jueves, 22 de octubre de 2015

ENTREGA EL PROFE GUZMÁN APOYO A ESCUELAS DE GUAYMAS






El  Profesor José Guzmán López González, regidor  del Ayuntamiento de Guaymas,   hizo entrega de apoyos a varias  escuelas guaymenses, que consisten en tambos para ser usados como depósitos de basura.

Cada una de las  escuelas hicieron por escrito su  petición de apoyo, luego de  una visita previa a las escuelas, después de las fuertes lluvias que afectaron a Guaymas, quienes  solicitaron contenedores para basura y material deportivo.

Una de las instituciones educativas beneficiadas fue la Escuela Primaria Vicente Guerrero, localizada en la Colonia Adolfo de la Huerta,  la directora Perla María Nebuay Mata y la niña  J. Torres Vázquez, Presidenta de la Sociedad de Alumnos de la institución, así como el Profesor Eduardo Alcántar Salas, agradecieron las atenciones brindadas para la escuela.

El Profesor José Guzmán López González, dijo  que pueden contar con un aliado honesto y con actitud de servicio dentro del cabildo municipal, asimismo exhortó a la comunidad estudiantil a seguir esforzándose en los estudios y  seguir aprendiendo lo necesario, para convertirse en un ciudadano útil en la  sociedad.

Posteriormente, se hizo entrega de los apoyos en la Escuela Secundaria Técnica #71, localizada en la Colonia Guaymas Norte, donde se hizo entrega de contenedores para basura, los cuales dijo que el personal que labora ahí, hacían mucha falta ya que después de las lluvias, con los que contaban anteriormente, se  despedazaron porque eran de cartón, la entrega de la gestión finalizó con un agradecimiento general de parte del personal y los alumnos que día con día asisten a la institución.

También, se realizó la entrega de apoyos en la Escuela Primaria Niños Héroes de Chapultepec, localizada en la Colonia Las Palmas, ahí, la directora del plantel la Profesora Josefina Sandoval recibió con gran entusiasmo los contenedores ya que no contaban más que con 2 y en mal estado debido a las lluvias.
 

Por último, el regidor se comprometió a gestionar beneficios en pro de las instituciones educativas de Guaymas.


(REPORTEROS.COM/  Comunicado/ 22 de octubre 2015)

OFRECERÁN MÉDICOS VOLADORES SERVICIOS A GUAYMENSES




Una invitación abierta a la comunidad guaymense hace el grupo altruista de Médicos Voladores al ofrecer servicios médicos gratuitos con dentistas, oftalmólogos, pediatras, ginecólogos, fisioterapeutas y medicina en general este 30 y 31 de octubre en el Centro de Desarrollo Social de la colonia “23 de Marzo”.

Silvia Montero Sánchez, coordinadora local de citada agrupación médica, dio a conocer que durante estos dos días serán tres doctores y 10 auxiliares originarios de Estados Unidos coordinados por el señor Bill Harrison se buscará llevar a cabo cerca de 500 acciones en beneficio de los pacientes que acudan a la jornada.

En reunión de coordinación con el director de Desarrollo Social Municipal, Juan Carlos Vielledent, se acordó que el Ayuntamiento de Guaymas brindará todas las facilidades para que los médicos desarrollen su jornada sin ningún contratiempo al ser una prioridad del alcalde Lorenzo De Cima Dworak, la atención al ciudadano guaymense.


(REPORTEROS.COM/ COMUNICADO/ 22 DE OCTUBRE 2015)

SE RETRASAN TRABAJOS EN EL PANTEÓN MUNICIPAL DE GUAYMAS





La lluvia de esta madrugada retrasaron la limpieza en el cementerio San Fernando de la calle 10 por lo que este día se reforzaron los trabajos.


A penas ayer Parques y Jardines y Servicios Públicos habían rellenado con tierra una de las entradas al panteón por lo que esta mañana nuevamente metieron maquinaria.

(REPORTEROS.COM/ COMUNICADO/ 22 DE OCTUBRE 2015)

ANUNCIA AYUNTAMIENTO FESTIVAL DE LA CALACA 2015


Presenta el Ayuntamiento de Guaymas a través del Instituto Municipal de Cultura y Arte, programa del Festival de la Calaca 2015, indicó Yadira Cota Lugo.

La titular del IMCA, dijo que del 31 de octubre al 2 de noviembre se realizará la edición número doce de este programa, que destaca el valor de las tradiciones mexicanas, en especial, la que corresponde al Día de Muertos.

El alcalde Lorenzo De Cima Dworak, comentó que en esta ocasión se le dará mayor realce a la cultura, buscando sumar a las actividades a las familias, dándoles entretenimiento sano que deje un mensaje positivo.

Este es un espacio que revive las tradiciones mexicanas, promueve las diferentes expresiones artísticas además de ser un foro vivo para el esparcimiento, convivencia familiar y disfrute de la cultura.

En esta ocasión, habrá tres escenarios, la Plaza de la Pistola y la Plaza 13 de julio, para los días 31 de octubre y 1 de noviembre, donde habrá conciertos musicales, exposiciones, animación urbana, danza, teatro, cine poesía, tour histórico de los ilustres y holográficos. Todas las actividades darán inicio a las 6:30 de la tarde.

Para el 2 de noviembre, en la Plaza de los Tres Presidentes con la premiación de los ganadores de los altares y cerrar el festival con un espectáculo musical.


(REPORTEROS.COM/ COMUNICADO/ 22 DE OCTUBRE 2015)

ENTREGA EMPRESA B HERMANOS MIL PARES DE ZAPATOS A DIF GUAYMAS






(REPORTEROS.COM/ COMUNICADO/ 22 DE OCTUBRE 2015)

TORMENTA TROPICAL "PATRICIA"


SITUACIÓN ACTUAL:
La tormenta tropical "PATRICIA", localizada muy cerca de la costa de Guerrero, continuará favoreciendo lluvias intensas a puntuales torrenciales en los estados del sur y sureste del país.

DISTANCIA AL LUGAR MÁS CERCANO
375 km al sur-suroeste de Punta Maldonado, Gro.
385 km al sur de Acapulco, Gro.

ZONA DE VIGILANCIA
Se establece zona de prevención por efectos de Huracán de Cabo Corrientes, Jal., a Punta San Telmo, Mich., zona de vigilancia por efectos de Huracán desde Punta San Telmo, Mich., hacia el este hasta Lázaro Cárdenas, Mich. y zona de vigilancia por efectos de Tormenta Tropical desde Lázaro Cardenas, Mich., hacia el este hasta Tecpan de Galeana, Gro.

DESPLAZAMIENTO ACTUAL:
Hacia el oeste-noroeste (290°) a 22 km/h

VIENTOS MÁXIMOS [Km/h]:
SOSTENIDOS: 100
RACHAS: 120

PRONÓSTICO DE LLUVIA:
Se espera que PATRICIA produzca lluvia con acumulados totales de 150 mm a 300 mm y máximos puntuales de 500 mm sobre los estados de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 100 a 150 mm en Guerrero, del jueves 22 al sábado 24, con posibles deslaves en zonas de montaña e inundaciones en zonas bajas.


FUENTE: CONAGUA

RECIBEN MÁS APOYOS EN VÍVERES RESIDENTES DEL VALLE DE EMPALME



Martes 20 de octubre de 2015.- El alcalde Carlos Enrique Gómez Cota en compañía de su esposa, la señora Daniela Olaguez de Gómez, Presidenta del Sistema DIF Empalme siguen llevando apoyos a familias del valle, como parte de los recursos del FONDEN.

En esta ocasión la entrega se realizó en la comunidad de San Fernando, en los ejidos Cruz de Piedra, Juan Rodríguez (El Cerrito), Junelancahui (El Mezquite), Antonio Rosales, Santa María, Maytorena, además se incluyeron los poblados de La Palma y Morelos “La Atravesada”, y en el Campo 52.

El Presidente Municipal, Gómez Cota en cada visita a las comunidades rurales manifestó que gracias al apoyo del gobierno federal y estatal, la ayuda ha fluido a los sectores más vulnerables de la ciudad y área rural, así como los trabajos de fumigación aérea que se llevaron a cabo el pasado fin de semana.

“Los servicios públicos deben ser eficientes, la reparación de vialidades, estar al tanto en programas de desarrollo social y vivienda una de las prioridades para esta administración, por ello estamos trabajando para que esto fluya a beneficio de los empalmenses”, refirió.

Mientras que la presidenta de DIF municipal, Daniela Olaguez de Gómez agradeció la paciencia de los beneficiados con estos apoyos, así mismo informó que las oficinas de DIF están abiertas en el poblado Morelos “La Atravesada”, donde se encuentra una psicóloga para terapias, un abogado para tratar asuntos legales y una instructora para que imparta clases de pintura, clases de zumba y otras convocatorias que se van a estar lanzando con programas asistenciales y de entretenimiento para esta zona.

En el intenso recorrido, el alcalde Carlos Gómez Cota y su esposa, Daniela de Gómez estuvieron acompañados por las regidoras Inés Ibarra Martínez e Ivonne Adriana Cota Arias, la síndico Procurador, María Cristina Cantúa Castro, y personal de DIF Empalme.


(REPORTEROS.COM/ COMUNICADO/ 22 DE OCTUBRE 2015)

IMPLEMENTAN “CONOCIENDO A LA CONTRALORÍA” EN DEPENDENCIAS


Martes 20 de octubre de 2015.- El Ayuntamiento de Empalme a través del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental arrancó el programa “Conociendo a la Contraloría” dirigido a los empleados y funcionarios de cada una de las dependencias de la actual administración.

Por instrucciones del Presidente Municipal, el titular de la dependencia José Luis Dumas Gutiérrez indicó que las dependencias participantes en este primer módulo fueron la dirección de Obras Públicas, la subdirección de Desarrollo Urbano y Desarrollo Económico, las coordinaciones de Desarrollo Rural, Ecología y Protección Civil.

Esto con el fin de capacitar a funcionarios y servidores públicos, para que sea de su pleno conocimiento las funciones y acciones de Contraloría Municipal, así como el entendimiento en los reglamentos de la ley de Gobierno y Administración Municipal y la ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, señaló Dumas Gutiérrez.

Se debe trabajar acorde a la ley y con el compromiso de beneficiar de los ciudadanos, porque es deber de los servidores público actuar en base a ello, es por eso la importancia de aplicar este programa como parte del compromiso fincado por el primer edil, Carlos Enrique Gómez Cota.

También el funcionario municipal señaló que posteriormente se estará realizando las capacitaciones para las demás dependencias para así seguir trabajando en un gobierno eficiente y responsable con apego a la legalidad.


(REPORTEROS.COM/ COMUNICADO/ October 20 at 7:13pm)

SE REÚNEN AUTORIDADES CON VENDEDORES DE COHETES


EMPALME, SONORA.- Con la intención de prevenir alguna situación que pueda poner en riesgo la integridad física de los empalmeneses durante la ya próxima temporada navideña, el secretario de Ayuntamiento Erick Niebla Quiñones, encabezó una reunión con vendedores locales de cohetes convocada por la coordinación municipal de Protección Civil.

La reunión tuvo lugar en la sala de Cabildo de este Ayuntamiento, en donde estuvieron presentes también el Teniente de Infantería Giovanni Tochimani Montemayor; en representación Secretaria de la Defensa Nacional Base Empalme, José Luis Dumas Gutiérrez; Contralor Municipal, y coordinador y subcoordinadora de Protección Civil, Omar Abel Carranza Ruiz y Francisca Machado Alapizco, respectivamente.

El secretario de Ayuntamiento, Erick Niebla Quiñones mencionó que por instrucciones del Presidente Municipal, Carlos Enrique Gómez Cota, se convocó a los vendedores de cohetes en la localidad para tratar el tema sobre los permisos de venta y manejo de pirotecnia, con el objetivo principal de prevenir accidentes durante la próxima temporada navideña.

Indicó que se analizarán los lineamientos y requisitos para poder expedir los permisos de venta de cohetes, actuando siempre apegados a la ley y con las instrucciones que indique la SEDENA.

Niebla Quiñones invitó a los vendedores de cohetes acercarse el próximo lunes a la coordinación municipal de Protección Civil para solicitar los requisitos para tramitar sus permisos de venta.

Resaltó, que la intención no es entorpecer o afectar su venta, si no hacer todo de acuerdo a la ley, pensando siempre en la seguridad de la ciudadanía.

Por su parte el coordinador Municipal de Protección Civil, Omar Abel Carranza Ruiz resaltó que la idea es hacer las cosas bien y evitar accidentes, por lo que se trabajará de acuerdo a los lineamientos que marca SEDENA y con el apoyo de Bomberos Voluntarios de Empalme en la supervisión.

En su participación, el Teniente de Infantería Giovanni Tochimani Montemayor agregó que los permisos pueden ser de tres tipos: generales, ordinarios y extraordinarios, siendo este último, el que se expida en este caso, ya que se refiere a las ventas de temporada.

El representante de la Sedena precisó que dicho permiso se otorgan atendiendo ciertos requisitos sobre las condiciones al transporte, venta y resguardo del material, y apuntó que la trasportación debe ser en vehículos especiales, ya que la pólvora puede peligrar; en el caso de la venta, el lugar o establecimiento debe contar con señalamientos de precaución, como el de no fumar, entre otros.


(REPORTEROS.COM/ COMUNICADO/ October 20 at 7:18pm)

GOBIERNO DEL ENCUBRIMIENTO


MÉXICO, D.F. (Proceso).- El creciente desfase entre los intereses ciudadanos y los de la élite gobernante es evidente. La brecha que separa al gobierno de Enrique Peña Nieto de la sociedad se profundiza al tiempo que aumenta la distancia entre la ley y su cumplimiento. Mientras los mexicanos demandan una democracia eficaz, probidad en la administración pública, castigo a los corruptos, así como respeto a la legalidad y los derechos cívicos, quienes ostentan el poder pretenden lucrar impunemente con sus cargos y ocultar la omnipresente corrupción y la violación de los derechos humanos –ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violaciones de mujeres y niñas, feminicidios– perpetradas por autoridades civiles, policiacas y militares. En consecuencia, el encubrimiento se ha convertido en prioridad de la presente administración.

La situación de los derechos humanos es ominosa e insostenible. En lugar de corregirla, el gobierno se empeña en negarla a pesar de la amplia documentación al respecto y de un diagnóstico en el que coinciden la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las Naciones Unidas, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y, por supuesto, las víctimas de los abusos, los familiares de los desaparecidos y especialistas mexicanos en el tema. En su reciente visita a México, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó la urgencia de combatir la impunidad en el país: 98% de los casos criminales no son resueltos. Asimismo, lamentó la intolerancia del gobierno ante la crítica –de la que fue víctima el relator de la ONU Juan Méndez tras declarar que la tortura es una práctica generalizada en México– y recomendó “no matar al mensajero sino atender al mensaje”.

A pesar de ello, el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, se niega a que los soldados presumiblemente involucrados en los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa sean interrogados por expertos de la CIDH o de la ONU. Como condición para someterlos al escrutinio de los legisladores exige que estén acompañados de un superior “para evitar intimidaciones”. Es claro que dicha presencia sí causaría la intimidación de los soldados. Lejos de contribuir a resguardar la buena imagen del Ejército, la postura del general secretario despierta suspicacias acerca de la intención de encubrir a los responsables de esos trágicos acontecimientos, sobre todo a los altos mandos.

En el caso Tlatlaya hay dos asuntos aún no resueltos, el de la masacre y el del encubrimiento. Cuatro de los siete militares detenidos por su presunta participación en los hechos ya fueron liberados por falta de pruebas. ¿Ello implica que no cumplieron con la orden de “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”? ¿Se proponen borrar los impactos de bala y las manchas de sangre sobre el muro posterior de la bodega, evidencia de un presunto fusilamiento? La imposición de otra “verdad histórica”, ahora sobre Tlatlaya, que exima de toda responsabilidad al Ejército sólo agravaría la crisis de credibilidad del gobierno del presidente Peña Nieto, quien es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

El obcecado intento de negar la participación de la milicia en la trágica noche de Iguala es igualmente infructuoso y contraproducente. Se sabe que a través del sistema C-4 el Ejército tuvo información en tiempo real de lo sucedido y que efectivos de inteligencia militar estuvieron presentes en el lugar de los hechos. En cuanto al acceso a la brigada del 27 Batallón de Infantería que le fue negado al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, es considerado de vital importancia por el alto comisionado de la ONU para realizar una investigación a fondo y sin cortapisas de los acontecimientos de Ayotzinapa. Sujeto al escrutinio internacional, el gobierno mexicano está obligado a no obstaculizar la pesquisa. La pregunta es si lo hará con o sin la venia del general Cienfuegos.

En el poblado territorio de la corrupción destacan dos casos emblemáticos de encubrimiento. La generosa venta de mansiones del Grupo Higa al presidente, su esposa y su secretario de Hacienda ha pasado a formar parte del folclor político nacional junto con la farsa de su encubrimiento a cargo del flamante secretario de la Función Pública; además, claro, de haber marcado de forma indeleble el signo y el sino de la presente administración.

El segundo caso de encubrimiento de presunta corrupción a gran escala se refiere al multimillonario negocio de OHL con el Circuito Exterior Mexiquense: Una autopista de 155 kilómetros cuyo costo inicial iba a ser de 5 mil 600 millones de pesos, en 12 años se multiplicó en 400% –24 mil millones de pesos al corte de diciembre de 2013– y hoy podría superar los 46 mil millones de pesos (Animal Político, 6 de julio de 2015). Además, OHL obtuvo una extensión del plazo de su concesión de 2030 a 2051, lo que le permitirá cobrar incrementos adicionales a las tarifas de peaje de forma irregular, como ya lo hizo, de acuerdo con una denuncia de la empresa de tecnología aplicada Infaber. La difusión de las grabaciones entre directivos de OHL en que se planeaban las presuntas corruptelas para lograr sus metas financieras llegaron a involucrar al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, e incluso al presidente Peña Nieto. Acto seguido, OHL denunció a Infaber y agentes de la PGR detuvieron ilegalmente al abogado de la empresa después de sembrarle un arma en su coche, como puede apreciarse en una videograbación. El gobierno de Eruviel Ávila reservó toda la información sobre OHL durante nueve años. En el Senado, el PRI congeló la propuesta del PAN para investigar el caso. Este es sólo un ejemplo más de encubrimiento arropado por las amplias redes de complicidad gubernamentales.

La indignación social crece ante el desdén de un gobierno inmerso en una exasperante mezcla de ceguera, arrogancia e irresponsabilidad, incapaz de darse cuenta de que el declive de su legitimidad va emparejado al de las instituciones del Estado. Un gobierno sustentado en el encubrimiento y el contubernio es contrario al interés ciudadano y, como acabamos de verlo en Guatemala, tampoco conviene a los detentadores de un poder corrompido hasta la médula.


(PROCESO/ ANÁLISIS/ HÉCTOR TAJONAR/ 22 DE OCTUBRE DE 2015)

AYOTZINAPA: TODOS SUPIERON LO QUE ESTABA OCURRIENDO


Una serie de grabaciones –en las que se escucha al exgobernador guerrerense Ángel Aguirre y al ex fiscal Iñaki Blanco– y una tanda de declaraciones de legisladores federales destrozaron –por si aún quedaran dudas– la versión oficial acerca de la participación del Ejército, la Policía Federal y el Cisen en los ataques contra estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Todas esas dependencias supieron del ataque desde los primeros momentos, negaron la ayuda solicitada y mintieron cuando fueron cuestionadas al respecto.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Las secretarías de Gobernación y de la Defensa, así como la Policía Federal –y eventualmente hasta la Presidencia de la República–, supieron desde la misma noche del 26 de septiembre de 2014 del ataque contra los normalistas de Ayotzinapa. Incluso militares y policías federales negaron, en esos momentos, su apoyo al gobierno de Guerrero.

Lo anterior se desprende de las revelaciones hechas por Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, y por el exfiscal guerrerense Iñaki Blanco, el pasado lunes 12 a los ocho integrantes de la Comisión Especial Ayotzinapa de la Cámara de Diputados.

En sendas entrevistas, dos de los diputados de dicha comisión, Araceli Damián, de Morena, y Víctor Sánchez, de Movimiento Ciudadano (MC), detallan los testimonios de ambos exfuncionarios, quienes entre otras cosas reclamaron que “la Policía Federal hiciera mutis” y “no resguardara” las escenas de los crímenes.

Las declaraciones de ambos legisladores coinciden con una grabación que después se hizo llegar subrepticiamente a la revista Proceso.

Los exfuncionarios guerrerenses también sorprendieron a los legisladores al confesar, primero, que el delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en Guerrero “corroborara”, a las 23:00 horas del 26 de septiembre, “los ataques”; y segundo, que el comandante de la Zona Regional Militar correspondiente a Iguala “sí fue informado” de lo que ocurría, pero a las 22:30 horas.

Las versiones de Aguirre y Blanco contradicen lo dicho por el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien el lunes 5 sostuvo ante los legisladores que “no hubo negligencia” de parte de los militares porque “no recibieron solicitud de apoyo de ninguna autoridad civil”.

Cuando la presidenta de la Comisión Especial para el Caso Ayotzinapa, la panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez, invitó a comparecer al exgobernador, éste condicionó su participación a que el encuentro fuera en privado y no hubiera grabación “en audio, video y sin versión estenográfica”.

En esa conversación con Murguía, previa a la comparecencia, Aguirre Rivero confesó que la noche del 26 de septiembre de 2014 hizo dos llamadas telefónicas para informar lo que sucedía. Una de ellas, al presidente de la República, revela a este semanario un funcionario que pidió la reserva de su nombre. Sin embargo, durante la reunión con todos los legisladores, el exgobernador, “nervioso y con el rostro descompuesto, colorado, rojo, rojo”, rechazó tal versión.

CIENFUEGOS MINTIÓ

El lunes 5, en la reunión del general Cienfuegos con los integrantes de la comisión especial, en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el militar sostuvo que “no recibieron la solicitud de ninguna autoridad civil” para intervenir.

El encargado del área de Derechos Humanos del Ejército, general José Carlos Beltrán Benítez, secundó a su superior: “Hubiera sido muy dasafortunado haberse involucrado”, dijo a los legisladores. “¡Imagínese cómo lo hubiera recibido la sociedad: el Ejército resguarda estudiantes de la Normal de Ayotzinapa! Podría voltear la situación y en lugar de algo benéfico hubiera sido algo contra la imagen del Ejército”.

Diez días más tarde, el exgobernador y el exfiscal de Guerrero echaron por tierra la versión y justificación que dio el Ejército para no intervenir. Así lo revela una grabación subrepticia hecha llegar a esta revista.

En ella se escucha la intervención de la diputada Damián el pasado miércoles 14: “De lo que nos dijo el exgobernador, que a las 10:30 tuvo conocimiento por un subordinado ¿quién fue? (dirigiéndose a Aguirre Rivero)”.

“El secretario general de gobierno y el secretario de seguridad pública”, responde el exfuncionario.

“También nos dice –sigue la diputada– que usted le informó al comandante del regimiento de la zona regional militar…”.

“En Guerrero –interrumpe Aguirre Rivero– existen dos zonas militares y hay una de carácter regional. Me comuniqué con el comandante y le dije los hechos violentos que estaban ocurriendo.”

“¿Pero le pidió usted su apoyo?”, pregunta la legisladora.

“En ese momento que yo hablé con él le informé para que nos pudieran brindar su apoyo. Sí, sí se lo pedí”, responde Aguirre.

Aracely Damián le comenta entonces que el tema “es preocupante” porque el general secretario de la Sedena les aseguró que no hubo petición de ninguna autoridad civil.

La petición de apoyo por parte de las autoridades estatales no sólo se dio en ese primer momento, a las 10:30 de la noche, sino que siguió a lo largo de las horas, o así se desprende de la intervención del exfiscal Iñaki Blanco, quien revela que cerca del amanecer del 27 de septiembre, pasados los ataques contra los estudiantes, se recurrió de nuevo a miembros del Ejército.

En la grabación se escucha una batería de preguntas del diputado Víctor Sánchez de MC, recordándole que el Ejército sostuvo ante legisladores que no fue requerido.

“Requerimos el apoyo de otras instancias y autoridades. Hay cosas que no he podido ventilar porque son parte de la averiguación previa que aún se integra. Cosas que no se han dicho”, responde Blanco.

“Sí lo requerimos (al Ejército), pues estimé que no era oportuno y procedente juntar a las víctimas directas e indirectas con los hasta entonces aparentes victimarios. Instruí al procurador de control regional que concentrara a todas las víctimas y representantes legales en la fiscalía regional, y buscamos dónde concentrar todos los elementos de la policía…

“Yo estimaba que no había condiciones en el cuartel de la policía dado que el cuartel tiene cerca de malla ciclónica. Le pedí al Ejército que me facilitara las instalaciones del 27 Batallón para concentrar a los municipales y la respuesta fue en sentido negativo”, responde.

“¿A qué hora?”, se escucha que se le pregunta.

“En la madrugada del 27. La respuesta fue en ese sentido, negativo”, asienta.

Pero no sólo los militares rechazaron brindar apoyo. También la Policía Federal negó el respaldo al exfiscal, primero para custodiar a los policías en el cuartel civil (con el fin de que no huyeran) y luego para que no los trasladaran a las instalaciones militares.

“Consecuentemente le pedí al entonces encargado de la Coordinación de la Policía Federal, de apellido Cabral, que me facilitara las instalaciones de la PF; la respuesta fue en el mismo sentido: ‘No porque no hay condiciones’. No hay condiciones en cuanto a que no contaban con el número de elementos necesarios para resguardar esas instalaciones.”

La versión del ex fiscal refuta la versión del general secretario Cienfuegos Zepeda, pero también la de Murillo Karam, quien el 7 de noviembre, cuando como procurador aseveró que los 43 estudiantes habían sido incinerados en un basurero y sus cenizas vertidas sobre el río de Cocula, a pregunta expresa de la reportera María Idalia Gómez de si ya citó a declarar a integrantes del Ejército y la Policía Federal, negó la participación de los primeros.

AL MATADERO, Y EL CISEN LO SUPO

En entrevistas a medios de comunicación y en su comparecencia ante las dos comisiones legislativas especiales, el general secretario ha sostenido que la participación del Ejército fue limitada y ocurrió cuando supo que había “jóvenes armados” en el hospital Cristina, que los soldados acudieron ahí y, respetando los derechos humanos de los estudiantes, les tomaron fotografías e incluso les ofrecieron una ambulancia para trasladar a uno de los heridos. Que se fueron y al regresar ya no estaban los muchachos.
En la entrevista, ambos legisladores, Damián y Sánchez, relatan que el exfiscal también se quejó del actuar de la Policía Federal: “Hay muchas cosas que no se saben y otras que por el GIEI hoy se saben, como el que la PF acudió con (los jugadores de futbol del equipo) Los Avispones (también heridos en las refriegas), también que elementos de la PF fueron a uno de los lugares (del ataque) e hicieron mutis, se retiraron del lugar en lugar de hacerlo del conocimiento de la autoridad correspondiente”.

En otro momento, Iñaki Blanco narra que a las 0:45 se enteraron por el (centro de control) C4 de los ataques en la carretera Chilpancingo-Iguala y frente al Palacio Municipal: “Cuando llegó el subprocurador ya había elementos de la PF, esto ocurrió posterior a las 0:45, que es cuando nosotros recibimos el reporte del C4. Ya había presencia de la PF y en ningún momento hubo resguardo y preservación del lugar de los hechos conforme al protocolo”.

En cuanto a la participación de la Secretaría de Gobernación, merced a las declaraciones de los exfuncionarios de Guerrero ahora se sabe que el Cisen estuvo plenamente enterado de los acontecimientos, por lo menos desde las 11 de la noche.

De acuerdo con la grabación, Iñaki Blanco –que es quien más habla durante las cuatro horas y media que duró el encuentro con legisladores–, revela que el Cisen le corroboró, desde las 11 de la noche del 26 de septiembre, las agresiones que estaban sufriendo los estudiantes.

Al pedirle el diputado de MC Víctor Sánchez que narrara cómo se enteró de los hechos y lo que hizo paso a paso, el exfiscal detalló que se enteró de lo que estaba pasando justo cuando iba de camino al Distrito Federal para atender un asunto médico familiar.

“Comencé a recibir reportes a las 11 de la noche a través del secretario particular y de otras personas como el secretario general de Gobierno. Hablé con el secretario de Seguridad Pública estatal, Genaro Vázquez, y hablé con el delegado del Cisen, quien me corroboró que tenía reportes de enfrentamientos y balaceras en Iguala. Lo que me inquietó y hace que me regrese es cuando me dicen que al parecer están involucrados en los hechos estudiantes de Ayotzinapa.”

Los miembros de la comisión especial se reunieron también con el titular de la secretaria de Marina, el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz.

El pasado viernes 16, en un corto encuentro de apenas hora y media, el almirante les reveló que la participación de la dependencia a su cargo se dio a petición del entonces gobernador, Ángel Aguirre, quien el 28 de septiembre le solicitó apoyo.

En entrevista posterior al encuentro, la diputada Aracely Damián detalló que el secretario les explicó que el día de los acontecimientos el destacamento de la Marina más cercano estaba a 200 kilómetros de distancia, pues esa dependencia suele operar en la costa.

El secretario explicó que sólo participaron en actividades de búsqueda de los jóvenes, pero la instancia que los coordinaba era la PGR.

Incluso reveló que fue la Marina, a petición de la PGR, la que el 29 de octubre envió a sus buzos a explorar el río San Juan de Cocula. Recuerda la legisladora: “Nos dijo que localizaron a la orilla del río la bolsa con las cenizas y huesos (con los restos de los estudiantes, presuntamente), que al parecer tenía días de haber sido aventada, pues la mitad de ella estaba bajo el fango”.

El almirante aclaró que la bolsa fue entregada a personal de Infantería y quedó a resguardo en lo que llegó la PGR, “pues nunca les notificaron que debería estar el equipo de expertos forenses argentinos. “También nos dijo que el 29, 30, 31 de octubre encontraron en el talud del río huesos enterrados, pero no los tocaron y sólo lo informaron a la PGR”.

Su apoyo concluyó el 6 de noviembre, aseveró la diputada.

(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ JESUSA CERVANTES/ 22 DE OCTUBRE DE 2015)

REVELACIÓN DE MEXICOLEAKS: LA MENTIRA DEL GENERAL ANTÚNEZ


MONTERREY, N.L. (Proceso).- Hace cinco años y medio fueron asesinados a balazos dentro del campus central del Tecnológico de Monterrey los jóvenes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo sin que hasta ahora se les haga justicia.

Ambos eran estudiantes de esa institución, según admitió el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa; incluso se les rindió tributo con un minuto de silencio en el Congreso de la Unión.

A contracorriente, el general Cuauh­témoc Antúnez Pérez, comandante de la Séptima Zona Militar en ese tiempo, redactó un informe obtenido por el grupo de periodistas de la plataforma Mexicoleaks, de la que forma parte Proceso, según el cual Jorge Antonio y Javier Francisco cayeron durante “un enfrentamiento del Ejército con delincuentes” la madrugada del 19 de marzo de 2010.

Hoy, ese militar es secretario de Seguridad Pública estatal en la administración de Jaime Rodríguez, El Bronco. Organismos civiles de la región protestaron al enterarse de su designación y señalaron sus implicaciones en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y actos de tortura que nunca fueron aclarados y cuyas víctimas no recibieron justicia (Proceso 2032).

Según la versión del documento extraurgente que el general Antúnez Pérez dirigió “a la superioridad” en papel membretado de la Secretaría de la Defensa Nacional el 5 de abril de 2010 (folio 08739), varias personas dispararon a las tropas desde una camioneta Yukón aquella madrugada de marzo.

Del vehículo “descendieron dos personas más que, ahora se sabe, respondían a los nombres de Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, quienes comenzaron a correr a la entrada del Tecnológico de Monterrey, ubicada en la confluencia de las avenidas Garza Sada y Luis Elizondo, lugar en el que cayeron muertos, resultado del enfrentamiento referido”, escribió el militar.

Antúnez Pérez escribió su reporte interno luego de recibir el mensaje numerado como DH-IV-3665 fechado el 29 de marzo de ese año en el que se le informa que el ómbudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, abrió de oficio la queja CNDH/2/2010/1508/Q “en agravio de los extintos Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso”.

El propósito del militar fue reforzar la versión emitida por el mando territorial de la Séptima Zona Militar, con sede en el municipio metropolitano de General Escobedo, el 19 de marzo de ese año en un boletín en el que asentó:

“Una persona se acercó para manifestar (a las tropas) que en la avenida Garza Sada cruce con avenida Jesús Elizondo (sic) de dicho municipio se encontraban varias personas a bordo de diferentes vehículos con armas largas y en actitud sospechosa.

“De este evento resultaron muertos dos individuos que hasta el momento no han sido identificados… Cabe hacer mención que durante el enfrentamiento resultó herido un elemento militar, mismo que fue trasladado de inmediato para su atención médica, encontrándose estable.”

En su informe del 5 de abril, Antúnez Pérez expuso: “Por lo anterior, se desprende que el personal militar actuó repeliendo una agresión real, inminente, violenta y sin derecho, actuando en legítima defensa, resguardando su integridad personal, adecuando su conducta al marco de la legalidad establecido en nuestra legislación interna, protegiendo los intereses de la sociedad al enfrentar a miembros de la delincuencia organizada”.

Meses después, en agosto de 2010, el ómbudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva emitió la recomendación 45/2010 y concluyó que el Ejército disparó a los estudiantes y que la escena del crimen fue manipulada para sembrarles armas.

La recomendación 45/2010 de la CNDH concluyó: “Esta Comisión Nacional observó que Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso no portaban armas ni viajaban en la camioneta que agredió a los elementos militares ni eran miembros de la delincuencia organizada, como de manera inconducente sostuvo la Secretaría de la Defensa Nacional en el informe que rindió ante este organismo nacional.

“Además, Jorge Antonio Mercado Alonso presentó seis heridas producidas por proyectil de arma de fuego, dos de las cuales fueron realizadas a corta distancia, en tanto que Javier Francisco Arredondo Verdugo presentó siete heridas generadas por proyectil de arma de fuego, de acuerdo con el acta de fe ministerial e inspección cadavérica.”

El ómbudsman pidió también que se limpiara el nombre de los dos estudiantes: “Resulta necesario aclarar con toda energía que Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso eran estudiantes de excelencia del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, no viajaban en la camioneta que agredió a los elementos militares, no portaban armas ni eran miembros de la delincuencia organizada”.

CONFUSIÓN, SOLAPAMIENTO E IMPUNIDAD

El 22 de marzo de 2010, tres días después del presunto ataque a los militares, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, viajó a esta ciudad donde se entrevistó con el gobernador Rodrigo Medina, y funcionarios del tec de Monterrey. Se comprometió a esclarecer la muerte de Jorge Antonio y Javier Francisco.

“Reconozco que los dos estudiantes estuvieron en la línea de fuego del lado donde los soldados eran agredidos por criminales –dijo el funcionario calderonista en conferencia de prensa–. Ofrezco que se profundizará una investigación que saque a todos la verdad y deje a todos un aprendizaje sobre esta triste tragedia para evitar este tipo de situaciones en el futuro, sin menguar en nada el ánimo de la autoridad para proteger a la gente.”

A su vez, el rector del tec, Rafael Rangel Sostmann, admitió que, inicialmente, los guardias del campus se confundieron en identificar a las personas abatidas, lo que dificultó el reconocimiento de los cadáveres. Reveló también que su error fue confiar en la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, encabezada por Alejandro Garza, que le entregó información errónea que él divulgó.

El 20 de marzo, el presidente Calderón y su esposa, Margarita Zavala dieron sus condolencias a los familiares de los estudiantes en un comunicado; Gobernación emitió un comunicado en torno al incidente, ocurrido “en las inmediaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en el que desafortunadamente perdieron la vida los estudiantes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo”.

El boletín no señaló cómo murieron los estudiantes. Sólo menciona que una vez controlada la situación, “arribó al lugar del enfrentamiento el AMPFC, personal de peritos en balística y del Semefo para recabar evidencias, levantar los cuerpos y dar fe de los hechos”.

Cinco años y medio después de aquel supuesto “enfrentamiento de tropas del Ejército con delincuentes”, luego de las aclaraciones de las autoridades estatales y federales, de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de las protestas de organizaciones civiles de Nuevo León, no se ha hecho justicia a las víctimas. Y el general que emitió un reporte interno a “la superioridad” en el cual, según el ómbudsman nacional, alternó los hechos, es parte del gabinete del controvertido gobernador independiente Jaime Rodríguez, El Bronco.

(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ LUCIANO CAMPOS GARZA/ 22 DE OCTUBRE DE 2015)

LA MADRE, LA NIÑA, EL ABOGADO Y EL HERMANO DEL POLÍTICO


 El 24 de agosto pasado, SinEmbargo reveló que la Unidad Científica de la PF dio con una red criminal que atacó a medios, periodistas y políticos considerados rivales de sus clientes. Uno de los más asiduos fue Adrián Rubalcava. Entre los agraviados por su encargo están María Fernanda Fosado y su abogado, Ulrich Richter. Ambos mantienen una batalla legal para recuperar la custodia de Valentina, la hija de Fernanda y Juan Manuel, hermano del ahora Diputado en la ALDF.


Foto: tomada de la cuenta de twitter @MarieFos
María Fernanda Fosado y su hija. Foto: Cortesía de la cuenta de Twitter @MarieFos

Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).– ¿Qué causas sociales va a defender en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)? –se pregunta María Fernanda Fosado Bracho. Está hablando de quien fue su cuñado, Adrián Rubalcaba Suárez. Hace casi dos años que Juan Manuel –hermano del ex Delegado de Cuajimalpa– se llevó a Valentina, hija de los dos, mediante un proceso legal en el que el presunto tráfico de influencias ha reinado.

“Los días de pesadillas suelen contabilizarse casi en segundos”, dice María Fernanda Fosado en una tarde de agosto, sin lluvia, en el bufete de sus abogados.

El relato sobre su ex cuñado continúa:

“¿Con qué sangre una persona puede llegar a representar a la sociedad de esta manera? ¿Qué va a representar [Adrián Rubalcava] si dentro de su propia familia está apoyando esta injusticia? Ellos creen que me están dañando a mí, pero están dañando a mi hijita de seis años. Yo le pido que se toque el corazón y ponga fin a esta pesadilla. Que entren en razón. Que mi único interés es que me devuelvan a mi hija”.

Este diario digital dio a conocer que Juan Carlos Zaragoza Ríos, un empleado de Televisa, habría montado una estructura cibernética para acosar y difamar en las redes sociales por encargo de políticos. Uno de los más asiduos a este servicio era Adrián Rubalcava Suárez, ex Delegado de Cuajimalpa y Diputado en la ALDF.

María Fernanda Fosado Bracho y Ulrich Richter, su abogado, identificaron por el modus operandi descrito en la investigación que ellos también estuvieron bajo la misma táctica en los pasados meses.

A través de cuentas de Twitter y videos en YouTube fueron acosados y difamados mientras daban la batalla en varias instancias legales para recuperar la patria potestad, guardia y custodia de Valentina Rubalcaba Fosado.

El rostro de Fernanda Fosado Bracho empezó a conocerse en los medios informativos después de aquel día, cuando acudió por Valentina a la escuela y fue informada que un agente del Ministerio Público había impuesto una orden de restricción en su contra. Si no podía ver a su hija a la salida del plantel, tampoco en su domicilio. Mucho menos, tenía permitido entablar comunicación con ella. Valentina tenía cuatro años. Había vivido siempre en la casa maternal. Pero en los siguientes cuatro meses, madre e hija no volverían a abrazarse.

“No tengo interés ni político ni económico. Si he luchado por mi asunto, me ha costado mucho. No es sencillo exhibir ni exponer tu vida ante millones de personas con millones de juicios distintos. Pero si lo he hecho, si he decidido hacerlo, es porque quiero a mi hija de regreso”, son las palabras de María Fernanda. Luego, añade: “Que dejen de emplear su poder para fastidiar. Que enfoquen su poder para ayudar a las personas. Que utilicen sus recursos no en pagar memes y personas que agredan a quienes no les gusta la injusticia”.


El 21 de enero de 2014, Juan Manuel Rubalcava presentó a Valentina para que declarara ante un agente del MP de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal [PGJDF] por el probable delito de violencia intrafamiliar que su madre habría cometido en su contra, lo que originó la averiguación previa FNNA/D/T3/22/14-01.

“Adrián fungió como testigo. Finalmente es su hermano. Son familia. Pero me sorprende. Como funcionario público debería mantener el orden dentro de su familia, en vez de sumarse a una injusticia y extenderle la mano a su hermano para lograr lo que han logrado hasta el día de hoy, que es que yo lleve un año siete meses sin poder tener a mi hija donde debe estar”, relata Fernanda Fosado.

Lo que siguió fue una carta dirigida al Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza; la Fiscal Central de Investigaciones para la atención de Niños y Niñas, Margarita Maguey Neria, así como a la comisionada de los Derechos Humanos del Distrito Federal, Perla Gómez. Los abogados de Fernanda Fosado detallaron supuestos abusos e irregularidades en el proceso en el que Valentina fue arrancada del hogar de su madre. En ese documento quedó relatado que cuando el agente del MP, Ricardo Serrano, interrogó a la menor no fueron respetados los protocolos de la Convención sobre los Derechos del Niño ni el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante el cuestionario, no estaba presente ningún psicólogo ni ningún otro profesional especializado en menores. La niña tampoco contó con el acompañamiento de un abogado ni se siguió ningún método acorde con su edad. De la audiencia de Valentina no hay audio ni video.

Desde que sobrevino el divorcio de sus padres, Valentina Rubalcava siempre vivió en la casa maternal. Fue Fernanda quien obtuvo la patria potestad y custodia por parte de un juez en aquel entonces. El padre la podía ver martes y jueves. Los fines de semana, los pasaba uno con ella y el otro, con él.

Cuando se le pregunta por la decisión del divorcio, Fernanda Fosado responde: “Yo tomé la decisión de divorciarme por un tema de control, de abusos, de violencia psicológica y en ocasiones, física. Al poner fin, obviamente le quité su punching bag. ¿De qué manera él puede volver a retomar ese control que tenía sobre mí si no es a través de mi hija? ¿De mi niñita? Tristemente el rencor y las ganas de fastidiarme la vida son superiores al amor que le tiene a mi propia niña. Si no, no haría esto”.

Una demanda de amparo y un recurso de revisión fueron interpuestos dadas las irregularidades del proceso identificadas por los abogados de Fernanda Fosado. De modo que el Séptimo Tribunal Colegiado de Amparo en materia Penal del Distrito Federal resolvió el recurso de revisión identificado con el número 91/2014. En este punto de la historia legal, Valentina tendría que haber regresado con su madre; pero Juan Manuel Rubalcava volvió a demandar en el ámbito de lo familiar.

Fue en esa instancia, el 30 de abril de 2014,  cuando el Juzgado Segundo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal le otorgó a María Fernanda Fosado un régimen de convivencia provisional con su hija. Desde entonces, Fernanda se encuentra con Valentina en el Centro de Convivencia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el que fue construido en 2000 en la administración de Vicente Fox Quesada y que a los seis años de funcionamiento ya presentaba saturación de casos.


Adrián Ruvalcaba Suárez, ex Delegado de Cuajimalpa y ahora Diputado por el PRI en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo


Algunos medios de comunicación se acercaron a Fernanda Fosado en cuanto conocieron su caso. Identificaban una historia periodística que debía ser relatada porque desde el principio como ahora, latía una pregunta: ¿Hubo tráfico de influencias en un proceso del ámbito familiar?

Durante junio, julio y agosto del año pasado, Fernanda Fosado y sus abogados identificaron una campaña a través de Twitter y Youtube basada en comentarios ofensivos en su contra. Las cuentas de donde surgían los mensajes difamatorios y acosadores apoyaban al mismo tiempo o después a Adrián Rubalcava Suárez. Es una táctica similar a la que periodistas de este diario digital vivieron en septiembre y octubre del mismo año y a la que fue sometido el perredista Luis Espinoza Cházaro, rival político de Adrián Rubalcava, según se identifica en el expediente 074/2015, abierto después de la denuncia de integrantes de SinEmbargo.

Sobre el ataque hacia Fosado Bracho y su abogado hay una denuncia ante el Agente del MP en la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en la PGDF.

@Noticias_Caribe es una de las cuentas de Twitter desde las que se operó. Desde ahí, lo mismo se le dijo “cobarde” y “mentiroso” a Luis E. Cházaro, que fue difundido un fotomontaje (meme) del director de Contenidos de este diario digital. Y también desde ahí fueron lanzadas fotos de mujeres mutiladas y decapitadas, de cuyo asesinato acusaban a la señora Graciela Bracho Esquitin, madre de Fernanda Fosado Bracho.

@Lu12Wendy es otra. Un día de julio se dijo desde esta cuenta que el asunto entre Juan Manuel Rubalcava y María Fernanda Fosado no se resolvía debido a su abogado, al que llamó gágster. Otro día del mismo mes, halagó el trabajo de Adrián Rubalcava. El mismo comportamiento tuvieron @rodrigo87174, @rodriGuCc1 o @roxana91104.

El ex Delegado de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, fue contundente ante la periodista Lily Téllez en una entrevista para el Canal 40, de TV Azteca. Sostuvo que él no tenía ninguna relación en el conflicto familiar de su hermano, Juan Manuel.

Pero después de que periodistas de SinEmbargo denunciaron ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y una denuncia anónima, la Unidad Científica de la Policía Federal intervino el teléfono celular de Juan Carlos Zaragoza Ríos, un ex empleado de Televisa que aparentemente –en ese momento– brindaba servicios para desplegar campañas cibernéticas de acoso.

Uno de los audios intervenidos, el de 24 de junio de 2015, da cuenta que el ex Delegado le mintió a la periodista.

Juan: Ahora sí, ¿qué ondón?

Adrián: Ya te oigo chingón.

Juan: (se ríe) ¿Qué pasó?

Adrián: ¿Qué onda? Hermanito, ¿cómo estás?

Juan: Aquí dándole con algo de tu hermano.

Adrián: ¿Dando qué?

Juan: Aquí dándole con algo de tu hermano.

Adrián: ¿Qué está molestando otra vez?

Juan: Ehhhh, alguien le sacó una nota del Excélsior, un periodista

Adrián: Esa sí la vi, que me madrea a mí también, ¿no?

Juan: Sí, sí, sí.

Adrián: Que se siente muy chingón el güey.

Juan: Ándale y aquí andaba haciendo unos memes.

Adrián: ¿A este güey? ¿O qué?

Juan: Sí, al periodista.

Adrián: Yo creo que hay que esperarse ahí.




Cada 15 días, se levanta de madrugada. Quiere hacer que el tiempo rinda.

Debe preparar lo que llama “ajuar” para su hija. Casi siempre, hace sopecitos porque sabe que a Valentina, de seis años, le encanta embarrarse de crema. Los lleva en bolsas de plástico con hologramas de princesas. Un pequeño regalo no le falta en la maleta. El último fue un álbum de fotografías. En la dedicatoria le dijo: “Para que tú, hija, lo armes con las fotos que yo te iré trayendo”.

María Fernanda Fosado Bracho, una mujer de 28 años de edad, acude a la cita dictada por un juez en el Centro de Convivencias a ver a su hija, Valentina. Aunque está marcada a las 9:00, con regularidad el padre llega a las 9:30 horas. Entonces, sólo les queda una hora y media para jugar. A las 11:00 horas, se acerca una psicóloga y anuncia que el tiempo ha transcurrido, que la visita se acabó.

Y están esos días, cuando el padre y Valentina no llegan. Las horas pasan para Fernanda quien se queda sentada en una banca. La explicación será que  la niña estaba enferma.

“Mi hija va el centro de convivencias y tiene los ojos tristes. Me hace comentarios. Hay momentos en los que me tengo que voltear para que se me caigan las lágrimas y no me vea llorar. Me dice que me extraña, que me necesita, que se quiere ir a vivir conmigo”, relata Fernanda en entrevista.

Y vuelve a plantear:

“¿Qué tipo de amor le está entregando su papá si la arrebató de mi lado? Ella me extraña, ella me necesita. Es una niña de seis años a la que le partieron su mundo cuando más necesitaba el amor y la estructura maternal. Mi hija podrá estar bien cuidada, podrá viajar a Cancún [porque aparentemente se la llevan a Cancún cada fin de semana], podrá tener todos los regalos, los juguetes y la ropa más linda del mundo, pero si no tiene lo más preciado en este momento, ella no tiene nada”.

–Fernanda, ¿en dónde está tu esperanza?

– Mi esperanza es recuperar a mi hija. No tengo una esperanza más. El daño que ya nos hicieron es irreparable. No volverán a reconstruir ese dolor y ese trauma de no haberme tenido con ella y no haberme sentido a su lado. Por mi parte, como madre, como mujer, me han dejado marcada de por vida. Creo que sí puedo restituir el amor con amor. Tenerla a mi lado es lo único que yo quiero. Que no estén metiendo manos para obtener resultados favorables para ellos, que no estén utilizando ni sus influencias políticas ni económicas para seguir dilatando el proceso. Que no usen el poder para hacer daño.



(SIN EMBARGO.MX/Redacción / Sin Embargo octubre 21, 2015)