Clara Gómez González fue entrevistada
por la revista Esquire en septiembre de 2014. Su testimonio sirvió para
desmentir la versión oficial que hasta ese momento sostenía que lo ocurrido en
Tlatlaya fue un enfrentamiento entre elementos del Ejército mexicano y
presuntos criminales. Durante todo este tiempo, Clara fue identificada como
“Julia”. Ahora, ella exige saber el porqué se dio de la orden de matar a las 22
personas; también demanda el acceso a los expedientes del caso “para averiguar
lo que hay allí y ver lo que el Gobierno está ocultando”.
Clara Gómez González en conferencia de
prensa en el Centro Miguel Agustín Pro de Derechos Humanos. Foto:
Cuartoscuro/Archivo.
Ciudad de México, 27 de marzo
(SinEmbargo).– Clara Gómez González, una de las tres testigos de la masacre
ocurrida en Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio de 2014, exige
saber el porqué se dio de la orden a los elementos del Batallón 102 de
Infantería de matar a las 22 personas que se encontraban en el interior de la
bodega en la comunidad San Pedro Limón, entre quienes se encontraba su hija
Erika.
“Quiero que se haga justicia
y yo quiero saber la verdad, toda la verdad. Y lo más importante para mí es que
la cadena de mando sea investigada. Quiero saber por qué se dio la orden de
matar, para acabar con esas 22 personas. Y quiero que me den acceso a los
expedientes para averiguar lo que hay allí y ver lo que el Gobierno está
ocultando”, dijo Gómez González en una entrevista con el Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS) de Argentina que es publicada por la organización
Open Democracy.
Clara fue entrevistada por la
revista Esquire en septiembre de 2014. Su testimonio sirvió para desmentir la
versión oficial que hasta ese momento sostenía que lo ocurrido en Tlatlaya fue
un enfrentamiento entre elementos del Ejército mexicano y presuntos
criminales. Durante todo este tiempo,
Clara fue identificada como “Julia”. Ella estuvo en el lugar de la masacre
porque había ido a buscar a su hija Erika, una adolescente de 15 años que fue
la única mujer de los 22 asesinados de esa madrugada del 30 de junio de 2014.
Ella ahora relata cómo su
hija desapareció un día de su ciudad natal de Arcelia, Guerrero. Recuerda que
semanas después de desconocer el paradero de Erika, ella le llamó para decirle
que se encontraba en las inmediaciones de Tlatlaya. “Clara fue allí a tratar de
rescatarla. Madre e hija hablaron brevemente, pero los jóvenes con quienes
estaba Erika las interrumpieron y las obligaron a adentrarse en un camión.
Ellas fueron llevadas a un almacén, donde Clara fue enviada a un rincón para
dormir”, describe la publicación.
Un tiempo después, prosigue
la narración del texto, ya en la madrugada del 30 de junio de 2014, una unidad
del Ejército llegó al almacén y comenzó a disparar a las personas que estaban
al interior de la bodega, quienes se rindieron a exigencia de los soldados.
Posteriormente algunos de ellos fueron apartados y ejecutados.
“Erika estaba entre los
muertos, y todavía no está claro lo que le pasó a ella. Clara la había visto
con vida, aunque débil por una herida en la pierna. Pero a Clara no se le
permitió atender a su hija porque ella misma fue acusada de ser una criminal,
una traficante de drogas”, detalla el texto del CELS.
Clara, quien es identificada
como una maestra que trabajaba en comunidades rurales fuera de Arcelia, fue interrogada por las
autoridades y bajo presión, amenazas y tratos crueles por parte de los
funcionarios del Estado de México firmó una declaración jurada sin saber lo que
realmente dijo, refiere el texto. Otras dos sobrevivientes de la matanza fueron
torturadas. En este contexto, fue que un periodista fue en busca de Clara para
oír su versión de lo ocurrido.
“Me escondí durante tres
días, pero entonces mi hijo mayor me dijo que lo hiciera, él dijo que era nada
más una entrevista, sólo una simple entrevista. Me animó y así lo hice, hablé,
y así es como se descubrió todo “, confió Clara al CELS.
También dijo que decidió
romper el silencio porque estaba desesperada en su casa, oyendo “las mentiras
en los periódicos, en las noticias, de que no fue una ejecución extrajudicial,
que se trataba de un tiroteo”.
“Eso no era cierto, eso es lo
que me dolía, que el Gobierno estaba diciendo que había sido un tiroteo y se
estaba felicitando a sí mismo, pero ellos estaban diciendo puras mentiras …
también hablaron de mi hija y dijeron que era parte del crimen organizado y eso
era una gran mentira, así que también rompí el silencio en memoria de mi hija”,
dijo.
“Todo el mundo en el
gobierno, el Estado, quería que esto quedara en la impunidad. Pensaron que
nunca hablaría “, agregó Clara.
La matanza de Tlatlaya ocurrió el 30 de
junio de 2014 en un incidente en el que murieron en total 22 personas. Foto:
Especial
Ahora Clara, cuyo caso llegó
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que le
otorgó medidas cautelares, vive con una escolta de la policía y cámaras de
seguridad instaladas en su casa. Sin embargo, y a pesar de todas las complicaciones,
ella dice que no quiere dejar Arcelia.
“No puedo salir a trabajar [a
otras comunidades] como lo hacía antes, yo trabajo cerca ahora debido a la
falta de seguridad … y cuando salgo de compras, no me siento segura tampoco
porque tengo que ir con la escolta, y no es como antes, cuando podía salir
sola, y divertirme, no más. La vida ha dado un giro, ha cambiado para mí “,
comentó Clara al CELS.
Ella reconoció que en su
ciudad no es la única que padece el impacto de la violencia, pero sabe que la
mayoría de las personas tienen demasiado miedo de hablar.
“Vemos lo que ha sucedido y
no decimos nada, nos quedamos en silencio, porque tenemos miedo de que nos
amenacen. Porque en mi ciudad, si tu hablas o dices algo, bueno, ellos
simplemente van y te llevan, te hacen algo o te desaparecen, simplemente por
decir la verdad. Y eso es lo que hace el gobierno también … en vez de traer la
paz, ellos traen la desgracia a la ciudad “, refirió.
Explico que a causa del clima
de violencia no se sabe en quién confiar porque, comenta, “así como el gobierno
recibe el apoyo de la delincuencia organizada, la delincuencia organizada
obtiene el apoyo del gobierno”.
“Ellos son la misma cosa … y
las personas terminan en medio. Estamos viviendo en un país de la inseguridad”,
denunció.
Clara dijo al CELS que ella
cree que esta violencia podría resolverse con medidas para luchar contra la
pobreza, impulsar la educación y la creación de más puestos de trabajo, de
manera que los hombres jóvenes que son atraídos a trabajar para las redes del
crimen organizado tengan alternativas dignas. Ella confió en que el Estado debe
formar a sus autoridades mejor, para que ellos traten a las personas con
humanidad – y respeten la Ley.
Ella ahora exige que toda la
cadena de mando responsable de lo ocurrido ese 30 de junio en Tlatlaya rinda
cuentas; también pide tener acceso a los expedientes de los procedimientos
judiciales militares afines, que se mantienen apartados del público e incluso
de víctimas o partes interesadas, como ella misma.
Dijo que no se ha investigado
a quien se llevó a Erika lejos de Arcelia. Menciona que aunque el Estado dijo
inicialmente que el grupo en el almacén Tlatlaya estaba relacionado con el
cártel Familia Michoacana, no ha indagado la participación de este grupo en el
tráfico de personas o en la retención de niñas en contra de su voluntad.
Por el contrario, dijo, los
funcionarios estatales siguen insistiendo en que Clara y Erika eran parte del
grupo criminal.
“Quiero que quede claro que
ni mi hija ni yo somos traficantes de droga, como lo han dicho antes. Debido a
que el gobierno no ha reconocido esto. Quiero que se haga justicia y yo quiero
saber la verdad, toda la verdad. Y lo más importante para mí es que la cadena
de mando sea investigada. Quiero saber por qué se dio la orden de matar, para
acabar con esas 22 personas. Y quiero que me den acceso a los expedientes para
averiguar lo que hay allí y ver lo que el gobierno está ocultando “, dijo Clara
al CELS para el artículo que es publicado en Open Democracy.
(SIN EMBARGO.MX/ REDACCIÓN / MARZO 27, 2016 - 19:55)