lunes, 23 de noviembre de 2015

SEXENIO DE EPN: SUBE 400% SECUESTRO DE SACERDOTES, 11 ASESINADOS…


De acuerdo con información de la Agencia Fides, México, en donde viven 92.9 millones de católicos bautizados, es el primer país en el mundo occidental con el mayor número de sacerdotes asesinados. Los países de Venezuela y Burundi, le siguen en la lista que publicada por la agencia con corte a 2014.



Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).– Durante el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto 11 sacerdotes católicos han sido asesinados y la cifra de religiosos secuestrados subió un 400 por ciento si se compara con la del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, revelan datos del Centro Católico Multimedial (CCM).

Las cifras del organismo revelan que durante los últimos 25 años, en total han sido perpetrados 51 atentados contra miembros de la Iglesia católica. La lista de los clérigos que han perdido la  vida de modo violento de 1990 a 2015  la encabeza un cardenal, 39 sacerdotes, un diácono, cuatro religiosos, cinco laicos y una periodista católica.

“La tendencia de atentados contra sacerdotes sigue al alza: se registra un aumentó de un 120%, en lo que va de 2015, comparado contra el tercer año de gestión de la anterior administración”, explicó el Centro Católico Multimedial (CCM) en un reporte titulado “El riesgo de ser Sacerdote en México”.

“Cotejando los números, el fenómeno ha ido aumentado, en el caso de México subió un 400% el índice de secuestros de sacerdotes, comparado contra el Gobierno del Lic. Felipe  Calderón”, añade el organismo.

Según información recogida por la Agencia Fides, México, en donde viven 92.9 millones de católicos bautizados, es el primer país en el mundo occidental con el mayor número de sacerdotes asesinados. Los países de Venezuela y Burundi, le siguen en la lista que publicada por la agencia con corte a 2014.

La Agencia Fides se fundó el 5 de junio de 1927 y es la primera agencia misionaria de la Iglesia católica.

En este contexto de violencia en contra de clérigos de la organización, el próximo año el Papa Francisco realizará una gira en México.

De acuerdo con el itinerario tentativo, el Papa se prepara para visitar Ciudad Juárez, una vez conocida como la capital mundial del asesinato; el estado de Michoacán, con fuerte presencia de las guardias comunitarias y donde en diciembre del año pasado asesinaron al Padre Gregorio López Gorostieta, además de Chiapas, donde aún hay fuerzas derivadas del levantamiento zapatista indígena de 1994 y es el punto de entrada actual para los migrantes centroamericanos que huyen de la violencia extrema en sus países, y son violentados en México.

Los asuntos  a tratar en la visita papal no se han dado a conocer oficialmente, algunos analistas en asuntos religiosos como Bernardo Barranco, aseguran que la gira del Pontífice no será color de rosa para el Presidente Peña Nieto porque el Papa sacará a la luz temas fuertes y delicados como la migración y la violencia, incluida la que han vivido en carne propia los sacerdotes de su iglesia.

En febrero pasado, el Papa Francisco expresó su deseo de que Argentina se encuentre “a tiempo de evitar la mexicanización” de su territorio, en referencia al avance del tráfico de drogas.

El Pontífice respondió una carta que le había enviado Gustavo Vera, referente de la Organización No Gubernamental “La Alameda”, con la que Francisco trabajaba antes de asumir al frente de la Iglesia católica.

“Veo tu trabajo incansable a todo vapor. Pido mucho para que Dios te proteja a vos y a los alamedenses. Y ojalá estemos a tiempo de evitar la mexicanización. Estuve hablando con algunos obispos mexicanos y la cosa es de terror”, escribió Francisco en la carta que fue difundida el 22 de febrero por Vera a la prensa.

Según el dirigente social, en el texto le había informado a Francisco acerca del “crecimiento sin pausa del narcotráfico y las próximas denuncias” que realizará la organización al respecto.

Aunque dos días después la Santa Sede precisó que las palabras del Papa Francisco sobre el riesgo de “mexicanización” de Argentina no tenían “una intención estigmatizante hacia el pueblo de México” y reconoció el esfuerzo que está realizando el Gobierno del país en la lucha contra el narcotráfico.

EL SEXENIO DE LA MUERTE

El onceavo asesinato de un sacerdote católico en México ocurrió el pasado lunes en el municipio de Nopalucan, en el estado de Puebla. Erasto Pliego de Jesús fue hallado  sin vida y con señales de tortura al borde de un camino rural de la colonia La Granja.

El religioso había sido reportado como desaparecido desde el pasado fin de semana, lo que provocó que autoridades y parroquianos iniciaran una intensa búsqueda.

El cura fue capturado la tarde del lunes por personas no identificadas cuando iba a bordo de su camioneta Chevrolet Trax 2015, color blanca, placas UAB-6890. Otra versión señala que integrantes del Comité Parroquial explicaron que el jueves sostenían una reunión con él para organizar las posadas de diciembre “cuando llegaron dos hombres a buscar al cura, quien los dejó entrar a su hogar y argumentó que se trataban de unos exseminaristas”.

“La Arquidiócesis de Puebla lamenta profundamente que un sacerdote cuya vida estaba consagrada a Dios y al servicio de los demás haya sido víctima de la violencia”, expresó la Arquidiócesis de Puebla en un comunicado emitido el 16 de septiembre.

Sin embargo, no es el único en lo que va del año ni en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto.  Este medio digital intentó contactar con la Arquidiócesis de México para conocer la postura de la Iglesia católica respecto a los ataques que han sufrido sus clérigos en los últimos años, pero hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

AÑO 2013:

– El 5 de febrero, el padre José Flores Preciado fue asesinado dentro del templo de Cristo Rey en Colima. Los delincuentes arribaron el templo Cristo Rey cerca de las 11 de la noche para asaltar el templo, al percatarse de la presencia del sacerdote en el lugar lo sometieron y golpearon.

– El padre Ignacio Cortez Álvarez fue asesinado el 22 de julio en Baja California. La Procuraduría General de Justicia estatal informó que el móvil fue robo con violencia. Era responsable de la parroquia María Auxiliadora en el municipio de Ensenada.

– Los sacerdotes Hipólito Villalobos Lima, de 45 años y Nicolás De la Cruz Martínez, de 31 años,  fueron encontrados muertos en la Parroquia de San Cristóbal, en el municipio de Ixhuatlán de Madero, en el estado de Veracruz el 29 de noviembre.

– El padre Joel Román Salazar, de la Diócesis de Ciudad Altamirano, Guerrero falleció el 10 de diciembre de 2013.

AÑO 2014

– El misionero y padre John Ssenyondo de origen Ugandés, trabajaba en la Diócesis de Chilpancingo- Chilapa, Guerrero cuando fue levantado y secuestrado en el poblado de Nejada el 30 de abril de 2014. Fue encontrado en una fosa común el 28 de octubre de ese año en Cocula, Guerrero.

– El sacerdote José Ascención Acuña Osorio, de 37 años de edad, fue levantado y secuestrado el 21 de Septiembre de 2014, su cuerpo fue encontrado en el río Balsas, el 23 de Septiembre, muy cerca del pueblo de Santa Cruz de Las Tinajas, en el municipio de San Miguel Totolapan (región de Tierra Caliente de Guerrero).

– El padre Rolando Martínez Lara, párroco del templo de Santa María de Guadalupe, Canalejas, Jilotepec, Estado de México, fue asesinado el 19 de febrero de 2014.

– Gregorio López Gorostieta, conocido como el Padre Goyo, fue encontrado sin vida el 25 de diciembre con un impacto de bala en la cabeza en Ciudad Altamirano, Michoacán.

AÑO 2015

– El padre Francisco Javier Gutiérrez Díaz, fue encontrado muerto el 7 de abril de 2015 con impactos de bala en la cabeza y abandonado en un camino de terracería cercano a los poblado de Ojo de Agua de Ballesteros y San Nicolás de la Condesa, en el municipio de Salvatierra, en el estado de Guanajuato.

– El Padre Erasto Pliego de Jesús, fue encontrado muerto la tarde del lunes 16 de noviembre en la colonia La Granja del municipio de Nopalucan, Puebla. Había sido reportado como desaparecido desde el pasado fin de semana.



LA VIOLENCIA EN PUEBLA

La inseguridad en Puebla alcanza a todos los sectores de la población, incluyendo a los religiosos. En los últimos meses el estado se ha convertido paulatinamente en un lugar de residencia y operación de jefes del crimen organizado en el país. Los choques violentos entre grupos delictivos y los arrestos de diversos capos así lo han revelado.

En septiembre pasado, SinEmbargo publicó una investigación de Fernando Montiel Tiscareño, especialista en Estudios de Paz, quien retomó una infografía de la empresa norteamericana de consultoría en materia de inteligencia Stratfor en la que se detalla la geografía del narcotráfico en México dividida por colores según grupos y áreas de influencia.

Según Stratfor calificó al estado de Puebla como plenamente integrado al área de influencia de los grupos que controlan el corredor atlántico desde Tamaulipas.

Montiel Tiscareño también reveló que a principios de noviembre apareció una comunicación que causó alerta en Puebla. Se trataba de un comunicado firmado por R19 Gente Nueva Cartel de Sinaloa en el que se anunciaban acciones violentas que tendrían lugar en un conjunto de municipios de Puebla y Oaxaca.

Se hablaba de toques de queda, se identificaban aliados y se señalaban líderes.

Para el analista Fernando Montiel, el texto firmado por el R19, Gente Nueva, Cártel de Sinaloa tiene mucha información y gracias a ello, ofrece amplias posibilidades de análisis.

El contenido del texto es congruente y verificable en casi todos los puntos. Por ejemplo: efectivamente existe un grupo de choque llamado Gente Nueva, el cual está  asociado al grupo delictivo conocido como el Cártel de Sinaloa.

Efectivamente existe un grupo llamado Los Ántrax que operan en concierto con Gente Nueva y el Cártel de Sinaloa. También es verdad que la configuración actual de las disputas entre las organizaciones presenta al Cártel de Sinaloa en colisión con aquellos señalados como enemigos.

De igual forma, varios de los municipios referidos en el documento coinciden con eventos recientes asociados a la delincuencia organizada, para el caso de Puebla, entre otros: robo de combustible (Tehuacán y Texmelucan), enfrentamientos armados (Quecholac) y ejecuciones (Tepeaca y Palmar de Bravo) y el punto anterior además daría sustancia y lógica efectiva a la amenaza de “limpia” con “la Barredora” en Puebla y Oaxaca –como anuncia el texto los futuros choques armados.



DESDE GUERRERO SE PIDE SEGURIDAD

La delincuencia organizada está detrás de los asesinatos a sacerdotes que cumplen con la misión de apoyar a las poblaciones abandonadas a su suerte y en las garras de los criminales, dijo el párroco de Tlapa de Comonfort, Guerrero, Mario Campos Hernández en entrevista para SinEmbargo.

El también fundador de las policías comunitarias en la Montaña de Guerrero llamó a las autoridades mexicanas a garantizar la vida y la seguridad, no sólo de los curas que luchan desde sus iglesias para contrarrestar la embestida del crimen organizado, sino de toda la población.

“Estamos en una etapa de la historia, en un momento de nuestro país, en el que se han ido perdiendo muchos los valores. Vivimos en una sociedad sin valores, es una sociedad donde no se valora la vida, ni la persona, no se respetan las investiduras”, dijo.
Campos Hernández lamentó el asesinato del sacerdote católico Erasto Pliego de Jesús en Puebla y recordó que en Guerrero fueron asesinados ya varios religiosos que luchaban desde las homilías y la organización con el pueblo, por contrarrestar al crimen.

“Por supuesto que detrás está la delincuencia organizada, que cuando ven que son afectados sus intereses, buscan impedir que crezcan estos procesos que generan conciencia, organización, proyectos y vida. Es muy lamentable que no se respete la vida, ni se valoren los ideales de las personas, no sólo de sacerdotes: ideales de justicia, igualdad y dignidad”, indicó.

El cura agregó: “tenemos que redoblar esfuerzos y trabajar muy duro, no sólo por los sacerdotes, sino por todas las personas”.

El sacerdote recordó que en Guerrero los eclesiásticos comprometidos en procesos de organización y cuyo contenido en los mensajes de las homilías están orientados a “asumir la responsabilidad de lo que se vive en el estado”, afectan y “lastiman” los intereses del crimen organizado.

“En Guerrero han muerto varios ya muy comprometidos. El papel de un sacerdote es cumplir con su deber, si no se cumple con el deber, ¿para qué estamos? Hay que llamar a la reflexión, sobre todo a las personas que están involucradas en el crimen, secuestro y corrupción”, dijo.

Mario Campos creó en 1995, a la Policía Comunitaria, hoy Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Guerrero, para hacer justicia por su propia mano, debido a la impunidad que imperaba en las comunidades de la Montaña.

Campos nació en una de esas comunidades pobres de Guerrero y fue en 1988 cuando se involucró en los proyectos de su comunidad, más allá de oficiar misas.

En Guerrero, Mario Campos es acusado por algunos de sus detractores de “propagar la Teología de la Liberación” y de “incitar” al pueblo a la violencia en sus misas.

El padre ha sido amenazado y en el 2000 sufrió un atentado, pero no se quebró, él siguió movilizándose a través de las Policías Comunitarias.

Ahora, luego de los crímenes en contra de sacerdotes, Campos indicó que no cuenta con seguridad especial, pero que sí toma en cuenta ciertos protocolos en las comunidades en donde se mueve.

“Soy un sacerdote, ando públicamente, no cargo seguridad, ni me preocupa, porque soy consciente que el trabajo que hago está bien hecho desde la conciencia que tengo, mi moral y mi evangelio”, dijo.

Sin embargo el párroco de Tlapa indicó que los sacerdotes que realizan labores, que pueden poner en peligro sus vidas, deben cuidar ciertos puntos.

“Lo que nosotros hemos ido trabajando aquí es el protocolo de seguridad, es decir, poner algunas bases para nuestra seguridad en las comunidades, desde cuidarnos a nivel personal, a la hora de salida. Decir dónde andamos, con quién andamos, es de lo más sencillo y práctico y tiene que hacerse”, dijo.



El pasado 3 de noviembre, los obispos de Guerrero consideraron necesario crear una “gran plataforma” para la reconstrucción del tejido social con una agenda común entre gobierno, iglesias, instituciones, organismos e incluso con los delincuentes, privilegiando la palabra como herramienta social y política.

“Abrir un diálogo incluso con los delincuentes, que también son parte de la sociedad”, indicó el Arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merelos, en un comunicado en el que además se informó que los obispos se reunirían con el Gobernador  de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, y el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz.

En dicho comunicado, los obispos aseguraron que el cambio de gobierno en el estado abría “la gran esperanza” para reemprender la ruta que conduzca a una vida “digna, justa y en paz”.

Expusieron que el nuevo gobierno inicia en “medio de una profunda crisis social, política, económica y en materia de derechos humanos”, pues Guerrero es el estado más violento del país, y “esta grave situación ha llevado a la polarización, la confrontación, la marginación, la desesperanza e incluso a buscar justicia por propia mano”.


(SIN EMBARGO.MX/ SHAILA ROSAGEL Y GUADALUPE FUENTES/ REDACCIÓN / NOVIEMBRE 19, 2015 - 00:00H)

IPN: HAY MATERIA FECAL EN EL AGUA “PURA” DEL DF; DE 122 MUESTRAS, SÓLO 30 PASARON LA PRUEBA


El Politécnico detalló que para la investigación se tomaron 122 muestras de agua envasada en garrafones de 20 litros, procedentes de 111 pequeñas purificadoras ubicadas en las 16 delegaciones de la Ciudad de México.



IPN encuentra restos de heces fecales en agua. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- Científicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) detectaron la presencia de bacterias coliformes fecales en el agua que venden pequeñas empresas purificadoras el Distrito Federal, por lo que plantearon la necesidad de auditar a este tipo de negocios.

En un comunicado, el Politécnico detalló que para la investigación se tomaron 122 muestras de agua envasada en garrafones de 20 litros, procedentes de 111 pequeñas purificadoras ubicadas en las 16 delegaciones de la Ciudad de México.

Los análisis revelaron que 69 muestras contenían coliformes totales (Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter y Citrobacter), 23 fueron positivas para coliformes fecales (Escherichia coli sobre todo) y sólo 30 pasaron la prueba de manera satisfactoria.

El estudio microbiológico lo realizaron en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) Jorge Francisco Cerna Cortés, titular del proyecto, Jorge Alberto González y Merchand, jefe del laboratorio de Microbiología Molecular, con el apoyo del IPN y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Los investigadores señalaron que la proliferación de este tipo de negocios es por el alto porcentaje de la población en la capital del país, quienes confían en la calidad del agua envasada consumiendo el líquido embotellado de purificadoras que incumplen con las normas.

“Por un costo relativamente bajo adquieren los equipos e instalan empresas purificadoras inclusive en casas particulares sin las condiciones adecuadas para tal fin, además su personal no realiza el proceso conforme a la Norma Oficial Mexicana 201 sobre productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel”, explicaron.
Además de estas bacterias, los investigadora del IPN también hallaron micro bacterias no tuberculosas que producen enfermedades intestinales y afecciones respiratorias semejantes a la tuberculosis, pudiendo afectar a personas inmunodeficientes que padecen VIH o diabetes.

Por ello, los científicos recomiendan a la población adquirir estos productos en lugares que cuenten con la certificación y auditorías correspondientes, pues la norma establece que el agua para el consumo humano no debe traer coliformes fecales.


El agua envasada en garrafón es el 70 por ciento del mercado y crece a tasas de 7 por ciento, en tanto que la vendida en botella representa 30 por ciento del mercado total pero crece a tasas de 11 por ciento, según la Asociación Nacional de Productores y Distribuidores de Agua Purificada (ANPDAPAC).

El éxito del consumo del agua embotellada en México podría considerarse posterior a dos grandes sucesos: el sismo de 1985 y la epidemia de cólera de 1991. De acuerdo con especialistas, a partir de esos hechos en el país se creó la demanda de un producto que, además, se volvió un negocio de miles de millones de pesos.

En la memoria de una parte de los mexicanos aún figuran los bebederos en espacios públicos y, sobre todo, en las escuelas. Antes era común beber el agua directamente de la llave, pero hoy el mercado que lideran Coca-Cola, Nestlé, Pepsico y Danone, ha instaurado un completo sistema de mercadotecnia y publicidad que sitúan a México como el principal consumidor de agua embotellada en el mundo, con 234 litros por persona al año.

-Con información de Notimex

(SINEMBARGO.MX/ Redacción / noviembre 23, 2015 - 17:27h)

LA OMERTÁ DON BELTRONE


A lo largo de la historia, políticos como “Don Beltrone” se han encargado de asegurar la impunidad de todos sus compañeros dentro y fuera del PRI. Foto: Cuartoscuro

Los cacicazgos terminan por convertirse en una mafia; los caciques en mafiosos. Y los mafiosos en políticos.

Tal vez por eso, entre la clase política hay gobernadores, alcaldes, diputados o senadores que son auténticos mafiosos. Se les conoce precisamente por su poder desmedido para operar y controlar todo. ¿Cuántos hampones de este tipo conoce usted?

Los hay en todos los partidos. Incluso, hay partidos que funcionan bajo los esquemas de la camorra; organizaciones políticas marcadas por actos delictivos cubiertos por la omertá o ley del silencio. En esta ocasión me voy a referir exclusivamente al PRI considerada por algunos estudiosos como la Cosa Nostra.

La famosa omertá de Manlio Fabio Beltrones Rivera, conocido mejor como “Don Beltrone” (no hay necesidad de explicarles la razón de su seudónimo) cumple a raja tabla con el sagrado pacto de silencio que ha garantizado la impunidad a políticos de su grupo, incluido a él mismo.

¿Cuántos gobernadores corruptos del PRI han pisado la cárcel en México? ¿Cuántos ladrones de cuello blanco han sido procesados y sentenciados durante sus gobiernos? ¿Cuántos políticos delincuentes del tricolor están tras las rejas?

A lo largo de la historia, políticos como “Don Beltrone” se han encargado de asegurar la impunidad de todos sus compañeros dentro y fuera del PRI. En este momento el dominio le corresponde. No se mueve una hoja en el PRI sin que Don Beltrone lo autorice.

A veces, esa confederación dedicada a la protección y el ejercicio autónomo de la ley en el PRI tiene fisuras, filtraciones, errores. Como en el caso de los llamados “moches” donde se ha descubierto que Manlio Fabio Beltrones Rivera, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, fue denunciado por el diario AM de León, Guanajuato, como uno de los legisladores que pide comisiones para brindar partidas y apoyos a entidades.

Identificar a “Don Beltrone” como el mero mero de los “moches” es una obviedad. ¿Existe alguien que se sorprenda por esta noticia? Ni tampoco con  la información que identifica como “jefazo” de los “moches” a Luis Alberto Villarreal, coordinador de los diputados panistas.

El testimonio del Alcalde de Celaya, Ismael Pérez Ordaz, no tiene desperdicio. Es contundente. En diciembre de 2012, tanto Villarreal como Beltrones, le ofrecían 160 millones de pesos para pavimentación del municipio, siempre y cuando le diera una jugosa comisión del 35 por ciento a los “capos de los moches” y asignara las obras a las empresas elegidas por estos políticos mafiosos. Los encargados de cobrar el “moche” fueron los empresarios sonorenses Heriberto Velásquez Campa, Ángel Adán Quintero Abril y José Arcadio Cabrera Luque: “Hay que repartir mucho dinero entre los jefes Villarreal y Manlio”, decía el señor Quintero Abril cuando le solicitaban dar la comisión del 20 por ciento.

No es la primera vez que la omertá de “Don Beltrone” se rompe. Ese código estilo siciliano que prohíbe informar sobre los delitos considerados “necesarios” y “obligados” cometidos por el clan mafioso, cuando se rompe, el castigo puede llegar hasta la muerte.

Y es que “Don Beltrone” y su omertá ya han sido denunciados en otras ocasiones. Allí están los reportajes de los periodistas Craig Pyes y Sam Dillon, publicados en The New York Times, sobre los efectos de la narcopolítica en México, galardonados con el Premio Pulitzer en la categoría de reportaje internacional.

Este párrafo de uno de los reportajes lo dice todo: “El gobernador Manlio Fabio Beltrones Rivera asistió a reuniones donde capos de la droga pagaron a políticos de alto nivel por protección de sus operaciones”.

Después de ser electo Gobernador de Sonora en agosto de 1991, Beltrones, era ya una “estrella” del PRI y se le identificaba como uno de los “bebesaurios” más importantes del tricolor. Su historia está ligada a su maestro, Fernando Gutiérrez Barrios, jefe de la policía secreta durante los años de la guerra sucia en México. Y para conocer al papá “dinosaurio” de “Don Beltrone”, hay que leer la novela del cronista y escritor Fabrizio Mejía  Madrid, Un hombre de confianza, recientemente publicada por Grijalbo.
¿Si “Don Beltrone” fue pupilo de Gutiérrez Barrios qué podemos esperar?  Desde sus años de Gobernador,  agentes de los Estados Unidos lo han investigado y han emitido informes clasificados donde describen sus presuntos vínculos con Carrillo Fuentes.

Pero “Don Beltrone” es mucho más que la omertá. Es también, el candidato perenne a presidente de la nación. Siempre suena su nombre, pero casualmente nunca sale premiado por el dedazo. El conserva las esperanzas de colocarse la banda presidencial. Claro, después de Peña Nieto cualquiera puede ser Presidente. El listón ha quedado por los suelos.

El problema es que Don Beltrone ya empieza a sentir pasos en la azotea y quiere elegir a sus contrincantes en la carrera del 2018. Para empezar, nos ha dejado claro que le tiene mucho miedo a Andrés Manuel López Obrador. Obvio. Según él, es tramposa, inmoral y poco ética la conducta del líder de Morena, porque se promociona en tiempos oficiales de televisión destinados a difundir la ideología de los partidos políticos.

Dice “Don Beltrone” que López Obrador aprovecha un vacío legal para impulsar su imagen con miras a una candidatura futura y eso según él, significa que puede haber una contienda electoral inequitativa.

Por supuesto que la habrá, pero inequitativamente a favor del PRI, el partido en el poder que tiene a su disposición todos los tiempos en Televisa y TV Azteca, más allá de los oficiales. Y si no, que le pregunten al INE de Lorenzo Cordova, tan parcial que hasta parece institución de Los Pinos.

“Don Beltrone”, no mencionó el tiempo utilizado por gobernadores priístas en el duopolio televisivo para su promoción personal, ni mucho menos, los miles de millones de pesos que pagan a las televisiones para tales efectos, simplemente se concretó a anunciar que promoverá una ley que prohíba esto. Se le olvida que el tiempo utilizado es gracias a la reforma política que él mismo aprobó.

La guerra hacia el 2018 está abierta. “Don Beltrone”, el capo di capi, está listo para intentar llegar a la Silla del Águila. ¿Quién ganará? ¿El bando de los candidatos mafiosos o los candidatos ciudadanos?

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(SIN EMBARGO/ Sanjuana Martínez /noviembre 23, 2015 - 00:01h 13)

HORAS DE ESPERA, MESES PARA UNA CIRUGÍA, SIN EQUIPO, SIN MEDICINA: ONGS DESNUDAN EL SECTOR SALUD


Sobre Calidad y Acceso Efectivo a la Salud expone que en el sector salud no siempre se rinden cuentas, existe falta de medicamentos, incumple en tiempos de espera y le sobran quejas de usuarios. Estas deficiencias evidencian un mala rectoría, además que provocan sufrimiento, otras enfermedades o la muerte de los pacientes, denunciaron organizaciones civiles.



Un paciente del hospital mexiquense sobre cartones. Foto: Facebook Denuncia Ecatepec

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).– El sistema de salud en México carece de buen servicio y de acceso efectivo para la ciudadanía, dijeron hoy asociaciones civiles. Hacen falta medicinas, equipo y se requieren de horas de espera en el caso de una consulta y meses para una cirugía; hechos que contrastan los informes oficiales. ¿Cuántas personas mueren por culpa de esas deficiencias? No se sabe. Y tampoco se sabe qué es lo que pasa con el dinero de la cuenta corriente, porque un tercio de las unidades médicas no rinde cuentas en sus indicadores de calidad, de acuerdo con una investigación.

El primer Reporte Ciudadano sobre Calidad y Acceso Efectivo a la Salud expone que la información que ofrece el sector salud sobre sus servicios está incompleta, no es consistente y presenta errores. Ejemplo de ello es que la Secretaría de Salud indica que el tiempo de espera para una consulta es de de 22 minutos en zonas urbanas; sin embargo, en la realidad una persona espera en promedio 1.32 horas.

Ante este panorama, 21 organizaciones ciudadanas hicieron un llamado a la Cámara de Diputados para que en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016, se incluyan obligaciones de evaluación y rendición de cuentas que garanticen que los recursos se transparenten hasta su destino final, “puesto que el incremento recibido en estos años no se ha reflejado en un incremento equivalente en número de médicos, enfermeras, medicamentos, insumos, camas de hospital y consultorios”.

La observación que hicieron voluntarios en unidades médicas de 17 entidades del país, arrojó que:

• Una tercera parte de las unidades de salud (32.6 por ciento) no han reportado información sobre calidad de los servicios que prestan en los últimos 4 años (2011-2014); entre ellos el Hospital General Xoco, en la Ciudad de México.

• Las Cinco entidades federativas con peor rendición de cuentas en sus indicadores de calidad son: Baja California Sur, Chiapas, Distrito Federal, Michoacán y Coahuila.

• Casi la mitad de las unidades de salud (46.2 por ciento) no reportaron información en el último periodo de 2014.

• Casi dos terceras partes de las unidades de primer nivel urbano (63.4 por ciento) y seis de cada diez de las del área rural (59.5 por ciento) tienen fallas en el surtimiento completo de medicamentos.

• Una tercera parte de los pacientes no recibe los medicamentos que se le recetan. 3.9 millones de personas tuvieron que pagar por consultas, medicamentos o estudios de laboratorio.

• Un 61 por ciento de las unidades de urgencias incumplen con los tiempos de espera previstos en la norma.

• Una de cada diez unidades reporta más de un mes de espera para cirugía (9.6 por ciento).

• El 42.3% por ciento de las personas que se sometieron a intervención quirúrgica en los servicios públicos de salud tuvieron que pagar por algún material o medicamentos para la cirugía.

• Más de la cuarta parte de las unidades de primer nivel (27.8 por ciento) y casi tres cuartas partes de las unidades de urgencias, tienen quejas de los usuarios (73.5 por ciento).


Foto: Facebook Denuncia Ecatepec


Foto: Facebook Denuncia Ecatepec


Foto: Facebook Denuncia Ecatepec

Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador del equipo operativo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, explicó que la demanda de obligar al sector salud de transparentar los recursos y su calidad en el servicio no es un tema menor, pues la deficiencias afectan directamente a la ciudadanía y provoca sufrimiento y la muerte de los pacientes.

“Lamentablemente no lo sabemos [cuántas personas mueren por las deficiencias]. Pero hay algo claro: todo retraso en atención salud y toda atención no prestada como se debe médicamente tiene un costo de sufrimiento para las personas, un incremento de riesgo para la enfermedad y otras que se relacionan y, por supuesto, puede llevar a la muerte. Es decir, el surtimiento de medicamentos no sólo es un problema económico: dónde están quedando esos recursos si no lo hay, sino que la falta de medicamentos provoca que haya tratamientos incompletos, que no curan. Y todo retraso en salud aumenta el costo y sufrimiento del siguiente paso”, aseveró Gómez Hermosillo.

La Acción Ciudadana Frente a la Pobreza resaltó que hay más de 20 millones de personas sin acceso a servicios de salud por lo que insistió en que la Cámara de Diputados debe tomar cartas en el asunto y destinar recursos para ampliar la afiliación al Seguro Popular y lograr la cobertura universal en los próximos tres años.

Asimismo hicieron un llamado a que no se recorte el presupuesto para la salud en 2016 y se amplíe la afiliación al Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) para lograr la cobertura universal, como estaba estipulado en la reforma a la Ley General de Salud, lo cual debió cumplirse en 2010.

Las organizaciones civiles informaron que seguirán adelante con este tipo de ejercicios involucrando más organizaciones y ciudadanos, a fin de establecer un sistema de observación y contraloría ciudadana que impulse a las autoridades responsables de los servicios de salud a mejorar la atención y a aplicar los recursos con mayor efectividad.

TENDENCIA A LA PRIVATIZACIÓN


Los representantes de esta iniciativa agregaron que la propuesta de dar vales de despensa, “es un caminito a la corrupción. Efectivamente, porque no hay transparencia”. Foto: Cuartoscuro

Las 21 organizaciones que impulsan esta iniciativa adelantaron que pedirán a la Secretaría de Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a más autoridades que se investigue el destino del dinero, pues, advirtieron, “no existe la gobernanza que se requiere para que el país cuente con un sistema de calidad que garantice el acceso efectivo a la salud”.

Hicieron énfasis en que en el presupuesto federal para 2016 se prevé asignar 75 mil 437 millones de pesos en el Sistema de Protección Social en Salud y 82 mil 446 millones de pesos a través del Ramo 33, para atender a población sin seguridad social, por lo que insistieron, es imprescindible garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos estatales.

“A pesar de que en los últimos 12 años el presupuesto federal en salud para población sin seguros social pasó de 108 mil millones de pesos en 2004 a 236 mil millones en 2015, esos recursos no se han traducido en mejores servicios y acceso efectivo a la salud, pues no se surten completas las recetas de medicamentos, se generan largas esperas para consultas especializadas, estudios y cirugías, y en ocasiones se niegan los tratamientos”, detalló la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Lucila Servitje Montull, del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (IMDOSOC), opinó que la tendencia del Estado es “dividir y vencer” en el sector salud apunta que se quiere privatizarlo.

“Hay una tendencia a privatizar en todos los niveles. Es como un divide y vencerás. Lo vemos en el nivel más básico, donde después de las horas de espera y la falta de medicamentos la cuestión es irse a una farmacia, éstas de consultorio. Es lo que haríamos todos en la cuestión práctica. Pero esa tarea de resolver nuestro día a día, es defender nuestro bien público, defender aquello que es entregado a la Federación para que se reparta para todos. Ahí hay una doble tarea. Tenemos que resolver, como podamos, nuestros problemas inmediatos, pero también tenemos que saber qué pasa con esto que entregamos al Gobierno para que nos lo devuelva en forma de servicio”, refirió Servitje Montull.

Los representantes de esta iniciativa agregaron que la propuesta de dar vales de despensa, “es un caminito a la corrupción. Efectivamente, porque no hay transparencia”.

En el reporte de la a Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, se detalla que los resultados requieren atención urgente y medidas por parte de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016 se incluyan candados que impidan que la situación en el sector persista.

En esa dinámica las organizaciones proponen que se contemple en el Artículo 34 del PEF que:

Las autoridades de los Servicios Estatales de Salud y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud presentarán información detallada y accesible en formato de datos abiertos, sobre la aplicación y uso de los recursos recibidos y aportados para la prestación de los servicios estatales de salud desglosada a nivel de cada establecimiento de salud, identificado con la Clave Única de Establecimiento de Salud (CLUES), de tal manera que permita la trazabilidad de los recursos hasta su destino final..

La Secretaría de Salud establecerá un sistema de monitoreo de indicadores de acceso efectivo a la salud de cumplimiento obligatorio por parte de los Servicios Estatales de Salud, que permita conocer datos periódicos sobre surtimiento de medicamentos, tiempos de espera en cirugías y estudios, servicios negados, desglosado por establecimiento de salud identificado por la CLUES.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (CONEVAL) establecerá los lineamientos a fin de que el monitoreo y la evaluación del Sistema de Protección Social en Salud considere al conjunto de los afiliados y que se incluyan variables que permitan medir el acceso efectivo a la salud, tales como el surtimiento completo de medicamentos, la posposición o negación de estudios, tratamientos o cirugías, los cobros por servicios o la solicitud de aportar material o insumos para recibir un tratamiento o intervención.

 El Consejo Nacional de Salud, integrado por las autoridades responsables de las instituciones de seguridad social y por las autoridades de salud de las 32 entidades federativas, deben dar seguimiento a las evaluaciones y al monitoreo de los indicadores para establecer las medidas correctivas necesarias para mejorar la atención y garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud.


(SINEMBARGO.MX/ Sergio Rincón/ noviembre 9, 2015 - 15:58h)

EL SECTOR SALUD TIENE DINERO PERO, ¡LO PIERDE!.. COMO PIERDE VIDAS


El sector salud en México no carece totalmente de dinero. Sin embargo, en alguna parte del reparto y la aplicación, los recursos se pierden. Nadie sabe a dónde van a dar cientos de millones de pesos que, cada año, la SHCP y el Congreso le destina, debido a la opacidad que impera. En tanto, los hospitales no tienen medicinas, hay falta de servicios y un retraso alarmante en la atención a los derechohabientes, lo cual provoca incremento del riesgo en la enfermedad o, incluso, su muerte.


A pesar de los recursos, las unidades de salud no brindan atención de calidad, lo cual es un riesgo para la enfermedad de los pacientes; esto hace  la diferencia entre la vida y la muerte. Foto: Facebook

Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).– En el sector salud, cada retraso en la atención, cada consulta no prestada y cada medicamento no dado, representa discontinuidad en tratamientos, un costo de sufrimiento para los pacientes, incremento del riesgo en la enfermedad e incluso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

La salud pública en México, aseguraron expertos, no es una enfermedad de la sociedad, sino que se trata de un “sistema inmunológico que no funciona”. Y no porque carezca de dinero, puesto que actualmente el gasto público en salud equivale a 6.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, la mala repartición de los recursos, la opacidad y hasta la corrupción, afectan el surtimiento de medicamentos, equipo, la contratación y prestaciones del personal, entre otras situaciones –con la discriminación– afectan la calidad de los servicios.

El primer Reporte Ciudadano sobre Calidad y Acceso Efectivo a la Salud expone que la información que ofrece el sector salud sobre sus servicios está incompleta, no es consistente y presenta errores. Ejemplo de ello es que la Secretaría de Salud indica que el tiempo de espera para una consulta es de de 22 minutos en zonas urbanas; sin embargo, en la realidad una persona espera en promedio 1.32 horas para ser atendida.

El documento expone problemas como fallas en el surtimiento de medicamentos o de estudios, los cuales deben ser cubiertos por los mismos pacientes; incumplimiento en los tiempos de espera de consulta y cirugías; altos índices de quejas por parte de los usuarios; falta de transparencia en las unidades de salud; y otros malos tratos.

El investigador de la Universidad Autónoma de México (UAM), Gustavo Leal Fernández, consideró que a pesar de los recortes presupuestales, hay mucho dinero para la salud pública.

“Lo que no ha habido es la inteligencia estratégica para el uso sanitario de esos recursos. La pregunta lógica es por qué no lo ha habido, y la respuesta es muy clara: el Presidente [Enrique Peña Nieto] no ha sido capaz de remover del cargo a la Secretaria de Salud, Mercedes Juan López, porque se ha pasado tres años hablando de una supuesta reforma sectorial y a degradar el derecho a la salud de los mexicanos, y bajarlo al nivel de los paquetes del Seguro Popular. Y no han atendido las dos demandas principales de los ciudadanos, que son: la mejora de los servicios con los recursos que tenemos y la ampliación del catálogo de intervenciones del Estado”, comentó.

El catedrático agregó que “existe una gran incapacidad gubernamental por parte del equipo de Enrique Peña Nieto durante estos tres años de administración. No se ha iniciado el ajuste que requiere el sector. No se trata de una enfermedad de los mexicanos, sino de la incapacidad del Gobierno, que no ha podido con los grandes pendientes”.

LA INVERSIÓN NO SE REFLEJA



Un paciente padece las carencias en un hospital mexiquense. Foto: Denuncia Ecatepec.

En 2014, la Federación destinó 134 mil 847 millones de pesos para la procuración de 121 millones de mexicanos; es decir, aproximadamente mil 114 pesos por ciudadano. Sin embargo, esos recursos no se ven reflejados en las mejoras de los servicios de las unidades de salud, denunció la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

“Ni siquiera sabemos cuánto dinero recibe cada unidad. Por eso pedimos que para el Presupuesto de 2016 se obligue a las instituciones de salud a rendir cuentas. Para que sepamos dónde queda el dinero. Nosotros queremos seguirle la ruta al dinero porque en algún lado se está yendo y no está llegando a donde debería llegar. Por un lado, los médicos, enfermeras y usuarios se quejan de no tener los servicios, pero ellos no son los responsables, evidentemente, ellos no son quienes deben administrar y destinar los recursos; y por el otro lado, en medio, se genera una caja negra que es la que tiene que ser transparentada con el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Por ejemplo, los recursos se pueden poner en una cuenta separada [en lugar de una cuenta integradora, como actualmente se hace], ese es un buen paso. No se trata de un asunto de contabilidad, sino de rendición de cuentas”, informó Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

La organización civil detalló que actualmente, muchas de las investigaciones de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en los estados es por el daño o perjuicio por recursos que habían sido destinados al sector salud, como es el caso del Seguro Popular.

Ejemplo de ello es una auditoria al estado de Veracruz donde se realizó una observación por un monto de más de mil 580 millones de pesos, que debieron ser transferidos para la Cuota Social y las Aportaciones Solidaria Federal al Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Seguro Pupular.

Inclusive, actualmente la ASF ha interpuesto más de una docena de denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El Ramo 12, que es el que garantiza el derecho a la salud de toda la población mexicana y que administra 37 programas presupuestarios, tuvo un ajuste por 3 mil 339 millones de pesos, asociado a reducciones en prestación de servicios en diferentes niveles de atención a la salud (mil 183 millones de pesos); al Seguro Médico Siglo XXI (593 millones de pesos), y para Proyectos de Infraestructura Social de la Salud (400 millones de pesos), según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).

De acuerdo con Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador del equipo operativo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, la demanda de obligar al sector salud de transparentar los recursos y su calidad en el servicio no es un tema menor, pues la deficiencias afectan directamente a la ciudadanía y provoca sufrimiento y la muerte de los pacientes.

“Lamentablemente no lo sabemos [cuántas personas mueren por las deficiencias]. Pero hay algo claro: todo retraso en atención salud y toda atención no prestada como se debe médicamente tiene un costo de sufrimiento para las personas, un incremento de riesgo para la enfermedad y otras que se relacionan y, por supuesto, puede llevar a la muerte. Es decir, el surtimiento de medicamentos no sólo es un problema económico: dónde están quedando esos recursos si no lo hay, sino que la falta de medicamentos provoca que haya tratamientos incompletos, que no curan. Y todo retraso en salud aumenta el costo y sufrimiento del siguiente paso”, aseveró Gómez Hermosillo.

En un artículo titulado “La necesidad de transformar el sistema de salud en México”, publicado en la Gaceta Médica de México, tres investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sintetizaron los que consideraron son los principales problemas del sistema de salud mexicano.

“Los servicios no se ajustan geográficamente a las necesidades de la población, lo que se traduce en una falta de correspondencia entre las necesidades y demandas de los distintos grupos sociales, y la oferta y distribución de los recursos y servicios; problemas de acceso por barreras geográficas, económicas, culturales y organizacionales; baja e inequitativa calidad en los servicios, fallas en su estructura y problemas en la atención médica; fallas en la racionalización y optimización de los recursos; y falta de personal y recursos materiales adecuados para resolver los asuntos prioritarios, mientras que existe una asignación significativa a asuntos de importancia secundaria y a atención de alto costo y cuestionable efectividad”, detalla el documento.

COBERTURA BAJA, NECESIDADES ALTAS



El financiamiento de las instituciones de seguridad social proviene de tres fuentes: contribuciones gubernamentales, contribuciones del empleador y contribuciones de los empleados, como señala un artículo llamado “Sistema de Salud Mexicano”, y elaborado por miembros del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CSNPSS) y la Escuela de Salud Pública de Harvard.

Estas instituciones prestan sus servicios en sus propias instalaciones y con su propio personal.

Tanto la Secretaría de Salud como los Servicios Estatales de Salud (Sesa) se financian con recursos del Gobierno federal y los gobiernos estatales, además de contribuciones que pagan los usuarios al recibir la atención (cuotas de recuperación).

El Seguro Popular se financia con recursos del Gobierno federal, los gobiernos estatales y cuotas familiares, y compra servicios de salud para sus afiliados a la SS y a los Sesa (y en algunas ocasiones a proveedores privados).

Las instituciones privadas del país se financian con los pagos que hacen los usuarios al momento de recibir la atención y con las primas de los seguros médicos privados. Sus servicios son proporcionados en consultorios, clínicas y hospitales privados, de modo que van dirigidos a la población con capacidad de pago.

En la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2013, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en conjunto con el IMSS contabilizaron un total de 91 millones 540 mil 602 de derechohabientes de algún tipo de seguro, público o privado.

La mayoría está afiliada a los servicios públicos de salud. Se trata de 41 millones de personas en el Seguro Popular, otros 40 millones en el IMSS y 6 millones en el ISSSTE. Sólo 848 mil 264 personas pertenecen al segundo rubro.

El documento de la OCDE, titulado Desempeño y Reformas del Sistema Mexicano de Salud, dedicado a analizar el desempeño y las reformas del sector, señala como el mayor de sus problemas la “amplia inequidad en el acceso”, pues además de que un porcentaje menor cuenta con seguridad social, alrededor de la mitad del gasto en este sector proviene del bolsillo de las personas, en contraste con la mayoría de los países miembros de la organización que cuentan con una cobertura universal o casi universal y el gasto directo del paciente es menor al 20 por ciento.

Es decir, que más del 90 por ciento tiene algún tipo de cobertura en el sistema público, pero la cobertura no es suficiente, de acuerdo con el catedrático Gustavo Leal.

“Tenemos que tener una sector que dé seguridad social a las futuras generaciones, como lo prometió la Secretaria Mercedes Juan. Pero lo que vemos es que no están dando los paquetes los usuarios necesitan, para lo cual se requiere mucha más inversión estatal en materia de salud. Están dando seguros de gastos médicos menores para personas que necesitan una cobertura de gastos médicos mayores”, refirió Leal Fernández.

Por otra parte, existe un sector de la población que al no encontrar una pronta respuesta acude a servicios privados de fácil acceso. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, cerca de 22 por ciento de las personas que reciben atención en los con­sultorios de farmacia (el llamado médico de punto de venta), lo hace porque no quieren ir al médico en el sistema público.

LAS FALLAS Y LAS QUEJAS


La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que recibió 3 mil 684 denuncias de enero del 2014 a junio del 2015. Sin embargo, a partir de estas denuncias la Comisión sólo ha hecho 27 recomendaciones a las instituciones para tomar cartas en el asunto.

Del total de quejas recibidas, el 70 por ciento se acumulan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Por su parte la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) recibe cada año alrededor de 18 mil solicitudes, entre gestiones de ayuda, orientación e inconformidades. Son estas últimas las que derivan en quejas que son tratadas en audiencias, en primera instancia de conciliación, y segunda, de arbitraje.

Las estadísticas de la Conamed arrojaron que el número de inconformidades aumentó de mil 651 en el 2010 a ser 2 mil 50 en el 2014.

Una inconformidad puede tener varios motivos, el año pasado los afectados registraron en la Conamed que 3 mil 333 de éstos fueron por diagnósticos; 2 mil 299 por relación médico paciente; 613 por tratamiento médico; 496 por deficiencias administrativas; 98 por auxiliares de diagnóstico y tratamiento; 92 por atención a parto; 75 por accidentes e incidentes y 75 por tratamiento quirúrgico.

Del 2010 al 2014, entre las entidades que registraron un aumento en las peticiones de intervención de la Conamed sobre servicios de salud estuvo Campeche, donde subieron 95 por ciento; Colima, 90 por ciento; Tamaulipas, 48; Michoacán, 47; Zacatecas, 43, y Quintana Roo, 34.

Por el contrario, las entidades que reportaron descensos fueron Tlaxcala con 44 por ciento; Hidalgo, 43; Puebla, 39; Aguascalientes, 38, y Oaxaca, 34.

La observación que hicieron voluntarios en unidades médicas de 17 entidades del país, para el primer Reporte Ciudadano sobre Calidad y Acceso Efectivo a la Salud arrojó que:

• Una tercera parte de las unidades de salud (32.6 por ciento) no han reportado información sobre calidad de los servicios que prestan en los últimos 4 años (2011-2014); entre ellos el Hospital General Xoco, en la Ciudad de México.

• Las Cinco entidades federativas con peor rendición de cuentas en sus indicadores de calidad son: Baja California Sur, Chiapas, Distrito Federal, Michoacán y Coahuila.

• Casi la mitad de las unidades de salud (46.2 por ciento) no reportaron información en el último periodo de 2014.

• Casi dos terceras partes de las unidades de primer nivel urbano (63.4 por ciento) y seis de cada diez de las del área rural (59.5 por ciento) tienen fallas en el surtimiento completo de medicamentos.

• Una tercera parte de los pacientes no recibe los medicamentos que se le recetan. 3.9 millones de personas tuvieron que pagar por consultas, medicamentos o estudios de laboratorio.

• Un 61 por ciento de las unidades de urgencias incumplen con los tiempos de espera previstos en la norma.

• Una de cada diez unidades reporta más de un mes de espera para cirugía (9.6 por ciento).

• El 42.3 por ciento por ciento de las personas que se sometieron a intervención quirúrgica en los servicios públicos de salud tuvieron que pagar por algún material o medicamentos para la cirugía.

• Más de la cuarta parte de las unidades de primer nivel (27.8 por ciento) y casi tres cuartas partes de las unidades de urgencias, tienen quejas de los usuarios (73.5 por ciento).

 CAMINO A LA PRIVATIZACIÓN


En mayo pasado, pacientes fueron desalojados del Hospital General del IMSS “Vicente Guerrero” en Acapulco, Guerrero, tras un incendio. Foto: Cuartoscuro

Las 21 organizaciones que impulsan la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza adelantaron que pedirán a la Secretaría de Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación y a más autoridades que se investigue el destino del dinero del sector, pues, advirtieron, “no existe la gobernanza que se requiere para que el país cuente con un sistema de calidad que garantice el acceso efectivo a la salud”.

Hicieron énfasis en que en el presupuesto federal para 2016 se prevé asignar 75 mil 437 millones de pesos en el Sistema de Protección Social en Salud y 82 mil 446 millones de pesos a través del Ramo 33, para atender a población sin seguridad social, por lo que insistieron, es imprescindible garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos estatales.

“A pesar de que en los últimos 12 años el presupuesto federal en salud para población sin seguros social pasó de 108 mil millones de pesos en 2004 a 236 mil millones en 2015, esos recursos no se han traducido en mejores servicios y acceso efectivo a la salud, pues no se surten completas las recetas de medicamentos, se generan largas esperas para consultas especializadas, estudios y cirugías, y en ocasiones se niegan los tratamientos”, detalló la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Lucila Servitje Montull, del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (IMDOSOC), opinó que la tendencia del Estado es “dividir y vencer” en el sector salud apunta que se quiere privatizarlo.

“Hay una tendencia a privatizar en todos los niveles. Es como un divide y vencerás. Lo vemos en el nivel más básico, donde después de las horas de espera y la falta de medicamentos la cuestión es irse a una farmacia, éstas de consultorio. Es lo que haríamos todos en la cuestión práctica. Pero esa tarea de resolver nuestro día a día, es defender nuestro bien público, defender aquello que es entregado a la Federación para que se reparta para todos. Ahí hay una doble tarea. Tenemos que resolver, como podamos, nuestros problemas inmediatos, pero también tenemos que saber qué pasa con esto que entregamos al Gobierno para que nos lo devuelva en forma de servicio”, refirió Servitje Montull.
Los representantes de esta iniciativa agregaron que la propuesta de dar vales de despensa, “es un caminito a la corrupción. Efectivamente, porque no hay transparencia”.

El académico Gustavo Leal Fernández criticó que la administración de Enrique Peña Nieto hubiese permitido quitarle recursos al sistema de salud pública para dárselos al sector privado por medio de vales, luego de una alianza electoral.

“Fue una acción electoral. Es una vergüenza. A Peña Nieto no le importó quitarle dinero al IMSS y al ISSSTE que hubiese servido para mejorar los servicios, pero sí los quiere para cumplirle a su aliado el Partido Verde”, opinó.

Pero mientras el sector público comienza a desmantelarse, en México operan actualmente 20 empresas especializadas en turismo médico en 11 entidades federativas, con potencial para alcanzar hasta 25 mil pacientes anuales a escala nacional en los próximos cinco años, señaló el Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan Pablo Castañón Castañón.

Durante el tercer Congreso Internacional de Turismo Médico, el dirigente del sector patronal señaló que los estados que impulsan actualmente estrategias para participar en ese mercado son: Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, Quintana Roo, Puebla, Hidalgo, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, San Luis Potosí y Sonora.

El presidente nacional de la Coparmex dijo que esas entidades “se están convirtiendo en una opción atractiva para pacientes de Estados Unidos y Canadá, nuestros principales socios comerciales en la región, que buscan atenderse con costos accesibles, calidad y menores tiempos de espera”.

El dirigente empresarial consideró que el potencial de México para desarrollar el turismo médico es enorme. “Estamos seguros de que puede convertirse en un motor de desarrollo para las regiones involucradas. Si lo hacemos bien, el turismo médico tiene el potencial de crear 10 mil puestos de empleo en los próximos cinco años, en las áreas de turismo ysalud”.

En su intervención, el Subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo, Carlos Joaquín González, afirmó que México es un país altamente competitivo en turismo médico: “nuestra posición geográfica, los recursos humanos acreditados, la calidad de la atención, la calidez de nuestra gente, los costos competitivos y hasta un clima propicio nos han colocado en los primeros lugares en cuanto a desarrollo de esta línea”.

Sin embargo, reconoció que este desarrollo se ha ido gestando de manera desarticulada, por lo cual hizo un llamado a los distintos sectores: “requerimos coordinación y sinergia para realmente aprovechar el potencial que tenemos enfrente”, exhortó.

 –Con información de Juan Luis Hernández.


(SIN EMBARGO.COM/ Sergio Rincón/  noviembre 23, 2015 - 00:00h)