martes, 12 de enero de 2016

LA CAPTURA DEL 'CHAPO' (II)


Las verdades sobre hechos que llevaron a la tercera captura de Joaquín El Chapo Guzmán, que decidió hacer públicas el gobierno federal, trivializaron la cacería que unidades de élite de la Marina realizaron durante tres meses contra el criminal y paradójicamente alimentaron su leyenda. La narrativa del gobierno dejó que corriera la especie de que trató de escapar por una alcantarilla –fortaleciendo la idea de que es el genio de los túneles–, y que el quiebre definitivo para encontrarlo fue porque quería hacer una autobiografía para cine –lo que le adjudica un ego que jamás había mostrado–. ¿Restarle méritos a la Marina ayuda al presidente Enrique Peña Nieto a dar un bálsamo al Ejército que en la Sierra de Durango, a donde se escapó el Chapo, nunca hubiera sido capaz de detenerlo? O ¿acaso ocultan con medias verdades detalles de una investigación cuyo conocimiento será más costosa que benéfica y demostraría debilidades institucionales?

La tercera captura del Chapo se dio por la suma de factores que incluyen violaciones a la ley, suerte y, sin menoscabo alguno, al trabajo de los comandos de la Marina bajo las órdenes de uno de sus jefes legendarios, el Comandante Águila, que junto con siete capitanes altamente capacitados no salieron de la Sierra de Durango y Sinaloa durante estos tres meses de caza de Guzmán, desarrollando dos tipos de estrategia que finalmente les permitió ponerle la mano encima. Funcionarios federales dijeron que Guzmán llegó a Los Mochis después de haber huido desde Tamazula y Pueblo Nuevo, un municipio en el sur de Durango, que tiene como cabecera El Salto, donde dos meses antes de que iniciara la operación de la Marina en esa zona, se había dado una inusitada presencia del Ejército que, sin explicación alguna, había establecido retenes y cerrado caminos que impedían viajar directamente a donde se encontraba Guzmán.

Esa información militar no fue compartida dentro del gobierno federal, y tampoco se sabe si fue proporcionada al secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos. Fuentes de la Marina recordaron varias veces durante todo este tiempo cómo en algunas zonas del país, los soldados son un obstáculo mayor que apoyo. Los comandos de la Marina llegaron a Tamazula por información de inteligencia de comunicaciones interceptadas al entorno familiar de Guzmán, según funcionarios federales, a la que a su vez accedieron a través de la red de vínculos que pudieron establecer los agentes ministeriales de la PGR a partir del teléfono del principal abogado del Chapo, el sinaloense Óscar Manuel Gómez Núñez, quien en una ficha que entregó el gobierno a senadores sobre el primer entorno del criminal, lo identifican como “el operador y organizador de la evasión”.

Gómez Núñez fue detenido a finales de octubre en la ciudad de México acusado de haber participado en la fuga. Pero casi un mes antes, el abogado había sido detenido por agentes ministeriales, quienes lo llevaron a declarar a la Subprocuraduría Especializada en Delitos de la Delincuencia Organizada. El problema de esa declaración, admitió una fuente federal, es que los agentes procedieron sin una orden de presentación o aprehensión. “Lo tuvimos que soltar”, agregó la fuente, “porque de haber incorporado su declaración en el expediente, al haberse violado la ley, se habría caído el caso”. No obstante, mientras declaraba Gómez Núñez se pidió una orden al juez para que pudieran extraer toda la información que llevaba en los nueve teléfonos que portaba en el momento en que fue ilegalmente detenido. El juez obsequió la orden.

Esa ilegalidad propició que desde los primeros días de la fuga se empezara a rastrear la ruta de su escape, e impedir que, como en la primera evasión del penal de Puente Grande en 2001, no supieran ni a dónde se había dirigido, ni en dónde se escondía. La información extraída de esos teléfonos permitió a la PGR descubrir el mapa de la fuga. Mediante la red de vínculos se encontró al núcleo de seis personas que participaron directamente en la planeación y ejecución de la evasión desde el exterior del penal. Una persona fue de alto valor para saber a dónde se había dirigido el Chapo después de escaparse, Héctor Ramón Takashima Valenzuela, un piloto de toda confianza de Guzmán, que preparó la logística para trasladarlo en una avioneta destartalada y sin matrícula desde la Quinta Palos, en San Juan del Río, a Culiacancito, una pequeña población a escasos 15 kilómetros de Culiacán, donde se bajó otro de los operadores de la fuga, su cuñado Édgar Coronel Aispuro, mientras se reabastecía la nave para seguir el viaje final a la Sierra de Durango la madrugada del 12 de julio. La red de vínculos en los teléfonos del abogado llevó a más números en Sinaloa. Uno de los que fue clave para focalizar la persecución y encontrar casas de seguridad fue la del sobrino del Chapo, Aureliano Guzmán Araujo,capturado en Culiacán a finales de octubre pasado. Guzmán Araujo era el responsable de todo el aparato de comunicaciones de la facción vinculada a su tío en el Cártel del Pacífico.

La información que produjo esa red permitió identificar todas las casas del entorno más cercano de Guzmán en Culiacán y cortarle las posibilidades de apoyo en su carrera por la Sierra de Durango. Los cateos llevaron a más casas de seguridad, una de ellas la de Los Mochis, donde finalmente lo encajonaron. Hasta allí los llevo la estrategia para forzarlo fuera de la sierra, de lo que se hablará en la próxima entrega.

Twitter: @rivapa


(DOSSIER POLITICO / COLUMNA “ESTRICTAMENTE PERSONAL” DE Raymundo Riva Palacio El Financiero/ 2016-01-12)

PADRÉS TRANSFIRIÓ SUMA MILLONARIA; SE TRATA DE 134 MDP


El Departamento del Tesoro de Estados Unidos detectó la operación

El pleno proceso electoral, a punto de perder el poder y al saber que su familia era investigada por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, Guillermo Padrés realizó una transferencia millonaria por más de 134 millones de pesos, detectadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Documentos oficiales en poder de Excélsior confirman que el 18 de mayo de 2015, dos semanas antes de las elecciones, en una cuenta en el extranjero del banco BBVA Compass de Nueva York, Guillermo Padrés recibió una sospechosa transferencia electrónica por 8.8 millones de dólares.

Una semana después, el 26 de mayo del 2015, aún como gobernador de Sonora, Padrés convirtió los dólares a pesos mexicanos al transferirlos a su cuenta personal de Banamex en México, donde al tipo de cambio de esa fecha equivalían a 134 millones 229 mil 607 pesos con 34 centavos.

Esas operaciones bancarias ocurrieron a las pocas semanas de que el periódico The Wall Street Journal sacara a la luz pública que funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la República (PGR) se habían reunido para intercambiar información del caso contra la familia de Padrés, de acuerdo con bitácoras de encuentros binacionales en materia de combate al lavado de dinero.

Según el diario estadunidense, las investigaciones giraban en torno al hermano menor del exmandatario panista, al que Guillermo Padrés se refirió como “él más rico de la familia”, Miguel Padrés Elías, quien supuestamente recibió transferencias millonarias por la adjudicación de contratos multimillonarios en favor de un empresario beneficiado en la licitación del programa de uniformes escolares gratuitos que el gobierno de Sonora da a estudiantes de nivel básico cada ciclo escolar.

El exgobernador de Sonora, junto a su hermano Miguel, es investigado por la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Sonora (PGJE) por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, un caso en el que fueron implicados por el veterinario Luis Arístides López Moreno, quien se identificó como empleado de la familia Padrés al ser detenido en flagrancia transportando más de 3.5 millones de pesos en una hielera.

Actualmente, los hermanos Padrés Elías son investigados por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, delincuencia organizada, asociación delictuosa, uso abusivo del poder y tráfico de influencias; las autoridades siguen la pista a varias cuentas y movimientos financieros entre bancos de Estados Unidos, México, Europa y América del Sur.

CONTRASTES

En marzo de 2015, Padrés presentó con sus hermanos la declaración patrimonial de la familia y afirmaban que tenían a 261 millones de pesos.

Días después, la dirigencia estatal del PRI hizo notar que según la declaración patrimonial presentada por Padrés en 2008, su fortuna familiar había crecido en nueve mil por ciento durante su sexenio 2009-2015.

Para conocer los avances de esta investigación y el expediente que integra la PGR en su contra, el hermano del exgobernador de Sonora habría promovido un juicio de amparo, al considerar que la fiscalía en Sonora está violentando su derecho de petición a una defensa adecuada.


(DOSSIER POLITICO/ Tomado de: Daniel Sánchez Dórame / Excélsior/ 2016-01-12)

EX PROCURADOR SE AUTOLIQUIDÓ CON MÁS DE MEDIO MILLÓN


El órgano encargado de defender los derechos humanos en Baja California ha servido para colocar familiares y desviar recursos en beneficio de cuotas políticas. El caso del ex procurador Arnulfo de León Lavenant marca un precedente en la vergüenza del cargo: antes de irse cobró cheques a su favor por más de 508 mil pesos. Además de comprobar miles de pesos con facturas apócrifas, entre muchas más irregularidades. El sello del PRI se estampa de nuevo en actos de corrupción

En marzo de 2012 a nadie le quedó duda. El entonces designado Procurador de Derechos Humanos en Baja California fue votado por los diputados locales pero elegido de facto por Fernando Castro Trenti, en aquel tiempo, senador de la República y seguro candidato a la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Bajo el sello partidista, Arnulfo de León Lavenant, un vendedor de carros usados de 61 años de edad y militante del PRI, fue un claro mensaje. Se trataba del proyecto de Estado del candidato que finalmente fracasó.

Actualmente la Procuraduría se convirtió en la Comisión Estatal de Derechos Humanos aún con los colores de su antecesor, el PRI. La nueva comisionada se ha enfrentado a los turbios manejos heredados. Aun así guarda silencio.

Esta investigación realizada por ZETA detectó que días antes de irse en 2015, el ex procurador de derechos humanos se finiquitó de manera ilegal un monto superior a los 500 mil pesos.

Además, de León Lavenant finiquitó a otras personas, entre ellos, su hijo. Asimismo entre mayo y agosto del 2015 se pagó finiquitos e indemnización a personal de alto nivel como el ex contador de la PDH, Rubén Quintero Soberanes, quien fue señalado incriminado por autorizar transferencias bancarias de miles de pesos a la cuenta personal en los tiempos del ex procurador.

Ante el desorden financiero, actos de nepotismo e indicios de innumerables delitos la estrenada comisionada –también identificada por el aval del PRI– Melba Adriana Olvera Rodríguez opta por el silencio.

A pesar de la insistencia de quien redacta, la titular solo mandó decir por medio de su personal de comunicación que no es quién para opinar sobre las finanzas y los problemas que heredó y que tendrá que resolver.

Melba Olvera tampoco quiso hablar sobre la cuenta pública negada del 2013 y las irregularidades hechas por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, las mismas que su contraloría tendrá que resolver.

LA ÚLTIMA DE ARNULFO

En base a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se realizó una solicitud de información a la actual Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California.

Una de las primeras peticiones fue informar el “monto total con el que se liquidó al anterior titular de entonces Procuraduría de derechos Humanos y Protección Ciudadana”.

En la respuesta oficial, expedida por la actual jefa de recursos humanos, Ana María Ruiz Ruiz, se desglosan las cantidades y los conceptos por los días en que de León Lavenant fungió como Procurador.

Primero, la respuesta enlista el sueldo mensual que Arnulfo cobró por 99 mil 536 pesos. Es decir solo 10 mil pesos menos que el Gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, quien devenga 110 mil pesos. Es más, el ex procurador de derechos humanos cobró por salario 4 mil 536 pesos más, comparado con el sueldo de Daniel de la Rosa, secretario de Seguridad Pública del Estado.

Arnulfo se autorizó además un pago por 218 mil pesos por concepto por 66 días de “vacaciones” un aguinaldo de 82 mil 356 pesos e, incluso, retiró como si fuera un asalariado una cantidad de 149 mil 168 pesos de “prima de antigüedad”. Solo uno de los impuestos por estos pago, (el ISPT) fue de 41 mil 641 pesos.

El monto total a pagar a Arnulfo asciende a 550 mil 41 pesos. Lo cual es irregular, a decir del titular del Órgano de Fiscalización Manuel Montenegro, debido a que la conclusión del cargo designado, no amerita antigüedad ni otras liquidaciones.

Fuentes internas en la extinta procuraduría revelaron a ZETA que junto con el contador y el administrador, Ferrer Guillén Armenta, el ex procurador ordenó juntar los saldos de más de una cuenta bancaria para alcanzar la cantidad personal.

Los saldos de las cuentas bancarias a nombre de la antes Procuraduría, hoy Comisión Estatal de los Derechos Humanos –cuentan de manera extraoficial– no superaron los 50 mil pesos un día después de abandonar el cargo el priista arropado por Castro Trenti.

OTROS FINIQUITOS

Además de Arnulfo, días antes de concluir su mandato, pagó otras cantidades a diferentes personas, por ejemplo al subprocurador, Carlos Manuel Luna Herrera.

Otro de los beneficiados de las liquidaciones fue el propio contador, Rubén Quintero Soberanes, a quien se le otorgó el 24 de junio el término de su puesto y un monto a pagar por 270 mil pesos, contado su mes de sueldo, indemnización y otras prestaciones.
El hijo del ex procurador, Juan de Jesús De León Montoya fue incluido a la nómina en 2014 antes de que su padre dejara la titularidad. A él se le indemnizó por 44 mil 885 pesos, contando su mes de salario.

Un acto más de nepotismo realizó el entonces procurador, quien empleó a Israel Lozoya, hijo de la pareja sentimental de Arnulfo de León y quien aparece en la nómina como “canalizador”.

Otros funcionarios de primer nivel fueron finiquitados o indemnizados como el Director Administrativo Víctor González Verduzco por 332 mil 258 pesos el 24 de julio del 2015. O bien, a la entonces jefa de recursos humanos, Martha Olivia Palma Gálvez por un monto de 240 mil 005 pesos, más su sueldo del último mes de 33 mil 874 pesos.

En la lista sigue García Robles María de Carmen, ex auxiliar contable por más de 125 mil pesos por la indemnización y sueldo, así como vacaciones y aguinaldo.

CUENTAS SUCIAS

Hace un par de semanas, en diciembre del 2015, el Pleno del Congreso del Estado negó las cuentas públicas del 2013 de la extinta Procuraduría.

Entre las varias observaciones al manejo de gastos (cuenta de egresos), la auditoría del ORFIS reveló que en marzo del 2013, la Entidad firmó convenio de colaboración con la asociación de “Profesionales Docentes en Legalidad de Derechos Humanos, A.C.” por un monto de 300 mil pesos “para la impartición de cursos de capacitación a 462 elementos de las fuerzas de seguridad pública”, dice el dictamen.

Posteriormente, en fecha 15 de noviembre de 2013, se modificó el convenio a un importe de 450 mil pesos por la capacitación” de 750 policías. El contrato fue irregular de inicio, ya que se adjudicó directamente.

Por si fuera poco la Procuraduría comprobó con dos facturas el pago; “dichas facturas –describe la auditoría– fueron revisadas en el servicio de verificación de Comprobantes Fiscales Impresos” de la Secretaría de Hacienda y arrojaron la leyenda “El comprobante que verificó es presumiblemente apócrifo”.

El dictamen votado por los Diputados agrega que personal del Órgano de Fiscalización se apersonó “en el domicilio establecido en la factura del proveedor con la finalidad de compulsar los hechos aquí descritos, encontrando vacío el lugar”.

En 2013, la PDH realizó ampliaciones presupuestales por un monto de 10 millones 66 mil pesos de manera ilegal, pues las hizo sin autorización del Congreso del Estado.

En total Arnulfo manejó un presupuesto de 39 millones 573 mil 422 pesos, es decir, que se determinó “un sobregiro del presupuesto por 4 millones 722 mil 406 pesos “Observándose la falta de realización de las acciones necesarias para mantener el equilibrio presupuestal”, remata la auditoría.

Además se detectó cobros irregulares a diferentes dependencias de gobierno por “cursos”. El ORFIS determinaría que “no es válido que realice el cobro por la impartición de dichos cursos…toda vez que no existe una partida presupuestal que lo contemple”.

EVADIÓ IMPUESTOS Y VIOLÓ DERECHOS LABORALES

Tampoco la cuenta pública patrimonial de 2013 fue aprobada el pasado diciembre. Pues de entrada la PDH no pagó lo que retuvo por Impuesto Sobre la Renta de un millón 387 mil pesos, los cuales generó por pago de sueldos.

En 2013, también se detectaron transferencias a la cuenta bancaria de Arnulfo de León (“por préstamos”) “y emitió cheques a favor de funcionarios como anticipos para gastos, de lo cual se observa que la comprobación de los mismos por un monto de $1, 190, 835, no cuentan con la evidencia que requieren”, informó la auditoría.

El ORFIS reveló que los cientos de miles de pesos que otorgaron para viáticos, por ejemplo “no cuentan con documentación que especifique qué tipo de diligencia se realizó y que los comprobantes reúnan los requisitos fiscales en forma correcta, ya que los pagos relativos a esta observación se realizaron en efectivo”, incumpliendo con la Ley.

Los beneficiados de ese dinero, apunta el dictamen fueron Ferrer Guillermo Armenta, administrador general, Carlos Villavelázquez Gastélum y el propio ex procurador, principalmente.

Sobre el dictamen y sus irregularidades, los diputados concluyen deberán notificarse a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos “con el propósito de que se dicten las medidas correctivas conducentes y en su caso, se finquen las responsabilidades”.

Sin embargo, por “falta de recurso” la actual Comisionada no ha podido activar la contraloría, quien en todo caso, se encargaría de fincar responsabilidades. Frente a esta ausencia, se le pidió a la nueva Comisionada emitir una opinión la cual fue omisa.

Es el pequeño ejemplo, cuando los gobiernos y dependencias se reparten en base a cuotas de partidos, intereses partidistas y proyectos electorales.


(SEMANARIO ZETA/ ZOOM POLÍTICO/ Isaí Lara Bermúdez / Fotos. Cesar Rene Blanco V / Ramon T Blanco V/   11 de Enero del 2016 a las 12:00:26)

“RESPONSABLES DEL HOMICIDIO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL (SON) LOS ROJOS”: CAPELLA


La perredista Gisela Mota Ocampo planeaba aceptar en Temixco -luego de su toma de protesta como alcaldesa- el Mando Único, pero con sus adecuaciones, también terminar contratos con empresarios de la localidad. Cualquiera que sea el motivo de su asesinato, éste refleja la debilidad del primer eslabón frente a la ciudadanía y frente al crimen

Era sábado 2 de enero. Cuatro  personas, todas armadas y por lo menos una encapuchada, ingresaron antes de las siete de la mañana a una de las viviendas de la calle Lázaro Cárdenas, Colonia Rancho Viejo en Temixco, Morelos. Sus órdenes se escuchaban en toda la casa. Buscaban a Gisela, la presidenta municipal. 

Según sus declaraciones ante las autoridades ministeriales, la indicación a punta de pistola y bajo amenaza de muerte  para su padre, Gabino, su madre Juana y Emanuel, su hermano, fue tirarse al suelo y no levantar el rostro.

A Gisela la encontraron  en su cuarto y la bajaron al primer piso. Le preguntaron su nombre. “Gisela”, respondió, “yo soy Gisela”.

Se escucharon cuatro tiros, que aunque Gabino pensó habían sido disparados para asustar, pegaron en el blanco planeado, haciendo caer a la militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD). “Ya estuvo, ya vámonos a la chingada”, ordenó una mujer que Gabino vio gorda, de cabello negro y largo.

Apenas los sicarios salieron de la casa él se levantó, y sin detenerse al ver el cuerpo de su hija inerte y sobre sangre, caminó a la calle. Los responsables huyeron en un automóvil sedán y una camioneta, y él subió junto a Emanuel  a su vehículo para tratar de alcanzarlos.

Pasaron cuadras, doblaron a izquierda y  derecha detrás de ellos. Una patrulla se sumó a la persecución cuando se solicitó el apoyo. El sedán se atascó y quienes lo abordaban empezaron a disparar. El padre y hermano de Gisela regresaron a ver si la encontraban viva.

Relacionadas con el crimen, dos personas fueron abatidas y tres más arrestadas: Nora de 32 años,  Jordán de 18 y Alexis de 17.

De acuerdo a investigaciones oficiales, eran del cártel de “Los Rojos”. Por su confesión, se pudo saber que además de recibir 500 mil pesos por el homicidio de la alcaldesa, están relacionados con cuatro cadáveres hallados en una fosa -dentro de un terreno propiedad de uno de ellos-, y de un cuerpo descuartizado tirado en la carretera Acapulco-México.

LOS PENDIENTES Y COMPROMISOS DE GISELA

Desde que asumió como presidenta municipal de Temixco, Morelos, hasta que fue asesinada, Gisela Mota Ocampo tuvo, en su lista de pendientes, la firma -o no- del convenio para adherirse al modelo policial del Mando Único. Fueron menos de 24 horas.

Además de los seis municipios cuya Policía estaba a las órdenes del gobierno estatal por medio de decreto, Temixco era de los ayuntamientos que voluntariamente se habían sometido al esquema, pero la vigencia del convenio terminó el 31 de diciembre de 2015, un día antes de la toma de protesta.

La fecha del crimen, fue precisamente la conclusión de la transición política que desde la mitad de 2015 inició en los 33 ayuntamientos de la entidad con las elecciones locales, el tiempo para la toma de decisiones de los alcaldes -en este caso sobre la seguridad pública- y para permitir o no, el control de la delincuencia. Una prueba para el Mando Único encabezado por el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu.

Sin embargo, aunque el principal móvil adoptado por el gobierno morelense es la lucha del crimen organizado contra la instalación del modelo de seguridad pública, el ex coordinador de campaña de Mora Ocampo, Anastasio Solís Leso, declaró que el plan de gobierno de la perredista también incluía terminar convenios y contratos con empresarios de la localidad, buscando austeridad. Lo que también debe ser agregado a las investigaciones ministeriales.

AMENAZA AL MODELO Y UN MENSAJE PARA EL GOBERNADOR

Alberto Capella Ibarra, comisionado estatal de Seguridad Pública en Morelos y ex secretario de Seguridad Pública en Tijuana, sostiene que la  coyuntura política de la entrega-recepción de las diversas administraciones municipales es aprovechada por el Cártel de Los Rojos -división junto al de Guerreros Unidos, del desaparecido Cártel de los Beltrán Leyva -, para instalarse en dichas localidades.

Ambas fracciones criminales operan principalmente en el Estado de México, Guerrero, Morelos y Michoacán.

Capella Ibarra habla específicamente sobre Santiago Mazari Miranda, alias “El Carrete”,  relacionado con asesinatos y extorsiones en diversos municipios de Morelos, y con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

Y estos grupos al momento de la transición gubernamental, consideramos pretendieron cooptar, corromper o intimidar a los alcaldes entrantes para efectos de retomar los espacios que han estado perdiendo los últimos dos años por las acciones policiacas que se han implementado, entonces consideramos que quienes son responsables del homicidio de la presidente municipal es la célula  de Los Rojos, respondió el funcionario a ZETA.

-¿Identificaron acercamiento directo con alcaldes?

“Sí, hay alcaldes que traen ruido de ciertas relaciones familiares, personales, hay ruido. Yo no puedo decir de quiénes ni afirmar, pero eso es lo que tenemos”.

Sin embargo, Capella descarta que Gisela Mota haya tenido algún vínculo con la delincuencia. Más bien, mencionó, su crimen fue un canal para mandar un mensaje al gobernador. “Yo creo que lo que buscaron fue otro tema con relación a ella. No había ningún vínculo o señalamiento, ella estaba tranquila, estaba negociando con nosotros alguna situación relativa al convenio de adhesión, y no había indicio alrededor que señalara un posible riesgo.

Había una cercanía política de parte de ella y su familia con el gobernador de Estado, y creemos que también se pretendió mandar un mensaje contundente en relación a la intención de estos grupos de nuevamente tratar de adueñarse del Estado”.

FUE SU PLAN DE AUSTERIDAD: EX COORDINADOR DE CAMPAÑA

Anastasio Solís Leso, ex coordinador de campaña de Gisela, sostiene que aunque estaba próxima a firmar un convenio para apegarse al Mando Único, la primera mujer electa como alcaldesa de Temixco también había prometido un plan de austeridad que incluía terminar tratos con empresarios locales, tema que debe integrarse al caso.

La acción bien pudo generar una reacción al amenazar los intereses de quienes no resultaran beneficiados, y aunque nunca recibió advertencias, dijo que el rechazar negociaciones con quienes la buscaban, la puso en estado vulnerable.

Insistió en descartar el tema del Mando Único como móvil, toda vez que en el esquema que ella planeó, incluiría la participación del municipio.

En entrevista con ZETA, Ángel Ávila, presidente del Consejo Nacional del PRD, respaldó lo anterior, mencionando que lo que Gisela Mota buscaba era adoptar un modelo de Policía de proximidad aunado al Mando Único.

“Entiendo yo, iba  a continuar con algunas adecuaciones que ella quería implementar, pero finalmente era una decisión que se había tomado en las administraciones pasadas con el tema de la delincuencia. Entiendo que ella misma rechazó la seguridad de que se le ofreció, ella tenía muy claro que la Policía era para cuidar a los ciudadanos y no a los políticos”.

COMPLICACIONES DEL MANDO POR AYUNTAMIENTOS VINCULADOS CON EL CRIMEN: ALBERTO CAPELLA

Desde el año pasado, seis municipios de Morelos pegados al Estado de Guerrero ya habían sido sumados al Mando Único mediante un decreto del Ejecutivo estatal, después del crimen, el número ascendió a 20 y 11 más de forma voluntaria, quedando pendiente los otros dos.

No obstante, los ayuntamientos de Cuernavaca, encabezado por Cuauhtémoc Blanco, y Tlaquiltenango por Enrique Alonso Plascencia, han mostrado su desacuerdo y su falta de voluntad para participar.

Al control de la seguridad municipal por parte del Poder Ejecutivo, Blanco lo calificó como un golpe de Estado, mientras que Plascencia promovió una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que llegará a una Sala hoy viernes 8 de enero.

Alberto Capella Ibarra respalda la decisión del gobernador morelense Graco Ramírez en la fracción VII del Artículo 115 de la Constitución mexicana, el cual dicta que el Ejecutivo tendrá el control en caso de “fuerza mayor o alteración grave del orden público”.

- ¿Qué complicaciones habrá sin la disposición de los alcaldes en participar?

“Es mucha la complicación, lo vivimos en Tijuana en algún tiempo, cuando hay un mando de alguno de los distritos policiacos o de algún otro orden, llámese Policía Ministerial o Federal involucrado (con el crimen), pues complica mucho el trabajo; filtran información clave de los operativos que se están dando, o se convierten en funcionales, es como tener en una equipo de futbol a un enemigo vestido con tu uniforme”.

- Entonces consideran a estos dos municipios con un involucramiento directo con la delincuencia….

“Hay mucho, así es”.

Además de los 5 mil 200 elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos, hay presencia de 400 efectivos  federales, con patrullaje, filtros y trabajo de inteligencia.

LA VULNERABILIDAD DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES

“Nos damos cuenta de que hay una debilidad institucional para poder enfrentar este tipo de retos que plantea la delincuencia organizada. El eslabón más débil son los municipios que tienen pocos recursos económicos, materiales y personales para enfrentar un reto de esta magnitud, transnacional”, comenta en entrevista Ángel Ávila, presidente del Consejo Nacional del PRD.

Ve al crimen organizado “más entero”, con más amenazas hacia presidentes municipales, aunque dice que de  los seis emanados del sol azteca en Morelos, ninguno ha manifestado sentirse amenazado.

De acuerdo a la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), en los últimos 10 años han muerto en hechos violentos 37 presidentes municipales, siete electos y 31 ex alcaldes. La organización mencionó que para ejercer esta responsabilidad, las entidades federativas  más peligrosas son Durango, Michoacán, Oaxaca y Veracruz.

“Creo que el PRD debe hacer un llamado a los congresos federales, sobre todo, para legislar el tema del Mando Único. Creo yo que además el tema de la solución contra el crimen organizado también pasa por pegarle a las finanzas de los cárteles. Mientras la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no funcione para detener los activos de lavado de dinero que hay por  la droga y el crimen, va a ser una lucha coja, porque solo iremos a los síntomas y no a las causas”, advirtió Ávila.
  
GRACO Y CUAUHTÉMOC: DE LAS PATADAS A LA SILLA

Las declaraciones de Cuauhtémoc Blanco, alcalde de Cuernavaca, Morelos, se suavizaron y tomaron otro rumbo. Si anteriormente dijo que el decreto con el que Graco Ramírez, gobernador, tomaba el control de la seguridad pública de la capital morelense era un golpe de Estado, ahora menciona que su intención es hacer una combinación de la Policía Única y los uniformados municipales.

A pesar de que en su momento advirtió que le partiría la madre a quien se opusiera a sus decisiones, hoy asegura nunca haber repartido amenazas y estar dispuesto a dialogar con el mandatario perredista. Este último, en respuesta, compartió la voluntad de Blanco y designó a su secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, para iniciar la organización de la seguridad del municipio.

Durante el pleito, que inició con 2016 y terminó seis días después, y que no pasó del terreno mediático, Graco Ramírez Abreu insinuó que detrás del ex futbolista personas relacionadas con el crimen ordenaban, específicamente del Cártel Guerreros Unidos, en el que presuntamente Federico Figueroa, hermano del finado cantante Joan Sebastian, está involucrado, pero desestimó  la acusación al afirmar que tal especulación obedece a un pleito personal que mantiene con el gobernador.

A propósito de la declaración, hoy se sabe que Alfonso Miranda Gallegos, ex diputado local y tío de Santiago Mazari Miranda, alias “El Carrete”, está dentro del gabinete del alcalde de Cuernavaca. Lo acompaña la también ex diputada Érika Hernández Gordillo, quien es sobrina de Elba Esther Gordillo. Otro que integra el primer cuadro de gobierno es Héctor Salazar Porcayo, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en Morelos.


(Saúl Alejandro Ramírez / Fotos. cuartoscuro.com / internet/   11 de Enero del 2016 a las 14:00:51)

ATAQUE DIRECTO CONTRA EL CONSULADO


Sobre el siniestro ocurrido en la sede consular de Estados Unidos en Tijuana, a inicios de 2016, se sabe que dos individuos vestidos de negro saltaron los muros, rociaron con gasolina cuatro vehículos, los incendiaron y huyeron. Preeti Shah, cónsul para Asuntos Públicos, dijo que el fuego se produjo de manera “aparentemente intencional”.  Shah, quien asumió el cargo el 1 de octubre de 2015, sirvió antes como oficial de la Oficina Internacional de Narcóticos y Asuntos Policiales en Afganistán; también informó que “el Consulado en conjunto con la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México, han revisado su perfil de seguridad como resultado de este incendio”

Las llamas alcanzaron la altura del segundo piso del edificio del Consulado General de Estados Unidos en Tijuana. Ni la elevación de los muros que rodean el recinto diplomático, alcanzó a esconder la imagen.

Así lo cuentan quienes desde puntos cercanos presenciaron el acontecimiento. A las 12:51 am del 1 de enero de 2016, una llamada realizada al número de Emergencias 066 por un ciudadano advirtió: “Al parecer se está quemando el Consulado”.

Mientras del otro lado de la línea telefónica solicitaban la dirección exacta de la sede diplomática, dos de los tres guardias encargados de vigilar los terrenos vecinos -propiedad de una empresa- se comunicaron por medio de radios y se movilizaron.

A bordo de una bicicleta, el guardia asignado al estacionamiento privado a un costado del Consulado, llegó hasta la puerta principal de la sede diplomática para informar del incendio a personal de seguridad consular, quienes de entrada negaron la presencia de fuego.

Mientras hablaban, cuatro vehículos, uno de ellos blindado, pertenecientes al cuerpo diplomático de Estados Unidos, eran consumidos por el fuego. Un quinto automóvil resultaría con daños.

Estacionados en la parte trasera del Consulado, los vehículos escapaban a la vista de quienes vigilaban el frente del edificio, pero no de las cámaras colocadas alrededor del lugar.

A los cinco minutos arribaron automóviles del Departamento de Bomberos. Entre 20 y 30 minutos tomó a los bomberos apagar por completo el fuego, detalló un testigo del incendio entrevistado por ZETA.

Por protocolo, autoridades de los tres órdenes de gobierno acudieron al sitio. Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva (PEP), agentes ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y de la Procuraduría General de la República (PGR), así como elementos del Ejército Mexicano.

Ahí se entrevistó a los testigos para elaborar los primeros reportes. Dos automóviles tipo sedán, un tipo pick-up y una panel consumidos por el fuego y uno quinto con daños.

En los vehículos destruidos, incluso las placas terminaron fundidas, vidrios estallados, solo quedó la carrocería.

Personal del Consulado comunicó así los hechos a las autoridades mexicanas: “Unas personas se brincaron la barda del Consulado y encendieron fuego en el interior. Al parecer hay huellas en la barda”.

En los reportes oficiales también quedó asentado que los vehículos “al parecer fueron rociados con gasolina”.

No  hubo lesionados ni daños en el edificio construido con una inversión por encima de los 75 millones de dólares e inaugurado en 2011.

De los testimonios recogidos por la autoridad, destaca el de un velador, quien manifestó haber visto “dos individuos vestidos con ropa oscura, brincarse la barda y darse a la fuga”.

Finalmente, a partir de las cuatro de la mañana, el Agente del Ministerio Público Federal, Martín Daniel Peregrina Sosa, se hizo cargo del reporte de daños por incendio.

DIFÍCIL ACCESO

Llegar al interior del Consulado no es fácil. Alrededor se erige una valla de alambre, seguida por una barda, cada una alcanza una altura de más de cuatro metros, casi tan alto como el muro fronterizo que divide a Tijuana de San Diego.

La entrada principal se encuentra custodiada por guardias. Cámaras apuntan al interior y al exterior de las instalaciones. El acceso por la parte posterior es todavía más complicado. Se encuentra bastante alejado del paso de vehículos y el terreno es rocoso, accidentado y bastante inclinado.

Además, a diferencia de cualquier otra noche, los agentes de la Policía Municipal se mostraron ausentes. Una patrulla de la corporación se encuentra asignada a la seguridad del edificio durante la noche, no estuvo en ese momento.

En cambio, a raíz del incendio, ha aumentado el número de patrullas asignadas a la vigilancia del lugar. 

FBI Y PGR ATRAEN INVESTIGACIÓN; CONSULADO REVISA SEGURIDAD

Según los principios del Derecho Internacional, cualquier sede diplomática es considerada parte del territorio del país que representa.

Por lo tanto, el delito de incendio y daños se cometió en “suelo estadounidense”, destacó Pedro Torres, delegado de la PGR en Baja California.

Tres días después del incendio, el funcionario federal apuntó que la investigación se trabaja desde la Procuraduría de manera conjunta con las autoridades de Estados Unidos.
En específico, las dependencias colaboran en “conseguir indicios y la elaboración de algunas pruebas periciales”.

El delegado de la PGR detalló que la Agencia de Investigación Criminal participó en peritajes diversos como criminalística de campo, “que se practican en cualquier hecho delictivo”.

Aunque la PGR levantó un acta de investigación por incendio y daños al Consulado, según el acta AP/PGR/BC/TIJ/1/2016, el gobierno estadounidense mantiene el control de los  peritajes, resguardo de evidencia y rumbo de la investigación.

Darrell Foxworth, vocero del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en San Diego, explicó a ZETA que dicha oficina “está trabajando con agencias federales y del país anfitrión (México) para investigar el incidente en el Consulado de Estados Unidos en Tijuana, el cual resultó en daño a propiedad gubernamental”.

El funcionario estadounidense no descartó ninguna línea de investigación, pero añadió que los detalles se encuentran clasificados por tratarse de un caso abierto.

Por su parte, Preeti Shah, cónsul para Asuntos Públicos del Consulado General de los Estados Unidos en Tijuana, aceptó que el fuego se produjo de manera “aparentemente intencional”.

De igual forma, la diplomática, quien asumió el cargo el 1 de octubre de 2015, sirvió antes como oficial de la Oficina Internacional de Narcóticos y Asuntos Policiales en Afganistán, informó que “el Consulado en conjunto con la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México, han revisado su perfil de seguridad como resultado de este incendio.

“El Departamento de Estado (del cual dependen las embajadas de Estados Unidos) siempre intenta encontrar el equilibrio adecuado entre riesgos y diplomacia, reconociendo que nunca podemos eliminar el riesgo por completo”.

De hecho, en la inauguración del Centro de Evaluación de Control y Confianza en Tijuana, el lunes 4 de enero  acudieron oficiales consulares de Estados Unidos, acompañados de agentes de seguridad estadounidense.

Además de la vigilancia de la Policía Municipal y de elementos del Ejército Mexicano, así como de policías estatales, dos agentes estadounidenses uniformados en café se mantuvieron en la esquina de la calle donde se realizó el evento.

Aunque autoridades norteamericanas son invitadas frecuentes a eventos públicos gubernamentales, no es común la presencia de agentes de aquel país en tareas de vigilancia y protección.

El Consulado de Tijuana es una de las principales oficinas de la Embajada de Estados Unidos en México, no solo por el gran número de estadounidenses que viven y transitan por la ciudad o por las miles de visas que se aprueban en esta frontera.

También por tratarse de uno de los puntos estratégicos para que autoridades del vecino país conozcan y vigilen las actividades de organizaciones criminales transfronterizas.

OTROS ATAQUES EN LA FRONTERA

En el lado mexicano de la frontera con Estados Unidos, ya se han registrado ataques a las oficinas consulares de aquel país, particularmente de noche y en ciudades con fuerte presencia del narcotráfico.

La madrugada del domingo 12 de octubre de 2008, dos hombres a bordo de una camioneta Grand Cherokee dispararon y lanzaron una granada contra el Consulado de Estados Unidos en Monterrey, Nuevo León.

Ya que la granada no explotó y los disparos impactaron en la reja frontal y vidrios del recinto, no se registraron daños ni lesionados.

Un suceso similar ocurrió la noche del 9 de abril de 2010, cuando un artefacto explosivo estalló en las oficinas del consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Los daños dejaron algunas ventanas rotas por la detonación del objeto de presunta elaboración casera, pero ningún lesionado.

Por instrucción de la Embajada de Estados Unidos en México, la oficina permaneció cerrada en los días siguientes, así como la agencia consular ubicada en Piedras Negras, Coahuila.

Sin embargo, el único hecho por el que se han detenido responsables y se ha vinculado a actividades del crimen organizado es el doble homicidio de un oficial consular y su esposa en Ciudad Juárez.

El 13 de marzo de 2010, Leslie Ann Enríquez y su esposo Arthur H. Redelfs fueron ejecutados por un comando armado mientras viajaban en una camioneta con placas de Texas. En el vehículo también se encontraba su hija de diez meses de edad, quien no resultó herida.

Casi de manera simultánea, Jorge Salcido, esposo de otra funcionaria de la sede diplomática en Juárez, fue asesinado mientras viajaba también con un menor de edad, quien resultó lesionado.

Los asesinatos se adjudicaron a la pandilla Barrio Azteca, la cual trabaja para el Cártel de Juárez. En abril de 2014, Arturo Gallegos Castrellón fue sentenciado a cadena perpetua en El Paso, Texas, por varios delitos, entre ellos, homicidio en un país extranjero.

Al lugarteniente de la pandilla se le atribuyó ordenar y encabezar al grupo de asesinaros que cometieron los atentados en contra de los miembros del Consulado, detalló el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Por estos crímenes, en septiembre de 2015, dos miembros más de la pandilla Los Aztecas fueron extraditados de México a Estados Unidos.

A Luis Humberto Hernández Celis y Ricardo Valles de la Rosa, detenidos desde 2010, también se les acusa de homicidio en un país extranjero y el caso permanece abierto en el Estado de Texas.
  
“LA BARBIE” ADMITE TRÁFICO DE COCAÍNA Y LAVADO DE DINERO EN EU

Édgar Valdez Villarreal “La Barbie” admitió su culpabilidad de los cargos de asociación delictuosa para importar y distribuir cocaína, así como para lavado de dinero en la Corte Federal de Atlanta, Georgia.

Mientras en México permaneció cinco años recluido sin que se le dictara sentencia, en tan solo tres meses de haber sido extraditado a Estados Unidos, el narcotraficante se declaró culpable de los tres cargos que le son imputados desde 2010.

Aunque en su audiencia inicial, celebrada el 9 de octubre -días después de haber sido extraditado el 30 de septiembre de 2015-, Valdez Villarreal se declaró no culpable ante el juez, los primeros días de enero del presente año, sus abogados tramitaron el cambio de declaración ante la Corte.

De esta forma, a las 2:55 pm del miércoles 6 de enero, “La Barbie” ingresó a la Corte acompañado de sus tres abogados, quienes durante 55 minutos, expusieron motivos ante el juzgador.

Por parte de la Fiscalía Federal, tres juristas respaldaron las acusaciones del gobierno estadounidense, quienes lo señalan como responsable del ingreso de enormes cantidades de cocaína desde México a la Costa Este de Estados Unidos, así como de enviar millones de dólares, producto de estas ventas, a territorio mexicano.

Aunque al declararse culpable, Valdez -de nacionalidad estadounidense-, reduce las probabilidades de alcanzar la sentencia máxima, permanecen otras acusaciones abiertas en la Fiscalía del Distrito Este de Louisiana, también por delitos relacionados con narcotráfico.

Tanto los fiscales como la defensa del integrante del Cártel Beltrán Leyva, solicitaron diversas ampliaciones de término para la audiencia de pre-juicio, debido a la gran cantidad de evidencia recolectada por el gobierno estadounidense, constató ZETA a través de documentos presentados en la Corte.

Édgar Valdez Villarreal fue capturado en una hacienda a las afueras de la Ciudad de México en agosto de 2010, cuando era considerado uno de los delincuentes más buscados tanto en este país como en la Unión Americana.

Inició como sicario del Cártel Beltrán Leyva hasta convertirse en el principal escolta del capo Arturo Beltrán Leyva, asesinado en diciembre de 2009 por elementos de la Marina en Cuernavaca, Morelos.

A partir de ello, “La Barbie” se enfrentó a Héctor Beltrán Leyva por el control del cártel, lo cual dejó a un gran número de muertos, entre decapitados y desmembrados, cadáveres colgados de puentes y narcomensajes.

Valdez  recibirá sentencia el 29 de marzo a las 9:30 am, según lo dictaminado por el juez federal a cargo de su caso.


(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Inés García Ramos / Fotos. Cortesía/   11 de Enero del 2016 a las 12:00:35)

ANTE FALTA DE ACUERDOS, AGUSTÍN BASAVE RENUNCIA AL PRD


Agustín Basave Benítez, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), es la segunda vez que renuncia a su partido en los últimos 15 días. Lleva al frente de Sol Azteca poco más de dos meses.

Basave abandonó esta tarde de 11 de enero,  la reunión de las corrientes en la que se discuten las alianzas electorales con el Partido Acción Nacional (PAN) y puso su renuncia ante la falta de conceso.

Fuentes del partido informaron al portal SinEmbargo, que la negativa de las corrientes perredistas para aceptar la alianza con el PAN en los estados de Puebla y Veracruz fue el detonante de la decisión de Basave.

Las ocho alianzas con el Partido Acción Nacional que pactó Agustín Basave se convirtieron en la última manzana de la discordia, pero no es la única. A casi dos meses de iniciada su gestión, el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha debido recurrir hasta al amago de renuncia para enfrentar a las tribus que dirigen esa fuerza política. ZETA/sin embargo


(SEMANARIO ZETA/ GENERALEZ/ REDACCIÓN ZETA/   11 DE ENERO DEL 2016 A LAS 19:18:02)

CÁRTEL DE SINALOA CORROMPE AL EJÉRCITO


La disputa intestina entre grupos del Cártel de Sinaloa y la otra batalla, contra los Beltrán Leyva, nutren la violencia que se vive en el Estado de Sonora. Capos de ambas organizaciones delictivas han cooptado a malos elementos del Ejército Mexicano en la región a cambio de 40 mil pesos semanales o droga. Autoridades mexicanas basan su estrategia en el aseguramiento de grandes cargamentos de marihuana, cocaína, heroína y metanfetaminas. El gobierno de Arizona de plano se acercó a Claudia Pavlovich para unir fuerzas en la región y combatir a la delincuencia

(EDICIÓN IMPRESA) Desierto de Altar, Sonora.- La guerra contra el narcotráfico en Sonora, una de las entidades federativas de mayor incidencia en la comisión de delitos federales en el país, se ha convertido en un pulpo del crimen organizado, tan difícil de combatir para las autoridades mexicanas, que sus pares estadounidenses han ofrecido ayuda para reforzar las labores de inteligencia.

Además del trasiego de drogas para el consumo interno y su introducción a la Unión Americana, los grupos delincuenciales realizan gran diversidad de actividades ilícitas como la trata de personas, secuestro de migrantes, robo de hidrocarburos, tráfico de armas y homicidios, contando para ello con la protección de algunos mandos militares en la región.

El fuego amigo e intestino entre diversas facciones del Cártel de Sinaloa y éstos contra la organización de los hermanos Beltrán Leyva mantienen en estado de zozobra a los pobladores, desde Navojoa en los límites con el Estado de Sinaloa, hasta San Luis Río Colorado, colindante con Baja California.

Debido a lo extenso del territorio sonorense y de la insuficiencia de elementos humanos y materiales para poder paliar el problema, las acciones del Gobierno Federal se han enfocado al aseguramiento de las drogas que por tierra, mar y aire, transportan grupos de narcotraficantes y verdaderas hordas de “burreros” que con mochila al lomo recorren el desierto para entregar sus cargas al otro lado de la línea.

Ante esta nebulosa situación, el 4 de enero de 2016 autoridades en materia de seguridad de ambos lados de la frontera se reunieron en Hermosillo para anunciar el acuerdo para establecer una agenda bilateral de participación conjunta y combatir la delincuencia en la región.

El gobierno norteamericano ya había mostrado su preocupación, al asegurar -en más a de alguna ocasión- que el corredor Sonora-Arizona es “la ruta primaria utilizada para introducir drogas desde México hacia los Estados Unidos”.

Por su parte, la actual administración estatal, a cuatro meses de que la priista Claudia Pavlovich Arellano asumió la gubernatura, se mantiene más ocupada en demostrar presuntos actos de corrupción de sus antecesores que en cumplir la promesa de dar mayor seguridad y justicia a los sonorenses.

LA GUERRA ENTRE “SINALOAS”

El Gobierno Federal ha identificado a dos cárteles predominantes en Sonora. Se trata del Cártel de Sinaloa y el de sus escindidos hermanos Beltrán Leyva. Del primero se reconocen en franca guerra las organizaciones criminales de Los Salazar, de Navojoa, y Los Memos, de Sonoyta. Ambos grupos mantienen otra confrontación con los Beltrán, representados por el clan de Los Trinis de Ciudad Obregón.

Aunque los principales líderes de Los Salazar -Adán Salazar Zamorano y Jesús Alfredo Salazar Ramírez- se encuentran presos en penales de máxima seguridad y en cualquier momento se podría anunciar su extradición a los Estados Unidos, sus familiares no han cejado en sus pretensiones de expandirse hacia Puerto Peñasco, punto clave para el desembarque de grandes alijos de drogas.

Dirigidos por el fugitivo Adelmo Niebla González “El Señor Memo” o “El G-3”, Los Memos se encuentran en la recuperación del terreno perdido durante el tiempo en que estuvo encarcelado su líder, quien se fugó del penal de Aguaruto, en Culiacán, en 2014, mediante un túnel de más de medio kilómetro de extensión.

Un informe rendido por el director regional adjunto de la DEA con motivo del aseguramiento de 427 kilos de marihuana en Menager, Arizona, en 2008, señala que Niebla es socio de Joaquín “El Chapo” Guzmán y de Ismael “El Mayo” Zambada. Agrega que el referido narcotraficante “compró un rancho con pistas de aterrizaje clandestinas utilizadas por miembros del Cártel de Sinaloa, tiene registros de tener el control de tráfico de heroína, marihuana y cocaína a través de Sonoyta, Caborca y Puerto Peñasco”.

Durante 2015 los episodios de violencia fueron frecuentes con feroces enfrentamientos entre ambos grupos, principalmente en Caborca, El Sásabe, Sonoyta e Ímuris, hechos en los que además de sicarios, hubo policías estatales y municipales heridos o que perdieron la vida.

Quienes también mantienen una guerra con Los Salazar son Los Trinis, pues los navojoenses se han metido fuerte en el negocio del narcomenudeo en Ciudad Obregón. El poder de Trinidad Olivas Valenzuela “El Chapo Trini” se ha magnificado por ser el líder visible de los de Obregón y sobre todo por su crueldad para eliminar a sus rivales, aunque labores de inteligencia reconocen a Sajid Emilio Quintero Navidad “El Cadete” como el verdadero capo que busca predominancia en toda la entidad.

Quintero Navidad es hijo del legendario narcotraficante Emilio Quintero Payán, sobrino de Juan José Quintero Payán y primo de Rafael Caro Quintero. Emilio y “El Juanjo”, quienes fueron los jefes y maestros de muchos de los pistoleros y jefes de plaza que hoy dirigen organizaciones delictivas en todo el país, incluidos “El Chapo” Guzmán Loera y los hermanos Beltrán Leyva.

Aunque las ejecuciones han disminuido en Ciudad Obregón por el supuesto repliegue de Los Salazar, que entre 2012 y 2014 sufrieron muchas bajas, las acometidas delictivas continúan y han alcanzado hasta los medios de comunicación. El último día de 2015, en la madrugada, dos vehículos de Medios ObSon fueron atacados con bombas molotov cuando se hallaban estacionados en las casas de los periodistas a los que estaban asignados, uno de ellos el director Martín Alberto Mendoza Salazar.

MILITARES EN ESCENA

El avance de los clanes delictivos que hoy disputan los territorios de Sonora no sería posible sin la cooptación de jefes policiacos. Tampoco el Ejército Mexicano escapa del alcance del poder corruptor del narcotráfico, como quedó de manifiesto con algunos mandos y elementos comisionados en la Base de Operaciones Caborca y en el grupo de Inteligencia Militar en Esperanza, Sonora.

Declaraciones de algunos soldados y sicarios permitieron a las autoridades descubrir la reciente infiltración de las filas castrenses, que ha sido aprovechada por los delincuentes en su afán de continuar con sus actividades de narcomenudeo y conquista de territorios en la entidad y de cruzar cargamentos de drogas.

La persecución del presunto lugarteniente de “El Memo”, en la plaza de Sonoyta, Humberto Cantón Pradel “El Cantón” o “El Chilango”, en enero de 2015, llevó a las autoridades militares a descubrir la presunta protección que elementos adscritos al 22 Regimiento de Caballería Motorizada, brindaban al capo.

Al menos tres tenientes de caballería, un sargento, un cabo y otro número indeterminado de soldados fueron investigados. Algunos de ellos, como el Teniente Hugo Andrés Robles Muciño, fueron encarcelados y sometidos a proceso por el delito de traición a las Fuerzas Armadas en el Juzgado Cuarto Militar adscrito a la Primera Zona Militar.

De acuerdo a las actuaciones de la causa penal 85/2015, a Robles Muciño se le atribuye que en su calidad de militar e integrante de la Base de Operaciones de Caborca, Sonora,  en marzo de 2014 comenzó a filtrar información a “El Cantón” a cambio de una retribución económica aproximada a 40 mil pesos semanales.

La información que el mando castrense y algunos de sus elementos filtraban, estaba relacionada con los movimientos que ejecutaba el personal militar, así como datos de las denuncias ciudadanas que recibían y de los aseguramientos que realizaban.

La acusación detalla que Robles -y coacusados- “en reiteradas ocasiones proporcionó información considerada como clasificada, a integrantes de la delincuencia organizada” para evitar que los integrantes del Cártel de Sinaloa fueran detenidos al realizar su ilícita actividad, consistente principalmente en el trasiego de narcóticos de territorio nacional hacia los Estados Unidos de América.

Los testimonios del Cabo Damián Ibarra Fierro, y los soldados Francisco René Ramírez García y César Alexis Cruz González, destacan que aunque el Teniente Robles Muciño y los otros dos tenientes encargados de los turnos en la Base de Operaciones de Caborca eran muy discretos era un secreto a voces que “los oficiales estaban arreglados” para dejar operar al grupo de Cantón Padrel.

El soldado Ramírez García reconoció que algunos de sus compañeros de tropa se reunían ocasiones con “El Cantón” en una marisquería para proporcionarle información. Aunque el narcotraficante no hablaba sobre su relación con los tenientes, Francisco René recuerda que su compañero, el Cabo Fierro “me confirmó que dichos tenientes trabajaban igual que nosotros para la organización criminal”.

El del 22 Regimiento de Caballería Motorizada no fue el único caso, también la banda del “Chapo Trini”, de la organización criminal de los Beltrán Leyva, infiltró a las Fuerzas Armadas gracias al apoyo de militares del área de Inteligencia, quienes durante las tareas de recolección de información que realizaban en Ciudad Obregón se fueron compenetrando con los narcotraficantes hasta pasarse del otro lado.

El testimonio del ex elemento del Ejército Mexicano, Juan Pablo Arvizu Servín, fue clave para conocer la estructura del grupo delictivo que responde al liderazgo general de Sajid Emilio Quintero “El Cadete” y de la forma en que algunos soldados sucumbieron ante las tentaciones que impone el narcotráfico. También participaron en algunos homicidios.

A los 18 años, Arvizu hizo trámites para ingresar a la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo llamaba el hecho de que su hermano Jorge Alonso era militar y le miraba con orgullo. El primero de junio de 2008, Juan Pablo causó alta en la milicia y su desempeño lo llevó a ganarse la confianza de los mandos, pues a un año y medio de su ingreso le comisionaron al grupo de Inteligencia Militar.

El muchacho captaba la información sobre las personas que vendían droga al menudeo, nombres, apodos, domicilios, horarios y datos de los vehículos en los que se movían.

Sentía mucha satisfacción con su labor, recordó al rendir su declaración ministerial cuando fue detenido. Su interés lo llevó a adentrarse en la organización criminal predominante en Ciudad Obregón. Se hizo adicto al cristal y la marihuana. Entonces todo cambió para él.

Con la información que reportaba a sus superiores, Arvizu logró que miembros de Los Salazar fueran detenidos, lo que le costó muy caro, pues sicarios ejecutaron a su hermano Arnoldo Arvizu Servín a las puertas de una ferretería que poseía. Meses después Juan Pablo desertó y se convirtió en distribuidor de droga para Los Trinis, además de que participaba en homicidios.

El militar en activo Onichi Campos “El Güerito”, que fuera compañero de Juan Pablo en el área de Inteligencia, fue aprehendido primero, después cayó el susodicho, quien reveló los nombres y apodos de los principales colaboradores de “El Chapo Trini” y “El Cadete”.

LOS DECOMISOS

Durante el año que recién terminó, pequeños, medianos y grandes cargamentos de droga fueron asegurados en territorio sonorense, lo que prueba las enormes cantidades y movimiento de enervantes que transitan por la entidad rumbo a Arizona y hacia Baja California para ser llevados al vecino país del norte.

Entre las acciones más relevantes se reportó el 28 de enero, en Navojoa, el aseguramiento de más de cuatro toneladas de mariguana en un tractocamión, cuyo chofer fue detenido. El 17 de abril  mediante el uso de tecnología, se descubrieron ocho toneladas de cannabis dentro de un tráiler que estaba en el Puerto Fronterizo Nogales III. El 2 de mayo, un trailero fue arrestado en Hermosillo cuando transportaba casi una tonelada de la droga con rumbo a Tecate y, cuatro días después, se incautó media tonelada de la yerba en Agua Prieta.

A partir de junio los decomisos se incrementaron. El día 17, elementos del Ejército encontraron 14 toneladas de marihuana en una caja refrigerante abandonada sobre la carretera federal Puerto Peñasco-Sonoyta. El 24, en la Garita de San Emeterio fueron asegurados 350 mil dólares que estaban ocultos en un compartimento en la caja de un tráiler. A finales del mes, autoridades federales informaron de la incineración de 73 toneladas de marihuana en zonas de cultivo detectadas tan solo días antes.

En diferentes hechos, el 10 de julio agentes federales aseguraron una tonelada 470 kilos de la hierba en Nogales y 45 kilos de metanfetamina en Santa Ana. Otras dos toneladas y media del estupefaciente, armas, cartuchos y granadas, fueron sumadas de acciones del 13 de julio en Caborca, Altar y San Luis Río Colorado. Ese mismo día, nuevamente se aseguraron dólares en San Emeterio, pero eta vez eran 11.5 millones dentro de un camión cargado con fruta.

En Ciudad Obregón, el 31 de julio de 2015, durante un cateo se logró el decomiso de ocho armas de fuego, 792 cartuchos, 23 cargadores y una granada. Al día siguiente en Agua Prieta, soldados aseguraron media tonelada de marihuana. El 13 de agosto, en San Luis Río Colorado se incautaron tres toneladas 250 kilogramos de marihuana; hubo tres detenidos. Mientras que en Nogales, el 17 de agosto se reportó la captura de un sujeto con 30 kilos de droga sintética que tenía como destino Tijuana. El 26 de agosto en Yécora y Naco fue asegurada una tonelada y media de marihuana empaquetada; y cuatro días más tarde en Agua Prieta, otra tonelada del enervante.

Elementos de la SEDENA y la Procuraduría General de la República (PGR) incautaron durante un cateo el 10 de septiembre en Puerto Peñasco casi dos toneladas de cannabis y un arsenal. Cinco días después, la Marina descubrió 4.8 toneladas de la misma droga en dos navíos cerca de Puerto Libertad. El día 21, en Plutarco Elías Calles se aseguró una tonelada de la hierba, y al día siguiente, soldados hallaron 60 kilos de metadona ocultos en el municipio de Opodepe. Para cerrar septiembre, agentes federales incineraron unas 200 toneladas del enervante en dos hectáreas de cultivos.

En octubre, el día 11 un transportista llevaba una tonelada de marihuana en un doble fondo de su tráiler, en la vía Hermosillo-Nogales. El 19, en Caborca, en un furgón del tren, entre maíz se localizaron 21 kilos de cocaína y 5.5 kilos de marihuana. El día 20, sobre la carretera Santa Ana-Caborca, fue interceptado un tractocamión con 24.5 kilos de metanfetamina y un día después, en Sonoyta, otros 11 kilos de droga sintética en un autobús de pasajeros.

Para noviembre, militares aseguraron el primer día de mes 400 kilos de marihuana en Caborca, 25.5 kilos de cristal y 47.5 litros de metanfetamina en San Luis Río Colorado, y 100 kilos de mota en El Sásabe. En Puerto peñasco, el día 5, durante un cateo militares localizaron 20 armas de fuego y más de 5 mil cartuchos, además de droga y otros objetos ilícitos. Dos días después se reportó el decomiso de una tonelada de marihuana y seis armas en Plutarco Elías Calles, 115 kilos de marihuana en El Sásabe y 100 kilos de la hierba en Altar.

En el Aeródromo de Caborca, el 12 de noviembre se informó del decomiso una avioneta tipo Cessna y más de 200 mil pesos. Seis días después fue asegurada tonelada y media de marihuana en  Nogales. Una aeronave y más de una tonelada de cannabis fueron incautadas en Magdalena de Kino el 6 de diciembre. Otra avioneta con residuos de marihuana y dos detenidos fueron asegurados por militares en Caborca dos días después.

Diciembre de 2015 cerró con el decomiso de casi 600 kilos de cocaína y 56 de heroína en el interior de un tráiler el día 12.  En Álamos, federales destruyeron 150 toneladas de marihuana en diversos plantíos y finalmente, el miércoles 16, en el puesto militar de Querobabi, fueron asegurados mil 650 kilogramos de marihuana.

PGR BUSCA PRUEBAS CONTRA ELVIS GONZÁLEZ VALENCIA (ARRAIGADO), CUÑADO DE “EL MENCHO”

Una orden de arraigo hasta por cuarenta días, en vez de consignación directa, es el resultado que arrojó el aseguramiento del presunto narcotraficante Elvis González Valencia, señalado como operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por parte de la Procuraduría General de la República.

La medida cautelar fue dictada el lunes 4 de enero por el Juzgado Tercero Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones con Competencia en toda la República, luego de que el hermano de Abigael González Valencia “El Cuini” fue plenamente identificado.

El arraigado, también cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del CJNG, fue delatado en forma anónima luego de ser trasladado al Hospital Real San José, en el municipio de Zapopan, durante el fin de semana próximo pasado, herido de bala en uno de sus antebrazos.

A pesar de que González Valencia ha sido señalado como miembro de la organización criminal de Los Cuinis en el trasiego de drogas y como uno de los cerebros financieros del CJNG, la PGR no contaba con orden de aprehensión en su contra, aunque es señalado en diversas averiguaciones previas.

Debido a que la retención del indiciado no fue en la flagrante comisión de un delito, el Ministerio Público de la Federación optó por “lavar” la captura mediante la orden de arraigo concedida por el juez federal especializado, a efecto de que se robustezcan las indagatorias.

Elvis González Valencia se encuentra en el Centro Federal de Arraigos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada en la Ciudad de México, luego de fue trasladado desde Guadalajara la noche del domingo 5 de diciembre para confirmarse su identidad.

Todo parece indicar que el indiciado se encontraba en el nosocomio particular desde el viernes primero de mes, pues fue en esa fecha cuando su esposa, Adriana Sánchez Reyna, presentó una demanda de garantías ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco para que el quejoso no fuese detenido o arraigado.

En su escrito, la señora Sánchez señaló como autoridades responsables a todos los jueces federales especializados en cateos, arraigos e intervención de Comunicaciones con competencia en toda la República y por reclamo asentó “los actos de incomunicación de los que esté siendo objeto el quejoso directo en lugar en el que se encuentra hospitalizado”.

El fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer Ramírez, fue el primero en adelantar la identidad de González Valencia, quien fue agredido a balazos en el municipio de San Miguel el Alto cuando detuvo su vehículo sobre una carretera para desahogar una necesidad fisiológica.
Almaguer señaló en su momento que Elvis es acusado en tres averiguaciones previas por delitos del fuero común, como daño en las cosas y extorsión.


(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ INVESTIGACIONES ZETA / FOTOS. CORTESÍA / CUARTOSCURO.COM / INTERNET/   11 DE ENERO DEL 2016 A LAS 21:45:39)