El 24 de agosto de 2010, la Secretaría
de Marina informó del hallazgo de 72 cadáveres en un rancho-bodega abandonado
en el municipio de San Fernando, en Tamaulipas, asesinados por el grupo
criminal Los Zetas. Eran 58 hombres y 14 mujeres, todos migrantes que
perseguían sus sueños cruzando México hacia Estados Unidos. Tenían las manos
amarradas y un tiro de gracia. De esta tragedia se desprenden una serie de
historias sobre familias que para encontrar pedazos de cuerpos de sus
familiares se ha convertido en un calvario.
Leonardo Ventura Tavera desapareció a
principios de 2011; sus padres no lo volvieron a ver. Foto:masde72
Ciudad de México, 6 de abril
(SinEmbargo/masde72).– Los asesinatos en la carretera 101 no empezaron la
última semana de marzo de 2011, como informaron funcionarios federales y del
Gobierno tamaulipeco a partir del escándalo ocasionado por el surgimiento de
las primeras fosas en San Fernando. Los crímenes ya ocurrían desde tiempo
atrás.
A inicios de 2011, el día 17
de enero, los jóvenes Leonardo Rafael Ventura Tavera y Noé Cortés Hernández, de
San Felipe Torres Mochas, Guanajuato, y dos amigas que los acompañaban a la
frontera donde comprarían pacas de ropa usada viajaban en auto particular hacia
la ciudad de Camargo, Tamaulipas, pero nunca llegaron a su destino: Los Zetas
los interceptaron cuando transitaban por San Fernando.
El mismo mes de enero, ante
la inexplicable ausencia, los padres de Leonardo pusieron una denuncia en la
agencia 5 del Ministerio Público de Irapuato, Guanajuato.
Días después una de las
jóvenes que viajaba en el auto interceptado regresó a San Felipe Torres Mochas
y contó que en el camino habían sido detenidos por un retén de hombres, “unos
vestidos de civil, otros de policía”.
–Ustedes sí van a salir,
estos cabrones no—les dijeron los captores a ella y a su amiga.
Leonardo intentó explicarles
que se dirigían a comprar pacas de ropa usada, pero a todos los obligaron a
bajar del auto, les cubrieron la cabeza, los subieron a una troca y los
llevaron a una casa donde los separaron y a ellos los golpearon. Noé estaba tan
malherido que la testigo aseguraba que no había sobrevivido. De hecho, divulgó
que seguramente los dos estaban muertos.
“Pero ella primero dijo
mentiras”, corrige molesta la madre de Leonardo en una entrevista realizada el
año pasado, cuando esperaba los restos de su hijo. Es la señora María Belén
Tavera Calvillo, de 58 años, quien está al lado de su esposo Filemón Ventura
Martínez, comerciante de 63 años.
El 26 de enero –recuerda bien
el señor Filemón porque coincidió con su cumpleaños– una desconocida de Reynosa
le llamó para informarle que no esperaran a su hijo, que estaba muerto, que
quedó tirado en una brecha en el ejido Francisco Villa. Que había sido
asesinado el sábado anterior. Y que Noé, desde el inicio, no había resistido
los golpes y tampoco a la impresión de la crueldad que observó.
Ella explicó que Leonardo
había estado preso en ese municipio junto a su esposo (de quien se reservó la
identidad), que ambos llevaban las manos amarradas con alambres de púas, y se
habían prometido que si alguno salía libre avisaría a la familia del otro sobre
su paradero. Como su esposo había escapado ella estaba cumpliendo esa promesa.
En ese momento su marido se recuperaba de los golpes en un hospital.
LA APARICIÓN DE LAS FOSAS
En abril, cuando comenzó el
escándalo por el hallazgo de las fosas, la familia Ventura volvió a levantar un
acta por desaparición en la Procuraduría y “en derechos humanos” de la ciudad
de León, posteriormente hasta la ciudad de México, en la Procuraduría General
de la República (PGR).
La familia aportaba siempre
los mismos datos: tenía 25 años. Era alto, medía 1.80. Piel blanca, pelo muy
corto desde que estaba como militar, ojos como verdes, cara ovalada, cicatriz
en el apéndice, un tatuaje de sol en el hombro derecho con el nombre de su
primera hija, otro con el nombre “Marisela”, la madre de sus otros tres hijos,
con quien vivía. Tenía un diente quebrado, fracturado.
Eran 60 los paisanos que el
Gobierno de Guanajuato reportó como desaparecidos al Gobierno tamaulipeco y a
la PGR cuando se seguían descubrieron cuerpos bajo la tierra de San Fernando,
en Tamaulipas.
Hoy sabe que el 8 de abril de
2011, cuando la Procuraduría se volcó a buscar cuerpos, los restos de su
Leonardo fueron levantados de “unos matorrales, en unas brechas, no estaba
enterrado”. Estaba completo, cerca del ejido Francisco Villa, como la mujer le
había informado.
Por más que el señor Filemón
pedía que buscaran a su hijo, decía dónde había sido asesinado y daba sus
inconfundibles señas físicas nadie hizo caso. Y Leonardo fue echado a una fosa
común de Tamaulipas.
“Desde el principio dijimos
dónde quedó para que no lo hubieran llevado a la fosa común. Se ve la
negligencia por parte de las autoridades”, dice él, indignado, durante una
entrevista en su casa.
“Años y años, tardamos años
en resolver”, lamenta ella. “Con las fotografías podían haberlo ubicado:
Llamamos, mandamos fotos escaneadas, datos, todo al Semefo [Servicio Médico
Forense] de Matamoros [Tamaulipas] y no hicieron caso”.
El agrega: “Lo que hicimos
fue para que no lo hubieran llevado a fosa común por toda la información que
proporcionamos. Si hubieran investigado y relacionado más una dependencia u
otra, no hubiera llegado a fosa común”.
Pero Leonardo no tuvo la
suerte de 120 de los restos que fueron trasladados a la ciudad de México y que
fueron los únicos a los que se les hicieron estudios genéticos para saber si
coincidían las muestras dadas por las familias que buscaban a parientes desaparecidos.
Entre estas la de la familia Ventura.
Por ese error pasó cuatro
años en una fosa común lejos de casa.
EL LARGO CAMINO PARA RESCATAR UN CUERPO
Filemón Ventura Martínez vivió el carne
propia el dolor de buscar a su hijo y toparse con la burocracia y la
negligencia de las autoridades de todos los niveles. Foto: masde72
Al señor Filemón y a su
esposa María Belén les tomaron tres veces muestras de ADN, una en Guanajuato
(en abril de 2011), otra en León por parte de PGR. La última en mayo de 2014
por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense. El 2 de diciembre de
ese año, la pareja, junto con los papás de Noé, volvieron a entrevistarse con
los peritos de la PGR y los argentinos. En febrero de 2015 les dieron los
resultados oficiales: su hijo había sido encontrado. El mes de abril no habían
recibido el cuerpo.
“La persona del MP, Francisco
Javier Rivero, de la Fiscalía de Búsqueda en PGR, nos dijo que mi hijo era
parte de Los Zetas, y les llevaba las mujeres, que a él lo mataron los del
Cartel del Golfo. Pero si fuera así yo me hubiera dado cuenta que trae dinero,
se ausenta de la casa por meses. No ha pasado. Luego nos dijo que lo que nos
había dicho no era así”, dijo.
Continúa: “Luego supimos que
el problema fue que mi hijo dijo que fue militar y ellos odian a los soldados.
Supuestamente por eso lo mataron. Noé no aguantó: en cuanto los agarraron
degollaron a uno, y él se convulsionó, aparte de la golpiza que le dieron”.
Desde el 26 de septiembre de
2014 ese mismo funcionario les adelantó que todo indicaba que Leonardo estaba
en una fosa común tamaulipeca. Eso se sabía gracias al Convenio Forense firmado
entre la PGR y el Equipo Argentino de Antropología Forense para que estos
expertos independientes revisaran las fosas de San Fernando. Pero aún tenían
que esperar a la exhumación del cuerpo para confirmarlo.
“Le pedí (a Rivero) que
cuando se hiciera la exhumación me permitiera estar ahí para verlo, pero
resulta que la hizo la Procuraduría de Tamaulipas sin avisar”.
En la exhumación se
cometieron nuevos errores. Uno de ellos, fatal: perdieron una parte importante
el esqueleto de Leonardo y revolvieron con otros huesos.
Los restos llegaron
incompletos cuando el equipo argentino los tuvo enfrente para analizarlos,
devolverles la identidad y entregarlos a la familia.
Leonardo fue enterrado en
Torres Mochas mucho tiempo después de haber salido de casa. La familia Ventura
aún busca la parte extraviada del esqueleto.
“Vamos a seguir exigiendo que
encuentren lo que perdieron. Ya pedimos al MP de Tamaulipas que investigue
dónde quedó”, anuncia la madre.
“Si el Gobierno hubiera
querido actuar desde el momento que mataron a los 74 centroamericanos esto no
hubiera pasado”, lamenta el padre.
*#Másde72 es un proyecto de
investigación sobre masacres de migrantes. En www.masde72.org podrá consultar
la información forense que puede ayudar a identificar algunos de los 120
cadáveres que la PGR trasladó desde Tamaulipas al Semefo defeño luego de su exhumación,
ver nombres de personas desaparecidas en San Fernando y las historias de
algunas víctimas, conocer los mecanismos de impunidad que obstaculizan la
justicia. Este reportaje fue realizado en el marco de la Iniciativa para el
Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for
Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS y con colaboración de Periodistas
de a Pie.
(SIN EMBARGO.MX/ Redacción / abril 6,
2016- 23:59h)