El
profe José Guzmán López González, regidor del Ayuntamiento de Guaymas, hizo la entrega de varios tambos para la
basura a la escuela primaria “Francisco L. Llano”, de la colonia “Miguel
Hidalgo”.
Lo
anterior se dio como respuesta a una petición de los padres de familia,
maestros y alumnos que hicieron
recientemente al regidor guaymense.
Asimismo,
se comprometió a realizar las gestiones necesarias para mejorar las
condiciones en las que se encuentra
dicho plantel educativo.
(REPORTEROS.COM/ JAVIER VELAZQUEZ PEÑA/
27 DE OCTUBRE 2015)
Ayer
lunes en los honores a la bandera, que tradicionalmente se realiza en las
escuelas primarias y secundarias del país, el regidor del Ayuntamiento de
Guaymas y, profesor José Guzmán López González hizo acto de presencia en la escuela
secundaria federal “Francisco I. Madero”, a partir de las 7:30 horas.
Luego
de la ceremonia cívica, hizo entrega de varios tambos de basura que
previamente, le habían solicitado para la escuela, la sociedad de padres de
familia, maestros y estudiantes.
Por
su parte, el director y subdirector de la Secundaria Federal “Francisco I.
Madero” profesor Gilberto López y profesor Jorge Castillo Morán, respectivamente,
agradecieron al regidor y profesor José Guzmán López González por el apoyo
brindado a su plantel educativo.
Asimismo,
el edil guaymense, se comprometió a
gestionar acciones para mejorar las condiciones físicas de dicho plantel
educativo porteño.
Antes
de concluir, la entrega de los tambos de basura, los alumnos y maestros le agradecen su apoyo, con un ¡¡¡¡Gracias profesor!!!!
(REPORTEROS.COM/ JAVIER VELAZQUEZ PEÑA/
27 DE OCTUBRE 2015)
México, 27 oct (EFE).- El
grupo Televisa dijo hoy que investigará hasta “llegar a las últimas
consecuencias” para determinar si una de sus presentadoras fue víctima de acoso
sexual durante un programa de la cadena o se trató de una actuación, después de
que esta denunció presiones de la firma para que mintiera.
Fuentes de Televisa dijeron a
Efe que “se invitará a la conductora (Tania Reza) a que dé su testimonio ante
representantes del área central de Recursos Humanos y de Auditoría, a fin de
que explique a la empresa lo acontecido”.
El sábado pasado, durante la
transmisión del programa A Toda Máquina (ATM) en el canal local de Ciudad
Juárez por Televisa Chihuahua, se dio un episodio en el que el conductor
Enrique Tovar acosa a Reza.
En el video se aprecia cómo
el presentador toca a la joven en las caderas y en el pecho, hasta que esta se
molesta, se quita el micrófono y se retira de la pantalla, tras lo que él hace
comentarios groseros como “creo que mi compañera anda un poquito hormonal” o
“se le subieron las ubres”.
Televisa anunció el lunes el
despido de ambos después de que el área de Recursos Humanos llevó a cabo una
investigación en la que los dos presentadores dijeron que “la escena fue
actuada con el propósito de crear un contenido viral” y que “no informaron a la
producción que realizarían ese acto ofensivo”.
La empresa reprobó
“rotundamente este hecho y cualquier tipo de acoso” e informó su decisión de
despedirlos, si bien exhortó a Reza a hacerle saber a la empresa “si lo que
sucedió en el programa (…) difiere de su primera declaración”, con el fin de
“apoyarla y acompañarla en el proceso de denuncia correspondiente”.
Unas horas después la
presentadora aseguró a través de su cuenta en la red social Facebook presiones
de parte de la compañía para “decir o incluso grabar” que ella es culpable.
“Nunca me he rajado, ya son
casi 6 años en esta empresa. Así que, como siempre lo digo, A DARLE MI GENTE. Y
a tratar de que salga la Verdad. Si me obligan a quitar esto, al menos ya lo
dejé en mis redes sociales”, añadió.
En un video difundo el lunes
por la propia cadena ambos presentadores aseguran que el programa que se hizo
viral fue grabado hace tres semanas, que en “ningún momento hubo acoso” y que
son “muy amigos”.
Señalan también que no
pensaron hasta dónde iba a llegar y aseguran que la empresa no tuvo la culpa.
Mientras él dice que fue una decisión personal, ella señala que fue de la
producción.
Fuentes de la cadena
explicaron hoy a Efe que la empresa “realiza en estos momentos la investigación
correspondiente del caso para revisar si lo que la conductora Tania Reza le
dijo al área de Recursos Humanos en Ciudad Juárez, Chihuahua, es similar a lo
que ella grabó en el video después de que se hizo público el incidente”.
“Una parte relevante de la
investigación será conocer si, como ha dicho la conductora, el video se grabó
hace un par de semanas”, comentaron.
Además, señalaron, el grupo
“está muy preocupado por esta situación” y ya se puso en contacto con las
autoridades para que, en el ámbito de sus facultades, revisen el caso.
El Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación (Conapred) informó el lunes que abrió una queja de
oficio en contra de Tovar por presuntos actos de discriminación en contra de Reza,
una investigación en la que participará la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH).
Fuentes del Conapred
confirmaron a Efe que la empresa Televisa ya ha sido notificada formalmente de
esta investigación.
La Secretaría de Gobernación
condenó dichos “actos de violencia de género” y señaló que buscará, a través de
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
(Conavim), acompañar “a la conductora en caso de que desee presentar una
denuncia penal ante la Fiscalía General del estado de Chihuahua”.
(SINEMBARGO/ Redacción / octubre 27,
2015 - 17:25h)
Los planes estadounidenses de
expandir el TPP en el sudeste asiático tienen implicaciones mixtas para México,
ya que estos países son rivales directos en un número importante de productos
clave en las exportaciones mexicanas
Productores mexicanos han expresado su
preocupación por la entrada de productos chinos disfrazados de importaciones
vietnamitas que puedan burlar los aranceles vigentes
“Estados Unidos y los miembros del TPP
han dicho repetidamente que el acuerdo no pretende apuntar hacia China y que no
está diseñado para contener o excluir a China”
Gao Hucheng
Ministro de comercio de China
+18,000 tarifas alrededor de la zona Pacífico fueron
recortadas a raíz del TPP, lo que le abre la puerta a los países del sudeste
asiático para que sus exportaciones compitan por participación de mercado en
Estados Unidos
5 puntos porcentuales se incrementará el PIB de México
para 2025 en caso de que el TPP se amplíe a más de 17 países, según un reporte
Instituto Peterson de Economía Internacional
La semana pasada el
presidente de Estados Unidos Barack Obama dijo en una conferencia de prensa que
va “a persuadir a la mayor cantidad de países posibles de apoyar el Acuerdo
Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP por sus siglas en
inglés).”
El mensaje fue entendido como
una confirmación de que el TPP es un proyecto en expansión. Obama se reunió el
16 de octubre con la presidenta de Corea del Sur, Park Geun Hye. Uno de los
temas prioritarios de la reunión fue la potencial incorporación del país
asiático al acuerdo comercial más grande del mundo.
En ese sentido, Obama también
sostuvo ayer un encuentro con su homólogo de Indonesia, Joko Widodo, para
tratar temas similares.
El cabildeo de Estados
Unidos, abocado a integrar a las economías del sudeste asiático, tiene
implicaciones mixtas para México, un país que ha gozado de una ventaja
competitiva dada su integración con la mayor economía del mundo.
Pese a la intensificación de
la competencia por el mercado estadounidense, particularmente en las industrias
de electrónicos y textiles, el gobierno mexicano ha insistido en que ser socios
fundadores del TPP les ha permitido escribir las reglas del juego.
LOS NUEVOS JUGADORES
Tras el fin de las
negociaciones entre los doce miembros fundadores del TPP, se dejó claro que el
acuerdo sentaba las bases para la incorporación de nuevos miembros,
especialmente del sudeste asiático.
El Instituto Peterson de
Economía Internacional publicó un reporte en el que insistía en que la entrada
de países como Corea del Sur, Filipinas,Tailandia, Taiwán, Indonesia y
eventualmente China al TPP se traduciría en mayores ganancias para los países
miembro.
Para México, según argumenta
el instituto, esto significa la diferencia entre un beneficio marginal y lo que
podría ser una aportación de cinco puntos porcentuales al Producto Interno
Bruto (PIB) del país para el 2025.
Sin embargo, esta perspectiva
se ha tomado con reserva considerando que las manufacturas asiáticas son
rivales directos de un número importante de segmentos clave de exportación de
México.
Corea del Sur fue uno de los
primeros países en levantar la mano para integrarse al TPP. El país es
considerado un candidato natural dada su vocación exportadora, su mercado
desarrollado y su ventaja competitiva en la producción de manufacturas
electrónicas.
Indonesia, por otro lado,
está transitando lentamente desde una visión económica proteccionista hacia una
postura más amigable con el libre comercio. A inicio de mes, el ministro de
comercio declaró que el país se estaría uniendo al TPP en los siguientes dos
años.
EL RIVAL A VENCER
Este país depende en gran
medida de la exportación de bienes manufacturados, los bajos salarios
representan una fuente relevante de su ventaja competitiva y el TPP le ofrece
una nueva ventana para explotar el mercado estadounidense.
El paralelismo con México es
impresionante, pero la descripción hace alusión a Vietnam, el miembro fundador
del TPP que será el país más beneficiado con el acuerdo, según un consenso de
analistas.
La agencia Bloomberg reporta
que se pronostica un incremento de 11 por ciento del PIB de Vietnam en la
siguiente década a raíz del impulso del TPP.
En este periodo, se espera que las exportaciones del país asiático se
incrementarán en un 28 por ciento dada la reducción de más de 18 mil tarifas
contempladas en el tratado.
La firma Eurasia Group estima
que la industria textil y de calzado presentará un incrementó de 50 por ciento
para los siguientes diez años.
La preocupación para México
no se limita a la amenaza que Vietnam representa para su participación de
mercado en Estados Unidos. Miembros de
la industria mexicana han expresado su preocupación respecto a la entrada de
productos chinos disfrazados de importaciones vietnamitas que puedan burlar los
aranceles prevalecientes. El 80 por ciento de los insumos de Vietnam provienen
de China, de acuerdo al presidente de la Cámara de la Industria Textil en
México.
CHINA AMBIVALENTE
La gran duda que ha generado
el TPP es su postura frente a China, el país que el año pasado le arrebató a
Estados Unidos la primera posición como la nación con mayor actividad
comercial.
La administración de Obama ha
emprendido una política a favor del libre comercio global. Estados Unidos fue
el principal patrocinador de las negociaciones del TPP y actualmente se
encuentra en conversaciones con Europa para establecer un acuerdo
transatlántico de características similares.
Tras el cierre de las
negociaciones del TPP, la primera lectura del acuerdo fue recibida como una
medida de contención hacia China. Obama declaró que sin el TPP, se dejaría que
el gigante asiático dictara las reglas
del comercio global.
No obstante, ha crecido la
expectativa de que el ingreso de China al acuerdo no sólo es inevitable, sino
deseable para el desarrollo comercial global.
Gao Hucheng, ministro de
comercio de China, aseguró a inicios de mes que no veía al TPP como un proyecto
diseñado para excluir al gigante asiático. Asimismo, el Study Times, uno de los
diarios más influyentes del Partido Comunista, publicó un editorial
argumentando que China debería ingresar al TPP ya que esto se encuentra en
línea con su proceso de reforma económica.
(REPORTE ÍNDIGO/ RODRIGO CARBAJAL/ Martes 27 de octubre de 2015)
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El
gobierno mexicano y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI) lograron 10 puntos de acuerdo los cuales, de aplicarse a cabalidad,
podrían modificar radicalmente la investigación sobre los acontecimientos del
26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Sin embargo, las
declaraciones de los funcionarios públicos que acudieron a Washington muestran
que se busca preservar las posiciones originales del gobierno mexicano:
realizar un nuevo peritaje sobre la presunta cremación de los cuerpos en el
basurero de Cocula; mantener la investigación en manos de la misma Procuraduría
General de la República (PGR) –cambiarla de una subprocuraduría a otra es una
medida cosmética–; y evitar que los militares sean entrevistados por el GIEI.
La PGR, sin importar el
cambio de su titular, persiste en su pretensión de culpar de los hechos a las
policías municipales de Iguala y Cocula y deslindar de cualquier
responsabilidad a las fuerzas federales (Policía Federal, Ministerial Federal y
Ejército).
El subsecretario de Derechos
Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, sostiene que “el
informe es coincidente con la investigación que hizo el Ministerio Público, ya
que los perpetradores de estos hechos son corporaciones policiacas de Iguala,
Cocula y los expertos apuntan a la responsabilidad del gobierno municipal de
Iguala…”
Sin embargo Campa ignora las
recomendaciones 8 y 9 del informe del GIEI que solicitan: “Investigar si la
actuación de todos los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en los
hechos fue acorde a derecho y si cumplieron con sus respectivos protocolos de
actuación, especialmente, con la obligación de proteger a los ciudadanos”; e
“investigar a todos los posibles responsables que podrían haber participado en
los hechos de acuerdo con las declaraciones testimoniales y otras evidencias
probatorias.”
El informe, en la página 325,
señala explícitamente: “Los escenarios de violencia de esa noche muestran un
panorama de indefensión de las víctimas frente a los agresores. Ello no sólo
por el hecho de que se trataba de policía municipal, sino porque ninguna otra
fuerza del Estado que estaba teniendo conocimiento de los hechos o estuvo
presente en algunos escenarios cuando se producían y fue testigo del nivel de
agresión y violaciones de derechos humanos, actuó en protección de los
normalistas.”
En la 318 destaca: “Además de
la policías municipales de Iguala y Cocula que fueron los directos agresores,
en las dos escenas de Juan N. Álvarez y el Palacio de Justicia, de donde fueron
detenidos y desaparecidos normalistas, hubo presencia de agentes del Ejército,
de la Policía Federal y ministerial en distintos momentos.”
El documento señala además
que hay dos momentos en que no hay comunicaciones en el C-4 y que un documento
oficial de Protección Civil de la coordinación de Chilpancingo señala “que no
tiene acceso a información a partir del C-4 en ciertos momentos esa noche,
porque la comunicación está intervenida por Sedena.”
Hoy incluso se sabe (Proceso
2033) que tanto el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, como el
entonces procurador, Iñaky Blanco, hablaron directamente con el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y solicitaron el apoyo del Ejército y
la Policía Federal, mismos que les fueron negados.
Efectivamente, como señala
Campa, hasta el momento en la investigación del GIEI no hay “absolutamente
ningún elemento o evidencia que haga suponer la participación de miembros de
las Fuerzas Armadas”, pero sí hay muchos elementos que obligan a seguir las dos
recomendaciones del GIEI ya citados, pues sus responsabilidades pueden ser por
omisión, al no proteger a los normalistas; como por haber brindado protección a
los actores directos de la desaparición forzada.
Contrario a lo que señala
Campa hay muchos cabos sueltos en la investigación de la PGR y muchos de éstos
ya fueron claramente señalados en el informe del grupo de expertos. Las
diferencias entre las investigaciones no se limitan a si fueron o no cremados
en el basurero de Cocula.
Dentro de estos 10 puntos de
acuerdo hay cuatro que pueden modificar radicalmente el rumbo de la
investigación o convertirse en fuente de conflicto entre la PGR y el GIEI, ya
que obligan a la Procuraduría a someterse a los lineamientos de los expertos:
el 3 que señala que el nuevo equipo de trabajo se conformará con gente “de
confianza de la Procuraduría General de la República (PGR) y del GIEI”; el 5,
que compromete que “las autoridades mexicanas deberán de trabajar de manera
conjunta con el GIEI, informando las diligencias a realizar y líneas de
investigación”; el 7, que obliga a formalizar reuniones entre el GIEI y el
nuevo equipo de trabajo; y el 8, que indica: “El grupo de expertos
proporcionará a la PGR un documento de trabajo para llevar a cabo la
investigación.”
De cumplirse estos cuatro
puntos el cambio de subprocuraduría responsable de la investigación sería más
que cosmético, pero hasta hoy todo indica que la PGR está más empeñada en
preservar “la verdad histórica” para deslindar a las fuerzas federales de
cualquier responsabilidad, a pesar de que cada día surgen más evidencias de que
en el mejor de los casos fueron negligentes, pues tuvieron la información de lo
que ocurría el 26 de septiembre del 2014 con toda oportunidad y no hicieron
nada para evitarlo.
Así que el forcejeo entre los
organismos internacionales y el gobierno federal se prolongará, por lo menos
durante los siguientes seis meses, en los cuales el grupo de expertos
continuará su labor en el país.
(PROCESO/ ANÁLISIS/ JESÚS CANTÚ/ 27 DE OCTUBRE DE 2015)
COLIMA, Col., (apro).-
Rigoberto Salazar Velasco, uno de los funcionarios estatales que intervino en
la elección de gobernador y provocó su anulación, se separó de su cargo como
secretario de Desarrollo Social con el objetivo de enfrentar las acusaciones
que puedan recaer sobre él después de que el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) lo vinculó con la decisión de echar abajo los
resultados de los comicios.
En un comunicado, comentó que
su renuncia fue presentada “con carácter de irrevocable” al gobernador Mario
Anguiano Moreno desde el pasado 25 de octubre.
El ahora ex funcionario
expuso: “De manera contundente, deslindo al titular del poder ejecutivo estatal
de cualquier expresión que yo haya vertido, y dejo además en claro que jamás
existió intromisión de un servidor o de personal a mi cargo en la campaña del
candidato a gobernador del Partido Revolucionario Institucional”.
En relación con la
comparecencia realizada el 20 de octubre, donde fue cuestionado por un audio en
el que se le escucha dando instrucciones de apoyar al candidato del PRI,
aseguró: “En ningún momento acepté la veracidad de la grabación, la cual,
sostengo, fue editada de manera perversa con el objetivo de causar daño y
repercusiones legales a la elección constitucional”.
Así también, lamentó “la
perversidad con la que actuó el equipo del senador Jorge Luis Preciado
Rodríguez, y especialmente el grupo parlamentario del PAN en el Congreso Local,
quienes en lugar de cumplir con la encomienda que el pueblo les ha conferido,
se dedicaron a fungir como orquestadores de una estrategia con el único
propósito de manchar o de torcer la elección y afectar a mi persona y al
candidato del PRI a la gubernatura del Estado”.
Rigoberto Salazar indicó que
acata la decisión de la Sala Superior del TEPJF, pero no la comparte. “Y no lo
hago porque sus dichos han dañado mi reputación, que ponen en peligro mi vida,
a mi familia, a quienes me conocen, puesto que ya he recibido agresiones a raíz
de los señalamientos públicos que me hicieron”.
Considerado un personaje de
la vieja guardia priista, Salazar Velasco sostuvo que deja la dependencia
gubernamental “con la frente en alto, pues durante este tiempo me desempeñé
siempre con ética y entregándome en cuerpo y alma a la noble labor de impulsar
el desarrollo social en el Estado”.
(PROCESO/ PEDRO ZAMORA BRISEÑO/ 27 DE
OCTUBRE DE 2015)
MONTERREY, N.L. (apro).- Un
juez federal rechazó el recurso de apelación promovido por el Congreso Nacional
Ciudadano (CNC) para evitar que se desechara la denuncia por corrupción
presentada contra el exgobernador priista Rodrigo Medina de la Cruz.
Gilberto Lozano González,
presidente del colectivo, cuestionó la decisión del juez, el cual, dijo, pudo
haber operado indebidamente para beneficiar al exmandatario.
“Es una argucia legal. Hubo
tortuguismo, porque la audiencia constitucional fue el 23 de septiembre, y
tardaron casi un mes y medio para hacer el proyecto de sentencia”, declaró el
activista, quien el pasado 20 de mayo denunció ante la Procuraduría General de
Justicia (PGJ) del estado a Rodrigo Medina y a su padre, Humberto Medina
Ainslie.
En el mismo expediente,
Lozano involucra a Greta Salinas y Alejandro Medina, esposa y hermano del
exgobernador, por haber participado en diversos ilícitos.
Entre otras pruebas de cargo,
el CNC presentó un documento con 575 páginas del dictamen de la Auditoría
Superior del estado, que en el ejercicio 2012 detectó irregularidades por 14
mil 135 millones de pesos. El recurso fue respaldado por 20 mil 793 firmas
ciudadanas.
No obstante, el 4 de junio la
denuncia establecida en el expediente administrativo 77/2015-I fue desechada
por el entonces procurador Javier Flores, quien determinó que no había delito
que perseguir.
En respuesta, los
denunciantes acudieron a la justicia federal, que ayer también les expresó su
negativa.
De acuerdo con el activista,
el juez primero de distrito en materia penal, Eustacio Esteban Salinas Wolberg,
estimó que los inconformes carecían de interés legítimo para reclamar el amparo
en la investigación que se le sigue a Medina de la Cruz.
Lozano advirtió que llevará
la impugnación al Tribunal Colegiado, porque las firmas presentadas –dijo– le
dan un interés colectivo a la denuncia.
“Ellos hablan de que no
tenemos interés legítimo, al ser sólo un grupo de ciudadanos los que piden el
amparo. Consideramos que el juez está ignorante de las miles de firmas, por lo
que vamos a presentar el recurso ante el Tribunal Colegiado, y alegaremos que
esas firmas le dan al amparo un interés colectivo”, subrayó.
De igual manera, mencionó que
investigará si el juez es familiar de la esposa del exmandatario. “Estamos
investigando si el juez Esteban Salinas no tiene parentesco con Gretta Salinas,
porque los Salinas son una familia política. Habrá que entender quién está
detrás de este juez y los nexos familiares que puede tener con el apellido”.
El fundador del CNC retó al
gobernador Jaime Rodríguez Calderón a hacer cumplir la ley en el estado, antes
de que lo obligue una instancia federal, como ocurriría si la revisión procede.
“Yo pregunto si ‘El Bronco’ y
el procurador Roberto Flores tienen que ser obligados a hacer la investigación
o si tienen voluntad política para darle para adelante a la acusación que
hicimos en mayo. El rechazo ocurrió, inicialmente, por el Poder Judicial de
Medina. Te pregunto, Jaime Rodríguez: ¿Debes ser obligado por un juez federal
para hacer las investigaciones?”, subrayó.
Lozano González aclaró que
independientemente del resultado de la revisión que solicitará esta semana, se
mantiene abierta la averiguación previa
AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF7/M-II/120/2015, que abrió el agente del Ministerio
Público Federal, Rubén Martínez Casanova, por lavado de dinero.
Recordó que en esta querella
se señala que los ingresos de Medina de la Cruz han sido, a lo largo de su vida
laboral, de 8.6 millones de pesos, por lo que no pudo adquirir su casa de 19
millones en el municipio de Santiago, como él públicamente reconoció antes de
finalizar su sexenio.
Asimismo, advirtió que la
tarde de este martes efectuaría una manifestación en la escalinata del edificio
del Poder Judicial de la Federación, para presentar las cajas que contienen las
firmas con las que respalda la denuncia ciudadana.
(PROCESO/ LUCIANO CAMPOS GARZA/ 27 DE
OCTUBRE DE 2015)
MÉXICO, D.F.,
(proceso.com.mx).- La Policía Federal cumplimentó una orden de aprehensión
contra Jaime Bustos Cabrera, uno de los probables responsables de la privación
ilegal de la libertad y homicidio de 12 agentes en julio de 2009 en Michoacán.
Bustos Cabrera, de 39 años de
edad, presumiblemente se desempeñaba como escolta y mensajero del crimen
organizado. Además de entregar pagos a operadores, era responsable de
recolectar y empaquetar mariguana.
La Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) federal informó en julio de 2009 que miembros del Cártel de La
Familia fueron los responsables de asesinar a 12 agentes federales.
Los cadáveres de los policías
fueron hallados el lunes 13 de julio de 2009 en la carretera Siglo XXI, en
Michoacán.
En un comunicado, la Comisión
Nacional de Seguridad Pública informó que Bustos Cabrera operaba en los
municipios de Arteaga, Huetamo y Lázaro Cárdenas.
“Además, Jaime Bustos cuenta
con antecedente penales por su probable responsabilidad en delitos ambientales
y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en noviembre de
2008.
“El mandamiento judicial fue
girado por el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales
Federales en el estado de Tamaulipas, por los delitos de delincuencia organizada
con el propósito de cometer delitos contra la salud y secuestro, así como
privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro”, añade el
comunicado.
MÉXICO, D.F., (apro).- La
organización civil SonoraSOS exigió al presidente Enrique Peña Nieto y a la
procuradora General de la República (PGR), Arely Gómez, dar trámite “urgente” a
las denuncias presentadas contra el exgobernador del estado, Guillermo Padrés
Elías y “todo su grupo”, por diversos delitos.
En un desplegado titulado
“Urge justicia para Sonora”, la organización apremia al ejecutivo a atender
denuncias presentadas, entre otros, por SonoraSOS, Sonora Ciudadana y el
Partido del Trabajo, relacionadas con delitos de enriquecimiento ilícito,
operaciones con recurso de procedencia ilícita, ejercicio indebido del servicio
público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso indebido de
atribuciones y facultades, peculado y los que resulten.
El desplegado, cuya
publicación se atribuye Santiago Luna García, presidente de SonoraSOS, destaca
que sólo en los primeros 30 días de administración de la nueva gobernadora,
Claudia Pavlovich, se han encontrado desfalcos y omisiones millonarias.
Entre dichas irregularidades
menciona: un desfalco superior a los dos mil 172 millones de pesos en el sector
educativo; 70% de las carreteras del estado en estado “deplorable” cuya
rehabilitación requiere de unos tres mil 600 millones de pesos.
Denuncia también la caída del
sector salud: pérdida de certificación de hospitales, en la reafiliación del
Seguro Popular, en el abasto de medicamentos y en el desempeño del uso de
recursos federales que ha ocasionado un déficit de más de mil millones de
pesos.
En el ramo de seguridad
pública, abunda, se ha encontrado un quebranto financiero de 75 millones de
pesos y un déficit presupuestal para este año de 294 millones.
El Isssteson, subraya, está
en bancarrota pues debería tener cuatro mil millones de pesos en el fondo de
pensiones “y sólo dejaron 87 millones. Un desabasto del 60% de los medicamentos
y un adeudo a proveedores de 490 millones.
Sobre este punto, Apro
informó el lunes pasado que la diputada federal panista y exdirectora de
Isssteson, Teresa Lizárraga Figueroa, es señalada como presunta responsable del
desfalco de cuatro mil 103 millones de pesos.
Según proyecciones de la
empresa Valuaciones Actuariales del Norte SC, con sede en Saltillo, Coahuila,
-en poder de Apro– el “saldo de la reserva líquida” proyectada para este año
debería ser de cuatro mil 185 millones de pesos, sin embargo, el instituto que
ofrece servicios médicos a los burócratas sonorenses sólo tiene en caja 82
millones.
La casa actuarial advierte
que la dependencia requerirá de un adicional subsidio estatal de seis años por
el orden de los dos mil 963 millones de pesos, a razón de 493.8 millones
anuales, a fin de mantener un esquema financiero saludable.
Además de ello, SonoraSOS
denuncia que, pese a que la federación ha enviado los recursos
correspondientes, el estado se encuentra en el último lugar en la
implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el país.
Ante ese panorama, la
organización reclama al líder nacional del PAN, Ricardo Anaya:
“Guillermo Padrés Elías y sus
más cercanos colaboradores, han manchado a México y Sonora de corrupción. Tiene
usted toda la razón, SON MALOS PARA GOBERNAR Y BUENOS PARA ROBAR. De hecho
resultaron demasiado buenos para robar”.
Acusa al líder nacional
panista de proteger y encubrir, entre otros, a Guillermo Padrés, Roberto
Romero, Tere Lizárraga, Bernardo Campillo, Mario Cuen, Juan Valencia, Luis
Felipe Romero, los cuñados del exgobernador Roberto y José Dagnino “todos ellos
ladrones profesionales miembros distinguidos del Partido Acción Nacional”,
fustiga.
Y remata:
“En serio es penoso su
discurso demagógico e hipócrita, por ello lo único donde usted tiene toda la
razón es: ¡¡De que se puede, se puede!! Encubrir a los corruptos significa
MANCHAR MÁS A MÉXICO CON NEGOCIACIONES PARA PROTEGER A LOS BANDIDOS. ¿¿A poco
no??”.
Finalmente, la organización
pide al presidente y a la procuradora evitar otra fuga como la de Joaquín El
Chapo Guzmán. “Guillermo Padrés y sus cómplices no van a dudar, ni un momento
en fugarse del país”, señala y pide la inmediata consignación del exgobernador,
sus colaboradores más cercanos y sus familiares.
MÉXICO, D.F. (apro).- La
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) “no permitirá violaciones a la
norma” por parte de la empresa constructora Obrascón Huarte Lain (OHL), afirmó
Jaime González Aguadé, y aclaró que la compañía de origen español tiene diez
días hábiles y una prórroga de igual tiempo para contestar a la notificación
presentada por el organismo regulador, el cual señaló que hay al menos tres
posibles infracciones a la Ley del Mercado de Valores.
El proceso sancionador que
prepara la CNBV contra OHL, compañía envuelta en escándalos a partir de la
filtración de audios de directivos de esta compañía, desde mayo pasado, fue
considerado por la empresa Infraiber como “el principio del fin de la pesadilla
de corrupción llamada OHL”.
Paulo Diez, abogado de esta
compañía tecnológica que mantiene más de una veintena de demandas en contra de
OHL y de las autoridades del Estado de México, consideró “extraordinario” el
comunicado de la CNBV difundido el pasado viernes 23.
“Coincide con lo que he dicho
una y otra vez: el registro contable de OHL/Deloitte es incorrecto, pues OHL no
tiene un derecho incondicional de cobro en contra del gobierno del Estado de
México”, afirmó Diez.
En España, OHL publicó un
“evento relevante” dirigido al mercado bursátil, en el que consideró que las
alegaciones de la CNBV no son correctas.
La CNBV alega que OHL México
no informó debidamente al mercado sobre las diferencias entre los vínculos de
tráfico anuales en sus concesiones y las proyecciones de las mismas, que se
hicieron al tiempo del inicio de dichas concesiones, y que OHL México ha incumplido
la norma aplicable a las operaciones con partes vinculadas y, fundamentalmente,
determinadas.
Otra irregularidad detectada
por la CNBV, que OHL no menciona en su comunicado, es que la compañía reportó
como ingresos recursos que no tiene en su poder y de cuyo cobro no está segura
la Comisión. Se trata de las cláusulas de rentabilidad garantizada en el
Circuito Exterior Mexiquense –la obra carretera de la cual depende más de 50%
de los ingresos de OHL en México–, del Viaducto Bicentenario y de la Autopista
Urbana Norte.
“La CNBV interpreta que OHL
México debería haber contabilizado bajo IFRS (normas internacionales de
información financiera) sus concesiones en México con rentabilidad garantizada
conforme al modelo de activo intangible, porque entiende que en dichas
concesiones no existe una obligación incondicional de pago”, según la
interpretación de OHL en su comunicado de España.
En la jornada bursátil de
ayer, las acciones de OHL tuvieron una caída de 7.25% tras conocerse las
posibles anomalías detectadas por la CNBV, pero se recuperaron a lo largo de la
jornada hasta quedar en 23.28 pesos por unidad, un incremento mínimo de 0.22%.
En entrevista con Milenio TV,
González Aguadé, presidente de la CNBV, aclaró que la comisión evaluará la
respuesta de OHL “y con base en esa información se sancionará tanto a personas
físicas, como a personas morales”.
Entre los posibles implicados
se encuentran el director general de OHL México, Sergio Hidalgo; el director
económico financiero, Raúl Revuelta Musalem, y el director jurídico, Gerardo
Fernández Reyes.
México, D.F. (apro).- En los
operativos que realiza para localizar al líder del cártel de Sinaloa, Joaquín
‘El Chapo’ Guzmán, la Procuraduría General de la República (PGR) ejecutó
diversos cateos en los estados de México, Puebla y Sinaloa, donde aseguró
avionetas, vehículos, armas de fuego y enervantes.
Las diligencias, otorgadas
por el juez segundo federal penal especializado en cateos, arraigos e
intervención de comunicaciones con residencia en toda la República, se
efectuaron en domicilios ubicados en los municipios de Almoloya de Juárez
(Estado de México), Puebla, Culiacán y Navolato (Sinaloa).
En un comunicado, la PGR
precisó que las primeras acciones fueron ejecutadas los días 16 y 17 de julio
en el municipio de Almoloya de Juárez, donde se aseguró un inmueble, 168
indicios diversos, un arma de fuego, tres cargadores y 59 cartuchos.
El 28 de agosto, en el Estado
de México y Puebla, se aseguraron dos inmuebles, un arma corta, una camioneta,
dos motocicletas, una cuatrimoto y diversa documentación.
El 11 y 12 de septiembre, en
Culiacán y Navolato, se aseguró un inmueble, una pista de aterrizaje, un
teléfono celular, un equipo de circuito cerrado, una camioneta, diez avionetas,
dos fuselajes, dos motores de aeronaves y diversa documentación, y el 20 de
octubre, en la colonia Las Quintas de Culiacán, se aseguraron 165 paquetes de
narcóticos (cocaína, fentanil, heroína, metanfetamina y mariguana), un arma de
fuego y una granada.
En La Palma, Navolato, se
ubicó una pista de aterrizaje –con avionetas tipo Cessna– utilizada por Guzmán
Loera y sus hijos para el transporte de enervantes y el traslado personal.
De acuerdo con la dependencia
federal, el pasado miércoles 21, en la colonia Plutarco Elías Calles, fueron
asegurados 288 paquetes de narcóticos (cocaína, fentanil, heroína y
metanfetamina), así como una avioneta y un arma de fuego.
Un día después, en tres
domicilios de la colonia Miguel Hidalgo y uno en el Fraccionamiento Camino Real
de Culiacán, se aseguraron dos inmuebles y tres vehículos, y el viernes 23 se
aseguró un inmueble en el Fraccionamiento Estanza Toscana de la capital
sinaloense.
En los cateos participó
personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada (SEIDO), en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina
Armada de México (Semar), Policía Federal y peritos de la PGR especialistas en
materias de química, criminalística, valuación y fotografía de la Agencia de
Investigación Criminal (AIC).
Alrededor de 500 personas
supuestamente provenientes de la zona serrana de Sinaloa, se manifiestan en la
explanada de palacio de gobierno, se espera que lleguen mas personas
desplazadas de la zona serrana de Durango, donde se llevó un operativo en busca
de Joaquin Guzman Loera.
Los manifestantes en
pancartas y mantas exigen al gobernador
de Sinaloa, Mario López Valdez, que apoye al pueblo, “es su obligación proteger
a su pueblo” se lee.
Reclaman al Presidente Peña
Nieto, paz en el estado; y exigen la ayuda de la CNDH.
Algunos manifestantes
entrevistados omiten la comunidad de origen, y otros solo mencionan que vienen
de Cosalá.
Con los elementos de prueba
aportados por la Procuraduría General de la República (PGR), el Juez Cuarto de
Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Toluca, Estado de
México, dictó auto de formal prisión contra siete personas, por su probable
responsabilidad en la comisión del delito de evasión de reo y, en dos casos,
por fraude procesal, con motivo de la evasión de Joaquín Guzmán Loera del
Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano, el pasado 11 de
julio.
La Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), encargada de
las investigaciones, fue notificada por el órgano jurisdiccional referido en
torno a que el pasado 24 de octubre dictó auto de formal prisión por su probable
responsabilidad en los ilícitos de evasión de preso y fraude procesal contra la
persona que coordinó las negociaciones para la compra del predio desde donde se
construyó el túnel hacia el penal.
Ese mismo día se dictó
también auto de formal prisión por el delito de fraude procesal contra el
individuo que transfirió la propiedad del mencionado predio.
A las otras cinco personas se
les dictó auto de formal prisión por su presunta responsabilidad en la comisión
del delito de evasión de reo.
Entre estos cinco acusados se
encuentra quien, utilizando su posición como coordinador de la defensa de
Guzmán Loera, organizó la construcción del túnel, la fuga y el traslado del
evadido hasta uno de los sitios donde primero se ocultó.
Otro de las personas
sometidas a proceso penal es uno de los pilotos históricos de la organización
criminal que encabeza el hoy fugitivo y que el pasado 11 de julio lo acompañó
en el vuelo que lo llevó hasta su primer escondite. Este mismo acusado, por
información proporcionada por diversas instancias de inteligencia, ha tenido
participación en el trasiego de droga vía aérea.
Los otros tres imputados son
un mecánico, la persona que habría pagado el dinero por el predio y quien se
habría encargado de operar la aeropista utilizada durante la huida de Guzmán
Loera.
La Procuraduría General de la
República enfatiza que la investigación seguirá su curso hasta que sean
detenidas y consignadas todas aquellas personas que, en estricto apego a las
constancias legales y con total respeto a los derechos humanos, se acredite que
participaron en la evasión del CEFERESO Número 1, Altiplano, el pasado 11 de
julio.
Elementos de la Agencia de
Investigación Criminal (AIC) adscritos a Interpol México capturaron en
Chihuahua a Ana Marie Hernández, La Muñeca, por delitos contra la salud y
soborno.
En un comunicado, la
Procuraduría General de la República (PGR) informó este lunes que el arresto se
realizó luego de que el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales
en el Distrito Federal libró una orden de detención provisional con fines de
extradición internacional.
De acuerdo con fuentes del
gobierno federal, Hernández, de 38 años, está vinculada a una célula del Cártel
de Juárez.
Según el mandamiento
judicial, La Muñeca, de nacionalidad mexicana, es requerida por el juez de
Distrito Oeste del estado de Texas, Estados Unidos, desde 2013 y se le condenó
por los cargos de asociación delictuosa por importar cinco kilogramos o más de
cocaína.
También por ayudar e instigar
el soborno de un oficial público, además de ser buscada en los Estados Unidos
por el Cuerpo de Alguaciles de aquel país (US Marshals).
La detención atiende a la
solicitud por parte de Estados Unidos, a través de su embajada en México,
mediante nota diplomática de marzo de 2015, la cual fue presentada al gobierno
mexicano por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El comunicado de la PGR
precisa que la AIC, a través de Interpol México, realizó una minuciosa pesquisa
que incluyó investigación de campo, vigilancias, seguimientos en diversas
partes del país, así como distintas acciones para lograr la localización y el
aseguramiento de la mujer.
La Muñeca fue internada ante
el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social que
ordena el mandamiento judicial y permanecerá en una cárcel mexicana -no
especificada por la PGR- hasta que se resuelva su proceso de extradición.
Evidentemente molesto el
cantante y ex regidor priista Julio Preciado publicó un video en el que explica
la situación legal en la que se vio involucrado esta martes, cuando la PGR lo
detuvo por el delito de fraude.
En su cuenta de facebook el
cantante publicó “Buenos días amigos y medios de comunicación aquí les dejo mi
versión de lo que me pasó esta mañana…“.
El video, que dura 1 minuto
con 45 segundos, Julio Preciado admitió que cuenta con un adeudo con la CFE de
alrededor de 900 mil pesos por el consumo de energía eléctrica, mismo que
consideró abusivo y se niega a pagarlo.
Ante esto, el cantante obtuvo
un amparo, “el cual, ahora sí que les valió “eme” eso a ellos”, señaló.
Prometió que más tarde
volverá a publicar otro video en las redes sociales en el que explicará a
detalle la versión oficial, por lo pronto, agradeció el interés de los medios
de comunicación y sus seguidores.
El agente de la Policía
Estatal Preventiva, Ezequiel Petris Barraza, que era requerido por el Juez
Octavo del Ramo Penal por la muerte Joel Daniel Cebreros Osuna, hijo del
abogado Daniel Cebreros, arribó la mañana de este martes a las instalaciones de
la Secretaria de Seguridad Publica en Sinaloa, junto con su abogado para
entregarse y enfrentar el debido proceso por el delito que se le imputa.
“Yo vengo a entregarme para
ejercer mi derecho de réplica todo fue un caso, un vehículo que andaba
asaltando se dio una persecución, sucedieron los hechos y vengo a enfrentarme
por que como se está comentando todo, no es realidad”, aseguró el Policía
Estatal Preventivo.
Ezequiel Petris, manifestó
ser el conductor de la patrulla que persiguió el automóvil donde iba a bordo
Cebreros Osuna; luego de la persecución
hubo algunos disparos por elementos de la policía, lo que provocó que el
joven falleciera en el hospital.
“No soy culpable, vengo a dar
la cara porque tengo a mi familia y yo no soy culpable de lo que se me está
acusando… yo tengo fe en la justicia, que se va hacer justicia, y no que estén
inculpando nomas por agarrar responsables… confío en las autoridades, así como
también confío en mi abogado”, dijo el agente.
El Subsecretario de Seguridad
Pública, Héctor Manuel Castillo Medina, informó que al agente lo ingresaron al
Penal de Culiacán, donde quedó a disposición “en base al cumplimiento de la
orden de aprehensión dictada por el Juez”.
El Presidente Municipal
Lorenzo De Cima Dworak, se reunió con integrantes de la Cámara Nacional de
Comercio (CANACO), con quienes acordó trabajar de la mano para la recuperación
del llamado Centro Histórico.
Los comerciantes presentaron
al alcalde algunos proyectos para reactivar el centro de la ciudad, además le
pidieron mayor vigilancia policiaca.
“No hay tal centro histórico,
debemos construir uno y en eso estamos trabajando”, dijo el alcalde.
De Cima Dworak mencionó, que
recientemente estuvo en la Ciudad de México para buscar recursos que permitan
concretar los trabajos planeados para el primer cuadro de la ciudad.
Dijo que presentó dos
proyectos, uno tienen que ver con la recuperación del Centro, desde la Antigua Cárcel hasta el área conocida como el
Paralelo 38, y el otro como la uniformidad de la Serdán.
“Se contempla el cambio de fachadas, cajones de
estacionamientos para autos y bicicletas, así como parquímetros”, agregó.
El alcalde dijo a
comerciantes adheridos a la CANACO que esta inversión es de 150 millones de
pesos.
“Nos dijeron que es un hecho,
que este mismo año se debe hacer la licitación, si esto se concreta estaremos
en condiciones ahora si de hablar de un Centro Histórico”, manifestó De Cima
Dworak.
Por lo pronto, agregó,
estamos avanzando en el estudio de los
sitios donde se ubicarán los parquímetros, este es un proyecto que se aprobó en
la administración 2006-2009 y que nosotros estamos retomando.
Por su parte, Mauro Mason,
presidente de la CANACO Guaymas, calificó de excelente la reunión que
sostuvieron la mañana de este martes con el presidente municipal.
“Excelente reunión, es una
excelente persona, si mantenemos esta coordinación vamos a lograr muchas cosas
en este trienio”, comentó.
Al ser la prioridad del
alcalde Lorenzo De Cima Dworak atender a la población más vulnerable, los doce
comedores comunitarios instalados en diversos puntos de la localidad brindan alimentación diaria a mil 517
beneficiarios.
El programa es impulsado por
el Ayuntamiento de Guaymas en coordinación con el programa “Cruzada contra el
Hambre”.
Los comedores comunitarios en
la actualidad brindan desayuno y comida diariamente y tan solo la semana pasada
ofrecieron once mil 573 raciones de
comida a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con capacidades
diferentes.
Estos espacios se encuentran
ubicados en las colonias “18 de Noviembre”, Mirador, 5 de Mayo, Guarida del
Tigre, Misión del Sol y Rastro Playa, así como en la zona rural en San José y
Santa Clara.
Uriel Guadalupe Rodríguez
Romero, coordinador estatal del programa de comedores comunitarios de la
“Cruzada contra el Hambre”, reconoció el interés del Ayuntamiento de Guaymas a
través de la Dirección de Desarrollo Social a cargo de Juan Carlos Valenzuela
Vielledent, al aportar lo necesario para la instalación de los comedores.
Cabe destacar que la
capacitación en la preparación de alimentos por parte del comité de vecinos que
atienden el comedor estuvo a cargo de personal de la Secretaria de Marina.