lunes, 15 de febrero de 2016

SINALOA EN ALERTA ROJA


La Marina, denunciada en el estado por 76 actos de violación a derechos humanos

En 2015 la Secretaría de Marina (Semar) incrementó su presencia en el estado con los operativos de búsqueda de Joaquín el Chapo Guzmán y también las violaciones de derechos humanos.

Datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) indican que Sinaloa es el estado donde más denuncias se presentaron contra agentes de la Semar por violaciones a derechos humanos.

Los elementos navales fueron acusados de detener arbitrariamente, tratos crueles o inhumanos, de retenciones ilegales, de catear sin orden judicial, apoderarse de bienes muebles y hasta de privar de la vida.

En el rubro de quejas contra la Semar, del Sistema de Alerta de Violación de Derechos Humanos, Sinaloa es el único estado al que la CNDH ubica en color rojo.

Entre las víctimas se encuentran desde estudiantes, hasta una mujer embarazada y agentes policiales.

En todo el país se presentaron 378 quejas contra elementos navales, de las cuales 76 son por actos ocurridos en Sinaloa, mismos que representan el 20 por ciento del total.

Después de Sinaloa, Tamaulipas presenta la mayor cantidad de quejas, con 62.

Las quejas de violaciones cometidas en Sinaloa durante 2015 representan un incremento de más del 400 por ciento, ya que en 2014 solo fueron 17 denuncias contra esa autoridad.

Entre las quejas presentadas en todo el país siete fueron por privar de la vida y una de ellas fue en Culiacán.

Durante el año pasado los sinaloenses presentaron en la CNDH 223 quejas contra autoridades federales por violaciones de derechos humanos.

La autoridad que encabeza la lista con más quejas es la Secretaría de Marina con 76 expedientes, que representan el 34 por ciento del total; seguida del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 48 y de la Secretaría de la Defensa Nacional con 34.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos recibió 53 quejas, las cuales fueron remitidas al organismo nacional y las 26 restantes directamente en las oficinas de la CNDH.

Las quejas se incrementaron a partir de que se implementaron en el estado los operativos de búsqueda de Joaquín el Chapo Guzmán, luego de fugarse del penal Altiplano, en julio.

Entre agosto y diciembre, el organismo estatal recibió 34 de las 53 quejas que se presentaron en 2015.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos identificó que la principal violación cometida por agentes de la Semar fue la detención arbitraria, pues en 45 casos se detectó ese hecho violatorio.

Además los elementos irrumpieron en domicilios sin contar con orden judicial, ya que en 39 quejas se identificó como hecho violatorio incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo o duración de la ejecución de ésta, así como para las visitas domiciliarias.

A los marinos también los acusan de emplear arbitrariamente la fuerza pública en 33 quejas y de trato cruel, inhumano o degradante en 20 expedientes.

En 13 denuncias los acusan de apoderarse de un bien mueble sin el consentimiento del propietario y sin que exista causa justificada; mientras que en nueve acusan retención ilegal.

Según la CNDH en cada queja se identificaron uno o más actos violatorios de derechos humanos.

Los municipios donde se concentran la mayor parte de las quejas son Culiacán con 42, Salvador Alvarado con nueve y Guasave con siete.

En la capital del estado los marinos fueron señalados principalmente de cateos sin orden judicial; mientras que en los otros dos municipios fue por detención arbitraria.

VIOLACIONES DE ALTO IMPACTO

Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, privar de la vida, la desaparición forzada de personas, la tortura y el trato cruel, inhumano o degradante son considerados actos violatorios de alto impacto.

Por privación ilegal de la vida contra la Semar presentaron siete quejas, una de ellas en Culiacán.

Ese expediente fue iniciado de oficio en agosto después de que efectivos navales dispararon contra un vehículo en el que circulaban civiles en el fraccionamiento Colinas de San Miguel.

El hecho ocurrió la madrugada del día 21, cuando varios jóvenes circulaban en un automóvil y presuntamente los marinos les marcaron el alto en un retén, pero desatendieron la indicación y los agentes les dispararon.

Un joven de 20 años que circulaba en el vehículo murió cuando recibía atención médica, uno de sus acompañantes resultó lesionado y otros dos civiles que se encontraban en el punto de revisión también tenían heridas de bala.

Por trato cruel, inhumano o degradante, la CNDH abrió 101 quejas contra la Semar y de esas el 19 por ciento son de Sinaloa.

La entidad se ubica como el segundo estado con más quejas por ese hecho violatorio al registrarse 20 expedientes, mientras Tamaulipas se ubica en el primer sitio con 21 denuncias.

Uno de esas quejas fue presentada por una joven de 20 años que tenían ocho meses de embarazo en julio pasado, quien acusó haber sido golpeada por Marinos.

De acuerdo con los datos, los marinos se introdujeron a su domicilio, ubicado en Guamúchil, causaron destrozos y la golpearon junto con su esposo.

Otra más fue en el mismo municipio y mes por estudiantes de la Universidad de Occidente que acusaron haber sido golpeados y despojados de su dinero.

La agresión ocurrió cuando marinos irrumpieron en un salón donde había una fiesta de estudiantes y sacaron por la fuerza a dos jóvenes que operaban el equipo de sonido y en el exterior los golpearon y les quitaron el dinero que traían.

INVESTIGAN A TABLAZOS

En 2015 pública denunciaron a la Marina de dar tablazos a dos policías municipales y a un civil.

Los dos casos publicados por Ríodoce tienen la misma similitud: los Marinos preguntan por delincuentes y al no obtener respuesta dan puñetazos en el cuerpo y tablazos en los glúteos.

Uno de los casos ocurrió en noviembre en Angostura donde los marinos privaron de su libertad a dos agentes de la Policía Municipal y durante más de un hora los estuvieron golpeando con tablas.

Según declaraciones de los policías preventivos los marinos les preguntaban que si conocían a la gente y les exigían que “les pusieran a alguien”, como no obtenían respuestas los tundían a tablazos y puñetazos.

Uno de los policías tuvo que ser hospitalizado y quedó imposibilitado para caminar por varios días, debido a los golpes que recibió.

Un mes después, en Badiraguato, interceptaron a un joven a quien vendaron de los ojos y preguntaban dónde había armas o gente armada, y que les entregara gente de los “Beltranes” o del “Chapo”.

Los marinos, al igual que a los policías, le pegaron en los glúteos con tablas pero a él además le pusieron una bolsa con trapos mojados en la cabeza y le dieron toques eléctricos.

El agredido estuvo hospitalizado durante tres días en un clínica de esta ciudad, después de haber sido golpeado.

DENUNCIAN CON MANTAS

Con mantas colgadas en lugares públicos en diferentes municipios, también denunciaron abusos de los elementos de la Secretaría de Marina en Sinaloa y Durango.

Los mensajes fueron colocados en los municipios de Culiacán, Rosario, Mazatlán, Mocorito, Salvador Alvarado, Ahome y El Fuerte.

Las primeras mantas aparecieron en julio, en la zona centro y norte del estado y estaban dirigidas al Presidente Enrique Peña Nieto y al Gobernador Mario López Valdez, en las que denunciaban hechos violentos, robos, extorsiones y amenazadas de parte de elementos de la Marina y responsabilizaban a dos agentes cuyo nombres daban a conocer.

En agosto, días después de que marinos dispararon contra civiles en Colinas de San Miguel en Culiacán, de nueva cuenta colocaron mantas en Culiacán, en las que señalaban a los agentes navales de verdugos que asesinan a personas de bien y de criminales con licencia.

En octubre durante dos días aparecieron más mensajes en Culiacán, Rosario y Mazatlán en los que pedían al Presidente tomar cartas sobre las violaciones de derechos humanos y atropellos de los marinos y los acusaban de asesinar, saquear y tirotear viviendas.

En esos mensajes también se hacía referencia al municipio de Tamazula, Durango, donde elementos de la Semar mantenían un operativo de búsqueda de Joaquín el Chapo Guzmán y los pobladores había denunciado agresiones por parte de los uniformados y habían abandonado sus domicilios por temor.

QUEJAS CONTRA LA SEMAR 378

Sinaloa 79

Tamaulipas 62

Veracruz 39



TOTAL DE QUEJAS EN SINALOA 223

Semar 76

IMSS 48

Sedena 34



HECHOS VIOLATORIOS DE MAYOR IMPACTO SEMAR

TRATO CRUEL, INHUMANO O DEGRADANTE  101

Tamaulipas 21

Sinaloa 20

Veracruz 13



PRIVAR DE LA VIDA 7

Tamaulipas 3

Sinaloa 1

Durango 1

Michoacán 1

Coahuila 1


(RIODOCE/ Alejandro Monjardín/ 14 febrero, 2016)

PUGNAS INTERNAS DEFINEN NUEVO MAPA CRIMINAL


El más reciente informe de Stratfor explica la nueva configuración del narco en México

Las fisuras y las luchas internas que los grupos de la delincuencia organizada han venido enfrentando  en los últimos años, son las verdaderas causas que han redefinido el mapa del narcotráfico en México, señaló la agencia estadounidense Strategic Forecasting (Stratfor) en su primer reporte del año emitido a finales de enero; también prevé un repunte de la violencia durante este año en el país.

“Las autoridades mexicanas han recapturado al líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán Loera, y los medios de comunicación han tenido un día de campo, pero con su fuga el paisaje de los cárteles en México permanece  relativamente sin cambios”, señala.

Las palabras del Chapo fueron atinadas cuando dijo durante la entrevista que otorgó a Sean Penn: “El día que yo no exista, no va a disminuir lo que es nada. ¿El tráfico de drogas? Eso es falso”.

Y es que con Chapo Guzmán o no, el negocio de la droga no va a “mermar”, es decir su recaptura difícilmente impactará en un negocio multimillonario como lo es el narcotráfico. Estimaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señalan que tan sólo el año pasado los grupos de la delincuencia organizada obtuvieron entre 6 mil y 39 mil millones de dólares.

Según el reporte de Stratfor, empresa de asesoría en temas de seguridad, la recaptura de Joaquín Guzmán Loera tampoco ha influenciado en los reacomodos de los cárteles dentro del país, ni  lo hizo cuando se fugó por segunda ocasión del penal de máxima seguridad de El Altiplano.

Stratfor dividió los grupos criminales en México en tres “sombrillas” dentro del mapa, según las áreas geográficas de las que surgieron: Sinaloa, Tierra Caliente y Tamaulipas.

En Sinaloa el que encabeza al grupo es la Federación a la que pertenecen Ismael el Mayo Zambada, Joaquín el Chapo Guzmán y Rafael Caro Quintero; la segunda que le antecede es la Organización de los Beltrán Leyva a cargo de Fausto Isidro Meza, alías el Chapo Isidro; aparecen también en esta zona el grupo de los Mazatlecos y Alfredo Sagid Emilio Quintero Navidad el Cadete, jefe de la región de Sonora para el cártel de los Beltrán.

En Tierra Caliente, Stratfor ubicó en primer lugar al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones que más ha crecido, disputándose territorios como Tijuana y Veracruz que han sido dominados por organizaciones de Sinaloa principalmente.

Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, Guerreros Unidos, Los Rojos, el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA) y los Viagra, también son organizaciones que aparecen en Tierra Caliente; mientras que en Tamaulipas reagrupan a los Zetas y al Cártel del Golfo.

“Desde finales de 1980, con la desaparición del Cártel de Guadalajara que controlaba la mayor parte de México y las rutas comerciales de la droga hacia Estados Unidos, los cárteles mexicanos se han ido dividiendo en redes criminales regionales, en geografías pequeñas”, señala el reporte elaborado por la empresa de asesoría en temas de seguridad.

Esa tendencia de división en regiones compactas la llaman “balcanización”, que se ha venido presentando en el país desde hace más de dos décadas y que “ha afectado a los principales grupos de la delincuencia organizada en México, como Los Zetas y la Federación de Sinaloa, que hasta hace poco eran dos de los cárteles más poderosos del país”.

Esa “balcanización” de los cárteles ha dado lugar a que grupos más pequeños con un alcance geográfico más corto y con menos capacidad económica, puedan sostener actos violentos de alto perfil en contra de las tropas de seguridad federal.

Quizá Guzmán Loera no pronunció términos geopolíticos para describir el proceso de fragmentación o división, pero eso no quiere decir que no lo visualice a su manera. Cuando en el video se le preguntó sobre las diferencias del negocio del tráfico de drogas “antes y ahora”, su respuesta se acercó mucho a lo expuesto por el estudio de Stranfort: “día tras día los pueblos son cada vez más grandes, y hay más de nosotros”.

—¿Cuál es la perspectiva para el negocio? ¿Crees que va a desaparecer?¿va a crecer en su lugar? —se le preguntó a Joaquín Guzmán

—No, no va a terminar porque el paso del tiempo, somos más personas, y esto nunca va a terminar.

La agencia Stratfor ha sostenido que para cuando Guzmán Loera fue detenido en febrero del 2014, el Cártel de Sinaloa ya estaba fragmentado, es decir los grupos que operaban en áreas como Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Baja California ya actuaban de manera autónoma, y algunos fueron luchando entre sí.

“La guerra por el territorio entre La Línea y el Cártel de Sinaloa en las zonas rurales del oeste de Chihuahua van a seguir”, dice el reporte, pero señala también que la seguridad ha mejorado por lo que se ha reducido la violencia en lugares como Juárez, a pesar de que la competencia persiste entre los grupos del crimen organizado.

Para este año se prevé que la lucha interna entre los cárteles continúe, “los homicidios en México podrían empezar a escalar en el 2016, como por los conflictos internos de Los Zetas y sus rivalidades con otro grupos del crimen organizado”, pero señala que es poco probable el repunte dure por mucho tiempo.

Grupos de la delincuencia organizada que operan en México, según datos proporcionados por la Procuraduría General de la República mediante la solicitud de información número 0001700107815.
Grupos de la delincuencia organizada que operan en México, según datos proporcionados por la Procuraduría General de la República mediante la solicitud de información número 0001700107815.
OrganizaciónNo.Células delictivasEstado
Pacífico1Gente NuevaChihuahua y Sinaloa
2Los CabreraDurango y Chihuahua
3La BarredoraGuerrero
4Cártel del Poniente y/o de La LagunaDurango y Coahuila
5El AquilesBaja California
6El TigreBaja California
7Los Artistas Asesinos (AA)Chihuahua
8Los MexiclesChihuahua
Arellano Félix9El ChanBaja California
10El JorqueraBaja California
11El KietoBaja California
La Familia Michoacana12Guerreros Unidos y/o La Nueva Empresa (Grupo Desertor)Morelos, Guerrero y México
13La EmpresaMéxico y Morelos
Carrillo Fuentes14La LíneaChihuahua
15Los AztecasChihuahua
Beltrán Leyva16Los MazatlecosSinaloa y B.C.S
17El 2 mil, el Panchillo y/o el Panchillo Huevos y/o el 2000Sonora
18Los GranadosGuerrero “Región de Tierra Caliente”
19Los RojosGuerrero “Región Norte y Centro”, y Morelos
20La OficinaAguascalientes y B.C.S
21Los ArdillosGuerrero “Región Montaña y Centro”
22Cártel Independiente de Acapulco (CIDA)Guerrero
Los Zetas23Sangre ZetaCoahuila y Nuevo León
24Grupo Operativo ZetasTamaulipas (El Mante, Soto la Marina, y Victoria)
25Comando ZetasTamaulipas (Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Gustavo Díaz Ordaz y Ciudad Mier)
26El Círculo y El ExtranjeroTamaulipas (Jiménez, Victoria, Cd Madero y Abasolo)
27Unidad ZetasTamaulipas (Nuevo Laredo)
28Néctar LimaTamaulipas (Nuevo Laredo)
29Grupo Delta ZetaTamaulipas (Valle Hermoso)
30Los NegrosGuanajuato (Irapuato)
31Fuerzas Especiales ZetasTabasco (Cárdenas Humanguillo, Teapa Centro); Quintana Roo (Benito Juárez), Tamaulipas
Cártel del Golfo32MetrosTamaulipas (Reynosa)
33RojosTamaulipas (Matamoros)
34Grupo LacosteTamaulipas
35Grupo DragonesTamaulipas (Tampico)
36Grupo BravoTamaulipas (Aldama)
37Grupo PumasTamaulipas (El Mante)
38Grupo de Apoyo Ceros, M3Tamaulipas (Reynosa)
39Los FresitasTamaulipas
40Los SierraTamaulipas
41Los PanteraTamaulipas
42CiclonesTamaulipas
43Los PelonesQuintana Roo (Benito Juárez –Cancún-)
Los Caballeros Templarios44No se identifican grupos, células o pandillas vinculadas a la organizaciónMichoacán, Guerrero, Guanajuato, Morelos, Estado de México, Jalisco, Colima Querétaro, Baja California
Cártel Jalisco Nueva Generación45No se identifican grupos, células o pandillas vinculadas a la organizaciónJalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Guerrero, Morelos, Veracruz y Distrito Federal.

 

(RIODOCE/ Cristian Díaz/ 14 febrero, 2016)

SALIR DEL CLÓSET


¿Qué mazatleco interesado en la política no recuerda, vivió, o leyó aquella penosa polémica que sostuvieron en 2013 los entonces candidatos a diputados, Alejandro Higuera y Fernando Pucheta que terminaría en insinuaciones y señalamientos mutuos sobre sus preferencias sexuales? Los empresarios, periodistas, políticos, público que lo presenciaron todavía lo comentan entre chunga y risotadas.

Triste papel de ambos políticos que alimentaron el morbo y la picaresca tropical, además de mostrar que en tiempo electoral se vale todo, incluido la ofensa personal, para lograr alcanzar una posición de poder. Y ese bajo nivel de debate de nueva cuenta está en circulación, pero ahora con mayor audiencia en las redes sociales. Hay memes que intencionadamente exhiben a Fernando Pucheta, flamante aspirante priista al gobierno municipal, donde se hace escarnio de su supuesta preferencia sexual buscando la descalificación, en franjas de una sociedad porteña que no se ha sacudido del todo, aun cuando ha dado pasos importantes, su cultura homofóbica.

Creo que llegado a este punto, al margen de si Fernando Pucheta acepta o no su preferencia personal, tiene una buena oportunidad para educar en la diversidad sexual. En nuestro estado la comunidad lésbica y gay se ha hecho visible considerablemente y cada vez tiene más espacio en la vida pública. Hay artistas, periodistas, intelectuales, empresarios, profesionales o estudiantes, incluso padres de familia, homosexuales. Algunos de ellos han llegado al matrimonio pero sigue siendo muy grande el número de quienes no terminan por aceptar su condición sexual. Siguen todavía como coloquialmente se dice, en el clóset, por los convencionalismos sociales que les impide salir de él y reconocer públicamente sus preferencias.

Sin embargo, es en el mundo político donde pareciera haber mayor reticencia para expresar su preferencia sexual por un calculado costo-beneficio electoral, hay en ese ámbito seguramente gays pero ni por asomo tenemos un Harvey Milk, aquel joven político neoyorkino quien aprovechando su condición y aceptación sexual, salió del clóset en los años 70 para ir en defensa de los derechos civiles de lesbianas, homosexuales y transexuales en la bahía de San Francisco, enfrentándose a una sociedad todavía conservadora y eso le costaría la vida el 27 de noviembre de 1978, no obstante su legado es grande y no hace mucho Barack Obama hizo un reconocimiento a este homosexual, que por cierto su vida la inmortalizó en el cine nuestro recién conocido Sean Peen (si, el actor estadunidense que se entrevistó con Joaquín el Chapo Guzmán, presuntamente en instalaciones de la UAS).

Entonces, la falta de reconocimiento de la preferencia sexual entre los políticos, aun cuando no hace muchas legislaturas se habló sotto voce de una fracción interpartidaria rosa, refleja mucho de su conservadurismo y el miedo de que tenga costos electorales. Comparten ellos muchos de los prejuicios de los heterosexuales sobre la sexualidad. Se asumen heterosexuales pero algunos de ellos tienen doble vida: la pública y la privada.

Sin embargo, estamos conscientes de que la sociedad ya es más tolerante y el político es una correa de trasmisión de los intereses de la sociedad y sus grupos, con actitudes homofóbicas, flaco favor le hacen a los gobernados al negarse a defender unos derechos donde el primer beneficiado podría ser el propio político.

Hace falta que estos políticos hablen con la verdad, con su verdad por lo demás por todos rumorada, y asuman que desde su condición pueden contribuir al establecimiento de una sociedad más abierta, más libre, reconocedora de los derechos de estas minorías, que no son tan minorías, son multitud.

Así que este proceso electoral en marcha, puede ser una excelente oportunidades para que lesbianas, homosexuales y transexuales tengan su propia agenda de género y esa sea entre los políticos su contribución a una sociedad libre de prejuicios, y para empezar eliminando los propios, que muchas veces son los mismos de la gente de la calle.

Esta comunidad diferente puede ofrecer más que simples anécdotas para el morbo y el escarnio público. Son, dado su condición de gueto como muchas veces se ha dicho, potencialmente revolucionarios.

Y así, nos evitamos todos, memes y espectáculos tristes como los de 2013.


(RIODOCE/ Ernesto Hernández Norzagaray/ 14 febrero, 2016)

EL MOCHOMO PUEDE DESTRUIR AL CHAPO


Esta semana arranca en Estados Unidos el juicio contra uno de los narcos mexicanos más importantes: Alfredo Beltrán Leyva el Mochomo, quien fuera mano derecha de Chapo Guzmán y luego rompiera con él acusándolo de traición. Así, lo que se diga en el proceso puede hundir al recapturado líder del Cártel de Sinaloa, proveer evidencias contra decenas de capos e incluso evidenciar los vínculos de políticos mexicanos con el crimen organizado.

WASHINGTON.- Con gran sigilo para evitar la identificación de testigos y filtraciones a la prensa, esta semana arranca en Estados Unidos el juicio contra el presunto narcotraficante Alfredo Beltrán Leyva el Mochomo, proceso que puede ser clave en la investigación contra Joaquín el Chapo Guzmán y otros dirigentes del Cártel de Sinaloa.

El Departamento de Justicia sabe que durante el procedimiento penal pueden ver la luz datos que inclusive expongan el alcance de la corrupción en el gobierno de México por parte del también conocido como Cártel del Pacífico.

El expediente judicial de Beltrán Leyva (marcado con el número 1:2012-cr-00184 y cuya copia tiene Proceso) muestra que tanto el Departamento de Justicia como la defensa de quien fuera uno de los principales operadores de Guzmán Loera le han presentado al juez Richard J. León, de la Corte Federal del Distrito de Columbia (Washington, D.C.), centenares de peticiones para que el juicio se celebre con el mayor hermetismo posible.

Por ejemplo, una moción interpuesta hace unos días por los abogados del Mochomo exige a la Corte que durante el proceso que se inicia este martes 16 no se identifique y se anule la participación de uno de los testigos estelares que presentará en su contra el Departamento de Justicia.

El Mochomo, capturado en enero de 2008 y extraditado a Estados Unidos en noviembre de 2014, es uno de los capos del Cártel de Sinaloa con mayor jerarquía sometido a proceso judicial en aquel país.

LA RUPTURA

El arresto de Alfredo Beltrán Leyva, en 2008, rompió al Cártel de Sinaloa y desató una guerra entre la fracción comandada por Guzmán Loera contra la de Arturo el Barbas y Héctor el H, hermanos del presunto traficante que será enjuiciado.

Los familiares del Mochomo responsabilizaron al Chapo de la captura de Alfredo, y presuntamente, en venganza, ordenaron aquel mismo año el asesinato de Édgar Guzmán, hijo del recién recapturado líder del Cártel de Sinaloa. Con la ruptura, los Beltrán Leyva se convirtieron en un cártel independiente —enemigo del de Sinaloa— y se asentaron en el Estado de México, Guerrero y Morelos.

Ante la Corte Federal, Alfredo Beltrán está acusado de un solo delito: “Conspirar junto con otros para importar y distribuir en Estados Unidos cinco kilos de cocaína y/o 50 gramos o más de metanfetamina”.

Pero al Mochomo se le procesará como miembro del Cártel de Sinaloa, no de los Beltrán Leyva. Este hecho aumenta la posibilidad de que durante el proceso salgan a relucir incidentes que relacionen al Chapo con el trasiego de narcóticos y la corrupción en los gobiernos de Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI).

Desde el 17 de noviembre de 2014, cuando Alfredo Beltrán fue presentado ante la Corte, se declaró inocente y se le negó la libertad bajo fianza, la defensa del Mochomo (que encabeza el abogado Eduardo Balarezo) ha estado poniendo en entredicho las estrategias del Departamento de Justicia para acusar y procesar a su cliente.

Balarezo solicitó que la parte acusadora —dirigida por la fiscal Marcia M. Henry e integrada por los letrados Andrea Goldbarg, Amando N. Liskamm y Adrian Rosales— no incluya entre sus testigos a un narcotraficante mexicano que trabajó con el demandado.

“El 4 de junio de 2012, uno de los testigos potenciales del gobierno (identificado solamente como ‘A.T.’) fue interrogado por agentes federales estadunidenses sobre su conocimiento de las actividades del tráfico de drogas en México”, se lee en el expediente del Departamento de Justicia.

Respaldado con información proveniente de la División Criminal sobre Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia —que dirige Arthur Wyatt— el gobierno de Estados Unidos asegura que A.T. conoce a Beltrán Leyva y trabajó con él desde finales de la década de los noventa en el Cártel de Sinaloa: “El testigo conoció al acusado y a sus hermanos cuando recibían en México, aviones cargados de cocaína procedentes de Colombia”, se destaca en el expediente.

A.T., quien es testigo protegido reclutado por la Administración Federal Antidrogas (DEA), sostiene que él, el Mochomo y un socio de éste, a quien identifica como Julio Beltrán, se encargaron del tráfico de la cocaína colombiana hasta 2005, año en el que falleció Julio. “A.T. tuvo múltiples acuerdos cara a cara con el acusado durante casi una década”, asevera el Departamento de Justicia.

La fiscalía entregó al juez documentos con fotografías del Mochomo y otros operadores del Cártel de Sinaloa, a quienes A.T. identificó y calificó como algunos de los principales exportadores de drogas a Estados Unidos. “Agentes federales, en junio de 2014, interrogaron a A.T. sobre su conocimiento de las actividades del narcotráfico en México. A.T., después de revisar un catálogo de 30 páginas con fotografías de presuntos narcotraficantes, en dos casos identificó con facilidad al acusado”, se lee en uno de los documentos en la Corte.

Ya desde el 29 de enero de 2013, la DEA había interrogado a A.T. En ese entonces los agentes federales le presentaron al ahora testigo protegido otro catálogo con 50 fotografías. “A.T. identificó a la persona de cada una de las fotografías. En la número 30, A.T. identificó al acusado”, se destaca en el expediente del gobierno estadunidense, que de este modo pudo certificar la calidad del posible testigo.

El Departamento de Justicia presentó al juez León, además, una serie de argumentos judiciales para rebatir la pretensión de la defensa por descalificar a los testigos de la parte acusadora.

“Contamos con muchas evidencias para demostrar que A.T. es un testigo confiable, con amplio conocimiento sobre el día a día de las operaciones del narcotráfico en México”, arguye la fiscalía.

LA DEFENSA

El equipo de Balarezo, en cambio, ha entregado a la Corte Federal papeles que buscan mostrar que A.T. nada tiene que ver con el Cártel de Sinaloa. Paralelamente, pretende aclarar que el Mochomo nunca fue amigo ni mucho menos subalterno del Chapo. Y como parte de su estrategia está prevenir filtraciones para que los medios de comunicaciones no puedan influir en el proceso.

El martes 2, Balarezo presentó 39 objeciones o “comentarios” a las propuestas del Departamento de Justicia para la designación de los testigos y otros pormenores del juicio.

La primera objeción dice: “El señor Beltrán Leyva, a quien se le presume inocente, rechaza cualquier y todas las acusaciones en contra de él. En particular, niega haber cometido algún crimen en contra de Estados Unidos, o que haya conspirado para distribuir cocaína o metanfetamina sabiendo que sería exportada a los Estados Unidos”.

Otro argumento se refiere a los medios de comunicación que podrían manipular el fallo del jurado. Por ello el abogado advierte: “En algunos casos, aunque no necesariamente en éste, podrían existir reportes en los periódicos, la radio, internet o la televisión concernientes al caso mientras se celebre el juicio. Si hubiese ese tipo de cobertura periodística, (los jurados) podrían estar tentados a leer, escuchar o mirarlos. No deben leerlos, escuchar o mirar dichos reportes porque sólo deben emitir un fallo de este caso basado únicamente en las evidencias que se presenten en esta sala de la Corte. Si es que de manera inadvertida les llega a ustedes (este tipo de reportes) durante la celebración del juicio, no lo comenten entre los otros miembros del jurado ni con nadie más”, escribió la defensa del Mochomo.

En este mismo sentido Balarezo recomendó que los jurados tampoco busquen información por internet respecto de Beltrán Leyva, ya que lo que localicen podría erróneamente influir en su fallo.

A principios de este mes, la defensa del Mochomo solicitó al juez León que se autorizaran las visitas de “un abogado extranjero del acusado”, el letrado mexicano Noé Palacios Rodríguez. El juez autorizó la solicitud, aunque no está claro si Palacios Rodríguez ya ha tenido contacto directo con Beltrán Leyva o si sólo estará en la Corte el día que se inicie el juicio.

LA LÍNEA QUE LLEVA AL CHAPO

Existe la posibilidad de que por lo delicado del caso y por los nombres y acusaciones que puedan surgir durante el procedimiento penal, tanto el Departamento de Justicia como la defensa del Mochomo pidan al juez no permitir la entrada de los medios de comunicación. Eso dependerá del magistrado federal y se conocerá hasta el día que arranque el juicio.

Lo que pueda decir el Mochomo, su defensa y los testigos del gobierno de Estados Unidos, como A.T., frente al juez León, podría ser utilizado para procesar a Guzmán Loera, acusado de narcotráfico, lavado de dinero, homicidio y otros delitos en más de una decena de estados en la Unión Americana.

Lo que se declare también puede ayudar a consolidar evidencias en contra de otros miembros del crimen organizado, incluso integrantes de otros cárteles. De hecho, existe la posibilidad de que esto permita preparar encausamientos judiciales en contra de políticos y expolíticos mexicanos vinculados con el trasiego de drogas, como ya ocurrió en el pasado.

El Departamento de Justicia, desde que el gobierno mexicano le entregó a Beltrán Leyva, quería que este narcotraficante se declarara culpable de los delitos que le imputan, tal como hizo Édgar Valdez Villareal la Barbie, a cambio de una sentencia moderada y de convertirse en una “fuente protegida de información”.


(RIODOCE/ JESÚS ESQUIVEL/ PROCESO EN 14 FEBRERO, 2016)

EL MOCHOMO: LA HORA DEL TODO O NADA


Alfredo Beltrán Leyva, considerado uno de los principales operadores del cártel de Sinaloa, enfrentará a partir del martes a la justicia estadounidense en una corte federal de Washington DC en lo que será el inicio de una batalla legal que incluye una serie de careos ante un grupo de testigos protegidos liderados por Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo” y Jesús Reynaldo Zambada García, “el Rey”.

Andrea Goldbarg, una de las fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos (USDOJ) que intentará hundir al Mochomo, presentó ante el juez  Richard León una serie de mociones en donde explica las pruebas que incluyen, no sólo testimonios de los testigos protegidos, sino además llamadas grabadas, fotografías y vídeos, que robustecen las acusaciones contra el menor de los Beltrán Leyva.

“Las pruebas que se tienen son abrumadoras y serán presentadas en su momento”, señaló Goldbarg, en un documento fechado en junio de 2015, y del cual Riodoce mantiene copias.

Según el documento, el Mochomo se mantuvo activo aún estando encarcelado después de su arresto, en enero de 2008, continuó controlando la fracción que comandaba él junto con su hermano, Arturo Beltrán,  incluso ordenando o aprobando la ejecución de enemigos que afectaban los intereses de sus operaciones, según se lee en el expediente 1:12-CR-00184-RJL.

Llama la atención un apartado en la página 7, que precisa cómo habría sido Arturo Beltrán Leyva quien ordenó el asesinato de Julio Cesar Quintero Beltrán, y no Joaquín el Chapo Guzmán e Ismael el Mayo Zambada, cuando en otra acusación radicada en el Distrito Este de Brooklyn, se afirma que fue el Chapo y el Mayo quienes ordenaron la muerte del “Julión”.

Ríodoce tiene copias de ambos expedientes, y en ambos es clara la inconsistencia. Voceros del USDOJ dijeron que no comentarían sobre esa situación, adelantando que sería en la corte donde toda duda quedará despejada.

Sin embargo, es posible que ninguna de esas pruebas vaya a ser incluso mencionada durante el juicio, toda vez que el juez León desechó todo tipo de pruebas que no tuvieran que ver con el tráfico de drogas.

Ello significa que los sobornos mencionados con anterioridad por la fiscalía estadunidense, los homicidios que habría ordenado el Mochomo, incluyendo el del Ex editor del periódico Noroeste, Oscar Rivera, así como los actos de corrupción en contra de ex gobernadores, jefes policiacos y otros funcionarios públicos, serían desechados, lo cual representa un triunfo para los abogados defensores del Mochomo.

“Es un triunfo, pero aún así los fiscales hubieran tenido que probar todas esas acusaciones, y muchas de ellas estaban sin fundamente, pero el fondo de todo es que Alfredo fue extraditado por tráfico de drogas, y al estar aquí lo quieren acusar de todo lo que involucra a una organización criminal, no tenía sentido”, objetó Eduardo Balarezo, abogado defensor del Mochomo.

Las acusaciones y pruebas que los fiscales deberán presentar a partir de este martes , , deberán estar relacionadas con las operaciones ilícitas del Cártel de Sinaloa entre el 2000 y el 2012, por lo que ahora los fiscales tendrán que replantear su estrategia.

Para ello la fiscalía anexó a otros capos del narcotráfico que habrían operado con los Beltrán Leyva y que actualmente se encuentran en poder de Estados Unidos, entre ellos Sergio Villarreal “El Grande”, y Edgar Valdez Villarreal “La Barbie”, y a un capo colombiano identificado como Harold Mauricio Poveda Ortega,  “El Conejo”, del cártel del Cártel del Norte del Valle de Colombia.

“Todos ellos testificarán como el acusado dirigió su organización, y estuvo presente en reuniones e hizo llamadas para discutir cargamentos de cocaína, así como la recolección de pagos”, se precisa en algunas de las acusaciones.

Además, la fiscalía podría echar mano a otros narcotraficantes del cártel de Sinaloa, que también darían su testimonio para hundir al Mochomo, y ellos serían Serafín Zambada Ortiz, Rodrigo Aréchiga Gamboa el Chino Ántrax, todos ellos integrados al programa de testigos protegidos.

Hay un testigo protegido que colabora con la fiscalía estadunidense de quien se desconoce el nombre, y quien aparentemente tenía un contacto muy estrecho con un alto mando policiaco de Sinaloa, a quien el Mochomo habría sobornado en repetidas ocasiones.

De darse el careo, sería la primera vez que dos altos mandos del cártel de Sinaloa se vean las caras en una corte federal estadunidenses, y como ocurre en ese tipo de careos, se anticipan gritos y hasta agresiones verbales durante la confrontación, toda vez que, en este caso, la libertad está de por medio.


(RIODOCE/ Miguel Ángel Vega/  14 febrero, 2016)

SEGURO DE VIDA


Había sido soldado y no cualquiera. Se fue de guardaespaldas de un narco porque le dejaba más dinero: le recomendaba rutas de seguridad, nunca manejaba la camioneta porque le decía que así no iba a poder custodiarlo ni accionar su arma si había algún ataque, y enseñó y ordenó a los otros escoltas cómo vigilar, dónde montar guardia y responder.

Era un hombre recio, fuerte, de estatura mediana, moreno, pelo y frases cortas. Mientras otros habían sido castigados o cesados por indisciplina o porque llamaban la atención al mostrar sus armas o participar en accidentes, él se había desempeñado como todo un profesional de los fusiles y la nueve milímetros, subordinación y discreción.

Pero ese día el jefe le llamó la atención inmerecidamente. Él no agachó la cabeza. Miró fijamente a ninguna parte y luego de los humores de su jefe, que subían y bajaban, que antes de gritar parecía un mar en calma, decidió renunciar. Le dijo que quería ver a su familia, tener otro ambiente, y que no le gustaba el trato que le daban.

Él jefe se sorprendió. Era su mejor guarura pero se mordió un güevo y le dijo por mí lárgate. Tampoco, jefe. No más me voy, y eso sí, le advierto: no me ande siguiendo a ver con quién me junto, a dónde voy. Yo sé que lo ha hecho con otros que se han salido. No lo haga, jefe. Porque si lo hace yo me voy a dar cuenta, y le voy a regresar a su gente en pedacitos. Usted sabe cómo soy. No voy a andar de mitotero o soplón con la policía o el ejército. No soy un traidor ni soy un perro, pero con todo respeto no me chingue y todos contentos.

El patrón se le quedó viendo. Le dijo que estaba bien y ordenó que le dieran dinero por el tiempo trabajado. Él tomó el sobro abultado y dijo adiós de lejos. Cuando uno de sus guardaespaldas volteó, el jefe le dijo no lo sigas.

Dos semanas después supieron que se había vuelto a acomodar. Trabajaba para una célula de la misma organización criminal, en una ciudad cercana. Era el comandante de un grupo de sicarios. Le ordenaron seguir a uno de la marina que iba de civil. Lo interceptaron y sometieron, pero cuando le ordenaron que abriera la cajuela del carro los sorprendió. Se armó la tracatera: su compañero herido y él muerto.

El cadáver quedó en la funeraria dos días. Su ex jefe se enteró y ordenó: gestionen lo del seguro de vida, hablen con la viuda y denle el dinero, y arreglen el entierro. La mujer se quedó con dos hijos pequeños. Todo corrió por cuenta de aquel que había sido su patrón y que no le guardaba rencor por haberlo dejado sin su custodia, sino que le tenía gratitud: no ordenó que lo siguieran, cuando renunció, aunque sí lo acompañó al panteón a besar con billetes y generosidad el frío mármol de su tumba.


(RIODOCE/ COLUMNA “MALAYERBA” DE JAVIER VALDEZ/ 14 febrero, 2016)

EL MALOVISMO, AVE DE RAPIÑA EN PICADA


Hay una expresión que viene del corazón del malovismo: “Basta con ver las caras de comemierdas que traen todos para concluir que nos fue de la chingada con la designación de Quirino Ordaz”.

Más allá de los números, de las posiciones otorgadas a esta corriente —si es que se le puede dar esta categoría— que nació en 2010, los estados de ánimo se imponen. Tal vez no en la cúpula, donde debieron prepararse, incluso para un escenario peor, sino en los cuadros medios.

Los malovistas se van del gobierno y lo hacen prácticamente sin nada. O con migas en las manos, que viene siendo lo mismo. Y aparte calladitos, porque les está prohibido siquiera andar de bocones. Más aún, algunos se han integrado al equipo de campaña del mazatleco, con la consigna de ganar la elección a costa de lo que sea. Si un escenario no puede concebirse en el malovismo ahora, a pesar de esos rostros, es que Ordaz Coppel pierda la elección.

Así, como muestra icónica de esta mansedumbre abrupta, en el trébol de cuatro hojas que tanto se esgrimió como símbolo de la nueva era de este malovismo pretendido, a través del secretario General de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, se ha montado el nombre del precandidato del PRI. ¿Así o más humillante?

Podría hablarse de pragmatismo, pero no. Eso ocurrió en 2010, cuando estos priistas se unieron a una coalición opositora para lograr la candidatura. Ahora se trata de una imposición de Estado porque estamos frente a una elección de Estado en la que se están poniendo en movimiento todos los mecanismos que éste tiene para sacarla adelante. Y lo que falta por ver.

Si el candidato de la alianza PAN-PAS es Martín Heredia o Roberto Cruz, la campaña de Quirino será como un paseo bicicletero, cansado el pedaleo pero sin estrés. Pero si el candidato es Héctor Melesio Cuen Ojeda echarán mano de todos los recursos para asegurar la elección, aun con las contradicciones que su candidatura pueda generar en el panismo tradicional.

Por lo pronto, a la estructura del PRI puede sumársele la de los ayuntamientos que controla este partido. En el norte, una de las zonas más disputadas, Ahome está en manos del tricolor pero, además, siendo de allá Mario López Valdez, no puede darse el lujo de que Ordaz Coppel tenga menos votos que la coalición PAN-PAS pues sería su tumba. (Como lo fue para Aarón Irízar López el no haber logrado contener la avalancha malovista hace cinco años y que le costó el veto de Jesús Vizcarra en este proceso interno).

En los municipios del centro todo indica que la candidatura de Quirino Ordaz no tendrá muchos problemas. La plaza principal, Culiacán, va amarrada con dos candidaturas centrales, la de la alcaldía, con Jesús Valdez y la del distrito 13 con Aarón Rivas, lo cual le da solidez al voto priista, dado el liderazgo de éstos en el llamado grupo Culiacán, que se dio el gusto de trabajar contra el candidato priista a la diputación federal por el distrito 05 en la elección federal pasada, Ricardo Hernández, permitiendo que ganara la elección Manuel Clouthier Carrillo, como independiente.

Y en el sur las cosas parecen más definidas para el aspirante priista por su origen, a pesar de que hay ahí un panismo histórico muy leal a sus colores, con liderazgos, aunque regionales, muy fuertes, con estructuras que no han dejado de estar activas en los últimos años y que pueden funcionar a la perfección en pos de la causa aliancista si se respeta el acuerdo de civilidad firmado sea quien sea el candidato.

Pero los escenarios están todavía en proceso y dependerá mucho de lo que ocurra en el PAN, PAS y, por su cuenta, en el PRD, para saber qué rumbo tomarán las campañas, con qué  intensidad, la orientación de los discursos, y si será necesario o no que algunos de los protagonistas echen mano de la guerra sucia que en otros procesos, aquí mismo, en Sinaloa, ha dado tan buenos dividendos.

BOLA Y CADENA

SI QUIRINO ORDAZ COPPEL quisiera emular el discurso de Malova, no tendría dudas para identificar a su “padre empresarial”, en la figura de Eleovigildo Carranza, dueño de Pinsa, una de las empresas atuneras más importantes de América Latina y ahora metido también en negocios turísticos (es dueño del complejo Estrella de Mar y compró al menos 400 hectáreas en el megaproyecto de Teacapán, el CIP). Carranza fue uno de sus principales promotores y financiadores en la campaña para diputado federal y, hace días, anfitrión del mismísimo Presidente de la República, en su reciente visita a Mazatlán. En esa misma línea, el padre político sería sin duda Antonio Toledo Corro, quien fue compadre de Quirino Ordaz Luna (qepd) y alcalde de Mazatlán precisamente cuando Toledo fue gobernador.

SENTIDO CONTRARIO

AHORA JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN, el Bronco, sabe que no es lo mismo estar enfrente del gobierno, criticando a sus anchas su ejercicio, que ser gobierno. Lo ocurrido en el penal de Topo Chico, donde murieron casi 50 internos en medio de un enfrentamiento, habla de sus deficiencias como gobernante. Y no hay pretextos. Él es el gobernador de Nuevo León y a él le corresponde ofrecer cuentas. Fue un excelente candidato que reivindicó la figura de las candidaturas independientes. Pero ya en la silla puede ser igual o peor. Ya se verá.

HUMO NEGRO

FALTA MUCHO PARA ESO, SI OCURRE, pero es posible que las próximas confrontaciones de Joaquín Guzmán Loera y Alfredo Beltrán Leyva, se den en una corte de los Estados Unidos. Aunque hay ahí lazos familiares que amainarían el temporal. Por lo pronto, el Mochomo enfrentará, entre otros, un careo con Reynaldo Zambada García, el Rey, quien, al parecer, se acogió al programa de testigos protegidos. Beltrán Leyva, a diferencia de otros capos que han caído en manos de la justicia norteamericana, se declaró inocente de los cargos que se le imputan.


(RIODOCE/ COLUMNA “ALTARES Y SÓTANOS” DE ISMAEL BOJÓRQUEZ/ 14 febrero, 2016)

PRÁCTICAS ILÍCITAS EN OBRAS PÚBLICAS


 MALOVA. Reglas incumplidas y censura de información.

El gobierno estatal realizó obras que no se planearon y presupuestaron, sin licitar y sin sustentos técnicos para la contratación

La obra pública que se construye en Sinaloa pareciera un oscuro laberinto al que no cualquiera puede acceder y una vez que se llega a ella, entenderla es aún más complejo.

Así lo retrata el primer ejercicio ciudadano en Sinaloa para acercarse a los cómo y por qué de la obra pública.

El Índice de Obra Pública Abierta #iOPA les llevó un año a los integrantes del Centro Ciudadano de Investigación “Iniciativa Sinaloa”, con resultados que reflejan una alta posibilidad de actos de corrupción del gobierno estatal.

Treinta y cinco obras ejecutadas en Culiacán, contratadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Gobierno de Sinaloa (SDUOP), durante 2014, fueron el objeto de estudio de la organización civil que enmarcó su investigación en la Alianza para el Gobierno Abierto, un acuerdo que persigue los objetivos del gobierno centrado en la ciudadanía, presupuesto abierto y participativo, datos abiertos para el desarrollo, empoderamiento y participación ciudadana.

“Cuando la obra pública es vista como negocio privado, los gobiernos atentan contra todos nosotros. Abrir la obra pública al escrutinio de todos los miembros de su comunidad es asegurar que sus beneficios se transformen en empleos, ingresos, espacios públicos y mayor calidad de vida para todos”, destaca Eduardo Bohórquez, director General de Transparencia Mexicana, en el prólogo del índice.

OBRAS, “A OJO DE BUEN CUBERO”.

En contra de sus propias reglas, la SDUOP ejecutó obras que no se planearon y presupuestaron desde un año antes, como lo establece el Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuesto. Tampoco se encontraron los sustentos técnicos jurídicos para la contratación de la obra, uno de los requisitos básicos que exige la Ley de Obras Públicas del Gobierno de Sinaloa.

Así también, a la hora de contratar, la SDUOP se brinca la ley y omite las licitaciones públicas.

Las 35 obras, cuyo monto fue de 302 millones 243 mil 980 pesos, fueron solicitadas por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAyF), el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el DIF Sinaloa y dos dependencias desconocidas en donde se enlistan nueve obras.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública fue quien gestionó más obras, en total 12, pero fue la Unidad de Inversiones de la SAyF la que se llevó el 84 por ciento del presupuesto destinado a las 35 obras.

En el análisis de las obras del Secretariado Ejecutivo se encontró que las 12 obras fueron asignadas directamente, omitiendo la licitación pública en cuatro en las que sí procedía y la invitación a cuando menos tres proveedores en cinco obras que así lo requerían.

Los convenios de ampliación es otra de las prácticas favoritas del gobierno estatal. Por ejemplo, en el Suministro e Instalación de Equipos Eléctricos en el Subcentro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, se otorgó un convenio de ampliación que rebasa cuatro veces los días permitidos por la Ley de Obras Públicas.

Esta misma práctica se repite constantemente en la relación de obras de la Unidad de Inversiones, por ejemplo, en la construcción del bulevar Miguel Tamayo, para el cual se otorgaron dos convenios de ampliación que exceden en un 97 por ciento los días permitidos por ley. Incluso, con un año de retraso, la obra sigue sin concluirse.

Las 35 obras analizadas en el #iOPA forman parte de las obras enlistadas en el Plan Anual de Obra Pública 2014. Sin embargo, se detalla que hay cuatro obras que no aparecen en el plan pero se incluyen en la relación de contratos que se difunden en portal de transparencia de la SDUOP y una más que se encontró en una relación de contratos del primer trimestre de 2014, pero que desaparece en la relación final del año.

El #iOPA destaca en este aspecto la falta de confianza hacia la información difundida por el Gobierno de Sinaloa. Por ejemplo, al comparar el total de obras enlistadas en el Plan Anual de Obra Pública y lo reportado en el portal Transparenciasinaloa.gob.mx, se detecta una diferencia de 412 millones 915 mil pesos.

UN LABERINTO DE OPACIDAD

Más allá de cómo se desarrolla la obra, el #iOPA demuestra la opacidad en la información que por ley debiera ser pública y de fácil acceso para el ciudadano.

El índice crea tres subíndices que otorgarán una calificación al gobierno de Sinaloa por la forma en cómo muestra la información de la obra pública, desde que comienza el proceso hasta que concluye. Al final de la revisión, el #iOPA generó una calificación de “muy insatisfactorio”.

El primer subíndice revisó la información mínima de oficio, es decir toda aquella documentación de obra pública que las entidades están obligadas por ley a difundir en sus portales de internet sin que el ciudadano tenga que solicitarlos de forma oficial. Su calificación fue “muy insatisfactoria”.

El #iOPA también analizó el principio de máxima publicidad, este se relaciona con la accesibilidad del ciudadano a la información que requiere a través de solicitudes vía Infomex Sinaloa. En este subíndice, al gobierno de Sinaloa se le requirieron los contratos de obra pública del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y sólo cumplió en un 11 por ciento de los casos.

“Compranet Proactivo” es el tercer subíndice que se incluye en el estudio y surge a partir de que el gobierno de Sinaloa responde a través de una solicitud vía Infomex que los contratos se encuentran publicados en la plataforma federal Compranet. Sin embargo, al revisar la plataforma se detectó que un 63 por ciento de los expedientes no se encuentran en Compranet.

*El #iOPA está disponible para su consulta en http://www.iniciativasinaloa.org.mx/


(RIODOCE/ MIRIAM RAMÍREZ/ 14 febrero, 2016)