viernes, 19 de febrero de 2016

LOS PRESOS DEL EJÉRCITO


CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La justicia en las Fuerzas Armadas es por consigna, a contentillo de los generales y sus jefes políticos. Las faltas a la disciplina castrense son un argumento en el que cabe todo cuando se trata de castigar a un militar que cayó de la gracia de su mando.

Las acusaciones por homicidios, lesiones y delitos graves de violaciones a los derechos humanos o de colaboración con el narcotráfico también son una salida perfecta para el castigo.

Las violaciones a los códigos de Justicia Militar y Penal Federal sin duda que deben castigarse, siempre y cuando estén comprobados. Abundan también esos casos en los que, a pesar de las evidencias, los responsables han sido protegidos, también por “órdenes superiores”.

En las prisiones militares del país hay muchos detenidos por consigna o de plano venganza. En el menor de los casos se les impide por todas las vías el ascenso. Al generalato en turno no le ha importado ir incluso contra algunos de sus hombres que han favorecido la imagen del Ejército.




Es el caso del general Ricardo Martínez Perea, quien está por cumplir su condena a 15 años de prisión, acusado de colaborar con el narcotráfico en Tamaulipas. Conocido como el último general táctico, es decir, que ascendió por sus conocimientos en el campo y no en las aulas como Diplomado de Estado Mayor, fue detenido cuando más aseguramientos estaba haciendo en la zona de influencia del Cártel del Golfo, justo cuando habían surgido Los Zetas, los militares de élite del Ejército que desertaron para convertirse en el brazo armado de esa organización delictiva y que años después cobró vida propia.

Qué o a quién afectó el general Martínez Perea en sus aseguramientos, no se sabe. Era el sexenio de Vicente Fox. Bastó un simple anónimo para que se le acusara, procesara y sentenciara.

Nunca lo dejaron demostrar su inocencia y, aunque está a punto de salir de prisión, mantiene su pelea jurídica para que la justicia militar le reconozca como inocente.

El caso trascendió desde hace varios años por el rango de Martínez Perea, al igual que el de otros generales de división que han sido acusados por pugnas al interior del Ejército o sentenciados por presiones políticas, con independencia de su responsabilidad.

Son los menos. La mayoría de los presos son mandos medios, oficiales y tropa que con dificultad se defienden de las órdenes que el ministerio público militar y los jueces castrenses reciben de los mandos superiores del Ejército. Son incontables los internos de las prisiones militares que están en esa situación.

Es difícil que la sociedad salga en su defensa, sobre todo por la imagen que prevalece de que las Fuerzas Armadas se han destacado como perpetradoras de violaciones a los derechos humanos desde que entraron de lleno al combate del narcotráfico, hace una década.

La situación de esos presos no es muy diferente a lo que ocurre en la justicia ordinaria, pero en las instituciones en los que sus jefes no se cansan de mencionar “el honor” como divisa, la lealtad se ha convertido en el privilegio de unos cuantos y que están en la primera fila en las conmemoraciones, como la de este 19 de febrero, Día del Ejército.

Comentarios: @jorgecarrascoa


(PROCESO/ ANÁLISIS /JORGE CARRASCO ARAIZAGA / 18 FEBRERO, 2016)

LAS VIUDAS DE SABINAS CLAMAN AÚN LOS RESTOS DE SUS MARIDOS


Hace 10 años, las familias de 65 mineros se estremecieron con la tragedia de la mina Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, en la región de Nueva Rosita, Coahuila. Sin embargo, después de una década sólo quedó impunidad, pobreza, olvido y el sepulcro clandestino de decenas de esposos y padres.


La tragedia de Pastas de Conchos ocurrió el 19 de febrero del año 2006. Dejó un saldo de 11 trabajadores heridos y 65 mineros muertos, los restos de 63 aún yacen en el socavón. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México a 19 de febrero (SinEmbargo).- “El Gobernador ya no quiso recibirnos. No nos han recibido. Nos dicen que no está y que no está. Hemos estado ahí, en plantones de una semana y nada. Yo no sé qué esconde la empresa, no fueron perros para dejarlos ahí. Yo quisiera aunque sea un hueso que me entreguen de mi esposo, pero no hacen el intento por sacarlos. No hacen nada. Sí con un hueso ya me conformo”, dice Tomasita Martínez Almaguer, viuda de Reyes Cuevas Silva.

Reyes Cuevas quedó sepultado junto con otros 64 mineros el 19 de febrero de 2006 a las 2:30 de la madrugada, cuando explotó la mina de carbón Unidad 8 Pasta de Conchos, propiedad de Industrial Minera México, subsidiaria de Grupo México, y nunca fue rescatado. Cada trabajador contaba con una reserva de oxígeno de seis horas.

Las llamas alcanzaron entre 600 y 900 grados centígrados. Antes de la explosión los mineros se habían quejado de una concentración excesiva de gas metano, superior a los estándares permitidos.

Hoy, como hace una década, su cadáver yace junto al de sus compañeros a una profundidad aproximada de 490 metros, en medio del silencio de un sepulcro clandestino, similar al que envuelve al caso.

Aquel 19 de febrero, recuerda Tomasita, llegaron cientos de personas a San Juan de Sabinas: políticos, reporteros, funcionarios de la entidad y el entonces Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés.

El caos se apoderó de la situación y el rescate de los cuerpos nunca se realizó. La mayoría de las familias se enteró por los noticieros a media mañana y conforme fueron pasando las horas de ese 19 de febrero, la esperanza de rescatarlos con vida, se fue agotando.

“Ese día había mucha gente. Andaba el Gobernador [Humberto Moreira*, había extranjeros, todo el mundo entrevistando. Ahora estamos solas las viudas en el campamento. El actual Gobernador Rubén Moreira ya ni siquiera nos recibe. Nos ven como locas”, dice Tomasita.

En enero pasado, un grupo de viudas acudió al Palacio de Gobierno estatal, donde ahora despacha el hermano de Humberto Moreira. Pidieron una reunión con el mandatario, pero nunca las recibió.

“El caso ya se cerró, porque son 10 años. Ahí nos dieron unas actas de defunción mal hechas. El error de nosotras es haber agarrado esas actas, porque a nosotras no nos han dado los cuerpos. Si no hay cuerpo, no debimos aceptar las actas”, dice.

EL ACUERDO GOBIERNO–GRUPO MEXICO


Cuando ocurrió la tragedia, el Presidente de la República era el panista Vicente Fox Quesada y su Secretario de Trabajo y Previsión Social el poblano Javier Lozano Alarcón, actual Senador por el Partido Acción Nacional (PAN).

Los familiares de los mineros han acusado desde entonces que hubo contubernio entre las autoridades federales y estatales con Grupo México, para evitar el rescate de los fallecidos.

Fue en febrero de 2007 cuando el Gobierno de Coahuila, según afirman las viudas, emitió 65 actas de defunción certificadas por un médico forense. Sólo dos cuerpos fueron rescatados.

Grupo México argumentó, para suspender la búsqueda, que los mineros murieron calcinados. Pero los cadáveres que fueron recuperados presentaron evidencia de que murieron por asfixia.

En abril de 2007, dos meses después de que se entregaron las actas de defunción, la compañía de Germán Larrea Mota-Velasco, suspendió el rescate de los cuerpos por petición de la Secretaria del Trabajo. La empresa argumentó, gracias a un peritaje que mandó hacer a cargo del estadounidense Daniel Wooton, que entre 25 y 75 por ciento de Pasta de Conchos estaba inundada.

El agua estaría posiblemente contaminada con VIH, tuberculosis y hepatitis, les dijeron a los familiares. La contaminación podría contagiar a los rescatistas.

La versión completa del perito fue difundida el miércoles por el periódico Vanguardia. De acuerdo con un documento difundido por el diario, la conclusión del peritaje “Evaluación de las Operaciones de Recuperación en la Mina de Pasta de Conchos y Resultados de los Futuros Esfuerzos de Recuperación”, elaborado por el experto D.G. Wooton, a petición de Grupo México, establece que el agua contaminada con enfermedades infecciosas como VIH, hepatitis, tuberculosis y patógenos entéricos [causantes de pérdidas en ls producción de frutales], que podrían ser contagiosos para quienes entren.

La investigación —realizada del 23 al 27 de marzo de 2007– concluye que los mineros atrapados podrían estar infectados por alguna enfermedad potencialmente mortal.

“El nivel de agua cubre el área donde las víctimas estaban trabajando, resultando que el agua ha estado en contacto con los cuerpos en descomposición…”, establece el documento. “No obstante, dependiendo de la salud de las víctimas, los trabajadores de rescate pueden estar expuestos a infecciones crónicas, incluyendo hepatitis, VIH, patógenos entéricos y tuberculosis. Esta exposición puede suponer severos riesgos a la salud al personal de la mina, a sus familias o a la comunidad entera”.

El análisis, entregado a las familias de los 63 mineros atrapados fue realizado con base a entrevistas con funcionarios de GMéxico y expertos en seguridad laboral.

La investigación indica que fueron analizadas muestras de agua tomadas de un agujero de bombeo donde se encontraron altos niveles de bacterias coniformes y aeróbicas, comúnmente encontradas en cadáveres en descomposición.

Esta teoría es reforzada por un segundo informe —también ordenado por GMéxico y elaborado por Donald McBride, Supervisor Inspector para la Oficina de Minas y Minerales de Illinois— que indica que la mina “podría contener agua contaminada de enfermedades posiblemente mortales”.

En su “Informe de Condiciones y Riesgos en la Mina Pasta de Conchos”, McBride advierte que arriesgarse a recuperar los cuerpos podría ser un peligro para la salud.

La emisión de actas de defunción evitó el pago de pensiones e indemnizaciones. La empresa otorgó 750 mil pesos a cada una de las familias de los 65 mineros fallecidos y gastos para la educación de los menores que quedaron huérfanos. Pero los familiares no quedaron conformes. Hubo marchas y protestas exigiendo el rescate de los cuerpos.

En la tragedia de Pasta de Conchos hay recomendaciones al Gobierno, por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en favor de las familias de Pasta de Conchos.

La recomendación 26/2006 estudió la violación de derechos humanos cometida por la delegación de la Secretaría del Trabajo en Coahuila.

Entre las irregularidades que se encontraron destacan que la compañía no contaba con 19 documentos sobre la seguridad de la mina Pasta de Conchos en una inspección realizada el 12 de julio de 2004. También se realizaron 48 observaciones y se dictaron 34 medidas a ser atendidas.

El Gobierno pidió a la empresa corregir los puntos solicitados. El 7 de febrero de 2006, 12 días antes de la tragedia, se verificó el cumplimiento de las medidas. Sólo 28 estaban cumplidas.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) desestimó la recomendación de la CNDH, argumentando que no era competente para conocer la queja de Pasta de Conchos, porque no era de carácter laboral. Sin embargo, en julio de 2006, aceptó la recomendación y la Comisión notificó a la STPS que se tenía como “aceptada, con cumplimiento insatisfactorio”, debido al pago insuficiente de indemnizaciones.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) también emitió un dictamen en el que señaló que el Gobierno de México tuvo responsabilidad por negligencia en la muerte de los mineros de Pasta de Conchos y en su rescate.

Los cuerpos de los mineros que fueron rescatados son: Felipe de Jesús Torres Reyna, que contaba con 49 años de edad al momento del accidente y su cadáver fue recuperado el 23 de junio de 2006.

El 1 de enero de 2007 fue localizado y rescatado el cuerpo de José Manuel Peña Saucedo, del poblado de Palaú. Los familiares y mineros echaron andar un plan de rescate independiente que fue frustrado por la empresa y autoridades de Coahuila en 2008.




El día de la tragedia, hace ya una década, familiares de los mineros permanecieron durante horas a la espera de información. Desde entonces, mantienen un campamento afuera de la mina. Fotos: Cuartoscuro

EL DÍA TRÁGICO

Tomasita y otras viudas entrevistadas por SinEmbargo recuerdan ese día.

“En 2008 estuvimos a casi nada de encontrarlos, pero al darse cuenta de que estábamos por encontrarlos, cerraron la mina y nos sacaron. Nos dicen que fueron los estatales [policías], todavía estaba Humberto Moreira”, dice.

Tomasita indica que después de 10 años de la tragedia, las viudas y los hijos desean recuperar los cuerpos para sepultarlos y tener una tumba para visitar.

“Llega el Día del Padre, el día del finado y se nos hace muy duro. Dicen que quieren abrir la mina para trabajarla. Yo digo que no lo vamos a permitir, no van a trabajar arriba de ellos, que nos den lo que es de uno. No son animales, no se vale, son nuestros esposos”, dice.

María Guadalupe Hernández Leyva, viuda de José Alfredo Silva Contreras, coincide en que el Gobernador Rubén Moreira, ya no las recibe.

“Me siento desesperada porque no tenemos respuesta, ni por la empresa ni por el Gobierno. La semana antepasada fuimos a ver al Gobernador y no nos recibió. Nos puso unos achichincles, que nos juzgaron locas”, dice.

La mujer asegura que Germán Larrea nunca se presentó ante los familiares de los 65 mineros muertos.

“Cuando pasó el accidente no tuvo la dignidad de avisarnos. Nos enteramos por la televisión. En 10 años nos hemos sacrificado mucho y no hemos logrado nada. Sentimos que ya no vamos a lograr nada”, indica.

En una década han muerto tres viudas, cuenta María Guadalupe. Las que quedan se reúnen en ocasiones. En el campamento aún hay unas 10 mujeres de manera constante.

María enviudó con tres hijos pequeños: de 13, 11 y tres años de edad. La empresa les dio ayuda sólo un tiempo. Sus hijos no estudiaron una carrera.

En 2010 la asociación de familiares de las víctimas de la mina “Pasta de Conchos“, el Equipo Nacional de Pastoral Laboral, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) presentaron un informe sobre Pasta de Conchos.

En ese informe compararon la acción de las autoridades de Chile, que tras 17 días de búsqueda rescataron a los 33 mineros que quedaron atrapados luego del derrumbe ocurrido el 5 de agosto de 2010.

Las organizaciones criticaron que Grupo México agotó la búsqueda en menos de 48 horas y declaró muertos a los mineros en menos de cinco días. No instaló un equipo de monitoreo sísmico para ubicar a los mineros y no entregó información confiable a las cuadrillas de rescate.

Hace unos días, el Obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera López, responsabilizó a Humberto Moreira por la muerte de los mineros de Pasta de Conchos.

“Ahí está, él fue el que empezó a cooptar a las viudas cuando las empezamos a organizar en Pasta de Conchos y empezaron a prohibirles y a decirles que lo que estaban haciendo no les iba a ayudar a ellos y esto me consta a mí”, dijo Vera López.

LAS “BECAS” DE GRUPO MÉXICO

Elizabeth Castillo Rábago es viuda del minero Gil Rico Montelongo y recuerda la tragedia de Pasta de Conchos, como el hecho que le dio un giro a su vida.

Un giro negativo. Hasta ese momento, el 19 de febrero de 2006, su esposo llevaba los gastos del hogar.

La pareja procreó tres hijos que, cuando ocurrió la tragedia tenían 15, 13 y nueve años. Los pequeños eran muy apegados a su padre, cuenta Elizabeth y la pérdida significó un problema fuerte emocional para la familia, adicional al económico.

“Ellos estaban muy apegados a él y él con ellos. Ha sido difícil, porque nunca nos atendió un psicólogo. En estos largos años uno desea haber tenido una estabilidad y ayuda con un psicólogo, porque he sabido sacar adelante a mis hijos, pero ha sido muy difícil”, indica.

Sus hijos mayores Gil y Agustín no concluyeron sus carreras técnicas. Pero Pablo, el menor estudió y trabajó para poder costear su carrera en Desarrollo de Negocios.

“Al del medio le faltaron dos años para terminar su carrera. Al mayor le faltó un semestre para terminar Técnico en Computación. Él más chiquito siguió estudiando, pero ya sin beca”, dice.

La beca que Grupo México les dio a sus hijos era de 490 pesos al mes para primaria; 690 para educación secundaria; 900 para cursar preparatoria y mil pesos para una carrera técnica.

“A veces la daba cada mes, a veces cada dos meses. La verdad fue muy difícil sacar adelante a mis hijos, todavía el mayor se queja de que si su papá estuviera, las cosas hubieran sido diferentes”, narra.

Pablo, el menor, quiere estudiar gastronomía. Lo hará con el salario que gane de su trabajo con la carrera técnica que ya tiene.

Los hijos de Gil Rico y su esposa se han recuperado a medias de la tragedia. Aún esperan los restos de su padre.

“La esperanza es la última que muere. Esperamos que sí nos hagan justicia. Aunque son 10 años y lo vemos difícil, el Gobernador [Rubén Moreira] ya no nos atiende, antes sí nos atendía y nos había dicho que nos iba ayudar. Pero ya a partir de este año ya ni nos contesta. Ahorita sólo hay silencio”, dice.

Hoy las esposas e hijos de los mineros sepultados en Pasta de Conchos realizarán una marcha en Coahuila y una vigilia en la madrugada en la mina, para recordar aquel 19 de febrero.


(SIN EMBARGO.MX/ Shaila Rosagel / febrero 19, 2016-00:00h)

¿CHAMPÁN, CAVIAR, SALMÓN? SÍ, TODO PAGADO POR MÉXICO… SI ERES EMPLEADO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA


Hilda García cenó champán, caviar y salmón ahumado en el restaurante de la parte superior de Harrods, en Londres. Jorge Pulido gastó en dos taxis y una comida 500 dólares. Alejandro Bonilla “disfrutó tanto de los calamares en su hotel en Kona que se comió tres rondas en 24 horas”. Todos son empleados de la Secretaría de la Función Pública. Un reportaje publicado este día por Reuters –y firmado por la periodista Elinor Comlay– revela los viáticos de funcionarios mexicanos dedicados, en teoría, a combatir la corrupción. El texto dice que, además, la SFP a cargo de Virgilio Andrade ni siquiera transparenta sus propios gastos y tampoco lleva control de sus empleados.


Virgilio Andrade, Secretario de la Función Pública. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 19 de febrero (SinEmbargo).– Algunos empleados de la Secretaría de la Función Pública (SFP), esa dependencia que absolvió a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray Caso de posible corrupción con sus mansiones adquiridas a un contratista que obtuvo millonarios contratos con el Gobierno federal, se dan vida de príncipes.  Con cargo al erario público. Así lo da a conocer un reportaje de Reuters publicado hoy.

De acuerdo con el texto de la periodista Elinor Comlay –editado por Simon Gardner y Kieran Murray–, los funcionarios de la dependencia a cargo de Virgilio Andrade, cuando están de viaje, se pagan lujos con cargo a los ciudadanos de México.

“Una cena de champán, caviar y salmón ahumado en el restaurante de la parte superior de Harrods fue cómo Hilda García, funcionaria en la lucha contra la corrupción mexicana, gastó parte de sus 450 dólares por día de dieta de viaje en Londres, el año pasado”, dice el reportaje.

Al tipo de cambio de hoy viernes 19 de febrero, eso significan 8 mil 410 pesos por día para comer.

“Un colega, Jorge Pulido, enviado a Kuala Lumpur para una conferencia, se las arregló para gastar más en los taxis y comidas durante una escala en Frankfurt, que lo que lo dispuso en su seis días estancia en el hotel en Malasia”, agrega el texto.

El Portal de Obligaciones de Transparencia del Gobierno federal expone que Pulido tiene un salario bruto de 175 mil 828 pesos con 64 centavos, de acuerdo con una búsqueda realizada este día por SinEmbargo. Hilda García no aparece en el directorio de la Función Pública.

La agencia internacional de noticias cuenta que Alejandro Bonilla “disfrutó tanto de los calamares en su hotel en Kona que se comió tres rondas en 24 horas”. Bonilla es un funcionario de la Función Pública que estuvo en Hawai para las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP).

En el mismo portal aparece Alejandro Bonilla Muñoz como director de contrataciones electrónicas. Tiene un suelto bruto de 113 mil 588 pesos con 13 centavos, de acuerdo con la búsqueda realizada por SinEmbargo.

“Jaime Cerdio era más austero. En un viaje a Washington, vivía con sándwiches y refrescos de 10 dólares que compró en el Safeway local, y pagó casi un tercio de su total de dinero asignado para diario, por lo que repuso a las arcas del gobierno más de mil dólares”, dice Reuters.

Virgilio Andrade llegó a la Secretaría de la Función Pública hace un año, el 3 de febrero de 2015. Fue designado por el Presidente Enrique Peña Nieto, quien mantuvo ese cargo anticorrupción vacío durante dos años, desde 2012 que llegó a Los Pinos.

Andrade tuvo un primer encargo: investigar a Peña Nieto y a su esposa, Angélica Rivera, así como el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, por haber adquirido mansiones a Grupo Higa, una empresa ampliamente beneficiada con contratos gubernamentales federales y en el Estado de México.

El funcionario, ex empleado de Videgaray, concluyó que no había ningún “conflicto de interés”.

Virgilio Andrade es hijo de Virgilio Andrade Palacios, representante legal del líder petrolero Carlos Romero Deschamps y asesor de Ana Paula Gérard, esposa de Carlos Salinas de Gortari.



Virgilio Andrade, Alfredo Castillo y Enrique Peña Nieto. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de la Función Pública  (SFP) está encargada de la supervisión y la rendición de cuentas en el gobierno. Es responsable de frenar el gasto y de la lucha contra la corrupción. “Pero admite que tiene poca idea de cómo sus propios empleados gastan el dinero público en el extranjero, de acuerdo una investigación realizada por Reuters”, agrega Elinor Comlay.

El reportaje revela que la SFP tiene sólo registros en papel de los gastos de viaje, y los empleados de gobierno sólo deben entregar boletos de avión y recibos del hotel. “Esto significa que una gran parte de los gastos de viáticos de los empleados no se controlan”.

El departamento de finanzas de la Secretaría no supo informar a Reuters cuántos empleados de la Función Pública viajaron el año pasado, por cuánto tiempo y cuánto gastaron. “En su lugar, se entregaron mil páginas de archivos de papel en cajas de cartón para su revisión”.

“Estamos revisando esto para asegurarnos de que las mejores prácticas se aplican a este tipo de gastos”, dijo Andrade a Reuters.

Pulido, jefe de asuntos legales de la SFP, explicó que Frankfurt –a donde llegó sólo para transbordar porque iba a “una conferencia contra la corrupción en Kuala Lumpur”– es caro. Requirió quinientos dólares en dos taxis y dos comidas allí, y se quedó corto, dijo, porque gastó 450 dólares más.

Reuters dice que en Estados Unidos los funcionarios públicos tienen derecho a dietas en circunstancias limitadas y deben presentar los recibos para los reembolsos.


(SIN EMBARGO.MX/ Redacción / Sin Embargo febrero 19, 2016- 18:00h)

LA OTRA CURIA


En México existe sacerdotes alejados de los lujos y la clase política, que pese a ser amenazados por grupos de la delincuencia organizada ayudan y predican con acciones

En México existe un grupo, alejado de los lujos y la clase política, que realiza trabajo con agrupaciones vulnerables en varias partes del país.

Se trata de sacerdotes que llevan la ayuda a sus comunidades y que predican con acciones, no solo con discursos.

Algunos de ellos ni siquiera estuvieron presentes en los eventos del Papa Francisco en México. Han sido amenazados por grupos de la delincuencia organizada o ignorados por las autoridades; aun así, no han cejado en su actividad.

Este es el otro sacerdocio, el que todos los días se reúne con las víctimas y trabaja por los derechos humanos.

SOLALINDE
Protector de los migrantes

El director del albergue “Hermanos en el Camino”, trabaja en la región de Ixtepec, Oaxaca, donde todos los días da cobijo, comida y consuelo a decenas de migrantes centroamericanos en su camino hacia Estados Unidos.

Solalinde ha tomado notoriedad al pronunciarse sobre temas polémicos relacionados, sobre todo, con cuestiones de seguridad pública y migración.

El sacerdote ha sido amenazado de muerte varias veces; incluso, ha tenido que salir del país para resguardar su integridad física.

El también coordinador de la Pastoral Social de Movilidad Humana, ha criticado que el Papa Francisco no tocara temas cruciales para México, como las desapariciones.

“Hay una ausencia de ver y escuchar a las víctimas y a sus familias”, dijo Solalinde en una entrevista con Radio Fórmula.

Solalinde no fue requerido para asistir a la misa que el Papa Francisco llevó a cabo en Ciudad Juárez con el tema de las víctimas y la migración.

Acusó que Jorge Mario Bergoglio fue “secuestrado” por la alta jerarquía de la Iglesia mexicana y del Estado.

RAÚL VERA
El obispo progresista

El obispo de Saltillo es uno de los sacerdotes más polémicos del país.

Lo mismo organiza misas con trabajadoras sexuales que con la comunidad homosexual, las víctimas de la violencia, los mineros o con migrantes.

Aunque la mayor parte de su labor social la realiza en su diócesis, su fama ha alcanzado otros países por las ideas progresistas que defiende.

Las personas despojadas, violadas en sus derechos humanos o familiares de asesinados o desaparecidos acuden a él y busca cómo apoyarlos.

Ha acompañado a los familiares de los mineros de Pasta de Conchos y ha afirmado sin ambages estar a favor de las uniones entre personas del mismo sexo.

Junto a él, el padre Pedro Pantoja, también de la diócesis de Saltillo, sigue una doctrina más abierta, que ha sido criticada por los grupos conservadores.

PADRE GOYO
Rezos antibalas

En Apatzingán, Michoacán, los hechos de violencia estaban a la orden del día y fue el “Padre Goyo” quien comenzó a denunciar las desapariciones y asesinatos que ocurrían en su comunidad.

Denunció que el presidente municipal de esa localidad estaba relacionado con Los Caballeros Templarios. Bendecía las armas de las autodefensas y denunciaba desde el púlpito a quienes habían tomado el camino del mal.

Goyo ganó notoriedad cuando, en uno de los picos de violencia en la entidad, oficiara misa portando un chaleco antibalas, pues sus constantes denuncias ya le habían hecho ganar varias amenazas de muerte.

Las constantes denuncias y declaraciones polémicas –como aquella donde dijo que las ejecuciones del 6 de enero del 2015 en Apatzingan habían sido un “remedio necesario”- provocaron que Alberto Suárez Inda, arzobispo de Morelia, lo sacara de su parroquia y le diera “un año sabático”, por lo que fue confinado sin posibilidad de dar misa.

En septiembre del 2015, cuando se había dado a conocer que el Papa no visitaría México esos meses, Gregorio hizo pública una carta donde le agradecía al Papa Francisco no venir al país a dar la mano a la clase política y eclesiástica.

PADRE PRISCI
Un remanso en el desierto

Así haga un calor inclemente o un frío devastador, Prisciliano Peraza, “El padre Prisci”, como le dicen en la comunidad, se dedica a dar cobijo, comida y consuelo a los migrantes que cruzan a Estados Unidos por la frontera de Altar, Sonora.

En medio de una región dominada por los grupos del crimen organizado, que ahora usan a los migrantes como burreros para el paso de droga, el padre Prisci intenta proteger a migrantes de México y Centroamérica que llegan a la localidad.

En su Centro Comunitario de Atención al Migrante, Prisci da todos los días dos comidas a los migrantes, así como hospedaje y atención médica, además de un kit con el que les ayuda a hacer el cruce por el desierto.

Casi nunca se le ve vestido con sotana, salvo cuando oficia misa en su parroquia. Por lo regular viste pantalón de mezclilla, camisa a cuadros y sombrero vaquero.

Así recibe también a familiares de migrantes desaparecidos que van a buscarlos por la ruta que pudieron seguir. Y cuando la tragedia alcanza a quienes cruzan, va a recoger sus cadáveres a Estados Unidos para intentar repatriarlos a sus lugares de origen.

MIGUEL CONCHA
La protesta social

Es director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, una de las organizaciones de defensa de los derechos humanos más activas del país.

Con una visión progresista, que le ha valido críticas de los sectores más conservadores, ha defendido el derecho a la protesta social, la soberanía alimentaria y la defensa del territorio.

En una de sus declaraciones más polémicas, el sacerdote pidió que en la investigación de los hechos de Ayotzinapa se incluyera a los militares, para definir si habían tenido o no responsabilidad.

Antes de la visita del Papa Francisco a México, el padre Miguel Concha dijo que era “fácil” que el sumo pontífice se reuniera con los padres de los 43 normalistas desaparecidos.

PADRE PATO
Bendición tarahumara

Es un sacerdote que trabaja principalmente con los indígenas de la Sierra Tarahumara, quienes lo conocen como “El padre Pato”, pero también se ha vuelto compañero de las víctimas de la violencia.

Presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, el padre Pato ha acompañado, por ejemplo, a los familiares de quienes fueron asesinados en la masacre de Creel, en Chihuahua.

La masacre ocurrió en noviembre del 2008 y cobró la vida de 11 personas; fue una de las primeras matanzas que pasó en México y tuvo gran impacto por ser de las primeras consecuencias de la llamada “guerra contra el narcotráfico” iniciada por el expresidente Felipe Calderón.

De formación jesuita, Jesús Ávila también se ha convertido en el defensor de las comunidades por obras que se han querido realizar en sus territorios.

Ha sido amenazado en varias ocasiones, por lo que hasta le han sido dictadas medidas cautelares para su protección.


(REPORTE INDIGO/ IMELDA GARCÍA/ Viernes 19 de febrero de 2016)

VIDEO EXHIBE MASACRE DE REOS DEL TOPO CHICO


Las cámaras de circuito cerrado del Penal del Topo Chico grabaron la matanza ocurrida la semana pasada en este reclusorio de Nuevo León donde hubo 49 reos muertos

Un video del interior del Penal del Topo Chico revela las imágenes de la masacre de 49 reos registrada la semana pasada en este reclusorio de Monterrey.

La videograbación de las cámaras de seguridad del Topo Chico muestra que los internos ambulaban antes de la tragedia por la cárcel sin ninguna restricción por parte de los celadores.

Se aprecia cómo un grupo de internos se organizan para iniciar una batalla campal en los patios de este centro penitenciario, pues con palos y bates los reos se arman para ubicar a sus rivales durante la noche del pasado 10 de febrero.

También las imágenes exhiben cómo asesinan con palos a una persona en el patio central del Penal del Topo Chico, y el cuerpo queda inerte y es "rematado" por un interno que vestía una camisa a cuadros.

Los gritos de muerte y venganza se escuchaban en cada rincón de las celdas de este centro penitenciario, algunos reos buscaban cómo ocultarse, incluso otros lograron sobrevivir al embarrarse de sangre y se hacían pasar por muerto.

Otros subieron a la azotea de los ambulatorios para ponerse a salvo de la furia mortal desatada por internos hacia el interior del reclusorio.

En el video también se observa varios muertos afuera de un supuesto restaurante, así cómo se incendia un edificio.


(REPORTE INDIGO/ JESÚS PADILLA /  Viernes 19 de febrero de 2016)

VIDEO: ELLA ES EMMA CORONEL AISPURO


El Debate | Ciudad de México.- Muchos quedaron sorprendidos con la entrevista que hoy dio a la cadena Telemundo, Emma Coronel Aispuro, actual esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, quien fue recapturado en Los Mochis, Sinaloa.

Emma Coronel Aispuro, es una exreina de belleza de 26 años, que se convirtió en la tercera esposa de “El Chapo” cuando ella tenía 18 años de edad.

Nació en California y se encontraba con Guzmán Loera cuando fue detenido por segunda vez en 2014. Ambos se encontraban en un condominio llamado Miramar, ubicado en la zona del malecón del puerto de Mazatlán.

Ese año, Emma también fue detenida, pero puesta en libertad luego, porque no se le comprobó crimen alguno y sus abogados le consiguieron un amparo judicial para evitar un futuro encarcelamiento.

Desde entonces se desconocía su paradero, y fue hasta ahora que salió a la luz la entrevista de la esposa del narcotraficante más buscado en América Latina, en la que dice temer por la vida de su esposo.

Algunos de sus familiares han sido relacionados con el tráfico de drogas, como Ignacio Coronel, su tío, quien fue abatido por el Ejército Mexicano, mientras era una figura importante del Cártel de Sinaloa.

“El Chapo” y Coronel se conocieron cuando ella se convirtió, a los 17 años, en la reina de la Gran Feria del Café y la Guayaba en Durango, México, en el 2007. "El Chapo" esperó para casarse con ella hasta que cumpliera la mayoría de edad. Tuvieron dos hijas gemelas, nacidas en Estados Unidos.

Las primeras palabras de la esposa de “El Chapo”.


(ZOCALO / AGENCIAS/ 19/02/2016 - 06:38 PM)

EXIGEN FAMILIARES DE DESAPARECIDOS ABRIR LAS FOSAS CLANDESTINAS DE TETELCINGO


Familiares de víctimas de desaparición de varios estados del país, demandaron a las autoridades de Morelos la exhumación inmediata de los 150 cuerpos que se encuentran en las fosas clandestinas de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ubicadas en el predio El Maguey, del poblado de Tetelcingo, al norte de Cuautla, Morelos.

La protesta de los integrantes del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México ocurre después de que este martes fueran vinculados a proceso los presuntos responsables de la inhumación clandestina realizada el 28 de marzo de 2014, Ana Lilia Guerrero Moreira, ex coordinadora Central de Servicios Periciales; y Jerson Cervantes Gurrea, ex encargado de despacho de la Coordinación de Servicios Periciales de la Zona Oriente.

A nombre de los familiares provenientes de los estados de México, Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Morelos y la Ciudad de México, Valentina Peralta Puga, coordinadora de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, habló del objetivo de la manifestación “lo que están buscando son a sus seres queridos desaparecidos, secuestrados, hijos, padres, hermanos, esposas, esposos y sabemos que las fosas clandestinas, que realizó la Fiscalía de Justicia en Morelos, de manera irregular, en un predio en la comunidad indígena de Tetelcingo, en la ciudad de Cuautla, puede darles una pista”.

Afirmó que se encuentran 150 cuerpos sin identificar, a quienes ni siquiera les practicaron las pruebas periciales básicas que son la toma de muestra biológica para tener el perfil genético y la superposición antropomórfica, que son radiografías y fotografías al cráneo y restos, para poder cotejar con los seres humanos que se buscan.

“Sabemos que no lo hicieron, explicó, por eso nosotros tenemos que exigir que esos cuerpos sean procesados uno por uno, conforme a derecho, es decir, que se exhume cuerpo por cuerpo ante la presencia de peritos de la PGR, de la Policía Federal, de personal de la UAEM, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado, para que se obtengan los perfiles genéticos de cada ser humano que ahí se encuentra, para que sea cotejado con los perfiles genéticos que han aportado los familiares de los desaparecidos”, sostuvo.

Y recalcó, “queremos que el 28 de marzo saquemos el primer cuerpo de esa fosa, porque el 28 de marzo (de 2014) los sepultaron ahí, porque el 28 de marzo (de 2011) mataron a un grupo de jóvenes, entre ellos el hijo de Javier Sicilia, porque el 28 de marzo (de 2013), Graco dijo que era el día de la víctima, porque ese día mataron a un grupo de seres humanos en Tamaulipas y los depositaron en fosas, por eso el 28 de marzo es un día simbólico donde vamos a sacar contra viento y marea el primer ser humano de las fosas de Tetelcingo, pese a quien le pese”.

Peralta Puga lamentó que la respuesta del gobierno de Graco Ramírez sea la complicidad a favor de la impunidad, porque después de seis horas de discusión con funcionarios del gobierno del estado, en una reunión realizada hace dos meses en el palacio de gobierno, llegaron a acuerdos, levantaron una minuta, que después los funcionarios ya no quisieron firmar, una vez que se retiraron a un evento al que les había convocado el mismo gobernador.

Este martes, el fiscal Javier Pérez Durón estableció un plazo de mes y medio para que el propietario del predio que es utilizado como panteón en Tetelcingo, “regularice el lugar” y entonces sean exhumados los cuerpos que no han sido identificados y que la Fiscalía establece que son cerca de 40.

En entrevista, informó que se solicitará la coadyuvancia de la Procuraduría General de la República (PGR), y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para “transparentar” el procedimiento de exhumación y la toma de muestras genéticas de los cadáveres depositados en las fosas clandestinas, en las que dijo, se encuentran 118 cuerpos, negando como siempre, que hayan sido 150 como afirman las víctimas.

“Con la colaboración de la PGR y de la CNDH, se garantiza certeza en el actuar de la Fiscalía General del Estado, con respecto a la exhumación y la toma de muestras genéticas”, dijo el fiscal, y se negó a opinar respecto de la posible participación del Departamento de Identificación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), pues afirmó que se buscarán a instituciones a nivel nacional como PGR y CNDH.


(RIODOCE/ Proceso/ 18 febrero, 2016)

EJECUTAN A EXDELEGADO DE LA POLICÍA MINISTERIAL EN VERACRUZ


Jonathan Reyes Sosa, exdelegado de la extinta Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), fue acribillado la madrugada de este viernes en esta capital.

Los hechos ocurrieron cuando Reyes Sosa, de 38 años de edad, llegaba a su domicilio, en la colonia Mártires de Chicago, y fue recibido por un grupo de sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones en el momento en que descendía de su camioneta Dodge.

Los agresores huyeron con rumbo desconocido en un Jetta negro y una camioneta Cherokee.

“Le dispararon en reiteradas ocasiones para luego huir en dos vehículos”, confió un policía ministerial a los reporteros de nota roja.

Los servicios de la Cruz Roja llegaron al lugar del crimen cuando el exdelegado de la AVI ya no tenía signos vitales.

Al lugar acudió personal de Servicios Periciales, del Servicio Médico Forense, Mando Único y Fuerza Civil para montar un cordón de seguridad e iniciar las diligencias de rigor.

Hasta hace dos años Jonathan Reyes trabajó como delegado de extinta la AVI, ahora Policía Ministerial. Posteriormente cambió de giro profesional y se dedicó a abrir pequeños bares en esta ciudad, conocidos como “Los Bebederos”.


(RIODOCE/ Proceso /19 febrero, 2016)

AUTOCOMPRA DEL PATRIMONIO DE LA PAZ


Durante abril de 2014, el Cabildo del ayuntamiento paceño aprobó la venta de 78 terrenos del gobierno municipal para pagar deudas y mejorar servicios públicos. Sin embargo, una investigación de ZETA expone que seis predios fueron adquiridos por ex funcionarios, amigos y prestanombres de los ex alcaldes Esthela Ponce y Francisco Monroy  

La Paz, Baja California Sur.- El 11 de abril de 2014, durante una sesión privada de Cabildo, de carácter extraordinario, la ex presidenta municipal de La Paz, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, solicitó un punto de acuerdo para cambiar la condición jurídica de 78 bienes inmuebles, propiedad del gobierno municipal paceño, los cuales pudieran pasar de dominio público a dominio privado, a fin de ser vendidos y obtener recursos para sanear las finanzas públicas del XIV Ayuntamiento local.

Los bienes inmuebles y parte del patrimonio del gobierno paceño, habían sido obtenidos de la donación de los desarrolladores de fraccionamientos, obligados a entregar el 10 por ciento del área lotificable vendible -según la Fracción III Artículo 27 de la Reglamento de Fraccionamientos del Estado-, cuyas propiedades debían ser destinadas para equipamiento urbano de la capital.

En ese entonces la justificación de la ex alcaldesa paceña fue que ocupaban brindar “una mejor prestación de los servicios públicos, tales como seguridad, recolección de basura, pavimentación, mantenimiento de parques y suministro de agua”.

El ayuntamiento de La Paz, otra vez hundido en el escándalo, ahora la autocompra de predios de ex funcionarios de la administración anterior.

Por tal motivo, según el punto de acuerdo en poder de ZETA, requería que el patrimonio municipal de los paceños fuera desafectado, es decir, cambiar la condición jurídica de los terrenos, y que a partir de ahí, pudieran ser “enajenables, prescriptibles y embargables”, y tener la posibilidad de venderlos a través de las figuras de permuta, hipoteca, compraventa y donación en pago.

El dinero obtenido de la venta del patrimonio municipal iba a ser utilizado “en el pago de pasivos y el gasto del empate de recursos con el Estado y la Federación para la ejecución de obras sociales y turísticas”.

La propuesta del cambio de situación jurídica era porque -según el escrito- “no podían ser vendidos” por ser bienes inmuebles considerados del dominio público, es decir, equipamiento urbano tal como áreas verdes, parques, canchas deportivas y espacios públicos de uso predominante para la población.

Ponce Beltrán informó que el ayuntamiento paceño era el legítimo propietario de los 78 bienes inmuebles -según constancia en los planos de lotificación debidamente autorizados por las direcciones generales de Desarrollo Urbano y Ecología y Catastro, los cuales ya estaban inscritos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio-.

Las propiedades estaban localizadas en las colonias Paseos del Sol, Marina Sur, Diana Laura, Santa Gertrudis, El Palmar II, Santa Fe, Calafia, Villas del Encanto, Paraíso del Sol II, Miramar, Tierra Café, Santa María, Campestre La Paz, Las Rinconadas de las Californias, San Rafael II, Villas de La Paz, Valle del Mezquite, Conchalito y Camino Real; así como las zonas rurales de San Pedro, Plutarco Elías Calles, El Pescadero, El Centenario, Carretera Pichilingue, Carretera Los Planes y Laguna de Oxidación.

 La ex presidenta municipal paceña dijo en la exposición de motivos que “el ayuntamiento es competente y está legalmente facultado para conocer y resolver el destino del patrimonio municipal, toda vez que es el órgano colegiado encargado de aprobar por acuerdo de la mayoría calificada la desafectación del patrimonio inmobiliario municipal, cuando dejen de destinarse al uso común o al servicio público”.  

El debate Después de la presentación exprés, y durante la trigésimo octava sesión extraordinaria privada de Cabildo, la propuesta abrió el debate.

La primera en hablar, y tras presentar el escrito, fue la propia Esthela de Jesús Ponce Beltrán, quien comentó que el planteamiento era para buscar -según ella- “un marco de negociación con empresas y proveedores con los que el ayuntamiento tiene deudas, como FONACOT y Comisión Federal de Electricidad, y poder llegar a un acuerdo. Silvia Aguilar Baltazar.

 “Mi interés es que los bienes que se enajenen, si es procedente la solicitud, es que sean los menos, a fin de no comprometer el patrimonio municipal”, dijo.

El primero en refutar la propuesta fue el ex regidor del PRD, Javier González Rubio Cerecer, quien expresó que 78 eran “muchos predios”, y tendría que revisar “porque el padrón inmobiliario me lo acaban de entregar, y no hay más documentación anexa de los terrenos”.

El edil recordó lo delicado del tema que fue la venta del terreno del Cerro de la Calavera -vendido por su cuñado, el ex alcalde y ex gobernador Leonel Cota Montaño-, por el cual después de tanto tiempo, todavía andaban los dimes y diretes, por lo que presentó la contrapropuesta de vender únicamente cinco terrenos de más o menos grandes extensiones, los cuales estaban en la lista, y dejar el resto pendientes.

Fue entonces cuando muy quitado de la pena y sin ninguna pizca de vergüenza, el ex síndico del PRI, Francisco Javier Moreno Soria, dijo estar de acuerdo y sacó textualmente la frase “los bienes son para remediar los males”, por lo que dijo que la venta estaría encaminada a resolver los problemas de servicios.

El ex regidor del PANAL, José de la Toba Camacho, secundó al ex síndico y expuso que la venta motivaba “para resolver los problemas de servicios públicos por el elevado crecimiento de la población de La Paz”, aunque textualmente alertó:

“El cambio del estatus de los bienes municipales de dominio público a privado se puede poner en riesgo la posibilidad de un embargo por acreedores, por lo que es necesario revisar a fondo los bienes inmuebles susceptibles de inversión o venta”.

El ex regidor panista Saúl Lamas Guzmán preguntó:

“¿Los terrenos del padrón son donaciones de las compañías de fraccionamientos para áreas verdes?”, planteamiento que se respondió de inmediato por parte de la ex alcaldesa paceña, argumentando que se habían revisado “las zonas donde estaban los predios” y, en según ella, no requerían de equipamiento urbano porque éste ya existía.

Terminando su intervención, el ex regidor priista Ricardo Fiol Higuera comentó estar de acuerdo con la propuesta de cambio de situación jurídica y venta, porque “se está haciendo algo para resolver la situación financiera, y lo mismo escuché de ciudadanos que para pagar deudas se vendiera lo que se necesitaba, a fin de obtener mayores recursos”.

Por su parte, Luis Fernando Barajas Gámez, del Partido Nueva Alianza (PANAL), refutó lo dicho por su compañero, porque para empezar “no son los únicos bienes inmuebles del ayuntamiento paceño”, y además expresó que se debían exponer los criterios para seleccionarlos y ver cuáles de la lista se van a vender.

El ex edil consideró que la venta era “una situación delicada, y se declaró sorprendido por la actitud del ex síndico Francisco Javier Moreno Soria, quien era el responsable del patrimonio municipal de los paceños. Entonces intervino Esthela Ponce Beltrán:

“Se van a vender los bienes no necesarios para infraestructura social, y los que no se utilicen en estas negociaciones y acuerdos, estaré pendiente de que se regresen al estatus anterior para que no queden en manos libres”.

Por último intervino el ex regidor priista Fausto Álvarez Gámez, quien pidió la máxima secrecía en este asunto para no levantar ruido o generar una polémica por la venta del patrimonio municipal.

Al final, tras agotarse las intervenciones, los ex regidores votaron quedando de la siguiente manera: 12 votos a favor de la venta, 3 abstenciones y 0 en contra.

Armando Martínez Vega, anuncio una investigación por parte de una comisión especial – Antonio Manríquez Bancalari, en la lista de los beneficiados – Francisco Javier Moreno Soria, el ex Sindico del XIV Ayuntamiento de La Paz Los que votaron a favor fueron:

Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Francisco Javier Moreno Soria, Fausto Álvarez Gámez, Silvia García González, Ana Luisa Yuan Santa Ana, José Yakael Ramírez Pérez, Norma Alicia Castañeda Quintero; Ricardo Fiol Higuera, José Javier Martínez González, Pilar Eduardo Carballo Ruiz y Saúl Lamas Guzmán. Los que se abstuvieron fueron: Javier González Rubio Cerecer, Luis Fernando Barajas Gámez y Jesús Francisco Rubio Salgado.  

Las irregularidades Sobre está aprobación todo pareciera estar bien, de no ser porque -a la vuelta de dos años- algunos de los terrenos aparecieron registrados a nombre de ex funcionarios, amigos y prestanombres de los ex alcaldes de La Paz, Esthela de Jesús Ponce Beltrán y Francisco Javier Monroy Sánchez.

El 26 de octubre de 2015, después de un mes de la toma de protesta del nuevo alcalde, Armando Martínez Vega, ZETA solicitó a través del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAI) la siguiente información:

* El estatus en que se encuentra cada uno de los predios que forman o formaban parte del patrimonio del gobierno municipal de La Paz.

* Informar si fueron vendidos o transferidos, ya sea a una persona física o moral.

* La fecha y el precio del metro cuadrado en el caso de que se haya dado un acuerdo comercial.

* Copia de toda la documentación detallada, como contratos de compraventa, recibos de dinero o cualquier documentación que acredite la operación de compraventa a terceros del patrón de bienes patrimoniales del municipio paceño.

La respuesta a la solicitud de información, bajo el número de expediente 590/2015, llegó hasta el 9 de noviembre de 2015, cuando la directora general de Catastro, Rafaela Beltrán Castro, remitió lo siguiente:

– Confirmó que la situación jurídica del listado de 78 bienes inmuebles fue cambiada del dominio público al dominio privado, seis de los cuales fueron transferidos (vendidos) a través de la figura de dación de pago a particulares y uno más a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

No obstante que el 9 de agosto de 2015 fuera revocado el punto de acuerdo del 11 de abril de 2014, revirtiendo el patrimonio de dominio privado a dominio público, lo que automáticamente lo convirtió en inalienable, imprescriptible e imbargable, según el Artículo 2 Fracción XII de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y artículos 160, 161 y 163 Fracción IV de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado.

– Determinó que el precio de venta y fecha de la operación de compraventa no fue revelada porque -según el escrito- “la información no se encuentra registrada”, en virtud de que la “la transmisión de dominio obedece a daciones en pago que fueron ejecutadas por la tesorería municipal”.

– Hizo entrega del dictamen de desafectación  y el acuerdo privado del Cabildo. Aunque en el informe, la directora de Catastro de La Paz refiere seis daciones en pago, el padrón de los 78 bienes inmuebles del patrimonio municipal, arrojó 15 actuales propietarios:

 Silvia Aguilar Baltazar: Prestanombres del ex alcalde de La Paz, Francisco Javier Monroy Sánchez, quien se adjudicó un terreno de 7 mil 798 metros 77 centímetros cuadrados de un predio en la colonia Villas del Encanto, por una supuesta deuda de 2 millones 505 mil pesos 866 mil 34 centavos a la compañía Autoservicios Aguilar. Antonio Alejandro Manríquez Bancalari.

Ex director de Fomento Económico en la pasada administración, el cual tiene dos predios: uno de 934 y otro de 933 metros cuadrados en la comunidad de El Pescadero. La operación quedó registrada como compraventa.

Moisés Pérez Correa. Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), quien se adjudicó un terreno de 663 metros cuadrados en la colonia Paraíso del Sol II,  registrado como una operación de compraventa.

Elías Higuera Amador. Secretario general del Partido Progresista, quien tiene tres terrenos: uno de 6 mil 670 metros cuadrados, otro de 5 mil 121 metros cuadrados y uno más de 5 mil 11 metros cuadrados sobre la carretera a Los Planes. José Gildardo Osuna Santos. Se adjudicó un terreno de 14 mil 726 metros cuadrados en la carretera a Los Planes. Otros más son:

Juan Trinidad Ugalde Cortés y Manuela Victoria Amao Cota, así como las compañías MC KENTON, S. A de C.V. Proyecto y Desarrollo Punta Cortés, S.A de C.V.; Proyecto Inmobiliario de Culiacán, S.A de C.V.; y Comercializadora y Desarrolladora de Proyectos, S.A de C.V.

Sobre estos hechos, el alcalde de La Paz, Armando Martínez Vega, anunció que iniciarían un proceso para recuperar los terrenos dados en pago a supuestos proveedores de la pasada administración.

“Dimos la instrucción de que ningún otro terreno vuelva utilizarse para pagar deudas con proveedores, porque esas áreas de donación deben utilizarse exclusivamente para parques, centros recreativos y espacios públicos”, citó durante una entrevista.

El edil del Partido Acción Nacional agregó que una comisión especial investiga el caso, y hasta la fecha ha detectado que “hemos visto a muchas personas que se vieron favorecidas con el pago de donación, por lo que debemos hacer el reconocimiento de la deuda, tratar de pagar y recuperar el área de donación”. 


(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ BCS/ FOTOS: Gerardo Zúñiga/  Gerardo Zúñiga Martes, 16 febrero, 2016 01:00 PM)

MUEREN CUATRO PRESUNTOS SICARIOS EN BALACERA EN LAGOS DE MORENO


GUADALAJARA, Jal. (apro).- Una balacera suscitada esta tarde en el municipio de Lagos de Moreno dejó como saldo la muerte de cuatro presuntos delincuentes, quienes habrían enfrentado a integrantes de la Fuerza Única de Jalisco.

De manera extraoficial se mencionó que varios sicarios quedaron heridos en la acción ocurrida en la comunidad de Sal Si Puedes, en la región Altos Norte, aunque escaparon al momento en que los agentes estatales repelían la agresión.

Por ello, decenas de integrantes de la Fuerza Única, a bordo de diferentes unidades, desplegaron un operativo especial en la zona para rastrear y detener a los delincuentes.

En esa acción de búsqueda de los agresores participaron agentes estatales a bordo de un helicóptero artillado del tipo Black Hawk, en tanto que elementos de la Policía Federal Preventiva y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional se sumaron a ese operativo.





También se informó que el grupo armado que confrontó a la Fuerza Única estaba conformado por más de una decena de sujetos, quienes viajaban en distintos vehículos y los que poco antes habían asesinado a una persona en la colonia Barrio Bajo, en Lagos, según la información difundida por diversos medios de la entidad.

En otro hecho registrado esta madrugada en la zona metropolitana de Guadalajara, sujetos desconocidos dejaron abandonado un ataúd vacío en plena vía pública, en el cruce de Fray Antonio de Segovia y la calle de Medrano.

En otro punto, sobre el rumbo de la colonia Mariano Otero, también se aseguró una hielera con la insignia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en su tapa y con residuos de comida en su interior. Además, en Tonalá este día dos hombres fueron agredidos a balazos y otro más fue localizado sin vida en la población de Ocotlán.


(PROCESO/ ALBERTO OSORIO /18 FEBRERO, 2016)