lunes, 28 de septiembre de 2015

EL CIERRE DEL JUZGADO QUINTO


Después de 26 años de funcionamiento y de sobrevivir cuatro años al Nuevo Sistema de Justicia Penal, en Mexicali fue cerrado el Juzgado Quinto de lo Penal. Ante la disminución del trabajo y los expedientes por la entrada en vigor del NSJP, ya no es necesario el Juzgado Tradicional. Dos Juzgados más están en capilla. Los casos pendientes serán enviados al Cuarto Penal y el personal será, en su mayoría, instalado en otras áreas del Poder Judicial


Por primera vez en la historia del Poder Judicial en Baja California, un Juzgado Penal fue oficialmente cerrado. A partir de las cero horas del sábado 19 de septiembre de 2015, el Juzgado Quinto de lo Penal en Mexicali, dejó de existir.

Así lo decidió el pleno del Consejo de la Judicatura en sesión extraordinaria efectuada el martes 15 de septiembre, el acuerdo 01/2005 de ese organismo decreta la extinción: “Se norma la conclusión de sus funciones, la reubicación del personal y la entrega recepción de los asuntos públicos del citado órgano jurisdiccional”.

El cierre es la conclusión de la entrada en vigor en la capital de Baja California del Nuevo Sistema de Justicia Penal en julio de 2011. La carga laboral en los Juzgados Tradicionales fue disminuyendo hasta hacer esas instituciones, dispensables. Ciertamente el primero en cerrarse fue el Quinto Penal, pero en capilla, hay dos Juzgados más (Segundo y Cuarto).

Dentro de la reingeniería propuesta para el Poder Judicial por el actual presidente del Tribunal, abogado Armando Vázquez, trabajadores y recursos de los Juzgados Tradicionales que son cerrados, serán reorientados a otras áreas.

EXPEDIENTES POR DOQUIER

A partir de la segunda quincena de septiembre el ya escaso personal del Juzgado Quinto se dedicó a organizar los cerca de 818 expedientes -160 activos por instrucción, 40 pendientes de audiencia de vista, 280 órdenes de aprehensión pendientes, 22 reaprehensiones en ejecución de sentencia, 18 pendientes por sentencia y 298 en trámite de requerimientos por recibos de ingreso- que aún estaban en custodia del Juzgado.

Eso implicó que durante la semana, personal del Juzgado bajo la supervisión del secretario de Acuerdos encargado de despacho, Ignacio Castro Beltrán, organizaran el cúmulo de expedientes a repartir, los cuales serán turnados a otros Juzgados para seguir el trámite, o los que se enviarán directamente al archivo del Poder Judicial.

A la par de la minuciosa labor, la incertidumbre de los empleados era evidente. “No sabemos qué va a pasar con nosotros, sabemos que hoy es el último día aquí, pero no se adonde me van a mandar”, explicó uno de ellos mientras hablaba por teléfono celular en el pasillo externo del Juzgado. Adentro, todos se dedicaban a acomodar expedientes, unos sobre los escritorios y ya listos para llevárselos, otros en el piso de las oficinas esperando el ordenamiento.

“Pásele, acá le posamos”, expresó una de las empleadas, quien amplió: “Es que ya nos vamos”, pero al ver la grabadora no quiso decir más. Otra empleada dice contar con 21 años de antigüedad en el Poder Judicial, e informa que el Juzgado Quinto Penal fue creado en 1989, y que antes en ese lugar que poco a poco se va vaciando, funcionaba un Juzgado de Paz.

Una más de las adscritas al Juzgado evoca que el último juez en calidad de interino en ese Juzgado fue Juan García Alberto, cuando sustituyó a Sonia Mireya Beltrán, ahora magistrada en la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia.

Pero García Alberto fue comisionado a otras funciones y en su posición quedó encargado -para el cierre del Juzgado- el secretario de Acuerdos, Ignacio Castro Beltrán. También titularon ese Juzgado el ahora Juez de Garantías, Fernando Serrano, y anteriormente el abogado Leyva Mendívil.

“En la semana nos avisaron que nos iban a reubicar, pero no a todos nos han dicho a dónde”, expuso nervioso uno de los empleados, mientras seguía acomodando expedientes. Algunas de las empleadas se muestran inquietas ante la cámara, preguntan si no hay problema si salen en las imágenes los números de expediente, aun cuando se trate de material que va directo al archivo. Otra más comenta que parte de los expedientes pasará al Juzgado VI Penal para el seguimiento al proceso.

La mayoría se resiste a hablar, incluso una de ellas, la representante sindical María Figueroa, opta por no desviar la vista de los expedientes que acomoda, en franco desdén a la información requerida. “Yo no puedo darle información, en todo caso es el juez o uno de los secretarios de Acuerdos”, expone al reportero, mientras el encargado insiste que la información oficial debe proporcionarla el Consejo de la Judicatura.

Le entra al quite Víctor Zamora, adscrito al área de fotocopiado, quien es el representante del Sindicato de Burócratas en esa esfera del Poder Judicial y cuenta con más de 15 años de antigüedad. Indica que en ese Juzgado solo quedan tres empleados sindicalizados y otros tres de confianza, otra parte del personal ya ha sido reubicada, principalmente al llamado Nuevo Sistema de Justicia Penal.

“No nos han dicho a qué parte nos van a mandar, nada más que nos iban transferir, a reubicarnos”, tercia Norma Ramos, una de las trabajadoras  (dos años adscrita al Juzgado Quinto): “Sí hay incertidumbre porque ni siquiera han avisado… tienen como un mes que empezaron a organizar el cierre”.

“Lo único que sabemos es que hoy es el último día”, explica otra y adelanta que no saben a qué horas podrían desocuparse ese viernes -son ya cerca de las tres, hora oficial de salida- y ya saben que tendrán que acudir el sábado 19 a seguir con la labor. Durante todo ese día, personal del Poder Judicial estuvo dando vueltas en un pequeño pick-up con expedientes turnados definitivamente al archivo.

“Lo único que sabemos es que hoy es el último día”, sentencia otra de las empleadas.

MUCHA HISTORIA

“Durante mucho tiempo había un Juzgado federal, y era el que conocía de todos los asuntos en el Territorio de la Baja California”, refiere Arnoldo Castilla, académico ya retirado de la UABC, ex magistrado del Poder Judicial y ex integrante del primer Consejo de la Judicatura conformado a mediados de 1995.

Con la creación del Estado, el Código Penal Federal se adoptó como propio de Baja California, creándose por primera vez los Juzgados del Orden Común, en función de la primera Ley Orgánica publicada en el Periódico Oficial en enero de 1954.

Castilla recuerda que los primeros Juzgados estaban ubicados en el edificio anexo al Palacio de Gobierno -hoy Rectoría de la Universidad Autónoma de Baja California- y el Ministerio Publico en un edificio anexo a la Cárcel Municipal, ahora CERESO.

De igual manera, refiere que fue en los tiempos de Milton Castellanos (1971-77) cuando se crea el Juzgado Tercero Penal, en un pequeño edificio rentado a OASA -por la calle Sur-, mientras que el Primero y el Segundo estaban en un pequeño local pegado a la cárcel.

El ex magistrado comenta que al parecer fue en tiempos de Roberto de la Madrid como gobernante cuando se construyó el edificio de tres niveles que aún alberga los Juzgados Penales.

Arnoldo Castilla comparte una anécdota del Juzgado Tercero, donde se guardaban varios kilos de marihuana decomisada -el Juzgado local conocía en auxilio de la justicia federal de esos casos-, pero un fin de semana la hierba desapareció, lo robaron y, al día siguiente, detuvieron al ladrón, quien buscaba vender la mercancía en una zona cercana a Hotel Lucerna. Era un litigante que se dedicaba a “coyotear”.

Como consecuencia del crecimiento poblacional -y por ende la comisión de más delitos-, el número de Juzgados ha crecido, aumentándose a cuatro el 31 de enero de 1989 -con Baylón Chacón de gobernante- y el Quinto fue creado en septiembre de ese mismo año, en el enorme edificio del Poder Judicial, precisamente a un costado del centro penitenciario.

Cerca de 26 años después, el Juzgado Quinto cerró definitivamente sus puertas y se calcula que a fin de mes, el presidente del Poder Judicial, Armando Vázquez, acuda a formalizar el cierre definitivo, el primero de al menos otros dos Juzgados Penales.

“Se trata de que sea un sistema de justicia de más alta calidad, es un cambio radical”, refiere Castilla en cuanto al Nuevo Sistema de Justicia Penal, aunque muestra abierta reticencia ante las evidentes fallas que se han tenido en su implementación.

JUEZA MOLINA EN LA RECTA FINAL EN EL PODER JUDICIAL

De los 25 aspirantes al puesto de magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia -lugar que dejó vacante el fallecido Marco Antonio López Magaña-, 20 fueron eliminados en el examen de conocimientos y cuatro en la prueba práctica. Seis de los no aprobados en las dos categorías, presentaron recurso de revisión y el Consejo de la Judicatura está por resolverlos.

La única que aprobó las dos fases fue la Jueza del Décimo Civil de Tijuana, Lourdes Molina Morales. Ella se presentó el lunes 21 de septiembre a la última prueba, la entrevista con el jurado de evaluación que integraron el presidente del Tribunal, Armando Vázquez; el magistrado Marco Antonio Jiménez Carrillo; y el consejero de la Judicatura, Gerardo Brizuela.

La comparecencia fue en la pequeña Sala de Pleno del Área Civil -llena, con familiares y amistades de la compareciente- y duró cerca de una hora. Fue transmitida vía internet y, de acuerdo con la convocatoria, se evaluaría la integridad profesional, rectitud, ética, presentación, habilidad de comunicación, buen juicio, prudencia y objetividad de la aspirante.
El magistrado presidente Jorge Vázquez detalló el procedimiento, señalando que al final cada uno de ellos emitiría una calificación en cuanto a la presentación de Molina Morales, que resultaría en 100, 100 y 97.

La candidata leyó un documento donde sintetizó su idea sobre el cargo a ocupar, sus méritos profesionales y las acciones a desarrollar en caso de llegar a la magistratura: “Desde el día en que ocupé mi cargo he venido ejerciendo mis facultades y obligaciones con diligencia y esmero, ofreciendo siempre trato diligente y respetuoso al litigante, ejerciéndolo a través de una política de puertas abiertas”, expuso la jueza con carrera judicial desde enero de 2000; también fue secretaria de Acuerdos y proyectista, además de docente en universidades y actual estudiante de maestría. Aportó un dato: de las 2 mil 293 sentencias en su Juzgado, el 96 por cierto han sido confirmadas.

El primero en lanzar preguntas fue el consejero Brizuela, quien quiso saber de las cualidades necesarias de un magistrado, si debe tener los mismos atributos, sea hombre o mujer, la ética, cuál sería su principal aportación al cargo, la diferencia entre los recursos de queja y apelación.

“El magistrado, en el desempeño de su función debe siempre estar regida su actuación bajo las virtudes cardinales de la ética en general que nos marcan, que son la templanza, la fortaleza, la justicia, la prudencia; pero se deben relacionar con el ámbito jurídico, el jurisdiccional, donde no debemos de perder de vista sobre todo la equidad, la igualdad de las partes, respetar el principio de contradicción, dar a cada quien lo  que le corresponde, pero respetando la legalidad y ponderando los derechos humanos”, refirió la jueza de lo civil.

Molina recalcó que no se debe perder de vista que se está impartiendo justicia a seres humanos, a la par de que hay que observar la legalidad. Sobre la ética, considero necesario impartir una justicia “justa”, templada, prudente, y tener la capacidad de reconocer que “no se tiene la verdad de todo”, resaltando la necesidad de actualizarse.

De su trabajo, Molina Molares dijo “para mí es un placer”, además de trabajar sin horario, entregada plenamente a su labor y con esa idea concretar los proyectos que ya hay al interior del Poder Judicial, como el caso de la reingeniería de esa instancia.

“Creo que Baja California se merece una justicia moderna, pronta, expedita y de mucha calidad”, consideró.

El magistrado Jiménez Carrillo disertó sobre la justicia y el derecho, el tribunal de alzada y la necesaria revisión -en el caso de la responsabilidad del magistrado- de lo ya realizado, el concepto de convencionalismo y lo difícil que resulta en ocasiones entender este concepto; mientras Vázquez subrayó la importancia del juzgador y el poder resolver de manera efectiva, transparente y humana.

Al final de la comparecencia, Molina habló de los recursos de revisión de los no aprobados y de cómo se sentía: “Se siguieron  los lineamientos de la convocatoria, la verdad, muy cómoda”.
El presidente del Tribunal refirió: “Lo que implica de un proceso de selección es que nos tenemos que ajustar a ciertos reglamento, no hay que olvidar que la selección es para magistrado, no es un examen para alumnos de la universidad”.

Del examen práctico, donde los ponentes deben emitir una resolución, precisó: “Los aspirantes estructuraron una sentencia y explicaron las consideraciones que tuvieron para llegar a un sentido u otro, por lo que se evaluó fundamentación, motivación, estructura, toda la cuestión técnica”.

Y reiteró, fueron tres de los cuatro eliminados quienes interpusieron recurso de inconformidad. Una vez que se resuelvan sus casos, se enviará la lista -una sola persona- al Congreso, lo cual se estima ocurrirá a finales de septiembre.

—  ¿Habrá posibilidad de que el Congreso “tumbe” el procedimiento?

“No hay; ellos solo tienen que recibir la lista y evaluar…Si cumple con todos los requisitos, el Congreso no podría decir, y es mi opinión, que porque viene uno, no van a poder deliberar. Ellos tienen que analizar si la sustentante cumple con todos los requisitos constitucionales y aprobó el examen. Por eso hay autonomía entre ambos poderes”.


(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Sergio Haro Cordero / Fotos. Sergio Haro/   28 de Septiembre del 2015 a las 12:00:43)

DE FUNCIONARIOS A REOS DE ALTIPLANO


Ex funcionarios que favorecieron la fuga de “El Chapo” Guzmán ahora son internos que se encontrarán con los delincuentes más peligrosos a quienes antes reprimían. Los reclamos de los ex líderes de cárteles van en aumento luego de ser sancionados por exigir mejor trato, alimentos y atención médica. ”El H”, “La Tuta” y “Z-42”, los presos más demandantes

En tanto se decretó una segunda orden de detención provisional con fines de extradición en contra del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán y poco a poco se decretan autos de formal prisión en contra de funcionarios que permitieron su evasión del penal Altiplano, los reclusos -vecinos de celda del fugitivo- continúan quejándose del trato que reciben en la prisión de máxima seguridad.
Quienes antes eran representantes de autoridad del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, ahora pasaron a ser parte de la población penitenciaria. Entre ellos Valentín Cárdenas Lerma, quien fuera director de la afamada cárcel, y diez ex funcionarios más.

La ex coordinadora general de prisiones federales, Celina Oseguera Parra y la ex directora jurídica, Leonor García García, esta última encargada del CEFERESO Altiplano la noche de la fuga del “Chapo” Guzmán -ocurrida el 11 de julio-, se encuentran presas en la prisión femenil federal de El Rincón, Nayarit.

Otros tres ex servidores públicos vinculados con la evasión de Joaquín Archivaldo fueron remitidos a Altiplano; el jueves 24 de septiembre, la Procuraduría General de la República informó que fueron declarados formalmente presos por el Juzgado Cuarto de Procesos Penales Federales en el Estado de México.

MUERTE Y RECLAMOS

El ambiente en el penal de máxima seguridad Altiplano no es el idóneo tras el escape del líder del Cártel de Sinaloa. Los reos están inconformes por el “apretón” en las medidas de seguridad, los castigos que se les imponen, la reducción de alimentos, la falta de atención médica y la reciente muerte del interno Sigifredo Nájera Talamantes “El Canicón”, ex jefe de una célula de Los Zetas.

El ahora fallecido era uno de los principales promotores de protestas y amparos. Sin embargo, la madrugada del 8 de septiembre un paro cardiorrespiratorio lo silenció para siempre. Su abogado, Carlos García Limón, aseguró que el deceso de su cliente se debió a la mala alimentación que le daban en prisión.

“El Canicón” y otros reclusos, vecinos del “Chapo” en el pasillo 2 de Tratamientos Especiales, habían realizado entre julio y agosto la protesta de “charolas sucias”. Los quejosos son los ex líderes de Los Zetas, Omar y Miguel Ángel Treviño Morales; los hermanos Teodoro “El Teo” y Marco Antonio García Simental “El Cris”; y Héctor Manuel Beltrán Leyva “El H”.

Llamaron “charolas sucias” a su movimiento -demandado vía amparo- porque consideran que las bandejas en que les llevan su comida eran antihigiénicas y les dan alimentos en raquítica proporción y mal estado.

Los “Teos” y “El H” fueron los más inconformes. No quieren que les ocurra lo que al encarcelado ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien en abril pasó tres días en la enfermería por consumir alimentos descompuestos. Un cuadro de diarrea, fiebre, escalofrío, dolor en el cuerpo y articulaciones, fueron la consecuencia.

En agosto, el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México, comisionó a un actuario para dar fe de las condiciones en las que les sirven los alimentos a los quejosos. En la inspección ocular en la estancia de Héctor Beltrán Leyva, el empleado judicial reportó lo siguiente:

“Asiento que el quejoso se encuentra en buenas condiciones de salud física y mental y su estancia no cuenta con algún desperfecto, ya que cuenta con un colchón, WC, lavamanos, banco y utensilios de limpieza. Asimismo a las 7:00 me volví a constituir en la celda del quejoso y vi cuando una persona del sexo masculino que llevaba para desayunar comida en ollas y recipientes totalmente protegidos con hule, la comida era: frijoles charros, pan integral, nopales hervidos, budín de verduras, tortillas, melón, conchas, te o café, la persona llevaba guantes, gorro y cubre bocas, por lo que procedió a servirles lo que le pidieron y el quejoso pidió budín, pan integral, melón y te, y si le pedían más les servía, en su charola de la cual se encargan de lavar los internos”.

En la misma actuación, “El H” se mostró desconcertado al asegurar que “no le habían servido así en otras ocasiones, sino en otras condiciones precarias”. El actuario remató su informe señalando que no advertía esa precariedad en ese momento, “sino que la comida era fresca y vasta”.

Después de estas quejas, a los reos se les retiraron sus televisores, relojes y otros estímulos que motivaron una serie de nuevos amparos. A Óscar Omar Treviño “El Z-42”, le impusieron un correctivo disciplinario de 76 días con restricción a los límites de su estancia, incluyendo visita familiar o íntima por compartir alimentos e insultar al cocinero.

Al iniciar septiembre, Servando Gómez Martínez “La Tuta”, ex líder de Los Caballeros Templarios, confirmó que “a partir de la fuga del señor Joaquín Guzmán nos proporcionaban unas charolas tapadas térmicamente, muy pequeñas y con muy poco alimento”. A raíz de la inspección judicial, les aumentaron la ración de comida.



(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Luis Carlos Sáinz Martínez / Fotos. Internet/   28 de Septiembre del 2015 a las 12:00:43)

REVOCARÁN CONCESIÓN A ESTACIONAMIENTO EN PALACIO DE TIJUANA


Tras anunciarlo en varias ocasiones, por fin el XXI Ayuntamiento inicia el procedimiento para revocar a la empresa Makro la concesión de la operación a 30 años del estacionamiento subterráneo en Palacio Municipal, acción que funcionarios de la administración de Jorge Ramos -la que concesionó el estacionamiento y acabó con la plaza- advierten de inútil y con el riesgo de indemnizar a la empresa la inversión de 151.9 millones de pesos, utilizados en la edificación de la obra, algo de lo que el gobierno de Astiazarán se dice consciente

Un contrato a modo y una serie de agregados, éstos últimos distintos a lo avalado por el Cabildo de Tijuana, son la base en la que el gobierno de Jorge Astiazarán sustenta el procedimiento para revocar la concesión del estacionamiento subterráneo concedido a 30 años a la empresa Makro.

La acción legal la inicia en forma paralela a la clausura total y por tiempo indefinido que el 18 de septiembre realizó del inmueble ubicado a un costado de Palacio Municipal, y que también -a causa de la mala edificación- dio al traste al uso peatonal masivo de la plaza donde solían celebrarse las conmemoraciones del “Grito” de Independencia.

A seis años de firmado el convenio y a cuatro de que el inmueble fuera recibido por el Municipio, la nulidad del contrato es la única opción para resarcir lo que considera un desventajoso acuerdo, que además, volvió inoperable la Plaza Cívica.

Ante el tiempo transcurrido, la posibilidad de fincar responsabilidad penal y civil a los funcionarios omisos -tanto a los del XIX Ayuntamiento que cedieron la licencia, como a los del XX Ayuntamiento que la recibieron a pesar de las fallas estructurales- es nula, admite Gerardo Herrera Zavala, consejero jurídico municipal.

Y establecer responsabilidad administrativa a los ex funcionarios involucrados -algunos actualmente en funciones como el caso de Manuel Guevara, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE)-, es una opción que apenas analiza la administración municipal en turno.

En tanto, el propio Guevara subraya que la acción que pretende efectuar el gobierno de Astiazarán carece de posibilidades de prosperar legalmente, y si retira la concesión, solo se arriesga a una contrademanda que lo obligue a tener que “indemnizar” a la empresa concesionada.

CAUSALES DE NULIDAD

De acuerdo con el análisis del contrato de concesión cedido a la empresa Administradora de Obras y Concesiones, S.A. de C.V., mejor conocida Makro, se realizaron modificaciones sustanciales al convenio que fue aprobado por el Cabildo en marzo de 2009.

Estos cambios de origen, “son causales de revocación”, subrayó Gerardo Herrera, consejero jurídico del XXI Ayuntamiento de Tijuana. Y enumeró:

1. El Cabildo aprobó que durante los 30 años que durara la concesión, el Ayuntamiento recibiría una contraprestación por cada vehículo que ingresara al estacionamiento, pero en las bases de licitación se indicó el uso “gratuito y pacífico”, contraviniendo el acta colegiada, así como el Reglamento de Bienes y Servicios para el Municipio de Tijuana, que establece que para el otorgamiento de una concesión, deberá atenderse “el beneficio social y económico” para el Municipio.

2. El Comité Técnico se sustituyó por la Comisión de Obras y Servicios Públicos, la cual termina adjudicando el contrato a  favor de Administración de Obras y Concesiones, S.A. de C.V.

3. El número de cajones no coincide con los términos de la convocatoria publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, ni con la cláusula primera del Contrato Administrativo de Concesión de Bienes del Dominio Público para la construcción y operación de un estacionamiento público; en ambos casos se establece una capacidad de 750 cajones. Sin embargo, de conformidad con el anexo ocho, se determinó un total de 875 cajones de estacionamiento.

4. En el acuerdo de Cabildo y las bases de licitación publicadas, se estableció un plazo máximo de 30 años para explotar la operación del estacionamiento subterráneo, pero a la firma del convenio se determinó que la concesión “será a 30 años contados a partir del acta de inicio de operaciones -la cual no ha sido presentada por el concesionario-, pudiendo prorrogarse el mismo por un periodo similar”.

5. Para la firma del contrato se aprobó una serie de adendas para poder agregar aclaraciones y conceptos no considerados, mismas que se utilizaron para hacer modificaciones a las reglas contenidas en las bases de licitación  y contrato de concesión, violando el acuerdo de Cabildo. Los cambios se hacen a interés de la concesionaria, sin previo acuerdo de la contraparte.

6. Uno de ellos es el relativo a la garantía de operación, la cual la concesionara debería entregar al Municipio  por un valor equivalente al 10 por ciento del importe del pago anual en pesos de la Tarifa Unitaria anual, durante el periodo de concesión y vigente a partir de que el parqueadero iniciara operaciones. El contrato final deja como base una Tarifa Fija de Inversión, y “a partir de la fecha del acta de inicio de operación”, la cual el concesionario no ha entregado.

7. En el contrato el concesionario se compromete a prestar el servicio concesionado en términos de la normatividad que rige en el Municipio, pero en una de las adendas se estableció: “El concesionario no requerirá permiso o autorización para el funcionamiento del estacionamiento durante el periodo de operación”.
8. La cláusula primera obliga a la empresa a responder de los defectos o vicios ocultos que resulten de la obra, lo cual no ha cumplido.

9. El tema de los seguros contra riesgos, accidentes y siniestros en general, en la cláusula vigésima se establece como una obligatoriedad, así como un seguro de responsabilidad civil por una suma no menor a 10 millones de pesos.

Pero en la adenda, el seguro por responsabilidad civil solo se hace válido durante el periodo de construcción, mientras que por equipo instalado es válido durante el periodo de operación, aunque por una cobertura por evento no mayor a 300 mil pesos.

10. Mientras el contrato determina un uso de la superficie concesionada “exclusivamente para que cumpla con el objeto de concesión -proporcionar el servicio de estacionamiento-, la cláusula primera de la adenda define el derecho de la firma de “utilizar y explotar los espacios y áreas que destine para usos generales y comerciales”.

FUNCIONARIOS OMISOS

A decir por el representante jurídico de la actual administración municipal, Gerardo Herrera, sí hay “pecados de omisión” por parte de funcionarios que en forma ilegal realizaron los cambios para, al final, establecer un convenio “que dejó desprotegido al Ayuntamiento de Tijuana”.

Y aunque ya espiraron los tiempos para fincar acción legal y administrativa en contra de los funcionarios, aún cabe la posibilidad de establecer una responsabilidad administrativa, aunque esto tendría que ser analizado por Sindicatura Municipal.

De la fiscalía municipal, a cargo de Arturo Ledesma, se indicó a ZETA que se está a la espera del inicio del procedimiento legal por parte del gobierno de Jorge Astiazarán, para establecer la acción administrativa a que haya lugar en este caso, la cual “está aún por definirse”.

Como responsables de los cambios en el contrato de concesión, ajenos a los aprobado por el Cabildo del XIX Ayuntamiento, se establece al entonces presidente municipal Jorge Ramos -actual diputado federal-; Enrique Méndez, secretario general de Gobierno; Manuel Guevara como administrador del Municipio; José Ricardo Vallín Malanche, secretario de Administración y Finanzas; y Héctor Magaña Mosqueda, como síndico procurador.

En tanto, las adendas las firmaron: Jorge Ramos, Enrique Méndez Juárez y Mario Alberto Martínez Castillo como oficial mayor del XIX Ayuntamiento.

De parte de la concesionaria firmó Marco Antonio Santacruz Cuevas, administrador de Obras y Concesiones.

El gobierno de Carlos Bustamante también tiene responsabilidad en este caso, al haber recibido el inmueble en 2011, sin analizar las fallas estructurales de origen.

Ante la ausencia de expedientes de la obra, se podría responsabilizar al XX Ayuntamiento, porque al recibir el parqueadero la empresa debió presentarlos.

La falta de los archivos es algo que Consejería Jurídica dice también investigar.

MAKRO NO REACCIONA…  HASTA EL MOMENTO

El 6 de octubre de 2014, la Dirección de Protección Civil Municipal procedió a la clausura parcial del estacionamiento público subterráneo.

El primero y segundo nivel del parqueadero quedó inhabilitado, debido a las fallas estructurales expuestas a simple vista, en tanto el gobierno de Jorge Astiazarán solicitó al Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, realizar un análisis estructural del inmueble. Peritos de Sindicatura Municipal avalaron las anomalías de la obra, las cuales constataban en fisuras, corrosión, hundimientos y filtración de agua, entre otras irregularidades.

El dictamen del organismo se entregó en febrero de 2015, lo que llevó al Municipio a requerir a Makro para que atendiera las fallas que los profesionales asentaban, además de solicitarle los planos, fichas técnicas y documentación de la obra, la cual no se encuentra en los archivos del Municipio. La empresa no atendió el llamado.

El 18 de septiembre de 2015, Protección Civil y peritos de la Dirección de Administración Urbana procedieron a inhabilitar en forma total y por tiempo indefinido el inmueble, luego de que en el techo del mismo y que constituye la explanada pública, se formara una laguna tras la lluvia registrada en Tijuana el 15 de septiembre.

No obstante a todas estas acciones en contra de la concesionaria, hasta la fecha la firma no ha reaccionado.

Ni en la Dirección Consultiva, ni en los departamentos de Amparo y de lo Contencioso Administrativo, existen antecedentes de litigios, recursos legales o amparos interpuestos por Makro, asegura la representación legal del Municipio de Tijuana.

No obstante, se prevé que durante el proceso de revocación, el cual podría llevar tres meses una vez iniciado luego de la aprobación de Cabildo, la empresa dé batalla legal, situación que podría alargar los tiempos para un resultado final.

También cabe la posibilidad de que, en su derecho de audiencia, Makro opte por reparar el daño de la obra, lo cual representaría la solución más viable, pero “no hemos visto interés de la empresa de resolver objetivamente ese problema”, subrayó Gerardo Herrera, consejero jurídico.

NADA POR HACER CONTRA MAKRO

Para Manuel Guevara, quien fuera administrador de la ciudad en el gobierno de Jorge Ramos, con el tiempo transcurrido después de asignada la concesión y recibido el estacionamiento subterráneo, “no hay nada que hacer contra la empresa”.

Y anotó: “Si el Cabildo hoy decide cancelar la concesión, por pura lógica mental, la compañía va a demandar, y capaz que nos gana una demanda”.

Destacó que ni el gobierno de Carlos Bustamante, ni el de Jorge Astiazarán, le han dado a Makro su derecho de audiencia, “formalmente no los han citado”, agregó.

A su juicio, en el XIX Ayuntamiento, “creo que hicimos lo correcto, claro que si hay errores, hay que exigir que los corrijan, pero citándolos a la mesa”.

Para el actual titular de SIDUE, la revocación del contrato no es el camino, porque el Municipio tendría más que perder, ya que la empresa exigiría una indemnización porque solicitó un financiamiento para construir, lo cual se le tendría que pagar, “con todo e intereses”.

ES CASO CERRADO: RAMOS

“Como diputado federal es caso cerrado”, asentó Jorge Ramos Hernández al ser requerida su opinión sobre el tema del estacionamiento subterráneo que concesionó siendo alcalde de Tijuana.

Sostuvo que su administración entregó a la de Carlos Bustamante, su sucesor, todos los expedientes completos del convenio con planos, fichas técnicas y proyecto ejecutivo, incluidas las adendas, “las que sí fueron aprobadas por Cabildo”.

“Si hubiera existido alguna irregularidad en el proyecto o en la concesión, mi administración hubiera sido sancionada durante el gobierno de Carlos Bustamante”, justificó el actual legislador panista.

Y remató: “Si faltan archivos, se debe al desorden del proceso de entrega-recepción hecho por Carlos Bustamante a Astiazarán”.

EL COSTO DE RECUPERAR EL BIEN PÚBLICO

En opinión del consejero jurídico del XXI Ayuntamiento, de autorizar, sí cabe la posibilidad de una indemnización, “cuando los bienes invertidos por el concesionario no se encuentren totalmente amortizados”. No obstante, la revocación será planteada a Cabildo en la próxima sesión.


FAMILIA Y NARCO EN TRATA DE MENORES MIGRANTES


Una investigación judicial en México y Estados Unidos, descubrió cómo una familia en Tijuana mantiene nexos con cárteles de la droga en Centro y Sudamérica para el tráfico y trata de menores centroamericanos. El rescate de dos infantes salvadoreños y la detención de 11 personas fue la primera etapa de una operación internacional para desarticular esta red de tratantes.

Para organizar el traslado de menores migrantes desde Centroamérica, quienes salían de sus países para ser reunidos con sus familias en Estados Unidos, Catalina alias “Doña Cata”, como los cabecillas de otras bandas, se reunía con representantes de cárteles de droga de Colombia, El Salvador y Perú en Estados del sur de México.

La mujer de más de 50 años tenía ocho viviendas distribuidas tanto en zonas exclusivas como marginadas de Tijuana, utilizadas para recibir y mantener a los menores y para vivir con su familia.

Ubicadas en la delegación Playas de Tijuana, cuatro en el Cañón Azteca, en la colonia Independencia, en la Zona Urbana 70-76 y en la colonia Altabrisa, todas fueron cateadas por autoridades federales y municipales desde las primeras horas del martes 22 de septiembre de 2015, cinco fueron aseguradas y 11 personas quedaron detenidas.

De la líder de la red de trata, se pudo saber por testigos de su vida diaria en el Cañón Azteca, que es aficionada a las apuestas, actividad en la que habría gastado el dinero obtenido del tráfico y trata de niños centroamericanos, porque en el inmueble que habitaba no tenía artículos de lujo. El mayor reflejo de gasto se pudo apreciar en las ampliaciones hechas a su casa.

Sus hijas y demás señoras de su familia integradas a la red de trata sí demostraban el dinero obtenido del delito, al habitar casas ubicadas en mejores zonas de la ciudad, en la adquisición  de automóviles de lujo y motocicletas de colección, entre otras cosas.

De acuerdo a la autoridad, la red estaba conformada por mujeres en su mayoría. La no detención de los esposos, y el hecho de que algunos de los domicilios no hayan sido asegurados, quedando a disposición de los cónyuges, evidencia que no pudieron fincar cargos contra los hombres.

Por esa razón los familiares de los detenidos pudieron- después de los cateos- continuar habitando los inmuebles, entrar y salir sin problemas. Al final, solo el domicilio donde fueron localizados los menores centroamericanos, ubicado el fondo del Cañón Azteca, quedó a resguardo de la Procuraduría General de la República (PGR).

Aunque todavía permanecen prófugos algunos de los integrantes de la red, autoridades mexicanas y estadounidenses se expresaron a favor del operativo, detrás del cual hay una investigación promovida por las áreas coordinadas con autoridades de la Unión Americana, iniciada desde 2014.

Entre quienes todavía son buscados por participar en el grupo liderado por “Doña Cata”, autoridades identificaron a una mujer de cabello castaño apodada “La Michelle”, quien el día de los cateos, fue vista cuando ingresaba a la vivienda cateada en Calle Alta Brisa de la colonia del mismo nombre.
La mujer, quien iba a bordo de una camioneta BMW de reciente modelo con placas vigentes del Estado de California, acompañada por otra fémina y un hombre, fue captada por la lente de un fotógrafo de ZETA, a quien le recriminó por estar cerca de su domicilio, le pidió se identificara y le exigió alejarse del lugar.

En México, la indagatoria se abrió desde la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la SEIDO, así como de la Unidad de Inteligencia Regional de la Policía Federal.

“Dichos informes indican que algunos de los menores que estuvieron en poder del grupo de traficantes fueron víctimas de abuso sexual y de actos violentos”, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Tijuana.

En el operativo participaron más de 40 agentes municipales y federales, todos fuertemente armados y algunos encapuchados, también se decomisaron vehículos, equipos de comunicación y divisas estadounidenses.

La situación jurídica de los 11 detenidos, acusados de delincuencia organizada, deberá ser resuelta a más tardar el lunes 28 de septiembre, cuando venza el plazo de 96 horas con el que cuenta la representación social de la Federación.

DE TRÁFICO DE MENORES A TRATA

Cuando el Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos inició con las investigaciones sobre esta red, en un primer momento pensó se trataba solamente de un grupo dedicado al tráfico de niños migrantes para trasladarlos con sus familias en la Unión Americana.

Sin embargo, conforme avanzó la recolección de información por parte de las áreas de inteligencia, “se tuvo información que se dio al menos un caso de las niñas fue abusada, entonces se convirtió en caso de trata de personas”, detalla Juan Ibarguren, agente especial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Ibarguren tiene amplia experiencia en la operación y desarticulación de redes de trata. En 2009, fue galardonado por su participación en el Operativo “Coffee Country” sobre una red dedicada a la falsificación de documentos y tráfico de personas indocumentadas.

“Tuvimos una participación muy activa en identificar víctimas y arrestos, hasta que se llegó a las detenciones”, explicó el funcionario estadounidense en referencia al operativo coordinado por la PGR con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Autoridades mexicanas confirmaron que la investigación no concluyó con un operativo, “es una parte porque es una estructura grande que operaba en Tijuana”, confirmó el secretario de seguridad de Tijuana, Alejandro Lares.

Durante meses, agentes policiales de ambos lados de la frontera planearon el operativo de 12 horas de duración iniciado a las 3:00 am del martes 22 de septiembre.

“Se planeó con inteligencia, en horarios, en traslado, en detenciones, en procesamiento de los indicios, cadenas de custodia y entrevistas”, compartió el funcionario.

Sobre los involucrados, no se descarta que entre los miembros de la red se encuentren ciudadanos norteamericanos, quienes podrían ser requeridos en Estados Unidos para que se les formulen cargos en su contra.

El agente del ICE explicó: “En Estados Unidos, un ciudadano que comete un crimen en otro país, es responsable de ese crimen cuando vuelve a Estados Unidos”.

Por su parte, el cónsul de Estados Unidos en Tijuana, William Ostick, afirmó: “Vamos a perseguir a los responsables de nuestro lado de la frontera, trasladaban a las víctimas a Estados Unidos”.

El diplomático confirmó que por lo menos una de las niñas salvadoreñas rescatadas en el operativo, fue abusada sexualmente durante su estancia en Tijuana, aunque no se descarta que haya más víctimas de trata.

“Es una problemática que no es de una vez, ni una sola ocasión. Es un problema constante de migrantes explotados mientras intentan viajar a Estados Unidos, es peligroso particularmente para la gente más vulnerable”, añadió el cónsul. 

TIJUANA: DESTINO Y ORIGEN DE TRATA

De acuerdo con el diagnóstico sobre la trata publicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2015, Tijuana es la principal ciudad de origen, tránsito y destino para la trata de personas en México.

Alma Tucker, directora de Red Binacional Corazones, asociación civil dedicada a la lucha contra la trata de personas en esta ciudad fronteriza, expuso que la banda detenida tenía dos años operando en Tijuana.

La activista celebró “se haya desmembrado esa banda de criminales por medio de una investigación de varios meses, demuestran que el trabajo en conjunto funciona, pero para que esto no siga pasando, hay que organizarnos y denunciar de manera anónima”.

De 2011 a la fecha, la Procuraduría General de la República ha documentado 209 casos, más del 50 por ciento son víctimas menores de edad, en su mayoría mujeres.

Cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) indican que en 2012, se abrieron 61 procesos judiciales por tráfico de indocumentados en Baja California, de los 317 en el país.

No obstante, la cifra disminuyó casi a la mitad a la registrada un año antes. En 2011, se contabilizaron 119 personas procesadas por tráfico de personas, de un total de 477 en el país.

OPERACIÓN LUCERO

El 1 de septiembre de 2015, ICE anunció la detención de 36 traficantes de personas en México, Guatemala, El Salvador y Estados Unidos.

Información proporcionada por la agencia norteamericana, detalla que la red traficaba cientos de personas a la semana a Estados Unidos, incluidas familias y menores desde Centroamérica.

En el operativo se aseguraron 22 propiedades, dos en México y más de 2 millones de dólares tanto en efectivo como en cuentas bancarias, además de 22 vehículos, seis armas, 14 lanchas, tarjetas bancarias, equipos de comunicación y varios documentos.

Al igual que en el operativo realizado en Tijuana, una de las principales líneas de investigación para desarticular a la banda internacional consistió en seguir la pista al tráfico de menores centroamericanos no acompañados.

Lo anterior no es mera casualidad. El incremento en el flujo de menores migrantes no acompañados, se reflejó en el verano de 2014. De 2013 a 2014, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos capturó a 68 mil 631 menores no acompañados en todo el país. La cifra superó por 30 mil a los detenidos en 2013.

Testimonios de menores migrantes refugiados en Estados Unidos dan cuenta de las condiciones de vida en países centroamericanos como El Salvador. Mientras los niños son hostigados y obligados por pandillas a unirse a ellos, las niñas son víctimas de violaciones o de trata por parte de grupos delincuenciales.

Para el tráfico de migrantes indocumentados hacia la Unión Americana, Baja California y Chihuahua fueron identificadas como las dos rutas principales en México.

Un reporte de la Fiscalía General de Estados Unidos, expone cómo desde 2007,  los cárteles de la droga y del tráfico de armas, comenzaron a introducirse en el delito de trata de personas.

“Los cárteles de México controlan las rutas de tráfico (de personas, drogas y armas) y pandillas de Estados Unidos, tienen los contactos locales y el dominio de los espacios. Estas bandas unen fuerzas para traficar víctimas a través de la frontera de México hacia Estados Unidos”, detalla el documento.

El estudio, publicado en 2012, complementa: “Estas alianzas, otorgan tanto alcance internacional como conocimiento local a las redes criminales para trasladar a las personas y evadir la ley”.

(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Inés García Ramos / Fotos. Cortesía/   28 de Septiembre del 2015 a las 13:00:05)



LA PUSIERON


Después de un frustrado levantón en un hotel frente a la Policía Municipal de San José del Cabo, Melissa Margarita Calderón Ojeda “La China” fue descubierta y finalmente capturada por un grupo élite de la PGJE, encargado de su localización, seguimiento, aprehensión y custodia. El paradero de la jefa de sicarios de Los Dámaso fue rastreado a través de su celular; planeaba huir a Mazatlán

Cabo San Lucas, Baja California Sur.- Cuando cuatro agentes de investigación vestidos de civil rodearon a Melissa Margarita Calderón Ojeda “La China” en la sala de espera del aeródromo de este destino turístico, la tarde del 19 de septiembre, la asesina a sueldo solo iba acompañada de una prostituta embarazada, de 17 años, y no llevaba escoltas ni armas.

Los agentes indicaron tener una orden de aprehensión en su contra, Calderón Ojeda no opuso resistencia física ni verbal, caminó tranquilamente hacia la salida, acompañada por los elementos de  investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Finalmente, después de un año de actividad delictiva, tras haber escapado de 6 operativos de captura en La Paz, “La China” cayó.

Autora de levantones, torturas y asesinatos en la guerra por e la plaza del narcomenudeo de La Paz, a la presunta delincuente ya le seguían los pasos.

El operativo para detenerla inició la tarde del 2 de septiembre, cuando fueron capturados en medio de una persecución y balacera tres sicarios bajo su mando criminal en el fraccionamiento Las Américas en La Paz.

Al ser detenidos los matones ofrecieron el número celular de la jefa criminal, una vez que los agentes de investigación ubicaron sus pasos y dieron seguimiento a todos sus movimientos, controlaron la información y ejecutaron el plan de captura.

La revelación del trabajo de inteligencia y el operativo detallado fueron obtenidos por ZETA de parte de miembros del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública de Baja California Sur.

La jefa de sicarios de las fuerzas especiales de Los Dámaso fue detenida por agentes de investigación que en alrededor de 6 ocasiones anteriores habían fracasado por la filtración de información de agentes corruptos incrustados en la policía municipal de La Paz, Policía Estatal Preventiva y Policía Ministerial del Estado.

El más sanguinario de los sicarios, quien aún está pendiente de ser capturado, es Raúl Castillo de la Rosa “El Cochi”, cabecilla de la célula de “Los Mataniños”.

El 17 de septiembre miembros del Ejército Mexicano, la tuvieron frente a frente, y no la reconocieron, cuando pasó a un lado de ellos por el arco de revisión en el aeródromo y pretendió abordar sin éxito un vuelo de Cabo San Lucas a Mazatlán, Sinaloa, vía Aeroguerrero.

Ese día “La China”, quien portaba una identificación oficial del Instituto Nacional de Elecciones (INE) a nombre de Mía Renata Siqueyros Barrenechea, llegó retrasada a su vuelo, por lo que abordó un taxi del aeropuerto, y se regresó a su última morada: la habitación número 36 del hotel Carolina, localizado enfrente de la dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos en San José del Cabo, a cargo de Guillermo Marrón Rosas.

EL OPERATIVO

La jefa de sicarios, Melissa Margarita Calderón Ojeda “La China”, salió de su dominio y la ubicaron a los 17 días. Desde su ingreso a las fuerzas especiales de Los Dámaso, la homicida de 30 años rápidamente se convirtió en la mujer más poderosa dentro de una organización criminal en México.

Según admitió en sus primeras declaraciones en La Paz “prácticamente tenía comprada a toda la estructura de la policía, desde agentes hasta comandantes y mandos”, lo que permitió que se convirtiera en una criminal escurridiza.
Los agentes de investigación de la PGJE supieron de su paradero cuando fueron detenidos:

1.- Hugo Omar Soto Durán “El Oso”, de 34 años, originario de Sinaloa de Leyva.

2.- Jesús Armando Salazar Velázquez “El Gasparín” o “El Espartano”, de 19, oriundo de El Dorado, Sinaloa.

3.- Francisco Javier Mendoza Pérez “El Chivo” o “El Tontín”, de 30, nativo de Culiacán, Sinaloa.

Ese día, los cómplices de la jefa criminal fueron arrestados después de haber sido abandonados a su suerte, cuando en medio de una persecución y balacera –tras haber ejecutado a un narcomenudista de 46 años en la calle de Colima y Forjadores–, el automóvil Toyota color gris de Melissa Calderón, recibió 6 impactos de bala y huyó.

os sicarios de “La China”, desconociendo la ciudad, se refugiaron en una casa de seguridad en las calles de Alga Marina y Opalina en el fraccionamiento Las Américas, mientras la criminal –según confesó– recogió sus cosas en otra casa de seguridad en las calles de Bahía Concepción y Bahía de Los Muertos en la colonia Fovissste y huyó de La Paz.

La sicaria admitió que ese día se sintió perdida, por lo que dejó el carro en el que viajaba afuera del domicilio y se fue caminando alrededor de tres cuadras hasta llegar a la terminal camionera de la colonia 8 de octubre donde compró un boleto, se subió a un camión y se fue a San José del Cabo, con pleno conocimiento de que no corría peligro de ser detenida, porque –según dijo– “los camiones no eran revisados en los retenes o filtros en la colonia Calafia y mucho menos en Santa Anita”.

Los tres sicarios se quejaron amargamente de “La China”, argumentando que habían sido “traídos con engaños” desde Sinaloa, porque les habían prometido un sueldo de 7 mil pesos quincenales y ni siquiera recibían pago alguno, por lo que sin necesidad de presionarlos, ofrecieron información valiosa como su número de celular y la localización de todas las casas de seguridad de la jefa criminal en La Paz.

Los agentes de investigación de la PGJE confirmaron el paradero de la matona, cuando obtuvieron una sabana de su teléfono y descubrieron que había huido de La Paz a San José del Cabo.

El celular de la criminal –según el registro de llamadas– había sido usado por última vez entre las 4 y 5 de la tarde de ese día en la ciudad de San José del Cabo, y posteriormente, fue apagado.

En los siguientes días,  los agentes de investigación comenzaron a rastrear sus movimientos cada vez que recibía o realizaba llamadas telefónicas o enviaba mensajes de texto o WhatsApp, por lo que observaron que no se movía de San José del Cabo. “La China” estaba escondida y evidentemente protegida por el jefe de la plaza del narcomenudeo en Los Cabos, Javier López Rivera o Javier Guadalupe Acosta “El Javier” o “El Cangre”.

Aunque la antena de telefonía celular, no emitía un punto exacto de su ubicación, el historial sí arrojaba datos de la zona por donde se estaba desplazando, y las colonias y lugares que frecuentaba.

La información sobre su paradero se manejó en secreto. Los agentes encargados de la investigación trazaron un mapa de búsqueda y detención de “La China”, coordinando de manera discreta dos grupos tácticos, uno en San José del Cabo, y otro, en Cabo San Lucas.

Ni el gobernador ni el alcalde de Los Cabos fueron informados de manera oficial del operativo.

La primera información fidedigna sobre el paradero físico de la jefa criminal, llegó a sus manos la madrugada del 18 de septiembre, cuando –después de 16 días de búsqueda– fue confirmado el intento de levantón de la homicida Melissa Calderón por un comando armado en el hotel Carolina de San José del Cabo.

Investigaciones oficiales indican que sicarios del Grupo Ántrax y rivales de “La China” “ya la habían ubicado”, cuando un narcomenudista le vendió cristal, logró reconocerla y entonces la puso.

Después de revisar las cámaras de seguridad del hotel y de una tienda de conveniencia Oxxo los agentes de investigación observaron que el 17 de septiembre, alrededor de las 2 de la tarde, llegó a su habitación un sujeto, tocó la puerta, le entregó algo a la matona, le pagó y se retiró. En la revisión física de la habitación, los agentes encontraron residuos de droga conocida como cristal y un foco.

Indagando más a profundidad desde el arribo de “La China”, los agentes de investigación, confirmaron su llegada a ese hotel el 17 de septiembre, cuando observaron a la jefa criminal bajar de un taxi del aeropuerto y pedir una habitación en la recepción.

La asesina pagó y entró a la habitación número 36, más tarde, llegó el vendedor de droga.

A las cuatro horas, la jefa de sicarios abandonó el hotel, aproximadamente a las 6 de la tarde. 

Sin embargo, de acuerdo a la videograbación, un comando armado llegó al hotel alrededor de las 2 de la madrugada del 18 de septiembre y entró a la habitación número 36. Los 6 hombres, presuntos sicarios del Grupo Ántrax ya no encontraron a nadie.

Durante la revisión de los videos de las grabaciones de las cámaras de seguridad, los agentes de investigación, confirmaron la identidad de “La China”, por lo que de inmediato, obtuvieron su fotografía con sus rasgos físicos y su actual identidad. Entonces hicieron una revisión de la lista de pasajeros en el aeropuerto internacional de San José del Cabo y el aeródromo de Cabo San Lucas.

Después de interrogar a un más de 10 empleados y responsables de la venta de boletos de algunas aerolíneas nacionales, lograron obtener información de que “La China” había intentado salir el 17 de septiembre del aeródromo de Cabo San Lucas con rumbo a Mazatlán. Sin embargo, no pudo abordar el avión de 13 plazas de la línea Aeroguerrero. Entonces salió nuevamente del aeródromo y pidió un taxi, el cual la llevó hasta el hotel Carolina en San José del Cabo.
Al revisar la información, los agentes de la PGJE descubrieron que “La China”, pretendía escapar con una identidad falsa a nombre de Mía Renata Siqueyros Berrenechea, de 33 años y originaria de México, Distrito Federal, la cual –según la copia de una credencial del INE encontrada en un cateo en una de sus casas de seguridad en La Paz– “había obtenido de una mujer originaria de Reynosa, Tamaulipas y cuyo nombre real es Renata Castro Berrenechea”.

Luego de recolectar esas evidencias, los agentes rediseñaron el plan de captura.

Los responsables del plan de detención sabían de antemano que era solo cuestión de horas para que fuera detenida. Así enviaron a un solo agente de investigación al aeródromo de Cabo San Lucas y otro al aeropuerto de San José del Cabo, también asignaron un agente en cada uno de los aeródromos y aeropuertos de La Paz, Los Barriles, Ciudad Constitución, Loreto y Guerrero Negro, al igual que en la terminal marítima de Pichilingue y Santa Rosalía.

Los policías integrantes del grupo élite de la PGJE fueron vestidos de civiles sin chalecos ni armas largas, solo una pistola fajada en la espalda y un teléfono celular.

Los oficiales ya tenían actualizados los datos del color de cabello, tipo de peinado y hasta el dije de la “santa muerte” y “el Cristo” que la sicaria traía colgado en el cuello. A eso de la 1:10 de la tarde del 19 de septiembre, el agente asignado en el aeródromo de Cabo San Lucas, la vio entrar a la sala de espera. “Cayó La Paloma”, transcribió en su mensaje, casi de inmediato, llegaron tres elementos más y procedieron a detenerla.

LAS DELACIONES

Después de ser detenida, la jefa criminal fue trasladada en un operativo muy discreto de la PGJE. Ya en los separos, la PGJE solicitó el apoyo del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina para resguardar las instalaciones, y preparar el operativo de traslado de Cabo San Lucas a La Paz, vía terrestre, donde participó un convoy de 16 unidades vehiculares con oficiales fuertemente armados.
Un agente de investigación que participó en el traslado de Cabo San Lucas a La Paz indicó que el semblante de la detenida denotaba agotamiento y arrepentimiento, tanto que rompió en llanto, y textualmente reconoció que “ya estaba asqueada”.

Durante el trayecto, Melissa Margarita Calderón Ojeda dijo que planeaba huir a Mazatlán, porque después de la captura de sus últimos tres sicarios su célula había quedado desarticulada y corría el riesgo de ser asesinada por el bando contrario, incluso hizo referencia al frustrado levantón del hotel Carolina en San José del Cabo.

La jefa criminal admitió ser la autora de la colocación de narcomantas en el puente de la 8 de octubre y de mandar pintar bardas, incluso manejar algunas cuentas ficticias en Facebook y exponer los nombres de sus rivales y lanzar amenazas contra reporteros.

En el interrogatorio, “La China”, admitió que después de la captura de Abel Nahúm Quintero Manjarrez “El Grande”, y de Adrián Medina Velázquez “El 5” o “El Moreno” ella había asumido el mando criminal del brazo armado de las fuerzas especiales de Los Dámaso, dado a que Raúl Castillo de la Rosa “El Cochi”, se había refugiado en Sinaloa, tras haber sido señalado de haber matado niños, mujeres y personas inocentes en una serie de ataques armados.

La matona explicó que recibía órdenes directas vía mensajes o por llamadas telefónicas de tres mandos de la organización criminal del capo Dámaso López Serrano “El Mini Lic”, dos de los cuales identificado como “El Oso” y “Papa Pitufo”.

La sicaria reconoció que a raíz de la ejecución de Ranulfo Portillo López “La Muñeca”, el 29 de agosto en Culiacán, Los Dámaso andaban en la deriva en La Paz y Los Cabos porque él era quien “proveía armamento y sicarios en la guerra por el control de la plaza del narcomenudeo, los cuales eran enviados desde Las Arenitas, Sinaloa”. “Siento que perdimos la guerra”, comentó, lo que la llevó a solicitar el auxilio de sus superiores, quienes le depositaron dinero para protegerla y salir del estado, en virtud de que sabía todo lo que había sucedido desde el inicio de la guerra por el control del narcomenudeo en La Paz.

La sicaria habló de los pleitos internos dentro de las fuerzas especiales de Los Dámaso, lo que la llevó a poner a “El Grande”, en un arranque de coraje y molestia y a “El Moreno”, cuando “me ordenó matar a mi novio Pedro Héctor Gómez Camarena El Chino, porque según el, nos estaba traicionando, y entonces, yo y él, estábamos planeando asesinar al que era el contador de la organización, cuando le pusieron el dedo a mi novio, y lo detuvieron en el fraccionamiento Bellavista de La Paz”.

Aunque no trascendió, la matona habló de sus redes criminales y de sus vínculos con policías, comandantes y mandos corruptos, algunos de los cuales –dijo– “les pagaba con sexo, droga o les ponía prostitutas, cuando no tenía dinero”, lo que al final de cuentas le permitió huir de 6 operativos de captura.

Después de rendir su declaración oficial, previamente a ser internada en el Cereso de La Paz, Melissa Calderón, solicitó un momento para fumarse un cigarrillo, tiempo en el cual estuvo pensativa y con la mirada perdida. “Estaré más segura adentro”, dijo a los agentes y pidió ser llevada al penal.

LOS CRÍMENES

La captura de la jefa de sicarios de las Fuerzas Especiales de Los Dámaso, Melissa Margarita Calderón Ojeda “La China” es el primer golpe contundente de la administración del gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, en materia de seguridad.

La detención es un logró relevante por tratarse de un personaje ampliamente conocido, y uno de los principales responsables de la ola de violencia en la ciudad que –al cierre de esta edición– había dejado un saldo de 187 muertos, 19 de los cuales van en las primeras dos semanas del nuevo gobierno.

El arresto de “La China”, lleva implícito el mensaje de la nueva administración de que no habrá impunidad para ningún criminal, y quien la haga, tendrá que pagarla.

Un integrante del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública de Baja California Sur, adelantó a ZETA que “los mandos en seguridad pública, prácticamente están sujeto a la evaluación de los resultados, y quienes, no tengan frutos a la brevedad posible, habrá de ser relevado en su cargo, porque la mayoría de los cuerpos de seguridad, no implementan operativos en las colonias y tampoco hacen trabajo de prevención en las colonias donde están prendidos los focos rojos”, tal es el caso de El Centenario, Chametla, Agua Escondida, Calandrio, Mezquitito, Tabachines, Indeco, El Progreso, La Pasión, Santa Fe, y Diana Laura, entre otras.

De hecho, según el miembro del grupo interinstitucional, los nombramientos de comisarios de la policía municipal, en esta ocasión, deberán tener el visto bueno del gobierno del estado, y quien está prácticamente vetando a jefes policiacos cuestionados y de dudosa reputación.

A pesar de estar señalada en alrededor de 20 expedientes oficiales, “La China” –según datos recabados por este semanario– tenía una orden de aprehensión librada por el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal por el delito de homicidio calificado con alevosía en grado de complicidad en agravio del señor Humberto Juárez León “Don Maleno”, asesinado el 16 de enero dentro de su vivienda en la calle de Bernardo Maldonado entre Luis Barajas y Enrique Von Borstel en la colonia Revolución de La Paz.

La víctima de 54 años fue asesinado por órdenes de “La China”, cuando sicarios bajo su mando –entre ellos su ex pareja Eduardo Martín Alvarado “El Kumi”– lo confundieron con su hijo José Humberto Juárez Mora “El Pollón”, y lo acribillaron a mansalva dentro de la recámara de su vivienda.

La jefe criminal había recibido órdenes de matar a “El Pollón”, y sus hermanos, José Carlos “El Pala” y Jonathan Omar “El John”, por una pugna interna que había estallado entre “Los 28” y “Los Pepillos”, células criminales del capo Dámaso López Serrano “El Mini Lic” en La Paz.

El 24 de septiembre –tras negarse a rendir su declaración en la rejilla de prácticas, en virtud de que estaba en espera de un abogado de Sinaloa– el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, dictó el auto de formal prisión en contra de “La China”, por lo que enfrentará el proceso internada y sin derecho a fianza.

La PGJE prepara la consignación de cuando menos unos 20 expedientes, entre ellos los siguientes.

1.- Jesús Abraham Sánchez Martínez, asesinado el 26 de diciembre de 2014 en la calle Juan de Dios Angulo a un costado del libramiento Daniel Roldán Zimbrón en la colonia Civilizadores de La Paz.

2.- Anacleto Sáenz Alarcón “El Cleto”, ejecutado el 10 de enero pasado sobre el libramiento Daniel Roldán Zimbrón entre avenida Las Garzas y carretera al norte de La Paz.

3.- Juan Carlos Avilés Bareño “El Juanillo”, levantado, torturado y destazado el 13 de enero pasado y sus restos esparcidos en las colonias Lázaro Cárdenas, Los Cácaros y Santa Fe de La Paz. En este caso, también está implicado Raúl Castillo de la Rosa “El Cochi”, de la célula de “Los Mataniños”.

4.- Gonzalo Fibres Valenzuela, asesinado el 14 de enero pasado frente al Casino Central, localizado en boulevard Luis Donaldo Colosio entre avenida Forjadores y calle La Paz en el fraccionamiento Bellavista de La Paz.

5.- Martín Guadalupe Cota Castro, ejecutado el 11 de febrero pasado en las calles de Santa Lourdes entre Santa Lucía y Santa Ana en la colonia Santa María de La Paz.

6.-  La privación ilegal de la libertad y homicidio con grado de tentativa de los capitanes de barco, Marco Antonio Espinoza y Cesar Darío Liera Villacencio, y quienes el 11 de febrero fueron levantados, cuando descansaba en sus habitaciones 114 y 116 en el hotel La Purísima, localizado en la calle 16 de septiembre entre Aquiles Serdán y Revolución en la colonia Centro de La Paz. En este delito, aparecen involucrados dos agentes y un comandante de la Policía Municipal de La Paz, cuya investigación está a cargo de la Unidad Especializada en Delitos contra la Salud de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

7.- Jesús Alfredo Ávila Espíndola “El Toro”, asesinado el 3 de abril pasado en las calles de Ocampo entre Yucatán y Chiapas en la colonia Guerrero de La Paz.

8.- Fernando Antonio Alvarado, asesinado el 5 de abril pasado en el arroyo El Cajoncito por camino vecinal a Los Arenales de La Paz.

9.- Luis Israel Saldahir Torres Inzunza, ejecutado el 7 de mayo pasado en avenida Luis Donaldo Colosio y Forjadores en fraccionamiento Bellavista de La Paz.

10.- Martín Alonso Alamea Fauto, asesinado el 12 de mayo pasado, y cuyo cuerpo fue destazado y esparcido en dos direcciones de la colonia Los Olivos de La Paz.

11.- Everardo Silvano Monroy Aparicio “El Poblano”, ejecutado el 16 de mayo pasado en la calle Querétaro y Chiapas en la colonia Emiliano Zapata de La Paz.

12.- Víctor Manuel Alvarado “El Negro”, asesinado el 21 de mayo en el estacionamiento del Casino Fortune, localizado en avenida Forjadores en el fraccionamiento Bellavista.

13.- Juan Manuel Amezcua Lara “El Chilango”, y su esposa Nayla Daniela Plascencia Rodríguez, ejecutados el 31 de agosto pasado en avenida Padre Kino y Bravo en la colonia Los Olivos de La Paz.

14.- Un narcomenudista de 46 años y originario de Guadalajara, Jalisco, asesinado el 2 de septiembre en la calle Colima y avenida Forjadores en la colonia Bellavista de La Paz.

Independientemente de estos 15 crímenes, la jefa de sicarios de las fuerzas especiales de Los Dámaso, Melissa Margarita Calderón Ojeda “La China”, se declaró confesa de 5 asesinatos más, y cuyas víctimas fueron enterradas en fosas clandestinas en la comunidad de El Comitán al norte de la ciudad de La Paz. Son los siguientes:

1.- Rogelio Franco Carrasco “El Tyson”, asesinado por un desacuerdo con “La China”.

2.- Una prostituta de nombre Martha, ex pareja de un sicario a su servicio y amigo de su novio, identificado como Sergio Núñez Beltrán “El Scar”, y la cual fue asesinada porque planeaba abandonar la organización criminal.

3.- Una mujer de nombre Lourdes, y de apodo Lulú, y la cual era pareja sentimental de un narcomenudista de nombre David Adiel Garza Gavarain “El Tocho”, y quien le había volteado bandera a la jefa criminal.

4.- Una pareja –hombre y mujer– por la venta de una camioneta beige, línea Windstar y marca Ford, y quienes fueron asesinados porque pretendieron subir el precio de la unidad que previamente habían pactado vía telefónica.

De haber elementos suficientes en todos estos crímenes, Melissa Calderón “La China” –según un integrante del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública de Baja California Sur– podría alcanzar una condena de más de 150 años de prisión, independientemente de que pudiera ser reclamada por la SEIDO.


(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ INVESTIGACIONES ZETA / FOTOS. CORTESÍA/   28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 A LAS 14:01:00)