severa” de lo que muchos se han percatado, declaró al portal Euromoney .

 “Tienen que evaluar la realidad de donde están parados”, expuso. “Pero es un camino muy duro por delante”.

Marzo y abril fueron meses difíciles para Petróleos Mexicanos. A unos días de recibir un rescate financiero por 73 mil 500 millones de pesos por parte del Gobierno Federal, se registró una explosión de una planta del Complejo Petroquímico de Pajaritos en Coatzacoalcos, Veracruz, perteneciente a una firma de la empresa Mexichem y de la ahora Empresa Productiva del Estado.

El accidente, que causó la muerte de 32 contratistas, fue el último de una serie de incidentes fatales que envuelven a la paraestatal, cuya pérdida histórica en 2015 fue de 712.6 millones de pesos, 36 por ciento más de lo que reportó en febrero a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por 521 mil 607 millones de pesos, reveló esta semana al Senado de la República.

“La intervención no fue suficiente”, dijo a Euromoney Fabiola Ortiz, analista de Standard & Poors en México. “Continuará necesitando apoyo del Gobierno federal. Necesitamos ver qué pasará con los precios bajos del petróleo y la producción de la compañía, pero el problema sigue ahí”.

La apertura de campos y activos a la inversión privada, mediante la Reforma Energética, no ha dado los frutos esperado. Se supone que eso ayudaría a transformar a la compañía, por el contrario, la firma se ha atrincherado más, consideró John Padilla, de la Consultaría IPD América Latina.

“Generalmente con la apertura del mercado la expectativa es que la compañía productora del Estado se fortalezca, pero eso no ha pasado”, declaró Padilla.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) especificó en abril que para recibir la inyección de capitales, Pemex deberá comprometerse a reducir su pasivo, el cual asciende a un billón 474 millones 008 mil 528 pesos. Asimismo, deberá implementar mecanismos para gestionar adecuadamente el pasivo.

“Eso [el pasivo y la deuda] es un gran pedazo, incluso para el Gobierno”, afirmó Padilla. “El Gobierno Federal ofreció una cantidad mínima, pero no es una solución a largo plazo”.

En marzo pasado, Moody’s ajustó la perspectiva de la calificación de México de estable a negativa porque el débil rendimiento económico y las continuas dificultades externas, así como la situación de Petróleos Mexicanos, aumentan el riesgo de que la deuda no se estabilice por Encima del horizonte de calificación e inclusive la aumente más del 40 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

El mismo día, Moody’s de México bajó la calificación de Pemex de Baa1 a Baa3 con perspectiva negativa porque los débiles indicadores crediticios que muestra empeorarán conforme continúen financiando sus inversiones de capitales con fuentes externas ante los bajos precios del petróleo.

Pemex, administrada por José Antonio González Anaya, combate un problema de liquidez. Tiene un adeudo por 147 mil millones de pesos con más de mil proveedores y los precios del petróleo siguen a la baja.

Sin embargo, los inversores de deuda aún no presionan el botón de pánico. “Somos conscientes de las luchas de Pemex”, dijo a Euromoney Jack McIntyre, analista de Brandywine Global. “Los bajos precios del petróleo claramente han presionado a Pemex y a México, pero pensamos que estamos siendo compensados”.

De 2016 a 2018, Moody’s de México estima que la producción de Pemex bajará en promedio 5 por ciento anual como consecuencia de una capacidad “limitada” para realizar las inversiones que se requerirían para estabilizar la producción.

De acuerdo con su último reporte trimestral, la producción de petróleo crudo de Pemex fue en promedio de 2 mil 230 millones de barriles, un 3 por ciento inferior al promedio del primer trimestre de 2015.

Los bajos precios del petróleo y la elevada carga fiscal seguirán siendo los factores principales que generen el flujo de efectivo libre negativo.

Petróleos Mexicanos reportó en abril a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que tuvo una pérdida neta por 62 mil millones de pesos en el primer trimestre de 2016, menor de los 100 mil 546 millones de pesos informados en el mismo periodo del año pasado.


(SIN EMBARGO.MX/ REDACCIÓN / SIN EMBARGO MAYO 7, 2016 - 4:02 PM)

EL GOBIERNO DE COAHUILA SE ENDURECE CONTRA PERIODISTAS Y OLVIDA EL ESTADO DE DERECHO: ONGS


El Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, ha insistido a lo largo de su mandato en que la prensa estatal no publica nada sobre “los triunfos” que se tienen en contra de la delincuencia y la inseguridad. Y ese es su lado de la moneda, pero en el primer trimestre de este año, Artículo 19 ha documentado cuatro agresiones graves contra la prensa en esa entidad.



Ciudad de México, 7 de mayo (SinEmbargo).– Desde el 3 de mayo pasado, día en que se conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el diario Vanguardia ha sido blanco de agresiones directas e intimidaciones, además de blanco de una demanda del ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdez, que incluye a la reportera Roxana Romero, por supuesto daño moral tras la publicación de una nota sobre la autorización de la pensión del priista por su labor como maestro en la entidad.

Grupo civiles nacionales e internacionales a favor de la libertad de expresión han condenado esos ataques y sus alarmas se encendieron el viernes pasado, cuando decenas de policías de la entidad irrumpieron con violencia en casa de Armando Castillo Galindo, director del periódico Vanguardia.

Decenas de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) se han pronunciado al respecto y exigen al Gobierno de Coahuila apegarse al Estado de Derecho, pues hay un aumento en las acciones intimidatorias contra los medios de comunicación en la entidad: en el primer trimestre de este año se han documentado cuatro agresiones contra la prensa local, plantea un reciente informe de la organización internacional Artículo 19.

Ayer, además, el reportero de la fuente policiaca Sergio Raúl Hernández Gijon, de la emisora “La Rancherita del Aire”, fue detenido por elementos de la policía de Piedras Negras, Coahuila, después de tomar fotografías de un choque entre dos patrullas. “Aquí no puedes tomar fotos”, le dijo un elemento y lo esposó. Por la tarde, el Secretario del Ayuntamiento, José Hermelo Castillón Martínez, informó que el policía fue cesado.

EL CASO VANGUARDIA

“Desde hace unas semanas Vanguardia y sus periodistas están sufriendo una serie de actos de difamación, espionaje, acoso, vigilancia, intimidación y un ataque cibernético por motivos desconocidos”, denunció el diario el jueves pasado.

El martes, la periodista Roxana Romero fue objeto de actos de intimidación, denunció Artículo 19, ya que dos sujetos siguieron el taxi donde ella se trasladó de la redacción a su casa. Dado que la unidad pasó al menos dos veces más frente al domicilio, Romero y su familia dejaron su hogar durante algunos días.

La reportera cubre temas de educación y notas comunitarias y humanas. No maneja información de seguridad pública desde hace más de un año.

El pasado 27 de enero diversas páginas web fueron creadas para difamar, insultar e intimidar a miembros de Vanguardia, al igual que a otros periodistas y comunicadores de Coahuila. Asimismo, el 25 de abril los servidores del medio fueron atacados desde un DDoS desde Puebla, Coahuila y Nuevo León, pero el equipo técnico logró bloquear el ataque cibernético.

Durante la madrugada del viernes, alrededor de 30 elementos de Fuerza Coahuila, el grupo de seguridad estatal, desalojaron de su casa con exceso de violencia a Armando Castilla Galindo, director del diario, y fue despojado de sus pertenencias.

“No podemos ignorar que este presunto acto judicial coincide con las denuncias que hemos realizado en los últimos días para dar a conocer actos de ‘vigilancia’ e intimidación que han sufrido miembros dede nuestro personal y nuestro Director”, expuso Vanguardia.

Ante esto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares al Secretario General de Gobierno del Estado de Coahuila, Víctor Manuel Zamora Rodríguez, “con objeto de evitar que se ponga en riesgo la integridad personal y la seguridad física del personal del diario Vanguardia”.

Artículo 19 exigió al Gobierno de Coahuila, encabezado por Rubén Moreira Valdez, se apegue al Estado de Derecho en el seguimiento del proceso judicial iniciado por daño moral y omita el desarrollo de prácticas desproporcionadas y arbitrarias para amedrentar a los integrantes de Vanguardia.

El Comité para la Protección de los Periodistas mostró su preocupación por la agresión al director del diario, Armando Castilla.

“El CPJ está seriamente preocupado por el allanamiento en la casa del director de Vanguardia y las denuncias de intimidación efectuadas por el periódico”, afirmó.

Otros organismos internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa, la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, y el Comité para la Protección de Periodistas expresaron su apoyo hacia la casa editorial. Además, al menos 21 diarios de otros estados también han mostrado su respaldo.

En marzo del 2011 un comando armado secuestró a un editor de Vanguardia; el 29 de mayo de ese año las instalaciones fueron atacadas con una granada y sitiadas por un comando armado durante más de media hora; el 25 de abril del 2013 el fotógrafo de Sociales, Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, fue asesinado y su cuerpo desmembrado; en marzo de 2014, otros dos editores fueron amenazados y acudieron ante la Fiscalía Federal de Delitos para Periodistas, quienes les asignaron un botón de pánico un año después.

El Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, ha insistido a lo largo de su mandato en que la prensa estatal no publica sobre “los triunfos” que se tienen en contra de la delincuencia y la inseguridad.

MOREIRA Y SU PENSIÓN



El ex mandatario de Coahuila, Humberto Moreira, al salir de prisión. Foto: EFE

Humberto Moreira Valdez fue profesor de una secundaria técnica y el titular de la Secretaría de Educación Pública de Coahuila  (Sedu) antes de gobernar la entidad y posteriormente ser el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Ahora recibe 37 mil 128 pesos mensuales de pensión. De acuerdo con el texto de la periodista Roxana Romero, publicado el 18 de febrero, la obtuvo de manera irregular al no cumplir con los periodos requeridos.

Moreira Valdés se pensionó con el 100 por ciento de sus sueldo al –él dice– haber cumplido 30 años 15 días de servicio. Sin embargo, el documento de la Sedu afirma que el ex mandatario solamente estuvo activo durante 17 años y cinco meses en el ramo de la educación, único periodo durante el que aportó al Servicio Médico y a la Dirección de Pensiones.

El obtener un beneficio sin haber reunido los requisitos que establece la Ley de Pensiones puede  generar que se le cancele la pensión y además ser sujeto de denuncia por la Comisión del Delito Equiparable al fraude, como lo establece el artículo 110 de la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales de los Trabajadores de la Educación.

Vanguardia publicó esta nota a raíz del escándalo por su detención en España.

“El Profe” Moreira llegaba al aeropuerto de Madrid-Barajas el 15 de enero cuando fue detenido bajo cargos de lavado de dinero, malversación de fondos durante su gobierno en Coahuila y vínculos con el crimen organizado.

Sin embargo, aunque ese mismo viernes fue encarcelado sin derecho a fianza para evitar que huyera del país, días después fue puesto en libertad al no encontrar pruebas en su contra. A pesar de que el político dijo que se quedaría en Barcelona para continuar con sus estudios de maestría, el cuatro de febrero arribó a la Ciudad de México. “Mancharon mi honor”, declaró sobre el proceso judicial bajo el que estuvo durante semanas.

“SIN PRENSA NO HAY DEMOCRACIA”


En los primeros tres meses de este año se documentaron 69 agresiones contra la prensa, de las cuales destacan los asesinatos de tres periodistas, reportó Artículo 19 en su primer informe trimestral de 2016 “Sin prensa no hay democracia”.

Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la organización internacional informó que en este periodo las entidades con mayor número de agresiones fueron Veracruz, con 17; Guerrero, con 11; y Ciudad de México, con 9. Durante todo el año pasado también registraron la mayoría de ataques a la prensa.

“Cuando se agrede a la prensa se vulneran los derechos de los ciudadanos a la libre expresión y a la información, y termina por desestimar la labor de los periodistas en la sociedad. Sin embargo, el Estado es omiso y negligente en su obligación por brindar justicia, verdad y reparación del daño en los casos de violencia contra la prensa. La impunidad que prevalece en el país es un aliciente para la repetición constante de estos actos. Las condiciones para que los periodistas y comunicadores ejerzan su labor, no ha mejorado, al contrario cada vez son más precarias”, acusó Artículo 19.

Lucía Vergara, de Artículo 19, dijo a SinEmbargo que la impunidad también es parte de una agresión. “Cuando matan o amenazan a periodistas y no se investiga, se da un llamado a los agresores a que sigan cometiendo acciones contra los periodistas”, expuso.

De las 69 agresiones, 33 de los casos los responsables fueron funcionarios. De estos, 12 involucran a elementos del Ejército o Fuerzas federales.

“Las autoridades niegan responsabilidad y no existe iniciativa por abrir investigaciones en contra de ningún servidor público. Esto impide el acceso a la justicia y verdad para las víctimas”, denuncia el informe.
Vergara declaró en entrevista que es preocupante que las autoridades, en vez de investigar, desprestigien o desacrediten a los periodistas.


(SIN EMBARGO.MX/ Dulce Olvera / mayo 7, 2016 - 9:00 pm)

PAJARITOS: LA DETALLADA HISTORIA DE UNA VENTA AMAÑADA


La venta del Complejo Petroquímico Parajitos se pactó desde el gobierno de Vicente Fox, revela a Proceso el ingeniero José de la Cruz Chung, quien entre 2001 y 2003 se encargó de los trabajos de ampliación de esa planta. El especialista muestra expedientes para documentar las pifias de Pemex Petroquímica para beneficiar a la empresa Mexichem, del banquero Antonio del Valle, quien adquirió todo el complejo a precio de ganga. Y aun así no cumplió con los acuerdos pactados. Luego vino la explosión del 20 de abril

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La entrega del Complejo Petroquímico Pajaritos (CPP) al banquero Antonio del Valle y su firma Mexichem fue un acuerdo transexenal pactado entre la administración de Felipe Calderón y la de Enrique Peña Nieto. Pero antes de “regalárselo” a un 60% de su valor, fue “saqueado” durante la administración de Vicente Fox.

Así lo revelan memorándums de entendimiento consultados por Proceso, el último de los cuales data de 2009; el manual de operación de 2011, que obliga a Mexichem a invertir en el complejo 200 millones de dólares –lo que la empresa no había hecho hasta el pasado 20 de abril, día de la explosión en el área de Clorados III, donde murieron 32 trabajadores y un centenar resultaron heridos–, así como denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) y documentos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Los activos del CPP entregados incluyen la Planta Derivados Clorados III, según cifras de Pemex; la Planta de Etileno, los turbogeneradores de energía eléctrica y vapor, así como los servicios auxiliares y el almacén de monómero de cloruro de vinilo (VCM).

El motivo por el cual el gobierno de Calderón decidió vender el complejo fue para que Mexichem tuviera en sus manos la cadena de producción completa, cuyo producto último es el policloruro de vinilo (PVC), y evitar el riesgo de que “cerraran” las empresas que aportan las materias primas, entre ellos la planta de Pajaritos.

A cambio de este apoyo, el 10 de septiembre de 2013 el dueño de la compañía se comprometió a invertir 200 millones de dólares en el CPP; sin embargo los 87 millones de dólares que correspondían sólo a la planta Clorados III no se habían aplicado al día de la explosión, revela el ingeniero José Daniel de la Cruz Chung, quien fue el encargado del proyecto de ampliación de esa planta entre 2001 y 2003.

El especialista comenta a Proceso que hasta el 20 de abril pasado estaban operando cinco equipos –TT-501, AS-501, PC-316, el TT-402 y el TT-504–, adquiridos en la época en que él tuvo a cargo el proyecto de ampliación de Clorados III.

Aclara que, por negligencia de Rafael Beverido Lomelín, quien llegó a la dirección de Pemex Petroquímica en 2001, los cinco estaban dañados. No descarta, dice, que uno de ellos haya sido el causante del accidente de la semana antepasada.

PRIMERO, EL SAQUEO

Los desaciertos cometidos en la planta de Clorados III y en conjunto del CPP se iniciaron con la administración de Vicente Fox y de Beverido Lomelín, puntualiza De la Cruz Chung, quien durante 26 años trabajó en la entonces subsidiaria de Pemex.

Muestra incluso las denuncias presentadas ante la PGR por daños a Pemex-Petroquímica por la venta irregular del Complejo Petroquímico Cosoleacaque “como chatarra”, así como por el mal ejercicio de recursos durante la ampliación de la planta de Clorados III.

También exhibe contratos, dictámenes técnicos, costos y oficios de la dirección general de Petroquímica Pajaritos, donde se reconoce el daño a los equipos, e insiste en que uno de ellos pudo haber provocado la explosión del 20 de abril pasado.

La compleja historia arranca con la ampliación de la planta de Clorados III ocurrida entre 2001 y 2003. El proyecto tuvo un costo de 3 mil millones de pesos, cantidad similar a la que, 10 años después, pagó el banquero Del Valle para quedarse con todo el CPP.

La denuncia presentada ante la PGR el 2 marzo de 2010, por ejemplo, establece como objeto de posible delito la “ingeniería, procura y construcción de la ampliación de la planta de derivados Clorados III de 200 mil a 405 mil toneladas por año; su integración y puesta en operación; daño a las instalaciones, elaboración de contratos de compra de materia prima y venta de cloruro de vinilo”.

En esa ampliación participaron la empresa española Duro Felguera y la propia Petroquímica. A la primera se le otorgó el contrato CO-PA-04-01 por 74 millones 395 mil dólares, que obligaba a la firma hispana a aportar algunos equipos.

Se firmó otro contrato por 54 millones de pesos con Prestación de los Servicios Profesionales –el CO-PA-32/00– para el monitoreo y coordinación de todas las obras necesarias para la ampliación, y otros con diversas compañías para la compra de “equipos críticos” por 22 millones de dólares. Sin embargo, dice De la Cruz, “éstos estaban por debajo del proyecto y los pagó Pemex-Petroquímica”.

Antes de que concluyeran los trabajos de ampliación y el contrato mismo, Pemex-Petroquímica exigió a Duro Felguera que “echara a andar” los equipos nuevos, algunos de los cuales estaban muy deteriorados. Eso causó daños estimados en 400 millones de pesos. También se averió un horno, cuya reparación costó 900 millones de pesos.

Como prueba de las afectaciones causadas por la necedad de echar andar equipos antes de que concluyera el proyecto, De la Cruz muestra el oficio de la Dirección General de Petroquímica Pajaritos, en el cual se admite “el daño a los equipos nuevos integrados al proyecto Clorados III: el TT-5001, AS-501, PC-316, TT-402 y TT-504”.

En resumen, la ampliación resultó con “un daño de 2 mil millones de pesos”, según la denuncia de De la Cruz, encargado del Proyecto de ampliación de Clorados III.

Antes, el 18 de noviembre de 2008, él mismo interpuso una denuncia penal en la PGR donde aludió a la solicitud de un préstamo de 20 millones de dólares autorizado por el Deutsche Bank “con cargo al proyecto Clorados III” (expediente Ac/PGR/VER/CTZ/1/051/2008).

Relata que, como encargado del proyecto, le pidieron firmar esa solicitud con el pretexto de que era para “financiar el proyecto y la compra de equipos”. Él se negó pues, dice, el proyecto contaba con una partida presupuestal y no requería esos recursos.

En su querella detalla que en la revisión de la cuenta pública de 2002 por parte de la ASF hay un solo pago por 7 millones 616 dólares con cargo al crédito solicitado al Deutsche Bank. “Todavía no sabemos qué pasó con el resto de dinero”.

ACUERDO TRANSEXENAL

El 5 de mayo de 2009 el director de Pemex-Petroquímica, Rafael Beverido Lomelín, firmó con Mexichem el memorándum de entendimiento para entregarle la planta de Clorados III.

El documento, cuya copia obtuvo Proceso, así como los memorándums de entendimiento de septiembre de 2007 y de enero de 2008 –que reveló la ASF– existían, incluyendo el Manual de Operación del 15 de noviembre de 2011. Los documentos muestran que la entrega del complejo petroquímico al banquero Del Valle se hizo el 10 de septiembre de 2013 –durante la administración de Peña Nieto–, con la firma de la entrega final.

Pemex Petroquímica pidió a la empresa Oxy Vinyls una evaluación de la planta de Clorados III –que había sido saneada con la ampliación de 2001 y 2003–, y que dicha evaluación se entregara a Mexichem para que ésta hiciera su propuesta de compra.

Así, en lugar de entregar la evaluación a Pemex-Petroquímica, el gobierno pidió que se enviara a la empresa de Del Valle. Según las declaraciones de ambas partes, durante 2008 “el tecnólogo” de Oxy ­Vinyls realizó una evaluación operativa de la planta Clorados III y entregó a Mexichem los documentos titulados: Pemex Pajaritos VCM III Plant Assessment y Capital Project Budgetary Investment Estimates, en lo sucesivo Evaluación 2008.

Ambas partes –Pemex-Petroquímica y Mexichem– se obligan mantener en secrecía durante 10 años el memorándum “y toda información relacionada con el mismo”.

Mexichem establece que “es productor de cloro y de plicloruro de vinilo (PVC), que requiere el incremento en la producción de cloruro de vinilo (VCM) para estar en posibilidad de integrar la cadena de cloro hasta PVC, tal y como lo realizan los principales productores de PVC en el mundo, siendo así más rentable. Por lo tanto, ha considerado integrar dicha cadena en México”.

Los firmantes reconocen también “la necesidad de alentar la industria nacional a través de la integración de la cadena cloro-VCM-PVC… necesidad de realizar inversiones en equipo y tecnología para incrementar producción… hacer negocios rentables bajo un entorno de mercados abiertos a la libre competencia para no correr el riesgo de cerrar sus respectivas instalaciones en el país”.

En la ampliación de Clorados III (2001-2003) se planteó aumentar la elaboración de cloruro de vinilo a 405 mil toneladas por año. Con dicho memorándum, Mexichem se comprometía a invertir 60 millones de dólares, recuerda la diputada federal Rocío Nahle, que ha trabajado en Pemex-Petroquímica.

VENTA A MODO

Tanto Nahle como el ingeniero De la Cruz cuestionaron que Pemex-Petroquímica aceptara que Oxy Vinyls, encargada de hacer la evaluación de Clorados III, entregara a la postora Mexichem el documento de 2008.

Oxy Vinyls dijo lo que necesitaba la planta y, con base en ello, Mexichem hizo la propuesta de compra años más tarde.

En el sexenio de Felipe Calderón se intentó todo para concretar la entrega de Pajaritos a Antonio del Valle. El 20 de octubre de 2011 la entonces Comisión Federal de Competencia autorizó “la concentración de la cadena productiva” y el 9 y 17 de noviembre de ese año tanto Pemex como Pemex-Petroquímica “recomendaron a sus consejos de administración aprobar” la alianza estratégica entre Mexichem y Pajaritos.

Ya echada a andar la entrega, el 15 de noviembre de 2012, 16 días antes de que Enrique Peña Nieto llegara a Los Pinos, el gobierno de Calderón elaboró el Manual de Operación de la sociedad tomando como base las necesidades que la misma Oxy Vinyls elaboró en 2008.

Esa firma, al igual que OxyChem, forma parte de la Occidental Petroleum Corporation. De manera coincidente, el 30 de julio de 2012 Mexichem anunció que crearía una empresa conjunta con OxyChem para producir 500 mil toneladas al año de etileno y así garantizar el suministro a largo plazo para producir PVC.

El CPP produce etileno, Mexichem (que esta frente al complejo) produce cloro. La mezcla de etileno y cloro genera cloruro de vinilo, materia que se requiere para producir PVC.

Ante la pregunta de por qué se le encargó a Oxy Vinyls la evaluación de la planta de Clorados III en 2008, el ingeniero De la Cruz explica que Geon Co., es el dueño de la patente de las plantas de los clorados. Aclara también que “después de que Geon tuvo problemas económicos, lo absorbió Oxy Vinyls, por ello le correspondió a ésta hacer la evaluación, porque Pemex-Petroquímica está obligado a recurrir al dueño de la patente, pero no a entregar los resultados de la evaluación a Mexichem”.

A diferencia de los 60 millones de dólares que Mexichem se comprometió aportar en 2009 si se quedaba con Pajaritos, en el Manual de Operación del 15 de noviembre de 2011 se habla de 200 millones.

La sociedad que finalmente se firmó el 10 de septiembre de 2013 tuvo, para Mexichem, un costo de 3 mil millones de pesos, e incluyó la planta de Clorados III, la de etileno, los turbogeneradores de energía eléctrica y vapor, así como los Servicios Auxiliares y almacén de VCM.

La sociedad entre Mexichem y Pemex-Petroquímica dio origen a la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo, dada de alta en España, donde 58.5% es propiedad de Mexichem y 41.5 % de Pemex.

En la página cuatro del Manual –activos que participan en la sociedad– se establece:

“Todos los activos del Complejo Petroquímico Pajaritos, excepto los que se indican en el punto 3.2. El alcance incluye las instalaciones de proceso que comprenden las plantas de producción de etileno, de monómero de cloruro de vinilo (VCM), de producción y distribución de servicios auxiliares, tratamiento de efluentes, así como los edificios, talleres, vialidades internas, racks de tuberías y demás infraestructura necesaria para la producción y almacenamiento de etileno y VCM, las instalaciones y patios de vías para el embarque de VCM en carros tanque e infraestructura para el envío de VCM a la terminal marítima.”

De acuerdo con el ingeniero De la Cruz, la venta de todo el CPP en 3 mil millones de pesos fue una ganga, pues tan sólo la ampliación de Clorados III, a inicios de 2001, tuvo un costo de 3 mil millones de pesos; en servicios auxiliares se pagaron mil 500 millones de pesos; por cuatro tanques de almacenamiento de cloroetano, 40 millones; por tres de cloruro de vinilo, 75 millones, y en turbogeneradores se invirtieron 289 millones.

En total, la cifra es cercana a los 5 mil millones de pesos; es decir Mexichem pagó 60% del costo de lo que invirtió Pemex aquellos años. Por si fuera poco, la empresa de Del Valle se comprometió a invertir 87 millones de dólares sólo en la planta de Clorados III. Hasta el 20 de abril pasado no lo había hecho, reitera De la Cruz.

En la revisión de la cuenta pública de 2013, la ASF confirma fallas en los equipos al explicar por qué no se alcanzó la producción estimada: “No obstante, por la antigüedad y las condiciones físicas de las plantas, la producción programada en ese periodo se afectó por fallas en los equipos de la planta de Clorados III en la sección de pirólisis en los vaporizadores y en los hornos”.


(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ JESUSA CERVANTES/ 5 MAYO, 2016)

A 10 AÑOS DE ATENCO: TORTURA SEXUAL, PRÁCTICA COMÚN DE LA POLICÍA MEXICANA


CIUDAD DE MÉXICO (apro-cimac).- A 10 años de la tortura sexual perpetrada por agentes federales y estatales contra 27 mujeres en operativos policiacos realizados en las localidades mexiquenses de Texcoco y San Salvador Atenco, siguen saliendo a la luz casos similares que demostrarían que en México la violación sexual es una práctica común de las fuerzas de seguridad.

Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analiza si el Estado mexicano es responsable o no de la tortura sexual contra 11 de las 27 mujeres que decidieron denunciar sus casos, las organizaciones civiles continúan documentando nuevas violaciones.

De encontrar indicios de responsabilidad, la CIDH podría remitir el caso Atenco a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), el máximo tribunal continental que en 2009 condenó a México por los casos de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, violentadas sexualmente por militares en el estado de Guerrero en 2002.

La CoIDH ha emitido tres condenas por violación sexual como forma de tortura: dos contra México y una contra Brasil. Y aunque no hay plazo para conocer la decisión de la CIDH respecto al caso Atenco, este es el tercer hecho de violación sexual cometida por agentes del Estado mexicano que se ventila ante una instancia internacional.

La CIDH analiza el caso de tortura sexual como una acción que se usó contra las mujeres que en 2006 protestaron por la reivindicación de sus derechos. En los operativos de aquel entonces hubo 207 detenidos, la mayoría gente que apoyaba a un grupo de floricultores que serían desalojados del Mercado Belisario Domínguez, aunque hubo otras personas arrestadas que no participaron en la movilización social.

Las sobrevivientes denunciantes son Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.

El caso llegó hasta la CIDH porque el 4 de abril de 2007 la Procuraduría General de Justicia del Estado de México archivó la averiguación. Ante esta falta de justicia, el 29 de abril de 2008 las sobrevivientes solicitaron al organismo analizar el caso con el objetivo de buscar justicia a nivel internacional.

Aunque la CIDH sólo actúa cuando se agotan los mecanismos nacionales, el órgano interamericano decidió aceptar la solicitud ante la dilación e ineficacia de las instancias mexicanas.


 “Tierra sí, aviones no”, el reclamo de Atenco en el Tribunal Agrario. Foto: Miguel Dimayuga


CASO ABIERTO

La abogada Araceli Olivos Portugal, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que representa a las 11 mujeres ante la CIDH, explica que el caso sigue abierto y en investigación, gracias a la presión de organismos internacionales como el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y a la insistencia de las sobrevivientes.

Mientras ellas litigan contra el Estado mexicano por el caso Atenco, a la fecha hay 50 personas acusadas de participar en la violación sexual: 12 policías presos, acusados de tortura por omisión; 21 médicos señalados por encubrimiento, quienes llevan el proceso en libertad; un agente del Ministerio Público imputado por tortura, y 16 órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar.

Las primeras detenciones de los policías iniciaron hasta seis años después de los hechos, en julio de 2012, luego de que representantes del Estado mexicano se presentaron ante el CEDAW para informar que había “avances” en las investigaciones.

Sin embargo, hasta ahora no hay policías acusados de cometer tortura, sino de encubrirla. Aun así, Olivos Portugal asegura que la acusación es trascendente porque encubrir el delito invisibiliza el problema. Seguramente el caso Atenco, apunta la abogada, es uno de los pocos en México que tiene tantos procesos penales abiertos por tortura sexual.

Tampoco se ha investigado la responsabilidad de las personas al frente de esos operativos. Y es que, según la defensora, si bien desde 2012 hay una averiguación abierta para determinar probables conductas delictivas, no se especifica que sea para investigar a los mandos policiacos.

En 2006 el secretario de Gobierno del Estado de México era Humberto Benítez Treviño, actual presidente del Colegio Mexiquense; Wilfredo Robledo fungía como secretario de Seguridad Pública –hoy asesor de seguridad del candidato priista al gobierno de Veracruz, Héctor Yunes Landa–; el jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva era Ardelio Vargas Fosado, ahora comisionado del Instituto Nacional de Migración, y el actual titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, era gobernador de la entidad.


Sigue la resistencia en Atenco contra el nuevo aeropuerto. Foto: Hugo Cruz


INACCIÓN JUDICIAL

En meses recientes, otras de las 207 víctimas que fueron detenidas y sometidas a tratos crueles durante los operativos en Texcoco y Atenco declararon y dieron nombres de personas que, dijeron, deberían ser llamadas para que rindan su testimonio, ya que coordinaron los operativos. Sin embargo, esto no ha derivado en alguna orden ministerial para llamarlos a declarar.

Según Olivos Portugal, estos casos de tortura sexual reflejan el patrón de discriminación en razón de género en el contexto de represión de una protesta social, dado que el día de los operativos las mujeres estaban en el lugar apoyando una manifestación pacífica para evitar el desalojo de los vendedores de flores.

Desafortunadamente, explica la abogada, la tortura se sigue usando en el país en las mismas circunstancias, tomando en cuenta que el Centro Prodh ha documentado otros casos. Incluso en 2014 las sobrevivientes de Atenco lanzaron una campaña por la justicia, en la que reunieron otros testimonios de mujeres víctimas de violación sexual por parte de agentes de seguridad.

Entre estas mujeres están Norma Jiménez, Yolanda Muñoz, Verónica Razo, Belinda Garza, Valentina Rosendo, Inés Fernández, Yesenia Armenta, Cristel Piña, Miriam Isaura López y Claudia Medina.

Y resaltan también los casos de tortura durante el traslado de internas del Centro Federal Femenil Noroeste, en Tepic, Nayarit, en diciembre de 2015, y en febrero de 2016 contra internas del Centro de Prevención y Readaptación Social Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León, cuando fueron llevadas al recién inaugurado Centro Federal de Readaptación Social número 16, ubicado en Morelos.

De acuerdo con testimonios recibidos por el Centro Prodh, durante el traslado, las mujeres que estaban bajo custodia de agentes federales y/o de custodios fueron víctimas de tortura y malos tratos, incluidos actos de tortura sexual como violación, tocamientos, descargas eléctricas, golpes e incomunicación.

Estos casos aún están en proceso de documentación por parte de grupos civiles, por lo que no hay un número preciso de mujeres víctimas, aunque ya hay una investigación abierta por parte de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR).

Para la litigante, estas denuncias son graves porque ocurren en las mismas circunstancias en que se dieron los casos de Atenco, es decir, tortura durante un traslado, en el que las mujeres son más vulnerables por encontrarse bajo custodia de policías y sin supervisión alguna. La única diferencia es que las internas no estaban en una protesta social.

Al respecto, entre 2014 y 2015 el Relator Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU, Juan E. Méndez, recopiló información de los estados y encontró que las mujeres y las niñas están particularmente expuestas a sufrir torturas y maltratos al ser privadas de su libertad y permanecer en prisión preventiva.

En este contexto, el Senado analiza ahora una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, enviada por el Ejecutivo federal en 2015, y en la que las organizaciones buscan incidir para que se castigue la tortura sexual.

Sobre la denuncia internacional, luego de analizar la situación y recibir información de las víctimas y del Estado mexicano, la CIDH podría pasar el caso a la CoIDH para que dicte una posible sentencia, o bien llegar a una solución “amistosa” entre las partes, opción que las mujeres de Atenco descartan de antemano.


(PROCESO / REPORTAJE ESPECIAL/  ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ / 2 MAYO, 2016)

TRES MENORES PLANEAN Y ASESINAN A MADRE E HIJA EN IZTAPALAPA


CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La tarde del pasado 3 de mayo, un hombre llegó a su casa en la delegación Iztapalapa y al entrar a la cocina encontró a su esposa y a su hija adolescente tiradas en el piso, inconscientes y entre manchas de sangre.

La Procuraduría General de Justicia capitalina informó en un comunicado que el principal sospechoso del doble homicidio es un menor de 17 años, presuntamente ayudado por sus cómplices de 13 y 16 años. Según su reporte, los menores planearon el crimen días antes en un cuaderno y con una maqueta.

Eran las 17:05 horas del pasado martes, según la averiguación previa del caso, cuando policías capitalinos recibieron el llamado de auxilio de un hombre que les avisó de lo que encontró al llegar a su domicilio ubicado en la calle Diego Rivera esquina Ramos Millán, colonia San Miguel Teotongo, Sección La Joya, en la delegación Iztapalapa.

Al entrar al lugar vieron a la mujer de 39 años y la menor de 14 postradas en el suelo. De inmediato llamaron a una ambulancia. Cuando llegaron los paramédicos confirmaron que la mujer ya había muerto a causa de las cortaduras que recibió en el cuerpo. Sin embargo, la adolescente aún tenía signos vitales y fue llevada a un hospital público, pero fue inútil. También perdió la vida.

Según la versión de la PGJ capitalina, minutos antes del descubrimiento del doble homicidio, una persona observó al joven de 17 años que varias veces llevó agua en una cubeta al cuarto donde fueron encontradas las víctimas.

Cuando le preguntó qué hacía, el menor le contestó que “estaban estudiando junto con sus compañeros y que se habían salpicado de pintura”. Según el testigo, el adolescente traía manchas rojas en el cabello, la cara y las mangas de la playera que vestía.

Con base en ese testimonio, elementos de la Policía de Investigación (PDI) se dirigieron a la casa donde vivía el menor sospechoso y, con la autorización de su madre, entraron al lugar donde encontraron “una maqueta y un cuaderno de notas cuadriculado con los supuestos planos de departamento donde se llevó a cabo el homicidio, así como los objetos utilizados en el ilícito”.

Tras las supuestas pruebas halladas, las autoridades iniciaron una averiguación previa en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes.

La Procuraduría informó que en las próximas horas ejercitará acción de remisión contra el menor, como probable responsable del delito de homicidio calificado. De los supuestos cómplices no ofreció información alguna.


(PROCESO/ LA REDACCIÓN / 5 MAYO, 2016)

INFARTO EN PLENO PARTIDO ARREBATA LA VIDA AL FUTBOLISTA CAMERUNÉS PATRICK EKENG


CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El futbolista camerunés Patrick Ekeng, del Dinamo de Bucarest, se desplomó en pleno partido y perdió la vida víctima de un infarto fulminante durante el juego de la liga rumana.

El jugador, de 26 años cayó al césped al minuto 70 sin que hubiese contacto físico de por medio por algún contrincante o compañero, apenas siete minutos después de haber ingresado de cambio.

Ekeng fue trasladado en ambulancia a un hospital de urgencias, donde falleció después de realizarle maniobras de reanimación durante 90 minutos, confirmó el jefe de los servicios médicos del club, Liviu Paltinean.

En 2003, el compatriota de Ekeng, Marc Vivien Foe, corrió con la misma suerte en el partido contra Colombia de la Copa Confederaciones, disputada en Francia.

Tras el triste desenlace, el partido entre Dinamo de Bucarest y el Viitorul Constanza fue suspendido.

En la cancha el drama invadió a los jugadores de ambos equipos.

Mircea Rednic, entrenador del Dinamo, dijo que previo al juego Ekeng no presentó alguna molestia física.


(PROCESO/ LA REDACCIÓN/ 6 MAYO, 2016)

HALLAN SEIS EJECUTADOS EN VERACRUZ; TENÍAN HUELLAS DE TORTURA Y EL TIRO DE GRACIA


XALAPA, Ver. (proceso.com.mx).- Automovilistas que circulaban en la autopista Xalapa-Veracruz reportaron a la Secretaría de Seguridad Pública el hallazgo de tres cuerpos “embolsados” en el libramiento de Plan del Río, entre la congregación del mismo nombre y la de Cerro Gordo.

Al arribar fuerzas federales y de la Policía Ministerial y Fuerza Civil detectaron el hallazgo de un total de seis cuerpos sin vida, a la orilla de la carretera, un kilómetro antes de la caseta de peaje.

Los cadáveres, aún sin identificar, presentaban el tiro de gracia y signos evidentes de tortura; uno de ellos se encontraba degollado.

En el lugar del hallazgo se estableció un cerco de seguridad, mientras otros automovilistas optaron por transitar por la carretera libre, para evitar el tráfico lento y la revisión de las autoridades estatales y federales.

Al lugar arribó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), Servicios Periciales y una cuadrilla de la Policía Ministerial.

Hasta el momento la FGE no ha emitido un comunicado oficial al respecto.

Un policía estatal, quien pidió el anonimato, precisó que el punto exacto del hallazgo fue en la carretera Federal 140, en el kilómetro 29, a un costado de la cinta asfáltica.

“Primero vimos unas bolsas negras amarradas con cinta canela por lo que se procedió a verificar qué era, viendo que eran los cuerpos de tres personas en completo estado de putrefacción, dos (cuerpos) adentro de las bolsas y otro completamente desecho”, expuso.

Minutos más tarde, fue la Policía Ministerial quien halló tres cuerpos más, desnudos, con el tiro de gracia y con huellas de tortura.


(PROCESO / NOÉ ZAVALETA/ 3 MAYO, 2015)

INVESTIGA EU LAS CUENTAS OSCURAS DE TELEVISA


Por enésima vez el consorcio de Emilio Azcárraga Jean es investigado por ocultar información, pero esta vez lo hacen la Securities and Exchange Commission –la máxima autoridad de regulación bursátil de Estados Unidos– y el Departamento de Justicia estadunidense a partir de un documento anónimo que recibieron la semana pasada. La información también llegó a The Wall Street Journal, que soltó la bomba informativa el jueves 5. Televisa respondió de inmediato y se dijo víctima de “un intento orquestado para infligir un daño a la reputación de la compañía y sus empleados”. Sin embargo, los datos sobre los escamoteos financieros de Televisa están documentados.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Una vez más las cuentas “ocultas” de Grupo Televisa con los gobernadores, partidos políticos y el gobierno federal mexicano están bajo la lupa, pero ahora en Estados Unidos.

Apenas supo del contenido del documento de 15 cuartillas enviado a la Securities and Exchange Commission (SEC) –la máxima autoridad de regulación bursátil de Estados Unidos– y al Departamento de Justicia donde se revelan los datos, el jueves 5 y el viernes 6 la empresa de Emilio Azcárraga Jean intentó desmentirlo.

Calificó de “ficticias y sin fundamento” las acusaciones y afirmó que la carta anónima es “un intento orquestado para infligir un daño a la reputación de la compañía y sus empleados”, pero no negó las investigaciones emprendidas en Estados Unidos contra el consorcio televisivo.

Televisa también anunció una “investigación interna” a cargo del bufete de abogados de Nueva York, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, y advirtió a la Bolsa Mexicana de Valores que “ejercerá todas las acciones legales a que haya lugar contra los responsables de la carta”.

No es la primera vez que Televisa reacciona de esta manera frente a las revelaciones de sus cuentas secretas. Desde octubre de 2005 este semanario ha documentado las estrategias y planes de acción para vender cobertura informativa favorable a gobernadores, incluido Enrique Peña Nieto, quien firmó con el consorcio un Plan de Acción que lo llevó a ser el candidato presidencial del PRI en 2012 (Proceso 1512, 1513, 1857 y 1958).

Televisa siempre negó públicamente la autenticidad de los documentos que sustentaban este acuerdo con Peña Nieto y que todos los días se confirmaba en la pantalla televisiva. En 2012 incluso amenazó con emprender acciones legales contra el periódico británico The Guardian si no se “disculpaba” por la publicación de información sobre la estrategia a favor del exgobernador mexiquense.

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2062, ya en circulación

(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIA/ JENARO VILLAMIL/ 7 MAYO, 2016)

ACAPULCO, EL IRAK GUERRERENSE


Las videograbaciones de dos tiroteos ocurridos el 24 de abril en la costera Miguel Alemán se difundieron masivamente en internet y evidenciaron la violencia exacerbada que asuela Acapulco. Ese día la avenida dedicada al turismo sufrió lo que padecen las colonias y barrios periféricos del puerto, que son cotidianos campos de batalla entre hordas de niños y jóvenes sicarios a las órdenes de algún cártel local. Pese a ello, las autoridades acapulqueñas insisten en minimizar los hechos, acusan de todo a las redes sociales y afirman que la ciudad “no es Irak”. Pero la terca realidad los contradice.

ACAPULCO, Gro. (Proceso).- La calle central de la colonia Renacimiento nada tiene que ver con la costera Miguel Alemán. Aquí el aire es seco y los árboles son tan escasos como los turistas después de una balacera. Es el otro Acapulco, insalubre, pobre y marginado, donde apenas se oculta el sol la gente se refugia en sus casas ante el peligro de ser presa de sicarios o halcones.

Todos los días las colonias y barrios de las orillas de Acapulco son campo de batalla entre hordas de niños y jóvenes sicarios a las órdenes de alguno de los cárteles locales. La ciudad tiene el primer lugar en el cuadro de terror de todo el país con 312 desaparecidos en 2015. Los números rojos de asesinatos se volvieron ultravioletas desde 2012, cuando empezó a disputar el primer sitio en ese rubro con Cuernavaca, Tijuana, Ciudad Juárez o Ecatepec. El año pasado Acapulco fue considerada la segunda ciudad más peligrosa del mundo, con casi mil 200 asesinatos.

Los habitantes de las colonias marginales se han acostumbrado a los tiroteos diarios y a las ejecuciones que ya son plática cotidiana. Pero la noche del 24 de abril esa violencia periférica bajó hasta la zona turística de la costera Miguel Alemán creando una ola de pánico como nunca se había visto aquí.

“El lunes Acapulco parecía como si fuera un día después de la fiesta de Navidad. No había nadie en las calles, todos los negocios estaban cerrados. Los taxis no salieron a trabajar, ni los bolilleros que venden el pan todas las mañanas salieron”, dice una muchacha de la colonia Coloso, otra de las zonas más peligrosas del puerto.

Ese 25 de abril las calles principales de Acapulco estaban desiertas. “Fueron 3 mil 800 negocios los que cerraron ese día, nunca había visto algo así”, precisa Alejandro Martínez, representante de la Cámara Nacional de Comercio en Acapulco.

La noche anterior había habido un par de balaceras a lo largo de la costera. Empezó por la playa de La Condesa, en el restaurante Tamales Licha, donde según la versión oficial un grupo de policías federales se enfrentó con cobradores de cuotas de un cártel. La balacera siguió en el hotel Alba Suites, donde se hospeda la Gendarmería, y luego siguió en las oficinas de la Policía Federal en la Costera 125.

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2062, ya en circulación


(PROCESO / REPORTAJE ESPECIAL/ JOSÉ GIL OLMOS / 7 MAYO, 2016)

VIDEO: POLICÍAS AGREDEN A PASAJERO QUE ACUSA INTENTO DE EXTORSIÓN


Ciudad de México.- Elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CESC) agredieron a un pasajero que los grabó con su celular, luego de que presuntamente intentaran extorsionar al chofer de una camioneta del transporte público.

El video difundido en Facebook, muestra cuando el pasajero se acerca al policía, a quien le pregunta su nombre y le señala que está para cuidar a la ciudadanía, no para pedir papeles de tránsito al chofer.

Luego de percatarse de que estaban siendo grabados, los policías intentan quitar la cámara al hombre que los evidenciaba, cuando aparentemente ya los habían dejado ir.

Se observa que llegan más agentes estatales, quienes se acercan al pasajero y le dicen que "están haciendo su trabajo”.

Ante ello, el ciudadano les responde: “Es un operativo de seguridad, es que le pidió usted al chofer dinero y me consta, le pidió sus papeles de tránsito”.

"Bueno déjenos ir, déjenos trabajar”, se escucha que el chofer intercede.

Cuando arranca la camioneta nuevamente un oficial abre la puerta y reclama, sin embargo, el pasajero argumenta que es periodista, por lo que finalmente los dejan ir.

"Pinches rateros, sí hijo de la … le dije, yo oí que le pediste dinero. Cómo me intentaron quitar la cámara porque los estoy grabando”.



(ZOCALO/ EXCÉLSIOR/ 07/05/2016 - 07:05 PM)

FOTOS: REAPARECE PUEBLO TRAS TREINTA AÑOS BAJO EL AGUA


Infobae | Venezuela.- Una sequía expuso los restos sumergidos del pueblo de Potosí, en Venezuela, abandonado por sus habitantes en 1984 cuando el valle fue inundado para construir la presa hidroeléctrica Uribante Caparo, de gran importancia para la nación.

Los pobladores de ese lugar jamás pudieron acceder al tendido eléctrico y les costaba comprender que tenían que trasladarse de allí contra su voluntad para que otros tuvieran luz. Las ruinas se encuentran a 1.100 metros sobre el nivel del mar y, según lo describe la página web del gobierno de Táchira, se trata de un sitio "mágico".

Actualmente se puede apreciar lo que quedó de la iglesia de San Isidro Labrador, un templo de 26 metros de altura que se terminó en 1953. También quedó cubierto por el agua un cementerio que también emergió este año tras una sequía provocada por el fenómeno El Niño.

La fundación de Potosí se remonta a mediados del siglo XIX y tenía un almacén, un dispensario, una escuela, prefectura, plaza y su iglesia.







(ZOCALO/ AGENCIAS/ 07/05/2016 - 08:11 PM)