miércoles, 27 de abril de 2016

MATAN A ESPOSO E HIJO DE UNA MUJER POLICÍA




*En Agua Dulce

Agua Dulce, Ver.-En la madrugada de este martes, asesinan a balazos al esposo e hijo de una mujer de la Policía Municipal, quienes se encontraban durmiendo al momento de la agresión.

El doble homicidio se llevó a cabo alrededor de las 02:00 horas en el domicilio marcado con el número 10 de la calle Taciste, de la colonia el Bosque del municipio de Agua Dulce.

A dicho lugar arribaron varios sujetos, presuntamente a bordo de dos vehículos, quienes con armas de grueso calibre, empezaron a disparar en dirección al inmueble, para luego ingresar y dar muerte a las dos personas que dormían en esos momentos.

En el interior del domicilio, quedaron los cuerpos sin vida de Everardo Martínez Guzmán de 51 años de edad y su hijo Kevin Sánchez Guzmán de 21 años, quienes presentaban varios impactos de bala.

Tras darse conocer sobre este hecho sangriento, arribaron al lugar elementos de la policía municipal y otras autoridades policiacas, quienes solicitaron datos de los agresores y de las unidades, para iniciar la búsqueda de estos.

De igual forma, arribó al lugar la esposa y madre de las víctimas, quien en esos momentos se encontraba laborando, ya que es policía municipal, indicando que cuando le dieron aviso, se trasladó al lugar y en el trayecto vio como dos camionetas negras salían de la colonia a exceso de velocidad.

MATAN

Tras la llegada de agentes de la Policía Ministerial y Servicios Periciales se llevaron a cabo las diligencias preliminares, para luego trasladar ambos cuerpos al Semefo para la práctica de la necrocirugía de ley.

Cabe hacer mención que en el lugar de los hechos, los peritos de la fiscalía, levantaron 27 casquillos percutidos de calibre .233.




(EL DICTAMEN/ JORGE L. ZAPOT/ 27 DE ABRIL DEL 2016 A LAS 1:47 AM)

SITIA MARINA PLAZA COMERCIAL EN BUSCA DE PISTOLERO


Se esconde sujeto armado en centro comercial del Morelos tras abrir fuego contra Fuerzas Armadas


Otra vez. Se registra balacera en Reynosa, ahora buscan a pistolero en Del Río Plaza Comercial.

Por aire y tierra, elementos de la Marina buscan a un sujeto armado que ataco a las Fuerzas Federales y se ocultó en el Del Río Plaza Comercial.

Los hechos ocurrieron a las 16:15 horas de este día cuando repentinamente se escucharon detonaciones y momentos después aparecieron elementos de la Marina en busca del agresor.

En esa zona de la ciudad fueron tirados ponchallantas para impedir el acceso de las Fuerzas Federales quienes hacían labor de búsqueda desde el aire y con dos helicópteros.

Atrás del centro comercial, ubicado en la colonia Bermúdez, instalaron también un filtro de inspección para identificar a sujetos armados o relacionados con el ataque a tiros.

Esa zona de la ciudad se mantiene fuertemente vigilada por elementos Federales, mientras que en el centro comercial establecieron una estrategia de seguridad que impide ingreso y salida del mismo.



(EL MAÑANA/ REYNOSA/ LA TARDE/ STAFF27 / ABRIL / 2016 - 05:27 P.M.)

LOS 32 MUERTOS ERAN DE EMPRESAS ‘OUTSOURSING’, NINGUNO DE PEMEX: MEXICHEM


JALAPA, Ver. (Apro).- El director general de Mexichem, Antonio Carrillo Rule, aseguró que de los 32 obreros fallecidos en la doble explosión del área de Clorados III del complejo petroquímico Pajaritos, ni uno solo era empleado de Pemex o de Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV), pues quienes perdieron la vida eran obreros de empresas contratistas como Gamza, Ica Flour y Welding, entre otras.

En declaraciones a la agencia local AVC, al periódico Milenio y al grupo Imagen, entre otros, Carrillo Rule explicó que, aunque la planta Clorados III es operada por PMV, eran contratistas quienes hacían las tareas de mantenimiento y de control de válvulas, así como las remociones en los andamios.

“Había más de 700 contratistas trabajando en la modernización de la planta, desgraciadamente todos los fallecidos que tenemos son gente de los contratistas, no son trabajadores de Pemex", aclaró.

Sin pretenderlo, Carrillo corroboró las quejas de familiares y amigos de las víctimas, quienes han recriminado en el puente Coatzacoalcos I y a las afueras del complejo Pajaritos que ni a fallecidos, ni a heridos, la empresa Mexichem, Pemex, PMV o el gobierno federal les ha apoyado con los gastos funerarios, ni tampoco han hablado de alguna indemnización.

El directivo de Mexichem --empresa que obtuvo la concesión de Pajaritos hace tres años, casi al arrancar el sexenio de Peña Nieto-- atajó que PMV es una empresa que tiene su propio consejo de administración, sus empleados, su estructura independiente. y que en el área de Clorados III operaban puros contratistas.

Este martes por la tarde la empresa PMV y Mexichem abrieron las puertas del complejo Pajaritos a la prensa local, en aras de acallar un poco las críticas en torno al número de desaparecidos, la dificultad de identificar a los muertos, así como el deslinde que han hecho de los empleados fallecidos y cuyas empresas outsourcing del petróleo no han querido apoyar ni en los gastos funerarios.

En medio de fierros quemados, de las estructuras de Pajaritos destruidas y tras un cerco de cien metros del lugar donde ocurrió la explosión, fotoperiodistas y camarógrafos recorrieron el complejo petroquímico

A los reporteros y fotógrafos se les permitió realizar su labor en un área acordonada, esto a unos 100 metros de distancia del lugar exacto de la explosión.

Desde el ingreso al lugar se pueden ver cristales rotos, ventanas que hoy son cubiertas con bolsas negras y pedazos de metal esparcidos por todo el suelo.


(NOTIVER/ NOÉ ZAVALETA/  27 ABRIL, 2016 10:09:00)

ACAPULCO: JOYA DEL NARCO


La violencia se ha desatado en Guerrero como resultado de la guerra que mantienen por el control de esa entidad las células criminales de cinco cárteles de las drogas



La alerta de viaje emitida por el Gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos de evitar Acapulco no es fortuita: en Guerrero la violencia sigue.

Es el resultado de la guerra que mantienen por el control del estado las células criminales de cinco cárteles de las drogas, en donde la “Joya de la Corona” es Acapulco.

La espiral violenta, que no ha podido detener la administración del gobernador Héctor Astudillo, manifestó su crudeza con las balaceras que se vivieron el pasado domingo por la noche, sobre la costera Miguel Alemán, en donde sicarios se enfrascaron en tres enfrentamientos que duraron más de dos horas.

El volátil estado de inseguridad que se vive en Guerrero también ha sido detonado por los choques entre policías ciudadanos (autodefensas) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que han declarado una guerra abierta a todas las células del crimen organizado.

La crudeza de la violencia en Guerrero, más allá de los hechos del domingo, ya había dado una muestra en noviembre del año pasado, cuando en la comunidad de Polixtepec, en el municipio de Leonardo Bravo, autodefensas se enfrentaron con miembros de una célula del crimen organizado conocida como la Banda de Villalobos Arellano.

La refriega duró siete horas, con saldo de tres delincuentes abatidos y cinco heridos entre los autodefensas. Pese a lo prolongado del encuentro, nunca se presentó la policía estatal.

Otra balacera ya se había protagonizado en el puerto de Acapulco. Sujetos armados se enfrentaron a balazos en las inmediaciones de la playa “La Angosta”, cerca de “La Quebrada”, en donde el saldo fue de dos personas muertas y pánico generalizado entre la población.

El comisionado nacional de seguridad, Renato Sales, ha reconocido que los hechos violentos en Guerrero son resultado de la confrontación de dos cárteles -de los que ha omitido el nombre-, pero en la fiscalía general del Gobierno del Estado se habla de la confrontación a muerte de los grupos de Beltrán Leyva y del Pacífico, que reclaman como suyo el control del puerto de Acapulco.

ALIANZAS ‘ESTRATÉGICAS’

El cártel de los hermanos Beltrán Leyva se ha aliado con las bandas delincuenciales conocidas con Los Rojos, Los Granados, Los Ardillos y El Cártel Independiente de Acapulco, en tanto que el Cártel del Pacífico se unió a los grupos criminales La Barredora y Comando del Diablo.

A la pelea principal por el puerto de Acapulco entre los grupos de Los Beltrán Leyva y del Pacífico se ha sumado también la disputa -con ambos cárteles-, de las células de La Familia, Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Caballeros Templarios, los que también se encuentran aliados con organizaciones criminales menores, pero igualmente violentas.

También hay alianzas entre el cártel de La Familia con los grupo locales conocidos como El Comando Negro, Pueblo Pacifista Unido y Nueva Alianza de Guerrero; el Cártel Jalisco Nueva Generación ha podido hacer pacto de unidad con los grupos Nuevo Cártel de la Sierra, La Tejona, Los Tequileros y Los Calentanos.

Por su parte, Los Caballeros Templarios están peleando el control del puerto junto con Los Pelones, Luzbel del Monte, El G1, La Empresa, La Resistencia, Ejército Libertador del Pueblo y Los Temerarios.

Frente a este panorama, el gobernador Héctor Astudillo ha rehuido hablar sobre el tema de la violencia. Solo quiere hablar de “cosas buenas”. Así resume las líneas de acción de su gobierno para encarar la nueva crisis que afronta la entidad. Ha dejado la seguridad en manos de la Federación.

TERROR EN EL PUERTO

La violenta confrontación que mantienen los cárteles de las drogas en el estado de Guerrero ha permeado en el ánimo de la sociedad. En Acapulco nadie se siente seguro. Así lo ha evidenciado la escasa presencia de gente en los centros comerciales y mercados.

La costera Miguel Alemán prácticamente está desierta. La presencia de elementos del Ejército y de la Policía Federal Preventiva no alcanza para motivar a la población al retorno de las actividades cotidianas. Sólo en algunos puntos turísticos de las playas de Acapulco parece que no hay miedo.

Los comercios cierran más temprano que de costumbre. Las actividades no se alcanzan a normalizar en las más de 100 escuelas que suspendieron clases desde el lunes. En algunas instituciones educativas de nivel medio superior y superior, principalmente de la Universidad Autónoma de Guerrero, la ausencia de alumnos fue notoria el martes.

En el sector hotelero saben que la violencia de los últimos días podría detonar en una crisis económica para el ramo. La violencia les ha pegado no sólo en el impacto emocional de los turistas, sino en la alza de extorsiones que siguen llegando.

Desde marzo pasado, la asociación de hoteles y restaurantes de Acapulco ya había advertido, en voz de su presidente Francisco Aguilar Ordóñez, sobre de la necesidad de un cambio en la estrategia de seguridad para encarar la violencia en el puerto, la que sigue empujando a pérdidas a ese sector.

La muestra más palpable de la situación que enfrentan los hoteleros de Acapulco se observa con el cierre del hotel El Kiosco, el que luego de 40 años de servicio ininterrumpido tuvo que suspender su servicio indefinidamente, como resultado de los cobros de extorsión.

VIOLENCIA GENERALIZADA

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno federal, en Guerrero se registran al menos ocho focos de violencia generalizada.

La causa principal de la violencia, apuntó un funcionario de la dependencia, es la disputa por el control del territorio para el trasiego de drogas. En lo que va del año se registra un saldo de 137 muertos en enfrentamientos en estos ocho focos.

Los principales sitios de disputa que se mantienen en Guerrero son: Ciudad Altamirano y Arcelia, Tixtla y Chilpancingo, el puerto de Acapulco y Ometepec, en la Costa Chica. La costa de Zihuatanejo, y en Metlaltonoc, en la zona de La Montaña.

> Cártel Jalisco Nueva Generación
Se alió con Nuevo Cártel de la Sierra, La Tejona, Los Tequileros y Los Calentanos

> Los Caballeros Templarios
Reclutaron a Los Pelones, Luzbel del Monte, El G1, La Empresa, La Resistencia, Ejército Libertador del Pueblo y Los Temerarios

> Cártel de La Familia
Va con El Comando Negro, Pueblo Pacifista Unido y Nueva Alianza de Guerrero.

> Para tomar Acapulco
Alianzas entre cárteles con grupos criminales de Guerrero:

> Cártel de los Beltrán Leyva 
Apoyado por Los Rojos, Los Granados, Los Ardillos y El Cártel Independiente de Acapulco

> Cártel del Pacífico
Pelea por el puerto junto con La Barredora y Comando del Diablo.


(REPORTE INDIGO/ J. JESÚS LEMUS/ MIÉRCOLES 27 DE ABRIL DE 2016)

TODOS EXPUESTOS


El informático Chris Vickery se vio involucrado por accidente en la mayor filtración de datos personales en la historia de México. La fuga del padrón electoral ocurre justo cuando se discute una Ley para sancionar el mal uso de la información en poder de las autoridades



Desde septiembre de 2015 es que estaba la base de datos en línea, sin ninguna contraseña o encriptada, accesible al ojo público que la encontrara

"Está allá afuera (la información) porque los humanos son flojos(...), yo no hackeo nada, solo encuentro cosas que están ahí afuera, accesibles al público”

"No es una falla informática; es más un descuido de alguien que no puso candados de seguridad”

Chris Vickery,
Experto en seguridad computacional

93.4 millones de votantes estaban dados de alta en el padrón filtrado

12,000 dólares costaba en Tepito el listado actualizado del IFE, en 2010

¿Se imagina su foto, edad, nombre y dirección en manos de un criminal?

En esta época una de las formas más fáciles de suplantar la identidad de un ciudadano es teniendo sus datos personales.

Esos que el Instituto Nacional Electoral (INE) del País debe guardar con toda reserva.

Esos para los que incluso está por concretarse una reforma a la Ley de Protección de Datos Personales para sancionar el mal uso de esta información.

El 14 de abril el texano Chris Vickery, de 31 años, encontró la mina de oro. Lo que cualquier miembro del crimen organizado pagaría por tener en sus manos.

La diferencia es que el estadounidense lo encontró de manera gratuita, sin contraseña, sin dinero de por medio ni restricciones.

Vickery se topó con el padrón electoral del 2015 del INE de manera íntegra en los servidores de almacenamiento de Amazon. No tenían ningún tipo de encriptación o paso de seguridad. La base de datos le llamó la atención por pesar 132 gigabytes (GB) y estar disponible bajo el nombre “padron2015”.

Para el experto en seguridad computacional, ésta es la evidencia de que México es vulnerable ante los hackers internacionales: “La base de datos del INE podría ser peligrosa en las manos equivocadas”, afirma en entrevista.

El INE, que encabeza Lorenzo Córdova, no ha informado cómo se originó la mayor filtración de datos personales en la historia de México.

‘NO SOY HACKER’

Desenfadado, sin aires de uno de esos rockstars de las redes sociales insiste en que no pueden llamarlo hacker.

Es más una especie de vouyerista de la red. Un intruso que disfruta de buscar todo tipo de archivos e información.

“Está allá afuera (la información) porque los humanos son flojos, ese es el por qué (…) soy más como un periodista que un hacker,  porque yo no hackeo nada, solo encuentro cosas que están ahí afuera, accesibles al público”, explica Vickery.

Para el investigador de seguridad que trabaja en la empresa MacKeeper, encontrar este tipo de información no es extraño. En diciembre de 2015 dio con todo el registro de votantes de los 50 estados de su País.

“Estaba también sin protección”, ironiza.

Sin embargo en Estados Unidos la información personal no se encuentra tan clasificada o restringida como en México, en donde existe una sanción penal de hasta 12 años para quien utiliza estas bases de datos para su beneficio personal.

Cuando dio con el padrón electoral mexicano avisó al Departamento de Estado de Estados Unidos, a la embajada de México en Washington, al INE y a Amazon.

Hasta una semana después del hallazgo, el 22 de abril, se dio de baja el contenido en la nube de la compañía fundada por Jeff Bezos y el investigador computacional publicó su experiencia en el blog de la empresa para la que labora.

En entrevista telefónica desde Austin, Texas, Vickery detalla cómo fue que encontró el listado de votantes del INE sin ninguna protección o candado.

Desde su computadora utilizó un motor de búsqueda pública llamado Shodan, con el que se encuentran archivos en internet de distintos servidores.

El parámetro de búsqueda que introdujo en Shodan fue el puerto 27017, el cual está asociado a la búsqueda de datos NoSQL de MongoDB. Este código especializado en documentos está disponible en sistemas Windows, OS X, Linux y Solaris.

“Estaba buscando al azar y de pronto me topé con algo llamado ‘padron2015’ y lo único que sé o que me refería de manera cercana a esa palabra era el Tequila Patrón, lo cual tomó mi curiosidad, lo abrí y me topé con estos archivos de registro”.

Shodan es un portal abierto que sirve para encontrar dispositivos y servidores, además de hurgar dentro de otras plataformas de búsqueda como Google, por lo que al especificar un rastreo, se puede dar con bases de datos, sistemas de control de cámaras de seguridad en tiempo real, entre otro tipo de aparatos como routers, todo de manera legal.

EL CONTROL DE LA INFORMACIÓN

La base de datos del INE estuvo disponible desde septiembre del 2015, asegura, pues así lo revelaba la dirección de IP de la nube donde estaba.

No hay información para determinar cuántas veces fue descargado el listado de votantes, por lo que se desconoce quién más pueda contar con la dirección, nombre completo, fecha de nacimiento y foto de 93 millones de mexicanos.

En el mercado negro del internet, dice Vickery,  ese tipo de información podría tener un costo de “alrededor de 100 mil o 200 mil dólares”.

“No es una falla informática”, asegura, “es más un descuido de alguien que no puso candados de seguridad”.

INE HACKEADO EN TWITTER

El error informático de la dependencia federal recién sacado a la luz pública, no fue el primero con el que estuvo vulnerable en el mundo cibernético.

Durante las elecciones intermedias del 2015, la cuenta de Twitter del INE fue hackeada momentos antes de anunciar los resultados preliminares de los votantes.

En la red de 140 caracteres se subió la imagen de la modelo noruega Linn Beate Sejrup Riley, que duró en línea por un lapso de un minuto y momentos después el INE anunció que su cuenta había sido comprometida, sin nunca aclarar el daño o esclarecer a los culpables.

MEXICANOS EXPUESTOS

La filtración del listado de votantes y el escándalo que se ha generado en torno a este episodio en el control de información del INE, no es nuevo para su antecesor, ya que el IFE ya había sufrido de la vulnerabilidad y la exposición de los datos de los mexicanos.

En el año 2010 El Universal develó que en Tepito se vendía el listado actualizado en 12 mil dólares, en tres memorias externas de 160 GB cada una, los documentos además contenían el registro vehicular y licencias de conducir, de todo México.

Además en 2013 se encontró la base de datos de votantes del IFE en el sitio web buscardatos.com el cual tiene su sede en Suecia. De esta filtración se comprobó que el partido Movimiento Ciudadano (MC) fue quien subió el listado.

El INE después de tres años de proceso legal, dictaminó que MC no expuso la información con dolo, ni se comprobó la venta del padrón, por lo que solo se les multó con 76 millones de pesos.


(REPORTE INDIGO/ HIDALGO NEIRA/ Miércoles 27 de abril de 2016)

JAVIER DUARTE NO PAGA LOS MÁS DE 2 MIL MILLONES, LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA LANZA SOS A LA ONU


El Gobierno de Javier Duarte de Ochoa aún adeuda a la Universidad Veracruzana 2 mil 092 millones de pesos, 451.7 millones son de recursos federales y mil 640.8 millones de recursos estatales, pese que existen denuncias penales para que la administración estatal cubra al adeudo, y que los universitarios han salido a las calles en más de una ocasión para exigir el pago, éste no se ha concretado. Por ello, la Junta de Gobierno de esa casa de estudios presentó hoy una denuncian ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que intervenga en el caso, por la “violación del derecho a la enseñanza superior” en el estado de Veracruz.


Miembros de la Junta de Gobierno de la UV se presentaron en las oficinas del Representante Adjunto en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Foto: UV.

Ciudad de México, 27 de abril (SinEmbargo).– La Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV) pidió hoy la intervención del Relator sobre el Derecho a la Educación del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kishore Singh, y del Representante Adjunto en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ante el adeudo de más de 2 mil millones de pesos que el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa tiene con la institución.

“Nuestro caso ha alcanzado visibilidad nacional y ha sido hecho del conocimiento del Presidente de la República [Enrique Peña Nieto] y del Secretario de Educación del país[Aurelio Nuño Mayer], sin que hasta el momento se haya dado ninguna intervención oficial, sobre todo del Secretario de Educación que es en quien recaen deberes de cargo al respecto. Razón por la cual consideramos que las autoridades federales están siendo omisas en torno a sus deberes de protección y garantía del derecho a la educación en el nivel superior”, denunció la casa de estudios.

En una carta enviada al organismo internacional, Adolfo Martínez Palomo, Eduardo Matos Moctezuma, Elena Rustrián Portilla, Federico Roesch Dietlen, Jaime Gonzalo Cervantes de Gortari, Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora, María Soledad Loaeza Tovar, Ricardo Corzo Ramírez y Roberto de Jesús Olavarrieta Marenco, integrantes de la Junta de Gobierno de la Universidad, pidieron al Relator entablar una comunicación con el Estado mexicano en torno al adeudo millonario y “respecto a las medidas que las autoridades mexicanas tomarán para reconducir esta situación”.

La Junta de Gobierno informó que el envío de la misiva fue notificado a Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Educación Pública; Claudia Ruiz Massieu, Secretaria de Relaciones Exteriores; Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado; Hortensia Aragón Castillo, presidenta de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y Carlos Ernesto Hernández Hernández, presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado de Veracruz.

La Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz adeuda subsidios a la UV por 2 mil 092 millones de pesos, 451.7 millones son de recursos federales y mil 640.8 millones de recursos estatales, los cuales incluyen montos adeudados que datan desde el año 2008. En enero pasado, el monto por subsidios no ministrados por el Gobierno del estado pasó a ser de 2 mil 144 millones de pesos.

El pasado 2 de febrero, la Universidad, a través de su representante legal, interpuso dos denuncias penales por la falta de pago completo y oportuno. Una de ellas fue hecha ante la Agencia del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República (PGR) por el adeudo de 451.7 millones de pesos por el concepto de Subsidio Federal Extraordinario. La otra denuncia se presentó ante la Coordinación de la Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz por el adeudo de mil 625.1 millones por concepto de subsidio estatal ordinario y extraordinario.

La Universidad Veracruzana presentó también el 2 de febrero de 2016 una demanda de amparo por inconstitucionalidad de leyes ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Mixta de Xalapa por la emisión del Decreto Número 623 del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016, a través del cual se disminuyó el subsidio estatal ordinario en un 7 por ciento respecto al presupuesto autorizado en el año 2015.


La protesta del pasado 10 de marzo. Foto: Cuartoscuro.

La autoridad educativa precisó en la carta enviada al Relator Kishore Singh que el incumplimiento en los pagos ha repercutido en el incumplimiento de compromisos institucionales, en su mayoría por retenciones de impuestos. Refirió que al 31 de enero de este año, la institución adeudaba al Servicio de Administración Tributaria (SAT) el Impuesto sobre la Renta (ISR) retenido a trabajadores por 934.5 mdp, de los cuales 102.7 corresponde a recargos y actualizaciones.

La UV dijo que esta situación también ha puesto en riesgo algunas de las certificaciones y acreditaciones con las que cuenta esa casa de estudios así como como el desarrollo y difusión de proyectos de investigación, la renovación y actualización tecnológica, el sostenimiento de contrataciones o la promoción de plazas académicas y administrativas requeridas para el óptimo desempeño de las entidades académicas, la realización de eventos académicos y culturales, el apoyo a la movilidad e intercambio estudiantil y académico, y la promoción de la evaluación y el registro de programas de posgrado en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad.

La Universidad dijo que por todo lo anterior afecta “la adaptabilidad y disponibilidad de la educación” ya que no es suficiente con la generación de planes de estudio, sino que, explicó, éstos deben ser dotados de recursos “que reflejen las necesidades contemporáneas de los estudiantes en un mundo en transformación y deben contar con aulas, materiales de estudio, recursos para la formación de maestros y con las condiciones de empleo para éstos recogidas en la Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior de la UNESCO”.

La institución educativa dijo que ante la exigencia del pago, el Gobernador Javier Duarte de Ochoa “ha expuesto diversas posiciones que van desde negar la deuda pendiente, acusar de forma falsa a la Universidad de adeudos al IPE [Instituto de Pensiones del Estado] y de ser responsable de que dicha entidad no pague puntualmente a los trabajadores retirados”. Indicó que incluso ha aceptado el adeudo y, “contradictoriamente”, ha advertido públicamente que sólo pagará a la Universidad los 450 millones de los recursos federales.

“El Ejecutivo del Estado ha argumentado que el financiamiento a la UV es un subsidio, que no es obligatorio y que depende de las posibilidades presupuestales de la entidad federativa. No obstante, el posicionamiento gubernamental soslaya tres elementos clave: primero, que la determinación de los aportes a la educación superior pública de Instituciones de Educación Superior (IES) autónomas es convenido de forma tripartita; segundo, que el acuerdo obedece a las disposiciones de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior y descansa en la voluntad de las partes y la disponibilidad de recursos; y, tercero, que la determinación de los montos se realiza con base en la disposición presupuestal que al ser plasmados en la leyes generales de egresos federal y local tiene carácter y fuerza legal”, dice la misiva enviada al Relator Kishore Singh.


El Gobernador Javier Duarte de Ochoa “ha expuesto diversas posiciones” sobre el adeudo. Foto: Cuartoscuro.

VIOLACIÓN AL DERECHO A LA EDUCACIÓN

Por todo lo anterior, la Junta de Gobierno de la UV manifestó al representante de Naciones Unidas que el gobierno de Veracruz ha violado su obligación de respeto al derecho a la educación en el nivel superior porque al incumplir con el pago de los subsidios “interfiere y obstaculiza la prestación de los servicios educativos del nivel superior a cargo de la UV y, por ende, en la efectiva realización del derecho a la enseñanza superior”.

La Institución dijo que en lo que respecta al Estado mexicano, éste incumple su obligación de protección a través de su poder legislativo al no generar el marco jurídico propicio que prevenga la violación de este derecho “tanto por los particulares como por parte de sus propios agentes”.

“El derecho interno respecto al caso que le planteamos es omiso respecto a las sanciones a aplicar a los funcionarios que incumplan deberes de cargo, no determinan de forma clara el monto a asignar al sistema de educación superior público del país ni las reglas de asignación, lo que ha dado pie a la discrecionalidad en la celebración de convenios y a un trato inequitativo entre las IES [Instituciones de Educación Superior] del país”, dice la carta.

A decir de la Junta de Gobierno, la negativa del estado de Veracruz a cubrir su adeudo puede constituir una práctica discriminatoria ya que en términos de la Observación General número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se afecta a los sectores juveniles más necesitados y marginados del Estado y que no cuenta con recursos para acceder a la educación superior privada.

Indicó que el Estado también viola su obligación de cumplir el derecho a la enseñanza superior porque “su actuación no ha integrado todas las medidas positivas necesarias que permitan el disfrute pleno del derecho y, por el contrario, está generando un obstáculo para el mismo”. Refirió que en lugar de facilitar, se ha obstaculizado el ejercicio de tal derecho a todos los estudiantes de la UV que no pueden, por razones ajenas a su voluntad, poner en práctica el derecho a la enseñanza superior por sí mismos con los recursos a su disposición, razón por la cual también está fallando a su obligación de proveer.

“La conducta estatal contraviene su obligación jurídica concreta de respetar, proteger y llevar a efecto las características fundamentales de accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad de la enseñanza superior”, dice el documento.

En este contexto, la Universidad Veracruzana pidió al Relator Kishore Singh “encarecida y respetuosamente” lo siguiente:

Entable comunicación con el Estado mexicano en torno al asunto que le planteamos y respecto a las medidas que las autoridades mexicanas tomarán para reconducir esta situación.
Visite México, Estado que mantiene invitación abierta y permanente a los mecanismos internacionales de derechos humanos, para constatar de manera directa el estado de cosas que priva en la temática de nuestro interés.

En su momento, emita el informe que considere procedente.

Los miembros de la Junta de Gobierno de la UV también se presentaron en la oficina del Representante Adjunto en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para dar seguimiento al caso.

Mediante una solicitud de seguimiento, los integrantes de esa casa de estudios pidieron a Jesús Peña Palacios Representante Adjunto en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos coadyuve, en su ámbito competencia!, para que el Estado mexicano dé seguimiento y solución al adeudo en atención a los compromisos internacionalmente asumido.

Asimismo instó a que en el ámbito del diálogo y la cooperación que tiene con el Gobierno federal, manifieste la necesidad de crear un nuevo marco jurídico que asegure la calidad, autonomía, gratuidad y responsabilidad del Estado en la educación superior.


(SIN EMBARGO.MX/ Redacción / abril 27, 2016 - 5:33 pm)

HALLAN 9 EJECUTADOS EN PUEBLA; 2 DE LAS VÍCTIMAS SERÍAN HERMANAS DE “EL Z-37”


PUEBLA, Pue. (apro).- En distintos puntos de los límites de Puebla y Veracruz fueron localizados, en un lapso de 48 horas, nueve personas asesinadas, entre ellas dos que se presume son hermanas del líder de Los Zetas, Cirilo González Pérez, El Puchini o El Z-37, quien fue detenido en octubre pasado.

En avanzado estado de descomposición y con signos de violencia, los nueve cadáveres fueron encontrados en distintos lugares de los municipios de Venustiano Carranza, Jalpan y Xicotepec de Juárez, los tres limítrofes con Veracruz y ubicados en la región conocida como Sierra Norte de Puebla.

Cuatro de los cuerpos fueron localizados calcinados dentro de una camioneta con placas de circulación YGP9221, en las inmediaciones de un rancho llamado Cedro Pando, en el municipio de Venustiano Carranza, y presuntamente corresponden a personas que habían sido reportadas como desaparecidas en Poza Rica, Veracruz.

Según información difundida por los medios de comunicación veracruzanos, dos de ellos serían Bertha y Amada González Pérez, hermanas de El Z-37, quien operaba grupos de sicarios en los estados de Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, y fue detenido en Pachuca, Hidalgo en octubre del año pasado.

De acuerdo con esa información, las hermanas González Pérez desaparecieron cuando viajaban en una camioneta negra Ford Explorer, en compañía de Ricardo Curiel Castillo y Rafael Díaz, y fueron detenidos presuntamente por elementos de la Fuerza Civil en el municipio veracruzano de Poza Rica.

Ayer, familiares de cuatro personas que fueron detenidas el sábado 23, presuntamente por elementos de la Fuerza Civil en Poza Rica, se manifestaron frente a las instalaciones de la corporación en la colonia Miguel Hidalgo de esa ciudad veracruzana.

En la protesta, Natali Ramírez González, hija de una de las mujeres detenidas, explicó que su madre Amada González Pérez, y su tía, Mariana González Pérez, un hombre de nombre Ricardo Curiel Castillo y otro del que desconocen su nombre, viajaban en una camioneta Explorer negra cuando fueron interceptados el sábado anterior por elementos de la Fuerza Civil sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, a la altura de la colonia Tajín.

Sin embargo, ese mismo día por la tarde las autoridades de Veracruz desmintieron la participación de la Fuerza Civil en la detención de estas personas, y aseguraron mantener el diálogo con los familiares de las personas no localizadas, “colaborando en la investigación correspondiente para dar con su paradero”.

Este martes la Fiscalía General de Puebla confirmó que el vehículo en el que fueron encontrados esos cuatro cuerpos estaba a nombre de Curiel Castillo.

Otros tres cuerpos fueron encontrados en un campo petrolero conocido como Corralillos en el mismo municipio de Venustiano Carranza, el cual colinda con la localidad veracruzana de Tihuatlán.

Por la tarde, la Fiscalía de Puebla emitió un comunicado en el que precisa que ha brindado información a Veracruz ante estos dos hallazgos de siete personas asesinadas en la misma zona, “derivados de hechos ocurridos presuntamente en el vecino estado”.

En el comunicado, la autoridad poblana señala que ofreció a su homóloga de Veracruz la información relacionada con estos dos casos para que se investigue si existe un vínculo entre los siete cuerpos localizados.

En Jalpan, el cadáver de Julio César Ortega Sampayo, de 29 años, reportado como desaparecido desde hace una semana, fue encontrado en estado de descomposición en una alcantarilla a un costado de la carretera federal México-Tuxpan.

Finalmente, en Xicotepec de Juárez fue hallado Hipólito Danin Lechuga, de 37 años, quien presenta heridas de bala en la nuca y el tórax.


(PROCESO/ GABRIELA HERNÁNDEZ/ 26 ABRIL, 2016)

AYOTZINAPA: EL CAPITOLIO SE ENOJA


WASHINGTON (Proceso).-Por la crisis de derechos humanos y la falta de claridad en la investigación del caso Ayotzinapa, el Capitolio podría castigar al gobierno de Enrique Peña Nieto con la retención de fondos para financiar la lucha contra el narcotráfico, según adelantan asesores de alto nivel del Poder Legislativo estadunidense.

“Es inaudito lo que hizo el gobierno de México con el GIEI al presionar a la CIDH para que diera por terminado el mandato de participación de los expertos en la investigación de Ayotzinapa”, dice a Proceso uno de los asesores de un poderoso Comité de la Cámara de Senadores del Congreso federal de Estados Unidos.

Durante una reunión en una sala del Capitolio, tres asesores de dos influyentes comités senatoriales –quienes pidieron el anonimato– explican que entre los legisladores estadunidenses hay una creciente preocupación por el deterioro de los derechos humanos en México.

“Secuestros, torturas, desapariciones, ejecuciones (extrajudiciales), tráfico de personas y de menores de edad, son sólo algunas de las violaciones de los derechos humanos que cometen las policías federales y las Fuerzas Armadas de México”, comenta uno de los tres asesores legislativos.

“Lo más grave”, apunta el asesor en la plática a la que fue convocado este semanario, “es que el gobierno del presidente Peña Nieto rechaza cualquier señalamiento en este sentido, pese a las evidencias”.

Armados de los más recientes informes sobre la situación de los derechos humanos en México, el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el del Departamento de Estado, los tres machacan el tema del desconocimiento y rechazo total por parte del gobierno de Peña Nieto a las acusaciones que se hacen contra las fuerzas de seguridad del Estado.

“Son desconcertantes las acciones del gobierno mexicano, justo cuando la investigación del caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa ganaba un poco de credibilidad con la participación del GIEI, echan a andar una estrategia política para hacerlo a un lado y lo logran. Eso es reprochable”, matiza otro de los asesores.

CONTRA LA INICIATIVA MÉRIDA

Como el caso de Ayotzinapa, los consejeros legislativos también mencionan como evidencia de la crisis de derechos humanos y la participación de las Fuerzas Armadas en estas violaciones a las garantías individuales las matanzas de Tlatlaya, Estado de México, y Tanhuato, Michoacán.

Uno de los tres asesores no tiene empacho en adelantar lo que le recomendarán en los próximos meses al gobierno de Barack Obama.

“Se le pedirá al Departamento de Estado que retenga nuevamente 15% de los fondos que se autoricen este año para la Iniciativa Mérida. Nuevamente el gobierno mexicano será descertificado en materia de derechos humanos”, asienta.

La descertificación en derechos humanos al gobierno de Peña Nieto implicaría la retención de unos 19.9 de los 133.5 millones de dólares que este año solicitó al Capitolio el presidente Obama como parte del financiamiento de la Iniciativa Mérida para la lucha bilateral contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Los consejeros enfatizan que en la Cámara de Senadores del Congreso estadunidense, varios legisladores incluso ya han hablado con John Kerry, el Secretario de Estado, para hacerle saber lo que le exigirán en septiembre de este año con respecto a la retención de ese 15%.

“El gobierno de México está perdiendo credibilidad internacional en términos de derechos humanos. La forma tan categórica como rechaza las conclusiones de informes tan importantes como el de la CIDH y de las Naciones Unidas no tiene cabida en una sociedad democrática como la mexicana”, matiza uno de los tres expertos.

Aunque menos vociferante que durante el sexenio de Felipe Calderón, el Congreso estadunidense toma nota de lo que ocurre en México en materia de derechos humanos, con el pretexto del gobierno mexicano de que las violaciones que cometen las fuerzas de seguridad del Estado se hacen en nombre de la lucha contra el crimen organizado.

Durante el sexenio de Calderón, comités del Congreso estadunidense –como el de Relaciones Exteriores del Senado– llegaron a calificar de “Estado fallido” a gran parte de la zona norte de México, porque estaba prácticamente dominada por los cárteles del narcotráfico que se peleaban las rutas de trasiego.

“No han cambiado mucho las cosas en México respecto a lo que ocurrió en el gobierno del presidente Calderón con el del presidente Peña Nieto. Pero por lo menos el presidente Calderón no era tan intolerante con los señalamientos u observaciones que se le hacían en relación a los derechos humanos”, apunta otro de los asesores del Capitolio.

Creada en 2007, la Iniciativa Mérida fue definida como una herramienta bilateral de cooperación para combatir al narcotráfico y al crimen organizado. Para financiarla, la Casa Blanca propuso al Congreso un presupuesto de unos mil 400 millones de dólares, los cuales se han venido aprobando y entregando por partes cada año.

La primera retención de fondos de la Iniciativa Mérida se hizo precisamente en agosto de 2013. Ese año el senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy, retuvo varias semanas 95 millones de dólares de un paquete de 229 para financiar a la Iniciativa Mérida.

Leahy argumentó que la retención se debía a que los gobiernos de Obama y Peña Nieto no habían informado al Congreso estadunidense cómo se gastarían los 95 millones de dólares, ni cuáles serían los objetivos que se alcanzarían con el financiamiento.

En la presidencia de Calderón, 90% de los fondos que se le entregaron de la Iniciativa Mérida se utilizaron para la adquisición de equipo militar, de tecnología de punta y para proporcionar entrenamiento especializado a grupos de élite del Ejército, la Marina y la Policía Federal de México.

En el sexenio de Peña Nieto, los poco más de 400 millones de dólares desembolsados por Washington para combatir al narcotráfico se han destinado a financiar entrenamiento a ministerios públicos, asistencia técnica y para echar a andar programas de modernización del sistema judicial mexicano y de combate a la corrupción.

El pasado 19 de octubre el Departamento de Estado, después de recibir la recomendación del Congreso, anunció la primera descertificación del gobierno de Peña Nieto en materia de derechos humanos bajo la Iniciativa Mérida.

“El Departamento de Estado no pudo confirmar que México cumplió con las expectativas sobre garantías básicas de derechos humanos”, informó en ese entonces Mark Toner, portavoz de la Secretaría de Estado.

El incumplimiento del gobierno de Peña Nieto en protección de los derechos humanos implicó la retención de unos 5 millones de dólares de un presupuesto de 195.

Aunque simbólica, la retención de fondos de la Iniciativa Mérida representa mayor desprestigio internacional para México.

EL GIEI

Lo que adelantan los tres asesores es una segunda descertificación consecutiva por el tema de derechos humanos al gobierno de Peña Nieto, justo cuando el desprestigio del país y de su administración se acrecentó por el caso Ayotzinapa y la exclusión del GIEI en las investigaciones, amén de los casos de corrupción en el gobierno federal, como el de la “Casa Blanca” del primer mandatario, o la de Malinalco, del secretario de Hacienda.

“Lo que no se entiende es por qué el gobierno mexicano se adelantó a informar que daba por concluida la participación del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) de la CIDH, cuando éste todavía ni siquiera entregaba su informe final”, destaca uno de los asesores.

“Cuando Juan Méndez (relator de la ONU para la tortura) denunció que la tortura en México era generalizada, el gobierno del presidente Peña Nieto lo descalificó y ahora ni siquiera lo deja regresar al país”, resalta uno de los asesores. “Lo mismo está haciendo con el GIEI, el cual ha desmentido la versión original del gobierno de la supuesta quema de los 43 normalistas en un basurero (Cocula)”, agrega.

Los tres asesores legislativos que convocaron a Proceso para hablar de la crisis de derechos humanos en México tienen una teoría de lo que ocurre en el gobierno de Peña Nieto cuando se le hacen críticas por las violaciones a las garantías individuales que cometen los militares y en general las fuerzas de seguridad del Estado.

“Pareciera que vive en un estado de negación. Pareciera que no le importa la realidad ni las evidencias; niega todo lo malo que pasa en México y con ello aprueba la impunidad a los que comenten las violaciones a los derechos humanos”, dice uno de ellos.


(PROCESO/  REPORTAJE ESPECIAL/ J. JESÚS ESQUIVEL/ 27 ABRIL, 2016) 

POR RETO DE REPORTERO; VIVE JEFE DEL SAT ‘CALVARIO’ FISCAL


Ciudad de México.- Intentó comprobar que eran falsos los cuestionamientos sobre los apuros que deben pasar los contribuyentes para hacer sus trámites en el SAT, pero al llegar a un módulo, el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, se enfrentó por sí mismo al caos.

La pregunta del reportero no le cayó bien al titular del SAT.

"¿Por qué en algunos módulos de atención, como el de la Colonia Del Valle (en la Ciudad de México), no están atendiendo a los contribuyentes que no tienen cita y que van por su firma electrónica?", se le cuestionó al término de un evento.

"No me consta", respondió Núñez. "A los que no tienen cita se les atiende en la medida de la disponibilidad del servicio, pero no por ello se les despide o se les corre de las oficinas. Sólo tienen que esperar para ofrecerles el servicio".

El periodista preguntó entonces: si el funcionario estaba seguro del servicio otorgado, ¿por qué no ir directamente al módulo de atención Del Valle y comprobarlo?

El Jefe del SAT aceptó la invitación.

Desde un hotel frente a la Alameda, acompañado de un asistente y un elemento de su seguridad personal, se enfiló hacia el Metro Juárez. "Es más rápido", dijo.

Al llegar al módulo de atención se detuvo para ver si en verdad los contribuyentes eran rechazados desde la entrada.

Núñez evaluó la situación en la que la restricción presupuestal y el volumen de contribuyentes los ha desbordado.

Presenció cómo un contribuyente se acercó a la fila de alrededor de 40 personas y pidió información. Iba por la firma electrónica, pero no llevaba cita.

De inmediato un guardia de seguridad, no un asesor del SAT, le cerró el paso al contribuyente.

"En este módulo no se atiende a los que no traen cita y si quiere la firma electrónica tiene que ir a otro módulo", informó el guardia, que llevaba horas diciendo lo mismo.

El jefe del SAT verificó el rechazo. Ya no discutió e, incluso, se puso a atender a los usuarios.

Y durante casi una hora, Núñez se volvió un asesor más del módulo Del Valle y constató las inquietudes de los contribuyentes y los retos de su personal, algo que no se había visto en otro funcionario público con su responsabilidad.

Aunque el fisco ha anunciado que la mayor parte de los trámites se pueden hacer por internet, para muchos es casi obligatorio acudir a un módulo.

No hay citas, de hecho en algunos módulos hay espacio hasta después de julio, cuando ya la época de declaraciones pasó.

Y por si fuera poco, hay que esperar más de 100 turnos para hablar por teléfono o través de su chat en línea con un asesor del fisco.

"Es una realidad, vamos a evaluar", dijo Núñez.


(ZOCALO/ Reforma/ 27/04/2016 - 11:49 AM)

EXTRADITA PGR A EU AL HERMANO DE ‘EL MACHO PRIETO’


Ciudad de México.- La Procuraduría General de la República (PGR), extraditó a los Estados Unidos a Abraham Inzunza Inzunza, alias “El Peque”, Hermano de Gonzalo Inzunza, alias “El Macho Prieto”, sangriento lugarteniente de Ismael “El Mayo Zambada”, muerto durante un enfrentamiento en Puerto Peñasco, Sonora, en 2013, aunque su cuerpo no fue recuperado por las autoridades.

En esa misma acción fue detenido “El Peque”, quien desde entonces inició una batalla legal para evitar sea extraditado, incluso ganó un amparo en 2014 para evitar ser entregado a la justicia norteamericana.

Sin embargo este miércoles, la PGR informó que derivado de la permanente cooperación que existe entre las áreas de procuración de justicia y en cumplimiento al Tratado de Extradición suscrito entre los gobiernos de México y EU, a través de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales (SJAI), entregó en extradición a las autoridades norteamericanas a Inzunza Inzunza.

“El Peque” es reclamado por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York, para ser procesado por delitos de Asociación Delictuosa y Contra la Salud.

“Una vez agotadas las etapas del procedimiento de extradición, la Secretaría de Relaciones Exteriores dictó el acuerdo correspondiente por medio del cual el gobierno de México concedió la extradición del reclamado a las autoridades estadounidenses. Al agotarse los recursos legales a los que el reclamado tenía derecho, el acuerdo de extradición quedó firme y ejecutable.

El operativo de entrega se realizó en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Toluca, en el Estado de México, donde elementos de la Policía Federal Ministerial de la PGR entregaron al prófugo a los agentes del US Marshal”, detalló la PGR.

Igualmente mencionó que con esta suman doscientas treinta y tres personas entregadas en extradición en la presente administración y la vigésima novena en lo que va del año.


(ZOCALO/ EXCÉLSIOR/ 27/04/2016 - 04:08 PM)

ASESINAN A BALAZOS A TRES HOMBRES DENTRO DE CERVECERÍA

Ciudad de México.- La Procuraduría General de Justicia capitalina inició una averiguación previa por el triple homicidio ocurrido la noche de este martes dentro una cervecería ubicada en la esquina de las calles 14 y 21, colonia Pro-hogar, en la delegación Azcapotzalco.

La dependencia local dio a conocer en una tarjeta informativa que los tres hombres murieron al ser agredidos por disparo de arma de fuego por desconocidos que huyeron en un vehículo.

Una de las víctimas murió al recibir un balazo en el tórax, otro por un impacto de bala en el cráneo, mientras que el tercero falleció en un hospital público debido a la gravedad de sus lesiones.

Ha desaparecido a 30 y no se arrepiente, la historia de un sicario en Guerrero

De acuerdo con las investigaciones, dos de los fallecidos, un mesero y un cliente, ya fueron identificados por sus familiares y se pudo constatar que cuentan con antecedentes penales.

Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Homicidios toman declaración a testigos de los hechos para determinar lo que sucedió en el referido establecimiento y recaba videos de vigilancia para integrarlos como evidencia a la indaga.


(ZOCALO/ NOTIMEX/ 27/04/2016 - 04:46 PM)

EXPERTOS DEJAN MÉXICO CON TRISTEZA POR NO HALLAR A ESTUDIANTES


Ciudad de México.- Los expertos independientes que investigaron la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se van de México frustrados por no haber conseguido dar a los desesperados padres de los jóvenes una respuesta sobre el destino de sus hijos.

Los cinco expertos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejan tras de sí un feroz señalamiento contra la investigación del gobierno, al acusarle el domingo en su último reporte de obstaculizar su búsqueda de nuevas pistas y de no atender denuncias de torturas contra detenidos por el caso.

Antes de que su misión de un año finalice formalmente este sábado, dos de los expertos expresaron a la AFP su preocupación sobre la forma en que serán tratados los padres de los jóvenes, quienes mantienen una tensa relación con las autoridades y quieren que los expertos se queden.

"Tenemos la tristeza de irnos sin poder decir dónde están los desaparecidos", dijo el martes Ángela Buitrago, una ex fiscal colombiana.

"Es muy importante que se garantice a las víctimas su derecho a saber la verdad. Que se les proteja en todo instante por el Estado mexicano y que igualmente se preocupe el Estado mexicano por visibilizar a las víctimas", añadió.

Por su parte, su colega Alejandro Valencia, un abogado colombiano, estimó que el gobierno tiene "un deber de garantía de investigar este grave caso en relación de derechos humanos".

‘PREOCUPADOS’ POR LOS PADRES

Por petición de los padres, el gobierno invitó a Valencia y Buitrago, junto con un abogado chileno, una exfiscal general de Guatemala y un psicólogo español, a que ayudaran en las investigaciones en Marzo 2015.

El presidente Enrique Peña Nieto enfrentó duros cuestionamientos internacionales y multitudinarias protestas antes de que su gobierno los invitara a resolver este caso, que se hizo emblemático entre las decenas de miles de muertes y desapariciones de la guerra contra el narcotráfico, que estalló hace una década.

Cuando los expertos llegaron a México, el gobierno ya había concluido que los estudiantes desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala (Guerrero, sur), a manos de policías locales corruptos que los habrían entregado a integrantes del cartel Guerreros Unidos.

Al confundirlos con integrantes de una banda enemiga, los narcotraficantes habrían asesinado a los jóvenes e incinerado sus cuerpos en un basurero para luego arrojar sus restos a un río, según las autoridades.

Sin embargo, sólo los restos óseos de uno de los estudiantes han sido plenamente identificados y los padres de los jóvenes nunca creyeron en la versión del gobierno, sobre todo después de que los expertos aseguraran en su informe de septiembre pasado que no hallaron evidencia científica que probara que los estudiantes de magisterio hayan sido incinerados en el basurero.

Aunque los expertos deben irse, la CIDH instaurará un mecanismo para asegurarse de que el gobierno sigue sus recomendaciones, incluyendo el seguimiento de una línea de investigación que indica que los estudiantes fueron atacados porque tomaron por error un autobús cargado de heroína.

Valencia explicó que esto podría traducirse en visitas periódicas a México, que podrían ayudar a garantizar la protección de los padres, quienes tenían muy poca comunicación con el gobierno antes de la llegada de los expertos.

"De verdad nos preocupa su situación de seguridad, su situación de protección, porque incluso en esas últimas semanas hemos visto algunas acciones no solo de revictimización frente a ellos, sino de criminalización", comentó.

Valencia también recordó que, recientemente, los medios locales difundieron una supuesta grabación de una conversación entre uno de los padres y un abogado, en la que aparentemente hablan del envío de dinero por parte de un cartel a los padres.

Aunque México tiene una ley de protección a las víctimas, Valencia dijo que "tiene que mejorar mucho", y que "dignifique más la situación de la víctima".

Los padres de los estudiantes vienen del empobrecido estado de Guerrero, y sus hijos -la mayoría de primer grado- estudiaban para ser maestros rurales.

Las familias de los jóvenes consideran que el último reporte de los expertos sacó a la luz "las grandes mentiras" del gobierno.

Mario César González, cuyo hijo Julio César se encuentra entre los desaparecidos, aseguró: "Ya no confiamos en ninguna autoridad".

Peña Nieto ha sido criticado por haberse entrevistado con los padres en sólo dos ocasiones, aunque otras autoridades han sostenido numerosas reuniones con ellos.

Tras reunirse con los expertos independientes el martes, el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, aseguró que sus recomendaciones sobre atención a víctimas deben ser incluidas en las políticas públicas.

¿PESQUISA BLOQUEADA?

Peña Nieto prometió el domingo que su gobierno estudiará el reporte de los expertos y que continuará trabajando "para que haya justicia".

El gobierno negó haber obstaculizado el trabajo de los expertos, al asegurar que le dio "acceso total" a la pesquisa y que su misión no será extendida porque ya se les dio suficiente tiempo.

Sin embargo, los expertos aseguran que las autoridades empezaron a ser menos cooperativas en enero, al bloquear entrevistas con detenidos o soldados que presenciaron la masiva desaparición.

"No tenemos certeza absoluta de qué fue lo que pasó. Tal vez las líneas de investigación se estaban acercando a algunas pistas importantes", acotó Valencia.


(ZOCALO/ AFP/ 27/04/2016 - 10:25 AM)