lunes, 1 de febrero de 2016

PLAGIARIO EJECUTADO EN TABASCO


Sobre el cádaver de la víctima le dejaron un narcomensaje: 'Esto me pasa por andar cobrando cuotas y secuestrando'.

Con visibles huellas de torturas y un narco mensaje clavado a su espalda con un cuchillo de cocina, fue encontrado la madrugada de ayer el cuerpo sin vida de un sujeto, al que sus ejecutores dejaron tirado a orillas de un camino vecinal ubicado a escasos 2 kilómetros de la carretera Frontera –Villahermosa, a la altura de Villa Macultepec.

Con esta ejecución, suman 5 las personas que han muerto de una forma similar. Este nuevo hallazgo, se registró al filo de la una de la madrugada, cuando vecinos de la ranchería “El Sandial”, perteneciente al municipio de Nacajuca, descubrieron sobre un camino de terracería que comunica a su comunidad con la carretera federal, el cadáver de un hombre, el cual yacía semidesnudo sobre un charco de sangre, con las manos amarradas con cinta canela y con un letrero clavado en la espalda.

De acuerdo a los datos recabados, al revisar leyeron en el mensaje realizado sobre una cartulina color verde la leyenda: “Esto me pasó por andar cobrando cuotas y secuestrando, siguen ustedes p…”, por lo que tras huir del lugar procedieron a dar parte a las autoridades.

Cerca del cuerpo se encontraron latas de cerveza y bolsas de plástico que podían pertenecer a la víctima


(TABASCO HOY / REDACCION/ 25 DE ENERO 2016)

'AQUÍ, CASUAL EN INDECO' DICE MIENTRAS GRABA UN LINCHAMIENTO


Un presunto ladrón fue sometido por vecinos y amarrado a un poste de luz; policías de la SSP lo rescatan.

Un presunto ladrón fue amarrado por vecinos de la colonia Indeco a un poste a las afueras de una escuela, tras haber sido sorprendido en un presunto acto ilícito, y estuvo a punto de ser lichado.

El clip, de 02 minutos con 19 segundos, consigna los momentos en que el ladrón es rodeado por pobladores que pretenden lincharlo, mientras se halla sujeto a un poste y con un letrero pegado con cinta que dice "Esto me pasó por ratero".

El sujeto que lo graba, narra folclóricamente "Aquí, casual en Indeco, viendo cómo atrapan a los rateros. Las autoridades no hacen ni p... mad...", señala.

"Tenemos que actuar nosotros por nuestra propia mano" sigue diciendo el que graba en tanto que el presunto ladrón es rodeado de habitantes y policías que intentan razonar con estos para que lo entreguen.

"Que no se lo lleven" se oyen gritos,

De pronto una mujer parece discutir con los policías para que no se lo lleven, mientras otra voz dice "¡Hijo de Milo! Hijo de Hermilo Rodríguez!


(TABASCO HOY / AGENCIAS / 25 DE ENERO 2016)

EJECUTAN A CINCO Y LOS CALCINAN DENTRO DE CAMIONETA


Los cuerpos fueron hallados con un balazo en la cabeza; podrían ser policías.

La madrugada de este sábado en un camino de terracería entre Nuevo Progreso y San Antonio Cárdenas, en el estado de Campeche, fue hallada una camioneta Ford tipo Windstar que fue incendiada, en su interior se encontraban cinco cuerpos calcinados, por lo que se dio aviso a las autoridades de la Fiscalía de Ciudad del Carmen, Campeche.

Elementos de la Policía Estatal, Policías de Investigación y Peritos, confirmaron que las cinco personas presentaban el tiro de gracia, así como encontraron cinco casquillos 9 milímetros que utilizaron para ejecutarlos, hasta la tarde de ayer las víctimas permanecían en calidad de desconocidos, ya que por el estado en que se encontraban era muy difícil identificarlos.

Los cuerpos de los ejecutados y calcinados, fueron trasladados a los Servicios Periciales de Ciudad del Carmen, para realizar las pruebas correspondientes y ver si se pueden identificar, así como se informó que los cinco cuerpos calcinados podrían ser Policías de Ciudad del Carmen, Campeche o de Tabasco.


(TABASCO HOY / Neftalí Ortiz/ 31 DE ENERO 2016)

TROMBA EN CANCÚN


CANCÚN.-  Se presentó un fenómeno natural, llamado ‘tromba’ en la Laguna Nichupté, cerca de la marina Puesta del Sol, en la zona hotelera de Cancún.

“Trabajo en un yate privado, estaba secando el barco cuando de pronto escuché como una especie de aleteo cuando voltee me percate que habían muchas hojas volando, ya fue que llame a mi padre y me dijo que era una especie de tornado (tromba marina)”, comentó Jair Hernández Hernández, quien presenció lo ocurrido.

A través de las redes sociales se compartieron distintos videos del fenómeno natural.

De acuerdo con el biólogo Rubén Boreu, las trombas se forman cuando las nubes son bajas y se mezcla el aire caliente de la superficie con el viento frio de la parte superior, lo que ocasiona un efecto circulatorio; pueden alcanzar rachas de vientos de 60 a 80 kilómetros por hora.

El miércoles 24 de agosto del 2014, ocurrió un caso similar en Cancún, se registraron sonidos fuertes durante la madrugada, por lo que algunas personas salieron de sus domicilios, para corroborar lo que sucedía y algunos sin saberlo fueron testigos de la primera tromba tropical de ese año, originada por nubes de tipo cumulonimbus.

Para el meteorólogo que labora en Protección Civil municipal, José Chi Ortiz, la razón principal por la cual se formaron este tipo de nubes, es porque hay altas temperaturas en la tierra, además que este tipo de fenómenos es muy recurrente cuando hay cortinas de nubosidad cercanas al Ecuador.


(NOTIVER/ AGENCIAS/ 01 February, 2016 01:57:00)

GASODUCTO CFE-TRANSCANADA PONE EN RIESGO A 70 PUEBLOS RARÁMURIS


Un proyecto de TransCanada Corporation implica que el combustible, importado a México desde los depósitos ubicados en Waha, Texas, sea conducido hasta el Golfo de California luego de atravesar cinco municipios ubicados en la Sierra Madre Occidental habitados por decenas de comunidades de la etnia Rarámuri, 70 de las cuales quedarán a una distancia menor a los tres kilómetros de la obra.

Chihuahua, Chihuahua, 25 de enero (SinEmbargo).– Desde el 31 de octubre de 2012, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asignó a una filial de TransCanada Corporation la construcción de un ducto de 524 kilómetros para distribuir gas natural desde una central ubicada al sur de esta capital hasta el puerto de Topolobampo, en Sinaloa.

El proyecto implica que el combustible, importado a México desde los depósitos ubicados en Waha, Texas, sea conducido hasta el Golfo de California luego de atravesar cinco municipios ubicados en la Sierra Madre Occidental habitados por decenas de comunidades de la etnia Rarámuri, 70 de las cuales quedarán a una distancia menor a los tres kilómetros de la obra.

Y si bien el derecho de los pueblos nativos a haber sido consultados “antes” de cualquier decisión en sus territorios está consignado en el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas, firmado por México en 1990, el Gobierno federal inició este proceso sólo a finales de 2014, más de dos años después de la asignación del contrato a TransCanada y cuando los habitantes cuyos ancestros ocuparon esas montañas hace milenios habían ya notado la llegada de empleados mestizos a hacer trazos.

“Nosotros no nos enteramos de lo que pasaba. La gente indígena no tuvo conocimiento; en algunas partes, los tratos fueron con los ejidos, pero no con la comunidad”, dice Miguel Manuel Parra, integrante de la comunidad Rarámuri de Mogotavo, asentada en el Municipio de Urique, en la cima de la Barranca del Cobre.

“Empezaron a hacer trabajos y todo eso, había comentarios y había un trazo ahí. Llegan y ya, ponen los trazos, así, sin que nos enteremos nosotros de qué están haciendo”, agrega, entrevistado en la sede de la organización Tierra Nativa, ubicada en esta capital.


La documentación oficial muestra que fue sólo el 11 de enero de 2015 cuando personal de la Secretaría de Energía (Sener), de la CFE, de la Coordinación de la Tarahumara del Gobierno del Estado y representantes de la empresa Transportadora de Gas Natural del Noroeste –filial de TransCanada– llegaron a la comunidad de Mogotavo para realizar una “Asamblea informativa con gobernadores del pueblo Rarámuri”.


Ahí, de acuerdo con los entrevistados, la exposición del proyecto denominado gasoducto El Encino-Topolobampo quedó completamente a cargo de los representantes de la empresa, quienes, de acuerdo con el acta, consignaron haber hecho una exposición oral y traducida, haber entregado información técnica del proyecto en forma impresa y haber recibido “dudas, comentarios, propuestas y sugerencias de la comunidad”.

Para los habitantes de ésta, en cambio, se trató de un mero trámite por parte del Gobierno que había ya violentado su derecho a ser escuchados antes de que se asignara cualquier obra que modificara su entorno.

“No ocurrió como debería ser, y como pudo haber sido lo esperado por el Estado, que es quien debe hacer la consulta”, dice Manuel Parra. “Nosotros requeríamos de consulta, que es lo que se debe hacer con una comunidad cuando le van a afectar en su territorio, en su patrimonio, en su historia, en todo lo que tiene que ver con su cultura”, agrega.

Mogotavo fue una de las otras cuatro comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara que presentaron el año pasado amparos ante tribunales con el fin de suspender en sus territorios la obra de TransCanada, valuada en más de 24 mil millones de pesos. Otros asentamientos opuestos fueron San Luis de Majimachi, Pitorreal y Repechique; todos, explica Citlali Quintana, del Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, con el reclamo de no haber sido considerados de manera previa, libre e informada.

La Comisión de Asuntos Indígenas, explica Quintana, también negó a la organización la petición de contratar a un asesor independiente a la empresa, ya que ésta fue la única fuente de la información provista a la población mientras que los representantes del Gobierno, dice, acudieron a la zona en calidad de sólo coordinadores de los encuentros.

Y aun el consumo de alcohol en las fiestas tradicionales de las comunidades, de acuerdo con reportes de medios locales, fue utilizado por la empresa para tratar de obtener las firmas que les permitieran detener los amparos y continuar con las obras.

“Fue una simulación de consulta”, dice Citlali Quintana en entrevista, en la que también menciona “la falta de tacto” mostrada durante todo el proceso incluso hacia los pobladores que estuvieron de acuerdo en permitir el paso de la los ductos.
“El único lenguaje que la empresa entiende es el del dinero”, dice. “Nos tocó acompañar a personas que preguntaban si les dañarían el aguaje, ante lo que los ingenieros preguntaban: ¿Cuánto quieres por tu aguaje? Y la gente les respondía ¿qué te pasa? ¿Cómo te voy a vender mi aguaje?”, agrega.



El desmonte para las obras del gasoducto en la Tarahumara. Fotos: Torean Cruz, SinEmbargo




LA RESPUESTA DE TRANSCANADA

Un encargado de la relación con los medios por parte de TransCanada, Juan Carlos Hernández Azuela, informó a este medio que, a la fecha, la empresa lleva un 70 por ciento de avance en la construcción y que realiza un “cuidadoso proceso para poder identificar las acciones necesarias para minimizar el impacto y las afectaciones en las diferentes comunidades vecinas a nuestros proyectos”.

Una de estas afectaciones, agrega la “Memoria técnico-descriptiva” de la obra, es la calidad del agua, que sufrirá un “incremento de concentración de grasas, aceites y otras sustancias en el suelo”, para lo cual no plantea medidas de mitigación. También, dice el documento elaborado por la empresa, se afectarán, caminos y actividades “rituales o ceremoniales tradicionales”, así como “zonas, estructuras o recursos con valor arqueológico”.

Sobre el proceso de consulta, TransCanada respondió a SinEmbargo que “fue definido, liderado y coordinado por Sener en cumplimiento con la legislación mexicana vigente y en concordancia con tratados internacionales”.

Una petición de información sobre los motivos de no haber consultado a las comunidades antes de la asignación de la obra no ha sido respondida al cierre de esta información por parte de la Secretaría de Energía ni de la CFE.


El gasoducto El Encino-Topolobampo es parte de una red de nuevos gasoductos previstos para importar gas natural procedente de Waha, Texas, a Chihuahua y, de esta entidad, a otras centrales ubicadas en regiones como Sásabe, en Sonora, o La Laguna, en Coahuila, además de Topolobampo y Mazatlán, en Sinaloa. Otras empresas ganadoras en estas licitaciones son Grupo Carso, de Carlos Slim e Infraestructura Energética Nova, filial de la norteamericana Sempra.

Todos son fragmentos de la gigantesca red de más de 10 mil kilómetros de gasoductos adicionales que busca construir la Secretaría de Energía para importar el combustible desde Estados Unidos hacia México; internación que, de acuerdo con diversos documentos, fue una de las prioridades del vecino país garantizadas con la aprobación de la Reforma Energética.

Mogotavo es una comunidad ubicada sobre una meseta con divisaderos al Cañón del Cobre. Por este privilegio, es también territorio sujeto a una larga historia de despojos y trastornos ecológicos que se agudizaron sobre todo en los años 60, con la llegada del tren Chihuahua al Pacífico que, narra Manuel Parra, llevó al turismo, ahuyentó a varias especies animales medulares en la comunidad y, en general, dice, “invisibilizó” a la población indígena. En 1984, además, la Secretaría de la Reforma Agraria decidió otorgar escrituras de esos terrenos nacionales a una empresaria particular que puso un hotel y luego se apropió, dicen los entrevistados, de 500 hectáreas y del derecho de negociar todo tipo de infraestructura con las autoridades. Luego, en 1997, el Congreso del Estado aprobó el Fideicomiso Barrancas del Cobre para acentuar la explotación de recursos y ocupación de tierras para la construcción de infraestructura turística.

Y fue por esos antecedentes, plantea Manuel Parra, que decidieron hacer patente su presencia ante los constructores del gasoducto, obligarlos a recorrer con ellos el terreno, a detectar microclimas afectados y a detallar con más profundidad sus medidas de seguridad en casos de fuga o explosiones, entre otras dudas no aclaradas en la asamblea de hace un año.

La comunidad consideró cumplidas sus exigencias en diciembre pasado, cuando, en consenso, decidieron permitir el paso de la obra a cambio de un proyecto de inversión social en beneficio de la educación y la salud en la comunidad. Lo mismo, informó Quintana, ocurrió en San Luis de Majimachi y en Pitorreal.

Pero “tuvieron que voltear” hacia las comunidades, dice Manuel Parra. “Ver que era serio lo que estábamos haciendo; tuvieron que venir al pueblo, con más información y con más disposición a querer arreglar eso. La empresa, porque Sener desconoció al pueblo, porque ellos tienen el interés de hacer esto”, agrega.



Las comunidades Raramuris de Chihuahua no fueron consultadas para realizar la obra. Fotos: Torean Cruz, sin embargo


(SIN EMBARGO.MX/ Sandra Rodríguez Nieto / enero 25, 2016 - 00:00h)

ENFRENTAMIENTO ENTRE SICARIOS Y FUERZAS ARMADAS DEJA 8 MUERTOS EN TAMAULIPAS


En Matamoros se han registrado otros casos de muertes de civiles en enfrentamientos entre integrantes del crimen organizado y policías. En 2015 un niño de siete años murió al recibir un balazo en la cabeza y en esta ocasión una niña 13 años de edad fue alcanzada por un proyectil en la cara.



Ciudad Victoria, Tamaulipas, 1 de febrero (AP)— Ocho personas, incluida un niña de 13 años de edad, murieron la noche del domingo en una serie de enfrentamientos que sembraron el pánico en varios puntos Matamoros, Tamaulipas.

El gobierno del estado de Tamaulipas indicó en un comunicado que siete de los fallecidos eran presuntos criminales que atacaron a las fuerzas de seguridad.

La octava víctima fue una menor que recibió en el rostro un proyectil “disparado por uno de los delincuentes” en el centro comercial donde se encontraba con su familia el domingo en la noche. La pequeña falleció mientras recibía atención médica y su padre sufrió una herida superficial de bala.

Los choques comenzaron el domingo por la tarde. En el primer incidente las fuerzas de seguridad dieron el alto a una camioneta por exceso de velocidad. Los ocupantes se bajaron del vehículo y abrieron fuego y los policías respondieron dando muerte a tres.

En el interior de la camioneta se encontraron tres armas largas, cargadores, cartuchos para fusiles de gran potencia, chalecos antibalas y paquetes de marihuana que llevaban escondidos en una maleta.

La balacera desencadenó una serie de persecuciones. En un segundo tiroteo agentes estatales se enfrentaron con personas que viajaban en dos camionetas. En ese incidente murieron tres civiles armados, a quienes también se les decomisó armamento y equipo táctico. Otro grupo de supuestos delincuentes intentaron refugiarse en un centro comercial lleno de gente. Soldados mexicanos acudieron al lugar, donde se produjo un nuevo tiroteo en el que murió la niña.

En Matamoros se han registrado otros casos de muertes de civiles en enfrentamientos entre integrantes del crimen organizado y policías.

En junio de 2015 un niño de siete años murió al recibir un balazo en la cabeza. El menor viajaba en el automóvil de su padre camino a la escuela con otros amigos.

Matamoros, en plena frontera con Estados Unidos, es el bastión del Cártel del Golfo, un grupo criminal que opera casi en la mayor parte de la zona norte de Tamaulipas.

En tanto en el estado de Guerrero al menos nueve hombres murieron al enfrentarse a tiros al término de una fiesta en la comunidad de Las Tecomacas, municipio de Coyuca de Catalán, de acuerdo con un reporte de la Fiscalía General del Estado.

Los hechos se registraron el sábado en una fiesta de 15 años tras la cual algunos hombres comenzaron a discutir y pasaron a las armas. El enfrentamiento, en el que se utilizaron fusiles de asalto calibre, se generalizó en la comunidad vecina de El Cundancito, cercana al lugar de la fiesta.

Cuando las autoridades intentaron ingresar a la comunidad fueron recibidas a los tiros por desconocidos que les disparaban desde lo alto de las montañas.





(SIN EMBARGO.MX/ AP FEBRERO 1, 2016 - 11:29H)

LÍDER DE LOS BELTRÁN LEYVA ES ARRESTADO; LA CNS LO VINCULA CON DESAPARICIÓN DE PERIODISTA DE SONORA


“El 2000″ fue líder de Los Beltrán Leyva en los estado que Chihuahua, San Luis Potosí, Coahuila y Sonora, donde se conformaron células delictivas para enfrentar a sus rivales. También se le vincula con la desaparición del periodista Alfredo Jiménez, ocurrida en abril de 2005.

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbrago).- La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) informó que Francisco Javier Hernández García, presunto líder del Cártel de los Beltrán Leyva, fue detenido este fin de semana en Guasave, Sinaloa, durante un operativo.
En conferencia de prensa, Renato Sales Heredia, titular de la CNS, detalló que Hernández García, apodado “El 2000″, fue aprehendido, junto con Francisco Javier Martínez Coronado, durante un operativo conjunto con elementos del Ejército Mexicano y la Policía Federal el sábado pasado.

“El 2000″, quien poseía armas largas y paquetes de metanfetaminas al momento de su detención, era uno de los 122 objetivos prioritarios de las fuerzas federales, por lo que suman 99 los capos neutralizados en lo que va del sexenio.

Hernández García fue escolta del capo Arturo Beltrán Leyva, “El jefe de jefes” o “El barba”, abatido en 2009. Posteriormente se convirtió en el líder del grupo criminal en los estado que Chihuahua, San Luis Potosí, Coahuila y Sonora, donde se conformaron células delictivas para enfrentar a sus rivales.

También se le atribuye la alianza de Los Beltrán Leyva con Los Zetas, para enfrentar al Cártel de Sinaloa y al del Golfo. Así como su presunta vinculación con la desaparición del periodista Alfredo Jiménez, ocurrida en abril de 2005, de acuerdo con la CNS.

Los detenidos se encuentran a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) para continuar con las investigaciones correspondientes.


(SIN EMBARGO.MX/ Redacción /  febrero 1, 2016 - 12:13h)

LA EVOLUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO


Los cárteles de las drogas en México se han alejado de su actividad principal, el trasiego de drogas, para ubicarse en otros nichos económicos que les representan igual o mayor utilidad económica

El negocio de Los Zetas en el tráfico de personas se ha vuelto también internacional

Entre los cárteles que han podido colocarse en un nicho económico que los aleja del tráfico de drogas se encuentra el de Los Zetas

70 minas en Michoacán están bajo el control de Los Caballeros Templarios

En los últimos tres años, los llamados cárteles de las drogas en México han evolucionado. Cada vez más, esas estructuras criminales se han alejado de su actividad principal, el trasiego de drogas, para ubicarse en otros nichos económicos que les representan igual o mayor utilidad económica.

Se estima –de acuerdo a versiones extraoficiales de funcionarios de la Procuraduría General de la República- que el abandono paulatino de los cárteles a su actividad original se debe principalmente a la captura de sus jefes fundadores, y la consecuente incorporación de delincuentes comunes a frente de esas organizaciones.

En consecuencia, se calcula que a la fecha más del 60 por ciento de los ingresos de las principales organizaciones criminales proviene de otras actividades delincuenciales que no tienen que ver con el tráfico de drogas, en donde destacan el tráfico de personas, prostitución, extorsión, secuestro, ordeña de ductos de combustible y pornografía.

Los cárteles de las drogas han encontrado una fuente de ingresos alterna en diversas modalidades de actividades ilegales, pero no solo ahí. También se les ubica en sectores formales de la economía, como la explotación de minas, cultivos agrícolas, casas de cambio y operación de casas de apuestas, incluyendo el manejo de agencias inmobiliarias.

De acuerdo a un informe de la Agencias de combate a las Drogas (DEA) de Estados Unidos, los cárteles mexicanos se han podido asentar en los últimos tres años dentro de la economía formal en actividades económicas tan disímbolas que ha sido prácticamente imposibles para el Gobierno federal cortar las formas de financiamiento.

Esas actividades a las que hace alusión la DEA, que funcionan también como centros de lavado de dinero, van desde la operación de lavanderías, lotes de autos usados, tiendas de ropa, clubes de esparcimiento, estéticas, tiendas de autoservicio y restaurantes.

De acuerdo a la DEA, ninguno de los cárteles de en México se ha sustraído a la incorporación de actividades fuera del trasiego de enervantes, en donde se ubica al cártel de Los Caballeros Templarios como el que ha avanzado más en ese terreno, al tener bajo su control y operación más de 70 minas de hierro en el estado de Michoacán.

Entre los cárteles que han podido colocarse en un nicho económico que los aleja cada vez más del tráfico de drogas está Los Zetas, el que mantiene el cobro de cuotas de la producción minera en el estado de Coahuila, en donde su alianza con empresarios del sector ha podido mantener en un punto de equilibrio económico a ese grupo criminal.

Otro de los cárteles que repunta en actividades económicas fuera del tráfico de drogas, del que no se han alejado completamente, es La Familia. Ese grupo criminal ha podido sobrevivir económicamente debido a la venta de protección que ofrece a las empresas formales, principalmente las asentadas en el Estado de México.

El factor común que la PGR observa en todos los grupos de delincuencia organizada que ya se encuentran en la nueva dinámica de sostenimiento económico, es el abandono “del código de ética” que en algún momento sostuvieron los líderes fundadores.

LAS MINAS DE ‘LA TUTA’

De acuerdo a la PGR, el cártel de Los Caballeros Templarios es el que más se ha deslindado del trasiego de drogas, para incrustarse en otras actividades económicas y lograr el sostenimiento de su estructura operativa. La principal actividad de ese grupo delictivo se finca en la explotación de al menos 70 minas de hierro, todas asentadas en el estado de Michoacán.

El mineral que se extrae de esas minas es el que se logra comercializar a bajo precio con empresas chinas que siguen operando en la clandestinidad. Los Caballeros Templarios también hacen negocios, vendiendo el mineral extraído ilegalmente, con firmas inglesas, argentinas y holandesas que se encuentran ubicadas en el puerto Lázaro Cárdenas.

Solo el año 2014, de acuerdo a los cálculos hechos por el entonces comisionado para la seguridad del estado de Michoacán, Alfredo Castillo, la comercialización de mineral extraído ilegalmente por parte del cártel de Los Templarios, fue el equivalente al 80 por ciento de la rentabilidad que obtuvieron por el tráfico de drogas, principalmente mariguana y cocaína.

La totalidad de las minas que mantiene en operación el cártel de Los Caballeros Templarios son las que en su momento fueron arrebatadas a sus legítimos dueños cuando la entidad era gobernada por Nazario Moreno González, “El Chayo”, jefe fundador de ese grupo criminal nacido de la escisión con La Familia Michoacana.

EL NEGOCIO DE LOS MIGRANTES

Otro ejemplo de transición del tráfico de drogas a actividades ilegales rentables, es el cártel de Los Zetas, los que –de acuerdo a datos de la PGR- han podido mantenerse en activo debido al financiamiento que les representa el tráfico de personas. Su principal nicho de actividad es en el tránsito de los inmigrantes centroamericanos hacia la frontera norte.

Las utilidades logradas en ese sector podrían representar casi el 50 por ciento de los ingresos económicos del cártel, frente a los recursos logrados en el tráfico de drogas, y es que Los Zetas mantienen el monopolio de la extorsión, asalto, robo, secuestro y tráfico de inmigrantes en todo el sur del país, así como en el estado de Tamaulipas.

El negocio de los Zetas en el tráfico de personas se ha vuelto también internacional. Los datos de la PGR apuntan a la presencia de la red criminal en algunos de los países centroamericanos, principalmente Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, desde donde trasladan a sus  víctimas.

Dentro del tráfico de personas, en el que se ha logrado colocar con utilidades rentables, el cártel de Los Zetas se ha posicionado también en áreas como la prostitución y pornografía.

DUCTOS DE DINEROS

El cártel del Golfo ha logrado transitar del negocio del tráfico de las drogas a la ordeña de ductos de combustible. Esa actividad es solo disputada con el cártel de Los Zetas, la que ha ocasionado una guerra a muerte, principalmente en el estado de Puebla, en donde se concentra el mayor número de perforaciones clandestinas a los ductos de Pemex.

De acuerdo a los datos de la PGR, la utilidad por la comercialización de combustible extraído ilegalmente, equivale a casi el 45 por ciento de los ingresos que logra el Cártel del Golfo por el trasiego de drogas en todo el país, sobre todo en los estados de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, donde mantienen su actividad preponderante. En los estados de México e Hidalgo, la extracción ilegal de combustible también es compartida entre el Cártel del Golfo y el de La Familia, solo que en esta entidad las células criminales sí han podido llegar a acuerdos para delimitar zonas de operación.

La extracción ilegal de combustible representa al cártel de La Familia un ingreso de casi el 20 por ciento de lo que representa el tráfico de drogas. Las células criminales de La Familia que operan en el Estado de México, dijo un funcionario de la PGR, complementan sus ingresos económicos derivados de la ordeña de ductos con su participación en el secuestro y la extorsión, lo que sumado representa casi el 60 por ciento de los ingresos obtenidos por el trasiego de enervantes.


(REPORTE INDIGO/ J. JESÚS LEMUS/  Lunes 18 de enero de 2016)

SE DEBILITA LA FUERZA CIVIL


Llegó a ser considerada la mejor policía del país, un modelo nacional a seguir, pero hoy este prototipo de seguridad va en retroceso

"(...) que este esfuerzo y esta voluntad que tiene el gobierno de la República se vea reflejada en resultados y en calidad de vida para todos los mexicanos”

Enrique Peña Nieto
Presidente de México

7.18% de los policías estatales reprobados a nivel nacional siguen en activo

20.37% de los policías estatales a nivel nacional no han sido reevaluados

Llegó a ser considerada la mejor policía del país, un modelo nacional a seguir, pero hoy este prototipo de seguridad va en retroceso.

Una encuesta de Causa en Común coloca a esta corporación en alerta amarilla. Detalla que tiene irregularidades en el proceso de certificación integral, como son los controles de confianza, destreza, habilidades y conocimiento.

En su estudio –realizado en el 2015– la asociación reveló que Fuerza Civil recibió una calificación de 6.1 puntos, es decir pasó de ‘panzazo’ la certificación, por lo que perdió el primer lugar.

En el 2010, el Gobierno federal dio a conocer el Modelo de Policía Acreditable, el cual tenía como fin erradicar la corrupción y profesionalizar a las policías estatales.

En ese año, Nuevo León enfrentaba uno de sus peores episodios de violencia, una crisis de seguridad que golpeó con fuerza a los ciudadanos, así que el nuevo modelo policial fue adoptado de inmediato. El estado se convirtió en el primero en el país en implementar la Fuerza Civil.

En 2011 se graduó la primera generación de elementos de este modelo y para el 2014 el presidente Enrique Peña Nieto ya señalaba a esta corporación como un modelo a seguir.

“En Nuevo León así está ocurriendo y deseamos que en todo el país ocurra por igual, como ya pasa en varios estados de la República, pero que este esfuerzo y esta voluntad que tiene el gobierno de la República se vea reflejada en resultados y en calidad de vida para todos los mexicanos”, dijo el mandatario durante una visita para inaugurar un centro cultural y deportivo en San Bernabé, en Monterrey.

Sin embargo, el pasado 19 de enero, la organización civil Causa en Común, A.C. reveló que –de acuerdo a los resultados de su último Semáforo del Desarrollo Policial– la Fuerza Civil de Nuevo León está dentro de la mayoría de las policías del país que apenas consiguieron una calificación de 6.1 puntos. Esto, detalla el informe, está muy lejos de cumplir con su principal función de dar seguridad plena a los ciudadanos.

Este estudio tomó como base entrevistas con elementos e información solicitada a cada Policía, y se promedia del 1 al 10.

El documento señala que 16 entidades están en alerta amarilla, al obtener calificaciones aprobatorias de “panzazo”, pero siguen presentando inconsistencias en todos o algunos de sus procesos.

“En este grupo se encuentran Chihuahua, Distrito Federal, Baja California, Guanajuato y Nuevo León, que avanzaron en los resultados del año pasado, pero todavía salen debiendo”.

La Fuerza Civil de Nuevo León tiene promedios muy bajos en la aplicación de las pruebas de control y confianza, y ha perdido credibilidad, según señala el ejercicio. La encuesta arrojó que tiene 6.6  puntos de confianza, y le faltarían por lo menos 3 puntos para poder llegar a una calidad de élite, por lo que presentan un rezago importante en este rubro.

Con estos resultados, Fuerza Civil  rebasó por sólo un punto a policías estatales que reprobaron los controles de confianza en estados como Veracruz, Michoacán Sinaloa y Distrito Federal, quienes calificaron con 5 puntos.

Las pruebas de control de confianza en Nuevo León son elaboradas por la Universidad de Ciencias de la Seguridad, y no sólo se le aplica a los policías estatales, sino también a cada uniformado municipal.

HAY MUY POCA PROFESIONALIZACIÓN

De acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los aspirantes a policías estatales deberían continuar con una preparación, así como formación de mandos, sin embargo, esa información no fue proporcionada por las policías a pesar de la solicitud que hizo Causa en Común A.C.

“Debido a la baja información que encontramos, no fue posible evaluar este eje por completo en su estándares de implementación”, dijo la presidenta de la organización, María Elena Morera.

Por ese motivo, la encuesta se enfocó sólo en la formación inicial, es decir si están o no formando policías. Ahí, es donde los aspirantes reciben la capacitación básica para laborar como policía.

“Encontramos, que 14 entidades no cuentan con instalaciones adecuadas para formar a los policías, los esquemas de monitoreo y evaluaciones de los instructores no son rigorosos, y el 45 por ciento de los instructores no están certificados.

“Incluso, en unas entidades nos dicen, que cuando un policía no se porta bien lo mandan de instructor y ese uniformado no cuenta con un soporte pedagógico”, refiere el análisis.

Las entidades que no cuentan con un instructor certificado son Distrito Federal, Sinaloa, Estado de México y Baja California, además no se tiene  una base de datos de los capacitadores para los policías. Incluso, no saben qué tipo de capacitación se ha dado a los policías, ni cuáles son los programas.

El policía toma el mismo curso cinco veces, y  en muchos de los casos la capacitación no está ligada con su profesión.

“No hay un registro integral de lo que están haciendo en las corporaciones policiales estatales. Y no conocen de manera precisa cuántas y qué tipo de capacitación ha recibido cada una de sus  policías”, explica Morera en el documento.

Esto implica deficiencias en la formación inicial de una aspirante a policía, además están llegando elementos con poca  preparación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en lugar de formar policías con calidad en este nuevo esquema judicial. Y esto se podría complicar, ya que está muy cerca de aplicarse en todo México.

‘APTOS CON RESTRICCIONES’

Otro punto negativo que afectó a Fuerza Civil es que en la prueba de control de confianza existe una medición calificada como “apto con restricciones”. A decir de Causa en Común A.C., nadie sabe a qué tipo de restricciones se refiere la prueba de control de confianza, pues podrían ir desde qué elemento está enfermo de diabetes a problemas de corrupción.

Un policía de Monterrey certificado por la Universidad de Ciencias de la Seguridad como “apto con restricciones”, resultó tener un vínculo con la delincuencia organizada.

Se trata de Antonio González Abad, apodado “El Mocho”, quien se desempeñaba como escolta de la exalcaldesa de Monterrey, Margarita Arrellanes.

En enero de 2015, el escolta fue detenido en Zapopan, Jalisco por autoridades federales por su presunta participación en un secuestro, mientras tres policías regios implicados en este delito están prófugos. Todos habrían pasado las pruebas de control y confianza de la Universidad de Ciencias de la Seguridad, y el entonces procurador Adrián de la Garza, dijo que la calificación del escolta estaba “con restricciones”, y ese resultado se lo había entregado a las autoridades regias.

González Abad habría recibido  la calificación de "apto con restricción", por lo que debió ser vigilado por la corporación regia. Pero no fue así.

POCA DESTREZA

Fuerza Civil también promedió resultados muy bajos en las habilidades, destrezas y conocimientos de los uniformados, obteniendo números muy por debajo de los esperado.

Obtuvo un calificación de 6.6 puntos, por lo que los elementos tendrían que continuar con una capacidad para tener mayor conocimiento y más habilidades.

El ejercicio además reveló que un policía no sabe los resultados de su evaluación, y esto alertó a la asociación Causa en Común A.C. porque muchas veces es mal utilizado por mandos corruptos, quienes amenaza al uniformado con destituirlo si no cumple con una orden deshonesta. El 85 por ciento de los policías en México no conocen su evaluación final.

LAS PROPUESTAS

Tras los resultados del estudio, María Elena Morera, directora de la organización Causa en Común perfiló 7 propuestas a las autoridades:

> Activar la Comisión Especial de Desarrollo Policial del Consejo Nacional de Seguridad y dotarla de una contraparte técnica

> Las autoridades deben dar a conocer una ruta crítica para el efectivo cumplimiento del Sistema de Desarrollo Policial

> Certificación integral de los policías

> Avanzar hacia  la certificación institucional

> Mejora en los salarios, seguridad social y adecuadas jornadas laborales

> Fortalecimiento del control interno e institucionalización de la supervisión ciudadana

> Sanciones a quien incumpla objetivos



(REPORTE INDIGO/ JESÚS PADILLA/ Lunes 1 de febrero de 2016)

EL CHAPO FRACTURÓ EL GABINETE


Inmediatamente después de la captura de Joaquín Guzmán Loera se desató la tensión por su custodia: tanto la Policía Federal como la Marina reclamaron esa responsabilidad, que les daría réditos políticos y mediáticos. Pero la pugna no paró ahí. De hecho, el video que recientemente difundió la PGR para dar cuenta detallada de la aprehensión reavivó la tirantez: en él se dio prácticamente todo el crédito de la recaptura a la Armada, pese al papel central que tuvieron los agentes federales. Y hubo otra “víctima” de esa grabación: la versión oficial, que hoy luce endeble y contradictoria.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Detrás de la propaganda oficial de que la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán Loera fue un trabajo de coordinación del gabinete de seguridad, la detención provocó un enfrentamiento entre la Marina Armada de México y la Policía Federal (PF) por la custodia y entrega del jefe más buscado del Cártel de Sinaloa. La Procuraduría General de la Repúlbica (PGR) terció ya en la disputa.
El desencuentro había quedado en segundo plano, pero el pasado miércoles 27 la PGR difundió un video que despertó más dudas sobre el rastreo y reaprehensión de Guzmán.

En el afán de mostrar la detención como un “trabajo de inteligencia y coordinación”, la PGR terminó por reavivar las inconsistencias y contradicciones de la versión oficial, además de la discordia que campea en el gabinete.

La noche del martes 26 la PGR alertó a la prensa: durante la madrugada del miércoles daría a conocer algo importante. A la 1:10 de la madrugada distribuyó un video de 19 minutos para explicar cómo había atrapado al jefe del narcotráfico el 8 de enero en Los Mochis, al norte de Sinaloa.

Con el título ‘La investigación y las labores de inteligencia relacionadas con la captura de Joaquín Guzmán Loera’, el video de inmediato generó más dudas sobre el relato oficial de la persecución de Guzmán desde que se fugó el 11 de julio de 2015 del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

La grabación significó, además, el espaldarazo a la Marina por parte de la titular de la PGR, Arely Gómez.

El video no le da mérito a la PF, a pesar de que fueron elementos de esa corporación quienes aprehendieron al Chapo, luego de que éste se había escabullido de las fuerzas especiales de la Marina en un enfrentamiento ocurrido en una casa de seguridad en Los Mochis.

Elaborado para explicar la segunda evasión del capo de un penal de máxima seguridad, el momento de su recaptura y su regreso al Altiplano, el documento visual omite momentos que, según la propia PGR, fueron clave en la recaptura, como el seguimiento de la actriz Kate del Castillo durante sus encuentros con un abogado de Guzmán Loera y sus chats con el capo.

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2048 de la revista Proceso, ya en circulación.


(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL /JORGE CARRASCO ARAIZAGA Y PATRICIA DÁVILA/ 30 DE ENERO DE 2016) 

CONFIRMAN NEXOS DE EL CHAPO CON MAFIA COLOMBIANA


MÉXICO, DF (proceso.com.mx).- Joaquín El Chapo Guzmán Loera trabajaba con Jorge Milton Cifuentes Villa El Colombiano, preso por el envío de toneladas de cocaína desde Sudamérica, según reveló una acusación de Estados Unidos contra el capo mexicano.

La acusación se fincó en la Corte de Distrito del Sur de Florida, de acuerdo con un despacho de Notimex.

Cifuentes está preso en Estados Unidos desde 2013.

Definida por un gran jurado en 2010, la acusación con el folio 07-20508-cr revela al público de manera oficial los vínculos de El Chapo con la mafia colombiana del narcotráfico.

En el documento, precisa Notimex, aparece el nombre de Guzmán Loera junto al de Milton Cifuentes Villa y otros tres coacusados: Dolly de Jesús Cifuentes Villa, Hildebrando Alexander Cifuentes Villa y Otto Javier Gracía Girón.

Tres de ellos son de “El Clan de los Cifuentes Villa”, un grupo familiar vinculado estrechamente a la historia del Cártel del Norte del Valle, de las autodefensas de Colombia, del Cártel de Sinaloa y, en resumen de la historia del crimen organizado en Colombia.

Jorge Milton Cifuentes Villa fue capturado en 2012 en Venezuela y luego fue deportado a Colombia y extraditado en diciembre de 2013 a Estados Unidos.

Cifuentes Villa quedó a cargo de la organización que lideraba su hermano, Francisco, quien fue asesinado en 2007 en una finca en Colombia y quien había sido piloto del célebre jefe del cártel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, según datos de la policía colombiana.

Jorge Milton se hacía pasar por un exitoso empresario en México, Panamá y Ecuador, hasta que en noviembre de 2010 (caso 07-20508-cr) fue acusado en la Corte de Distrito del Sur de la Florida y luego en febrero de 2011 en la del Distrito Sur de Nueva York, ambas por tráfico de drogas y lavado de dinero.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, afirma que Jorge Milton buscaba hacerse pasar por “un hombre de negocios legítimo, mientras suministraba cocaína al Cártel de Sinaloa”.

El colombiano estableció en México al menos seis empresas para lavar dinero producto del narcotráfico, de acuerdo con un reportaje publicado en Proceso en octubre de 2011.

De acuerdo con la investigación, el nombre de Jorge Milton Cifuentes Milton aparece en la mayoría de ellas como accionista, administrador único o apoderado, según constancias encontradas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México.

Datos de las actividades de Cifuentes Villa en México y su sociedad con El Chapo Guzmán salieron a la luz pública el 6 de agosto de 2011, cuando la policía colombiana detuvo a su hermana Dolly por el delito de narcotráfico y lavado de dinero.

Dolly de Jesús también acusada de narcotráfico y lavado de dinero en ambos encausamientos, fue extraditada a este país en 2012. Su arresto causó polémica, pues se reveló que tuvo una relación con Jaime Uribe, fallecido hermano del expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez.

Por su parte, Hildebrando, también citado en las acusaciones de Florida y Nueva York, fue detenido el año pasado en Culiacán, México, donde se encontraba trabajando con el Cártel de Sinaloa, según las autoridades.

En el encausamiento de Florida a El Chapo se le acusa de cinco cargos de conspirar para manufacturar y distribuir cocaína entre 2003 y 2009 a sabiendas de que sería enviada a Estados Unidos. La pena máxima es cadena perpetua.


(PROCESO/ LA REDACCIÓN/ 31 DE ENERO DE 2016)

MATAN A 11 EN FIESTA DE 15 AÑOS EN GUERRERO; ATACAN A PAREJA DE TURISTAS


CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Al menos 11 personas fueron asesinadas durante una fiesta de 15 años en la comunidad de Cundancito, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero.

Este domingo el gobernador Héctor Astudillo confirmó la cifra de fallecidos.

La Fiscalía General de Justicia reportó que una balacera se registró el sábado durante una fiesta.

Ayer por la noche, policías intentaron llegar al lugar pero fueron recibidos a balazos.

Posteriormente elementos de la Policía Ministerial, Policía Estatal y de la Policía Federal lograron realizar las diligencias de ley en el lugar.

En el camino a ese sitio, los agentes encontraron un vehículo que había sido atacado a tiros en el cual viajaba una pareja de turistas rumbo a Zihuatanejo.

El incidente sucedió en la carretera federal Ciudad Altamirano-Zihuatanejo. La mujer murió mientras que su esposo resultó herido.

Las víctimas fueron identificadas como Lourdes Escutia Viveros y Valentín Arturo García Salinas, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Escutia Viveros, quien era enfermera, murió cuando era atendida en el Hospital “Guillermo Soberón” en Coyuca de Catalán mientras que García Salinas era camillero en el IMSS.

La pareja pasaría su luna de miel en Zihuatanejo.


(PROCESO/ LA REDACCIÓN/ 31 DE ENERO DE 2016)

CON AYUDA DE LA DEA, DETIENEN EN SONORA A 22 PRESUNTOS INTEGRANTES DEL CÁRTEL DE SINALOA


MÉXICO, DF (proceso.com.mx).- Luego de un operativo que derivó en un enfrentamiento armado, elementos de la Policía Federal desmantelaron en Sonora un centro de operaciones del Cártel de Sinaloa, detuvieron a 22 presuntos integrantes de la organización criminal y abatieron a otros dos.

Labores de inteligencia permitieron ubicar un sitio en el municipio de Plutarco Elías Calles donde se almacenaba droga y se mantenía en cautiverio a migrantes que intentaban llegar a Estados Unidos.

La Policía Federal reveló que con información de la DEA y otras agencias estadunidenses sobre las rutas de trasiego de narcóticos, elementos federales desarrollaron investigación de gabinete y campo por varias semanas.

Lo anterior permitió ubicar una vivienda en la zona desértica del poblado Sonoyta, cercano a la frontera norte, habilitada con todos los servicios y custodiada por hombres armados.

Los agentes desplegaron un operativo por tierra, con el apoyo de helicópteros tipo BlackHawk para cercar el predio, pero al aproximarse fueron recibidos con disparos de armas largas, por lo que repelieron la agresión.

Tras el enfrentamiento, dos presuntos delincuentes fallecieron y el resto optó por rendirse y entregar las armas ante el despliegue de la autoridad.

A los 22 detenidos se les aseguraron diversos paquetes y mochilas con camuflaje, las cuales contenían un estimado de 250 kilos de mariguana.

También se les decomisaron 18 armas de fuego, 15 de ellas fusiles de asalto y tres pistolas, además de cartuchos útiles de diversos calibres.

Los detenidos, las armas, la droga y el inmueble quedaron a disposición del Ministerio Público.


(PROCESO / LA REDACCIÓN/ 31 DE ENERO DE 2016)

PADRES DE DESAPARECIDOS EN TIERRA BLANCA OFRECEN ENTREGARSE AL CJNG A CAMBIO DE SUS HIJOS


XALAPA, Ver. (Apro).- Los padres de los cinco jóvenes que fueron ‘levantados’ el pasado 11 de enero por policías estatales en Tierra Blanca ofrecieron al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) su entrega inmediata a cambio de la vida de sus hijos.

“Yo ofrecí lo que ellos quisieran, y si querían yo me entregó con tal de que ellos regresen. Si nos debemos de entregar los cinco padres, lo haremos. Ya lo hemos platicado, sin remordimiento a nada ni a nadie, y lo que ellos (los captores) quieran. Si quieren a los cinco padres, los cinco nos entregamos”, narra vía telefónica Bernardo Benítez, padre de Bernardo Benítez Arroniz y tío de José Benítez, dos de los jóvenes desaparecidos.

Señala, asimismo, que ante el estado de anarquía y la falta de resultados que vive el estado, “tenemos que acudir a cualquier cosa”, por lo que si el “cambio” resuelve la aparición de sus muchachos, no dudaría en “entregarse”.

El pasado 27 de enero la Fiscalía General del Estado (FGE) y su directora de investigaciones ministeriales, María del Rosario Zamora, informaron a los padres que hubo una inspección ocular en el rancho “El Limón” de Tlalixcoyan –de donde se extrajeron vestimentas que están siendo analizadas–; que se realizó otra diligencia de la Gendarmería Nacional en la comunidad de Vicente en Oaxaca, muy cerca de Tuxtepec, y que el fin de semana “se peinó” el municipio de Tierra Blanca, sin resultados concretos.

“El jueves ya nadie llamó. El viernes ni el MP (agente del Ministerio Público) llegó. Desgraciadamente no tenemos ninguna información, ya nadie se comunica, ya no sabemos ni qué pensar, hay momentos en que sentimos que empiezan a bajar los brazos o que no nos quieren decir”.

Bernardo Benítez asegura que el ambiente en las afueras del Ministerio Público de Tierra Blanca –donde permanecen resguardados los padres de los cinco jóvenes ‘levantados por policías estatales– es cada vez de mayor desolación, desesperación, impotencia y frustración.

“Aunque pudiéramos salir de aquí, no somos investigadores, no somos ni de la ciudad de Tierra Blanca. ¿Dónde empezamos a buscar? Si solo sabemos que se los llevaron policías estatales. Créame que hay mucha impotencia y tristeza”, dice el padre de Bernardo Benítez Arroniz, de 25 años de edad, quien desapareció junto con su primo José Benítez de la O, de 24; Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27; Alfredo González Díaz, de 25, y Susana Tapia Garibo, de 16.

DESTAPANDO LA CLOACA…

En el primer mes de 2016 se contabilizaron 30 ejecuciones del norte al sur de Veracruz, diez de las cuales ocurrieron de forma sistemática en las inmediaciones de Xalapa (Emiliano Zapata y Banderilla) entre el sábado 23 y martes 26, sin contar los restos humanos de 12 personas localizados en una fosa-basurero del municipio de Emiliano Zapata, más las bolsas con restos humanos de tres personas halladas en el municipio de Maltrata.

Frente a ello, salta a la vista la incompetencia de los cuerpos de seguridad pública y procuración de justicia, que continúan inmersos en un proceso de depuración de sus elementos.

En la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ya fueron dados de baja 3 mil 900 policías, según cifras de su titular, Arturo Bermúdez Zurita, pero sólo 186 de esos elementos fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por presuntos vínculos con el crimen organizado, de acuerdo con la página de transparencia de la dependencia federal.

En lo que va del sexenio, en la FGE se ha reportado 370 bajas, según la solicitud de información 00124615 en poder del reportero.

Los despidos y renuncias incluyen a 44 agentes del Ministerio Público y ocho subprocuradores, 23 peritos –entre criminalistas y forenses–, 41 policías ministeriales, seis elementos de la Policía Ministerial Acreditable y 18 de la extinta Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), entre ellos el jefe de grupo de la AVI y otros empleados administrativos.

A una veintena de esas personas se les fincó un Procedimiento Administrativo de Responsabilidad, y la consignación de los mismos se mantiene en secreto.

Entre las bajas mencionadas destacan las de Bertoldo Reyes Campuzano y Jorge Yunis Manzanares, presuntamente involucrados con el crimen organizado, según la investigación ministerial 947/2012 VER-FIEAFTVS-10 (Proceso 1881), así como la de Fernando Vázquez Maldonado, señalado por madres de desaparecidos por “entorpecer” las investigaciones.

Una renuncia “sui generis” fue la del exsubprocurador Arturo Herrera Cantillo, quien dimitió al cargo dos días después de dar parte a la prensa sobre la existencia de una narcofosa en el rancho “El Diamante” del municipio de Tres Valles, muy cercano a Tierra Blanca.

En esa numeraria, contenida en la solicitud de transparencia que hizo este reportero, se añade que cinco elementos de la FGE fueron dados de baja por presentar documentos falsos –no especificaron quienes–, 11 porque no aprobaron los exámenes de control y confianza, y 17 servidores públicos de la Fiscalía fueron despedidos porque ya no se presentaron a trabajar. Uno dio positivo en consumo de drogas.

EL NEGRO HISTORIAL DE MARCOS CONDE…

La desaparición de los cinco jóvenes oriundos de Playa Vicente se convirtió en un escándalo que acaparó la atención de la prensa nacional, pero también reavivó otras desapariciones forzadas ocurridas hace dos años en la región de La Antigua y el Sotavento, donde Marcos Conde –exdelegado de la SSP, hoy en la cárcel por su presunto involucramiento en la desaparición de los cinco jóvenes en Tierra Blanca– fungió como el máximo mando policiaco en 2012 y 2013.

El pasado 25 de enero, medio centenar de familiares de personas desaparecidas –entre ellos policías municipales ‘levantados’ por policías estatales– tomaron las instalaciones de la FGE para exigir la renuncia del titular de la SSP, Arturo Bermúdez Zurita, y para cuestionar la poca eficacia del fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, tanto en la consignación de policías involucrados en desapariciones, como en los nulos resultados para encontrar a sus seres queridos.

Martha González, quien busca a su hijo Luis Alberto González, y Rosario Sayazo, que lucha para localizar a su esposo, Juan Carlos Montero –ambos policías municipales ‘levantados’ en la comunidad El Arenal, en Úrsulo Galván– exigen a la FGE “investigar” al entonces delegado de la SSP en la región, Marcos Conde.

Y es que mientras Conde estuvo a cargo de la delegación de la SSP en esa región del Sotavento, el agente del Ministerio Público Investigador adscrito al programa “Veracruz Seguro”, Pedro Huesca Barrada, fue ‘levantado’ por policías estatales en abril 2013.

Además el reportero de nota roja del ‘Diario de Cardel’, Sergio Landa, se encuentra desaparecido desde enero de ese año, y el 1 de diciembre de 2012 también se dio a conocer la “desaparición forzada” de ocho jóvenes en la comunidad El Modelo, perteneciente a Úrsulo Galván. Los familiares responsabilizaron a policías estatales, cuyo jefe era Conde.

La protesta de familiares desaparecidos fue vistosa. Con lonas, mantas y cartulinas hicieron un tendedero gigante para “sellar” los accesos a la fiscalía, y muchos empleados administrativos no pudieron entrar al inmueble, hasta que llegó el titular Luis Ángel Bravo para recibir a los inconformes.

Pese a las aristas tangibles que ilustran que más de un centenar de elementos de la Policía Estatal Acreditable de Veracruz se divide entre servir a Los Zetas y al CJNG, por encima del interés ciudadano, el gobernador Javier Duarte se centra en su discurso triunfalista y de disculpas.

Por ejemplo, en su última rueda de prensa dijo que la lamentable desaparición de cinco jóvenes que venían de un fin de semana turístico en Veracruz-Boca del Río a manos de la policía era “una cosa que salió mal” por 99 cosas que se hacen bien.

Anteriormente Duarte se había quejado de que el aparato mediático se centrara en el tema de la violencia e inseguridad en la entidad. “No lo tomen como reclamo, porque luego dicen que Duarte regañó a la prensa, pero hoy en la mañana hablé con ustedes de siete u ocho temas. Les juego doble contra sencillo de que el tema mañana va a ser la inseguridad. El tema es tan morboso, es tan atractivo y recurrentemente atrae por el morbo, por eso les pido a mis amigos (de la prensa) que ampliemos nuestros horizontes”.

(PROCESO/ NOÉ ZAVALETA/ 1 DE FEBRERO DE 2016)