MÉXICO DF (Proceso).- Las
ejecuciones y ataques en Acapulco alcanzaron ya a restaurantes y comercios de
la zona turística de la costera Miguel Alemán, lo que preocupa a empresarios,
operadores turísticos y maestros del puerto, quienes el jueves 12 lanzaron una
llamada de auxilio a los tres niveles de gobierno.
Dicen que la inseguridad
colapsó el sector educativo y la vida nocturna del puerto, por lo que acordaron
autoimponerse un toque de queda a partir de las siete de la tarde.
Evodio Velázquez Aguirre,
alcalde de Acapulco, lo admite: “La inseguridad existe. No puedo ser
irresponsable al no aceptar que hay un problema complejo”.
Y añade: “Lo que debemos
hacer los nuevos gobiernos municipal y estatal, en coordinación con el federal
y con el sector eclesiástico, es asumir el reto en colonias con dificultad y
con índices delictivos altos; pero desde la fe, con programas de reconstrucción
del tejido social e integración familiar”.
El arzobispo de Acapulco,
Carlos Garfias, asienta: “Ante esta dramática situación de violencia, nosotros
en la Iglesia aportaremos todo nuestro esfuerzo para colaborar estrechamente
con las autoridades municipales, pues es un problema que nos afecta a todos.
Nuestro objetivo es alcanzar la paz y la reconciliación”.
La estadística sobre
seguridad es contundente: de acuerdo con cifras “preliminares” de la Fiscalía
General del Estado de Guerrero, en lo que va del año se han registrado 754
ejecuciones, lo que significa 2.37 muertos por día. Además, según datos de
organismos del giro comercial, cerraron más de mil negocios; lo mismo sucedió
con 50 bares y antros, además de que los cruceros prácticamente dejaron de
llegar. Ello sólo en el sector económico, porque en el educativo, en la última
semana cerraron 14 escuelas.
La Encuesta Nacional de
Victimización 2015 indica que 88.5% de los acapulqueños se sienten inseguros.
El alcalde Velázquez Aguirre,
quien asumió el cargo apenas el pasado 30 de septiembre, asegura a Proceso que
para reducir el índice de violencia se instalaron grupos operativos como parte
del programa Coordinación Acapulco, en el que participan elementos de la
Marina, el Ejército y la Gendarmería, así como policías federales, estatales y
los municipales de Acapulco.
En unos días, el ayuntamiento
presentará el programa Escudo Acapulco, el cual atenderá tres vertientes: la
educativa, mediante la capacitación; la mejora de las condiciones salariales de
los policías municipales, y la tercera, que es la tecnológica, fortaleciendo
los sistemas de vigilancia y acercamiento con la ciudadanía.
Velázquez Aguirre considera
clave la participación ciudadana: “Todos los gremios, incluyendo a las
distintas Iglesias, acordamos resarcir el tejido social en las colonias con
dificultad y con índices delictivos altos. A través de la Fundación para la
Reconciliación implementamos un programa que funcionó en Medellín, Colombia, en
donde se vivía una situación similar a la de Acapulco, provocada por el crimen
organizado.
–¿Las iglesias firmaron un
acuerdo con el gobierno municipal?
–Sí. A ello nos llevó el
hartazgo de ser indolentes, el dejar de actuar ante los problemas que se
suscitan en el país y que se han agravado en ciudades como Acapulco. Hoy
trabajamos de frente con la sociedad. El acuerdo está basado en un estudio
denominado Cuadrantes de dificultad en Acapulco, a donde vamos a entrar con un
programa de reconciliación con la ciudadanía, pero desde un planteamiento de la
fe.
–¿Con esto los cárteles
dejarán de operar en Acapulco?
–Lo que hay que hacer es
cuidar nuestro territorio y cuidarlo desde la parte más sensible, que es la
parte de la comunidad, del barrio, de la colonia. Si nos organizamos desde allí
vamos a poder cuidarnos y vamos a poder ir tejiendo fino a la sociedad. Iremos
componiendo situaciones que se han descompuesto de algunos años a la fecha.
Tenemos gran confianza.
Para la zona costera se
preparó a 200 elementos que integrarán la nueva Policía Turística; además,
habrá uniformados que estarán en la capitanía de puertos “cuidando la
integridad de los turistas dentro y fuera del mar”.
LAS DUDAS
Laura Caballero, presidenta
de la Asociación de Comerciantes Establecidos en la Costera Miguel Alemán,
considera fallidos los operativos: “Desde hace algunos meses en que se desató
la violencia y los hechos sangrientos, los ‘turisteros’ lanzamos un SOS. Sólo
en la costera cerraron 60% de los negocios, mientras que algunos bares y
discotecas abren sólo dos días a la semana”.
Caballero hace un llamado al
presidente Enrique Peña Nieto, al gobernador Héctor Astudillo y a los alcaldes
para que reconozcan la magnitud del problema de seguridad en el puerto.
Javier Reynada Carbajal,
presidente de restauranteros de Acapulco, aseguró que los recientes asesinatos
en la zona turística han generado pánico y terror entre los agremiados, ante lo
cual han optado por un “toque de queda” después de las siete de la tarde. El
ataque armado en el restaurante Buzos, en la calle Cristóbal Colón, es señal de
que nadie está a salvo. Debido a las amenazas o a los atentados, cerca de mil
negocios han sido desplazados.
El presidente de la Cámara
Nacional de Comercio en Acapulco, Javier Saldívar Rodríguez, afirma que las
continuas muertes violentas y balaceras sobre la costera Miguel Alemán
provocaron el cierre de negocios a partir de las ocho de la noche: “La
autoridad debe de asumir su papel, pues pequeños y grandes empresarios deciden
entre solventar impuestos y pagar ‘derecho de piso’”.
A su vez, unos mil maestros
afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a la
Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, trabajadores
del Colegio de Bachilleres y de la Dirección General Técnica Industrial
marcharon el jueves 12 por las calles de Acapulco para denunciar las
extorsiones y secuestros de las que son objeto.
Personal de tres escuelas
denunció que hombres armados ingresaron a las instituciones y exigieron que se
les entregaran los aguinaldos de los profesores. De inmediato 14 planteles
cerraron.
El director de Servicios
Regionales de la Secretaría de Educación en Guerrero, Édgar Martín Parra,
declaró que no se descontará el salario a los maestros que por la inseguridad
falten a clase. “Estamos protegiéndolos –dijo–. Los llamamos a que se
concentren en las supervisiones de los centros de trabajo”.
El sacerdote Bulmaro
Hernández, quien se encuentra a cargo del Observatorio Pastoral de la Realidad
Social, dependiente de la arquidiócesis de Acapulco, señala:
“A pesar del nuevo programa
policiaco-militar de seguridad implementando por el gobierno federal, se ha
recrudecido muchísimo la violencia. Estamos viviendo una crisis humanitaria,
una emergencia en materia de derechos humanos.”
Indica que actualmente “14
escuelas en Acapulco han suspendido totalmente sus clases debido a que hombres
armados entraban a ellas y les exigían cuotas mensuales de entre 10 y 40 mil
pesos”.
Además, dice, “hay otras 62
escuelas que están trabajando parcialmente debido a la inseguridad y la
violencia”.
Según el informe Proceso de
construcción de la paz en la arquidiócesis de Acapulco, elaborado por la propia
arquidiócesis, “en una ciudad con 1 millón de habitantes se puede decir que la
mayoría de la población ha sido víctima de alguna forma de violencia, como las
extorsiones, las amenazas y el cobro de piso. Por cada víctima de la violencia
que se registra de manera directa, hay un entorno de 10 personas más que son afectadas
de forma indirecta”.
Los secuestros se han
disparado y hoy cualquier acapulqueño es secuestrable, indica el estudio.
Señala también que Acapulco es un “puerto de alcance internacional” en el que
poco a poco se tuvo que “responder a la demanda de drogas que ciertos sectores
del turismo requiere”.
Ahora, ante la actual
expansión de la violencia, el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias, comenta
sobre el acuerdo que el Consejo Interreligioso de Guerrero –al que pertenece su
arquidiócesis–firmó con la alcaldía de la ciudad el pasado 19 de octubre:
“Es un acuerdo de voluntades
entre las distintas iglesias y el gobierno municipal a fin de combatir la
violencia. Nosotros apoyaremos los programas de convivencia y de seguridad
implementados por el gobierno; éste apoyará nuestras actividades y nos
facilitará las plazas, los parques y otros lugares públicos que necesitemos.”
El documento, firmado por el
alcalde Velázquez Aguirre; el presidente del Consejo Interreligioso, Salvador
Cisneros, y el arzobispo Carlos Garfias, estipula que uno de sus principales
objetivos es “generar un cinturón de seguridad social” para proteger de la
violencia a los acapulqueños.
Agrega que las actividades
que se implementarán serán de “índole cultural, artístico, recreativo, deportivo
y de esparcimiento” encaminadas a promover “valores humanos, morales y éticos”
sin fines partidistas ni de proselitismo religioso.
Garfias adelanta que toda
esta semana las iglesias y la sociedad civil realizarán manifestaciones,
celebraciones litúrgicas y encuentros de reflexión. “Será la Semana por la Paz.
En la arquidiócesis estamos poniendo todo nuestro empeño por alcanzar la paz y
la reconciliación.
En estas jornadas, en las
cuales participarán dos importantes redes sociales: Guerrero es Primero y Red
Acapulco por la Paz, incluyen una marcha multitudinaria el sábado 21 que
partirá de la catedral de Cristo Rey y concluirá a un costado del Centro de
Convenciones de Acapulco.
Apenas la mañana del lunes
16, el exdirector de Gobernación del ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, Felipe
Loyo Malabar, fue asesinado afuera de su domicilio, en la colonia Hogar Moderno
de ese puerto.
El cuerpo del exfuncionario
fue hallado con varios impactos de bala en el asiento del piloto de su
automóvil, un Jetta café, estacionado en la calle Río Atoyac.
Luego de que las autoridades
policíacas recibieron el reporte del homicidio, aproximadamente a las 8:30 de
la mañana, el hermano de la víctima, el ex fiscal Pedro Loyo Malabar,
identificó el cadáver.
(PROCESO / REPORTAJE ESPECIAL/ PATRICIA DÁVILA Y RODRIGO VERA/ 17 DE
NOVIEMBRE DE 2015)