domingo, 29 de noviembre de 2015

ELIGEN MESA DIRECTIVA DE NUEVO SINDICATO DE JORNALEROS DE SAN QUINTÍN


Luego de celebrar la Asamblea Constitutiva del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas fue nombrado Lorenzo Rodríguez Jiménez como secretario general.

Será la semana entrante cuando el nuevo líder sindical acuda a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a solicitar el registro del mismo. El resto de los cargos quedaron de la siguiente forma:

Secretario de Organización: Librado Pérez Mendoza
Secretario de Finanzas: Conrado Velasco
Secretario de Actas: Ángel Alberto Cobo
Secretario de Trabajo y Conflictos: José Feliciano
Secretario de Igualdad y Género: Minerva Marino Ordaz

Fidel Sánchez del movimiento de Jornaleros San Quintín consideró que este día se ha constituido un sindicato nacional independiente.

"Llegó la fecha que tanto esperamos como jornaleros de Baja California y del resto de los estados. A partir de hoy hay una gran responsabilidad porque no nada más se requiere conformar la organización sino que también se requiere trabajar codo a codo, hombro a hombro con los compañeros de otros compañeros de la República Mexicana", detalló.

Cabe recordar que desde las 10:00 de la mañana inició la asamblea con la intervención de diferentes líderes de otras organizaciones sindicales.

Por la tarde se hizo un receso y luego se prosiguió con el acto, que culminó con la elección del secretario general después de las 5:00 de la tarde.

(SEMANARIO ZETA/ GENERALEZ/ Francisco Navarro Fausto / Fotos. Ramón Blanco/   28 de Noviembre del 2015 a las 20:46:28)

¿CÓMO APRENDIMOS A VIVIR CON EL NARCO?


“Se aprende a vivir con el dolor”. Resignada, con los ojos vidriosos, Emma Veleta Rodríguez relata cómo ocho hombres de su familia desaparecieron el mismo día en Anáhuac, Chihuahua, hace cuatro años.

En la prensa local algo se dijo, pero nadie se preguntó, tiempo después, cómo sobrevive una familia que se queda sin proveedores de un día para otro.

En Tamaulipas, un reportero es convocado a una reunión con un jefe del crimen organizado. Le informan —o mejor dicho, lo obligan— a recibir un soborno. No puede negarse. Periodista que rompe la regla aparece muerto.

¿Cómo la desaparición de un hijo convierte a un hombre común de Guerrero en “perro”, como le llaman a los buscadores profesionales de fosas con restos humanos? ¿Cómo es la vida de un niño de Ciudad Juárez cuyo padre murió a tiros ante sus ojos y su madre desapareció?

Sabemos que en las carreteras de Tamaulipas secuestran, extorsionan y desaparecen… ¿pero cómo transitan por ahí quienes no tienen otra opción?

El crimen organizado no sólo nos hace temer por nuestra vida. Su impacto se siente más allá. Por ejemplo, en el cierre de tiendas de abasto popular por el acoso del narco, lo que obliga a comunidades enteras a viajar kilómetros para algo tan simple como comprar leche.

Desde que el gobierno de Felipe Calderón declaró la “guerra” contra el crimen organizado, los medios mexicanos hemos cubierto desaparecidos o muertos, pero hemos olvidado narrar el día después.

El proyecto digital Aprender a Vivir con el Narco cuenta esas historias.

Sabemos que el crimen organizado nos respira en la nuca, pero ¿qué hemos hecho para plantarle cara al miedo cuando el Estado —omiso, cómplice o superado en su capacidad de reacción— falla en garantizar la seguridad mínima?



“Hoy es un hecho que la violencia está disminuyendo en México”.

El presidente Enrique Peña Nieto dijo esa frase en su mensaje por el tercer informe de gobierno. Su sustento: la reducción en la tasa de homicidios en 2014, que según el INEGI fue 24.3% menor que en 2012.

Sin embargo, a punto de cerrar 2015, hay una serie de datos que lo contradicen —o por lo menos, lo cuestionan—. El primero, que la tendencia a la baja en denuncias por homicidio ha terminado. El primer semestre de 2015 cerró a la alza. Esta es la primera vez en cuatro años que ocurre algo así. Comparado con el mismo periodo del año anterior, la cifra del semestre creció 0.4%.

El segundo dato: el incremento en la percepción de inseguridad en el año en que Peña tomó las riendas del gobierno y su comportamiento sostenido desde entonces.

Entre 2012 y 2013, el porcentaje de mexicanos mayores de 18 años que considera que es inseguro vivir en su estado por culpa de la delincuencia creció casi seis puntos porcentuales. Pasó de 66.6% a 72.3%. Desde entonces y hasta ahora, la cifra apenas ha variado. Este año, 73% de los ciudadanos se siente inseguro en su territorio, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015.

“La gente, en general, de lo que siente miedo, es a delitos más comunes o a delitos contra la propiedad”, comenta el director del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Carlos Villalta, uno de los académicos que más ha estudiado el miedo en el país.

Si bien con esa frase se podría pensar que el ciudadano teme a la delincuencia común y no al narco, hay que recordar que, desde hace una década, el crimen organizado le ha cambiado el rostro a México.

El “narco” mexicano ha pasado de conformarse por grandes organizaciones que trafican drogas a nivel internacional, a tener entre sus filas a pequeños grupos locales que aterrorizan al ciudadano con su poder de violencia, fuego, secuestro y extorsión. Ese ‘nuevo narco’ juega en el terreno de los mexicanos de a pie y los tiene atemorizados.

¿Y cómo ha actuado el gobierno? En un principio, con el silencio. La reforma educativa, de telecomunicaciones, la energética y otras eran el centro de su discurso. Pero hechos como la masacre de Tlatlaya o la desaparición de los 43 normalistas en Iguala hicieron que la política de silencio cayera por su propio peso.

“Dejar de hablar del problema criminal no es una política de prevención del delito. Tampoco es una política de control, ni es una política de comunicación para reducir el miedo al crimen (...). Es simplemente acallar las cosas. Eso no da resultado”, apunta Carlos Vilalta.



¿Por qué las consecuencias de aprender a vivir con el narco se vuelven tan relevantes como para crear este proyecto digital? No sólo porque es urgente retratar los rostros de quienes le plantan cara al miedo, sino porque los conflictos de los países, la fragilidad y la gobernanza están en la mira de la comunidad internacional.

Desde que en Naciones Unidas se fue agotando la discusión sobre los Objetivos del Milenio —que los países debieron cumplir este 2015— organizaciones como Open Society Foundation, financiadora de este proyecto, promueven una nueva agenda más integral hacia 2030.

Con una iniciativa llamada Goal 16, Open Society impulsa que los estados ya no sólo se comprometan a combatir la pobreza extrema, sus causas y consecuencias, sino que sea prioritario enfrentar al crimen organizado, reducir todas las formas de violencia, las tasas de homicidio, promover el estado de derecho, fortalecer la transparencia en todos los niveles de gobierno e incluir a los ciudadanos en la toma de decisiones públicas. Todos esos objetivos tienen una relación directa con atajar y desaparecer el miedo que sufren los mexicanos desde que la capacidad del Estado para mantenerlos seguros se rompió.

Con este proyecto también queremos escuchar a los lectores. Una decena de reporteros entró a territorios de alto riesgo y retrató el empoderamiento ciudadano para sobrevivir, pero hay ojos igualmente importantes: los de la comunidad de Animal Político. Cuéntanos cómo ha cambiado tu vida desde que el crimen organizado amenaza tu comunidad, y a partir de la segunda semana de diciembre este proyecto presentará tu voz.

Animal Político ha apostado día a día a escuchar al ciudadano y a que el poder los tome en cuenta. Por ello creemos que estas historias demostrarán que en México urge una política integral y certera dirigida a quitarnos de la piel el miedo al crimen. Nunca debimos aprender a vivir con el narco.


(ANIMAL POLITICO/ DULCE RAMOS/ 29 DE NOVIEMBRE 2015)

SUR DE VERACRUZ: LA VIOLENCIA TE HACE MÁS Y MÁS POBRE


IXMATLAHUACAN, VERACRUZ.- Bertha ya lleva tres horas a la espera de la ‘pasajera’. No es mucho para lo que tiene que vivir desde hace un año. Hoy apenas son las once de la mañana, pero eso no le da tranquilidad, porque sabe que su día debe acabar a las dos de la tarde. Así que cada tanto levanta la vista y divisa el horizonte, mientras sigue su trajín. Suerte que desde su casa se alcanza a ver el camino.

¿Ya vendrá la ‘pasajera’?

Al menos una vez a la semana Bertha repite el mismo rito: esperar a que a su comunidad en el sur de Veracruz entre la ‘pasajera’ —como le llama a la camioneta de transporte público— para que pueda ir a ‘hacer el mandado’. Normalmente va los sábados, pero esta semana tocó en miércoles.

Por lo menos, si es que sirve de consuelo, no tiene que estar parada en alguna esquina. Puede lavar ropa y esperar.

La combi que la lleva a hacer las compras a Cosamaloapan —la ciudad más cercana a su casa, que está en Las Cuatas, municipio de Ixmatlahuacan, en Veracruz— no tiene hora fija y sólo pasa cuando un chofer considera que es seguro manejar por esos caminos solitarios de cañaverales.

No es lo único que toma en cuenta el chofer: además, la ‘pasajera’ sólo va a su pueblo si tiene la garantía de que volverá a Cosamaloapan con luz del día, así que tiene que estar en Ixmatlahuacan a las dos de la tarde.

Por eso la odisea de Bertha empieza a las 8 de la mañana, sin certeza de cuándo terminará. Ir y volver por esos 15 kilómetros puede tomarle más de seis horas.

Este miércoles, la mujer de 72 años cuenta que sólo tiene 100 pesos y debe usarlos para alimentar a su esposo, dos hijas, uno de sus yernos y dos nietas. Pero también para pagar los 50 pesos del pasaje.
 
Hace dos años, recuerda, Bertha sólo tenía que caminar diez metros a la tienda Diconsa —un programa de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que lleva a comunidades marginadas la canasta básica a precio subsidiado— para hacer el mandado. Los 50 pesos del pasaje podía gastarlos en algo más y se ahorraba el viaje hasta Cosamaloapan, que hoy es una zona considerada refugio de Los Zetas.

Esa tienda Diconsa en la comunidad de Bertha fue un alivio y resolvió una demanda de años. Pero duró un pestañeo. La violencia lo cambió todo.

Abrió a principios de 2013 para atender un problema de abasto en la región, pero —según los registros del gobierno federal— cerró en febrero del siguiente año por el “clima de inseguridad”. Nadie quería surtirla ni atenderla. Un diagnóstico que se confirma con el testimonio que la mujer ofrece mientras espera a la ‘pasajera’.

“La gente ya no quiere hacerse cargo, ¿verdad? de la tienda. Por miedo a los robos, ahorita está al día el robo y toda la violencia y por eso nadie quiere vender acá, ni tener la responsabilidad de tener una tienda a su cargo. Tienen miedo, ya ve usted ahorita cómo está todo. Sale usted a hacer sus mandados y al ratito ya no vuelve”.

Las nietas de Bertha de 10 y 12 años miran a su abuela fregar la ropa sobre un lavadero de piedra mientras ella espera el transporte público. Siempre han vivido en una casa de madera y palma, sin agua corriente o energía eléctrica. Una casa que, al menos, ahora les sirve para refugiarse de una violencia acallada, de la que nadie habla, una que nunca se denuncia pero a la que todos temen, y a la que responsabilizan no sólo de la falta de apoyos —como el que daba la tienda Diconsa—, sino también del aislamiento que padecen.

El local de lo que fue la tienda Diconsa ahora tiene la puerta y ventana cerradas y un perro que, a ladridos, gruñidos y mordidas, impide acercarse a la propiedad.

Los vecinos dicen que ese guardián está ahí desde que cerró la tienda y que seguramente es el único que sabe qué motivó la clausura. La dueña del local nunca les explicó.

UNA CUNA DEL CRIMEN


Como Bertha, para que los 500 pobladores de su comunidad, Las Cuatas, accedan a víveres deben ir a Cosamaloapan. Si tuvieran auto lo harían en 25 minutos, pero apenas 15% de los poco más de 100 hogares de la zona tiene algún tipo de vehículo.

Ese es el caso de Rosa, otra vecina de Las Cuatas, pues su familia encontró lo que ella llama una “media solución”: compraron una moto de bajo costo para ir y venir a aquella ciudad. El “bajo costo” es relativo, pues el préstamo al que accedió implica pagar el doble del valor original del vehículo. Pero ve el lado positivo: con la moto pueden salir sin esperar a la ‘pasajera’ y sin arriesgarse a permanecer “tiempo de más” en territorio zeta.

Aunque el crédito consume buena parte de los ingresos familiares, Rosa se sabe privilegiada. Y lo es, en comparación con el 85% de sus vecinos obligados a esperar durante tres horas al transporte público.

Cosamaloapan es 10 veces más grande que Ixmatlahuacan. Nadie puede hablar de una fecha exacta, pero desde 2010 comenzaron los reportes de que en los alrededores se hallaban cuerpos mutilados y algunas fosas clandestinas.

Después vinieron los ‘halcones’, esos muchachos que, hasta la fecha, se miran en las calles, a veces en cuatrimotos, con radios de comunicación avisando quién entra y sale de la zona. Luego aparecieron las casas suntuosas de hasta tres pisos y grandes garajes.

Y aunque ya son muchos años, la gente no se acostumbra a cómo la violencia en este refugio zeta ha cambiado la vida cotidiana, no sólo de Cosamaloapan, sino también de los alrededores, en donde quizá las estadísticas no registran muchos muertos, pero la inseguridad impide que llegue el transporte, provoca que se suspendan servicios o que un médico se niegue a trasladarse.

La violencia no sólo les quitó paz. En el caso de Las Cuatas, también la posibilidad de abastecerse fácilmente de lo más indispensable para vivir y hasta de la oportunidad de que el gobierno federal los apoye en ello.

Adelaido, un hombre de 53 años que trabaja desde los diez en los campos de caña, dice que nunca antes se había visto “que la gente no se atreva o ya se la piense para pasar” a Ixmatlahuacan.

Los caminos disponibles para llegar a ese municipio forzosamente pasan por Cosamaloapan, ya sea viniendo de Tuxtepec, en Oaxaca; Tlacotalpan más al norte en el Río Papaloapan o desde el puerto de Veracruz y la capital del estado, Xalapa.

Verse forzado a cruzar Cosamaloapan, una cuna del crimen, para llegar a Ixmatlahuacan es lo que Adelaido ve ahora como una trampa no sólo para tener qué comer, si no también con qué vivir. “Nos hemos quedado sin trabajo”, dice.

En abril pasado, en una fosa clandestina se encontraron los cuerpos de dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desaparecidos un año antes en Cosamaloapan. Según Adelaido, en la zona nadie puede trabajar sin que se sepa qué hace, cuánto gana y, por tanto, cuánto puede y debe pagar de extorsión.

El compañero de Adelaido en la labor de la caña es Apolinar Fabián, quien trabaja en los campos hace más de cuatro décadas. La mayor parte de su ingreso provenía del Ingenio San Gabriel en Cosamaloapan, el cuál cerró en agosto pasado por falta de producción; pero ambos completaban para el gasto siendo peones de ranchos de la región, que cerraron por la “falta de guardia”, de quién se atreviera a hacer las labores de vigilancia.

Apolinar se lamenta “ahorita hay muchas cosas malas aquí, no se puede vivir bien, pues. ¡Que si la violencia, que si la inseguridad! Por eso vienen los problemas. De ahí mismo vienen los contratiempos con toda la gente que se va y nos deja aquí, sin nada”.

No existen datos sobre la migración de las fuentes de trabajo, pero Apolinar y Adelaido calculan que la mitad de los dueños de campos y ranchos tanto en Cosamaloapan como en Ixmatlahuacan se fueron desde que empezó la violencia y con ellos, el empleo.

AISLADOS POR LA VIOLENCIA

El 62% del trabajo en Ixmatlahuacan depende del campo. Se cuenta con 3 mil 700 hectáreas de caña de azúcar. El camino para llegar a ese municipio se convierte en una línea recta en la que no se mira más que cañaverales que bailan al ritmo del viento.

Apolinar de 67 años no ha tenido otro trabajo que no sea con la caña y la zafra. Su compañero de aventuras de azúcar, Adelaido, dice que la desventaja de que todo vaya tan mal con la caña es que ya están “muy viejos” para aprender otro oficio.

En Ixmatlahuacan, los cañeros sobreviven con lo poquito que pueden sacar de sus propias tierras. Otras mujeres, como Rosa, hacen tamales y los venden en comunidades vecinas.

Álvaro, yerno de Bertha, intenta explicar cómo se puede sobrevivir con el aislamiento que les ha dejado la violencia. “Uno se va al río y saca unas mojarras para comer y si no tenemos nada nomás nos comemos las uñas”.

“A veces la salida está en el Río”, insiste Álvaro con una media sonrisa que se le borra casi de inmediato. Entonces vuelve a mecerse en la hamaca en la que permanece y remata “pues sí, sólo en el río”.

Es mediodía y la ‘pasajera’ no ha entrado todavía a Las Cuatas. A esta hora, Bertha ya sabe que no podrá ir por el mandado de la semana. Lo intentará mañana.

Desde temprano rogará que haya transporte público que la lleve a Cosamaloapan con tiempo suficiente para comprar y volver con luz de día.














(ANIMAL POLITICO/ TANIA L. MONTALVO/ FOTÓGRAFO: YAHIR CEBALLOS/ 29 DE NOVIEMBRE 2015)

PERIODISMO EN TAMAULIPAS: APRENDER A GUARDAR SILENCIO


Foto: Cuartoscuro

EL AUTOR ES PERIODISTA TAMAULIPECO DE UN DIARIO LOCAL.

A SOLICITUD EXPRESA, SE OMITE SU NOMBRE.


TAMAULIPAS.- Una troca blanca chocó contra un poste en la avenida. Mi compañero de trabajo me avisa. Es la segunda nota del día. Me apresuro. Llego y con mis compañeros nos acercamos a la escena, sacamos las cámaras, enfocamos.

Una camioneta de lujo, último modelo, es la dañada. Avanzamos, levantamos las cámaras:

—¡Ábranse panochones! ¡Este no es un jale que vaya a salir en los periódicos! ¡Órale, cabrones! —grita la conductora. La mujer baja de la camioneta y camina para revisar la defensa. Estatura media, tacones, cabello lacio teñido de rubio, piel blanca, nos mira con ceño duro y vuelve a gritar:

—¡A la chingada, panochones!

No entiendo lo que nos dice, percibo que no quiere que fotografiemos el accidente. Para evitar agresiones acordamos esperar a los peritos de Tránsito y Vialidad. Apagamos las cámaras. La conductora sube a la camioneta, habla por celular, nos vigila.

Un par de agentes de tránsito llegan en una patrulla. Desde ahí ven la escena, pasan de largo y se van.

—Vamos a sentarnos al Oxxo, desde ahí sacamos las fotos —le propongo a mis compañeros.

Damos los primeros pasos y vemos un convoy de camionetas con hombres armados.

Atraviesan la avenida hasta la esquina del choque. Detienen el tráfico de mediodía y rodean la camioneta. La rubia se cambia a un carro color negro. Ellos la protegen y arrancan. El convoy enfila hacia nosotros, se detiene.

—Dejen de estar de panochones y pónganse a jalar —dice la misma mujer.

Y siguen su camino. El sonido de los motores, las armas y el sol me confunden. Los coches vuelven a circular hacia el puente, dos señoras cruzan la calle.

—Era una vieja de la maña —suelta uno de mis compañeros mientras andamos hacia el centro.

Esa fue la primera vez que oí la palabra panochón. A partir de ese día la he escuchado con regularidad. También descubrí otras palabras relacionadas con el crimen organizado que aparecieron en el lenguaje popular de esta zona del país:

Panochón es el reportero que al atestiguar un hecho delictivo del crimen organizado es ubicado y amenazado por delincuentes.

El Panochón puede convertirse en dedo (persona que delata) de la maña (sinónimo de cártel).

El Panochón puede recibir llamadita del jefe (regaño de líder de la plaza).

El Panochón rebelde puede ser castigado con manitas (series de cachetadas), tablazos (golpes de madera en la espalda y sentaderas), tijera (corte de extremidades), fogones (quemada en partes del cuerpo) y piso (asesinato).





Lo que aquí narro es real. Ha ocurrido en algunos lugares de México, en varias ciudades de varios estados, durante varios momentos.

Mientras los reporteros nos convertimos en panochones, los convoyes de civiles armados superaban en número a los de la Policía Estatal; los enfrentamientos se multiplicaban, pero la vida diaria no paraba.

En la primavera de 2010 se supo que había un vocero del crimen organizado. En los días posteriores, un reportero —a nombre del representante— citó a un grupo de compañeros. Nos advirtió quién citaba y qué sucedería si no asistíamos por la madrugada al parque. A las 3 de la mañana llegó el mensaje de confirmación del juntón (encuentro convocado por los narcos). Los 14 llegamos juntos y nos pidieron los datos generales. Un hombre apuntaba en una libreta. El vocero explicó las nuevas reglas: nadie difunde material sin que pase el filtro del "jefe"; nadie puede ignorar las llamadas telefónicas de la vocería; nadie puede negarse a recibir piscacha (en el ambiente político conocido como chayote, extorsión que reparten los presidentes, diputados y gobernadores) de los capos.

O se convierte en enemigo.

Los directores, los jefes de información y los reporteros de radio, prensa y televisión aceptamos y trabajamos con las reglas del cártel que gobierna la región donde vivimos.

El que no quiere renuncia.

El que no acepta, rompe o evade las reglas es "castigado".

Los jefes de plaza son capturados o mueren, pero las reglas persisten.

Este régimen de control se creó en la guerra entre el cártel del Golfo y Los Zetas. En un primer momento las bandas delictivas bloquearon la difusión de las batallas perdidas o las capturas de los capos y los lugartenientes. Cada cártel impuso su línea editorial, sus incentivos a las mejores notas y también las penas. La imposición del miedo en las redacciones de la zona se supo rápidamente. En un lustro, estas reglas se transformaron y penetraron en las principales plazas del crimen organizado. Las oficinas de comunicación de los gobiernos municipales y estatales fueron rebasadas. El único poder era el narcotráfico. Se adueñaron de la palabra, de la calle, de las miradas, de la vida.

La jornada de reporteo se transformó poco a poco. De salir a registrar accidentes o riñas pasamos a fotografiar cinco cuerpos descuartizados, 10 personas ahorcadas en puentes, cuatro personas asesinadas cuyos cuerpos eran tirados en la calle, envueltos en sábanas.





Al ver las calles y los cadáveres no sentí miedo, ni asco. Una honda confusión bloqueaba el terror. La desconfianza reinaba en la jornada de trabajo. Al ver amigos, personas conocidas, hombres y mujeres respetados por la sociedad, asesinados y señalados con narcomensajes la desconfianza se extendía.

Un par de compañeros pidieron solamente trabajar durante el día. Las notas exclusivas desaparecieron. Antes, quien llegaba primero al choque, al asesinato, al suicidio lograba las mejores fotografías o el dato extraordinario. Después, no volvimos a reportear solos.

Pero ese plan de protección que hicimos de manera instintiva fue insuficiente para controlar la ansiedad de atestiguar lo que sucedía en la calle.

Además, los medios —sobre todo los manejados desde otras ciudades— no protegieron a sus trabajadores. Supe de una ocasión en que un compañero quedó en medio de las balas de soldados y sicarios. Días después contaba entre risas que, al momento de echarse pecho tierra, lo que temía era el regaño de su mujer por la mancha de aceite en la camisa.

Esa experiencia no fue suficiente. Las imprudencias continuaron hasta que uno de los compañeros murió baleado en un fuego cruzado. Solamente el capo abatido y los integrantes de las fuerzas armadas asesinados aparecieron en las notas. A mediados de noviembre, los jefes fueron sensatos:

—Nadie va a balaceras. No hay que arriesgarse en esos jales. No vale la pena— dijo el director del periódico.

Interpreté la orden como: trabajen con precaución para llenar de notas las ocho páginas de la sección. En la realidad no había situación o detenido sin relación con la delincuencia organizada, fuera un grupo u otro. El ambiente era hostil: el estrés de los soldados, la dejadez de los policías locales, la complicidad de los ministeriales, la dureza de los marinos, los halcones (jóvenes vigilantes) merodeando. La noche era un campo de trocas, ráfagas, cadáveres y mensajes dejados presuntamente por el crimen organizado. Los jefes de los medios pactaron cancelar las guardias nocturnas.

Pero dormir, después de saber los planes de guerra y la cantidad de muertos y enfrentamientos, era complicado. No contar nada en casa era lo mejor. Las cheves, el antídoto para descansar.

Los cárteles de la droga se metieron a las redacciones, a los foros de televisión, a las cabinas de radio. Cinco o seis compañeros renunciaron para trabajar con el crimen organizado. La figura del vocero se consolidó, pese a las capturas y ejecuciones de jefes de plaza.

El vocero es tu cable a tierra. Tener ese vínculo inquieta y, a la vez, tranquiliza. La conexión directa es una forma de evitar peligros. Algo parecido a lo que sucede en la primaria cuando eres amigo del niño más fuerte, abusivo y berrinchudo del salón. Sabes que sus acciones son irracionales, pero si el maestro no es capaz de reprenderlo ¿por qué tendría que hacerlo alguien inferior? La cercanía con un bando delincuencial te convierte en blanco fácil del grupo contrario. Pocos reporteros confiábamos totalmente en otros compañeros. Los grupos de amigos del trabajo se redujeron.

"Esta nota sí sale por encargo de aquéllos. Dale llamado", se oye a media jornada en la redacción. Nadie detiene el tecleo.

"El detenido de rojo está protegido, no incluyas el nombre", recomiendan en la prisión preventiva.

"Llamaron de parte de aquéllos para pedir que el choque no salga. No lo metas”, ordena el editor en jefe desde su oficina.

"Hay dos notas de detención. Ni se te ocurra publicar la de acá, coloca la de allá”

"Amigo, queremos, de favor, que la manifestación vaya de principal, con la foto entera", me ordena una voz del otro lado del teléfono.

Al mediodía siguiente recibo otra llamada.

—Un capitán de fuerzas federales te busca. Está en la recepción —dice la secretaria.

—¿Qué quiere?

—Es por la nota de portada.

Un día antes, madres de familia de detenidos, acusados de ser presuntos integrantes de la maña, protestaron por supuestos abusos de las fuerzas federales.

—Queremos saber por qué publicaron la nota —pregunta el capitán. La redacción la resguardan funcionarios armados en camionetas.

—Se publicó porque consideramos que el tamaño de la protesta y las madres dieron los datos precisos de las acusaciones —respondo. Los nervios provocan que mi pierna derecha se mueva.

—Esos chamacos son mañosos. ¡Nada más vea las caras! —dice señalando la portada del periódico y mirando al par de marinos que lo acompañan.

—¿Abusaron de ellos o no? Tiene derecho de réplica —planteo mirándolos.

—Queremos saber por qué publicaron la nota.

—Vaya a los demás periódicos a preguntar, aunque dudo que no sepa que estamos entre la espada y la pared.

—Lo sabemos. Si tiene algo nuevo sobre esto o cualquier situación personal apunte mi teléfono, para que no haya mal entendidos —dice el Capitán y se despide sin cuestionar más.


Al gobierno no le importa. La intervención de fuerzas federales en los operativos provocó los primeros reclamos. Las manifestaciones para denunciar abusos de los marinos se reprodujeron en distintas ciudades de la región.

Son pocas las ocasiones que el Estado reacciona ante la información difundida con un trasfondo evidente del narcotráfico. Temen señalar: tal cártel o tal otro. Pronunciar sus nombres propios exalta e incomoda a los compañeros. Hay orejas (espías que se hacen pasar por reporteros) y medios que nacieron y han crecido bajo el amparo del narcotráfico. El recelo y la cautela en lo que se habla y escribe es una herramienta de supervivencia.

La comunicación se da de voceros a reporteros. En caso de un error del editor, del jefe, “paga” el reportero. En caso de una falta mayor, revienta una bomba frente a la redacción, desaparece un director o las familias. La autocensura es la manera de sobrevivir. No publicar para no sufrir o morir.

La frustración de no ver circular la información inmediatamente la sobrellevo pensando que en el futuro habrá tiempo para contar lo que vi, la información que obtuve, lo que corroboro con los meses.

Lo único publicado son las repercusiones de la inseguridad: que si la iniciativa privada dejó de producir 42 mil millones de pesos; que si se incrementaron al doble los tratamientos del trastorno de estrés postraumático; que si los desplazados, que se cuentan en miles; que si la mayor parte de la clase alta huyó a Jalisco, Querétaro o Texas. A pesar de que no publicamos el horror los ciudadanos se enteran, nos culpan por no publicar, hacen sus maletas y huyen. Cada año la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad del INEGI confirma que el 80% nos sentimos inseguros de vivir en esta región.

Lo asumí: aquí no hay derecho de informar, de trabajar con libertad, no hay seguridad. Secuestran amas de casa, obreros, niños. Los que comunican vía Facebook o Twitter también son panochones. La diferencia entre nosotros y ellos, es que nosotros sabemos qué informar sin correr peligro. Pienso que entre tanta muerte agarrarse a la vida es una manera de luchar.

A partir de 2013 la rutina de trabajo se tranquilizó. Volví a reportear solo. Las exclusivas caían a cuenta gotas. La vocería se mantuvo con sus reglas. La población de panochones aumentó debido a los usuarios de las redes sociales que reportan los hechos delictivos.

Ese leve lapso de calma se rompió de nueva cuenta por conflictos entre los mismos cárteles. Los bloqueos, las balaceras, las masacres y el silencio resurgieron. El gobierno quiso imponerse. La desconfianza volvió. En esta región histórica para la delincuencia cualquiera puede ser hijo, vecino, primo, amigo, esposa, hermana de presunto delincuente o peor, ser sicario, halcón, estaca (guarura del jefe), extorsionador, contador o lavador de dinero. Los informes extraoficiales revelan que en tres meses de 2015 hubo más de 250 cadáveres. Los videos de asesinatos y los mensajes de alerta inundaron las redes sociales. El panocheo traspasó el poder del medio de comunicación tradicional, la figura del reportero.

Yo, desde la redacción, sigo observando la batalla. Aprendí a ser un panochón, no un héroe.


CREEL, CHIHUAHUA: ESCUELAS, COMERCIOS Y CALLES DONDE EL NARCO PONE LAS REGLAS


Sicarios. Encapushados. Trocas. Cuernos de shivo. Mariguana. Sembradíos.

CREEL, CHIHUAHUA.- En diez minutos de plática, de la boca de Jennifer –que sólo tiene 13 años recién cumplidos- salen disparadas todas estas palabras con las que describe su vida cotidiana en Creel, un turístico ‘pueblo mágico’ enclavado en el corazón de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, que en agosto de 2008 fue noticia cuando grupos del crimen organizado entraron a un reunión y masacraron a 12 jóvenes y un bebé de año y medio, advirtiendo al país entero de otras masacres que vendrían.

Sentada sobre un sofá viejo, Jennifer observa con los ojos oscuros y rasgados a su madre Marta, una comerciante de 40 años que regenta un pequeño negocio.

“Yo ya no le cuento nada a mi mamá —comienza a narrar con una sonrisa pícara, como si estuviera a punto de confesar que toma refresco a escondidas—, pero en mi escuela veo pasar a los narcos todos los días”.
Jennifer mira la expresión severa de su madre, que guarda silencio.

"Los sicarios pasan por la escuela, a la descarada. Van en las trocas con los cuernos de shivo, encapushados, y hasta nos dicen adiós —Jennifer pronuncia la ché como shé, como es común en Chihuahua—. Incluso, me ha tocado de ver que los policías están en la puerta y ellos también los saludan”.

—¿Por qué van los sicarios a tu escuela? —pregunta el periodista.

—Mmmmm... pues van a buscar a los shavalos para llevárselos —responde sin la más mínima expresión de extrañeza asomando por su cara. —Me imagino que los sicarios los han de querer para que ellos les vendan la mariguana.

—¿Aquí es donde se cultiva la mariguana?

Jennifer asiente con la cabeza quedamente, pero rápido rectifica.

—No, aquí no. Donde hay mariguana es en Cusárare —aclara, haciendo referencia a una localidad a 25 kilómetros de Creel, famosa por su cascada de aguas cristalinas. Me han dicho que ahí es donde hay más sembradíos de mariguana.

—¡¿Y quién te ha dicho eso?! —Marta interviene en la plática, sobresaltada y con los ojos negros muy abiertos escrutando los de su hija.

La niña sonríe de nuevo.

Encoge los hombros.

Y como si fuera lo más obvio del mundo, contesta:

—Me lo han dicho mis amigos de la escuela.




Luis tiene 52 años. No es maestro, pero trabaja en un centro educativo ubicado en algún punto de los 152 kilómetros que se extienden desde Creel hasta Guachochi. Sobre el testimonio de Jennifer acerca de los sicarios, opina:

“Mire, sí ha estado mucho muy feo por aquí —murmura hierático, con ambas manos toscas estrujando el volante del coche que maneja por las calles de Creel—. Y por lo mismo de los enfrentamientos, se les ha ido terminando la gente. Por eso ahora andan viendo en las escuelas a los niños de 13 o 14 años, para ver si ya pueden trabajar para ellos”.

A continuación, carraspea de nuevo y añade:

“Lo de los chavos en las escuelas sí es una situación grave, pero también en muchas ocasiones es algo voluntario —puntualiza—. No los raptan. Los sicarios primero checan a los niños y luego hablan con los papás, que son gente indígena, y les ofrecen el trabajo y el apoyo. Y estas personas, como tienen muchas carencias, lo aceptan como algo normal”.

Luis levanta el pie del acelerador. El día previo a esta entrevista, la noticia de una camioneta haciendo rondines por el centro de Creel con hombres armados, vestidos con uniforme militar, chaleco antibalas, y capuchas cubriendo sus rostros, corrió de boca en boca cuando estaba por anochecer. Y ahora, con los primeros rayos del sol, una troca de color blanca, cristales polarizados se coloca delante del coche.

“Ahorita es la época de la recogida de la siembra (de enervantes) y por eso hay mucho desmadre, porque hay dos grupos peleando por la plaza”, explica Luis, quien asegura que ese grupo de encapuchados que anduvo haciendo rondines por el pueblo son “los shapos”; sicarios al servicio de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa. Mientras que en la Tarahumara baja, “ahí por San Juanito y Guarichi”, los que operan son los rivales de La Línea, célula delictiva del Cártel de Juárez.

Luis espera a que la camioneta acelere y se vaya de la vista, entonces comenta que en el pueblo “ya se ve como algo normal” la convivencia con estos grupos armados y asegura que aceptan con normalidad que sean los pistoleros de Sinaloa los que velen por la seguridad de las comunidades y no la policía estatal, de la que asegura tener más miedo que a los criminales.

“Los shapos respetan a la gente —apunta convencido—. Por eso, cuando van a ser los enfrentamientos andan con las trocas diciéndonos que nos vayamos para nuestras casas porque es peligroso estar en la calle”.

Don Tomás sí tiene miedo, y aunque en el pueblo haya quienes aseguren, como Luis, que se sienten protegidos por los sicarios de Sinaloa, él denuncia que "esta situación descarada” de convoyes tomando las calles de Creel le indigna y le preocupa.

“Esta es la dura realidad que vivimos aquí. Estos cuates del crimen organizado ya son parte del paisaje de Creel y de la Sierra, y es algo que sí vivimos con temor y que nos preocupa. Nos preguntamos si las autoridades irán a tomar alguna medida, pero parece que la respuesta es no”, lamenta.

Para evitar “tragedias”, Luis cuenta que los integrantes del Cártel de Sinaloa dictaron una serie de normas que se transmiten de boca a boca entre la ciudadanía.

Por ejemplo, los sicarios piden a los maestros que lleven en el cristal del carro una calcomanía de su sindicato, para que rápido los identifiquen como docentes. “No viajar de noche, sobre todo a San Juanito”, localidad vecina ubicada a 30 kilómetros de Creel, donde el cártel rival monta retenes al ocaso de la tarde y donde el pasado mes de septiembre un grupo de delincuentes asaltó a un contingente de 80 turistas integrado por alemanes y canadienses, según reportó la prensa local. Tampoco ir a las numerosas comunidades que salpican la zona de Guachochi, “que es donde más caliente está ahora todo el tema”.

“Ellos tienen una norma: no andar en la carretera ni muy temprano, ni tampoco muy tarde. Mientras no les afectes a su negocio y a su trabajo, no hay problema”, recalca Luis, quien asegura estar acostumbrado a encontrarlos en el camino, quien afirma no vivir con miedo, aunque sí con precaución. Por eso sigue sus reglas y a partir de las seis de la tarde, se encierra en casa y apaga su vida.




Con un ritmo de plática lento y melodioso, y una sonrisa resignada, doña Sara cuenta que los comerciantes de Creel, muchas veces no tienen otro remedio que decirle a los turistas, sobre todo a esos alemanes y canadienses que se ven pasear ajenos con sus mochilas por el centro del pueblo, que “todo está en orden”.

“Aquí los comentarios sobre inseguridad se minimizan. Y si un turista pregunta cómo está la situación, no se le cuenta toda la verdad. Se le responde: ‘está todo muy tranquilo, oiga’ —dice la señora con un marcado deje norteño—. Es decir, los comentarios son siempre positivos, para no generar temor al turista”.

Sin embargo, Sara admite que muchos comerciantes enfrentan un dilema, entre denunciar y proteger la seguridad cotidiana de su familia, o no hacerlo y proteger los ingresos de su negocio, que vive de los turistas.

“Los comerciantes están ante esa doble cuestión: por un lado, si se habla de lo que pasa se afecta al turismo. Y por otro, si no se denuncia, de alguna manera se contribuye con los malos gobiernos, que son los que dicen que aquí todo está bien, cuando en realidad no es cierto”, plantea la mujer.

Sara recomienda a los paseantes no exponerse al riesgo, pero tratar de vencer el miedo.

“No podemos permitir que ese miedo al narco nos paralice y nos impida recorrer y disfrutar de esta hermosa tierra”, concluye Sara cuya vista se pierde en un inmenso cerro alfombrado que nace de las entrañas de la fértil Sierra Tarahumara.


(ANIMAL POLITICO/ MANUEL URESTE/ 29 DE NOVIEMBRE 2015)

LO QUE HAY DETRÁS DE LA LARGA GUERRA POR EL ATÚN ENTRE MÉXICO Y EE.UU.


La historia empezó hace 35 años, cuando tres barcos atuneros estadunidenses fueron detenidos por pescar ilegalmente en aguas mexicanas. La detención de las embarcaciones desató una prolongada disputa por la venta de atún mexicano en Estados Unidos.


Atunes pescados en Francia. Foto: AFP/Getty

La disputa es por la exportación de atún aleta amarilla.

La historia empezó hace 35 años, cuando tres barcos atuneros estadunidenses fueron detenidos por pescar ilegalmente en aguas mexicanas.

Parecía una acción rutinaria de vigilancia. Pero no fue así.

La detención de las embarcaciones desató una prolongada disputa por la venta de atún mexicano en Estados Unidos.

Un conflicto donde abundaron las escaramuzas comerciales, campañas de desinformación y bloqueos internacionales.

Pero ahora parece que la “guerra del atún” está a punto de terminar.

Cuando el medio ambiente se “interpone” en el libre comercio

La Organización Mundial de Comercio (OMC) determinó que Estados Unidos debe eliminar las restricciones para la comercialización del producto mexicano en su mercado.

Con este fallo se pone fin a más de tres décadas de disputa. Pero según reconocen los productores mexicanos, el resultado final puede ser distinto al que se buscó inicialmente.

LOS EMBARGOS

Tras la decisión final de la OMC existe una larga lista de escaramuzas comerciales, conflictos con grupos ambientalistas, bloqueos a varios países y hasta campañas de desinformación, acusan autoridades mexicanas.

El conflicto se desató en 1980, cuando México decidió proteger sus 200 millas de aguas territoriales y evitar la pesca ilegal en la zona.


AtunesImage copyrightScience Photo Library

La protección de los recursos pesqueros de México estuvo en el inicio de la disputa.

Tras la captura de tres barcos atuneros con bandera de Estados Unidos, el gobierno de ese país aplicó un embargo a la importación de atún aleta amarilla procedente de México.

El bloqueo se levantó en 1986, pero cuatro años después estableció otro.

Esa vez el argumento fue que había una alta mortalidad de delfines en la pesquería mexicana del atún.

Algo que las autoridades mexicanas reconocen que existía.

“Al principio si había un problema de mortandad de delfines, era en los años 80”, le dice a BBC Mundo el comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Mario Aguilar Sánchez.

LEYES

Fue un problema serio. Un año antes, en 1989, el Congreso estadunidense había modificado Ley de Protección de Mamíferos Marinos.

La enmienda obligaba a los países exportadores de atún aleta amarilla que operaban en el Océano Pacífico Oriental a informar al gobierno estadunidense sus programas y reglas de protección a los delfines.


latas de atún en México

Los embargos reanimaron el mercado mexicano.
Era el requisito para vender en el mercado de E.E.U.U.

Pero esta regla no se aplicaba a quienes pescaban en el océano Atlántico ni en el Pacífico Occidental, la zona de operación de la flota estadunidense.

En 1992 también se prohibió la importación de atún de países que compraran el producto mexicano.

“Usaron razones falsas ecológicas, decían: si le compras a México no te compro a ti”, le dice a BBC Mundo Antonio Guerra Autrey, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (Canainpe).

“Entonces países como Tailandia y Ecuador, que eran clientes de México, dejaron de comprar“.

OPOSITORES

Durante más de una década los pescadores mexicanos cambiaron su método para capturar atún y redujo sensiblemente la muerte incidental de mamíferos marinos.

También establecieron equipos de buzos en cada barco para rescatar a los delfines atrapados.

Las operaciones son supervisadas por observadores independientes que reportan las incidencias a las autoridades pesqueras.



Pesca de atúnImage copyrightTHINKSTOCK

El mercado del atún es uno de los más productivos del mundo.
En 2004, después de varias controversias internacionales, se levantó el embargo. Pero las puertas del mercado estadunidenses no se abrieron por completo.

Si bien no existen restricciones legales para el producto mexicano, las ventas se han restringido por una razón:

Desde el inicio del segundo embargo, organizaciones ambientalistas y empresas empacadoras promovieron que las latas del producto que se comercializaran en el mercado estadunidense llevaran la etiqueta Dolphin Safe (delfines protegidos).

La leyenda significaba que el atún había sido pescado sin ocasionar la muerte de mamíferos marinos.

Una de las organizaciones que encabezaron la iniciativa fue el Earth Island Institute.

El etiquetado se ha negado a exportadores mexicanos, pero en cambio se entregó a otros con reportes de alta mortalidad de delfines.

Por esta razón en 2008 México inició una controversia ante la OMC, que hace unos días resolvió en su favor.

Así, Estados Unidos está obligado a modificar la Ley de Protección de Mamíferos Marinos, o aplicarla de la misma forma a todos los exportadores de atún que participan en su mercado.

Si no lo hace, México puede aplicar medidas compensatorias en algunos productos estadunidenses para resarcir el daño causado a los pescadores de atún.

Lo que sigue

¿Qué significa la decisión de la OMC?

Trozo de atún en Japón

La OMC emitió un fallo en favor de los atuneros mexicanos.
“De una vez y por todas debe abrirnos los mercados que han estado cerrados y no por un embargo, sino por barreras no arancelarias”, explica el vicepresidente de la cámara pesquera.

Actualmente ya se vende atún mexicano en 3.500 centros de distribución en Estados Unidos, destinados sobre todo al llamado “mercado de la nostalgia”, es decir, mexicanos residentes en ese país.

Pero ampliarse a otros espacios no será sencillo, reconoce Guerra Autrey pues los 35 años de bloque comercial han dejado huellas.

“Nos han hecho una mala fama que no nos corresponde”, indica.

¿Se puede revertir con apoyo del gobierno mexicano?

“Aunque hiciéramos una campaña, si la ley no es modificada y seguimos sin llevar la etiqueta, va a ser muy difícil“, explica el comisionado de Conapesca.

Qué temen perder los mexicanos con el acuerdo comercial “más ambicioso” del mundo
Así, la salida más viable podría ser un acuerdo “no contencioso”, explica Aguilar Sánchez y aprovechar la mexicana.

“Si de veras hablamos de sustentabilidad en métodos de pesca y cuidar al ecosistema que Estados Unidos se sume a lo que hemos hecho”, propone.

“Imponer medidas compensatorias no sirve a la pesquería ni a los delfines o a los sectores pesqueros”.

(ANIMAL POLITICO/ Alberto Nájar / BBC Mundo (@bbcmundo)/ NOVIEMBRE 28, 2015)


SAQUEO AL ERARIO Y RIQUEZA ILÍCITA, SALDOS DE DUARTE EN CHIHUAHUA A MESES DE CERRAR SU GESTIÓN


Cuando César Duarte Jáquez llegó a la gubernatura de Chihuahua, el 4 de octubre de 2010, la deuda estatal era de 12 mil 547 millones de pesos, para 2011 había crecido a 17 mil 316.6 millones, para el año siguiente cerró en 23 mil 284 millones de pesos, en 2013 dio el salto a 41 mil 768.2 millones de pesos, de acuerdo con las cifras de la SHCP.



Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).– El priista César Duarte Jáquez ha llevado a Chihuahua a ser una de las entidades más endeudadas del país, sólo en su administración el porcentaje de deuda respecto a su Producto Interno Bruto (PIB) creció 77.4 por ciento, el más alto en el país, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La organización México ¿Cómo vamos? señala que la entidad gobernada por el priista ocupa el primer lugar en relación de la deuda con su PIB, detrás de Quintana Roo, Coahuila, Chiapas y Nayarit, al cierre del segundo trimestre de 2015.

Cuando Duarte Jáquez llegó a la gubernatura, el 4 de octubre de 2010, la deuda estatal era de 12 mil 547 millones de pesos, para 2011 había crecido a 17 mil 316.6 millones, para el año siguiente cerró en 23 mil 284 millones de pesos, en 2013 dio el salto a 41 mil 768.2 millones de pesos, de acuerdo con las cifras de la misma SHCP.

En 2013, año en que se disparó la deuda, el Congreso del estado aprobó el proyecto del Gobernador para reestructurar el pasivo, que contemplaba adquirir un préstamo a 30 años por 25 mil millones de pesos para pagar y quedar con una sola deuda, además de la colocación en el mercado bursátil de certificados por hasta 5 mil millones de pesos.

Según el dictamen que se votó en el pleno, Duarte proponía mecanismos “innovadores” para el financiamiento de la deuda como la colocación de certificados bursátiles y la creación de fideicomisos.

En casi seis años, César Duarte aumentó 233 por ciento la deuda de Chihuahua sin que hasta ahora queden claros los motivos para los legisladores y ciudadanos.

En agosto pasado, el Secretario de Hacienda de Chihuahua, Jaime Herrera Corral, aseguró en entrevista para SinEmbargo que la entidad no aumentó la deuda en 233 por ciento como lo indicaban cifras oficiales. Dijo que de los 42 mil millones en pasivos que se le atribuyen a la entidad tenían un pago garantizado y que sólo debían  menos de la mitad.

De acuerdo con el “Saldo Histórico de Obligaciones Financieras de Entidades Federativas, Municipios y sus Organismos” de la SHCP, Chihuahua es el tercer estado más endeudado del país.

Su deuda per cápita, según el estudio “Reporte Deuda Subnacional”, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), representa 11 mil 127 millones por habitante.

EL BANCO DE DUARTE

En septiembre del año pasado, el activista y miembro de la Unión Ciudadana, Jaime García Chávez, presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) y autoridades financieras a partir de una investigación formal ciudadana en la que acusaron a Duarte Jáquez, a funcionarios de la administración estatal y a otros con carácter de prestanombres, de participar en la creación del Banco Progreso de Chihuahua, SA de CV, y para ello haber desviado 65 millones de pesos de recursos públicos.

El Gobernador chihuahuense ha negado haber utilizado recursos públicos de manera indebida; sin embargo, el Senador panista Javier Corral Jurado asegura que César Duarte se hizo rico inexplicablemente, pues carece de alguna actividad empresarial económica que pueda justificar ese nivel de ingresos.

“El caso del Banco Progreso es sólo un caso, pero el más documentado. Lo que en realidad ha sucedido es que el Gobernador ha ido a un saqueo a las arcas del erario. Ha comprado una gran cantidad de ranchos en el estado en los últimos años, ha habido licitaciones amañadas y uso de información privilegiada, directamente y personeros”, ha revelado en varias ocasiones el Senador panista.

En abril, activistas, intelectuales y académicos anunciaron la integración de un grupo de observadores a nivel nacional para dar seguimiento a la denuncia penal que se tiene abierta en contra del Gobernador de Chihuahua por presunto enriquecimiento ilícito, peculado, y uso indebido de atribuciones y facultades.

A esta acción se han unido cientos de chihuahuenses, que han salido a las calles para manifestarse en contra de estas irregularidades; sin embargo, la represión por parte del gobierno se ha hecho presente en cada marcha, acusaron los miembros de la Unión Ciudadana. Un ejemplo, señalaron, sucedió el pasado 26 de febrero donde se registraron agresiones hacia los miembros de la organización.

El pasado 14 de mayo, ciudadanos, activistas, académicos y senadores de la República denunciaron en la Cámara de Diputados la represión que ejerce el Gobernador de Chihuahua, hacia la organización Unión Ciudadana de Chihuahua.

La precariedad económica de un estado cuya principal fuente de empleos formales es la industria maquiladora, donde los obreros ganan dos salarios mínimos al día, es el elemento que destacan los analistas consultados por este medio digital al hablar de la descomposición social de Chihuahua.

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BREVES

 01.-

ONGs RECLAMAN A JAVIER DUARTE AGRESIONES A PERIODISTAS

A menos de un mes de la publicación de la “Alerta temprana”, en la que el gobierno de Veracruz se comprometió a crear políticas preventivas para garantizar la libertad de expresión a los comunicadores, el pasado fin de semana autoridades estatales agredieron a nueve periodistas que cubrían las protestas de maestros en dos ciudades.

La organización Artículo 19 calificó como “un doble discurso” la Alerta temprana emitida por el gobierno de Javier Duarte de Ochoa el pasado 2 de noviembre para proteger a los periodistas.

En el mismo sentido se pronunció el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social. En un comunicado, dijo que tenían conocimiento de que manifestantes y periodistas fueron agredidos por parte de las fuerzas de seguridad a cargo del Gobierno de Javier Duarte.


02.-

CNDH EMITE RECOMENDACIONES A AUREOLES POR APATZINGÁN

El pasado 25 de noviembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que pudo constatar el uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de seguridad, que derivaron en la muerte de cinco personas, así como la ejecución extrajudicial de otro civil, durante el operativo realizado por la Policía Federal (PF) en Apatzingán, Michoacán, el 6 de enero afuera del Palacio Municipal donde murieron 16 personas, entre ellas, niños y mujeres.

La CNDH acreditó también otros hechos violatorios que no se consideraron violaciones graves a derechos humanos, atribuibles a servidores públicos federales y locales, por lo que la recomendación también se dirigió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y al Presidente Municipal de Apatzingán.

Al Gobernador de Michoacán le pidió que instruya la colaboración con la CNDH en la queja que presente con motivo de la omisión en el envío de fotografías relativas al levantamiento y necropsia de un cuerpo, por las omisiones en las necropsias de 10 personas, así como en la queja que presente por las irregularidades en la identificación de dos cadáveres y la inadecuada preservación de la cadena de custodia, al no embalar algunos indicios, evidencias o medios probatorios recabados en el lugar de los hechos.


03.-

GOBERNADOR DE GUANAJUATO REVELA COSTOS DE TERRENO PARA TOYOTA

Cada uno de los 4 millones 750 mil metros cuadrados que el Gobierno de Guanajuato ha comprado para el establecimiento de la planta de Toyota en el municipio de Apaseo el Grande tuvo un costo promedio de 148 pesos.

Así lo aclaró el Gobernador del estado Miguel Márquez Márquez, luego de que el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (Iacip) se negó a hacer públicos los costos, dado que “la difusión de los datos podría poner en riesgo la llegada de la empresa japonesa en la entidad”.

El mandatario aseguró que “él no tiene nada que esconder” y señaló que una vez que el Congreso del Estado de Guanajuato aprobó la donación del predio a la compañía automotriz se hizo posible compartir los precios.


04.-

GOBERNADOR DE OAXACA GARANTIZA EVALUACIÓN DOCENTE

El pasado 24 de noviembre, el gobierno de Oaxaca aseguró que el desarrollo de la Evaluación del Desempeño al Servicio Profesional Docente está garantizado el próximo 28 de noviembre, en la capital el estado.

En un comunicado, el Gobernador Gabino Cué Monteagudo dijo que existen los mecanismos logísticos y de seguridad, para salvaguardar la integridad de las y los trabajadores al servicio de la educación que participarán en este proceso.

Indicó que en una suma de esfuerzos y coordinación institucional entre los dos niveles de gobierno, se contará con poco más de siete mil elementos de la Policía Federal, que se sumarán a los efectivos de las corporaciones de Seguridad Pública del gobierno de Oaxaca. También dijo que la presencia policiaca solo será disuasiva ante las posibles manifestaciones que pudieran presentarse durante este proceso de evaluación.


05.-

GOBIERNO DE YUCATÁN ELIMINA TENENCIA VEHÍCULAR

El Gobierno de Yucatán anunció que a partir del 1 de enero de 2016 se eliminará de manera absoluta el impuesto por tenencia vehicular en el estado.

En conferencia de prensa, el Gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, informó que la eliminación de la tenencia vehicular implicará un ahorro anual de hasta 220 millones de pesos para los contribuyentes, lo que propiciará dinamismo interno en el sector económico.

El mandatario aseguró que esta decisión no afectará las finanzas públicas ni los programas gubernamentales porque hay una elevada captación de impuestos de los contribuyentes en el estado, donde circulan alrededor de 660 mil vehículos.

Además, “está medida permitirá que todos los propietarios de automotores que vivan en el estado regularicen la tenencia de sus vehículos, lo que será vital para las estrategias de seguridad pública”, explicó Zapata Bello.

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FRASES



Miguel Ángel Mancera

“Hay algunas ciclovías que se hicieron muy forzadas, por ello estamos trabajando y diseñando nuevas que sean con el mayor nivel de seguridad”, aseguró el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa.


 HÉCTOR ASTUDILLO FLORES

“Los dos casos [Chilapa y Polixtepec] tienen que ver con la delincuencia organizada y están ligados a la siembra de amapola [...] Ha habido una permanente ruta de pleito entre estos dos grupos, se acusan de pertenecer a la delincuencia organizada”, refirió el Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores.


MIGUEL MARQUEZ

 “Sí, ningún problema, ya es una decisión personal, ni siquiera institucional, yo los doy a conocer [los costos del terreno para Toyota]”, señaló el Gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez.



(SIN EMBARGO.MX/ Guadalupe Fuentes López/  noviembre 29, 2015 - 00:01h)