XALAPA, Ver. (apro).- A un
año y un mes de la desaparición de Zito Ángel Zanatta, hermano del diputado
local priista de Puebla, Rosalío Zanatta Vidaurri, la detención de un octavo
policía municipal de Orizaba, Veracruz, puso al descubierto una red de
oficiales quienes hacían “entregas selectivas” de sus detenidos a células de la
organización delincuencial de Los Zetas.
Apenas el 24 de diciembre
pasado, fue detenido Yilmar Pérez Herrera, el octavo oficial involucrado en la
desaparición de Zito Ángel Zanatta y a quien ya se le dictó el auto de formal
prisión (ayer) junto con los policías Rubén Morales Vázquez, Martín Parra
Yacotú, Martín Rosas Téllez, Germán Victoria Weisser, Héctor Hugo Villa
Vásquez, Ausencio Jacobo Osorio Rincón y Carlos Alberto Gómez Rosas.
Desde octubre del 2015, el
Mando Único de la SSP asumió el control de la seguridad en Orizaba y los mandos
policíacos locales fueron relevados de la corporación, incluso por la
desaparición del hermano del legislador local poblano hay otros cuatro policías
municipales prófugos de la justicia. Los datos generales de estos últimos se
omiten, por la propia secrecía de la investigación.
La averiguación previa
728/2014, a la que Proceso tuvo acceso, narra que Zito Ángel Zanatta fue
detenido e ingresado a los separos de la policía municipal la madrugada del 18
de octubre del 2014, tras escandalizar en las afueras del bar Platinum Nigth
Club.
Así lo demuestran las cámaras
de video consultadas por elementos de la Policía Ministerial adscritos al caso;
sin embargo, para la detención del hermano del priista se utilizaron –según el
parte informativo 067064 y 067065- las patrullas de la Policía Municipal
rotuladas con los números 73 y 08 y la detención se hizo, según los oficiales
en el bar Queens. En dicho centro de recreación, los meseros y vigilantes
dijeron nunca haber visto a Ángel Zito.
De estás inconsistencias, los
policías municipales aseguran que lo liberaron a las 4:25 horas, pero un video
aporta su salida faltando 15 minutos para las 5:00 horas.
En la causa penal 1/2015, los
ocho policías hoy en prisión están siendo procesados por “desaparición forzada
de personas, incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad”.
“Hay varios policías en el
bote (sic) por eso, se les da cumplimiento a una orden de aprehensión por
desaparición forzada, el modus de operar era detener y entregar a sus detenidos
a Los Zetas, pusieron (sic) al hermano del diputado Zito Zanatta, entre otros…
este último, Yilmar Pérez cayó ayer. Tarde o temprano los alcanza el brazo de
la justicia”, explica un directivo de la Fiscalía General del Estado que
permitió el acceso al expediente.
De acuerdo con testigos,
afuera de la propia comandancia policial, Zito Ángel Zanatta fue “levantado”
por un comando a bordo de una camioneta negra.
Pese a que los familiares de
Zanatta solicitaron información a la Policía Municipal de Orizaba sobre el
estatus jurídico y paradero del detenido, los oficiales entregaron información
falsa, revela la indagatoria ministerial.
“No obstante que sus familiares
solicitaron información, ésta les fue proporcionada falsamente, ya que
inclusive existen contradicciones en las declaraciones de los policías, con lo
registrado en las videograbaciones y la bitácora de la corporación, así como
las declaraciones de los testigos, con lo que dicen los indiciados”, expresa la
averiguación previa consultada.
Ángel Zito fue dejado en
libertad sin cobrarle ninguna multa y sin acreditársele la comisión de un
delito, salió de la comandancia policial por su propio pie y desde ahí se
desconoce su paradero.
Orizaba, ubicado en la región
montañosa central de Veracruz, ha sido escenario de diversas desapariciones y
hechos de violencia.
En agosto pasado, en la
madrugada del jueves 13, fueron acribillados dos jefes regionales de Los Zetas,
José Márquez Balderas, “El Chichi”, y Felipe Santana Hernández, “El Felino”, en
el interior del bar “La Taberna”, cuando un grupo armado irrumpió y les disparó
a quemarropa. En la refriega murió también Juan Heriberto Santos Cabrera, quien
hasta junio último fue corresponsal de Televisa en esa ciudad, así como Sergio
Felipe Mendoza Morgado, Alberto Rodríguez Romero y José Eduardo Castillo
Romero, uno de ellos, mesero del lugar.
Esta quíntuple ejecución sacó
a la luz cómo las células delincuenciales suelen tener contactos directos con
la Policía Municipal de Orizaba, pues el periódico “El Buen Tono”, a través de
un comunicado, exhibió como sus exreporteros, Enrique Rivas y Guillermo Ramos
–ya despedidos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada- fueron
“reclamados” en las instalaciones de la comandancia policíaca por miembros de
la delincuencia organizada.
“Tras la balacera en el bar
La Taberna, los periodistas pidieron su traslado a Córdoba, pero policías les
informaron que afuera de las instalaciones (de la policía) están Los Zetas y
están pidiendo que los entreguen”.
Una semana previa al ataque
de “La Taberna”, la madrugada del viernes 7 de agosto, cibernautas dieron
cuenta de la aparición de una narcomanta en la autopista Córdoba-Orizaba, en la
que se anticipaba que irían por jefes de plaza de Los Zetas, por taxistas,
policías y reporteros al servicio de esa organización criminal. La firmaban los
Cárteles Unidos, que aglutina a Los Ántrax, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de
Jalisco Nueva Generación.
“Estamos aquí para hacer una
limpia –decía la manta–. Usen a más gente para que sepamos quiénes son y
vayamos por ellos también. Todo Córdoba –municipio conurbado a Orizaba– y la
región sabe que ustedes mueven su droga armas y dinero en taxis”.
En esta región de Córdoba y
Orizaba, se encuentra la agrupación civil “Solecito” que aglutina a madres y
familiares de personas desaparecidas y quienes han sido víctimas de un
“levantón” o se fueron sin dejar rastro alguno; en varios de estos casos, los
integrantes de “Solecito” han responsabilizado a policías municipales o
estatales de estar involucrados en la desaparición forzada de su familiar.
(PROCESO / NOÉ ZAVALETA/ 29 DE DICIEMBRE
DE 2015)
