jueves, 1 de octubre de 2015

SE REGISTRA TERCER DERRAME MINERO DE CIANURO EN SONORA


SANTA ANA, Son., (Apro).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reportó el derrame aún incuantificable de solución cianurada en las instalaciones de la mina extractora de oro, Molimentales del Noroeste SA de CV.

Según la dependencia federal, el incidente se registró el lunes pasado y, un día después, se notificó a las autoridades ambientales luego de presentarse una fisura en un dren de la pileta de solución cianurada en los patios de lixiviados.

El tóxico, precisa el informe oficial, tenía un concentración de 500 partes por millón (ppm) y hasta el momento se desconoce la superficie afectada por esta eventualidad.

Personal de Profepa realizará en breve una visita de inspección a las instalaciones de la empresa con el fin de identificar posibles afectaciones ambientales y, en su caso, iniciar el procedimiento administrativo correspondiente.

En tanto, el derrame fue contenido mediante el levantamiento de un bordo, con el objetivo de facilitar el rebombeo de retorno de la solución cianurada.

Este sería el tercer derrame de cianuro en minas donde se extrae oro en Sonora durante este año.

El primero se registró el 7 de enero en la minera Penmont SdeRL de CV, ubicada en Caborca, a unos 277 kilómetros al noreste de la capital sonorense.

En aquella ocasión se desbordaron 82 mil litros de solución cianurada, alrededor de 64 mil litros de la sustancia fueron rebombeados a los patios de lixiviación y los 18 mil restantes fueron absorbidos por el material utilizado para la construcción del bordo de contención.

El cianuro es un agente químico transportado y utilizado para la separación del oro del resto de los minerales que se encuentran en la tierra.

Después, el 10 de marzo, en la mina “María”, propiedad de Frisco, se derramaron 180 mil litros de solución gastada de cobre sobre 1.6 kilómetros del arroyo “El Tordillo”.

De acuerdo con la información de Profepa, durante la madrugada de ese día se registró una obstrucción en el vertedor que va de una pila a una de emergencia, en donde se bombea una solución con 0.02 partes por millón de cobre y un pH de 1.5 a 2 unidades.

“Al momento del derrame no se pudo dar inicio a las actividades de neutralización de la solución sobre el arroyo El Tordillo porque los propietarios del predio impidieron el paso al personal de la minera”, justificó en aquella ocasión la dependencia federal.

(PROCESO / MILTON MARTÍNEZ/ 1 DE OCTUBRE DE 2015)

ACUSA A AUTORIDADES FEDERALES DE NO CUIDAR SU INMUEBLE ASEGURADO



Eduardo Martínez, dueño de un terreno con construcción ubicado sobre Callejón Madero en el municipio de Tecate, en donde en diciembre de 2012 fue ubicado un narcotúnel en proceso de construcción, comentó a ZETA la afectación de la que dice ser víctima por parte de la Procuraduría General de la República, que habría quedado a cargo de la propiedad.

El quejoso refiere que dicho inmueble lo había arrendado a la empresa “Agua y Ya”, dedicada a la venta de agua purificada, pero con una denuncia anónima se descubrió que todo era una fachada para intentar el trasiego de droga a Estados Unidos.

De ahí que la propiedad quedó asegurada para la realización de las indagatorias correspondientes bajo la averiguación previa AP/PGR/BC/TKT/365/12.

A través de varios procesos judiciales, Martínez demostró su inocencia respecto al ilícito y recuperó la posesión en el año 2015, recibiendo escombro donde se cimentaran las edificaciones de la propiedad. La planta de agua ha desaparecido y el túnel continúa abierto. El predio y lo que había en él, en ruinas.

Escombro, vidrios rotos, tapas de botella, televisores, piezas de carrocería, jeringas y demás desechos se apilan a lo largo de la propiedad, al igual que las vigas de acero que soportaban las edificaciones. Incluso las bardas que circundan la propiedad presentan daños, por donde Martínez cree que desde un terreno baldío colindante la gente aprovecha para usar su predio como basurero clandestino.

El quejoso asegura además que los vecinos del inmueble le han manifestado que por las noches se escuchan taladros y seguetas, por lo que creen que un grupo de personas ingresa al inmueble a llevarse lo que aún pueda quedar de valor.

Daño total es como califica Martínez la afectación, ya que considera le resultaría oneroso volver a edificar y cubrir el túnel, y su venta resultaría complicada.

“Esto no es ético. No es válido. Imagínese, es mi único patrimonio, no soy persona pudiente, yo de aquí mantenía a mis hijos…esto ya no tiene ningún valor inmobiliario, tendría que meterle un dineral ahí. Acabaron con mi patrimonio, en una palabra”, afirmó.

Por los daños en su predio, Martínez presentó una denuncia por el delito de “robo a lugar cerrado” en enero de 2014, misma que derivó en la averiguación previa 123/14/208/AP, de la cual dijo no ha tenido avance significativo.

“Puedo responsabilizar a PGR y las autoridades correspondientes de no cuidar una propiedad que tienen asegurada”, concluyó.

La PGR respondió que por la cantidad de personas con el que cuenta, resultó imposible mantener a una persona custodiando el predio. Además, informó que en su momento no se autorizó el presupuesto suficiente para tapar el túnel.

Agregó que las condiciones del callejón en donde se ubica dicho domicilio no resultan las idóneas para el ingreso de maquinaria pesada, lo que representaba otro impedimento. Además, que al señor Martínez aún puede pedir un apoyo para tapar dicho túnel o incluso ejercer acción civil contra PGR por la afectación.


(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Héctor Ortiz Ramírez / Fotos. José Agustín Reyes Díaz de León/   01 de Octubre del 2015 a las 13:45:10)

VOLANTEA POR II INFORME, LE LLUEVEN RECLAMOS


En un volanteo por motivo del II Informe de Gobierno, el mandatario estatal Francisco Vega de Lamadrid recibió una lluvia de reclamos por parte de los ciudadanos que circulaban sobre Calzada Independencia y bulevar Benito Juárez, en Mexicali.  

Un joven se acercó a Kiko para señalarle la falta de empleo y bajos salarios, por lo que le advirtió que tenía la intención de volver a las calles a limpiar vidrios. Como respuesta, el gobernador se limitó a decirle que la actividad era una ilegalidad, le pidió que se acerca a las bolsas de trabajo para poderlo ayudar, mientras que el ciudadano le dijo que ya lo había hecho, sin tener éxito.

Un chofer de transporte urbano le pidió a gritos al primer mandatario, hablar con el alcalde Jaime Díaz, para que regule el tema de las multas de tránsito.

Luego de entregar volantes por unos minutos ,"Kiko" atendió a la prensa y de inmediato se fue a San Felipe a cubrir su agenda de trabajo, ya que se espera la visita del Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán

EN TIJUANA ENTREGARÁN 50 MIL VOLANTES

Alrededor de 800 funcionarios de gobierno se encuentran participando en una jornada de volanteo en la ciudad de Tijuana, en el marco del segundo informe sobre la administración del Gobernador Francisco Vega de Lamadrid.

Raúl Castañeda Pomposo, subsecretario de gobierno en Tijuana, indicó que la entrega de volantes tiene la intención de informarle a la sociedad de una "manera directa" sobre las acciones que se han tomado en los últimos dos años de gobierno.

Se tiene estimado entregar 50 mil volantes en 20 cruceros estratégicos del municipio, como La Mesa, Zona Centro, La Presa, Playas de Tijuana, Niños Héroes, entre otros.

El subsecretario señaló que además de esta acción, en los próximos cinco días se llevará a cabo una "campaña masiva de volanteo casa por casa", donde se tiene pensado recorrer la mayor cantidad de viviendas posibles, para dar a conocer sobre el informe presentado el día de hoy por el gobernador.

Estas actividades de estarán realizando en conjunto por todo el estado, aseguró. Natalia Monroy.


(SEMANARIO ZETA/ GENERALEZ/ Cristian Torres Cruz / Fotos. Cristian Torres/   01 de Octubre del 2015 a las 09:52:49)

“MIENTES” DICEN DIPUTADOS A VIDEGARAY


Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo en comparecencia ante 348 diputados que el Paquete Económico 2016 presentando ante los legisladores para su próxima aprobación, protege la macroeconomía de este país y con ello el bolsillo de los mexicanos, sin embargo los legisladores increparon al funcionario por el recorte al gasto público sobre todo al campo y la salud.

La molestia de los legisladores se hizo notar cuando apenas iniciada la sesión ordinaria de este día, los diputados alzaron pancartas con la leyenda: mientes, mientras el funcionario presentaba los avances económicos descritos en el Tercer Informe de Gobierno.

En el marco del primer periodo ordinario del primer ejercicio de la LXIII legislatura, el Diputado federal Manuel Clouthier Carrillo alertó que el modelo Asociación Público Privados traerán más riesgos para la economía del país. “Las Apps son más riesgosas que las candidaturas”, afirmó el legislador por Sinaloa.

Clouthier Carrillo, explicó que esta medida de financiamiento traerá más corrupción en la licitación de los contratos, deuda pública disfrazada y riesgo de lavado de dinero, si no se vigila con quién hace negocios el Gobierno.
Este jueves, el encargado de la Cámara de Diputados dará cuenta de las iniciativas que comprenden el paquete económico para el ejercicio fiscal 2016, que fue entregado al Congreso de la Unión el pasado 8 de septiembre.

De acuerdo con el Diputado que llegó a la Cámara como independiente, con el Presupuesto Base Cero el Gobierno tenía una gran oportunidad para corregir finanzas públicas y para priorizar el gasto público y cerrar la brecha de desigualdad, sin embargo pasó lo contrario. “Me generó una gran decepción”, aseguró el legislador al señalar que no pasó así y que no están entendiendo lo que el pueblo está pidiendo: “quiere que gasten menos e inviertan más”.

El diputado por Sinaloa firmó que “el gobierno sigue gastando igual, invierte poco, la economía no crece, la corrupción sí crece”.

Por su parte, la diputada Amalia García, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dijo en tribuna “ustedes observan el país creciendo por las nubes , nosotros lo observamos ras del suelo”, luego de señalar que pese a que los ingresos por el impuesto a gasolina han aumentado en el último año, el precio del combustible continúa igual.

En su turno, Gustavo Madero, Presidente del Partido Acción nacional sacó una pancarta donde dice a Videgaray caso que “su gobierno subestima ingresos para gastarlos discrecionalmente”, en tanto, el Secretario aguarda su turno para responder las inquietudes que hoy presentan los diputados federales.

 ZETA/sin embargo


(SEMANARIO ZETA/ GENERALEZ/ Redacción ZETA / Fotos. Cortesía/  01 de Octubre del 2015 a las 09:30:10)

DE FUNCIONARIOS A REOS DE ALTIPLANO


Ex funcionarios que favorecieron la fuga de “El Chapo” Guzmán ahora son internos que se encontrarán con los delincuentes más peligrosos a quienes antes reprimían. Los reclamos de los ex líderes de cárteles van en aumento luego de ser sancionados por exigir mejor trato, alimentos y atención médica. ”El H”, “La Tuta” y “Z-42”, los presos más demandantes

En tanto se decretó una segunda orden de detención provisional con fines de extradición en contra del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán y poco a poco se decretan autos de formal prisión en contra de funcionarios que permitieron su evasión del penal Altiplano, los reclusos -vecinos de celda del fugitivo- continúan quejándose del trato que reciben en la prisión de máxima seguridad.

Quienes antes eran representantes de autoridad del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, ahora pasaron a ser parte de la población penitenciaria. Entre ellos Valentín Cárdenas Lerma, quien fuera director de la afamada cárcel, y diez ex funcionarios más.

La ex coordinadora general de prisiones federales, Celina Oseguera Parra y la ex directora jurídica, Leonor García García, esta última encargada del CEFERESO Altiplano la noche de la fuga del “Chapo” Guzmán -ocurrida el 11 de julio-, se encuentran presas en la prisión femenil federal de El Rincón, Nayarit.

Otros tres ex servidores públicos vinculados con la evasión de Joaquín Archivaldo fueron remitidos a Altiplano; el jueves 24 de septiembre, la Procuraduría General de la República informó que fueron declarados formalmente presos por el Juzgado Cuarto de Procesos Penales Federales en el Estado de México.

MUERTE Y RECLAMOS

El ambiente en el penal de máxima seguridad Altiplano no es el idóneo tras el escape del líder del Cártel de Sinaloa. Los reos están inconformes por el “apretón” en las medidas de seguridad, los castigos que se les imponen, la reducción de alimentos, la falta de atención médica y la reciente muerte del interno Sigifredo Nájera Talamantes “El Canicón”, ex jefe de una célula de Los Zetas.

El ahora fallecido era uno de los principales promotores de protestas y amparos. Sin embargo, la madrugada del 8 de septiembre un paro cardiorrespiratorio lo silenció para siempre. Su abogado, Carlos García Limón, aseguró que el deceso de su cliente se debió a la mala alimentación que le daban en prisión.

“El Canicón” y otros reclusos, vecinos del “Chapo” en el pasillo 2 de Tratamientos Especiales, habían realizado entre julio y agosto la protesta de “charolas sucias”. Los quejosos son los ex líderes de Los Zetas, Omar y Miguel Ángel Treviño Morales; los hermanos Teodoro “El Teo” y Marco Antonio García Simental “El Cris”; y Héctor Manuel Beltrán Leyva “El H”.

Llamaron “charolas sucias” a su movimiento -demandado vía amparo- porque consideran que las bandejas en que les llevan su comida eran antihigiénicas y les dan alimentos en raquítica proporción y mal estado.

Los “Teos” y “El H” fueron los más inconformes. No quieren que les ocurra lo que al encarcelado ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien en abril pasó tres días en la enfermería por consumir alimentos descompuestos. Un cuadro de diarrea, fiebre, escalofrío, dolor en el cuerpo y articulaciones, fueron la consecuencia.

En agosto, el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México, comisionó a un actuario para dar fe de las condiciones en las que les sirven los alimentos a los quejosos. En la inspección ocular en la estancia de Héctor Beltrán Leyva, el empleado judicial reportó lo siguiente:

“Asiento que el quejoso se encuentra en buenas condiciones de salud física y mental y su estancia no cuenta con algún desperfecto, ya que cuenta con un colchón, WC, lavamanos, banco y utensilios de limpieza. Asimismo a las 7:00 me volví a constituir en la celda del quejoso y vi cuando una persona del sexo masculino que llevaba para desayunar comida en ollas y recipientes totalmente protegidos con hule, la comida era: frijoles charros, pan integral, nopales hervidos, budín de verduras, tortillas, melón, conchas, te o café, la persona llevaba guantes, gorro y cubre bocas, por lo que procedió a servirles lo que le pidieron y el quejoso pidió budín, pan integral, melón y te, y si le pedían más les servía, en su charola de la cual se encargan de lavar los internos”.

En la misma actuación, “El H” se mostró desconcertado al asegurar que “no le habían servido así en otras ocasiones, sino en otras condiciones precarias”. El actuario remató su informe señalando que no advertía esa precariedad en ese momento, “sino que la comida era fresca y vasta”.

Después de estas quejas, a los reos se les retiraron sus televisores, relojes y otros estímulos que motivaron una serie de nuevos amparos. A Óscar Omar Treviño “El Z-42”, le impusieron un correctivo disciplinario de 76 días con restricción a los límites de su estancia, incluyendo visita familiar o íntima por compartir alimentos e insultar al cocinero.

Al iniciar septiembre, Servando Gómez Martínez “La Tuta”, ex líder de Los Caballeros Templarios, confirmó que “a partir de la fuga del señor Joaquín Guzmán nos proporcionaban unas charolas tapadas térmicamente, muy pequeñas y con muy poco alimento”. A raíz de la inspección judicial, les aumentaron la ración de comida.


(SEMANARIO ZETA/ GENERALEZ/ LUIS CARLOS SÁINZ MARTÍNEZ / FOTOS. INTERNET/   01 DE OCTUBRE DEL 2015 A LAS 18:06:43)

INTENSO TRABAJO REGISTRARON ESTE DÍA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE GUAYMAS


Obras Públicas, Servicios Públicos, Desarrollo Social y Parques y Jardines registraron jornadas intensas de trabajo este lunes en distintos puntos de la ciudad.

Esta mañana las dependencias municipales arrancaron con el Programa de Descacharre en la colonia La Petrolera.

Desde sillas, colchones, hasta salas viejas, llantas y otros cacharros que se encontraban arrumbados en los patios y que solo acumulaban agua, fue lo que Servicios Públicos retiró de las viviendas de ese sector.

Los vecinos del lugar atendieron el llamado que se les hizo recientemente para que sacaran de sus patios todo aquello que ya no se usa y que solo sirve como criadero del mosco transmisor del dengue.

Este lunes trabajadores de Desarrollo Social realizaron la promoción del Programa de Descacharre en la colonia Las Palmas, donde estarán mañana martes 29 de septiembre.

Los trabajos iniciarán en el bulevar Faustino Félix Serna y Calzada de Los Sahuaros en punto de las 9:00 horas.

El titular de la dirección de Servicios Públicos Municipales, Miguel Ángel Quiroz Cota, continuó esta mañana los trabajos de reparación de caminos de Santa Clara hasta  Aranjuez.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Jaime Agruel Robles, informó que este lunes el Programa de Bacheo continuó en bulevar Luis Encinas, Las Villas y en el fraccionamiento Las Plazas.

Además trabajaron en el bacheo en Guaymas Norte, en la calle Mar Caribe y bulevar Microondas.

El funcionario municipal mencionó que en los próximos días continuará el trabajo de bacheo de algunas calles del Centro de Guaymas.


(REPORTEROS.COM / COMUNICADO/ 01 DE OCTUBRE 2015)

ANUNCIA TESORERÍA MUNICIPAL PROGRAMA DE DESCUENTOS EN RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL

A partir del día  primero  y  hasta  el 31 de octubre Tesorería Municipal de Guaymas implementará un plan de descuentos en recargos para los deudores del  Impuesto Predial.

Víctor Morales Serna, director de Ingresos, informó que el programa de descuentos  aplicará para deudores de los primeros tres trimestres del 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 y años anteriores.

Para los deudores del primer trimestre del 2015, el descuento en recargos será del 80 por ciento, para el segundo trimestre del 90 por ciento y para el tercer trimestre del  cien por ciento.

A los deudores del impuesto predial del año 2014 se les descontará el 70 por ciento de los recargos,  los que solo deban el año  2013 recibirán un descuento del 70 por ciento, mientras que a los del 2012 se les descontará el 60 por ciento.

El 50 por ciento de descuento en recargos recibirán los contribuyentes que deban el año 2010 y anteriores.


(REPORTEROS.COM/ COMUNICADO/ 01 DE OCTUBRE 2015)

RECIBE LORENZO DE CIMA A MARIO LUNA Y GOBERNADORES YAQUIS


Una reunión calificada como fructífera por el propio Mario Luna y gobernadores de Bélem, Pitaya, Vícam y Pótam,  se realizó  este día con el alcalde Lorenzo De Cima Dworak en Palacio Municipal.

A las 8:00 horas de este miércoles, Mario Luna, Reyna Anguamea y los gobernadores de los pueblos antes mencionados, se reunieron con el Presidente Municipal para manifestarle la intención que tienen de trabajar de manera coordinada por el bien de los pueblos indígenas.

El primer acuerdo tomado con De Cima Dworak fue la incorporación de Reyna Anguamea como enlace entre el Municipio y los pueblos indígenas.

El Presidente Municipal manifestó interés en trabajar de la mano con la etnia para atender en la medida de las posibilidades las añejas demandas que tienen.

Mario Luna dijo a De Cima Dworak que son muchas las necesidades y los problemas que la tribu tiene, entre ellas la falta de alumbrado público y recolección de basura.


“Nos abandonaron en la recolección de basura, la gente la está tirando en las orillas”, señaló.

(REPORTEROS.COM/ COMUNICADO/ 01 DE OCTUBRE 2015)

VIGILAN "AMENAZA" EN EL PACÍFICO


Presenta la depresión 94-E alta probabilidad de convertirse en tormenta tropical, advierte el meteorólogo Hugo Nordahl Valdez

MAZATLÁN.- Aunque "Marty" dejó de representar un riesgo para las costas mexicanas, al pasar de tormenta a depresión tropical, una nueva amenaza se gesta en el Océano Pacífico.

Hugo Nordahl Valdez, jefe del Servicio Meteorológico local de la Comisión Nacional del Agua, dijo que un nuevo fenómeno natural se forma a mil kilómetros de Baja California Sur.

Se trata de la depresión 94-E, dijo, que presenta alta probabilidad de alcanzar la categoría de tormenta tropical.

Aunque de continuar con la trayectoria que muestran los modelos, que es hacia aguas de Baja California, como son cálidas no tendrá progreso, aún así el seguimiento es permanente, aseguró.

"La depresión tropical 'Marty', en proceso de disipación, estará afectando al oriente de Michoacán, la sierra, la costa y el occidente de Guerrero, así como con lluvias fuertes en la mayor parte de Colima, el sur y el oriente de Jalisco", indicó.

El meteorólogo llamó a la población a tomar sus precauciones por probables lluvias este fin de semana.

Lo que sucede es que los remanentes de "Marty" estarán este fin de semana muy cerca de Baja California Sur, así que las bandas nubosas podrían afectar al sur de Sinaloa, explicó.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua advirtió que mantiene en constante vigilancia a este sistema, ya que los modelos de pronóstico indican una posible reorganización durante los próximos días.

MÁS CALOR

En materia de altas temperaturas, Nordahl Valdez afirmó que seguirán registrándose temperaturas de hasta 35 grados en el puerto.

La población, mencionó, siente más calor del normal por los microclimas que tienen en casa o el trabajo.

"Si una persona pasa la mayor parte del día en el aire acondicionado y sale a la calle sin aire en el carro o camión, es obvio que resentirá, y mucho, el cambio; a eso se le llama sensación térmica, que es el calor que siente el cuerpo, no el que muestra el termómetro", comentó.

RUMBO A LA PENÍNSULA

EL nacimiento de un nuevo fenómeno climatológico es observado de cerca por los especialistas mazatlecos, debido a la alta probabilidad de que se forme una nueva tormenta en ruta hacia Baja California Sur.


(NOROESTE/Verenice Peraza/ 01-10-2015)

LA OPOSICIÓN AL FRACKING UNE A LA SOCIEDAD, PERO EN EU (2 DE 2)


En Estados Unidos, la lucha de ciudadanos y ONG contra el fracking ha derivado en prohibiciones y moratorias del uso de esa técnica de extracción de gas. Foto: Facebook, Frack Action

Ithaca, Nueva York, Estados Unidos, 1 de octubre (SinEmbargo).— Es una fresca noche de inicios de septiembre y en el salón de un restaurante en la zona central de la ciudad un inusual evento se lleva a cabo. Es excepcional porque ahí están congregados varios de los actores clave en la lucha para conseguir que en el estado de Nueva York se prohibiera la fractura hidráulica de gran volumen, el llamado fracking.

Se trata del segundo estado de Estados Unidos que consigue parar esta polémica práctica de extracción de gas del subsuelo, que ha sido señalada por sus impactos al ambiente y la salud humana. Quienes se oponen a esta técnica –que consiste en extraer gas tras taladrar varios kilómetros en el subsuelo e inyectar una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a gran presión para extraer el hidrocarburo– afirman que es un proceso que contamina cuerpos de agua, libera metano (uno de los gases que provocan efecto invernadero) y puede incluso generar temblores.

Vermont y Nueva York son los dos únicos estados en los que la técnica del fracking ha sido prohibida, pero hay otros en los que se han promovido moratorias (suspensiones temporales). Materializado en diciembre del año pasado, el caso de Nueva York es hoy por hoy el paradigma para otros estados y municipalidades donde grupos opositores a este método libran sus propias luchas antifracking.

Hasta este salón en Ithaca, donde hay personajes como el académico de la Universidad Cornell, Anthony Ingraffea, quien ha estudiado los impactos del fracking, han llegado también integrantes de organizaciones civiles de varias partes del mundo, con el fin de conocer más sobre la experiencia de la fractura hidráulica en Estados Unidos e intentar aterrizarla en sus países, en los que la amenaza del fracking es latente.

Toca el turno de hablar a Renee Vogelsang, quien forma parte del equipo de Frack Action, organización no gubernamental que trabaja promoviendo la prohibición del fracking. Entusiasta al hablar, Vogelsang repasa las acciones que Frack Action impulsó para llamar al interés ciudadano mientras muestra imágenes de protestas antifracking; habla del apoyo de personajes clave como Yoko Ono en la lucha antifracking; cuenta cómo la imagen del agua saliendo del grifo a la que se le prende fuego, famosa a partir del documental Gasland,  se volvió icónica del movimiento antifracking; habla de cómo los manifestantes antifracking siguieron al gobernador del estado, Andrew Cuomo, en varios eventos para hacerse visibles… En suma, de cómo se organizó una campaña desde la sociedad civil organizada para lograr la prohibición del fracking.


Manifestación antifracking en la ciudad de Nueva York, en la que entregaron miles de firmas al gobierno estatal apoyando la prohibición de la fractura hidráulica en el estado. Foto: Facebook Frack Action

Quizá para un país como México hablar de este tipo de acciones suene lejano, pero en el vecino del norte la preocupación porque avance la práctica de fracking ha impulsado la lucha. Se trata de una batalla con muchas caras, en las que lo mismo hay quienes impulsan moratorias en los ámbitos locales argumentando el riesgo que esta práctica implica  a la salud humana y al ambiente, que quienes han encontrado su método de lucha en combatir legalmente las violaciones a usos de suelo que las compañías de hidrocarburos llevan a cabo.

Sin embargo, quienes impulsaron la prohibición en Nueva York saben que la batalla no ha terminado, pues se trata de una prohibición que podría revertir el siguiente gobernador, cuando el periodo de Cuomo termine.

Además, pese a que la prohibición aplica para todo el territorio de Nueva York, no lo es para el vecino estado de Pensylvania, donde el fracking es una práctica extendida, por lo que hay riesgo de que una eventual contaminación de cuerpos de agua en Pensylvania perjudique a los de Nueva York.

Pero al menos por esta noche los promotores de la prohibición se concentran en lo positivo y destacan los dos factores clave de la lucha antifracking, que podrían servir para otros países: la presión social y la evidencia que ya existe de sus impactos negativos.

De lo primero, Vogelsangs ha dado cátedra frente a un interesado público. De la evidencia, hablan Sandra Steingraber y Carmi Orenstein, de la Concerned Health Professionals of New York, presentes también en la reunión en Ithaca. Adelantan que en las siguientes semanas se publicará la más reciente edición de un compendio de estudios sobre impactos del fracking en la salud. Es la tercera vez que la organización hace el ejercicio de compendiar los trabajos de investigación científicos y periodísticos sobre los impactos del fracking, de la mano del grupo Physicians for Social Responsibility.

El Compendio de hallazgos científicos, médicos y periodísticos que demuestran riesgos y daños del fracking (extracción de petróleo y gas no convencional) concluye varias cosas a partir de la evidencia encontrada. De ello dan cuenta Orenstein y Steingraber.

Una es que estudios revelan que hay riesgos inherentes al proceso de extracción de gas, como fallas en los pozos, que pueden contaminar el aire con agentes tóxicos o cancerígenos, o el proceso que ocurre en el subsuelo, que simplemente no se puede controlar. Ante ello, la conclusión es que la regulación de esta técnica no es suficiente para prevenir los daños.

Hay evidencia también de que los cuerpos de agua se han contaminado por acciones de perforación de pozos y extracción de gas. Algunos de esos casos los ha documentado la propia Agencia de Protección Ambiental estadounidense (EPA, por su sigla en inglés), referentes a contaminación por fugas del fluido que se inyecta y por el agua de desecho; las descargas de desechos que se hacen en ríos y afluentes, y el paso no registrado de químicos, incluido el gas, en los pozos de agua. Otras investigaciones encontraron en Texas 19 contaminantes relacionados con el fracking en muestras de un acuífero cercano a un sitio de perforación para extracción de gas; mientras que en Pensylvania un solvente usado en el fluido para inyección fue encontrado en pozos de agua cercanos a un sitio de operaciones de fracking.

Otro hallazgo reportado es el del Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York, que determinó que la fractura hidráulica podía incrementar los niveles de ozono en las zonas de estado donde sopla el viento.

Asimismo hay evidencia de problemas de salud asociados a la práctica del fracking, incluidos los laborales y de seguridad. El Instituto Nacional de Seguridad Laboral y Salud, por ejemplo, señaló a los trabajadores de la industria de extracción de hidrocarburos entre aquéllos en riesgo de padecer siliconas, una enfermedad de los pulmones incurable causada por la exposición al polvo de sílica, de la arena de sílice que se usa ampliamente en la fractura hidráulica.

También se documentó que el metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente de lo que se pensaba. Otro de los factores que documenta el Compendio es que la perforación y fractura puede traer de forma natural elementos radioactivos a la superficie, poniendo en riesgo a pobladores y trabajadores, o que las personas que viven cerca de estaciones compresoras de gas están en riesgo, pues contaminan el aire 24 horas al día.

A estos impactos se suman otros de carácter social, pues el arribo de actividades de fracking a las comunidades ha traído consigo incrementos en la criminalidad, como prostitución, violaciones, accidentes automovilísticos por consumo excesivo de alcohol, abuso de drogas y violencia.

LA CLAVE Y EL EJEMPLO

En 2010, Josh Fox sacó a la luz un documental llamado Gasland, en el que aborda los impactos que para entonces ya estaba dejando la práctica de la fractura hidráulica en el noreste de Estados Unidos. Las escenas más recordadas, por lo impactantes, eran las de las personas que mostraban cómo el agua que salía de sus grifos era flamable. Le prendían fuego al agua.

En la cena en Ithaca, Vogelsangs se refiere a esas escenas y cómo el impacto que causaban entre las personas volvieron esa imagen del agua flamable como icónica del movimiento antifracking. Una de las razones por las que se volvió famosa esa imagen, explica Vogelsangs, es porque sintetiza el riesgo que el fracking supone para algo que a la gente le importa, como es el agua.

Un día después de esa reunión, Julia Welsh, también miembro de Frack Action, se referirá nuevamente al asunto de cómo transmitir a las personas sobre los riesgos que hay en la práctica del fracking. Lo que Welsh planteará es hablar de aquello que a la gente le preocupe, como puede ser el agua o su salud. Ahí está la clave.

La preocupación sobre los efectos del fracking en la salud humana fue, precisamente, el sustento de la prohibición de esa técnica en Nueva York. En diciembre de 2014, el Departamento de Salud del estado de Nueva York publicó un documento sobre los impactos a la salud del fracking, que sirvió de base para su prohibición, anunciada por el Gobernador Andrew Cuomo el 17 de diciembre de 2014.

La conclusión de ese documento fue que la evidencia acumulada para la revisión demostraba que había “falta  de certezas significativas sobre los resultados adversos a la salud que pueden estar asociados con altos volúmenes de fractura hidráulica, la probabilidad de la ocurrencia de resultados adversos a la salud, y la eficacia de algunas de las medidas de mitigación para reducir o prevenir impactos ambientales que pudieran afectar negativamente la salud pública”.

El documento proseguía: “Es claro de la literatura existente y la experiencia que las actividades de fractura hidráulica de grandes volúmenes han resultado en impactos ambientales que son potencialmente adversos a la salud pública”.

Y con base en estos argumentos, la fractura hidráulica fue prohibida en el estado de Nueva York “hasta que la ciencia ofrezca suficiente información para determinar el nivel de riesgo a la salud pública derivado de las actividades de fractura hidráulica de alto volumen y si los riesgos pueden ser adecuadamente manejados”.


Cartel con mensaje de agradecimiento al Gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, tras haber decretado la prohibición del fracking en el estado, en diciembre pasado. Imagen: Facebook Frack Action

El caso del estado de Nueva York no ha sido el único, aunque sí el más reciente, de un esfuerzo de prohibición. Otros estados y municipalidades también han emprendido esfuerzos para prohibir el fracking. Muchos de ellos han ocurrido en 2014.

En otros países también se han emprendido batallas para prohibir esta práctica. Francia, por ejemplo, la prohibió desde 2011, mientras que Bulgaria hizo lo mismo en 2012. Escocia impuso una moratoria al fracking, después de que un panel de expertos concluyó que se necesitaba más evidencia sobre los riesgos del procedimiento. Y en Rumania también se impuso una moratoria, pero ésta terminó en 2012 y no fue prorrogada por el gobierno.

Gales siguió el ejemplo en febrero pasado, cuando el gobierno declaró la moratoria del fracking “hasta que sea probadamente segura”.

La provincia de New Brunswick, en Canadá, declaró una moratoria similar el 26 de  marzo pasado. El 29 de mayo, el estado de Maryland aprobó una moratoria de dos años y medio, basado en las preocupaciones por impactos en la salud.

El 10 de julio el gobierno alemán prohibió el fracking por 10 años en zonas donde investigaciones muestren que se desconocen los impactos. En 2012 ya había decidido detener temporalmente su implementación.

En España, las comunidades autónomas de Cantabria y La Rioja prohibieron el fracking, en 2012 y 2013, respectivamente. Valle de Mena, en Burgos, se declaró como municipio libre de fracking.

En Suiza se declaró una moratoria nacional, mientras que en Italia dos proyectos de explotación de hidrocarburos fueron detenidos, uno por el gobierno y otro por presión social.

En Australia y Nueva Zelanda también hay comunidades que se han declarado libres de esta tñecnica o han establecido moratorias o prohibiciones. En Canadá, la provincia de Quebec, prohibió el fracking desde 2011.

En Estados Unidos, además de Nueva York, Vermont ha prohibido el fracking en todo su territorio, mientras que Nueva Jersey prohibió el depósito de residuos procedentes de la extracción de hidrocarburos en su territorio, y otras ciudades y estados han declarado moratorias.

¿Y MÉXICO?

Pero, ¿toda esta experiencia internacional sirve de algo para impulsar una lucha antifracking en México?

Francisco Cravioto, especialista de la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y como tal miembro de la Alianza Mexicana Contra el Fracking, dice que sí y que las experiencias de lucha en Estados Unidos, tanto como las evidencias científicas que han mostrado los impactos negativos de esta práctica, son tomadas como ejemplo por las organizaciones que conforman la Alianza.

Sin embargo, matiza que hay diferencias importantes a tener en cuenta entre los marcos regulatorios de ambos países que impiden seguir las estrategias como si fueran recetas. Una, fundamental, es que en Estados Unidos la normatividad es más descentralizada que en México, que en el tema de la explotación de los recursos naturales centraliza la potestad de los permisos en el Gobierno federal.

Y eso lo cambia todo, porque mientras en Estados Unidos las prohibiciones o moratorias para la práctica del fracking se pueden lograr en los ámbitos locales –ya sea en las municipalidades o en los estados– en México tendría que existir una prohibición a nivel federal.

El esfuerzo se ha hecho, recuerda Cravioto, pues en abril del año pasado se impulsó una iniciativa de ley para prohibir la práctica del fracking. La propuesta fue llevada por legisladores de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo, Nueva Alianza y el Movimiento Ciudadano.

La nombrada Ley General para la Prohibición de la Fractura Hidráulica planteaba prohibir la práctica de fracking en todo el territorio nacional, fomentar el estudio y análisis de los impactos ambientales causados por la exploración y explotación por fracking, y fortalecer la transición energética hacia fuentes de energía renovables, que asegurasen la sostenibilidad energética social y ambiental, y redujera las emisiones de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes.

SIN EMBARGO, LA INICIATIVA NO PROSPERÓ.

Otra diferencia entre ambos países que incide en cómo se puede emprender una lucha antifracking es cómo se entiende la propiedad de la tierra. En Estados Unidos predomina el modelo de propiedad privada, de modo que cualquier persona que compre un terreno se convierte en dueño del subsuelo, aunque también hay casos en los que el gobierno es dueño del subsuelo pese a que el terreno es de un particular. En México, por el contrario, el estado es dueño de los recursos del subsuelo, pero al mismo tiempo la propiedad de la tierra no únicamente reconoce el modelo privado, sino que éste coexiste con regímenes como la propiedad ejidal y la comunal.

Estas diferencias no son el único obstáculo para una batalla legal antifracking en México. Los cambios legales que trajo consigo la llamada Reforma Energética también impactan en los mecanismos de litigio, Dice que en lo jurídico hay varias vías defensa, pero la reforma energética “hizo todo lo posible por debilitar estos puntos”.

Cravioto habla particularmente de la Ley de Hidrocarburos, que incorporó las figuras de servidumbre y ocupación temporal, además de considerar la extracción como una actividad prioritaria y de interés público. La misma ley también planteó que los municipios tienen que facilitar y garantizar la entrega de todos los permisos necesarios para la realización de actividades de explotación de hidrocarburos.

Todos estos preceptos, dice, son violatorios de las garantías protegidas constitucionalmente, de modo que considera que hay posibilidades de litigarlas.

Cravioto habla con insistencia de que, al menos por ahora, la lucha tiene que darse mediante la difusión de información sobre los riesgos e impactos negativos que el fracking conlleva, así como la generación de enlaces.

La Alianza ha puesto el ejemplo de ello. Las 40 organizaciones que la integran son activas difusoras de información, generadoras de foros, de documentos, integradoras de redes.



Dice que una lucha se ha dado en las grandes urbes, como el Distrito Federal, Monterrey, Xalapa. El objetivo por ahora es concientizar a la población, dar información que la gente conozca el tema, que se empiece a difundir. “En la medida en que se genere una opinión pública en contra de esta técnica, se genera una masa crítica que obliga a la clase política a reaccionar”.

La otra batalla es la de informar a la población en los sitios donde se están impulsando estos proyectos, explicando en qué consiste la técnica, cuáles son sus beneficios y sus consecuencias negativas.

Sobre la iniciativa de ley antifracking, dijo que aún no saben si es el momento político, tendrían que analizar la nueva correlación de fuerzas para ver qué legisladores podrían ser aliados. Reconoce que no existen en este momento las mayorías políticas necesarias para impulsar el tema.

La iniciativa planteada hace un año, sin embargo, pese a estas diferencias en los marcos regulatorios emuló el principio fundamental que ha sustentado prohibiciones como la de Nueva York: el de la precaución.

El principio precautorio, explicaron los diputados que promovieron la iniciativa en su exposición de motivos, no significa anticipar un daño futuro ni adopta acciones para anularlo, sino que parte del argumento de que al no existir la suficiente valoración real y científica de las consecuencias, positivas y negativas, para restringir cualquier alteración al medio ambiente.

Es decir, que mientras no exista la certeza de un beneficio o del no daño, se valida la posibilidad de que pueda existir un daño si no se adoptan medidas de precaución.

Cravioto concluye que aunque la Reforma Energética intentó cerrar las posibilidades de defensa, sí existen herramientas legales para proteger a las comunidades del fracking. Pero por ahora, insiste, lo importante es informar a la gente. Y eso, en Nueva York, México o cualquier otra parte del mundo, es la clave.


(SIN EMBARGO.MX/ Mayela Sánchez /octubre 1, 2015 - 00:00h)

LA DELINCUENCIA ORGANIZADA ES HIJA DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA: BUSCAGLIA


El fuero constitucional del que gozan legisladores y gobernantes es una protección que funciona como en tiempos de la Colonia, dice Buscaglia.


Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia, dijo que mientras los políticos sigan teniendo un sistema de protección tan grande, México jamás podrá llegar a la verdad en materia de desaparición forzada. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).– México carece de una política de Estado para atender las decenas de miles de casos de desaparición forzada que hay en el país y para los que no hay legislación que proteja a víctimas ni a los potenciales testigos de los crímenes.

Así, planteó ayer en un foro el investigador Edgardo Buscaglia, en el país está prácticamente cancelada la posibilidad de que la información sobre los perpetradores fluya hacia las investigaciones y, con ella, se pueda establecer el paradero de las víctimas.

Buscaglia participó ayer vía skype en el “Foro Internacional Sobre Personas Desaparecidas en México”, en el que insistió en que la Ley que se genere –en discusión en el Senado de la República– debe contar con programas integrales de protección a víctimas y a testigos; esto, dijo varias veces, para que puedan avanzar las indagatorias ahora detenidas por “el terror” que viven potenciales testigos.

Otro problema para la solución de los casos, agregó el experto en marco legal para el combate al crimen organizado, es el fuero constitucional del que gozan legisladores, Gobernadores y otros funcionarios para no ser procesados y que, dijo Buscaglia, funciona como el sistema de protección política vigente durante la Colonia.

“Tenemos que entender que la delincuencia organizada es hija de la corrupción política, y en la medida en la que sigan teniendo un sistema de protección de políticos a través de un fuero tan amplio, jamás podrán llegar a la verdad”, dijo.
“Una de las principales medidas que deben impulsar es limitar el fuero del que gozan estos legisladores y se les pueda procesar por delitos”, agregó.

En su participación, Buscaglia también insistió en que las familias se organicen para tratar de llevar los casos ante la Corte Penal Internacional, en lugar de la Corte Interamericana, debido, dijo el académico, a que esta segunda instancia carece “de dientes” y no puede ni girar órdenes de detención contra probables responsables.

Las recomendaciones, sin embargo, fueron desairadas por cuatro servidores públicos que llegaron a la inauguración del foro realizado en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco y que, sin embargo, se fueron justo antes de que iniciara la ponencia de Buscaglia –conocido crítico de los “vacíos” del Estado mexicano ante el crimen organizado.

–¡Ya se fueron! –exclamaron desde su silla en el salón en el que se realizaba el foro algunas madres de víctimas mientras Buscaglia, a través de la pantalla, criticaba que los legisladores mexicanos dieran discursos en lugar de “llenar los vacíos legales”.

Se referían a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado; Sergio Rochín del Rincón, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobernación; Mercedes Peláez, directora de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la misma Segob; y Jorge Aguilar Montaño, director general de Promoción de Cultura de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR).

“Desgraciadamente llegaron aquí la fauna de políticos, y en cuanto usted empezó a hablar, salieron volando, para no oír. Inmediatamente salieron y sólo llegaron para que nosotras pudiéramos escuchar su discurso, ya sabe”, dijo al micrófono Julia Alonso, integrante de la organización de familias de víctimas Ciencias Forenses, que busca generar un banco de datos sobre casos.

“Saben que les íbamos a decir todo lo que tienen que hacer”, dijo Teresa Vera, hermana de Minerva Vera –desaparecida en Oaxaca en 2006–, entrevistada por este medio al final de la ponencia. “Pero nosotros solicitamos que esté la autoridad presente, para que escuchen nuestras necesidades”, agregó la también integrante de la Plataforma de Víctimas de Desaparecidos de México.

La única funcionaria que regresó al término de la ponencia de Buscaglia, y para presentar sus datos, fue Peláez, que dijo haberse ausentado para atender “precisamente un caso”. En su exposición, la funcionaria planteó que –de los más de 26 mil casos de desaparición que, se estima, existen en el país– la dependencia a su cargo “acompaña” actualmente mil 348; es decir, un 5.1 por ciento.

“JUSTICIA INEXISTENTE”

Los servidores públicos tampoco escucharon las quejas de familiares que, a lo largo del foro, expusieron la total impunidad en la que se encuentran los casos y los diferentes obstáculos que enfrentan en las agencias del ministerio público.

Tita Radilla Martínez, de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos, participó como ponente y planteó que la inoperancia de las instituciones del país es tal que, a cinco años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentenciara al Estado mexicano por la desaparición, en los años 70, de su padre Rosendo Radilla, la investigación sigue sin avances.

“Este caso ilustra claramente cómo se ha negado a las víctimas de la desaparición forzada el acceso a la justicia; asimismo, ha servido para demostrar que en nuestro país la justicia es inexistente, permitiéndonos tener acceso a los tribunales internacionales, porque pues aquí no están haciendo nada”, dijo Radilla.

“Pero, como decía el ponente, no tiene dientes la Comisión Interamericana, porque a cinco años de emitida la sentencia, no hay ninguna pista no hay nada en cuanto a la investigación”, agregó.

La impunidad e incluso la obstaculización de las indagatorias por parte de las autoridades, sobre todo la exigencia de esperar 72 horas para que inicien los trabajos de búsqueda, fueron los temas comunes planteados tanto por investigadores como por víctimas.

“Yo quiero denunciar a Juan Antonio Ferrer, director del Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (Capea), y a su equipo, porque quieren hacer el trabajo de coordinar la atención desde el escritorio”, dijo una madre de familia cuya hija se perdió en agosto en esta capital y que, por temor a represalias, pidió no revelar su identidad.

En el mes y medio que lleva buscando a su hija, agregó, ha sido ella quien ha tenido que recorrer el lugar de los hechos, rogado por pesquisas y oficios para poder revisar, ella, los videos de las cámaras de Seguridad Pública en la zona donde ocurrió el extravío. Videos que, por lo demás, explicó, eran inservibles y carecían de nitidez para poder hacer identificaciones.

“Se da uno cuenta de la falta de sensibilidad y capacidad técnica para investigar, la falta de voluntad, de diligencias, y de que, pese a que existen varias instancias en el Gobierno federal con funciones parecidas, no se coordinan”, dijo la madre de familia en entrevista con este medio.


(SIN EMBARGO.MX/ Sandra Rodríguez Nieto/ septiembre 30, 2015 - 00:04)

PERDIDOS EN EL MAPA DEL NARCO


La PGR y la DEA tienen una visión muy distinta sobre los cárteles que operan en México. Mientras la Agencia Antidrogas de Estados Unidos reporta como poderosas a ciertas organizaciones, en el país la fiscalía ni siquiera reconoce su existencia

En el cártel de los Arellano Félix, la PGR identifica tres escisiones: El Chan, El Jorquera y El Kieto, todas con presencia en Baja California

Es difícil saber si las diferentes versiones sobre la operatividad de los cárteles en el país tiene que ver con ineptitud o con una política de opacidad

La investigación sobre la delincuencia organizada en México es como el precio de la droga: no es el mismo en el sur que en el norte.

Mientras que la Procuraduría General de la República (PGR) ubica nueve organizaciones criminales, en las que operan 37 células en diferentes puntos del país, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) solo registra ocho cárteles que trafican drogas hacia Estados Unidos.

Además, ni siquiera son los mismos cárteles.  La DEA señala dos que México no reconoce, dos que sí ve, pero los llama distinto y dos más que los norteamericanos dan por muertos y para México representan todavía un peligro.

Lo que para la PGR es el Cártel del Pacífico, para la DEA es el de Sinaloa.

El de los Carrillo Fuentes la Agencia norteamericana lo ubica como el Cártel de Juárez y para nombrar a las organizaciones de los Beltrán Leyva, Los Zetas, del Golfo y Los Caballeros Templarios no tienen diferenciación.

La operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) la DEA no la concibe sin la célula delincuencial de Los Cuinis, a quienes ubican como socios en todos sus envíos de drogas.

A Los Cuinis, la DEA los describe como el cártel más rico del mundo, sin embargo, la PGR nunca menciona tal organización en sus informes públicos.

Es el mismo caso de Los Moicas, uno de los ocho cárteles que la DEA ubica y del que en México no existen registros... al menos en la información pública.

Asimismo, la DEA jamás menciona al Cártel de los Arellano Félix –también conocido alguna vez como el Cártel de Tijuana– ni a La Familia Michoacana, organización de la que se identifica pertenecen los Guerreros Unidos, que operan en Guerrero, Morelos y el Estado de México, y a quienes se les atribuye la desaparición y presunta muerte de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

LAS 37 CÉLULAS DEL CRIMEN ORGANIZADO

Aunque para la agencia Antidrogas de Estados Unidos, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Cuinis operan de la mano, la PGR no identifica a Los Cuinis y en el mapa criminal actualizado afirma que en el caso del CJNG “no se identifican grupos, células o pandillas vinculadas con la organización”.

Según la fiscalía mexicana el CJNG tiene presencia, además de Jalisco, en Colima, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Guerrero, Morelos y Veracruz.

En el caso de Los Caballeros Templarios, la PGR reconoce dos células delictivas al interior de la organización, una encabezada por Fernando Cruz Mendoza, alias “El Tena”, con operaciones en Aquila, Coahuayana y Coalcomán de Vázquez Pallares; y otra liderada por Homero González y/o Gonzalo González alias ‘El Gallito’, con operación en Tumbiscatío y Apatzingán.

El cártel del Pacífico (Sinaloa, como le llama la DEA) tiene diez células delictivas: Gente Nueva (Chihuahua y Sinaloa), Los Cabrera (Durango y Chihuahua), el Cártel del Poniente o de La Laguna o Los Bardales (Durango y Coahuila), El Aquiles (Baja California), El Tigre (Baja California), Del 28 (Baja California Sur), Los Artistas Asesinos o AA (Chihuahua), Los Mexicles (una pandilla de Chihuahua, Los Salazar (Sonora) y Los Memos (Sonora).

En el cártel de los Arellano Félix, la PGR identifica tres escisiones: El Chan, El Jorquera y El Kieto, todas con presencia en Baja California.

La Familia Michoacana –cuya extinción ya había sido declarada por el Gobierno Federal– oficialmente tiene dos subgrupos, una es Guerreros Unidos, un “grupo desertor” al que también ubica como La Nueva Empresa y una más a la que le dice La Empresa (Estado de México y Morelos).

De acuerdo con la información entregada a Reporte Indigo a través de una solicitud de acceso a la información, Guerreros Unidos opera en Morelos, Guerrero y Estado de México.

Es a Guerreros Unidos a quien la autoridad ubica como autores del ataque que derivó en la desaparición y presunta muerte de los 43 normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos.

Esa célula delictiva mantiene una disputa con Los Rojos, que es un grupo al mando de los Beltrán Leyva con operaciones en la región norte y centro de Guerrero y Morelos. Los Rojos son sólo una de las siete suborganizaciones de los Beltrán Leyva.

El mapa del crimen de la PGR actualizado hasta principios de septiembre indica que el cártel está compuesto por Los Mazatlecos (Sinaloa y Baja California Sur), una escisión llamada “El 2 mil”, que también pudiera ser conocida como “El Panchillo” o “El Panchillo Huevos”, y tiene presencia en Sonora.

Los Granados se ubican en la región de la Tierra Caliente guerrerense, La Oficina en Aguascalientes y Baja California Sur, Los Ardillos en la región Centro y Montaña de Guerrero, así como el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), con presencia únicamente en Guerrero.

La organización de los Carrillo Fuentes –que la DEA ubica como Cártel de Juárez– tiene dos células delictivas que operan sólo en Chihuahua: La Línea y una pandilla conocida como Los Aztecas.

De acuerdo con PGR, Los Zetas tienen tres organizaciones delictivas: Grupo Operativo Los Zetas, Grupo Operativo Zetas y Fuerzas Especiales Zetas. Todas con presencia únicamente en Tamaulipas.

El Cártel del Golfo, que de acuerdo con la narrativa oficial escindió de Los Zetas luego de que se desempeñó como un brazo armado de esta organización, hoy opera con siete suborganizaciones en puntos de Tamaulipas y en Cancún, Quintana Roo: Metros (Reynosa), Rojos (Matamoros), Grupo Dragones (Tampico), Los Fresitas y Ciclones (cuya zona de influencia en Tamaulipas no se delimita) y Los Pelones y Talibanes (ambas en Cancún).

LA MERMA DE LOS ZETAS

Los Zetas y el cártel del Golfo son las organizaciones que más han resentido el reacomodo de sus grupos en este último año, de acuerdo con la información de la Fiscalía.

El cártel de Los Zetas pasó de tener nueve células criminales a sólo tres. En septiembre del 2014 la PGR informó que estaban constituidos por Sangre Zeta (Coahuila y Nuevo León), Grupo Operativo Zetas (El Mante, Soto La Marina y Ciudad Victoria, Tamaulipas), Comando Zetas (Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Miguel Álemán, Gustavo Díaz Ordaz y Ciudad Mier, Tamaulipas), El Círculo y el Extranjero (Jiménez, Ciudad Victoria, Ciudad Madero y Abasolo), Unidad Zetas (Nuevo Laredo), Néctar Lima (Nuevo Laredo), Grupo Delta Zeta (Valle Hermoso, Tamaulipas), Los Negros (Irapuato, Guanajuato) y Fuerzas Especiales Zetas (Cárdenas, Huimanguillo, Teapa y Centro, en Tabas; y Cancún, Quintana Roo).

Hoy, Los Zetas quedaron reducido a tres grupos con acción solo en Tamaulipas, de acuerdo con la PGR.

Por el lado del Cártel del Golfo, en un año disminuyeron de 12 a siete el número de sus organizaciones criminales. En 2014 estaba integrado por Metros (Reynosa), Rojos (Matamoros), Dragones (Tampico), Grupo Bravo (Aldama), Grupo Pumas (El Mante), Grupo de Apoyo Ceros o M3 (Reynosa), Los Pelones (Quintana Roo) y otras cinco células cuya acción en Tamaulipas no está delimitada en el informe: Grupo Lacoste, Los Fresitas, Los Sierra, Los Pantera y Ciclones.

En la actualización del informe en 2015 ya no hay datos de Grupo Lacoste, Grupo Bravo, Grupo de Apoyo Ceros o M3, Los Sierra ni Los Pantera. Además, en la nueva lista se incluye a una organización conocida como Talibanes, con operación en Cancún, Quintana Roo.

Hace un año el Cártel del Pacífico tenía ocho grupos, hoy tiene 10. Desapareció La Barredora y se crearon Los Mexicles, Los Salazar y Los Memos. El cártel de La Laguna o del Poniente, ahora también es ubicado como Los Bardales.

En el mapa delictivo de la PGR entregado en septiembre de 2014, se perciben 45 células delictivas emanadas de estas nueve organizaciones y Los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación eran las únicas organizaciones que carecían de subgrupos.

En la descomposición de Los Caballeros Templarios que derivó en la conformación de este en dos células (encabezadas por El Tena y El Gallito) también se aprecia una disminución de los territorios en que opera, ya que actualmente sólo se identifica su operación en la Tierra Caliente de Michoacán y hace un año operaba en nueve entidades: Guerrero, Guanajuato, Morelos, Estado de México, Jalisco, Colima, Querétaro y Baja California, además de Michoacán, su estado de origen.

Las organizaciones de los Arellano Félix, La Familia Michoacana, Carrillo Fuentes y Beltrán Leyva se mantienen con el mismo número de células aliadas.



DE LA NARRATIVA OFICIAL A LAS CONTRADICCIONES

En México se desconoce cómo es que el gobierno obtiene la información sobre la operación y control de los cárteles de la droga, mientras que en Estados Unidos es conocido que la DEA paga a los informantes.

“La cuestión de fondo tendrá que ver con las fuentes, es decir, cómo cada una de estas agencias gubernamentales ordena la información, la recoge, la organiza, la sistematiza, lo que podemos ver en el caso mexicano es que efectivamente ni los conocen (a Los Cuinis y Los Moicas) y si hacemos memoria vamos encontrando casos donde las autoridades mexicanas no tienen investigación alguna contra determinadas personas y en Estados Unidos hay expedientes muy amplios”, apunta en entrevista Édgar Morín, experto en temas de delincuencia organizada y autor del libro La Maña.

“Yo no estoy muy seguro hasta dónde es un asunto de ineptitud e incompetencia y hasta dónde puede haber una política de opacidad informativa, que es mucho más grave... Bueno, quizás igual de grave”.

Para Morín, las contradicciones apuntan a deficiencias muy serias en la investigación y recopilación de la información.

Más allá de las diferencias entre la DEA y la PGR, son notorias las contradicciones entre “la narrativa” de la delincuencia organizada a menudo citada por instancias oficiales y los datos duros entregados a través de las solicitudes de acceso a la información pública.

“Llama mucho la atención que en el discurso gubernamental como se ha decretado que La Familia Michoacana ya se desintegró y, sin embargo, en el anexo de 2015 todavía aparecen dos células, una que serían Los Guerreros Unidos o La Nueva Empresa y La Empresa. Cada detención de líderes o supuestos líderes se decreta la extinción de ciertos grupos, eso pasó con los Arellano Félix, pasó en el caso de la propia Familia Michoacana, el entonces secretario de Gobernación (Alejandro Poiré) y el propio Calderón dieron por muerto a un miembro de La Familia que resulta que no estaba muerto, después se supo, Nazario Moreno.

“Cada que hay una detención anuncian con bombo y platillo la desarticulación criminal tal, pero pues el dato oficial dice que no. Hay una contradicción interesante entre el discurso y la información oficial”, añade.

¿DÉBILES O PODEROSOS?

De acuerdo con el mapeo de PGR, detrás del caso Iguala en que desaparecieron y supuestamente asesinaron a 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, estaría La Familia Michoacana.

“Según esta narrativa oficial parece que es un cártel poderosísimo y según el dato oficial es justamente una contradicción, pues los tales Guerreros Unidos son una célula que pertenece a una organización mayor que sería La Familia Michoacana.

“Si seguimos la idea del discurso oficial, de pronto algunos grupos son peligrosísimos cuando en realidad el dato que ellos mismos producen dice que no es para tanto”, indica el especialista.

El hecho de que se perciba un reacomodo en las células de cárteles como el Pacífico y los Templarios y una reducción en los subgrupos de Los Zetas y del Golfo se relacionan con que las acciones gubernamentales, si bien a veces producen debilitamientos, también “agarran a uno y salen dos, agarran a esos dos y salen tres”.


(REPORTE INDIGO/ JULIO RAMÍREZ/ Jueves 1 de octubre de 2015)